Sin regulación, las plataformas digitales amplifican los conflictos y socavan la libertad y la democracia

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8 mayo, 2025

En ningún otro momento de la historia un grupo tan reducido de empresas había logrado estar tan presente en las interacciones entre las personas en la mayoría de las sociedades del planeta. Las llamadas Big Tech se han convertido en mediadoras activas de las relaciones sociales configuradas por las tecnologías digitales. Conviene recordar que los mediadores no son neutrales: las Big Tech interfieren en la gestión de los flujos de opinión, modulando la atención y generando reacciones entre millones de usuarios.

En las redes sociales y sus variantes, sus controladores operan capturando datos de cada movimiento, de cada clic; en resumen, de las acciones que permiten a sus sistemas algorítmicos extraer patrones de comportamiento, datos fundamentales para alimentar las redes neuronales artificiales que ofrecerán contenido para predecir nuestros deseos y necesidades, a fin de predecir nuestras acciones. Esto se resume en la expresión «monetización total de la vida social».

Operando de forma invisible para sus usuarios, estas plataformas han concentrado los presupuestos publicitarios de casi todas las sociedades, basándose en la gestión algorítmica de las miradas y la atención. Así, perpetúan la lógica de la espectacularización de todo.

Para estas plataformas, la “buena información” es aquella que genera engagement, la que resulta espectacular y permite monetizar las interacciones. El supuesto compromiso de las grandes tecnológicas con la calidad informativa ha sido, en la práctica, meramente retórico. Clics, réplicas, ataques mutuos, exageraciones, mentiras y difusión de hechos inexistentes son bienvenidos en su lógica de funcionamiento.

Libertad asimétrica

Recientemente, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Elon Musk ha tomado la delantera en la ofensiva contra la regulación de las plataformas. Para ello, promueve la idea de que regular equivale a censurar. Su noción de libertad se basa en la fuerza.

Mientras que la libertad democrática se sustenta en la simetría —es decir, en el derecho igualitario de todas las personas a ser libres—, la propuesta de libertad promovida por la extrema derecha se traduce en asimetrías. Los poderosos solo se consideran libres si pueden ejercer todo su poder; el multimillonario, si puede utilizar sin restricciones todo lo que su riqueza le permite. Este enfoque se asemeja más a la violencia que al principio de igualdad de expresión.

En las plataformas digitales, no es la libertad de expresión la que prevalece. Es el poder del dinero quien reina. Se impone la monetización de absolutamente todas las relaciones en una arquitectura informativa vertical, limitada y extremadamente supervisada por sus propietarios. La gestión completamente opaca de las redes sociales en línea es operada por sistemas algorítmicos que ejecutan las reglas y leyes de sus propietarios. Esta implementación es completamente arbitraria, decidida monocráticamente por la dirección de estas empresas, modificada sin previo aviso, sin debate, sin consideración por sus usuarios, siguiendo únicamente dos lógicas: la de su rentabilidad y la de beneficiar la expansión del poder de su cosmovisión.

¿Quién puede creer que los sistemas algorítmicos de la plataforma de Elon Musk serán neutrales en contextos donde se enfrentan la extrema derecha y las fuerzas democráticas? ¿Quién sostiene que las plataformas del grupo Meta no favorecerán discursos alineados con ideas similares a las de Trump? ¿Quién puede afirmar que estas estructuras no son plutocráticas, es decir, dominadas por el dinero?

Las élites están rompiendo con la democracia

Uno de los principales referentes de la extrema derecha tecnológica, Peter Thiel, declaró en 2009: «Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles».

Ante la profunda crisis de las perspectivas futuras del sistema capitalista, una parte significativa de las élites que defendían las soluciones neoliberales ha roto con la democracia y abrazado el reaccionarismo, es decir, las soluciones promovidas por la extrema derecha. Si no comprendemos esta ruptura, no podremos defender eficazmente la democracia. Michel Foucault nos recordó que el poder también es una estrategia. En este contexto, la destrucción del debate racional basado en hechos se ha vuelto una de las principales tácticas de la extrema derecha. La lucha contra la realidad, contra la información verificada, contra la ciencia misma, consolida una estrategia de confusión, de combate cultural, donde la “libertad” se vuelve sinónimo de violencia.

Frente a este escenario, vale la pena recordar al sociólogo Georg Simmel, quien sostenía que el conflicto es un elemento inherente y necesario en la vida social. Conflicto y cooperación son complementarios en la vida social. Sin embargo, Simmel advirtió que existen situaciones en las que la ausencia de formas sociales reguladoras, la negación absoluta del otro y la fragmentación de la sociedad sin canales de mediación son destructivas y extremadamente peligrosas.

Simmel desconocía el mundo hiperconectado actual, donde las personas se ven constantemente afectadas por oleadas de desinformación y discursos de odio, modulados por sistemas algorítmicos para potenciar la extracción de dinero y la destrucción de derechos. Sin embargo, a partir de sus análisis, podemos observar que se ha vuelto fundamental e indispensable regular estos megaoligopolios y construir soluciones para garantizar la calidad e integridad de la información.

_{En colaboración con la Red Nacional de Combate a la Desinformación (RNCD) de Brasil, el Ibict y el ICIE, Latinoamérica21, junto con The Conversation Brasil, Brasil de Fato y otras plataformas aliadas impulsamos la difusión de contenidos que promuevan una ciudadanía más informada y crítica, para enfrentar la desinformación, una amenaza creciente para la democracia, la ciencia y los derechos humanos.}

Narrativa del Estado civilizacional chino y poder blando en la era digital

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Jialin Liu

7 mayo, 2025

En 1874, el alto funcionario de la dinastía Qing, Li Hongzhang, advirtió sobre una “gran transformación no vista en mil años”, aludiendo a la disparidad entre China y Occidente y a una grave crisis de supervivencia. Hoy, el orden internacional y el equilibrio de poder evolucionan con rapidez, situando al mundo ante una transformación sin precedentes en un siglo. El ascenso de los países emergentes suele provocar alerta, escepticismo e incluso hostilidad por parte de potencias vecinas o dominantes. En el caso de China, su singularidad en valores, ideología y modelo institucional ha generado una disonancia con la percepción externa, acentuando desafíos discursivos ligados a narrativas de amenaza. Los cambios en la distribución del poder global plantean preguntas clave sobre cómo los Estados redefinen su papel en la gobernanza internacional. Las potencias emergentes enfrentan no solo desafíos materiales, sino también simbólicos: ¿cómo narrar su ascenso sin despertar alarma ni incomprensión? La dimensión cultural del poder adquiere un papel central en la legitimación de su lugar en el orden global.

Desde su introducción en China en la década de 1990, la teoría del poder blando ha sido reformulada por la academia china mediante la integración de la filosofía cultural tradicional con las teorías contemporáneas del poder, dando lugar a un marco conceptual propio adaptado al contexto local, el “poder blando cultural”. Según el realismo ofensivo, la anarquía del sistema internacional conduce a dilemas de seguridad y juegos de suma cero, lo que convertiría el ascenso de China en una pugna hegemónica. Sin embargo, desde que China propuso en 2004 su “camino de desarrollo pacífico”, su trayectoria ha puesto en cuestión la narrativa liberal del desarrollo, desbordando el marco explicativo occidental. A partir de 2017, con la entrada en una “nueva era”, el principal conflicto social se redefine como la tensión entre la creciente demanda de una vida mejor, especialmente en el plano cultural, y un desarrollo aún desequilibrado e insuficiente. El poder blando cultural se ha integrado plenamente en la estrategia de “ascenso pacífico y civilizacional” del país.

