Ante la presión, resiliencia. América Latina necesita recalibrar su paradigma de desarrollo

Michelle Muschett   |   Almudena Fernández
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Ante la presión, resiliencia. América Latina necesita recalibrar su paradigma de desarrollo

El impulso del desarrollo humano en América Latina y el Caribe enfrenta un enorme desafío. Tras décadas de avances en salud, educación y reducción de la pobreza, la región enfrenta una paradoja inquietante: los progresos han sido notables, sí, pero frágiles y desiguales; y hoy se ven amenazados por una combinación de problemas estructurales, incertidumbre y múltiples crisis que se retroalimentan y reproducen sus efectos. Ante este escenario, insistir en seguir las recetas del pasado no es una opción. El desarrollo debe replantearse con la resiliencia como eje y dirección.

Durante mucho tiempo, el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe asumía una línea ascendente: escapar de la pobreza como consecuencia del crecimiento económico desembocaría en la incorporación de una clase media estable. Pero la realidad no ha sido lineal. Hoy, el 31% de la población en la región habita una zona gris de vulnerabilidad socioeconómica: no está en condiciones de pobreza, pero tampoco está protegida. Basta una crisis —sanitaria, climática o política— para hacerla retroceder.  En otras palabras, en América Latina y el Caribe, salir de la pobreza ha sido posible para muchos, pero también —y con mucha frecuencia— volver a caer.

Más de la mitad de su población carece de mecanismos adecuados para enfrentar un evento adverso moderado sin ver afectado su bienestar y comprometido su futuro. En un contexto donde la incertidumbre está creciendo y las crisis son cada vez más frecuentes, intensas e interconectadas, parte de la población vive en estado de inseguridad o alarma que son incompatibles con la libertad.

La resiliencia, en cambio, entendida como la capacidad de prevenir, sobrellevar y recuperarse de las crisis sin sacrificar libertades ni dignidad, es precondición para la esperanza al ampliar la agencia de los individuos, es decir, su capacidad de tomar acción y perseguir los objetivos de vida que valoran. Es, por tanto, parte esencial del desarrollo humano.

Un presente incierto, un futuro por escribir

Las cifras son elocuentes. El crecimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) se redujo de 0,7% anual entre 1990 y 2015, a apenas 0,2% desde la pandemia. La incertidumbre, medida por indicadores globales, se ha duplicado en la región solo en el último año, muy por encima del promedio mundial. Y las amenazas ya no son puntuales: se superponen, interactúan y se potencian. Desde la emergencia climática hasta ciberataques, pasando por la fragmentación social y el crimen organizado, América Latina y el Caribe enfrenta amenazas sistémicas que desbordan cualquier manual tradicional de política pública.

Esta era de la incertidumbre exige  un cambio de paradigma. La resiliencia debe dejar de ser un resultado deseable para convertirse en el principio organizador del desarrollo.

Tres fuerzas en tensión, un mismo desafío

Identificamos tres grandes fuerzas que están tensionando el desarrollo: la acelerada evolución de tecnologías emergentes, la fragmentación social y la intensificación de los desastres climáticos. Aunque distintas, comparten una condición: se retroalimentan entre sí. La transformación digital, por ejemplo, ha ampliado el acceso a información y servicios, pero también ha profundizado desigualdades, ha precarizado el empleo a través del trabajo en plataformas sin protección social y ha debilitado la cohesión social a través de la desinformación y la polarización política.

América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor consumo de redes sociales: más de tres horas y media diarias, en promedio. Este hiperconsumo digital tiene costos psicosociales —ansiedad, depresión, aislamiento— especialmente entre jóvenes. Además, en contextos de baja alfabetización digital, las noticias falsas se propagan con facilidad, minando la confianza en las instituciones y el debate democrático.

El segundo gran factor de presión es la fragmentación social. La desconfianza crece, tanto hacia las instituciones como entre los propios ciudadanos. “Los otros” —los que piensan distinto, los que gobiernan, los que no son parte del círculo inmediato— generan cada vez más recelo. A medida que la confianza en los gobiernos se erosiona, los lazos más cercanos —la familia, los amigos, la comunidad inmediata— se convierten en la principal red de protección. Pero cuando esa confianza selectiva convive con una desconfianza generalizada, el terreno queda abonado para la expresión de antagonismo entre grupos sociales y, por lo tanto, una creciente dificultad para resolver problemas comunes. El avance del crimen organizado en la región corre en gran medida también por estas fracturas.

La tercera amenaza, quizás la más visible, es la climática. La región vive los cinco años más calurosos de su historia, ha triplicado la frecuencia de eventos extremos desde 1960 y enfrenta pérdidas millonarias por productividad laboral afectada por el calor. Entre 2002 y 2023, los incendios forestales arrasaron casi 400 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la suma de Argentina y Chile. Lo más alarmante: los países con menor IDH son también los más vulnerables a los impactos climáticos; los mejor posicionados, aunque más adaptables, también se encuentran considerablemente expuestos.

Recalibrando el futuro del desarrollo

¿Qué hacer ante esta triple presión? La propuesta gira en torno a un marco de acción basado en tres pilares: instrumentos para gestionar la incertidumbre, instituciones que abracen la complejidad e infraestructuras que activen el potencial de las comunidades. Esta tríada —instrumentos, instituciones, infraestructuras— conforma el nuevo “pacto de resiliencia”.

En términos prácticos, esto implica: ampliar los sistemas de protección social más allá de las personas en situación de pobreza reconocida oficialmente, garantizar una presencia estatal sostenida en todo el territorio y apostar por infraestructuras —digitales, físicas y ecológicas— que no solo resistan las crisis, sino que promuevan inclusión y equidad.

Recalibrar el desarrollo en América Latina también exige compromiso político para dejar atrás las recetas simplistas y asumir la complejidad del momento. La región necesita instituciones ágiles, capaces de anticipar riesgos y articular respuestas multisectoriales. Requiere invertir con decisión en capital humano —especialmente en habilidades digitales y climáticas— y, sobre todo, renovar su narrativa de desarrollo: el desarrollo humano sin incorporar la resiliencia ya no es viable.

