Una región, todas las voces

Sequía, cambio climático y diplomacia científica: una respuesta colectiva desde América Latina

La sequía ya no es solo un fenómeno natural o cíclico: es uno de los impactos más destructivos del cambio climático en América Latina y el Caribe. A medida que las temperaturas globales aumentan —como lo confirma la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que reportó que 2024 fue el año más caliente en 174 años—, los eventos extremos como sequías prolongadas, incendios forestales, olas de calor e inundaciones se intensifican. Sus consecuencias se extienden desde la agricultura hasta la energía y el transporte, afectando la vida cotidiana y la seguridad de millones de personas.

Ante esta amenaza creciente, los países de la región están activando estrategias compartidas para monitorear, anticipar y reducir los impactos de las sequías. Durante la reciente CoP-33 del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), celebrada en Asunción, Paraguay, se consolidaron varias iniciativas multilaterales que combinan ciencia, datos abiertos y cooperación política. Una de ellas es el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA), que provee herramientas coproducidas con actores locales para fortalecer capacidades institucionales y fomentar la gobernanza del riesgo en sectores claves como la agricultura y el agua.

Un ejemplo del uso de estas herramientas en la agricultura es el desarrollado por la provincia argentina de Córdoba, donde se consolida y amplía la información climática local para realizar seguimientos y predicciones del contenido de agua en el suelo. Además, se utiliza el índice estandarizado de precipitación – caudal (TSI) para generar modelos de predicción hidrológica que impactan la hidroenergía regional.

Otra iniciativa pionera es la Red de Laboratorios de Observación de la Tierra para la Reducción del Riesgo de Desastres (REDLABOT), liderada por la Agencia Espacial de Paraguay (AEP), en alianza con Geo Lab, ESRI Panamá y la NASA. Esta red nació tras las inundaciones extremas de 2019 y hoy integra tecnología geoespacial para enfrentar sequías, incendios y otros eventos climáticos con información en tiempo real. Como señaló el director de AEP, Alejandro Román, el objetivo es claro: “bajar los beneficios del espacio a nuestros países emergentes y construir capacidades nacionales en agricultura, educación y gestión de emergencias”.

Algunos de los principales eventos meteorológicos y climáticos extremos que afectaron a la región durante el año 2024 ocurrieron en Belice y Panamá, de acuerdo con el reporte “Estado del clima en América Latina y el Caribe 2024” de la OMM. En Belice, las condiciones extremadamente secas, agravadas por intensas olas de calor, provocaron el peor episodio de incendios forestales en la historia reciente del país. Mientras que en Panamá, la sequía en el Canal de Panamá, que comenzó en 2022, fue catalogada en enero de 2024 como la peor en la historia de esa vía interoceánica. En respuesta a estos fenómenos, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina reforzaron la organización de proyectos multilaterales de monitoreo y alerta temprana utilizando la diplomacia científica para construir resiliencia climática conjunta.

En este contexto, los sistemas de alerta temprana no son simplemente herramientas técnicas, sino plataformas para la acción colectiva. Pero su efectividad depende de otro pilar fundamental: la diplomacia científica. Esta práctica, que conecta a investigadores, tomadores de decisiones y comunidades a través de las fronteras, se ha consolidado como una vía clave para fortalecer respuestas regionales coordinadas. Durante la CoP-33, el IAI lideró talleres y capacitaciones en diplomacia científica con participantes de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, apostando por una agenda regional común hacia la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP30) que se celebrará en Brasil en noviembre de 2025.

Todos estos esfuerzos fueron reconocidos en la declaración firmada por los gobiernos e instituciones participantes, que reafirma el compromiso con: fortalecer sistemas de alerta temprana multirriesgo; integrar conocimientos científicos, indígenas y tradicionales; compartir datos abiertos y metodologías; y movilizar recursos financieros para investigación y acción climática. Esta declaración simboliza un llamado urgente a actuar en conjunto, poniendo la ciencia al servicio de políticas resilientes y sostenibles.

Un ejemplo concreto de esta cooperación regional fue la coordinación entre Paraguay, Argentina y Brasil para garantizar el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá durante los años de bajante extraordinaria del río Paraná. Entre 2018 y 2021, los países involucrados establecieron acuerdos técnicos y operativos que permitieron mantener la generación energética, garantizar la navegación fluvial segura y asegurar el abastecimiento de agua a comunidades ribereñas.

Las llamadas “ventanas de navegación” permitieron el paso organizado de convoyes de carga mediante una operación conjunta basada en previsiones hidrológicas, logística compartida y el uso de plataformas tecnológicas. Este caso es una demostración de cómo la diplomacia técnica y científica puede traducirse en soluciones concretas frente a desafíos climáticos extremos.

La sequía es y seguirá siendo una amenaza, pero no estamos indefensos. Con conocimiento compartido, alianzas estratégicas y diplomacia científica, la región puede no solo mitigar sus efectos, sino también preparar el terreno para una transformación profunda. La ciencia no puede actuar sola, pero ninguna transformación será posible sin ella.

*Este es un texto de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas en una colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21. Únete AQUÍ a la Plataforma.

Del barril al branding: El Chavo del Ocho como estrategia de nostalgia y mercado

A once años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del Ocho, a través de la plataforma MAX se lanza una serie biográfica sobre su vida. En este contexto, no deja de ser sorprendente que, desde su lanzamiento en 1973, haya superado su condición de simple comedia para convertirse en un referente cultural que atraviesa generaciones y fronteras, retratando la vida en una vecindad marcada por la pobreza, la violencia y la exclusión, problemáticas compartidas por amplios sectores de Latinoamérica.

Personajes que se relacionan mediante golpes, gritos y humillaciones forman parte de una narrativa que, aunque humorística, refleja una realidad social persistente. No sorprende, entonces, que este ícono televisivo haya sido objeto de múltiples apropiaciones culturales y comerciales: desde estatuas y homenajes hasta su uso en grandes campañas publicitarias.

La presencia del Chavo en restaurantes, tiendas o anuncios de marcas transnacionales confirma su permanencia simbólica. Que en los últimos cinco años siga vigente no solo es testimonio de su valor cultural, sino también un indicio de cuánto (o cuán poco) han cambiado las condiciones sociales en la región.

La violencia entre pares, la burla constante hacia el más débil y la precariedad económica donde pagar o cobrar la renta define la vida cotidiana siguen siendo parte de nuestra realidad. Asimismo, los modelos familiares alternativos representados en la serie —madres y padres solteros, adultos mayores solos, y un chico que viven en situación de calle— rompen con la idealización tradicional de la familia nuclear.

Estos elementos además de no perder actualidad, se actualizan en la memoria colectiva porque El Chavo comunica en un código afectivo e identitario con el que muchos latinoamericanos aún se reconocen.

En años recientes, la incorporación de tecnologías como el deepfake ha permitido resignificar la serie para conectarla con nuevas audiencias, pues como enfatizó Roland Barthes, los símbolos culturales se transforman en mitos cuando adquieren significados emocionales que rebasan lo literal.

Así, El Chavo del Ocho, concebido como una crítica humorística a las desigualdades, se convierte en símbolo de nostalgia compartida para los latinoamericanos y en plataforma de conexión emocional para productos y marcas que explotan nuestra conexión con el programa.

Un ejemplo notable es la marca brasileña Ypê, que lanzó una campaña en la que recreó con gran fidelidad a los personajes y escenarios originales. La estrategia, que apeló a la emoción, activó un proceso simbólico donde los personajes no solo evocan la infancia, sino que legitimaron su producto como aspiracional. 