A pesar del rápido aumento de la capacidad de China en términos de poder duro, su poder blando aún no está a la altura de su posición internacional, sin consolidar el sustento cultural de su ascenso. Algunos académicos chinos sostienen que el ascenso del país no debe entenderse solo como fenómeno económico o geopolítico, sino como la revitalización de una civilización con trayectoria propia. El concepto de “Estado civilizacional”, formulado por Zhang Weiwei, ha estructurado la lógica fundamental tanto del modelo como del discurso chino. Según esta visión, China no es solo un Estado soberano moderno, sino también una civilización que coexiste con otras como la cristiana occidental o la islámica. Esta noción remite a un modelo de desarrollo distinto al liberalismo occidental, basado en valores, instituciones y tradiciones locales.

Al desafiar la metanarrativa occidental del Estado-nación, China propone una forma alternativa de construcción estatal moderna, argumentando que los llamados “valores universales” carecen de verdadera universalidad, y que cada país debe definir su camino según sus condiciones históricas y culturales. En 2022, el XX Congreso del Partido Comunista de China incorporó conceptos como “diversidad de civilizaciones” y “modernización al estilo chino” en su estrategia nacional. Esto marcó el inicio de la institucionalización de su narrativa civilizacional.

La continuidad del ascenso de una gran potencia y su papel internacional dependen en gran medida de los valores que sostienen su proceso de desarrollo. En este sentido, el nacionalismo ya no basta para respaldar el desarrollo de China. Desde las Guerras del Opio, China ha pasado de una orientación nacionalista a una visión más cosmopolita, incorporando nociones clave de la cultura Hehe (和合), como Tianxia (天下, “todo bajo el cielo”), Datong (大同, “gran armonía”) y la convivencia armónica. Esta visión fomenta un globalismo cooperativo con beneficio mutuo, sin renunciar a sus tradiciones.

El concepto de Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad representa una expresión contemporánea de la cultura Hehe. Integra una cosmovisión de Tianxia, una concepción de armonía en la diversidad, una visión de equilibrio entre justicia e interés y una idea de unidad entre el cielo y el ser humano. Todo ello constituye una propuesta china para la gobernanza global. La iniciativa de la Franja y la Ruta es una cristalización práctica tanto de esta cultura Hehe como del concepto de comunidad de destino compartido.

Tal como señaló Joseph Nye, en la era de la información, la competencia global se centra en “quién sabe contar mejores historias”. La industria cultural, como canal para crear, narrar y difundir relatos, constituye un pilar clave en la construcción de valores compartidos. En los últimos años, la industria cultural digital de China ha ampliado su presencia internacional mediante nuevos protagonistas narrativos, difundiendo valores como armonía y convivencia en el marco de la Franja y la Ruta. Ejemplos destacados incluyen el cine de ciencia ficción, con producciones como La Tierra errante; la subcultura ACG, representada por títulos como Ne Zha, Genshin Impact y Black Myth: Wukong; y creadores de contenido en redes sociales, tanto chinos como extranjeros. Influencers como Li Ziqi y Ding Zhen han visibilizado la vida rural, el turismo cultural y la superación de la pobreza con una narrativa estética y accesible. Al mismo tiempo, colectivos como YChina y creadores como Jerry Kowal o Ryo Takeuchi han ofrecido miradas extranjeras sobre China, actuando como puentes culturales. Frente a los relatos macro de los medios tradicionales, estas voces destacan por mostrar lo cotidiano, renovando la imagen de China y conectando con las generaciones digitales.

El caso chino, al pasar de centrarse en “cómo lo ven” a construir un espacio compartido de significados con el mundo, ofrece una referencia útil para América Latina, donde urge construir lenguajes culturales propios desde experiencias locales. En este proceso, las juventudes se consolidan como actores centrales en la opinión pública digital. Asimismo, la interacción simbólica en el Sur Global no debe limitarse a una proyección unilateral. La creación de plataformas inclusivas que integren medios, juventudes, instituciones y actores culturales contribuirá a una ecología comunicativa más diversa y situada.

En Perú, debajo de cada piedra hay un partido político

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Ricardo Monzón Kcomt

6 mayo, 2025

La elección presidencial más insólita y singular del mundo ocurrirá en abril del próximo año. No será en una recóndita nación subdesarrollada de África o del Sudeste Asiático, ni en una isla oceánica de nombre impronunciable. Será aquí nomás, en el medio de la siempre desigual y pintoresca América Latina, en Perú.

A mediados de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral del país andino, confirmó que serán 43 los partidos políticos habilitados para participar en las elecciones generales de 2026, tras superar los requisitos establecidos para su validación. Por ley, todos están obligados a ingresar a la lid, de lo contrario perderán su inscripción, lo que, en buen cristiano, llevará a su extinción.

Ello quiere decir que el próximo año, los más de 27 millones de ciudadanos peruanos mayores de edad asistirán a las urnas para elegir a un candidato presidencial entre 43. También tendrán que elegir candidatos para el Parlamento Andino y para el Congreso bicameral, entre la misma cantidad de agrupaciones políticas. Una locura logística que llevará a una mayor confusión del electorado.

Las proyecciones iniciales indican que los ciudadanos recibirán una cédula de votación de aproximadamente 65 centímetros de largo, el tamaño de un televisor de 50 pulgadas, integrada, incluso, por el partido político de Nicanor Boluarte, el hermano de la propia mandataria de Perú, Dina Boluarte. Exigir neutralidad parece difícil.

La cifra récord de fraccionamiento en el país tiene una génesis marcada: en diciembre de 2023, el Congreso peruano eliminó las PASO, la obligatoriedad de que los partidos políticos realicen comicios internos en los que acojan los votos de la ciudadanía en su conjunto, sean o no militantes de cada una de las agrupaciones, requiriendo que un candidato solo podría representar a la agrupación a nivel nacional siempre que haya superado el 1.5% de respaldo interno.

Los partidos tendrán ahora la posibilidad de escoger una vez más la forma de elección de sus representantes en unos comicios internos. Es más que seguro que optarán por darle la facultad de designación a un grupo de delegados colocados por la cúpula partidaria. Una forma de democracia interna nada democrática, valga la precisión.

En 2026, Perú también marcará un hito en la región al contemplar 43 candidatos presidenciales. Por dar un ejemplo, en 2023 Argentina celebró las elecciones que culminaron con Javier Milei en la Casa Rosada con 5 candidatos participantes, filtrados por las PASO instauradas en 2009.

En la última campaña presidencial en Ecuador, que concluyó con Daniel Noboa reelegido para ocupar cuatro años más el Palacio de Carondelet, se presentaron en primera vuelta 25 partidos políticos. Una cifra alta, pero que ni por asomo se acerca a la peruana.

México eligió a Claudia Sheinbaum en 2024 entre tres candidatos, Chile se decantó por Gabriel Boric en 2021 entre siete postulantes y Colombia hizo lo propio en 2022 en favor de Gustavo Petro considerando cuatro aspirantes a la Presidencia.

Además del caos que significa revisar a detalle las hojas de vida y propuestas de los candidatos, la gran cantidad de partidos peruanos en la contienda hará que pasen a segunda vuelta candidatos con un porcentaje ínfimo de votos válidos, cercano al 8% o 10%, poniendo en peligro la representatividad y gobernabilidad del nuevo jefe de Estado.

Pero como en toda penumbra, existe una luz al final del túnel: las alianzas electorales. Medidas impulsadas de emergencia por el Congreso peruano han establecido la promoción para formar coaliciones y disminuir el número de partidos. Aunque antes se criminaliza las alianzas exigiendo un 1% adicional por cada partido que la integre, hoy si dos partidos se unen necesitarán solo 5% para superar la valla y conservar su inscripción, y si se juntan tres o más partidos, solo aumentará hasta 6% como tope.