Resiliencia como posibilidad

La resiliencia no es resistencia, no es aguante. Es posibilidad. No se trata de blindarnos contra todo riesgo, sino de asegurar que, cuando las crisis lleguen —porque llegarán—, tengamos la capacidad colectiva de adaptarnos y reconstruir sin retroceder en derechos ni libertades. En un mundo de shocks interconectados, el desarrollo no puede limitarse solo a planificar cómo mejorar el crecimiento económico y redistribuirlo; tiene que pensarse también en términos de proteger avances y evitar retrocesos. Esto tiene que ver con la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus vidas, incluso —y sobre todo— en tiempos difíciles.

El desafío está planteado. América Latina y el Caribe está bajo presión. Pero también está ante una oportunidad: recalibrar el rumbo del desarrollo con la resiliencia como resorte. Porque sin ella, todo avance es reversible. Con ella, incluso los golpes más duros pueden convertirse en una oportunidad para rebotar y seguir avanzando.

Este artículo presenta un avance del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.

Elecciones y guerra contra la democracia en Ecuador

Andrea Guillem   |   Franklin Ramírez
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Elecciones y guerra contra la democracia en Ecuador

La democracia ya no muere con tanques en las calles, sino a manos de autoridades electas o instituciones capturadas. Lo que antes eran rupturas abruptas, hoy se manifiesta como una erosión silenciosa y progresiva: una «muerte lenta», según describen diversos autores la deriva democrática global. Así, desde dentro del sistema democrático se socava el pacto republicano, se minan contrapesos institucionales, se suprimen libertades y persiguen opositores, todo con fachada de legalidad.

Las recientes elecciones en Ecuador, en que Daniel Noboa fue reelecto con 55,6 % de los votos frente a Luisa González (44,4 %) de Revolución Ciudadana, ilustran esta deriva. En concreto, la organización de los comicios evidenció que la cooptación de los árbitros electorales por uno de los candidatos vuelve ficticia la competencia equitativa por acceder al poder. El problema es mayor cuando dicho candidato es a la vez presidente, heredero de una de las más grandes fortunas del país y jefe de las Fuerzas Armadas en medio de una declaratoria de “guerra interna” contra el narcotráfico. Noboa usó todas esas prerrogativas en campaña. En tales condiciones, en lugar de operar como el momento más alto de la democracia, los comicios solo ratifican el poderío previo de líderes abusivos.

Seis elementos ilustran la distorsión de la competencia democrática en Ecuador.

En primer lugar, aunque el personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido bien valorado por sus capacidades técnicas -entre 2021 y 2024 la institución condujo cuatro eventos electorales a nivel nacional-, la desinstitucionalización estatal y las políticas de austeridad vigentes desde 2018 han mermado su eficacia y autonomía.

A la vez, en un entorno de polarización intensa, la cúpula del CNE —cinco consejeros— dejó de actuar como árbitro imparcial y se alineó con el gobierno. La llegada de Noboa a la presidencia en 2023 aceleró tal tendencia. Su orden de asaltar la Embajada de México en abril de 2024 fue una señal de fuerza que precedió el alineamiento del conjunto de las instituciones. En la coyuntura electoral, la cooptación del CNE quedó develada cuando no exigió al presidente la licencia obligatoria para buscar la reelección, como fijan el Código de la Democracia y la Constitución. Durante la campaña, además, el organismo se mostró complaciente frente a las transgresiones del oficialismo: uso de recursos públicos con fines proselitistas, cancelación del voto migrante en Venezuela, y reformas ad hoc como la prohibición del uso de celulares durante la votación, basada en un informe policial secreto.

En este marco de captura institucional, otras agencias como el Tribunal Contencioso Electoral o la Fiscalía General han sido empleadas para intimidar o borrar del juego electoral a actores de oposición. La temprana inhabilitación de Jan Topic -principal contendor de Noboa en el campo de la derecha- fue paradigmática al respecto.

En cuarto lugar, el gobierno movió cerca de 518 millones de dólares en semanas previas al balotaje. Lo hizo, de modo imprevisto, al poner en marcha 14 bonos focalizados en diferentes segmentos del electorado. Según diversos testimonios, funcionarios públicos insinuaron que la ayuda continuaría si el presidente era reelecto. El condicionamiento económico del voto, viejo mecanismo clientelar, fue explícito.

Simultáneamente, medios públicos y privados se alinearon con la campaña del presidente: 65% de la información monitoreada fue propaganda oficial, según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Aquello revela un uso indebido de recursos públicos y una ventaja mediática desproporcionada. La OEA expresó también su preocupación por la mediatización de las operaciones de seguridad. En concreto, Erik Prince, ex CEO de Blackwater —mercenario condenado judicialmente y contratado por Noboa— hizo públicas críticas a la candidata opositora aprovechando su figuración noticiosa.

Por último, y evidenciando que la “guerra interna” no es solo retórica, las Fuerzas Armadas intervinieron en el proceso electoral. Arrogándose funciones de interpretación normativa, respaldaron la decisión de Noboa de no pedir licencia. La OEA denunció, además, comunicados castrenses de tono político —llamados a “defender la libertad” como “guardianes de la patria”— y recogió alertas sobre la existencia de un control electoral paralelo en sus manos.

El poder militar se expandió con el decreto de “conflicto armado interno” en enero de 2024. Un Estado de excepción casi permanente -35 de los 40 meses de gobierno de Noboa, hasta abril 2025, transcurrieron bajo esa condición- enmarca, desde entonces, la militarización de la seguridad. La gobernabilidad es ahora indisociable de la imagen de Noboa como hombre fuerte, de su acuerdo con las Fuerzas Armadas y de una política de miedo que desmoviliza la sociedad. Los controles civiles sobre los militares están diluidos y se han normalizado las violaciones a los derechos humanos en territorios marginados y racializados.

A la vez, de modo usualmente arbitrario, opositores de diverso signo son asociados a la mafia o vinculados a acciones terroristas. La Revolución Ciudadana, el movimiento indígena o luchadores anti-mineros son blancos predilectos de tales operaciones. El pluralismo, la disidencia popular y el Estado de derecho están vulnerados. Un día antes del balotaje, el ejecutivo decretó otro Estado de excepción. Los gestos intimidantes del poder atravesaron de principio a fin el juego electoral: ¿elige realmente en libertad una sociedad atemorizada? 

En tal entorno, todo indica que la deriva autocrática del Ecuador se reforzará en los próximos años. De hecho, aún antes de su posesión, Noboa envió a la Asamblea Nacional -también bajo su control- un proyecto de Ley “Económica” urgente que, bajo excusa de combatir las economías criminales, pretende reforzar la militarización y crear un marco de impunidad para los agentes estatales que violan derechos humanos.

