¿Cómo debe lidiar América Latina frente al caos de Trump?

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27 abril, 2025

En su último número, la revista The Economist describió la política comercial de Trump como “La era del caos” (The Age of Chaos). En realidad, Estados Unidos ha venido girando en contra del libre comercio desde 2017, con el inicio de la primera administración Trump, que elevó aranceles a China de forma unilateral y se retiró del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Cabe recordar que la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, también se oponía a dicho acuerdo. Posteriormente, la administración Biden mantuvo esa postura y sus asesores sostuvieron que el libre comercio no había beneficiado a Estados Unidos: perjudicó a los trabajadores y favoreció a su principal rival geopolítico.

Con Trump II, sin embargo, los cambios han sido aún más drásticos. La política comercial de Estados Unidos se ha vuelto mucho más caótica e impredecible. Caótica porque contradice el orden internacional: Trump no tiene interés en respetar compromisos internacionales o instituciones multilaterales. Impredecible porque no queda claro si sus decisiones responden al déficit comercial, a la rivalidad con China, o a otros motivos; ni se sabe cómo se calculan los aranceles adicionales.

Pero hay una novedad aún más preocupante: Estados Unidos ha decidido olvidarse de sus aliados. Ya desde la era Obama era evidente la intención de desplazar a China en el ámbito comercial, mediante iniciativas como el TPP, que buscaba establecer reglas antes de que lo hiciera el gigante asiático. Biden, por su parte, lanzó el Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) y el American Partnership for Economic Prosperity (APEP), con el objetivo de construir una nueva política comercial enfocada en la prosperidad, pero con la intención también de apartar a China. Estas iniciativas aseguraban que Estados Unidos no dejaría a sus aliados de lado. Sin embargo, Trump II ha roto con esa premisa. El caos de los aranceles ha ha afectado a Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, sus principales aliados.

En América Latina, muchos países se han visto afectados por los aranceles, incluso aquellos con tratados de libre comercio (TLC) vigentes con Estados Unidos. En Sudamérica: Chile, Colombia y Perú; en Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Nicaragua. En Norteamérica, por supuesto, México. Biden intentó incluir a varios de estos países en el APEP y explorar otras formas de promover comercio e inversiones. Trump, en cambio, ha ignorado completamente estos esfuerzos e impuesto aranceles de manera unilateral.

¿Qué deberían hacer estos países y el resto de las economías latinoamericanas ante este escenario?

Por las declaraciones de Trump y sus funcionarios, parece que Estados Unidos espera que los países acudan a ofrecerle algo más, adicional a lo ya pactado en los TLC y consolidado en la OMC. Ese «algo más» no es menor. Lo ya negociado incluye rebajas arancelarias, normas sobre propiedad intelectual, servicios, restricciones a la transferencia tecnológica y protección a las inversiones.

Sin embargo, las economías latinoamericanas deberían resistirse a ceder rápidamente a estas presiones. Por supuesto, es útil mantener conversaciones bilaterales para entender mejor la postura de la potencia del norte, pero ofrecer concesiones aceleradamente puede ser un error por al menos tres razones: primero, porque Trump no actúa conforme al Estado de Derecho, sino según la ley del más fuerte, donde el poder impone su voluntad sin garantías de cumplimiento; segundo, porque quienes han negociado acuerdos comerciales no necesariamente tienen la capacidad de evaluar las implicancias geopolíticas y estratégicas involucradas, que van mucho más allá de lo comercial; y tercero, porque muchos países están enfrentando desafíos similares y podrían beneficiarse más de una respuesta coordinada.

En Latinoamérica son varios los países que tienen TLC con Estados Unidos. Algunos se han agrupado en la Alianza del Pacifico y todos mantuvieron reuniones en el marco de APEC. Salvo el caso de México, por su integración con Estados Unidos, ninguno está en una posición especial. Todos, sin embargo, comparten un objetivo común: que se respete lo pactado y que la región sea reconocida por su peso comercial y estratégico.

Más que redefinir su estrategia de negociación, la región necesita equilibrar el poder relativo y elevar el costo de un incumplimiento para Estados Unidos. Por eso es fundamental que los países con TLC —e idealmente todos— coordinen su respuesta. Lo mismo deben hacer los representantes del sector privado, no solo para reforzar la posición de sus delegaciones, sino también para movilizar sus redes y aliados comerciales dentro de Estados Unidos.

En un entorno caótico, como una jungla, ganan los más fuertes. Especialmente si los débiles actúan por separado. Los países latinoamericanos con TLC tienen espacios para negociar en bloque: la Alianza del Pacífico es uno, APEP es otro, donde también participan Uruguay y Ecuador.La pauta ya la están marcando los países del Sudeste asiático que, si bien han mantenido diálogos bilaterales, también han coordinado respuestas y políticas a través de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Esta estrategia regional, aunque más costosa en el corto plazo, puede ser la mejor a mediano y largo plazo. Especialmente si, como afirma The Economist, hemos entrado en una era del caos.

La pauta ya la están marcando los países del Sudeste asiático que, si bien han mantenido diálogos bilaterales, también han coordinado respuestas y políticas a través de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Esta estrategia regional, aunque más costosa en el corto plazo, puede ser la mejor a mediano y largo plazo. Especialmente si, como afirma The Economist, hemos entrado en una era del caos.

Gerentes públicos del mundo

Por

Sebastián Godínez Rivera

26 abril, 2025

La Administración Pública (AP) está asociada a la burocracia y estructura del Estado, de acuerdo con teóricos como Alexis de Tocqueville, Jean Bonin, Dwight Waldo o Woodrood Wilson, por mencionar algunos. Sin embargo, la AP también es una ciencia social que contribuye al diagnóstico de los problemas que aquejan a la sociedad. Se trata de una de las ciencias que más impactan en la vida de las personas, puesto que la seguridad, los servicios públicos, la educación y la salud, entre otros, están ligados íntimamente con la vida diaria.

Cabe destacar que la AP no es estática, sino que ha tenido diversos cambios a lo largo del tiempo. En El Antiguo Régimen y la Revolución Tocqueville destacó que fue la burocracia quien sobrevivió al derrumbe de los absolutismos. Por su parte, Weber analizó la organización del Estado prusiano, que era el más eficiente, eficaz y efectivo al momento de implementar políticas públicas. Sin embargo, con la llegada del siglo XX, la administración se fue transformando y estuvo marcada por otras escuelas.