Convocado el proceso electoral, comenzarán las conversaciones. ¿Cuántas alianzas lograrán establecerse? ¿Podrá disminuir considerablemente el escandaloso número de partidos habilitados? Todo está por verse… pero lo que sí es seguro es que los partidos cascarón o los partidos vientres de alquiler, que se ofrecen al mejor postor, volverán a pescar a río revuelto, mientras Perú sigue haciendo historia.

Petro: el cambio que llegó y no llegó

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Carlos Andrés Ramírez

5 mayo, 2025

La acción política necesita ofertar futuros colectivamente deseables. Retrospectivamente, sin embargo, muchos proyectos de futuro son como las boletas de lotería ya jugadas: registros de una ilusión incumplida. El caso del Gobierno de Petro no es la excepción, pero eso no significa que todo siga igual en Colombia. El cambio llegó y no llegó.

En algunos aspectos, el Gobierno del cambio ha tenido, en realidad, un movimiento estacionario. Este es el caso, para comenzar, del tema de la corrupción. Desde el financiamiento de la campaña hasta la sospecha de dádivas concedidas a los congresistas para aprobar las reformas, pasando por los varios enredos del hijo del presidente, son múltiples los escándalos en los cuales se ha visto involucrado. En el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional de 2024, Colombia descendió varias posiciones, aunque se mantiene en niveles semejantes a los de Brasil o Argentina y en los mismos niveles que tuvo, durante la mayor parte de su período, el presidente Duque.

En temas de paz y seguridad, y pese al cambio de estrategia, los resultados del gobierno son tan deficientes como los del gobierno pasado. La narrativa de la oposición de que la llegada de Petro tiene al país al borde del colapso en temas de seguridad es insostenible. Zonas rojas como el Catatumbo tienen un largo y complejo historial y el Clan del Golfo no se inventó ayer. No obstante, la Paz Total no pasará de ser un slogan grandilocuente cuyos resultados concretos son algunos éxitos locales como la desmovilización de una de las disidencias del ELN en Nariño y la tregua temporal entre las principales bandas de Buenaventura. El tema de la protección de los líderes sociales no ha tenido mejoras sustantivas (174 asesinatos en el 2024), la tasa de homicidios, pese a un ligero descenso, sigue siendo muy alta (25.4/100.000), delitos como la extorsión se han incrementado (18% más entre 2023 y 2024) y, para abril de 2025, van 21 policías muertos: 4 veces más que en el mismo período del año anterior.

A nivel macroeconómico este gobierno no ha sido la debacle que la oposición vaticinaba, pero, a grandes rasgos, también pertenece al movimiento estacionario del país. El presidente Petro se ha vanagloriado, por ejemplo, de los índices de inflación (5%) y la tasa de desempleo (8.2%). Sin embargo, el control de la inflación depende, en parte, de las medidas del Banco de la República y, aunque Petro recibió la inflación más alta en 23 años (13.1%), el promedio de la inflación en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque es de 4.88.

Las cifras de desempleo de Petro son positivas, pero durante buena parte del segundo Gobierno de Santos tuvieron niveles comparables. La pobreza multidimensional ha continuado el declive que ha tenido, de manera ininterrumpida, en los últimos 14 años y, a nivel nacional, se ubica para el 2024 en 11.5% (0.6% menos que el año anterior). El crecimiento de la economía colombiana, durante Petro, ha sido bastante modesto (1.7% en 2024). El gobierno Duque tuvo un crecimiento promedio del 3% por año y las dos administraciones pasadas tuvieron promedios superiores. La expectativa de crecimiento para el 2025 no supera el 3%. En fin, no ha habido ni un colapso ni un despegue espectacular.

Un movimiento constante e inercial no es un cambio ¿Dónde está entonces? En términos de políticas públicas y prácticas de gobierno, puede mencionarse, en primer lugar, un replanteamiento de la relación del ejecutivo con los grandes empresarios y con la cúpula militar. El capitalismo colombiano no ha sido construido, en su gran mayoría, por heroicos empresarios schumpeterianos que innovan y arriesgan, sino es más bien una especie de ‘crony capitalism’ (capitalismo amiguista) basado en los favores recíprocos entre élites económicas y políticas y, como lo muestra emblemáticamente el caso de Odebrecht, de su capacidad de encubrimiento recíproco. La agria relación de Petro con Sarmiento Angulo es parte de ello. Que, según la oposición, Petro sea un ‘enemigo de los empresarios’ y sea denunciado como ‘comunista’, es la reacción natural ante un cambio en las relaciones habituales entre la presidencia y los grandes conglomerados empresariales.

Lo mismo podría decirse, en segundo lugar, de las críticas hacia el supuesto debilitamiento y ‘desmoralización’ de las Fuerzas armadas. Como lo probó el nombramiento inicial de Iván Velásquez como Ministro de Defensa, Petro ha insistido en la necesidad de rechazar la criminalización de la protesta social y las violaciones de Derechos Humanos que, por décadas, fueron legitimadas por el discurso contrainsurgente del ‘enemigo interno’. Las purgas de generales han sido parte de ese propósito. Las marchas de la oposición, además, han sido agresivas pero no se ha presentado asomo alguno de brutalidad policial. El contraste, en particular con los gobiernos de derecha de Uribe y Duque, con sus ejecuciones extrajudiciales y su represión del Estallido Social, no puede ser más evidente. Obviamente la derecha asocia el civilismo de Petro con malos resultados en seguridad. Duque, sin embargo, es su antítesis y los resultados no fueron mejores.

En tercer lugar, Petro ha desarrollado una política social ambiciosa y, como lo muestra el caso de la fallida reforma de salud, en cuyo destino confluyeron gestores farmacéuticos, políticos tradicionales y Entidades Prestadoras de Salud, dispuesta a desafiar grupos poderosos. En ese marco cabe la reforma pensional aprobada en el Congreso gracias a la cual se beneficiarán 2.8 millones de adultos mayores. De ahí también proviene también el fortalecimiento del campesinado a través de la creación de 13 nuevas Zonas de reserva campesina y la adquisición, formalización de tierras en volúmenes que superan considerablemente a los dos gobiernos anteriores. En esa misma línea cabe la reforma laboral, bloqueada en el Congreso, y cuyo contenido será objeto de una Consulta Popular. La reforma reestablece derechos de los trabajadores que fueron restringidos a lo largo de los últimos 20 años y empalma con el histórico incremento del 9.5% del salario mínimo. Aquí también cabe mencionar el desarrollo de 300 comunidades energéticas y la garantía de gratuidad en la educación superior en instituciones públicas. Adultos mayores, campesinos, trabajadores formales, comunidades étnicas y jóvenes son los beneficiarios directos de estas políticos y su protagonismo no había sido la regla en la historia de los gobiernos colombianos recientes.

Más allá, sin embargo, de prácticas o políticas concretas, la mayor transformación que ha traído el Gobierno del Cambio es una apertura cognitiva. Petro ha abierto controversias que han desnaturalizado ideas hegemónicas. Las reacciones virulentas en su contra se deben, en parte, a romper con el sentido común del establecimiento colombiano en muchos temas, esto es, a convertir en problemas públicos, requeridos de justificaciones y deliberación, aquello que valía como un consenso tácito, generalizado, dado por obvio. Ha sido un placer ver a políticos y periodistas teniendo que reaccionar a discusiones sobre el ‘decrecimiento’, la ‘transición energética’ o el ‘modelo extractivista’; viéndose conminados a justificar el mantra de que mejores condiciones laborales equivalen a más desempleo; reflexionando acerca de si los cultivos ilícitos se combaten efectivamente rociando glifosato; preguntándose, con perplejidad, si la sumisión habitual a los Estados Unidos es deseable o si una política exterior ‘pragmática’ permite hablar, con la claridad moral de Petro, sobre el genocidio en Gaza.