Otro caso es el de Dish Latino, que empleó deepfake para integrar a Eugenio Derbez en una narrativa compartida con El Chavo, generando un diálogo emocional entre pasado y presente. Esta operación ilustra cómo la imagen sustituye a la realidad y se convierte en su propia verdad. Sin embargo, la calidad técnica fue cuestionada, lo que limitó el impacto simbólico de la campaña.

En contraste, Sabritas Switch presentó un uso más refinado del deepfake, recreando un sketch clásico del Chavo para promocionar el cambio creativo de sabores. Esta campaña representa una lectura “oblicua” del mito, en la que los consumidores resignifican el contenido según su contexto cultural. Aunque la técnica fue mejor ejecutada, también recibió críticas por alterar una figura que posee un alto capital cultural y emocional.

Un cuarto caso es el de Samsung, que reconstruyó la vecindad —incluido el interior del departamento de La Bruja del 71, inédito hasta entonces— para promocionar electrodomésticos inteligentes. Esta puesta en escena potencia el “efecto de realidad” al reforzar la conexión emocional a través de los detalles del entorno. La marca logra así resignificar la narrativa del programa y presentar la tecnología como deseable y cercana.

La reciente decisión de los herederos de Gómez Bolaños de licenciar los derechos de la serie a diversas marcas confirma su enorme valor comercial. A pesar de que dejó de retransmitirse en México en 2020 por conflictos legales, el programa sigue vivo, sobre todo en Brasil, donde ha sido plenamente adoptado como parte de su cultura popular. Esta capacidad de adaptación, sin perder el núcleo emocional, responde a lo que se ha definido como una mitología cultural.

Sin embargo, estas estrategias también plantean interrogantes éticos. Si bien las campañas aprovechan la nostalgia y los (anti)valores del Chavo, corren el riesgo de banalizar problemáticas estructurales. Los objetos, al convertirse en fetiches ideológicos, trivializan realidades como la pobreza o la exclusión al transformarlas en mercancía. De este modo, el mensaje original del programa —una crítica social disfrazada de comedia— corre el riesgo de diluirse por completo, reducido a instrumento de consumo.

Venezuela: de elecciones fraudulentas a elecciones clandestinas

Las elecciones parlamentarias y regionales celebradas el pasado 25 de mayo en Venezuela estuvieron marcadas por una combinación crítica de irregularidades estructurales, opacidad institucional y una altísima abstención ciudadana, reflejo de la profundización autocrática que atraviesa el país. Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurriera en un fraude electoral masivo el 28 de julio de 2024 para desconocer la victoria contundente del opositor Edmundo González Urrutia, el ente electoral perdió la poca credibilidad que le quedaba. Sin presentar resultados desagregados por mesa, sin una página web y sin que se celebraran las auditorías posteriores a la jornada electoral de 2024, el CNE adjudicó en tiempo récord la presidencia a Nicolás Maduro, aunque las actas emitidas por las máquinas de votación y recuperadas por los testigos opositores le daban una amplia victoria a González.

En ese contexto se convocaban las elecciones parlamentarias y regionales de 2025. Originalmente pautadas para el mes de abril, finalmente fueron celebradas el 25 de mayo. Desde su misma convocatoria, el proceso mostró graves falencias. No se publicó en Gaceta Oficial la resolución formal para llamar a elecciones ni se presentó públicamente el cronograma de actividades, no se permitió la inscripción y actualización en el registro electoral. Las garantías técnicas también brillaron por su ausencia: las auditorías al sistema no contaron con la participación de actores imparciales, y la infraestructura digital del CNE, incluida su página web, estuvo inactiva, bloqueando el acceso público a información esencial. Sin mecanismos de control independientes ni herramientas de fiscalización abiertas, el proceso careció de los mínimos estándares de transparencia.

La líder de la oposición, María Corina Machado, invitó desde la clandestinidad a los opositores a abstenerse de participar en un proceso con estas características. Por su parte, representantes de la oposición minoritaria como Henrique Capriles, Manuel Rosales o Juan Requesens promovieron la vía electoral. 

Si había alguna duda sobre quién lidera a los sectores opositores, quedó resuelta el 25 de mayo: la ciudadanía venezolana no participó en los comicios. Las imágenes de centros de votación vacíos circularon ampliamente en medios y redes, reflejando un rechazo de los electores que el gobierno no pudo ocultar.

Pese a este contexto, el CNE anunció una participación de 5,5 millones de personas, equivalente al 25 % del padrón electoral (21.485.669 ciudadanos), pero al mismo tiempo aseguró que esa cifra representaba el 42 % de los electores habilitados, sin ofrecer ninguna explicación ni datos verificables que sustenten este cálculo. Los resultados oficiales resultan no solo incontrastables —por falta de acceso a datos y auditorías independientes—, sino además inconsistentes, lo que profundiza la desconfianza ciudadana.

Un día después de la elección, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el estratega electoral de Maduro (fue rector del CNE y luego Jefe de Campaña de Maduro), anunció detalles de los resultados que ni siquiera el propio ente electoral había publicado. Por ejemplo, aseguró que Henrique Capriles y otros candidatos que no forman parte del oficialista Polo Patriótico habían conseguido curules en la Asamblea Nacional que entrará en funcionamiento en 2026.

La opacidad con respecto a los resultados es de tal magnitud que no hay garantías de que este grupo de opositores hayan sido efectivamente electos. Andrés Caleca, excandidato opositor en las primarias de 2023 y expresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que si se dan por ciertos los resultados anunciados, y si se aplica correctamente el método de distribución de bancas establecido legalmente (D’Hondt), a este grupo de opositores que decidieron participar les asignaron artificialmente más bancas de las que les corresponden. 

De manera que al parecer Venezuela está ingresando en una nueva etapa en la que ya los resultados electorales no solo son inescrutables e inconsistentes, sino que finalmente no son decisivos a la hora de la asignación de cargos.

Diez días después de las elecciones parlamentarias y regionales, y sin publicar sus resultados desagregados por mesa (aunque ya los cargos fueron asignados), el CNE convocó las elecciones municipales para el próximo 27 de julio.

Desde el fraude masivo del 28 de julio de 2024 quedó claro que el gobierno de Nicolás Maduro ha abandonado la vía electoral. Aunque ya se habían manipulado elecciones anteriormente (estado Bolívar y Consulta Popular en 2017), o desconocido los resultados (legislativas 2015), nunca se había fraguado un fraude de tal magnitud como el del año pasado.

En los últimos años la oposición venezolana, a pesar de las condiciones adversas, fue a un proceso de negociación con el gobierno a través de la mediación internacional, celebró un proceso de elecciones primarias para legitimar sus liderazgos en el que fue aclamada María Corina Machado, y, a pesar de su ilegal inhabilitación para las elecciones presidenciales de 2024, siguió en la ruta electoral y designó a Edmundo González como candidato sustituto. Diseñó un mensaje movilizador, canalizó el descontento y lo convirtió en participación e incluso construyó una estructura de control del voto (comanditos) que le permitió hacerse con casi el 80 % de las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación, con lo que pudo demostrar la victoria opositora. A pesar de estos esfuerzos en un contexto sumamente desigual, el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por el desconocimiento de los resultados, la represión y la violación de los derechos humanos.

Cuando el voto no tiene consecuencias no hay incentivos para la participación. Los venezolanos decidieron abstenerse en las elecciones regionales y parlamentarias, y seguramente lo hagan en las municipales del 27 de julio, porque el poder de cambio del sufragio ha quedado anulado.

El Día Mundial de los Refugiados nos exige más que solidaridad

Cada año que llega este día encontramos menos motivos para celebrar. El Día Mundial del Refugiado se ha convertido en un eufemismo: no porque haya menos personas forzadas a huir, sino porque cada vez hay menos personas reconocidas como refugiadas.