Entre 1920 y 1932 el taylorismo y el fordismo influyeron en la administración apelando al consumo, la eficiencia y la división social del trabajo. Entre 1940 y 1950 surgió la escuela de las relaciones humanas, que impulsaba el análisis de las organizaciones a través de los individuos y sus comportamientos. A la par surgió la denominada Escuela de la Contingencia, enfocada en analizar las organizaciones por los estímulos internos y externos a los que están expuestas.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las ciencias sociales cobraron relevancia y estuvieron marcadas por el triunfo de la democracia liberal sobre los fascismos. La AP no fue la excepción y adoptó un enfoque bidimensional centrado en 1) la democracia electoral y liberal, y 2) la conformación del estado del bienestar, es decir, un modelo interventor que redistribuía la riqueza e intentaba reducir las brechas de desigualdad.

Durante la década de los años setenta del siglo XX, el estado del bienestar se agotó y dio paso a un Estado mínimo, centrado en la nula intervención de la economía y sustentado en el dogma de que el mercado se regula solo. La entrada del proyecto desregulador impactó en la Administración Pública dando paso a la Nueva Gestión Pública (NGP), centrada en incluir principios de las empresas privadas en el Estado y con esto corregir males como la corrupción, la ineficiencia y su robustez, ya que contaba con varias empresas.

El mundo comenzó a presenciar el ascenso de presidentes y primeros ministros que no necesariamente eran administradores de formación, pero sí impulsan la NGP a través de sus políticas desreguladoras. Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos fueron los principales personajes que impulsaron la liberalización económica, las privatizaciones de empresas del Estado y la reducción de la intervención del Estado en la economía.

Estos personajes centraron sus proyectos en la rentabilidad de las empresas para la economía de sus naciones. Hablamos de eventos como el cierre de minas en Reino Unido y las protestas callejeras desafiando a Thatcher o el proyecto reaganomics, centrado en reducir el impuesto al petróleo y simplificar el sistema tributario. Estas decisiones buscaban sanear las economías, eliminar la carreta de los aranceles y combatir la corrupción que se había gestado en gobiernos anteriores.

Sociólogas como Naomi Klein lo llamaron la doctrina del shock, es decir, aplicar un tratamiento agresivo contra la enfermedad, o sea, la crisis económica. En América Latina, la NGP estuvo acompañada de los gobiernos militares como los de Augusto Pinochet en Chile y Rafael Videla en Argentina; ambos generales fueron cobijados por la doctrina de seguridad nacional, impulsada por Henry Kissinger, pero también contaban con un proyecto económico. Estos gobiernos privatizaron diversas empresas, puesto que el objetivo era reducir la carga fiscal en la economía.

Durante la década de los ochenta y los noventa, América Latina estuvo gobernada por una gama de presidentes que son catalogados como parte de la NGP. En la ciencia política este periodo coincidió con el ascenso de lo que se denomina neopopulistas, en referencia a personajes carismáticos con discursos que prometían eliminar los problemas heredados a través de la desregulación económica. Todos fueron electos democráticamente, pero algunos ya en el poder optaron por el autoritarismo.

Un neopopulista como Alberto Fujimori en el Perú, que gobernó con poderes absolutos de 1992 a 1999, lo logró asociado con los grandes capitales del país y adoptando el Consenso de Washington. En Argentina, Carlos Menem privatizó cerca de 80 empresas estatales correspondientes al sector minero, militar y de telecomunicaciones, entre otros. Mientras tanto, en México el proyecto desregulador estuvo acompañado del entonces partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PRI impulsó a Carlos Salinas de Gortari, que, ya como presidente, prometió que abrazaría el liberalismo social, es decir, asignó otro nombre al proyecto neoliberal. Salinas logró renegociar la deuda externa de México, vendió empresas que no eran rentables para el Estado y generó un nuevo crecimiento económico. Una característica de su gobierno es que el gabinete estaba integrado por miembros que habían estudiado en las principales escuelas de Estados Unidos: la Universidad de Chicago, Yale y Harvard.

Algunos otros presidentes de larga data en la izquierda y críticos de las grandes potencias también adoptaron políticas de libre mercado. En Brasil, el sociólogo Fernando Henrique Cardoso, quien, en su texto conjunto con Enzo Faletto Dependencia y desarrollo económico en América Latina criticó el imperialismo económico, cuando fue presidente tuvo que sumarse al modelo librecambista.

En otras latitudes, como Europa del Este y Asia, la historia tuvo algunas variaciones. Durante la tercera ola de democratización de acuerdo con Samuel Huntington, los ex países soviéticos adoptaron economías de libre mercado y democracias parlamentarias; empero, los procesos que realizaron solo consolidaron Estados mafiosos, es decir, el poder político y económico se unificaron en una élite empresarial que está asociada al gobernante en turno.

Rusia es el mayor ejemplo de ello. Boris Yeltsin fue el primer presidente de la Federación Rusa; en su mandato vendió empresas del Estado a ex miembros de los soviets, lo que creó una oligarquía. Cuando fue sucedido por Vladimir Putin, quien ha alternado el poder como primer ministro y presidente, las privatizaciones continuaron. El distintivo con su antecesor es que Putin coptó a las élites económicas, lo cual le ha permitido mantenerse en el poder y eliminar cualquier vestigio de oposición real.

Putin no sometió al poder económico a su poder autocrático, sino que creó una relación simbiótica, se necesitan mutuamente para sobrevivir. Rusia no es una democracia, pero al empresariado no parece molestarle, mientras siga obteniendo beneficios. Por otro lado, en Asia la historia de la modernización está marcada por la Nueva Gestión Pública y los autoritarismos.

Países como Corea del Sur, Singapur y Filipinas estuvieron marcados por autoritarismos que abrazaron el libre mercado. En el caso de Corea del Sur y el archipiélago filipino, las dictaduras militares y personalistas respectivamente fueron esenciales para integrar a estos países a la globalización. En el caso de Singapur, el partido hegemónico, Acción Popular, ha gobernado desde la independencia, pero se ha adaptado a los cambios económicos en un mundo interconectado.

Todos los casos mencionados con antelación están asociados a la Nueva Gestión Pública, puesto que se han adoptado enfoques del sector privado para implantar modelos de libre mercado. En algunos casos el autoritarismo ha acompañado a la desregulación económica, ya sea por gobiernos autoritarios civiles o militares; en otros, ha sido un proyecto que trasciende a las presidencias; y en otro puñado, ha coexistido con la democracia liberal.

Cabe destacar que los líderes descritos con antelación no son los únicos ligados a la NGP, sino que el mundo está presenciando el ascenso de otros que tienen tintes empresariales más marcados. Solo por mencionar algunos, Donald Trump y el respaldo que le han dado los gigantes tecnológicos como Musk, Bezos o Zuckerberg; Nayib Bukele y sus innovaciones en las criptomonedas; Javier Milei, quien gobierna Argentina como una empresa privada, o Xi Jing Ping, que ha guiado a China hacia la conversión tecnológica.