Diversas organizaciones civiles hablan ya de “terrorismo de Estado” mientras otras advierten de la bukelización del país. Entre otros temas, se proponen diversas reformas para autorizar allanamientos, incautaciones y detenciones sin orden judicial previa; prisión preventiva obligatoria; procesos penales exprés; indultos a miembros de la fuerza pública; debilitamiento de los controles civiles a las Fuerzas Armadas; facultades presidenciales especiales para tomar medidas económicas, militares y represivas sin contrapesos democráticos.

Así, aupado en el amplio apoyo electoral obtenido en unas elecciones realizadas en un contexto desigualmente estructural y poco transparente, Noboa hace del supuesto combate a la inseguridad la vía más rápida para legalizar un régimen autoritario y sofocar toda garantía jurídica a la guerra sucia ya en curso en el país.

Cuando migrar es un crimen, ser detenido o morir puede ser la única opción

Sofía Cavalcanti Zanforlin
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Cuando migrar es un crimen, ser detenido o morir puede ser la única opción

Este año 2025 podrá estar marcado por la exposición de prácticas necropolíticas en el ámbito de las migraciones. No es que estas prácticas no existieran hasta ahora, pero me refiero a la ampliación generada por la mediatización o la circulación de hechos que eran conocidos y debatidos por quienes, directa o indirectamente, viven, acompañan o estudian la movilidad: la criminalización de las migraciones es hoy, más que nunca, un hecho irremediable. En ese sentido, destaco dos noticias:

La primera noticia se titula: “Eduardo Bolsonaro propone que migrantes de Brasil sean encarcelados en El Salvador” (The Intercept Brasil, 16 de mayo de 2025).


Al título le sigue este texto: “Eduardo Bolsonaro, del PL de São Paulo, publicó en su canal de YouTube un video que revela negociaciones con aliados de Donald Trump para exportar a migrantes brasileños detenidos en Estados Unidos —supuestamente vinculados a facciones criminales— a la megaprisión de El Salvador”.

La sugerencia del diputado sigue la línea de Donald Trump. En Estados Unidos, ser migrante, con o sin documentos, convierte a una persona en susceptible de ser capturada, encarcelada, deportada y privada de libertad sin ningún proceso legal y, por lo tanto, sin que se haya comprobado ningún delito —ya sean hombres, mujeres o niños. 

El veredicto puede emitirse y confirmarse si las personas en cuestión son hombres, negros o mestizos, provenientes de países pobres del Sur Global. Como prueba irrefutable los tatuajes, un signo asociado a la pertinencia a facciones criminales.

Si bien la forma en que se difunde la propuesta genera indignación, también tiene el potencial de atraer a sectores conservadores ya que se trataría de personas “supuestamente vinculadas a facciones criminales” a pesar de que ocurre sin procedimiento jurídico que garantice el derecho a una defensa.

La segunda notícia se titula: “El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Estudia un posible reality show en el que inmigrantes compitan por la ciudadanía estadounidense” (O Globo, 17 de mayo de 2025). Y atención al subtítulo: “La propuesta ya había sido discutida anteriormente con los gobiernos de Obama y Biden”.

Aunque fue negado inmediatamente después, la noticia deja al descubierto que la lógica de los reality shows se extiende a toda la sociedad a través de la práctica de la gamificación, es decir, la aplicación de las reglas de los juegos a toda experiencia de vida, y la idea de competitividad seguida del mérito que justifica la implementación de una nueva racionalidad: la neoliberal. Es decir, para ser sujeto de derechos, hay que merecerlos.

La lógica del reality show ya había sido señalada por nuestras investigaciones sobre el fenómeno del emprendimiento presentado como una solución de inclusión sociolaboral para migrantes recién llegados a Brasil y con necesidades urgentes de generar ingresos. Estos programes de formación se ofrecieron en São Paulo mediante una alianza entre una ONG, ACNUR (ONU) y grandes empresas tecnológicas como Google, Uber y Meta, lo cual pone de manifiesto otra característica del mundo laboral: la plataformización.

La práctica de confinar, retener y encarcelar migrantes tiene su punto de partida en la invasión norteamericana en Afganistán, en 2001, según señala Michel Agier en el texto “Refugiados ante el nuevo orden mundial”. El autor señala el establecimiento de un patrón entre expulsión/acogida y la asociación entre guerra y respuesta humanitaria. Así, para comprender el dispositivo humanitario mundial, se necesitan tres elementos: la existencia simultánea de guerras (como la de Sudán y Ucrania), violencias colectivas (¿el genocidio de la población palestina?) y disturbios y terrores (Haití y la República Democrática del Congo) que conducen a las poblaciones civiles a la muerte o al desplazamiento.

Tenemos que agregar a esta lista las microexpulsiones cotidianas de poblaciones vulnerables, ya sea por desastres climáticos y ambientales —como el desastre por la rotura de presas en Minas Gerais— o por la violencia que sufren las poblaciones indígenas que se ven imposibilitadas de vivir en sus territorios, entre las cuales destacamos la diáspora Warao.

Frente a este escenario, se presenta como solución la intervención humanitaria misma, cuyo modelo instaura el control y el cuidado: el principio de care, cure and control se aplica en los campos de refugiados, que son dispositivos policiales/militares, alimentarios y sanitarios y, sobre todo, situados en los márgenes, alejados de los centros urbanos, siendo la Operación Acogida, realizada en Roraima, el principal ejemplo en Brasil.

Se estima que más de 140.000 venezolanos han pasado por este programa, siendo alojados en 1.068 municipios distribuidos en las cinco regiones brasileñas (OIM, 2024). En la ciudad fronteriza de Pacaraima y en Boa Vista, ambas en el estado de Roraima, la Operación aún mantiene varias instalaciones, además de los refugios, como alojamientos transitorios, puestos de recepción e identificación, y de interiorización y selección. Se trata de una operación cívico-militar, en la que la presencia del Ejército es crucial, tanto para el mantenimiento de estas instalaciones como para la interiorización de los venezolanos.

Aunque los refugios de la Operación Acogida no sean campos de refugiados stricto sensu, pueden establecerse ciertas aproximaciones con estos espacios: ambos están construidos bajo la marca de la urgencia y provisionalidad, gestionados al margen del Estado y más cerca de la administración del tercer sector, que utiliza bases de datos internacionales como el Sistema Primes del ACNUR. Una de las principales características de estos complejos es la recolección, a partir del uso de tecnologías de mapeo, de datos personales y físicos de los migrantes, denominada por especialistas como “conjunto biométrico”, en una sinergia de tecnología, medios y movilidad humana establecida a nivel global.