Mientras que los factores que impulsan el desplazamiento forzado aumentan —conflictos, violencia generalizada, inestabilidad social y económica y los impactos del cambio climático— los instrumentos jurídicos creados para proteger a estas personas están siendo cuestionados, debilitados o, simplemente, ignorados. A finales de 2024, el número de personas desplazadas por la fuerza alcanzó los 123,2 millones, un aumento del 6% respecto a 2023. Sin embargo, solo 42,7 millones fueron reconocidas como refugiadas. En América Latina y el Caribe se ha observado en el último año un incremento en las solicitudes de asilo de países como Colombia y Venezuela, pero también de Haití, México y Honduras y un aumento de las personas desplazadas internamente en Ecuador y Haití.

Peor aún, erosionar estos marcos normativos parece dar rédito electoral. La idea de un Estado-nación fuerte reaparece con fuerza como respuesta desesperada —y profundamente ineficaz— ante fenómenos que son transnacionales por naturaleza. Quienes trabajamos en el ámbito del desplazamiento y refugio sabemos que las soluciones no son unilaterales. Exigen acuerdos y multilaterales como el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Proceso de Quito y el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones Duraderas.

Afortunadamente, en América Latina y el Caribe contamos con un instrumento pionero: la Declaración de Cartagena, que hace 40 años amplió la definición del concepto de “refugiado” para incluir a personas afectadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que perturban gravemente el orden público. Esto permitió a los Estados proteger a un número más grande de personas desplazadas en la región. Aunque no es legalmente vinculante, está en vigor en 14 países. En diciembre del año pasado Chile adoptó el Plan de Acción 2024-2034, incorporando temas clave como el desplazamiento por desastres y los impactos del cambio climático. Próximamente se pondrá en marcha un mecanismo de seguimiento gracias al trabajo conjunto de la sociedad civil.

Este 20 de junio el lema del Día Mundial del Refugiado es “solidaridad con las personas refugiadas”. Pero, seamos claros: la solidaridad no basta. El sistema humanitario atraviesa una crisis sin precedentes, con recortes de personal y recursos que ponen en riesgo la respuesta a necesidades urgentes. La solidaridad con las personas refugiadas es necesaria, pero no suficiente. El universalismo que sustentó el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados está tambaleándose.

Los cambios recientes en la política migratoria de Estados Unidos -la suspensión de CBP One, el aumento de las deportaciones y restricciones al asilo- han llevado a muchas personas a emprender la ruta Norte-Sur dentro del continente. Las dinámicas migratorias y los perfiles de quienes se desplazan han cambiado, pero hay una constante cruel: la ausencia de mecanismos efectivos de protección.

La protección de las personas refugiadas no puede limitarse a respuestas reactivas. Debe ser entendida como un proceso transversal: empieza en las fronteras, se sostiene en las comunidades y se garantiza con voluntad colectiva y responsabilidad compartida. Nadie elige convertirse en una persona refugiada, pero sí está en nuestras manos que la solidaridad sea el punto de partida, no el premio de consuelo. Si queremos proteger los derechos de las personas desplazadas hoy debemos comprometernos política, jurídica y financieramente a garantizar su dignidad y su futuro.

Trump: tirando piedras sobre su propio tejado

Tarifas recíprocas es el término que utiliza el presidente Trump para denominar los impuestos a las importaciones dirigidos a equiparar políticas industriales (aranceles, subsidios, preferencia en compras gubernamentales, etc.) de otros países, por medio de las cuales, de acuerdo con la Casa Blanca, “han explotado a Estados Unidos”.

Esas tarifas violan normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tratados como el CAFTA. Aun países cuyas economías pesan muy poco en relación con la de Estados Unidos y que han respetado al pie de la letra ese tipo de acuerdos comerciales han sido sancionados. Por ejemplo, en el caso de un país como Costa Rica, Trump se saca un as de la manga al imponer una tarifa del 10% a sus exportaciones como castigo. 

Esto porque, supuestamente, está “explotando” a Estados Unidos al cobrar un impuesto de consumo a las bebidas alcohólicas de acuerdo con el nivel de alcohol, al permitir la contratación preferencial entre entes estatales, al condicionar la importación de ciertos productos a requisitos sanitarios y fitosanitarios, al impedir la importación de papas y al supuestamente carecer de la protección debida a la propiedad intelectual. Lo ridículo del argumento es tan evidente como la orden (lamentablemente acatada por Costa Rica) de no permitir a Huawei competir para suplir la tecnología 5G para evitar el espionaje (¿¡sobre tecnología militar, espacial o industrial!?).

En el caso de China, los elevados aranceles impuestos a sus exportaciones a Estados Unidos buscan, de acuerdo con Trump, compensar la competencia desleal que se deriva del apoyo estatal de China a sus industrias. Supuestamente la mano visible del Estado da ventajas a China que le permiten “explotar” a Estados Unidos. Ello supone que en este país no existen subsidios ni apoyos específicos a sus sectores productivos y que la economía es manejada por la mano invisible del mercado.

Nada más alejado de la verdad. Son harto conocidos los masivos subsidios y el proteccionismo con que Estados Unidos apoya, por ejemplo, a su sector agrícola. Pero quiero referirme a los enormes beneficios estatales recibidos por empresas en el área de alta tecnología, en la que Estados Unidos ha logrado una presencia sustantiva en el mercado mundial.

Por ejemplo, las inversiones masivas del sector público de Estados Unidos que llevaron a descubrir el internet, el GPS, las pantallas táctiles y varias tecnologías de comunicación le permitieron a Apple desarrollar el iPhone, iPod y el iPad. Tal y como lo escribe la economista Mariana Mazzucato (University College London), los usuarios de estos productos por lo general desconocen que las tecnologías fundamentales incorporadas en los productos de Apple son el resultado de la acción directa del Estado invirtiendo miles de millones de dólares durante muchos años.

Aparte del uso —gratuito— de tecnologías desarrolladas por el Estado, Apple recibió regalos multimillonarios del gobierno como apoyo a sus esfuerzos de innovación en la industria de la computación. Esta práctica de subsidiar con recursos públicos a empresas (champions) escogidas no por el mercado sino por el Estado se mantiene hasta el día de hoy. Es un componente sustancial de la Ley de Chips y Ciencia aprobada en el 2022. Esta ley presupuesta un total de $174.000 millones para R&D (Research and development) y $63.000 millones en transferencias y exenciones tributarias a empresas específicas. De igual manera, la Ley para Reducir la Inflación (2022) prevé estímulos por un monto de $370.000 millones para subsidiar a empresas que generen tecnologías y productos en el campo de las energías limpias.

Lejos de confiar en la supuesta capacidad de las fuerzas del mercado para maximizar la eficiencia en la asignación de recursos, Estados Unidos ha preferido poner en práctica políticas industriales idénticas a las que han dado a China sus principales éxitos competitivos.

Lo normal es que al admirar algunos productos, ya sea por su calidad tecnológica, el servicio que prestan a la humanidad o las ganancias que generan, la atención y los méritos se concentren en Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Jeff  Bezos, Sam Altman, Larry Page, etc. No hay duda que estos extraordinarios empresarios e innovadores tienen mentes privilegiadas y vocación por la excelencia, el riesgo y el trabajo duro. Pero sin la participación del Estado en el desarrollo de tecnologías y en la transferencia de subsidios, todo financiado con los impuestos pagados por los contribuyentes, esos emprendedores no hubiesen pasado de la primera base.

Entonces, la estrategia seguida por Estados Unidos ha sido similar a la que atribuye, acusativamente, a China: presupuestación masiva de recursos públicos que han servido para hacer viables y dotar de competitividad a sus empresas y productos y para el desarrollo del país.

