“¡Tenemos Ministerio de Seguridad Pública! Una idea que se discute desde el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que ha pasado por distintas administraciones y que ahora vemos materializada gracias a la unidad de distintos sectores políticos”, celebraba el presidente Gabriel Boric el 27 de enero al promulgar la ley. Hoy se ha nombrado un nuevo ministro en esa cartera, ocupando actualmente Chile el tercer lugar en América Latina en cantidad de ministerios, con un total de 25, solo por debajo de Brasil (38) y Venezuela (34).
La creación, modificación o eliminación de ministerios responde claramente a una idea o a componentes ideológicos. En cualquiera de estos cambios, se observa un marco conceptual que identifica y define un problema y, por otro lado, un (re)diseño institucional y burocrático para abordarlo. Reconfigurar un ministerio no solo materializa un conjunto de principios y objetivos de un gobierno o coalición, sino que también refleja un consenso más amplio dentro de la clase política en un contexto democrático. Este proceso responde a una demanda social que, en determinado momento, adquiere relevancia y busca consolidarse como una política de Estado con proyección más allá de una administración en particular.
Un caso ilustrativo del peso de las ideas es el de Hugo Chávez, quien en 2006 renombró todos los ministerios de Venezuela añadiéndoles el adjetivo “del Poder Popular”, en línea con su proyecto ideológico de construir un “Estado Comunal” y promover el socialismo del siglo XXI. También destacan los casos de Dilma Rousseff en Brasil (2015) y Gustavo Petro en Colombia (2023), quienes impulsaron la creación de ministerios de la Mujer o de Equidad de Género como parte de su estrategia para posicionar dichas temáticas en la agenda pública. En Brasil, este ministerio fue fusionado durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero posteriormente restituido por Lula da Silva en 2023.
Por otro lado, la fusión o eliminación de ministerios también responde a componentes ideológicos, principalmente orientados hacia la eficiencia y la reducción del sector público. Un ejemplo de absorción se observa en la administración del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en 1993, en el marco de un programa de reducción del gasto público, eliminó cuatro ministerios (Educación, Cultura, Minería y Energía). Más recientemente, en Brasil, Jair Bolsonaro redujo el número de ministerios de 29 a 15 en 2019, fusionando carteras clave como Hacienda, Planificación e Industria en un único Ministerio de Economía, en consonancia con su discurso de austeridad y enfoque liberal. En Argentina, el presidente Javier Milei cerró 13 ministerios en 2023, despidiendo a miles de empleados públicos bajo el argumento de reducir el tamaño del Estado y contener el gasto, en coherencia con su ideario libertario.
Estos ejemplos muestran que la creación, transformación o eliminación de ministerios tiene implicancias significativas. En primer lugar, envían un mensaje a la ciudadanía sobre la priorización de determinados temas en la agenda pública, ya sea con fines electorales o como expresión de un nuevo marco ideacional sobre un problema social. En segundo lugar, estos cambios pueden reflejar la implementación o el desmantelamiento de ideas defendidas por organizaciones políticas, partidarias o gremiales.
El caso del Ministerio de Seguridad Pública en Chile ilustra bien cómo estas decisiones dependen de circunstancias políticas e ideológicas y requieren una ventana de oportunidad para materializarse. Su discusión comenzó en 2005, como consecuencia de las reformas constitucionales de ese año. Más tarde, la presidenta Michelle Bachelet incluyó su creación en su programa de gobierno y presentó un proyecto de ley en 2006. Sin embargo, durante su tramitación en el Congreso, el proyecto fue modificado, resultando en la transformación del Ministerio del Interior con la incorporación de la dimensión de seguridad, en lugar de la creación de una cartera independiente.
El presidente Sebastián Piñera retomó la idea y presentó un proyecto de ley en el Senado en septiembre de 2021. No obstante, aunque la seguridad fue uno de los ejes de su programa, la creación de un ministerio específico no figuraba entre sus principales medidas. Tampoco fue un tema central en la comisión convocada en marzo de 2021 para tratar la seguridad pública, integrada por parlamentarios, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que dio origen al Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Aunque Piñera no logró aprobarlo durante su gobierno, el trámite continuó bajo la administración del presidente Boric.
En el programa de Boric, la creación del ministerio se mencionaba en el marco de la reforma policial, proponiendo una “nueva institucionalidad” con una cartera más técnica bajo el nombre de “Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana”. En otras palabras, la idea de separar seguridad del Ministerio del Interior ya se había ido consensuando transversalmente en todos los sectores políticos.
En definitiva, la creación del Ministerio de Seguridad Pública no es una idea nueva, sino una propuesta que ya contaba con un amplio consenso en la clase política chilena. Se podrá debatir sobre los distintos diagnósticos y alcances para abordar la seguridad pública, pero lo cierto es que, desde hace tiempo, existía coincidencia en la necesidad de una repartición burocrática específica para enfrentar este problema. Sin embargo, su aprobación requiere una ventana de oportunidad que cualquier político aprovechará, incluso si los detalles del proyecto no coinciden completamente con sus ideas iniciales.
En estos procesos, más allá de la racionalidad técnica, prima el peso simbólico y el mensaje que se quiere transmitir a la ciudadanía. La seguridad pública, sin buscarlo, se ha convertido en un eje central de la agenda del gobierno de Boric, una problemática que, sin duda, será clave en las elecciones presidenciales de Chile este año. Las ideas importan, sí, pero necesitan su momento para materializarse.