El Papa de este mundo

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Fabián Bosoer

24 abril, 2025

En los doce años que duró su pontificado, el Papa Francisco, se destacó como figura singular y descollante en un mundo signado por la vacancia de liderazgos a la altura de los desafíos globales que enfrenta el Planeta. Viniendo de un país en el que hace tiempo han entrado en crisis los grandes liderazgos, Francisco se proyectó como el jefe de Estado argentino más carismático e influyente de la historia en el mundo actual.

Esa fue una de sus peculiaridades: un latinoamericano a la cabeza de un estado europeo, el más pequeño del mundo, portador de una influencia y una proyección de alcance global, que supo trascender su dimensión religiosa como jefe de la Iglesia Católica.

Este Papa argentino que no volvió a pisar el suelo de su país natal, atravesó fronteras con su palabra y su testimonio, como impulsor del diálogo ecuménico e inter-religioso, peregrino de la paz en un mundo en guerra; promotor de las ideas de justicia social y protección del medio ambiente frente a las desigualdades extremas y el deterioro ambiental que impacta en todas las geografías y sociedades. Un jesuita que habló de la idea de bien común para un mundo en cambio constante, y el “cuidado de la Casa Común”, como titula su encíclica Laudato Si, situando los postulados de Libertad, Igualdad y Fraternidad en las encrucijadas del siglo XXI.

Andrea Riccardi, historiador y uno de los más destacados intelectuales del campo católico en Italia, fundador de la Comunidad de San Egidio, explicaba en nota del Corrierre della Sera, que “el primer pontificado en el mundo global, ajeno a la articulación posconciliar entre progresistas y conservadores, nació como respuesta a la desorientación”. Bergoglio compartió la idea de que la Iglesia de Roma tenía que cambiar, común a cardenales de diferentes procedencias y posiciones.

Pero además, entendió que algo en el fondo había cambiado entre los católicos, que el “nosotros” se había resquebrajado y había que relanzar una orientación común. Fue el reto de “salir” que propuso a los pocos meses de su elección con la encíclica Evangelii gaudium, escribe Riccardi. La elocuente frase de Francisco, recién elegido, signó su pontificado: “Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo (al nuevo Papa) casi al fin del mundo”. El “guía” se buscaba fuera de los mundos habituales.

Francisco le imprimió una renovación a la Iglesia, conmovió sus cimientos, ventiló sus asuntos. Lejos de su tierra natal, se ha demostrado un Papa más mundano y cercano que sus antecesores. También, como el Papa más pensado y discutido. Es ese también parte de su legado.

_{*Texto publicado originalmente en Clarín}

Una paz armada en Colombia

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Diego Pérez

25 abril, 2025

La firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016 marcó un hito histórico en la búsqueda de la paz. Tras décadas de conflicto interno, el país entero contuvo la respiración, anhelando que la paz se convirtiera en la regla y no en la excepción. Se esperaba que, una vez superada la violencia, las regiones históricamente afectadas por la guerra pudieran comenzar a sanar y reconstruirse. Aunque el acuerdo fue un paso crucial, la situación de seguridad en Colombia sigue siendo un desafío.

La complejidad de alcanzar la paz en medio de tensiones, nuevos conflictos y uso de tecnologías como drones ha llevado al país a una situación de “paz armada”. La aparición de nuevos actores criminales y conflictos subyacentes ha retrasado la llegada de la paz en zonas donde el Estado no ha logrado atender las necesidades de la población. Al igual que la “Paz Armada” europea —periodo entre 1871 y 1914 marcado por el auge de la industria bélica, alianzas militares y el aumento de tensiones internacionales— Colombia atraviesa un clima de constante tensión, alimentado por un enfoque gubernamental más reactivo que preventivo.

Han pasado ocho años y seis meses desde la firma del acuerdo entre la longeva guerrilla FARC-EP y el Estado colombiano, un pacto en el que la dejación de armas, la reinserción a la vida civil de sus integrantes y el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición constituyeron la columna vertebral de una paz estable y duradera. No obstante, el conflicto se ha recrudecido en regiones como Cauca, Norte de Santander y Chocó —por nombrar algunas—, dejando a los civiles atrapados entre la zozobra y el miedo.

La “Paz Total” —bandera insignia del gobierno— ha sido un esfuerzo loable por poner fin al conflicto con disidencias y bandas urbanas. Sin embargo, no ha logrado cumplir su objetivo, especialmente en territorios como Nariño, Cauca y Norte de Santander, donde los ataques contra la población civil han aumentado —solo en Cauca se han registrado ocho ataques en lo que va de 2025—.

A su vez, la Paz Urbana en Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá ha mostrado ciertos avances. No obstante, la violencia se intensificó cuando el gobierno no supo aprovechar los 18 meses de tregua entre los Shottas y los Espartanos, un periodo clave en el que debió acelerarse la creación de un marco legal para negociar con estas bandas, al tiempo que se enfrentaban la desigualdad y la falta de oportunidades en el principal puerto del país. Los grupos armados y las guerrillas se afianzan en los territorios, incrementando la violencia y reduciendo las posibilidades de alcanzar una paz duradera —una paz que, hasta ahora, ha sido más parcial que total—.

La paz parece estar lejos de consolidarse como un fin, convirtiéndose más bien en un medio para la criminalidad. Aunque la “Paz Total” suena atractiva, la alta rentabilidad de las economías ilegales, el resurgimiento del conflicto en varias regiones, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el desplazamiento forzado, las disputas territoriales y el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz conforman el “cóctel” perfecto para la expansión de un conflicto más amplio, más violento y cada vez más difícil de resolver en el corto plazo.

La situación actual de Colombia guarda similitudes con la “Paz Armada” europea, cuando las potencias se preparaban para la guerra mientras sostenían una fachada de paz, adoptando nuevas tecnologías y tejiendo alianzas entre actores diversos. En ambos contextos, la paz no ha significado el fin de las tensiones, sino más bien una tregua temporal o una convivencia precaria.

En este escenario, los grupos armados han tejido alianzas para mantener el control territorial, social y económico de actividades ilegales, con el objetivo de impedir la entrada de otras estructuras criminales a sus zonas de influencia. Un ejemplo claro son las alianzas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 4 de las disidencias de Iván Mordisco, que buscan frenar el avance del Clan del Golfo en departamentos como Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Córdoba.

La incorporación de drones al conflicto ha marcado un nuevo paradigma en la guerra. Las guerrillas han empezado a utilizar estas tecnologías como una nueva forma de lucha para atacar tanto objetivos militares como civiles, representando un reto significativo para las fuerzas de seguridad. La versatilidad y adaptabilidad de estos dispositivos dificultan su detección y neutralización, lo que obliga a replantear con urgencia las estrategias de defensa y seguridad.