Por cierto, el éxito competitivo logrado tanto por China como Estados Unidos al amparo de la mano visible del Estado (y de la Unión Europea, Corea del Sur, la República de China en Taiwán, Japón y Singapur) solo refleja la irrelevancia de las prédicas neoliberales sobre la magia del libre mercado, al tiempo que destaca la importancia de poner en práctica políticas guidas por un enfoque antidogmático, pragmático y ecléctico. Por su parte, el fracaso de la mayoría de los países de América Latina —la neoliberal y la socialista—, de la China pre Deng Xiaoping, de las dos Rusias —la comunista de la Unión Soviética y la neoliberal privatizadora de la era posterior— responde a su característico simplismo y a su apego a dogmas sin sustento ni en la realidad ni en el estudio.

La verdad es que, al diseñar políticas de desarrollo y competitividad, la pregunta que de la historia deben aprender las derechas no es si el Estado debe participar en la economía y si debe interferir en las fuerzas del mercado, sino cuándo, dónde y cómo. Así mismo, las izquierdas deben aprender a preguntar no si el mercado y la empresa privada deben jugar un papel en la economía, sino (tal y como lo hizo Deng Xiaoping) cuándo, dónde y cómo

En Estados Unidos ese enfoque pragmático comenzó con la independencia bajo el liderazgo de Alexander Hamilton y siempre ha estado presente, a pesar de recurrentes prédicas extremistas promercado. Ni siquiera Reagan propuso eliminar el fuerte papel del Estado. Mantuvo intactos los subsidios a la agricultura y las inversiones estatales en R&D, por medio de numerosas agencias gubernamentales (por ejemplo DARPA, NIH, Ministerio de Defensa o la NASA), o de subvenciones a universidades y a empresas privadas.
Por ello Trump tira piedras sobre su propio tejado cuando explica que sus tarifas recíprocas en parte se justifican como herramienta para compensar los apoyos gubernamentales o las distorsiones de mercado con que otros países ayudan a sus empresas a ser competitivas.

Hacia un nuevo modelo económico resiliente e inclusivo del Gran Caribe

El Gran Caribe se encuentra ante una encrucijada histórica. Las múltiples crisis que enfrenta —desde la deuda insostenible y el colapso del turismo masivo, hasta los embates del cambio climático y la exclusión social— obligan a repensar profundamente su modelo económico. Esta región, diversa y estratégica que abarca, no solo las islas del mar Caribe, sino también los países continentales que tienen costa en este mar como México, Colombia o los países centroamericanos, tiene hoy la oportunidad de construir un nuevo paradigma de desarrollo centrado en la resiliencia, la inclusión y la innovación.

Pero este giro no será automático ni exento de tensiones: requiere voluntad política, visión estratégica y un enfoque transformador capaz de romper con la dependencia de mercados externos y las estructuras extractivas. El Caribe no puede seguir apostando por una economía basada en monocultivos turísticos, zonas francas volátiles y remesas vulnerables a factores geopolíticos. Es tiempo de liderar una agenda de justicia económica global, anclada en una integración regional que priorice a sus pueblos.

Un Caribe resiliente frente a las crisis

Los impactos del cambio climático no son futuros hipotéticos en el Gran Caribe: son una realidad cotidiana. Desde huracanes más intensos hasta el aumento del nivel del mar, la vulnerabilidad ecológica está íntimamente ligada a la fragilidad económica. Por ello, hablar de resiliencia no es solo una cuestión ambiental, sino profundamente estructural.

La región debe avanzar hacia una diversificación productiva que supere la lógica extractiva. Esto implica apostar por industrias de base local, economías creativas, bioeconomía marina y nuevas formas de producción sostenible. Es indispensable integrar al sector informal en las estrategias nacionales, no como una carga, sino como una expresión de la capacidad de adaptación y creatividad de las comunidades caribeñas. A su vez, se requiere acceso equitativo a financiamiento, infraestructura pública de calidad y redes logísticas regionales que fortalezcan el comercio intracaribeño, hoy aún marginal frente al comercio con potencias externas.

En este contexto, el desarrollo ya no puede medirse únicamente por el crecimiento del PIB. Necesitamos indicadores que capturen la capacidad de las economías caribeñas para empoderar a su gente, redistribuir con justicia y anticipar los desafíos del futuro con sostenibilidad.

Innovación desde el Sur: una economía digital y azul

La digitalización representa una oportunidad sin precedentes para el Gran Caribe. Con una población joven y universidades de alto nivel, la región puede formar una nueva generación de técnicos, científicas, planificadores y emprendedores con enfoque regional y competencias digitales. Apostar por la inteligencia artificial, la conectividad y la soberanía digital no es un lujo: es una necesidad estratégica para cerrar brechas estructurales y generar empleos de calidad.

Por otro lado, el Caribe puede liderar una transición ecológica desde el mar. El concepto de economía azul sostenible ofrece un camino para utilizar de manera responsable los recursos marinos, impulsando el biocomercio, la pesca artesanal, la restauración de arrecifes y el desarrollo de biotecnología marina. Pero para ello, es indispensable romper con el modelo actual del turismo de masas, que agota los ecosistemas y precariza el trabajo. En su lugar, debe emerger un turismo comunitario, regenerativo y orientado al conocimiento local.

Las estrategias regionales deben enfocarse en proyectos innovadores que fortalezcan la economía azul, impulsen plataformas digitales inclusivas y fomenten alianzas Sur-Sur con otros países y bloques en desarrollo.

Justicia económica desde la integración regional

El Gran Caribe es mucho más que un conjunto de islas y costas bañadas por un mismo mar. Es una región marcada por una historia común de colonización, esclavitud, resistencia y migración que ha moldeado identidades compartidas y tejidos culturales únicos. Esta memoria compartida es también una fuente de poder político.

Desde hace décadas, el Caribe ha demostrado que puede ejercer influencia en escenarios multilaterales, donde el principio de “un país, un voto” le permite incidir más allá de su peso económico. Esta diplomacia colectiva debe fortalecerse y traducirse en mayor capacidad de negociación frente a actores globales, particularmente en temas como el acceso a financiamiento climático, la regulación de las remesas y las cadenas logísticas soberanas.

Asimismo, la integración económica regional debe priorizar el comercio intracaribeño, hoy limitado por barreras aduaneras, infraestructura fragmentada y costos logísticos elevados. Para ello, se requiere una estrategia común para consolidar cadenas de valor regionales, impulsar empresas públicas multinacionales y promover un comercio compensado basado en las necesidades de los pueblos, no solo del capital transnacional.

Educación, movilidad y remesas: tres desafíos clave

La transformación del modelo económico del Gran Caribe también pasa por tres temas urgentes: la educación, la migración y las remesas. Es crucial una reforma educativa orientada al desarrollo humano, la ciencia y la integración. Las universidades deben convertirse en centros de pensamiento regional y formación técnica para el cambio estructural.

En segundo lugar, la migración no puede seguir siendo gestionada desde la criminalización o la diplomacia de emergencia. El Caribe necesita políticas de movilidad humana que reconozcan la contribución de sus diásporas y protejan los derechos de las personas migrantes.

Y por último, las remesas —que representan hasta el 20% del PIB en algunos países caribeños— deben ser protegidas frente a posibles sanciones, impuestos o restricciones externas. Plataformas digitales propias, alianzas bancarias regionales y regulación soberana son pasos esenciales para garantizar que estos flujos sigan siendo una red de seguridad para millones de familias.

Un mar compartido, un futuro común

El Gran Caribe está llamado a desempeñar un rol protagónico en la reconfiguración del orden global. Su ubicación estratégica, riqueza cultural y diversidad ecológica le otorgan una ventaja comparativa única. Pero lo que puede convertir esa ventaja en transformación real es la capacidad de construir una agenda común, desde abajo y desde el Sur.