La Operación Acogida fue objeto de una serie de reportajes realizados en 2024 por la Agencia Pública en colaboración con nuestras investigaciones. En ellos, se rompe el silencio tanto de los migrantes atendidos como de los trabajadores humanitarios que participaron en la Operación. Entre las denuncias destacamos desde violencia de género hasta la presencia de facciones criminales dentro y alrededor de los refugios. Sin embargo, estas denuncias siguen sin recibir respuesta ni del gobierno federal ni de las agencias humanitarias. Y la Operación se sigue presentando como un símbolo de éxito de las políticas públicas, sustentada en la producción de informes y estadísticas cuantitativas, donde no hay espacio para ningún otro dato que refleje los relatos y las experiencias de quienes viven y trabajan allí.

Por último, destacamos la idea central sobre el retorno de la relación de enemistad a una escala global, desarrollada por Achille Mbembe, conocido por el concepto de necropolítica, en el ensayo Políticas de la enemistad (2020). En este ensayo el autor, basándose en el análisis de las formas de vida generadas en la Franja de Gaza, en Palestina, sostiene que en el origen de todo campo siempre hay un proyecto de división de los seres humanos. Y concluye que, al restringir las oportunidades de encuentro y contacto, se produce la maximización de la distancia -los retenidos no son vistos- y la banalización de la indiferencia.

Silenciar y banalizar: dos componentes esenciales de la histórica relación de poder instaurada por la colonización, destinada en la actualidad a clasificar vidas de personas migrantes como útiles o inútiles, y, por lo tanto, susceptibles de vivir en la precariedad o de morir, simplemente.

¿Se ha eliminado la reforma de la gobernanza global de la agenda?

Bruna Soares de Aguiar
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¿Se ha eliminado la reforma de la gobernanza global de la agenda?

A finales de 2024, el G20 situó la propuesta de reforma de la gobernanza global en el centro del debate internacional. Bajo la presidencia brasileña, la reunión celebrada en octubre en Río de Janeiro fue una invitación formal a las mayores economías del mundo para repensar las reglas actuales que rigen el sistema internacional de forma desigual y, en particular, injusta con respecto a los países del Sur Global. Sin embargo, desde entonces, el tema ha perdido protagonismo en la agenda global.

Si bien Brasil ha mantenido su compromiso de promover este debate, ahora en el marco de su presidencia de los BRICS, las economías del Norte Global han mostrado poco interés en profundizarlo. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el enfriamiento de los conflictos entre Rusia y Ucrania, y la continua ofensiva de Israel contra Gaza han dejado poco espacio para el debate sobre una reestructuración internacional guiada por la justicia y la equidad. 

Aun así, es fundamental comprender qué representa esta reforma de la gobernanza global, especialmente para los países del Sur Global que la defienden activamente. En términos generales, se trata de una propuesta para reconfigurar las reglas de funcionamiento de instituciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial y el FMI. El objetivo es revisar el sistema de pesos y contrapesos que estructura la actuación de los Estados en estos espacios, corrigiendo desequilibrios históricos y redistribuyendo el poder. Este sistema se diseñó originalmente en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando las dinámicas económicas y políticas eran muy diferentes a las actuales.

Hoy en día, el escenario global es diferente. Estados que antes ocupaban posiciones periféricas en el sistema internacional ahora desempeñan papeles estratégicos en la economía y la política mundiales. La reforma de la gobernanza global busca reflejar esta nueva realidad, replanteando también la arquitectura financiera internacional, los modelos de préstamo y los mecanismos de ayuda al desarrollo, a menudo estructurados de forma que perpetúan las relaciones de dependencia entre el Norte Global y el Sur Global, en lugar de fomentar una cooperación genuina.

En 2024, algunos países del Norte Global manifestaron, al menos retóricamente, su apoyo a esta reforma. Francia reconoció la necesidad de cambio y Alemania comenzó a promover ajustes en instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial. Con el pretexto de un sistema internacional más equilibrado y menos marcado por legados coloniales, algunos gobiernos incorporaron agendas feministas para apoyar narrativas de equidad y justicia global.

Sin embargo, las contradicciones de estos compromisos se hicieron evidentes. Si bien se utilizan discursos progresistas y feministas para legitimar la necesidad de reformas estructurales, las prácticas económicas de estos países siguen apoyando un modelo financiero que perpetúa la naturaleza jerárquica de las relaciones entre el Norte Global y el Sur Global.

Esta inconsistencia fue analizada por el Observatorio de Política Exterior Feminista Inclusiva en un estudio que demostró cómo países como Alemania y Canadá reconocen la necesidad de cambios en las normas y prácticas de la ONU, el FMI y el Banco Mundial, pero evitan asumir compromisos efectivos que puedan generar transformaciones concretas. Además, si bien durante gobiernos más progresistas como el de Justin Trudeau en Canadá y el de Scholz en Alemania -Annalena Baerbock fue responsable de sus políticas-, ambos países adoptaron perspectivas feministas para sus políticas de desarrollo con narrativas centradas en acciones más justas y equitativas en el sistema internacional, estos gobiernos continuaron reproduciendo mecanismos de dependencia financiera, política y social.

Ante el actual escenario de inestabilidad política y económica, los discursos y posturas más progresistas han perdido fuerza. Esto se observa, por ejemplo, en los países analizados por el estudio OPEFI, que, debido a los cambios electorales, han ido abandonando la etiqueta de «feminista» y, con ella, las narrativas que, aunque a menudo contradictorias y con escaso respaldo práctico, favorecían la participación en espacios multilaterales de diálogo y la propuesta de revisiones por parte de los países del Sur Global.

La reorganización global observada con el auge de los gobiernos de extrema derecha, el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense y las constantes amenazas a la democracia ha limitado cada vez más el progreso y la adhesión a la reforma de la gobernanza global. Ahora, en 2025, el tema prácticamente ha desaparecido de la agenda de los países desarrollados. Preocupados por el aumento de las inversiones en defensa y la guerra arancelaria impuesta por Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Canadá muestran poco interés en los impactos nocivos de la actual arquitectura financiera global en el Sur Global. 