En este contexto, si bien la “Paz Total” busca poner fin a la violencia en las regiones y a la inseguridad en las ciudades, enfrenta obstáculos complejos como la persistencia de grupos armados disidentes y sus alianzas, el narcotráfico y la corrupción. Al igual que en la “Paz Armada” europea, la paz en Colombia es frágil y exige vigilancia constante para evitar que la violencia resurja con mayor fuerza.

Entre luces y sombras: el lento avance de la igualdad de género en la región

Por

Marco T. Bustos Gutiérrez

24 abril, 2025

Un informe publicado recientemente por la CEPAL y ONU-Mujeres arroja una radiografía clara —y preocupante— del estado actual de la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Bajo el título “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género a 2024”, este documento nos enfrenta con una realidad ineludible: el avance hacia la igualdad de género sigue siendo insuficiente, desigual y, en muchos casos, estancado.

La Agenda 2030, firmada en 2015 por 193 países miembros de la ONU, estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 5, dedicado a lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas. Este objetivo, lejos de ser un mero ideal, está profundamente anclado en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Alcanzarlo no solo significa cerrar brechas legales y culturales, sino también garantizar que la mitad de la población mundial pueda ejercer plenamente su potencial, contribuir al desarrollo económico, y vivir una vida libre de violencia y discriminación.

Sin embargo, según el informe, estamos lejos de lograrlo. La mayoría de los indicadores analizados muestran un progreso lento, y algunos en franco retroceso. Las acciones implementadas para reducir la violencia de género, erradicar el matrimonio infantil, incrementar la participación de mujeres en espacios de liderazgo y facilitar el acceso a tecnologías siguen siendo insuficientes. A este ritmo, el cumplimiento del ODS 5 para el 2030 parece una meta inalcanzable.

Especialmente alarmante es la situación relacionada con los marcos jurídicos. En varios países de América Latina, la legislación aún no ofrece garantías suficientes para proteger a las mujeres en su vida pública y privada. La falta de normas claras o la no aplicación de las existentes perpetúan un entorno en el que la violencia, la discriminación laboral y la desigualdad en el hogar siguen siendo moneda corriente.

Además, en ciertas áreas, los datos proporcionados por los países son insuficientes como para evaluar si se ha avanzado o no. Temas como la carga de cuidados no remunerados, los derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a la propiedad de la tierra siguen siendo invisibilizados en muchos países de la región, lo cual no solo dificulta el diagnóstico, sino también la acción efectiva.

El informe también destaca cuatro obstáculos estructurales que perpetúan la desigualdad de género: la persistente desigualdad socioeconómica, los patrones culturales patriarcales, la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder en manos de unos pocos. Estos factores no solo refuerzan la exclusión de las mujeres, sino que también limitan el progreso de nuestras sociedades en su conjunto.

La desigualdad de género no es un problema que afecte solo a las mujeres: es un obstáculo para el desarrollo sostenible. Cuando las mujeres no pueden acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones, cuando se ven obligadas a asumir desproporcionadamente las tareas de cuidado, cuando son excluidas de los espacios de decisión política o empresarial, las economías pierden talento, las democracias se debilitan y el tejido social se resiente.

Frente a este panorama, es urgente repensar nuestro modelo de desarrollo. Necesitamos transitar hacia lo que el informe llama “una sociedad del cuidado”, en la que las responsabilidades domésticas y de cuidado se distribuyan de forma justa entre hombres, mujeres, el Estado y el mercado. Una sociedad que además de reconozca el valor de estos trabajos, los incorpore como parte esencial del bienestar colectivo.

Además, es necesario desarrollar marcos jurídicos más robustos, asignaciones presupuestarias con perspectiva de género y políticas públicas que realmente apunten a transformar las condiciones estructurales de desigualdad. La igualdad de género no puede depender únicamente de la voluntad individual, sino que requiere de decisiones políticas firmes, recursos sostenidos y, sobre todo, de una transformación cultural profunda.

En medio de tantas cifras y diagnósticos, a veces corremos el riesgo de perder de vista lo esencial: la igualdad de género no es solo un objetivo técnico o un indicador que alcanzar. Es una apuesta ética que tiene como objetivo alcanzar sociedades más justas, inclusivas y humanas. En América Latina, aún tenemos un largo camino por recorrer. Pero si algo nos enseña este informe, es que no podemos darnos el lujo de seguir postergando ese viaje.

América Latina a la cola del desarrollo financiero a nivel global

Por

Andrea Yánez Arcos | León Padilla | Ariana Serrano

23 abril, 2025

El Desarrollo Financiero (DF) se entiende como la mejora en las funciones del sistema financiero, lo que permite una asignación más eficiente de los recursos hacia el sector real de la economía. En los últimos años, América Latina y el Caribe han realizado importantes esfuerzos para fortalecer sus sistemas financieros, promoviendo la inclusión en el sistema bancario. No obstante, la región aún se encuentra rezagada frente a otros mercados emergentes, especialmente en lo que respecta al crecimiento y consolidación de sus mercados financieros.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mide el DF mediante un índice basado en dos dimensiones principales: instituciones y mercados financieros. Estas dimensiones a su vez evalúan tres pilares: profundidad, acceso y eficiencia. Este índice, con valores de 0 a 100, indica un mayor desarrollo a medida que se aproxima al 100. Por ejemplo, en 2023, Asia alcanzó un promedio de 60,76 puntos reflejando grandes avances en la modernización de sus sistemas financieros liderados por China e India. Y África registró un crecimiento notable, llegando a 38,16, aunque con importantes retos pendientes.

Por otro lado, América Latina mostró el crecimiento más bajo, pasando de 15 puntos en 1992 a solo 26,45 en 2021. Este bajo promedio se debe a la baja calidad institucional, la limitada inclusión financiera, al escaso desarrollo de los mercados financieros, una marcada dependencia del sistema bancario y mínima o nula educación financiera.

La región enfrenta desafíos importantes en términos de inclusión financiera, lo que impacta negativamente en su desarrollo económico. Aun así, ha mostrado un mejor desempeño en cuanto al desarrollo de las instituciones financieras gracias a la implementación de políticas que han logrado ampliar los servicios a segmentos de la población excluidos. Sin embargo, el acceso y uso de estos sigue siendo limitado, especialmente entre mujeres, jóvenes y personas en zonas rurales. Además, la inclusión de los mercados financieros, que constituyen un aspecto importante del sistema, muestran aún poco desarrollo.

Según un informe de Americas Market Intelligence (AMI), entre 2020 y 2023 la mayoría de los latinoamericanos accedió a productos financieros básicos, aunque un 21% sigue excluido. Si bien casi ocho de cada diez personas tienen acceso a servicios financieros, aún persisten desafíos para lograr una inclusión más avanzada. Solo el 58% cuenta con tarjeta de crédito y apenas 3 de cada 10 acceden a productos como préstamos, seguros o inversiones. De hecho, apenas el 59% de personas de bajos ingresos poseen una cuenta bancaria.