La región es un puente entre océanos y culturas, un reservorio de biodiversidad y un semillero de pensamiento con impacto global. Para ejercer ese papel, necesita voluntad política, visión estratégica y estructuras regionales.

En ese sentido, la reciente Declaración de Montería, firmada el 30 de mayo por los países del Gran Caribe, en la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe marca un paso importante. En su Artículo II sobre Cooperación, la declaración reafirma que la cooperación es un instrumento esencial para alcanzar el desarrollo sostenible de la región. Este compromiso renovado debe traducirse en acciones concretas: financiamiento climático justo, transferencia tecnológica, integración productiva y políticas públicas centradas en la equidad.

¡En este mar de posibilidades, el tiempo de actuar es ahora!

Tecnología e infancias: entre la hiperconexión y el abandono silencioso

En el mundo adulto solemos decir una cosa y hacer otra. En el terreno digital, esa contradicción es particularmente evidente. Mientras declaramos que una edad prudente para entregar un celular ronda los 13 años, en la práctica muchas niñas y niños acceden a su primer dispositivo propio antes de los 10 años, marcando una brecha de casi 4 años entre lo discursivamente deseado y la realidad. Ese momento no es menor: cuando un niño o niña recibe su celular, se duplica su conexión diaria a internet. El ingreso al universo digital no es progresivo: es abrupto, disruptivo y, muchas veces, solitario.

Este fenómeno refleja tensiones profundas. Como adultos, muchas veces entregamos dispositivos por comodidad, por seguridad o por miedo a que nuestros hijos queden fuera de lo social o de los avances tecnológicos. Pero también lo hacemos sin acompañamiento real, en contextos donde el acceso es creciente y la mediación no siempre acompaña. Los estudios muestran una paradoja: estamos hiperconectados —casi 9 horas diarias en promedio (tres de las cuales en redes sociales, según Digital Report)—, pero a la vez desconectados del tiempo compartido. Casi la mitad de madres y padres reconoce que se distrae con el celular mientras está con sus hijos según una de las últimas encuestas de Voices!.

La consecuencia es una infancia que navega un mundo digital complejo con escasos referentes disponibles. La tecnología no es el enemigo, pero sí un entorno que demanda habilidades, criterios y acompañamiento. Hoy los niños, niñas y adolescentes (NNyA) son usuarios intensivos de tecnología, y se autoperciben hábiles. Pero saber usar no implica saber interpretar, reflexionar ni protegerse. Ahí radica un punto crítico: las altas habilidades técnicas conviven con bajos niveles de criterio crítico.

Esa asimetría entre uso y comprensión tiene consecuencias. El uso problemático de pantallas no es una hipótesis, sino una realidad palpable: deprivación de sueño, afecciones físicas como cefaleas y fatiga visual y afecciones mentales como pérdida de atención, ansiedad, incluso depresión, lo que se da a nivel global pero más marcadamente en Argentina y otros países de la región. La mitad de los padres expresó preocupación por la salud mental de sus hijos, y muchos temen que sus hijos no se animen a contarles lo que les pasa.

Los propios adolescentes lo expresan con claridad en el Ureport de Unicef: el principal factor que afecta hoy su salud mental es la discriminación, el bullying y, especialmente, el cyberbullying. Lejos de estar en segundo plano, los riesgos digitales son reales, cotidianos y conocidos por las propias infancias y adolescencias. La exposición a contenido inapropiado, el contacto con desconocidos, el maltrato en línea y las apuestas digitales son parte del mapa digital que transitan. Y lo hacen, en muchos casos, sin guía.

El ecosistema escolar también refleja estas tensiones. Docentes y familias coinciden en que la presencia de celulares en el aula afecta a la atención, el rendimiento y la socialización. Algunas escuelas en distintos países del mundo han comenzado a restringir su uso en clase.

Aquí entra en juego una dimensión fundamental: la mediación adulta. Enseñar a usar bien internet no es solo cuestión de normas o de filtros. Es, ante todo, una cuestión de presencia. De diálogo. De disponibilidad. Los estudios muestran que a mayor mediación activa —conversar, explicar, acompañar—, menor exposición a riesgos. No alcanza con que los chicos sepan usar la tecnología: necesitan aprender a entenderla, cuestionarla y construir con ella y saber cuidarse en ella.

El problema de fondo es que como adultos tampoco hemos desarrollado del todo esas habilidades. Nuestro uso muchas veces está atravesado por la inmediatez, el escapismo, la falta de reflexión. ¿Cómo enseñar un uso responsable si no revisamos el propio? ¿Cómo promover el descanso digital si nosotros mismos no logramos despegar la vista de las pantallas?

La convivencia digital necesita cuidados. Pero esos cuidados no los garantiza una aplicación ni una política de privacidad. Los garantiza una conversación. Una pregunta oportuna. Una escucha real. Una mirada atenta. En última instancia, una presencia.

No se trata de demonizar la tecnología. De hecho, puede mejorar la calidad de vida, abrir oportunidades, acortar distancias. Pero su impacto no es neutral. Y en las infancias, ese impacto se multiplica. Lo que hagamos —o dejemos de hacer— como adultos hoy define la manera en que nuestros hijos e hijas habitarán el mundo digital de mañana.

En esta conversación no alcanza con pensar en regulación o control parental. Necesitamos crear una nueva cultura digital compartida. Una que no deje solas a las infancias. Una donde la habilidad técnica venga acompañada de criterio ético y emocional. Y, sobre todo, una en la que los adultos recuperemos nuestro rol, no como censores, sino más bien como guías.

En definitiva, la pregunta no es solo qué tecnología están usando nuestros hijos. La pregunta es: ¿quién los está acompañando mientras la usan?

Efecto Marisa Maiô: el absurdo virtual invade la cultura real y genera nuevos desafíos éticos y comerciales

La semana pasada, el internet brasileño conoció a la presentadora Marisa Maiô, una mujer regordeta que viste únicamente un traje de baño negro y tacones altos, y que conduce un programa de entrevistas vespertino típico de la televisión abierta. Con humor ácido y comentarios directos, Marisa presenta atractivos bastante cuestionables: desde mujeres mayores que compiten por ser las primeras en caer en una estafa de celular, hasta una madre obligada a entregar a su hijo como castigo por responder mal una pregunta de un cuestionario, entre otras situaciones absurdas. Resulta que Marisa, el programa y sus invitados son creaciones de inteligencia artificial, producidas con el nuevo generador de video Veo 3 de Google, a partir de una idea del guionista Raony Phillips.

El video, editado como si fuera una recopilación de partes de un programa real, se viralizó rápidamente en plataformas digitales y aplicaciones como Telegram y WhatsApp, donde fue marcado como «reenviado varias veces», lo que indica un alcance masivo. Sus méritos técnicos son innegables; sus expresiones faciales, su habla coloquial portuguesa, su acento y su prosodia son tan convincentes que incluso quienes estén familiarizados con los vídeos sintéticos podrían pasar por alto su origen artificial.

La semana anterior, vídeos con un nivel de realismo similar ya circulaban en grupos de WhatsApp, también con alta viralidad. Representaban personajes bíblicos como influencers digitales, como Noé quejándose de las dificultades de construir el arca, un hebreo narrando la separación del Mar Rojo en directo y la saga de la Virgen María embarazada en su viaje a Belén. La diferencia radica en que, en estos casos, la imposibilidad histórica de los teléfonos móviles en la antigüedad dejó clara su naturaleza ficticia.

El punto que me gustaría destacar no es solo la gran verosimilitud de los videos y el efecto social de indistinguibilidad con la realidad que generan, cada vez con mayor realismo en cada nueva generación de inteligencia artificial. Los videos creados mediante programación generativa han alimentado intensos debates sobre el futuro de los medios audiovisuales. Desde un punto de vista estético, surgen nuevas posibilidades creativas, como la producción de efectos complejos a costos insignificantes gracias a la popularización de herramientas antes restringidas a las grandes productoras, lo que permite experimentos lingüísticos antes impensables.