No todo lo dicho por el presidente, en este conjunto de temas, ha sido acertado, cierto, pero el punto es cómo la generación de estos debates contribuye al desarrollo, en Colombia, de una cultura política más plural, reflexiva y democrática. El impacto de un gobierno no se puede medir solo en términos del desempeño institucional del Estado, sino en términos de cambios en los hábitos mentales de los políticos profesionales, los funcionarios públicos y los ciudadanos. En ese sentido, mucho más que en otros, el Gobierno del cambio, sí le ha hecho honor a su nombre.

El señuelo del poder

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Manuel Alcántara

4 mayo, 2025

En un mundo desordenado donde romper las reglas es más común y las alianzas son más precarias, la política quiere más poder, ya sea para influir, piratear, espiar o disuadir. No se desea depender solo de armas y bombas, también se requiere de mecanismos institucionales con los que avanzar en la estrategia de dominación de las elites dirigentes situadas en su seno o en sus aledaños. Teniendo en cuenta que una cosa es el acceso al poder y otra ejercerlo, si la llegada es cada vez producto de mecanismos plebiscitarios donde predomina el criterio de la mayoría -en una lógica “suma cero” por la que el ganador se lo lleva todo- ¿por qué en su ejercicio no usarla de igual manera, aunque se desbaraten principios que hasta ahora se consideraban intocables?

Además, habida cuenta del nuevo escenario que se ha ido abriendo paso desde que comenzó el siglo, los criterios de comunicación con la ciudadanía, a través de los mecanismos digitales y de sus derivados a la hora de la acumulación de datos y de su manejo, resultan no solo funcionales sino claramente imprescindibles. Si María Antonieta pasó a la historia de la manipulación política por aquel famoso mandato de “démosles pasteles”, ahora la provocación se monta en el entretenimiento que supuestamente de forma gratuita ofrece el mundo digital. Viértase a la masa todo tipo de distracción y de entretenimiento sin olvidar la posibilidad de condicionar sus gustos e inclinar sus preferencias.

El espectáculo puede también nutrirse por la oferta de verdades alternativas y de bien nutridas teorías de la conspiración. El miedo se manipula y asume su condición paralizante, así como la exploración de paliativos variados que tienden hacia la concentración del poder. Mientras, el viejo orden se desmonta con la coartada de la incapacidad que los gobiernos gestados mediante las prácticas tradicionales tienen de solventar los problemas de la gente. En todo ello no es extraño que los gobernantes polemicen entre ellos en las redes sociales a las que acceden directamente mandando también mensajes a sus seguidores para inducirlos en la lógica de la complacencia y de la complicidad. Tampoco lo es que por mor de una bien recibida transparencia se transmita en directo las reuniones del gabinete como acontece en Colombia en los últimos tiempos.

En este contexto, no resulta extraño que el poder -entendido como la habilidad de actuar, la autoridad legal y política, el control o la influencia que uno ejerce sobre otros, como una fortaleza mental o moral y, por supuesto, como ejercicio de la fuerza física- utilice viejos mecanismos refrendarios combinados con otros de nuevo cuño. La invocación al pueblo siempre fue un instrumento al uso. Fuera bajo burdas y siniestras formas de control, como sucedía en la España franquista entre 1939 y 1977 bajo el paraguas de la denominada democracia orgánica, en los diferentes regímenes sultanísticos latinoamericanos de los Somoza, Trujillo, Stroessner, así como en las dictaduras militares, fueran bajo el paraguas de la seguridad nacional o de otro cuño, o en las denominadas democracias populares, fundamentalmente en el este europeo entre 1945 y el inicio de la década de 1990.

Hoy, la añagaza del recurso a la voluntad popular se repite, aunque sea en un contexto muy diferente. Prácticas que en principio son democráticas en lo atinente al respeto que supone la propia idea de consulta ocultan componentes autoritarios en estrategias que tienen como finalidad el mantenimiento en el poder de individuos concretos o de proyectos determinados. Desde la próxima elección popular de magistrados en México, impulsada en la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y asumida sin cuestionamiento alguno por su sucesora Claudia Sheinbaum, a la amenaza de la inconstitucional reelección de Donald Trump en 2028, pasando por la torticera consulta popular colombiana patrocinada por Gustavo Petro en torno a la reforma laboral, el juego político se encamina por similares vericuetos.

Sin embargo, son los mecanismos más sutiles de información y de comunicación en los que el mundo se viene socializando en los últimos tres lustros, agudizado su uso y significado durante la pandemia, los que canalizan buena parte de la presente actuación política. A ello se suma el permanente seguimiento de los índices de aceptación popular con los que la dominación se auto justifica permanentemente.

Lo original radica en la configuración de una plutocracia nueva en torno al complejo digital empresarial que penetra en el universo de la política. La presencia de los grandes magnates de aquel en la toma de posesión del presidente norteamericano hace cien días fue la prueba evidente de ello, así como el subsiguiente protagonismo gubernamental de Elon Musk que ahora parece ver su fin. El maridaje de ambos supone una concentración del poder insólita como jamás se había producido. El conocimiento inmediato de las preferencias de las personas unido a la capacidad de moldearlas en conjunción con el brazo ejecutor de la política supone un cambio radical.

En un esquema mucho más acotado el experimento salvadoreño ha sido y continúa siendo un aldabonazo de este estado de las cosas. Aunque aquí ambos factores se dan la mano en la misma persona: el empresario publicitario y luego político Nayib Bukele. Primero, se insertó en la presidencia mediante un proceso electoral incuestionable en el seno de una fuerte crisis sistémica. Después, alumbró un ejercicio del poder atrabiliario mediante un sofisticado equipo de comunicación. Ahora, basado en una ambición ilimitada y en una total deriva autoritaria, gestiona un modelo patético de venta de ilusiones articulado en un patrón de país-cárcel que recibe el aplauso y se inserta en la disrupción trumpista.

Claves para resistir y desmontar la narrativa antifeminista

Por

Susana Reina

3 mayo, 2025

¿El feminismo ha llegado muy lejos? ¿Ya se alcanzó la igualdad? ¿Las feministas están buscando destruir la familia y discriminar a los hombres? ¿La desigualdad es un mito inventado por los progres? ¿La violencia basada en género afecta a los hombres por igual? ¿Debemos creer estas y otras afirmaciones antifeministas?

Históricamente el feminismo siempre ha generado resistencias, pero en los últimos meses estamos siendo testigos de una narrativa creciente que busca desacreditar al movimiento presentándolo como innecesario o incluso perjudicial para la sociedad. En algunos casos se intenta hacer creer que el feminismo es divisivo o extremista o que sus luchas están desconectadas de las realidades cotidianas de muchas mujeres. En otros, las teorías negacionistas sostienen que la discriminación y la violencia machista no existen, levantando mitos virulentos que el propio feminismo ha ido desmontando.

Más allá del backlash tradicional tenemos evidencia suficiente para creer que el antifeminismo no surge por casualidad y que responde a un cálculo político. Su objetivo es desviar la atención de los problemas económicos, deslegitimar las luchas sociales y reinstalar un orden en el que el poder se concentre nuevamente en manos de unos pocos, sin restricciones ni cuestionamientos.