Los gobiernos han sido clave en este avance ya que el 15% de los ciudadanos abrió su primera cuenta gracias a la digitalización de programas de asistencia estatal y el uso de productos financieros avanzados está creciendo rápidamente, lo que refleja una mayor integración financiera en la región.

Relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico

Un mayor desarrollo financiero, especialmente mediante el acceso al sistema bancario, impulsa la inclusión financiera. Según el Banco Mundial, en 2017 más de 1.200 millones de adultos a nivel global accedieron a una cuenta bancaria, facilitando su participación en la economía formal. Este acceso es clave para el crecimiento económico, ya que permite a hogares y empresas interactuar activamente con el sistema financiero. Las empresas pueden financiar proyectos productivos y generar empleo, mientras que los hogares satisfacen necesidades de consumo e inversión. A su vez, la inclusión fortalece la estabilidad del sistema financiero al integrar a sectores antes excluidos, promoviendo un crecimiento más equitativo y sostenible.

Además del acceso, la profundidad y la eficiencia del sistema financiero también impulsan el crecimiento económico. Una mayor profundidad, reflejada en el tamaño y la liquidez del sistema, amplía los recursos disponibles para financiar actividades productivas, facilita el crédito y promueve el financiamiento de proyectos de alto impacto. Y una mayor eficiencia reduce los costos de intermediación, optimiza la asignación de recursos y fortalecer sectores estratégicos. En conjunto, estos factores estimulan el consumo, la inversión, la innovación, la acumulación de capital y el empleo.

Un estudio de la facultad de economía de la Universidad de Las Américas del Ecuador evaluó la relación entre el DF y crecimiento económico entre 1992 y 2019 para un conjunto de 18 países de ingresos medios altos, en su mayoría de América Latina, África y Asia. Los resultados mostraron que, en efecto, el DF tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico. En el caso de América Latina, ante el aumento en la variación de un punto en el índice de DF, el crecimiento económico en promedio fue del 0,1%.

No obstante, en América Latina el impacto del desarrollo financiero es limitado por problemas estructurales e institucionales. La baja calidad institucional dificulta la aplicación de políticas efectivas, genera asimetrías de información y mantiene mercados incompletos, lo que restringe el acceso y la eficiencia del sistema financiero. Además, la región enfrenta importantes desafíos en el desarrollo de sus mercados, en comparación con otros emergentes, especialmente en términos de profundidad y eficiencia. Esta situación se ve agravada por la fuerte dependencia del sistema bancario, que limita la diversificación de fuentes de financiamiento y reduce el potencial del desarrollo financiero para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Conclución

Para impulsar el desarrollo financiero, se deben aplicar políticas que fortalezcan la inclusión y el sistema bancario. Medidas como el uso de dinero electrónico móvil, usado exitosamente en Perú, o incentivos fiscales para ampliar la cobertura bancaria, como en Brasil, mejoran el acceso en zonas rurales. Además, adoptar estándares internacionales como los acuerdos de Basilea refuerza la solidez del sistema. Estas acciones no solo expanden la cobertura, sino que también mejoran la eficiencia y profundidad del sistema financiero.

Desde los mercados de capitales, el desarrollo financiero requiere ampliar el acceso y fortalecer su estructura. La integración regional, regulaciones más simples y una mayor educación financiera permiten a más personas invertir con seguridad y conocimiento. Una infraestructura legal robusta asegura transparencia y confianza, favoreciendo tanto a empresas como a inversionistas.

El desarrollo financiero (DF) es un pilar fundamental para dinamizar la actividad económica de cualquier país. Pero para ello, los gobiernos de la región deben fortalecer los sistemas financieros a través de políticas y regulaciones eficaces que promuevan un mayor acceso a los servicios financieros y amplíen los mercados financieros. Esto permitiría que un número creciente de personas y empresas se integren al sistema, facilitando el financiamiento de actividades productivas. Un sistema financiero sólido y desarrollado, no solo actúa como un motor del crecimiento económico, sino que también contribuye a reducir las desigualdades sociales.

Francisco, el profeta con cepillo de dientes

Por

Pablo Ospina Peralta

22 abril, 2025

“Es muy pronto para opinar”, dicen que respondió el primer ministro chino Zhou Enlai cuando le preguntaron sobre el impacto histórico de la revolución francesa. El antecedente histórico inmediato del pontificado de Francisco fue el largo invierno eclesial inaugurado por Juan Pablo II y continuado de forma harto menos carismática y más doctrinal por Benedicto XVI. Contra esa larga y pesada herencia se enfrentó Francisco armado de su cepillo de dientes: “hacer reformas en Roma es como limpiar la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes”, bromeó en 2017.

La metáfora sirve. Juan XXIII emprendió una reforma más profunda contra una herencia varias veces milenaria armado del Concilio Vaticano II. Y detrás del Concilio pululaba una urdimbre de sacerdotes, monjas, obispos, teólogos y agentes de pastoral, que desarrollaron sus enseñanzas e incluso radicalizaron sus implicaciones. Los vientos de la época inundaron las ventanas carcomidas de la institución más venerable de Occidente.

Cuando Jorge Bergoglio, primer papa latinoamericano, calzó el anillo del pescador, cargaba tras de sí una trayectoria moderada e incluso conservadora, casi tan inofensiva como la de Juan XXIII. Pero más importante era que las tormentas del mundo soplaban en otra dirección, con un ejército de agentes de pastoral que no solo respondían a la ola conservadora de la institución sino a una onda expansiva conservadora impulsada por el miedo, la incertidumbre y la helada convicción de que el futuro se anuncia peor de lo que fue el pasado.

En ese marco improbable, Francisco inauguró una tímida e impensable primavera. El legado más poderoso acaso será su compromiso con la defensa de la faz de la Tierra en la memorable Encíclica Laudato Sí. Acompañaba con ella un movimiento social real y reforzaba una tendencia vigorosa entre los más jóvenes. Pero hizo otros gestos. Desde el nombre elegido (Francisco), con el que nos cayó la sorpresa de que ningún pontífice había recuperado nunca para identificarse al apóstol de los pobres y hermano de los animales. Terminó acogiendo, casi a contratiempo, a las parejas homosexuales, sus hijos y los titulares de identidades sexuales no binarias. El diablo entra por el bolsillo, dijo en una ocasión y reivindicó una iglesia fiel a sus orígenes esclavos. Tomó como suya la lucha de migrantes ilegalizados y refugiados, trabajadores marginados y pueblos originarios despojados. Dicen que también protagonizó un giro en la selección de cardenales para contribuir a una profundización futura de la orientación que buscó inaugurar. Eso es más difícil de garantizar. Después de todo, nadie escribió nunca su propio epitafio. Fueron los cardenales elegidos por Juan Pablo II y Benedicto quienes eligieron a Francisco.