En el ámbito legal, surgen cuestiones urgentes en torno a los derechos de autor, como el caso de Marisa Maiô, cuyo personaje fue replicado por terceros en nuevos vídeos e incluso utilizado por una cadena minorista en campañas publicitarias, sin compensación para la creadora original.

Además, crece la preocupación por el impacto en el mercado laboral. Al fin y al cabo, toda la cadena de producción audiovisual, desde los actores hasta el personal técnico, incluyendo editores y guionistas, se enfrenta al despido de trabajadores provocado por la automatización creativa.

Sensacionalismo virtual

Pero ¿qué ocurre cuando los vídeos se adentran en un territorio donde los límites ya no son técnicos, sino esencialmente éticos? Los programas de entrevistas populares tienen un historial de transgredir estas fronteras, creando deliberadamente una zona gris entre el entretenimiento y la información, con sketches sensacionalistas, llamamientos emocionales exacerbados y la frecuente trivialización de la violencia, tanto verbal como física. Como analiza Muniz Sodré en “A Comunicação do Grotesco”, lo bizarro en los medios constituye un lenguaje simbólico que desestabiliza las fronteras entre lo real y lo ficticio, entre lo ético y lo sensacionalista. El lenguaje de estos programas construye un espacio de desorden controlado, en el que la disfunción social se convierte en espectáculo.

Aun así, los medios tradicionales de radio y televisión, incluso con sus recurrentes excesos y tensiones éticas, siempre han enfrentado algún tipo de cuestionamiento cuando lo absurdo y lo grotesco sobrepasaban los límites. Cabe recordar la feroz competencia por los ratings dominicales en la década de 1990 entre Fausto Silva (Globo) y Gugu Liberato (SBT), que generó espectáculos verdaderamente insípidos, así como la antigua rivalidad entre Chacrinha y Flávio Cavalcanti en la década de 1970.

Sin embargo, estos abusos se vieron en cierta medida frenados por el hecho de que las concesiones de radio y televisión eran públicas y estaban reguladas. Este mecanismo, aunque imperfecto, impuso cierto autocontrol a las emisoras, motivado por la necesidad de preservar su imagen ante el público general, los anunciantes y los organismos reguladores, además de una mínima preocupación por la credibilidad institucional.

El programa de ficción de Marisa Maiô satiriza precisamente los tenues límites éticos que las empresas de medios están dispuestas a cruzar en su búsqueda de audiencias. En este sentido, Marisa Maiô actualiza, en términos algorítmicos, la tradición de la televisión grotesca. Esta puesta en escena del escándalo como forma de mantener la atención del público fue descrita por Danilo Angrimani, en “Aprieta que sale sangre” (1994), como parte de una “dramaturgia del dolor” estructurada por la lógica del sensacionalismo. La diferencia, en el caso de los videos sintéticos, es que esta lógica está automatizada por sistemas cuyo único criterio de efectividad es la interacción, liberando completamente el contenido de cualquier anclaje en la realidad o responsabilidad ética. 

En el video de Marisa Maiô, la provocación ética alcanza su clímax ácido cuando dos invitados se involucran en una pelea generalizada, mientras el presentador, en tono cínico, declara: “Lo bueno aquí es que no hay seguridad y no los separamos”. El espectáculo del absurdo alcanza nuevas cotas en otra escena, cuando una mujer triste aparece junto a un ataúd cubierto de tela negra, mientras Miriam anuncia que dentro se encuentra un familiar suyo, recientemente fallecido, y que la identidad del fallecido se revelará en directo a todo el público.

La naturalización a través de la trivialización del absurdo

Además de la ambigüedad entre simulación y realidad, el episodio revela algo más preocupante: cómo el absurdo, al presentarse con frecuencia y de forma convincente, puede contribuir a su naturalización en la sociedad, volviéndose socialmente aceptable. Sin ningún tipo de regulación técnica o ética, sin preocuparse por la credibilidad de la empresa ni por los impactos comerciales negativos que esto pueda causar, la producción algorítmica puede traspasar los límites morales sin vacilar, trivializando lo grotesco y el cinismo como prácticas sociales.

De hecho, el modelo de negocio actual de las plataformas digitales favorece el contenido extremo, ya que su monetización responde a criterios de engagement y capacidad de atención de la audiencia, sin ninguna consideración ética relacionada con la calidad de los productos. Debido a este factor económico, es inevitable que surjan otros vídeos más extremos, basados ​​en la apelación a lo absurdo, y no necesariamente graciosos.

La hipersegmentación de las redes digitales puede aprovecharse para ofrecer productos a la medida de los deseos macabros de la audiencia. Así, los noticieros policiales, que suelen exponer la violencia y el discurso antiderechos humanos, pueden ir aún más allá de los principios básicos de la ética periodística y mostrar imágenes artificiales de ejecuciones y torturas contra ciberdelincuentes.

Del mismo modo, el vasto abanico sexual de internet puede albergar material perverso con una amplia variedad de violencia sexual extrema y pedofilia, por ejemplo. Los programas de noticias falsas pueden informar hechos irreales contra líderes políticos o estigmatizar a grupos sociales, explotando el sesgo de confirmación que ya existe en su contra. Todo bajo la apariencia de ser «solo una simulación». Dada su creciente probabilidad, se habla de la necesidad de etiquetar los vídeos producidos por IA para alertar a la audiencia de que no son contenido real. Sin embargo, esta medida es incapaz de contrarrestar la lógica que deliberadamente adopta la recepción y el consumo de desinformación como una práctica cultural.

Incluso existe una perversidad inherente al mismo reconocimiento de que no hay seres humanos reales allí y, por lo tanto, nadie está siendo torturado ante las cámaras, violado ni expuesto a la execración pública por acusaciones inexistentes. Saber que se trata de contenido sintético puede servir como una justificación conveniente para su consumo (y reproducción), sin sentimiento de aversión ni culpa. Después de todo, por muy violento que sea el vídeo, nadie está sufriendo «realmente».

Los deepfakes ya han suscitado preocupación por la erosión de la verdad, pero el caso de Marisa Maiô apunta a algo más profundo: la trivialización de las desviaciones éticas como algo que puede entenderse como divertido, gracioso e incluso bienvenido. Con herramientas cada vez más accesibles, cualquiera puede crear vídeos hiperrealistas que normalizan lo inaceptable. El riesgo no es solo el de impulsar otras formas de desinformación, sino también el de producir una subjetividad moldeada por el absurdo, donde la violencia, la crueldad y el sinsentido se vuelven aceptables como parte de la vida cotidiana y se incorporan a la propia cultura visual. Esto, por supuesto, tiene consecuencias prácticas y colectivas en el ejercicio de la ciudadanía.

Con la proliferación de estas herramientas, y sin la aplicación de filtros éticos a su uso, es previsible que internet se vea inundada de contenido que desafía los límites éticos, y que este fenómeno contribuya a la naturalización de estándares éticos menos rigurosos entre el público. Las consecuencias de una subjetividad anclada en el absurdo son impredecibles. Banalizado e incorporado a la vida cotidiana, el absurdo impacta la sensibilidad social y la capacidad de distinguir entre ficción y realidad, profundizando el desprecio por la verdad factual propio de la posverdad. Más aún, comienza a contaminar el ejercicio de la ciudadanía, estableciendo una zona de ambigüedad moral sustentada por la trivialización de diversas formas de violencia.