Si bien la crisis actual es un síntoma inherente a la estructura del sistema internacional —que perpetúa la desigualdad y la inestabilidad—, la demanda de justicia y redistribución de oportunidades continúa siendo marginada por los actores con mayor capacidad para impulsar el cambio. Mientras las instituciones internacionales fracasan reiteradamente en el cumplimiento de sus objetivos, quienes podrían propiciar una reforma permanecen inertes, priorizando el mantenimiento de un statu quo que les resulta conveniente y alejado de cualquier principio que pueda considerarse verdaderamente feminista.

Rosario Murillo: entre Madame Mao y Grace Mugabe 

Douglas Castro-Quezada
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Rosario Murillo: entre Madame Mao y Grace Mugabe 

Uno de los grandes errores de las fuerzas democráticas nicaragüenses ha sido subestimar a Daniel Ortega, un político que, en más de 40 años, ha logrado mantenerse como el campo de fuerza de la política criolla. Hoy, no debemos repetir ese error con otro personaje: subestimar a Rosario Murillo, quien tiene una estrategia y la está ejecutando sistemáticamente. De hecho, estamos sintiendo en nuestras carnes las consecuencias lógicas de la aplicación de esa estrategia.  

¿Pero en qué consiste dicha estrategia? Para algunos, sus acciones no son más que desvaríos erráticos de una persona irracional que actúa únicamente por odio y venganza —una suerte de “bruja”. Y si bien es cierto que su personalidad está profundamente marcada por estos rasgos, ya ha pasado suficiente tiempo como para advertir que estamos frente a una mujer con una voluntad de poder implacable.  

Antes de hablar de su estrategia es necesario tener claro su objetivo: establecer una dinastía familiar permanente que lleve su impronta. Para ello ha trazado una estrategia que se vuelve cada vez más evidente y que gira en torno a una variable decisiva. Una variable decisiva es aquella que determina el resultado de una situación específica. En Nicaragua, no hay que llamarse a engaños: la variable decisiva es y seguirá siendo el Ejército Nacional. Cualquier resolución sobre la sucesión será decidida por las fuerzas armadas. Ya lo recordaba Mao Zedong: “el poder político nace del cañon de un fúsil”, una sentencia que no podría ser más cierta en Nicaragua, donde las “cañas huecas” han marcado nuestra historia desde la independencia.  

Rosario Murillo enfrenta una situación similar a la de otras dos esposas de dictadores que intentaron disputar la sucesión autoritaria de sus maridos: Madame Mao (Jiang Qing) en China y Grace Mugabe en Zimbawe. Ambos intentos fallidos terminaron en la desgracia de las aspirantes. Lo que Rosario Murillo está intentando —suceder a su esposo dictador— es algo que ninguna lo ha logrado hasta ahora en la historia moderna. El solo hecho de marcarse un objetivo de esa magnitud revela su ambición y osadía.  

Grace Mugabe se alió con oficiales jóvenes del ejército y algunos políticos. Sin embargo, la alta oficialidad del ejército siempre la miró con recelo, hasta el punto de que, al percatarse de que Robert Mugabe ya no gobernaba y que era ella quien mandaba, decidieron dar al traste con el régimen: una dictadura de 37 años. En el caso de Madame Mao, sus errores fueron no lograr que su marido la nombrara sucesora y tampoco tener cargos institucionales ni en el gobierno ni en el partido. Al final, los líderes moderados del Partido Comunista y el Estado chino ganaron el apoyo decisivo del ejército y ejecutaron un golpe palaciego incruento que la borró del mapa político.  

Murillo, al parecer, ha estudiado estos dos casos, porque no está cometiendo los mismos errores. Al contrario, su estrategia está siendo quirúrgicamente efectiva, para espanto de todos sus enemigos y sobre todo de quienes están en las entrañas del régimen.  

La cristalización de esa estrategia se evidencia en tres eventos recientes. Primero, el establecimiento de la figura de la “copresidencia” en la propia Constitución, lo que refleja un poder institucional máximo y la designa formalmente como la sucesora del dictador. Segundo, la cooptación total de liderazgo del partido y la marginación —e incluso encarcelamiento— de quienes no le son leales. Esto alcanzó su punto máximo con el arresto y posterior muerte, como preso político, del General Humberto Ortega, fundador del Ejército Nacional y hermano del dictador. Tercero, el 7 de mayo logró que los generales del ejército le juraran lealtad a la coopresidencia en una ceremonia formal, “sellando” así el respaldo de las fuerzas armadas a su rol como sucesora.  

Sin embargo, Rosario Murillo ha visto cómo una fisura en su estrategia se agranda: las crecientes ausencias de Daniel Ortega generan especulaciones. Los rumores sobre su salud precaria —y hasta su inminente muerte— la dejan mal parada en la carrera sucesoria. Lo ideal para ella es un Ortega vivo pero disminuido, que le permita mandar y ganar tiempo para consolidar su sucesión. Por eso, el 24 de mayo, tras intensos rumores sobre la salud de Ortega, recurrió a su vieja confiable: “mostrar a la momia”, como un tótem, tal como lo hacían Madame Mao con Mao Zedong y Grace Mugabe con Robert Mugabe. Así vimos a un Ortega sumamente demacrado, casi desvariando, repartiendo buses como gran acto político, luego de haberse ausentado de un evento clave del sandinismo: nada menos que el natalicio de Augusto Sandino.  

Esta estrategia, sin embargo, no es imbatible. Tiene un gran punto débil: la mayoría de la población, los militantes del partido, los funcionarios del Estado y probablemente los propios militares, la odian y rechazan. También rechazan su intento de designar a su hijo, Laureano Ortega, como sucesor. Laureano es visto en los círculos sandinistas como un príncipe heredero sin las aptitudes necesarias, un advenedizo sin peso ni carácter, que, pese a haber sido cultivado dentro de la dictadura, no ha convencido a nadie. En el ejército, parece que pocos parecen estar dispuestos a tener como jefe máximo a alguien cuyo sueño original fue convertirse en cantante de ópera.  

Las purgas constantes y el odio popular generalizado parecen indicar que hay muchos esperando la oportunidad para traicionarla y encontrar otra salida para la nación durante el inevitable período de turbulencia sucesoria. Ella, más que nadie, sabe que muchos están con el cuchillo en la boca, atentos a cualquier opotunidad que pueda surgir con la muerte de Ortega. Por eso actúa como actúa.