Estuvimos bastante lejos de las mejores fantasías revolucionarias de la Teología de la Liberación. Pero la frescura de una cabeza de Iglesia que abandonó por un breve interludio su imperturbable complicidad con el orden establecido, podía llenarnos de un saludable y moderado optimismo. Sus límites son los de nuestro tiempo. Quizá no sea así, pero la imagen predominante es la de un profeta solitario predicando más cerca del desierto que de multitudes atentas. Falta un movimiento detrás de la voz. Aquí y allá sigue vertebrándose la voluntad de caminar. Pero la marcha es demasiado lenta y todavía reactiva. Una voz arriba, en el Vaticano, ayuda, pero no sustituye los procesos colectivos que articulan a activistas, agentes de pastoral y multitudes en busca de alternativas. Hemos perdido una voz. Un hombre bueno. Ojalá sea solo temporal.

La imposible unidad de la oposición boliviana

Por

Franz Flores

21 abril, 2025

Ha causado gran decepción en muchos sectores la reciente disolución del bloque opositor al MAS. De esta manera, el único freno que podía detener al masismo en sus tres versiones (arcista, evista y androniquista), ha quedado desactivado. Al respecto quisiera plantear algunas preguntas: ¿La oposición estuvo siempre dividida? ¿Qué candidato restó votos? ¿Se puede hablar de un techo de votación de la oposición? ¿Qué deben hacer los opositores ahora que cada uno corre por su cuenta?

Históricamente los partidos de oposición nunca han logrado unirse, si por ello se entiende una candidatura y sigla única. Si vemos los datos de las elecciones posteriores a la debacle del multipartidismo (1982-2005), comprobamos que para las presidenciales de 2009 se presentaron 7 candidaturas; cuatro años después, en 2014, la oposición se dividió en 6 frentes; posteriormente para las generales de 2019 y 2020 se presentaron 4 postulaciones opositoras. Por tanto, que hoy vayan separados es la constatación de una tendencia, no una novedad en sí misma.

Pese a ello, la ciudadanía buscó agrupar su votación en torno a un solo candidato. En las elecciones presidenciales de 2009 se unió en torno a Manfred Reyes Villa (26.8%) y en 2014 en torno a Samuel Doria Medina (24,23%). Finalmente en 2019 y 2020 el voto antiMAS favoreció a Carlos Mesa que logró el 31,05% y el 29,06% de los votos respectivamente.

Si dejamos de lado a los partidos que no lograron pasar del 1% de los votos, esos que Sergio Almaráz llamaba “taxi partidos”, los candidatos que dividieron la oposición fueron varios. En 2009 Samuel le restó voto a Manfred; en 2014 Tuto lo hizo con los votos de Samuel, en 2019 Chi dividió votos a Mesa y así como en 2020 Luis F. Camacho restó votos a Mesa.

En promedio, para cada elección, los partidos de oposición suman el 41, 68% del electorado. Este podría ser su techo de votación que, hipotéticamente, se podría lograr de ir unida la corriente antiMAS. Confabularon contra este propósito dos factores. El primero es la urgencia que tienen algunos opositores de intentar alcanzar la presidencia sin esperar cinco años. Tanto Samuel, como Tuto y Manfred, dentro de cinco años serán unos adorables setentones con más ganas del cariño de sus nietos que del apoyo del mundo nacional popular que, en parte, vota por ellos.

El segundo factor que impidió la unidad, es la posibilidad cierta de que Evo no participe en las elecciones de 2025. Sin Morales en la papeleta electoral de agosto, cada uno de los candidatos se siente lo suficientemente fuerte para vencer a una de las facciones del MAS. Este partido, dividido y sin capacidad para el recambio de liderazgo, ya no es un rival de peso.

Es posible que ello sea así, que los opositores hoy tengan mejores condiciones para ser más competitivos, sin embargo, han tomado el camino errado de solo hacer publicidad política y no pensar y menos proponer un horizonte de sociedad ni de Estado realmente alternativo. Se habla de la agonía o la muerte del actual modelo, pero no hay otro que sea pensado desde una lectura adecuada, meditada y discutida desde la sociedad boliviana. Lo que hay son estrategias marketeras llevadas a cabo por líderes con mucho dinero, pero carentes de ideología.

Desde la salida de Morales del poder en 2019, el país pasa por un reconfiguración política que se cristalizará en los comicios de agosto de 2025 y en las subnacionales que vendrán a continuación. Ahí se sabrá qué músculo político tiene cada actor en este país y cuál es la porción de poder que le toca.

Por la inutilidad que ha mostrado la oposición para configurar un proyecto de país que pueda sostener su unidad, lo que se puede avizorar es que este proceso solo será el resultado de la pugna interna del MAS al cual se irán adhiriendo las otras corrientes políticas. El MAS, nuevamente, jugará prácticamente solo.

De este modo, una buena parte del poder se repartirá entre las tres facciones del MAS, cuyos principales líderes ven divertidos cómo sus opositores se destrozan y anulan mutuamente.

La globalización en su encrucijada

Por

Edwin Lopez Rivera

20 abril, 2025

La globalización contemporánea no constituye un fenómeno reciente sino un proceso histórico cuyos antecedentes se remontan al siglo XIX. Como documenta el historiador Carlos Marichal, este complejo sistema de interacciones económicas, políticas y culturales ha atravesado por fases de intensificación, estancamiento e incluso regresión. En el contexto actual, caracterizado por el resurgimiento de medidas proteccionistas y conflictos comerciales entre las principales potencias económicas, surge el interrogante sobre si estamos presenciando un momento decisivo en esta prolongada trayectoria de interconexión mundial.

El análisis histórico de la globalización revela su naturaleza cíclica y fluctuante. En la segunda mitad del siglo XIX, la convergencia entre la Revolución Industrial, los avances en los sistemas de transporte y la consolidación de las finanzas internacionales propiciaron el surgimiento de los mercados con alcance genuinamente global. Esta fase expansiva estuvo ligada al imperialismo europeo, que, si bien impulsó la integración económica a escala planetaria, simultáneamente generó profundas asimetrías estructurales. Las contradicciones durante este período culminaron en la era de entreguerras, cuando se produjo un retroceso en los procesos de integración con la adopción generalizada de políticas proteccionistas y medidas restrictivas al comercio.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el escenario internacional se reconfiguró alrededor de tres polos: el capitalismo occidental liderado por Estados Unidos, el bloque comunista y los movimientos de descolonización. Esta globalización «tripolar» dio paso, a partir de los años ochenta, al modelo neoliberal caracterizado por la libre circulación de capitales, la desregulación financiera y el protagonismo de las corporaciones multinacionales. Fue la época dorada de la globalización, cuando parecía que las fronteras económicas desaparecerían por completo.