En Brasil, el Congreso debate actualmente la regulación de la inteligencia artificial a través del Proyecto de Ley 2338/23, aprobado por el Senado en diciembre de 2024 y actualmente en trámite en la Cámara de Diputados. La propuesta aporta importantes avances, como la protección de los derechos de autor y la prohibición de sistemas que generen contenido que involucre abuso o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, clasificado como de “riesgo excesivo”. 

Sin embargo, el debate se enfrenta al poderoso lobby de los conglomerados digitales, que adulan a los parlamentarios e impulsan una regulación más débil, alineada con sus intereses económicos y políticos, con normas que no mitigan los riesgos sociales de estas herramientas. Además de las cuestiones legales y tecnológicas, el debate público debe afrontar las dificultades objetivas de cómo detener y exigir responsabilidades por los efectos nocivos difusos que el contenido generado por IA produce en el tejido social, especialmente los vídeos y audios que desafían los límites éticos e impactan la constitución de la subjetividad.

La urgente necesidad de reinventar la democracia

El final del primer cuarto del siglo XXI signa también el fracaso de la democracia minimalista. Seguir al pie de la letra los procedimientos democráticos al parecer no necesariamente nos vacuna en contra del autoritarismo. Los resultados del proceso electoral en México para elegir jueces y magistrados del pasado 1 de junio no solo mostraron que la mayoría de la ciudadanía rechazó de facto, como en Bolivia desde 2011, la idea de que el voto puede servir para todo. El abstencionismo llegó a más del 85%, el voto nulo fue de más del 10%, el más alto de la historia de México desde 1982. La votación total efectiva fue de apenas el 9%, y sin embargo nuevas personas asumirán cargos en los poderes judiciales legalmente, pero prácticamente sin legitimidad y sometidos al partido en el poder. 

El voto ayuda a configurar gobiernos, pero no puede crear mejores sociedades. Si a través de las elecciones se pudiera erradicar la corrupción y solucionar los problemas políticos y sociales más urgentes, casi todos los países de América Latina serían desarrollados. Desde hace ya más de cuarenta años en la región se llevan a cabo elecciones con periodicidad y con criterios de integridad electoral aceptables, salvo excepciones bien conocidas como los casos de Venezuela, Guatemala o El Salvador, y algunas elecciones específicas como en Honduras en 2017 y Bolivia en 2019. Hoy por hoy incluso los gobernantes con mayores inclinaciones autoritarias saben que deben someter su permanencia a las elecciones. Entonces, ¿por qué la democracia en la región está en crisis?

El fracaso de la democracia minimalista

En los años ochenta del siglo XX primaba una concepción minimalista de la democracia en América Latina sustentada en tres condiciones clave. La primera condición necesaria para transitar a la democracia era alejar a los militares y a los actores no democráticos. La segunda era consolidarla por medio de un eficiente anclaje de instituciones de control horizontal del poder. Y, tercera condición y más importante, la instauración de elecciones libres, limpias y periódicas para lograr democracias plenas. También se agregó la necesidad de más medios de comunicación, para generar mejor información y no estar sometidos al imperio de las versiones unívocas de los gobiernos.

En la primera década del siglo XXI, nos dimos cuenta de que las transiciones a la democracia en la región eran procesos incompletos e inconclusos, y que la democracia plena solo se alcanzaría profundizando en aquellas condiciones. Se observó que los procesos políticos que terminaron con los regímenes autoritarios no habían logrado crear democracias plenas sino “regímenes híbridos”, y solo algunos países como Costa Rica, Chile y Uruguay cumplían los estándares mínimos para ser considerados democráticos. Bajo tales términos, casi el 80% de la población latinoamericana no habría conocido lo que es una democracia plena. Estas evaluaciones encontraron “evidencia empírica” en diversos índices que refuerzan la idea de que la democracia en la región nunca llegó o se malogró. 

Ya entrando al segundo cuarto del siglo XXI, prácticamente todas las condiciones de la democracia mínima están presentes, y sin embargo la región no es democrática y la ciudadanía está insatisfecha con los gobiernos surgidos de las elecciones. Los militares se alejaron del poder, y ya no tutelan a los gobernantes. Ahora son los presidentes democráticamente electos quienes los han reincorporado a las tareas civiles. Existen instituciones de control, pero están capturadas o se someten motu proprio y participan activamente en las dinámicas no democráticas. Existen poderes legislativos que solo funcionan como oficinas de recepción y votan las iniciativas presidenciales sin deliberación, y una parte de los poderes judiciales se han dedicado sistemáticamente a revestir de legalidad las decisiones de los líderes autoritarios. La gente vota, pero su voto solo es instrumental. Lo que mueve a los electores son los discursos llenos de falsedades y transfigurados por las imágenes. Los candidatos más sensatos y con mejores propuestas no son elegidos. Los gobernantes son votados, pero no son responsables. Existen “representantes”, pero ni representan ni son cercanos al pueblo, solo actúan por sus intereses personales y de facciones. Existen muchos medios de comunicación, y con las redes sociales contamos con mucha más información a la mano y de forma inmediata, pero de nada sirve, pues las mentiras de quienes gobiernan son más efectivas que la verdad. A la gente, como decía Maquiavelo en su obra La mandrágora, “le gusta ser engañada”.  

Salir del hoyo del fracaso

La democracia siempre es un proceso inacabado (work in progress), por lo que el problema de la concepción minimalista fue (y es) suponer que cumplir con aquellas condiciones era suficiente para evitar retrocesos. Se trabajó en los anclajes institucionales, como la creación de órganos constitucionales autónomos, pero no se puso atención en los factores sociales y en la cultura política. Se pensó que los gobiernos democráticamente electos por sí solos atenderían los déficits económicos y sociales que también son elementales para el sostenimiento de la democracia. Tampoco se puso mucha atención en la cultura política democrática, que requiere una ciudadanía atenta e interesada, pero el mejor indicador no es la participación electoral, sino el compromiso con la democracia, y este es más difícil de observar. Esto no solo es un fracaso de la democracia sino también del pensamiento liberal, que, como señaló Octavio Paz, no crea comunidad ni fraternidad sino que deja todo a la consciencia individual, pero sin fomentar la educación cívica.

El minimalismo democrático se olvidó de aspectos clave de las democracias eficientes: los roles del Estado y del mercado. Ambos pueden convivir independientemente del tipo de régimen; los casos de China, Singapur y los Emiratos Árabes son ejemplos contemporáneos de Estados eficientes que conviven adecuadamente con las dinámicas del mercado, pero no son democráticos. En cambio, las democracias eficientes, como las de Europa del norte, sí han tomado en cuenta los alcances de esta dinámica para mantenerse. En América Latina no se ha logrado crear una relación eficaz entre Estado y mercado. Si bien muchas críticas a los autoritarismos se centran en sus fracasos económicos e ineficiencia estatal, también muchas democracias son igualmente ineficientes. El minimalismo no permite hacer diagnósticos amplios de la democracia y ha orillado al pensamiento político, y de manera específica a la ciencia política, a ver la democracia solo como el cumplimiento de indicadores igualmente minimalistas. América Latina no necesita recuperar la democracia, sino reinventarla. Ello implica abandonar los minimalismos, pero también los maximalismos. Una tarea del futuro inmediato, para no lamentarnos más.

¿Por qué algunos padres no toman las licencias parentales? 

Los hombres no suelen tomar los permisos de natalidad al hacerse padres. Alrededor de 90 de 187 países ofrecen licencia de paternidad remunerada legal, generalmente por unos días o semanas. A pesar de ello, su uso sigue siendo bajo por varias razones que van más allá de un simple dato anecdótico: es un síntoma profundo de cómo operan los roles de género en nuestra sociedad. 