El antifeminismo funciona como el blanco perfecto que sirve de válvula de escape al malestar social. Demonizar el movimiento feminista como estrategia para redirigir el descontento popular hacia un enemigo fácilmente identificable es más rentable para el poder que enfrentar los problemas estructurales que realmente afectan a la mayoría de la población. Si el feminismo se debilita, se facilita la perpetuación de políticas neoliberales y autoritarias que excluyen a las mujeres, las minorías sexuales y otros grupos marginados.

Por ello, para proteger los derechos de las mujeres, el European Policy Centre sugiere que no basta con combatir el discurso antifeminista y denunciar la misoginia, sino que también recomienda a los responsables políticos que encuentren soluciones económicas para todos mediante políticas de vivienda y que ofrezcan perspectivas en el mercado laboral.

Visto en conjunto, el antifeminismo contemporáneo es, además de una respuesta ultraconservadora a los avances feministas, un fenómeno complejo y global que se articula a través de múltiples frentes: la censura simbólica, la desinformación digital, el desmantelamiento institucional y la creación de redes internacionales.

Movimientos como la Conferencia Política de Acción Conservadora y el financiamiento de think tanks conservadores y religiosos, como CitizenGo, con la participación de figuras clave de la extrema derecha global, como representantes del partido español Vox o Donald Trump Jr., muestran cómo el antifeminismo se conecta con agendas neoliberales y autoritarias. La meta de estos movimientos está dirigida a controlar el avance de las mujeres y consolidar liderazgos excluyentes. El caso es que esta ofensiva antifeminista pone en riesgo los avances logrados a la fecha en términos de igualdad entre mujeres y hombres.

Censura simbólica, polarización y ascenso del discurso antifeminista en redes sociales

La censura de términos asociados al feminismo no es un hecho aislado: refleja un intento deliberado de borrar el lenguaje relacionado con los derechos humanos, limitando la capacidad de las personas de nombrar, conversar y abogar por futuros más inclusivos y equitativos.

Esta censura simbólica se complementa con un ataque directo a las instituciones que promueven la igualdad de género. El cierre de ministerios de la mujer (como hizo Milei en la Argentina en 2024), el recorte de presupuestos, la prohibición del lenguaje inclusivo, la propuesta de eliminar el reconocimiento del feminicidio, así como la eliminación de programas educativos con enfoque de género, son medidas que buscan reducir la visibilidad y el impacto de las políticas progresistas.

Por otro lado, los datos sobre la creciente polarización en la conversación sobre igualdad en Iberoamérica, con un aumento notable de discursos misóginos, indican que la conversación pública está siendo moldeada por narrativas opuestas al feminismo. En países como Ecuador, El Salvador y México el discurso antifeminista ha ganado fuerza, llenando un vacío dejado por la disminución de la relevancia del feminismo en el debate público.

Esto subraya la capacidad de las plataformas digitales para amplificar mensajes divisivos y misóginos, creando un entorno de desinformación y distorsión de la realidad que atemoriza a muchas activistas que, en defensa propia, abandonan esos espacios de conversación. La manosfera, un conjunto de subculturas digitales misóginas, está jugando un papel cada vez más importante en la propagación de ideas antifeministas.

Un informe reciente de la Fundación Friedrich Ebert en Chile deja claro que el antifeminismo se ha convertido en una herramienta política de gran alcance. Según el informe, es “una bisagra entre el neoliberalismo y el autoritarismo”, que permite a sectores conservadores cohesionar su base política, ganar elecciones y legitimar modelos sociales excluyentes.

Los datos son reveladores: en El Salvador, el 30,7% de la población tiene actitudes antifeministas; en Brasil, el 29,4%; en Argentina, el 29,3%. En México, el relato antifeminista adopta una fachada de respeto y tradición, con la participación activa de organizaciones ultraconservadoras como el Frente Nacional por la Familia y Abogados Cristianos. Estas agrupaciones, financiadas principalmente desde Estados Unidos y Europa, impulsan campañas contra la educación sexual, los derechos LGBTIQ+ y el acceso al aborto, utilizando el concepto de “libertad” para justificar la censura. Se escudan en la defensa de la “familia” para ocultar la violencia de género y el abuso sexual infantil.

Este movimiento está profundamente vinculado con grupos religiosos, principalmente cristianos, partidos de ultraderecha y plataformas digitales que difunden desinformación sin control. Sus mensajes son sencillos: miedo, odio y orden, pero producen un impacto devastador en la criminalización de mujeres, la persecución política y no pocos retrocesos institucionales.

Es importante cuestionar estas narrativas

Varias estrategias caben proponer aquí. Es crucial identificar claramente a los actores de este retroceso. Gobiernos que se proclaman “liberales” pero reprimen nuestra libertad de expresión; legisladores que consideran los derechos de mujeres una amenaza; medios que equiparan feminismo con extremismo; iglesias e instituciones que encubren a violadores y promueven sociedades sexistas.

Es importante también defender la noción de que el feminismo, como movimiento por la igualdad de derechos, sigue siendo completamente relevante en muchas partes del mundo, incluida América Latina. Si bien se han logrado avances significativos, como el derecho al voto o el acceso a la educación y al trabajo, sigue existiendo la discriminación laboral, la brecha salarial y la escasa garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Las cifras de feminicidios, violencia y acoso sexual en todo el mundo son alarmantes. Los reportes más recientes muestran que las mujeres continúan enfrentando obstáculos importantes en su acceso a posiciones de poder y toma de decisiones. El relato de que el feminismo ya no es necesario ignora estas realidades persistentes.

Por otro lado, el feminismo no es exclusivo de ciertas culturas o regiones. En todos los continentes, las mujeres luchan por sus derechos, por lo que este movimiento también tiene fuerza global. Minimizarlo como un “fenómeno occidental” o “innecesario” pasa por alto la realidad de millones de mujeres en todo el mundo que aún luchan contra la opresión.

Por lo tanto, más que dejarse convencer por estas narrativas que buscan desvirtuar el feminismo, es fundamental seguir cuestionando, reflexionando y manteniendo la lucha por la igualdad. Frente a la ofensiva patriarcal, el feminismo en América Latina está resistiendo. En Chile, México, Colombia, Argentina y muchos otros países, miles siguen marchando con un lema claro: “Ni un paso atrás”, convencidas de que están lejos de ser un movimiento minoritario o al margen. En el estudio citado anteriormente de la Fundación Friedrich Ebert, el 50% de la muestra se considera profeminista, lo cual es una muy buena noticia como para viralizar.

Evitar contagiarse del pesimismo que se deriva del discurso de que el cambio no es posible, es la tarea.

México: la nueva guerra contra el narco

Por

Ernesto Hernández Norzagaray

2 mayo, 2025

En el ideario obradorista resultaba impensable iniciar una nueva guerra contra el narco porque ahora se sospecha que había pactos con el crimen organizado y porque fue una de las narrativas de ascenso al poder cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una crítica constante y severa a la confrontación iniciada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012).

La política de “abrazos no balazos” del expresidente mexicano empoderó a los cárteles del crimen organizado, y sus efectos se irradiaron hacia las calles de los Estados Unidos, que tuvieron drogas de diseño (fentanilo, metanfetaminas) como nunca.

Sin embargo, la campaña electoral y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca visibilizó el problema del tráfico de drogas y señaló que estaba costando 100.000 vidas estadounidenses al año. Y eso seguramente sensibilizó la conciencia del estadounidense promedio y castigó a la candidata del Partido Demócrata.

“Donald Trump encarna lo que yo quiero para mi país”, decía una mujer blanca del Medio Oeste de Estados Unidos, y ese sentimiento de salvación lo tenían muchos de los que veían en barrios de Chicago, Filadelfia o Los Ángeles los efectos destructivos de la proliferación de este tipo de drogas.