El Catatumbo colombiano: donde confluyen el conflicto armado interno y la migración forzada internacional

Carolina Moreno   |   Ivonne Castillo
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El Catatumbo colombiano: donde confluyen el conflicto armado interno y la migración forzada internacional

El conflicto armado colombiano ha dejado una profunda marca en la sociedad y el territorio. Aunque hubo mucha esperanza sobre lo que podía ocurrir en el país tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), lo cierto es que desde entonces se ha venido registrando el recrudecimiento de la violencia en diversas regiones. Esta situación afecta de manera desproporcionada a la población civil pues, entre otras, la expone altamente a ser objeto de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), como lo ha registrado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia.

Las niñas, niños y adolescentes; comunidades rurales y étnicas; mujeres; y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales diversas, son algunos de los grupos poblacionales que sufren las afectaciones diferenciadas del conflicto armado. A estos, se suman las personas migrantes que se vieron forzadas a abandonar sus países por diferentes causas y que residen o están de paso por Colombia. Al fenómeno en el que se encuentran inmersas estas últimas se le ha venido conociendo bajo el nombre de doble afectación por la importancia que ha requerido el uso del concepto para visibilizar explícitamente su situación. Aun así, hay una diversidad de casos en los que estas personas –en contexto de movilidad forzada internacional, víctimas del conflicto armado–, experimentan dinámicas de afectación triple y múltiple.

En el nororiente colombiano, en la zona de frontera con Venezuela, se encuentra la región del Catatumbo, integrada por varios municipios y resguardos indígenas. El Catatumbo ha sido una zona fuertemente golpeada por la violencia desde hace varias décadas.

A mediados de enero del 2025, esta región fue noticia por la violencia perpetrados por grupos armados no estatales (GANE), que forzaron a las personas habitantes del lugar a desplazarse hacia los municipios de Cúcuta, Ocaña, Tibú y Hacarí. Según Human Rights Watch (HRW), uno de estos grupos inició una campaña para recuperar el control de zonas del Catatumbo, en virtud de la cual se ha asesinado, secuestrado y desaparecido a población civil acusada de tener vínculos con otro GANE presente en la zona y que surgió después de la firma del referido Acuerdo de Paz de 2016.

HRW reporta que los enfrentamientos entre estos grupos han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares. Por su parte, ACNUR precisó que, a un mes de ocurrencia de los hechos, los enfrentamientos habían afectado a unas 80.000 personas, de las cuales, más de 52.000 habían sido forzadas a huir de sus hogares y comunidades. Otras 19.000 personas habían enfrentado restricciones a su libertad de movimiento, mientras que más de 8.600 permanecían en confinamiento sin posibilidad de desplazarse. Entre las personas afectadas, se encontraban más de 47.000 niñas, niños y adolescentes, así como unas 4.600 personas refugiadas y migrantes venezolanas. Desde ACNUR se declaró que “desde que existen datos oficiales, este es el mayor desplazamiento masivo en Colombia generado por un mismo hecho”.

Esto corrobora que las personas venezolanas forzadas a migrar hacia Colombia, ya vulnerables por haber huido de su país, se convierten en víctimas del conflicto armado. Según los datos más recientes de Migración Colombia, hasta enero de 2025 había casi tres millones de personas migrantes provenientes de Venezuela en el país. Sin embargo, no se sabe con certeza cuántas de estas han sufrido, por lo menos, un hecho victimizante con ocasión del conflicto armado. Pues, además del generalizado y alto subregistro que existe en Colombia de las violaciones al DIH y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), no se cuenta con datos oficiales públicos que den cuenta de la situación.

No obstante, el citado reporte del ACNUR prende todas las alarmas, no sólo porque alerta sobre el impacto del conflicto armado en la población en contexto de movilidad forzada internacional, sino por todas las barreras que enfrentan estas personas para el reconocimiento de sus derechos fundamentales como víctimas (contemplados, entre otras, en la Ley para las Víctimas).

La primera de las dificultades es la falta de acceso a información sobre rutas de atención y derechos. A propósito de esto, se han conocido casos en los que las personas que sufrieron el desplazamiento forzado en el Catatumbo (junto con los demás hechos victimizantes que vivieron), no sabían por qué les habían incluido en un censo con posterioridad a los hechos. También hubo víctimas que desconocían su derecho a la verdad, justicia y reparación integral, con todo lo que el reconocimiento de estos derechos implica.

La segunda barrera tiene que ver con los impedimentos que sufren, derivados de su nacionalidad y/o estatus migratorio, para presentar la declaración del o los hechos padecidos, ante entidades que integran el Ministerio Público. Si bien se conoce que para lo ocurrido entre enero y febrero (aunque los hechos de violencia en el Catatumbo hasta el mes de marzo no mermaban) se activó una ruta de atención para la declaración masiva, hubo muchas personas que quedaron por fuera de esta. No obstante, se resalta la labor del Ministerio Público a finales de abril para asegurar que durante una jornada, víctimas del conflicto armado pudieran presentar su declaración.

El tercer obstáculo tiene que ver con la no inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) por parte de la Unidad para las Víctimas (UARIV) y, en consecuencia, el no reconocimiento jurídico o formal de su condición de víctimas. En todos los casos que hemos conocido desde la Red-LEM, esto se debe al estatus migratorio de las personas y/o a exigencias desproporcionadas para probar el hecho, particularmente, cuando se trata de desplazamiento forzado.

Los hechos ocurridos en el Catatumbo, tan estremecedores como preocupantes, se añaden a una serie de situaciones de violencia que han tenido lugar en distintos puntos del territorio colombiano, con consecuencias adversas para las personas –como el desplazamiento interno–, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. El escalamiento del conflicto, que ya hemos advertido antes, requiere una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades colombianas. Dicha respuesta debe ser garante de los derechos de las víctimas del conflicto armado, entre ellas, quienes se encuentran en contextos de movilidad forzada internacional, como ocurre con los migrantes venezolanas víctimas del conflicto armado en el Catatumbo.

Claudia Sheinbaum: bajo presión y sin mucho margen de maniobra

Ernesto Hernández Norzagaray
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Claudia Sheinbaum: bajo presión y sin mucho margen de maniobra

“¿En qué podemos ayudar para combatir al crimen organizado en tu país? Si quieres podemos enviar tropas del ejército estadounidense a México”: palabras más, palabras menos, esto le habría dicho el presidente Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum, y la respuesta inmediata fue de rechazo. “Podemos cooperar y coordinarnos para combatirlo —le respondió Sheinbaum—, pero sin que esto signifique una intervención militar en nuestro territorio”.  