Aún hoy persisten normas sociales que asocian el cuidado de los hijos principalmente con la madre. A muchos hombres se les enseña desde pequeños que su papel principal en la familia es el de proveedor, no el de cuidador. Tomar una licencia de paternidad puede ser visto como una “debilidad” o como una falta de compromiso con el trabajo, lo que genera temor a represalias laborales o a frenar el avance profesional. En culturas empresariales muy competitivas, esto puede ser especialmente disuasorio.

Por otro lado, hay barreras económicas y de diseño en las políticas. En algunos países o empresas, los permisos para padres son cortos, mal remunerados o no obligatorios, lo que desincentiva su uso. Además, si la familia depende más del ingreso del padre (por brechas salariales u otras razones), tomar una licencia puede representar una pérdida económica significativa. 

Cuando los padres eligen no tomarse el tiempo que la ley les otorga para cuidar de sus hijos recién nacidos, envían —intencionalmente o no— un mensaje claro: que el cuidado infantil sigue siendo responsabilidad principal de las mujeres. Esta omisión, repetida y generalizada, tiene consecuencias sistémicas tanto en el hogar como en el mundo laboral.

¿Por qué esto refuerza la desigualdad?

Las madres, al asumir solas la licencia parental y gran parte del cuidado cotidiano, quedan más expuestas a pausas en su carrera profesional, empleos de medio tiempo o renuncias a puestos de mayor exigencia horaria. Mientras tanto, los hombres conservan su continuidad laboral, aumentando así su capital profesional y su potencial de ascenso.

En el campo laboral, esta dinámica perpetúa el sesgo de género en la contratación y promoción. Las empresas asumen que una mujer joven probablemente se ausentará por maternidad y cuidado de hijos, mientras que los hombres no. Esto se traduce en menores oportunidades de ascenso para las mujeres, más trabas para asumir roles de liderazgo y, en definitiva, una brecha salarial que no se cierra, incluso cuando mujeres y hombres tienen igual formación y desempeño.

Además, se genera un círculo vicioso: si los hombres no toman las licencias, se convierte en una norma informal no hacerlo, alimentando el estigma para aquellos que sí desean ejercer su rol de cuidado. Algunos estudios muestran que muchos padres que desean tomar la licencia enfrentan presión social o miedo a ser penalizados laboralmente. Así, se normaliza que el hombre es proveedor y la mujer cuidadora, incluso en contextos donde ambos trabajan fuera del hogar.

Existen estadísticas que evidencian la baja participación de los hombres en los permisos de paternidad

En Reino Unido, solo el 31,6% de los padres elegibles toman el permiso de paternidad, a pesar de que la política actual es de dos semanas de licencia remunerada. En Francia aproximadamente el 40% de los padres toman el permiso de paternidad. En Japón, aunque la ley permite hasta un año de permiso de paternidad, solo el 30% de los padres lo toman, debido a normas laborales rígidas y expectativas culturales. Similar a Corea del Sur, donde el 17% de los padres se acogen a la licencia a pesar de que la política permite hasta 53 semanas de licencia remunerada. 

En los Estados Unidos de América no existe una política federal de licencia de paternidad remunerada, lo que lleva a una muy baja participación de los padres a involucrarse en los cuidados de los hijos, a diferencia de Canadá, donde sí existen los permisos, pero aun así solo el 35% de los padres los disfrutan. En América Latina vemos que entre Brasil y Chile solo un 27% y un 12% respectivamente lo toman, a pesar de que la ley lo permite y muchas empresas lo otorgan más allá de lo previsto en la legislación.

Todas estas cifras reflejan cómo las normas culturales, las políticas laborales y las expectativas sociales influyen en la participación de los hombres en los permisos de paternidad a nivel mundial. 

Para que los hombres tomen más permisos de natalidad, es necesario que las políticas sean igualitarias, bien pagadas, obligatorias y socialmente valoradas. Así, se empieza a repartir equitativamente la carga del cuidado y se rompe con los estereotipos de género desde los primeros días de crianza.

Premiar el presentismo laboral, la gran barrera

Claudia Goldin —Premio Nobel de Economía en 2023— ha investigado ampliamente cómo el presentismo sigue siendo valorado en muchas empresas y cómo esto impacta negativamente en las mujeres, especialmente en su progreso profesional y salarial. El presentismo es la creencia de que estar físicamente presente en el lugar de trabajo por muchas horas (más allá de los resultados o la productividad) es señal de compromiso o valor profesional. 

Goldin ha mostrado que las carreras mejor remuneradas tienden a premiar la disponibilidad total (24/7), lo que penaliza a quienes no pueden trabajar de forma continua e inflexible, como muchas mujeres con responsabilidades de cuidado. Incluso en sectores con alta participación femenina, como la medicina o el derecho, los puestos más altos tienden a exigir horarios impredecibles y largas jornadas. Esto lleva a que muchas mujeres opten por roles con más flexibilidad pero menor paga o proyección, lo que contribuye a la persistente brecha salarial de género.

El problema no es solo la falta de políticas de conciliación, sino que el sistema valora más el tiempo que la eficiencia. Esto desincentiva modelos de trabajo flexibles, aun cuando la tecnología ya permite nuevas formas de organización laboral. En palabras de Goldin: “El problema no es tanto la discriminación directa, sino la estructura del trabajo que castiga la flexibilidad”.

La brecha salarial desincentiva que los hombres tomen el permiso

En muchas parejas heterosexuales, el hombre gana más que la mujer. Esta diferencia de ingreso, que puede parecer racional al decidir quién se queda en casa, en realidad es el resultado de años de desigualdad estructural. Entonces, cuando nace un hijo, la lógica económica familiar muchas veces lleva a que la mujer se tome el permiso y no el hombre, porque así “se pierde menos ingreso”. Esta decisión, aunque práctica en el corto plazo, refuerza el rol de la mujer como cuidadora y del hombre como proveedor, perpetuando estereotipos que luego se reflejan en decisiones laborales futuras.

Numerosos estudios muestran que las mujeres experimentan lo que se conoce como la “penalización por maternidad”: después de tener hijos, su progreso laboral se ralentiza, sus oportunidades de ascenso disminuyen y, en algunos casos, sus ingresos caen. En contraste, los hombres no solo no son penalizados por ser padres, sino que a menudo reciben un “bono por paternidad” en percepción de estabilidad o compromiso laboral.

Esto ocurre, en parte, porque ellos no se ausentan del trabajo por períodos prolongados, a diferencia de muchas mujeres. El uso desigual de los permisos refuerza esta brecha salarial, creando una espiral donde la mujer pierde poder adquisitivo y autonomía económica, lo cual vuelve a influir en futuras decisiones familiares. Cuando las mujeres asumen la mayor parte del cuidado infantil, reducen su participación plena en el mercado laboral: trabajan menos horas, eligen empleos más flexibles pero peor pagados o renuncian a oportunidades de liderazgo. Esto consolida la brecha salarial, que a su vez refuerza el patrón de que ellas sean quienes deben seguir haciéndose cargo del hogar, porque “ganan menos”.

¿Qué se puede hacer?

Para lograr una transformación real, se necesitan cambios profundos. Las empresas deben dejar de valorar únicamente la presencia física y apostar por sistemas de trabajo basados en resultados, flexibilidad y corresponsabilidad. A su vez, las políticas públicas deben garantizar permisos parentales equitativos, bien remunerados y obligatorios para ambos progenitores. Solo cuando el cuidado sea compartido y el trabajo se organice con perspectiva de género, podremos hablar de igualdad real y sostenida en el mundo profesional.

Romper con este patrón requiere más que políticas bien redactadas; implica un cambio cultural profundo que valore el rol de los hombres como cuidadores y el de las mujeres como líderes. Mientras el cuidado no se distribuya de manera equitativa desde el nacimiento, las mujeres seguirán enfrentando desventajas en el mundo del trabajo y los hombres seguirán perdiéndose la oportunidad de ser padres presentes desde el primer día.