Este segmento de ciudadanos fue a las urnas para votar masivamente por Trump sumándose a otros millones que, por razones ideológicas, políticas o económicas, decidieron darle un triunfo rotundo al político neoyorquino.

Aquella victoria impecable sacudió el statu quo —véase la locura de las bolsas de valores del mundo—, pero también generó agendas particulares de Trump con sus socios comerciales. Una de ellas fue la declaratoria de guerra a los cárteles mexicanos, a los que el presidente de Estados Unidos elevó a la condición de “organizaciones terroristas”, por lo que deberán ser destruidas.

Se trató de un mensaje poderoso para la presidenta Claudia Sheinbaum, que no tenía entre sus prioridades el combate frontal de los cárteles. Seguramente veía que eran parte de la arquitectura que López Obrador había construido para el primer piso de la llamada Cuarta Transformación y que no había que molestar más allá de detenciones y decomisos ocasionales.

Sheinbaum estaba en la lógica de continuar con esa agenda rutinaria frente a su principal socio comercial. Sin embargo, el triunfo de Trump y sus mensajes contra los cárteles fueron subiendo de tono hasta llegar a una confrontación directa con las organizaciones criminales.

Trump había metido presión desplegando navíos espía en las aguas del océano Pacífico frente a la costa bajacaliforniana. Los cielos mexicanos fueron testigo de la presencia de aviones capaces de capturar imágenes de viviendas del Triángulo Dorado —zona limítrofe de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango—, tradicionalmente refugio de capos. Además, se reforzó la presencia en México de las agencias de seguridad estadounidenses.

Y así fue cómo la política condescendiente y criminal de “abrazos no balazos” empezó a desdibujarse, dejando perplejos a los líderes de los cárteles que han seguido la estrategia de fuga hacia adelante generando una atmosfera de persecución y violencia en distintas regiones del país que ha costado ya la vida de miles de mexicanos y con una percepción de miedo que rebasa el 61 por ciento, de acuerdo con el INEGI. Se derruía así el mito de López Obrador de que “en México no se produce fentanilo”, Cuando Omar García Harfuch, el secretario de seguridad pública, acaba de declarar que se han destruido más de 800 laboratorios.

El problema, sin embargo, no solo son los cárteles y su capacidad de producir y distribuir drogas en las calles estadounidenses, sino todo el andamiaje político para que funcione eficazmente el negocio, que no habría alcanzado los niveles que tiene de no ser por las complicidades de los políticos con los líderes o intermediarios de los cárteles de la droga.

Y si bien podríamos decir que Trump estaría contento con los resultados de su presión, no es así. Ha dicho lapidariamente que el gobierno mexicano quiere hacerlo “feliz”, blindando la frontera norte, haciendo aprehensiones y deportaciones de capos, destruyendo laboratorios y hasta permitiendo que los agentes estadounidenses colaboren con el sistema de seguridad nacional, incluso que los vuelos espía se realicen o los navíos naveguen amenazantes en las aguas del Pacífico.

Pero, aun con resultados sorprendentes, la presión continúa tanto desde la tribuna pública como a través de la diplomacia.

Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos tuvo una entrevista recientemente con la presidenta Sheinbaum en el Palacio Nacional. Más allá de las cortesías mutuas, lo que dio la nota fue que, de regresó a su país, Noem declaró que le había dejado a Sheinbaum una lista de peticiones para seguir mejorando la buena relación entre las dos naciones.

La presidenta Sheinbaum no salía de su asombro cuando se hicieron realidad los aranceles. Si bien México y Canadá no aparecen en el listado de países de Trump fue porque antes de esa comparecencia frente a los medios de comunicación los aranceles ya se habían definido para sus socios comerciales: y se cobraría un arancel del 25% a la importación de acero y aluminio, y lo mismo para aquellos productos que no están bajo el techo comercial del T-MEC, que representan aproximadamente el 50% de las exportaciones de México al país vecino.

En definitiva, la presión de Trump sobre México ha cambiado la política sostenida por el obradorismo y opera la lógica de negociación dura trumpista: “Si el adversario cede a la primera, puedes seguir presionando y obteniendo mayores beneficios”. Hay quien dice que en esa lista diplomática están los nombres de muchos políticos en funciones.

Esa es la realidad en medio de una narrativa anticrisis que busca vender la idea de que las derrotas son triunfos y las pérdidas son ganancias. Y, pues, llega el momento de saber dónde se encuentra la línea roja de Sheinbaum.

El deporte como motor de inclusión: una cancha todavía desigual en América Latina

Por

Constanza Cilley

30 abril, 2025

Cada 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, una fecha que recuerda el poder transformador de la actividad física como herramienta de cohesión social, inclusión y bienestar. Este año, el lema global “Igualando el terreno de juego” resuena con especial fuerza en América Latina, una región donde el acceso al deporte y al ejercicio regular sigue marcado por profundas desigualdades de género, edad y nivel educativo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo y que su aumento en muchos países ha influido considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y en la salud general de la población mundial.

Un estudio global reciente realizado por la red WIN, basado en más de 34.000 entrevistas en 39 países, ofrece una radiografía precisa sobre los hábitos de actividad física en el mundo. Los resultados muestran que, si bien la práctica de ejercicio crece lentamente a nivel global (del 37% en 2018 al 43% en 2025), persisten importantes barreras para millones de personas.

En América Latina solo el 35% de la población declara hacer actividad física con frecuencia, muy por debajo del promedio global (43%), lo que la ubica como la región menos activa del estudio. El 65% de los latinoamericanos no hacen ejercicio de forma regular.

Las brechas son múltiples. Las mujeres y las personas mayores de 65 años son los grupos más inactivos. Pero el factor más determinante es la educación: solo un 18% de quienes tienen bajo nivel educativo ejercita con frecuencia, frente a un 53% entre quienes tienen formación superior.

Entender qué motiva a las personas a hacer ejercicio también ayuda a diseñar políticas más efectivas. Distintos estudios en la región revelan que la principal razón para ejercitar es la mejora de la salud, seguida por el bienestar emocional y el deseo de sentirse bien más que por razones estéticas. En Colombia, por ejemplo, investigaciones académicas han encontrado que hombres y mujeres comparten como primera motivación la diversión, pero divergen en otras: las mujeres priorizan sentirse bien consigo mismas y cuidar su figura, mientras que los hombres suelen enfocarse más en la competencia y el rendimiento físico. Además, la salud mental aparece cada vez con más fuerza como motor de la actividad física, especialmente en contextos urbanos donde el estrés cotidiano genera una necesidad de descarga y regulación emocional.

El mito de la falta de tiempo también se desmorona: según los datos, las personas que trabajan o estudian son las más propensas a ejercitarse, lo que sugiere que el deporte también es una cuestión de oportunidad, motivación y entorno.

Los promedios regionales esconden importantes diferencias. Paraguay (53%), México (50%) y Argentina (44%) lideran la región, seguidos de Perú (32%) mientras que Brasil, Chile y Ecuador tienen niveles cercanos al 25%. En todos los países los hombres ejercitan más que las mujeres, pero en Perú la brecha de género es especialmente marcada.

Esto puede responder a múltiples factores: desde roles tradicionales que dejan menos tiempo libre a las mujeres, hasta la inseguridad en el espacio público y estereotipos que aún asocian el deporte con lo masculino. También influye cómo se percibe y declara el ejercicio: muchas mujeres realizan actividad física vinculada a tareas domésticas o de cuidado, como caminar largas distancias, pero no la registran como tal.

Un dato llamativo es el vínculo con las mascotas. El estudio muestra que las personas que tienen animales, especialmente perros, son más propensas a ejercitar: los paseos se convierten en un hábito saludable que promueve la vida activa incluso entre quienes no van al gimnasio.