En ese momento se dio por terminada la charla telefónica entre los mandatarios. Unos días después, en un acto público, Sheinbaum lo comentó y remató diciendo a los escuchas que México “no es piñata de nadie”, lo que tiene varias interpretaciones y no todas favorecen, porque a una piñata todos le pegan hasta que la destruyen completamente. Y quizá no sea el caso.  

Y todo indica que la relación entre los dos mandatarios se encuentra en un mal momento. Con una característica sustantiva: Trump tiene la sartén por el mango. Ya le tomó la medida a Sheinbaum, con quien utiliza la dialéctica de la flor y la espina, es decir: por un lado, dice que la presidenta mexicana es encantadora e inteligente, pero, una vez cubierto este trámite de encantamiento, llega la punzada de la espina. La pincha con aranceles, militarización, vuelos y navíos espía, exigencias fronterizas, extradiciones, decomisos de fentanilo, diplomacia dura. Y así hasta que tienen una nueva llamada telefónica, bajo la misma lógica de presión, sin dar respiro.   

Esta estrategia hasta ahora no prevé que los mandatarios tengan una reunión cara a cara, como sí lo hizo Trump con Mark Carney, el nuevo primer ministro canadiense, lo que significa que la estrategia con sus vecinos y socios es distinta. Trump ve en los canadienses unos aliados más confiables, al grado de que ha bromeado diciendo que desearía que Canadá fuera el estado 51 de la Unión Americana y llegó a llamar a Justin Trudeau gobernador y no primer ministro, en un acto de descortesía política que no agradó a los canadienses. Hoy las relaciones entre los gobernantes de estos dos países han bajado de intensidad mediática, pero no así con México, donde todos los días escala la tensión y se ajusta la agenda a las provocaciones de la relación bilateral.  

En el momento de escribir este texto, por ejemplo, hubo tres decisiones estadounidenses que sacudieron Palacio Nacional. La primera, es la probable imposición de un impuesto del 5% a las remesas que los residentes extranjeros en la Unión Americana —legales y no legales— envían periódicamente a sus países, y que cada año en México van en ascenso. De hecho, se calcula que por ese concepto el año pasado llegaron al país alrededor de 64.000 millones de dólares; después de las exportaciones de petróleo, representa la segunda fuente de divisas.  

La segunda decisión, es el acuerdo que el gobierno estadounidense tuvo con Ovidio Guzmán, el hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán, y que se tradujo en la protección de 17 miembros de esta familia mediante su traslado a territorio estadounidense, sin haber mediado comunicación con México de que había extraditado unilateralmente al capo sinaloense. 

La tercera decisión, más doméstica, más de mediano plazo, es indicativa de que probablemente algo mayor se está cocinando con la llamada narcopolítica, que es un eslabón ardiente del concepto de narcoterrorismo y que está ya en las leyes estadounidenses: el gobierno estadounidense retiró la visa a Marina del Pilar Ávila, la gobernadora del estado fronterizo de Baja California, sin dar detalles que motivaron esa acción unilateral poco diplomática y con fuerte carga simbólica.  

No hay que olvidar que hace poco más de un mes Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional estuvo en Palacio Nacional y dejó sobre el escritorio de la presidenta Sheinbaum, según trascendió, una lista de narcopolíticos que Estados Unidos quiere que sean llevados ante la justicia estadounidense por sus complicidades con los cárteles de la droga. Se trataría de miembros del gabinete y algunos altos cargos legislativos incluso de este y el anterior gabinete federal.  

Y eso, de ser así, es un serio problema para la presidenta Sheinbaum, porque significa proceder contra miembros de su partido y podría significar una convulsión política de grandes dimensiones, sobre todo si involucra a quienes se ha identificado como los operadores del expresidente López Obrador tanto en el gabinete como en el partido y el Congreso federal.  Es ahí donde la administración Trump aprieta y donde los márgenes de maniobra de Sheinbaum se estrechan.  

Claro, hay quien ve en todo esto una oportunidad para que el gobierno deje de tener tutelas políticas que le impiden ejercer plenamente el poder, pero hacerlo podría tener un alto costo y quizá mayor que la presión de la administración Trump porque haría añicos el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), signifique lo que signifique. 

Entonces, Sheinbaum probablemente escoja el mal menor, que es confrontar a Trump cada vez que tome una decisión que afecte a México, y en tanto mandar mensajes a los políticos de su partido. Solo que sus márgenes de maniobra son limitados en un país polarizado desde las elecciones de la primavera de 2024. O sea, que este diferendo va para largo y pautado por la dosificación de decisiones estadounidenses que podrían terminar minando su liderazgo.  

No es descartar que, incluso, en un determinado momento el gobierno de Estados Unidos actúe unilateralmente y haga lo que ya hizo con Ismael Zambada, el legendario narcotraficante sinaloense, que nunca había pisado una prisión y está hoy resguardado en una de alta seguridad esperando posiblemente una o varias cadenas perpetuas. Entonces, este juego de poder, de suma cero, como decía el gran Yogi Berra, el catcher de los Yankees de Nueva York, no se acaba hasta que se acaba.

Economía azul en el Caribe: en busca de la resiliencia y la regeneración

Larisse Faroni-Perez
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Economía azul en el Caribe: en busca de la resiliencia y la regeneración

El Gran Caribe, un mosaico de biodiversidad, cultura e historia, se encuentra ante una encrucijada crucial que definirá su futuro. Aunque los Estados caribeños adoptan cada vez más la economía azul como motor del desarrollo sostenible, los cimientos ecológicos que sustentan esta visión —arrecifes de coral, manglares y praderas marinas— se están deteriorando debido al cambio climático y la contaminación.

Esta realidad expone una contradicción más profunda: para ser viable, inclusiva y duradera, la economía azul debe ser regenerativa, basada en sistemas socioambientales participativos, soluciones fundamentadas en la naturaleza, soberanía regional sobre los recursos marinos y una transición energética resiliente y baja en emisiones. No obstante, este patrimonio compartido enfrenta crecientes amenazas ecológicas que ponen en riesgo estas aspiraciones.