Sin embargo, el siglo XXI ha traído consigo contradicciones y desafíos inéditos para este modelo. La crisis financiera global de 2008 marcó el inicio de un periodo de cuestionamiento profundo al orden económico internacional establecido. Pero fue sin duda la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016 lo que aceleró de manera decisiva el giro proteccionista y nacionalista en la economía política global. Su administración declaró una guerra comercial abierta contra China, imponiendo aranceles punitivos de hasta el 25% sobre importaciones por valor de 250,000 millones de dólares. Aunque estas medidas lograron reducir levemente el déficit comercial bilateral (que pasó de 420,000 millones de dólares en 2018 a 345,000 millones en 2020 según datos del US Census Bureau), sus costos colaterales fueron significativos: presiones inflacionarias en productos importados, disrupciones en las cadenas globales de suministro, y represalias comerciales que afectaron particularmente al sector agrícola estadounidense, especialmente los productores de soja y cerdo.

Mientras Estados Unidos se encerraba en su estrategia proteccionista, China demostró una notable capacidad de adaptación y comenzó a reorientar sus flujos comerciales hacia otras regiones del mundo. Datos del Banco Mundial revelan un crecimiento espectacular del 86% en las exportaciones chinas hacia América Latina entre 2010 y 2020, concentrándose especialmente en manufacturas de mediana y alta tecnología. A cambio, la región incrementó sus exportaciones de materias primas hacia el gigante asiático, hasta el punto de que más del 60% de las ventas externas de países como Brasil y Chile a China correspondieron a productos minerales y agrícolas. Esta relación comercial se complementó con un aumento significativo de las inversiones chinas en infraestructura en la región, particularmente en los sectores energético, de transporte y telecomunicaciones.

Al iniciar su segundo mandato, el gobierno de Trump ha intensificado y ampliado su estrategia proteccionista, imponiendo nuevos gravámenes a productos (excluyendo servicios) procedentes de 185 países, con China como principal objetivo. Los aranceles inicialmente establecidos en 34% para el país asiático han escalado progresivamente ante la firme resistencia china en las negociaciones comerciales. Esta situación configura un escenario que rememora las prácticas mercantilistas del siglo XVI. La Organización Mundial del Comercio ha visto erosionada su autoridad frente al aumento de medidas unilaterales que incluso contradicen tratados negociados bajo sus principios fundacionales.

La paradoja histórica es evidente: Estados Unidos, principal arquitecto del orden comercial multilateral en 1945, se ha convertido hoy en su mayor detractor. Algunos líderes regionales, como el presidente colombiano Gustavo Petro, interpretan este giro como el declive del neoliberalismo. Sin embargo, esta perspectiva resulta algo simplista. Mientras el comercio de bienes y la movilidad laboral enfrentan restricciones proteccionistas, los flujos de capital y servicios mantienen la desregulación característica de las últimas décadas, lo que indica más bien una transformación que un colapso del modelo económico global.

Para América Latina, este contexto global plantea desafíos complejos. La histórica dependencia de las exportaciones de materias primas y la concentración del comercio exterior en pocos mercados representan vulnerabilidades estructurales que la región no ha logrado superar. La falta de coordinación regional, derivada de diferencias ideológicas, reduce su capacidad negociadora frente a bloques económicos consolidados. El mayor reto es desarrollar capacidades tecnológicas e industriales propias para integrarse competitivamente en cadenas globales de valor basadas en innovación y conocimiento, áreas donde China ha tomado ventaja.

La globalización evoluciona hacia una fase más fragmentada, marcada por la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Ante este escenario cambiante, América Latina debe construir una estrategia propia que le permita navegar con autonomía en un entorno cada vez más complejo. Esto implica comprender cómo se entrelazan la economía global con factores de seguridad nacional y competencia tecnológica. El gran desafío consiste en evitar que la región quede atrapada en los márgenes de la historia económica global, esta vez como simple escenario de una disputa entre gigantes que podría redefinir el orden mundial.

¿Qué cambios hay que hacer en la Constitución de Venezuela?

Por

Carlos Carrasco Muro

19 abril, 2025

Ante la propuesta de reforma de constitucional en Venezuela impulsada por el presidente del país, Nicolás Maduro, y liderada por el fiscal general, Tarek William Saab, la opinión pública identificada con la oposición ha manifestado la necesidad de organizar un frente unido por la defensa de la Constitución Nacional, promulgada bajo la presidencia de Hugo Chávez en 1999, y de la que, de forma irónica considerando el contexto actual, tanto Maduro como William Saab fueron constituyentes.

La incógnita de por qué cambiar una Constitución que fue construida por el mismo sistema político imperante de hoy en día resulta fácil de responder. La ley y la democracia resultan incómodas para quienes ostentan el poder. El “modelo de Estado burgués”, según afirman desde el oficialismo, debe ser “superado”.

Lamentablemente, este comportamiento no es nuevo en la tradición republicana de Venezuela. Durante su existencia, desde 1811, este país ha tenido 25 Constituciones, muchas de ellas solo para asegurar la permanencia del poder por parte del caudillo de turno.

Sin embargo, considerando los cambios geopolíticos y tecnológicos que atraviesa el sistema global, se vuelve pertinente brindar una discusión de mayor profundidad, pero sin ánimos de comprar la narrativa oficialista. Hay que preguntarse cuáles son aquellos cambios necesarios en la Constitución de Venezuela para volver a tener una democracia plena en el país, y que, a su vez, también pueda responder a los desafíos actuales que demanda la sociedad en su conjunto.

Bajo esta premisa, a continuación se mencionan al menos seis elementos relevantes para el debate constitucional:

Sobre la protección de los derechos humanos y las nuevas dimensiones digitales

Respecto al contenido sobre derechos humanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) tiene una serie de artículos que deberían permanecer igual para asegurar la protección de la dignidad humana ante cualquier eventual acción por parte del Estado y quienes puedan estar manejando las intuiciones en determinado momento. No obstante, hay ciertos aspectos que merecen una modificación para incluir la dimensión digital.

Este puede ser el caso del artículo 28 de la CRBV, en el que se afirma: “Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales…”. Ante el contexto digital y el uso de datos por parte de terceros (muchas veces sin previo consentimiento), resulta necesario actualizar este artículo para que incluya los datos usados de forma digital para garantizar su protección e inclusive establecer el derecho al olvido, como existe en la legislación europea.