En Argentina los datos muestran una evolución positiva: la actividad física frecuente creció del 36% en 2021 al 44% en 2025. El aumento se explica sobre todo por los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, que lideran los niveles de ejercicio del país. Pero la brecha por nivel socioeconómico y educativo es notable

En contraste, Brasil vive un retroceso alarmante. La tasa de actividad física bajó del 36% en 2021 al 27% en 2025. Según especialistas, esto se debe a una combinación de factores: el aumento del costo de vida, que limita el acceso a gimnasios y deportes pagos; la pérdida de hábitos adquiridos durante la pandemia, y la desigualdad estructural en el acceso a espacios y programas deportivos. Actualmente, el 72% de los brasileños no hace ejercicio regularmente

La importancia del deporte no se limita a sus beneficios para la salud física o mental. Cuando es accesible, puede ser una herramienta poderosa de transformación social. La Fundación Espartanos, en Argentina, es ejemplo de ello: trabaja con personas privadas de libertad a través del rugby, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal. Su historia fue retratada recientemente en una serie documental de Disney+, lo que ayudó a visibilizar su impacto.

También son destacables las iniciativas estatales. El programa Deporte para la Inclusión Social del Ministerio de Turismo y Deporte de Argentina lleva actividades físicas a barrios vulnerables del país, generando espacios de contención, formación y derechos. En Brasil, el programa Segundo Tempo busca garantizar el acceso al deporte a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, reforzando la escuela pública como ámbito de inclusión.

Estas iniciativas muestran que, con decisión política, el deporte puede ser mucho más que recreación: puede ser un instrumento de ciudadanía, resiliencia y equidad.

Los datos son contundentes: el acceso al deporte sigue siendo profundamente desigual en América Latina. Aunque se han logrado avances, millones de personas —especialmente mujeres, personas mayores y con bajos recursos— siguen fuera de la cancha.

El estudio deja una conclusión clara: el deporte tiene el poder de unir, inspirar y transformar, pero eso solo será posible si nadie queda al margen. América Latina necesita políticas públicas sostenidas, espacios seguros, campañas culturales y programas comunitarios que igualen el terreno de juego. Porque cuando el deporte es para todos, gana la sociedad entera.

Constituyente exprés y el apetito autoritario de Daniel Noboa

Por

Luis Córdova-Alarcón

29 abril, 2025

El resultado electoral del 13 de abril fue inesperado. No tanto por quien se alzó con la victoria, sino por la diferencia: Daniel Noboa obtuvo más de diez puntos porcentuales de diferencia sobre Luisa González. Tras la elecciones, Ecuador ha entrado en otro proceso de recesión democrática, en especial con relación a los tres predicados básicos de la democracia: elecciones competitivas, derechos liberales de expresión y asociación, y el imperio de la ley. Lo que renombrados politólogos, como Adam Przeworski, denominan “autocratización democrática” para referirse a la “desconsolidación”, “erosión”, “desgaste” o “retroceso” de la democracia.

Según el índice elaborado por la influyente revista The Economist para el período 2006-2024, Ecuador es catalogado como un “régimen híbrido”. En una escala de 1 a 10 su puntuación más baja fue el año pasado —2024— cuando obtuvo 5.24 puntos. Es decir, bajo el gobierno de Daniel Noboa, en el marco de un «conflicto armado interno» y una ola de violencia criminal sin parangón, Ecuador obtuvo la peor calificación.

Pero este proceso de “autocratización democrática” no es nuevo. Ecuador ya lo vivió bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). Así lo constata el último informe de V-DEM Democracy 2025 que grafica muy bien ese giro en U hacia la democratización que habría iniciado en 2018, pero que desde el 2022 vuelve a decaer, anticipando un nuevo ciclo de autocratización, ahora bajo el liderazgo autoritario de Daniel Noboa.

Por ello, resulta ridículo escuchar a correístas y noboístas acusarse mutuamente de fraude y abuso de poder, como si sus líderes fueran demócratas ejemplares. En las elecciones del 2025, el “presidente-candidato” Daniel Noboa fue igual o más abusivo que el “presidente-candidato” Rafael Correa, en las elecciones del 2013. Es la memoria selectiva y las ideologías viciadas de ambos bandos lo que lo que nubla su razonamiento.

Como en todo proceso de “autocratización democrática”, Noboa necesita moldear el contexto institucional a su imagen y semejanza (lo hizo Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador, Bukele en El Salvador y ahora Donald Trump en Estados Unidos). De ahí su interés en activar un “proceso constituyente rápido y ágil”. Cómo lo piensa realizar, aún es un misterio, pero hay suficiente material para hacer un breve análisis prospectivo.

El primer escenario es político institucional, y pasa por dirimir la composición de la Asamblea Nacional. ADN, el movimiento político oficialista parte con un bloque legislativo de 66 asambleístas electos (de un total de 151 miembros) y la Revolución Ciudadana (movimiento político del expresidente Rafael Correa) con otro bloque de 66 —eran 67, pero en la última semana una asambleísta anunció su desafiliación—. Es previsible que en los próximos días un buen número de asambleístas de otras tiendas políticas se alineen con el bloque oficialista, que es el único con capacidad real de negociación. Esto a menos que las disputas internas en las filas oficialistas abran fisuras que puedan ser aprovechadas por la Revolución Ciudadana.

El segundo escenario es político social. Otro damnificado con los resultados del 13 de abril es Leonidas Iza, presidente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador), la organización social con mayor capacidad de movilización e incidencia política del país. La unidad de las izquierdas en torno a la candidatura de Luisa González, entre ellas Pachakutik —brazo político electoral de la CONAIE— produjo la percepción, luego del 13 de abril, de que la izquierda institucional también fue derrotada junto al correísmo.

Así las cosas, la CONAIE ha lanzado una campaña de pedagogía política para advertir sobre el riesgo que corren los derechos colectivos reconocidos en la Constitución del 2008 y que podrían ser eliminados de un plumazo en una constituyente controlada por el oficialismo.

El liderazgo de Iza surgió con las protestas sociales en octubre del 2019 y junio del 2022, y necesita volver a las calles para refrendarlo. Pero en un escenario militarizado y colonizado por el miedo a los ataques terroristas y otras formas de violencia criminal, las posibilidades de éxito son escasas.

Para prevenirlo, el gobierno de Daniel Noboa se ha declarado en “alerta máxima” desde la madrugada del 19 de abril. La razón es un supuesto “informe” de inteligencia militar que sugiere un «traslado de sicarios desde México y otros países a Ecuador para llevar a cabo atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo». El Ministerio de Gobierno, en un comunicado del mismo día, titulado “La venganza de los malos perdedores”, ha gatillado el encuadre discursivo que darán a cualquier movilización social para clausurar las calles como escenario político.

Con ambos escenarios bajo control, un “proceso constituyente” rápido y ágil, como desea Daniel Noboa, se vuelve posible.

Desde hace algunos años, distintos voceros de las élites económicas han persistido en una idea: reinstaurar la Constitución de 1998 mediante referendo. Uno de los más fervientes defensores de esta idea es el exvicepresidente Alberto Dahik Garzozi, quien fungió como asesor ad-honorem del expresidente Guillermo Lasso y apadrinó a Daniel Noboa en su primera visita a Carondelet, en 2023. Por tanto, no sería difícil que una Corte Constitucional dócil autorice integrar una comisión especial que actualice la Constitución de 1998 para luego someterla a referendo.

Algo semejante ya ocurrió en el Referendo de 1978, cuando la dictadura militar llamó a las urnas para que el pueblo escojiera entre la Constitución de 1978 o la Constitución de 1945 reformada. Aquel referendo significó el tránsito a una democracia electoral restringida por el poder militar.