Por otro lado, en el artículo 29 de la CRBV se indica: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades… Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios”. Si bien este aspecto no debe tener modificaciones regresivas, sí merece una modificación que incorpore mecanismos de justicia transicional, ya que, en un posible escenario de transición democrática, resulta muy probable que se deba contar con tribunales extraordinarios o inclusive con tribunales con jurisdicción internacional para garantizar el debido proceso de justicia y reparación de las miles víctimas de derechos humanos de los últimos años en Venezuela.

Sobre la nacionalidad y la ciudadanía

Esta dimensión se trata de uno de los puntos neurálgicos del concepto nación y de la cohesión social. Pero, luego de una crisis humanitaria compleja y una crisis migratoria a nivel de América Latina que tiene a Venezuela como uno de los países de origen de flujos migratorios, resulta necesario profundizar en el concepto bajo una visión más flexible.

Por ejemplo, en el artículo 41 de la CRBV se establece que solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de alto nivel. No obstante, considerando la migración de población venezolana en estos últimos años, muchos venezolanos tendrán en el futuro dos o más nacionalidades, por lo que resulta necesario eliminar este aspecto a nivel constitucional para incluir a todos aquellos venezolanos por nacimiento para ejercer cargos políticos sin restricciones.

En esa misma línea, considerando la composición de familias binacionales producto de la migración venezolana, también resultaría necesario reflexionar sobre una modificación del artículo 33, en el que se establece cómo se accede a la nacionalidad por naturalización. En ese sentido, la espera de 5 años para aquellos extranjeros casados con venezolanos debería reducirse y brindarles un acceso inmediato, en caso de que se solicite. Pasa lo mismo con la limitación de acceso a la nacionalidad, luego de 5 años de residencia como mínimo, solo para habitantes de determinados países (España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe). Esta preferencia debería ser eliminada y tener un criterio más general para incluir a aquellas familias binacionales, más allá de los países mencionados, que deseen permanecer en Venezuela.

Sobre los derechos políticos

Los derechos políticos son la dimensión con mayores violaciones por parte del Estado venezolano. En ese sentido, este aspecto merece una reflexión profunda para hacer las modificaciones necesarias que puedan prevenir los abusos por parte de ciertas instituciones, especialmente en caso de que sean manejadas por figuras autoritarias.

Sin embargo, se pueden mencionar otros aspectos relevantes para su discusión. Por ejemplo, el artículo 62 establece: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”. Considerando la realidad migratoria, se debería establece alguna modificación que garantice que este derecho a la participación se podrá ejercer más allá de no encontrarse residenciando en el territorio nacional.

De igual manera, el artículo 63, que establece que el sufragio es un derecho, también debería presentar una consideración para que este derecho sea asegurado para todos aquellos venezolanos que residan fuera del territorio nacional.

Sobre el reconocimiento de otros grupos étnicos (afrodescendientes)

La CRBV fue una de las primeras Cartas Magnas de esta última generación en la región que reconoce la existencia y el acceso a derechos de grupos tradicionalmente excluidos, como es el caso de los pueblos indígenas. Sin embargo, existe una deuda pendiente con el reconocimiento de otros grupos étnicos.

Uno de estos grupos son las comunidades afrodescendientes. Siguiendo el ejemplo de Colombia, país vecino y cuya composición social e historia son muy similares a las venezolanas, se debería establecer un apartado para las comunidades afrodescendientes en el que se reconozca su existencia y la necesidad de justicia y reparación, así como también el acceso a la participación política en los órganos legislativos.

Sobre la integración de la Asamblea Nacional y la representación de la diáspora

En Venezuela, el Poder Legislativo está representado por la Asamblea Nacional, cuya composición es unicameral. Considerando la experiencia de los últimos 26 años con la CRBV, se debería presentar un debate profundo para determinar si la vía unicameral sigue siendo adecuada para la orgánica política nacional o si resulta necesario volver a la bicameralidad tal como fue durante los últimos 40 años, antes de la llegada del chavismo.

Por otro lado, en el artículo 186, donde se establece la composición de la Asamblea Nacional de manera proporcional, se deberían considerar al menos dos modificaciones. La primera respecto a que ese principio de proporcionalidad represente también a la diáspora venezolana, diseminada por diversos países. Es decir, la Constitución debería garantizar que las personas migrantes venezolanas tengan representación a nivel legislativo, así como lo tienen otros países como Ecuador o República Dominicana.

Un segundo aspecto, muy vinculado al punto anterior, es la representación de grupos étnicos. En ese sentido, el artículo 186 establece que los pueblos indígenas tendrán tres representes en la Asamblea Nacional, y este mismo principio de inclusión debería aplicarse para las comunidades afrodescendientes basado en algún criterio de proporcionalidad y correspondencia geográfica.

Sobre los contrapesos institucionales

Más allá del Poder Ejecutivo y Legislativo, el Estado venezolano dentro de su Constitución contempla la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia, un Consejo Nacional Electoral, una Procuraduría General de la República, una Contraloría General de la República, una Fiscalía General de la República y una Defensoría del Pueblo. No obstante, considerando la realidad imperante en Venezuela en el régimen actual y los antecedentes de los últimos años, estos contrapesos institucionales resultan insuficientes.

Las instituciones creadas por el Estado de un país se encuentran determinadas por una dinámica política particular, así como también por una matriz cultural especifica. Dentro del debate constitucional actual, se debería considerar la creación de otras instituciones tomando el ejemplo de otros países. Por ejemplo, en Chile existe el Consejo para la Transparencia, cuya labor es fundamental para garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. También de este país se puede mencionar el Consejo de Defensa del Estado (CDE), un organismo autónomo encargado de representar y defender los intereses del Estado en asuntos judiciales y extrajudiciales. Una institución así puede ser útil considerando las disputas territoriales, los niveles de deuda y demandas que mantiene el Estado venezolano.

Volver a marcar la agenda

Si bien estas propuestas se formulan con la finalidad de generar un debate a nivel de contenido, no es la intención de esta reflexión negar la realidad. La mayoría de la población venezolana no está preocupada por una reforma constitucional; existen una serie de necesidades a nivel económico pendientes de trabajar, así como asuntos políticos que no encuentran resolución.

Los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 todavía marcan la agenda política del país. Además, la reciente crisis generada por la deportación de venezolanos desde Estados Unidos ha despertado una indignación nacional transversal. Por otro lado, también existe el debate sobre la participación de la oposición en las próximas elecciones del 25 de mayo, mientras que todavía hay más de 1.000 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

Ante esta realidad, se debe procurar ser eficiente con el uso de los recursos políticos. Un debate a nivel constitucional puede incluir muchos de los asuntos pendientes y de mayor importancia que demanda la sociedad venezolana. No obstante, si la agenda la sigue marcando solo el oficialismo, se tratará de una oportunidad perdida que solo consolidará un régimen cada vez más autoritario. Resulta importante volver a marcar agenda desde aquellos que creen en la democracia.

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