Hoy, un poder militar restaurado en el marco del “conflicto armado interno” podría ser nuevamente quien dirima el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, el haz de crisis que mina el Ecuador tendrá que esperar.

Aranceles: ¿juego de suma cero o tiro al pie?

Por

Ottón Solís

28 abril, 2025

Imaginemos que la economía mundial es Centro América, que Costa Rica importa más mercancías de las que exporta, que los otros países aceptan papeles impresos por su Banco Central —billetes en colones— en pago por lo que le exportan, que con buena parte de sus superávits comerciales compran bonos del gobierno de Costa Rica y hacen depósitos en sus bancos, aceptando, debido a la confianza en la solidez de su economía, tasas de interés más bajas de las que podrían lograr en otros mercados, y que esas deudas se puedan atender con esos mismos papeles.

Los déficits comerciales surgen porque una importante proporción de los consumidores e inversionistas costarricenses prefieren abastecerse de productos finales, intermedios y de capital de los países centroamericanos porque ahí los precios son menores a los locales. O sea, esos déficits son la consecuencia de que el país escogió tener una calidad de vida y una productividad superiores a las que se derivarían de las capacidades de su economía. En estas circunstancias, Costa Rica, lejos de ser víctima de las políticas de otros países, más bien disfrutaría de niveles de consumo por encima de sus medios y de un crecimiento económico mayor que el que corresponde a su productividad.

La disposición de esos países a guardar los colones derivados de sus superávits comerciales en bonos del gobierno tico y en depósitos en sus bancos resulta en menores tasas de interés en Costa Rica, permite elevar el monto sostenible del endeudamiento público, mayor inversión a un bajo costo para ampliar la infraestructura y la calidad de los servicios y menores tasas de interés para la inversión privada, todo lo cual contribuye a una tasa de crecimiento económico superior sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica.

En esa situación, encarecer las importaciones por medio de tarifas para dotar de competitividad la producción local y así acabar con los déficits comerciales eliminaría una por una esas ventajas y no sería más que un autogol. Esto es cierto aun cuando los países centroamericanos no tomasen represalias que regresen la competitividad relativa al punto de partida y aun cuando no existiera la incertidumbre para el inversionista tico sobre si un futuro gobierno eliminaría las tarifas.

La economía de Estados Unidos tiene ante el mundo una realidad idéntica a esa hipotética situación de Costa Rica. Aprovecha el hecho de que con un papel impreso por su banco central —el dólar— puede pagar por la producción real de otros países para vivir muy por encima de sus capacidades. Lejos de ser estafado por otros países, tal y como afirma Trump, Estados Unidos vive muy por encima de sus medios debido a ese simple hecho. Eso no quiere decir que Estados Unidos esté estafando a nadie, pues es gracias a su fortaleza económica que el resto del mundo acepta ese papel como medio de pago y confía en sus bonos gubernamentales y en sus bancos.

Por ello, al asumir que las relaciones comerciales son un juego de suma cero en el que para ganar el otro debe perder, y que un déficit comercial refleja perder y un superávit ganar, el presidente Trump ignora esas realidades, revela un simplismo de tablero alejado del complejo ajedrez característico de las dinámicas del comercio internacional: no es nada más que un gigantesco autogol.

Los déficits comerciales son un problema económico para países como Costa Rica que tienen que pagar las importaciones con dinero de otros países, para lo cual, por lo general, deben endeudarse y/o atraer inversión extranjera por medio de subsidios y exoneraciones fiscales. Esta combinación de factores pone en peligro permanente la estabilidad macroeconómica y obliga a limitar el gasto en infraestructura y servicios sociales, como forma de liberar recursos para dirigirlos a financiar el pago de intereses y los costos fiscales crecientes de estructurar una economía basada en exoneraciones y subsidios a empresas extranjeras.

Para agregar a lo absurdo de las ocurrencias de Trump, su objetivo es lograr superávits comerciales con todos los países del mundo. Estados Unidos no produce ni café ni cacao; quizá con algunos de los países que exportan esos productos es no solo inevitable sino conveniente para Estados Unidos tener déficits. Muchos países de la región, aun sin las ventajas de Estados Unidos descritas anteriormente, quizá no pueden evitar tener déficits, por ejemplo, con países petroleros o aquellos productores de bienes que incorporan tecnologías de punta. Elevar los aranceles en esos casos podría dañar severamente sus economías.

Trump fanfarronea con que los países afectados por las tarifas están haciendo fila para renegociar, y que ese era su objetivo. Si es así, se inicia un periodo incierto en sus resultados, contaminado por amenazas y chantajes y con una China esperando usufructuar de los enojos contra Estados Unidos. Ese panorama afectará severamente los planes de inversión del sector privado, el empleo y el crecimiento económico, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Lejos de Recuperar la Grandeza de Estados Unidos (MAGA), Trump está empequeñeciendo a su país y al mundo mientras viola toda regla del comercio internacional, tanto las globales en el marco de la OMC como las contenidas en tratados de libre comercio como el CAFTA-DR. Esto, claro, nos da la razón a quienes afirmábamos que no era cierto que con ese tratado el acceso al mercado norteamericano quedaba blindado de coyunturas políticas o geopolíticas. En materia de relaciones internacionales, la regla histórica ha sido que las decisiones no dependen de ningún absoluto moral o legal sino del ejercicio del poder desde niveles desiguales (might is right). Por ello siempre dudamos de que un tratado de libre comercio con países débiles guiaría el comportamiento de Estados Unidos.

Pero las abrumadoras violaciones de Trump al derecho internacional (sorprendente y decepcionantemente apoyadas por más de la mitad del poder político de su país) eliminan cualquier autoridad moral para que Estados Unidos exhiba a países que no actúan de acuerdo con las reglas. Esa imponente actitud, revalidada por Trump cuando parafrasea a emperadores y tiranos enemigos de cualquier principio democrático, los cuales afirmaban que «los que salvan su país no violan ninguna ley”, nos lleva a un mundo en el que todo se vale cuando se tiene poder. Desde el punto de vista de la definición de civilización, un mundo en el que todo se vale deja de valer. Nos regresa a la ley de la selva, la del más fuerte, la de la violencia y la guerra o la de la paz por imperio de unos sobre otros, no por armonía y voluntad.

No se trata de un nuevo Consenso de Washington, ahora guiado por el mercantilismo típico de los siglos XVIII y XIX, porque en este caso ni organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ni las otras potencias occidentales, comparten las decisiones de Trump. Lejos de consenso, hoy en esas esferas la palabra más frecuente es represalia.

América Latina se verá afectada, como resultado de la posible caída en el crecimiento del PIB mundial, de los aranceles contra nuestras exportaciones y del incremento en las tasas de interés resultantes de la inflación que podría generar el incremento de los impuestos a las importaciones en Estados Unidos. Sin embargo, puede sacar provecho del enfrentamiento de este país con sus amigos del mundo desarrollado, reforzando nuestras relaciones económicas con Europa, China, Japón, India y otras potencias del Sur Global, sin, por supuesto, abandonar el mercado norteamericano.

Para lograrlo, nuestros gobiernos no pueden seguir, dócilmente, atendiendo las órdenes de Trump, dirigidas, por ejemplo, a impedirle a Huawei competir para vendernos la tecnología 5G, a hacernos participar en una vergonzosa política de deportaciones violatoria de derechos humanos fundamentales o a debilitar la absoluta soberanía panameña sobre el Canal. Lo que corresponde es, con dignidad, construir y ejecutar la política exterior que mejor responda a los intereses de cada uno de nuestros países… no a las ocurrencias de una potencia.

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