La economía azul: entre la promesa y el peligro

Los gobiernos caribeños y las instituciones multilaterales han promovido la economía azul como una nueva vía hacia el crecimiento sostenible. El turismo costero, la pesca y la biotecnología marina surgen como estrategias para diversificar economías tradicionalmente dependientes del comercio internacional y del turismo a gran escala.

Barbados, por ejemplo, lanzó la primera iniciativa mundial de «deuda por clima», creando el Blue Green Bank con el apoyo del Banco de Desarrollo del Caribe, para financiar proyectos resilientes al clima en agua y saneamiento. En Belice, una alianza con The Nature Conservancy permitió la conversión de US$364 millones de deuda nacional, reduciéndola en un 12 % del PIB del país y destinando US$180 millones a la conservación marina, incluyendo el compromiso de proteger el 30 % de las aguas beliceñas. Mientras que República Dominicana ha integrado la economía azul en su plan nacional de adaptación climática, reconociendo que sus ecosistemas marinos generan aproximadamente US$1.790 millones anuales, cerca del 1,58 % del PIB nacional.

Sin embargo, estos avances siguen siendo frágiles ante el creciente estrés ecológico. El modelo de desarrollo global imperante continúa basado en una lógica orientada a la productividad e ignora la creciente fragilidad de los ecosistemas marinos. Estudios científicos advierten que, sin una estabilización urgente de las emisiones de CO₂, hasta el 94 % de los arrecifes de coral se erosionarán para 2050, perdiendo más masa estructural de la que pueden construir. La paradoja es clara: ninguna economía azul puede sostenerse sin una base ecológica sólida.

Redefiniendo el paraíso: el cambio climático y el futuro del turismo en el Caribe

Las señales de alerta se multiplican. La región ya experimenta los impactos de la crisis climática: huracanes más intensos, erosión costera y aumento del nivel del mar amenazan a las comunidades del caribe y a la infraestructura.

La frecuencia de huracanes de categoría 4 y 5 ha aumentado en las últimas décadas y se prevé que continúe en ascenso. Entre 2000 y 2012, más de 100 huracanes azotaron directamente el Caribe, dejando tras de sí devastación económica, social y ambiental. Incluso sin tocar tierra, el huracán Dean modificó drásticamente el perfil de las playas en Trinidad.

En 2024, el huracán Beryl fue el primero de categoría 5 en impactar el sureste del Caribe en junio, causando graves daños. La temporada de huracanes del Atlántico finalizó el año pasado con 18 tormentas, incluyendo 11 huracanes, cinco de los cuales alcanzaron las categorías de 3 a 5, lo que evidencia un patrón climático cada vez más peligroso para la región.

En las Bahamas, gran parte de la infraestructura turística se encuentra en zonas altamente vulnerables al aumento del nivel del mar. Un incremento de tan solo un metro, combinado con fuertes marejadas ciclónicas, podría afectar hasta el 83 % de los complejos turísticos y hoteles del país. Antigua y Barbuda, junto con las Bahamas, figuran entre los países donde el turismo costero representa más de la mitad del PIB. Las costas que hoy generan miles de millones en ingresos turísticos podrían, en pocas décadas, ser absorbidas por el mar.

Más allá del clima extremo, la crisis del sargazo se ha convertido en una amenaza seria. Impulsadas por los nutrientes de la escorrentía agrícola y las corrientes oceánicas cambiantes, estas acumulaciones masivas de algas sofocan hábitats costeros, matan peces y repelen turistas, generando pérdidas económicas significativas y recargando a los gobiernos locales con los costos de limpieza y recuperación ecológica.

La crisis de los arrecifes de coral es igualmente alarmante. Los eventos de blanqueamiento masivo, cada vez más frecuentes, ya han devastado ecosistemas completos en las Islas Vírgenes y el sur de Jamaica. A esto se suma la propagación de la enfermedad de la pérdida de tejido de los corales pétreos, altamente letal, que afecta a múltiples especies y destruye rápidamente lo que queda de los arrecifes caribeños.

Las comunidades en primera línea soportan cargas desiguales

Como muchas crisis, el colapso ecológico dista mucho de ser equitativo. Las comunidades costeras, compuestas principalmente por poblaciones vulnerables, pueblos indígenas, pescadores artesanales y comunidades tradicionales, son las más afectadas y las menos preparadas para responder.

En países como Haití y Dominica, los fenómenos meteorológicos extremos han provocado desplazamientos internos, agravando la inseguridad alimentaria y económica. Los impactos en la salud mental también están en aumento en toda la región. Estos factores de estrés están transformando la vida costera.

Mientras tanto, el acceso equitativo a los beneficios prometidos por la economía azul sigue siendo esquivo: las inversiones rara vez alcanzan a las comunidades de base, no incorporan los conocimientos tradicionales y, con frecuencia, excluyen las voces locales de los procesos de gobernanza.

Una economía azul sostenible también debe ser una economía solidaria. Esto implica defender los derechos territoriales, integrar los saberes locales en la toma de decisiones y garantizar una distribución justa de los beneficios.

Reivindicando el horizonte azul: soberanía y cooperación en el Caribe

El Gran Caribe es más que una región geográfica. Es un espacio político y simbólico de resistencia, solidaridad e interdependencia. Frente a los desafíos oceánicos, la integración regional se convierte en una estrategia de supervivencia, una declaración de soberanía y una vía para reducir las presiones externas sobre los recursos marinos.

En este contexto, fortalecer la diplomacia científica caribeña en acuerdos globales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) resulta estratégico. Esto requiere más que discursos: exige instrumentos concretos de soberanía, como los bonos azules, que vinculen el financiamiento con resultados de conservación, con mecanismos de supervisión, transparencia y beneficios tangibles para las comunidades locales.

En esta línea, la reciente “Declaración de Montería” de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), adoptada el 30 de mayo en su 10ª Cumbre de Jefes de Estado y/o de Gobierno, reafirma que la cooperación regional es clave para alcanzar el desarrollo sostenible del Gran Caribe y cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando la necesidad de alianzas estratégicas, inclusivas y coordinadas a múltiples niveles para lograr impactos reales y duraderos.

Redefinir los modelos de desarrollo, reconstruir la relación entre sociedad y naturaleza y adoptar una visión estratégica a largo plazo son pasos esenciales para el futuro del Gran Caribe.

El mar Caribe no es solo un activo económico. Es un territorio vivo, cuna de culturas, conocimientos ancestrales y un horizonte de posibilidades. La región se encuentra en un momento histórico: continuar por un camino de degradación o construir una economía azul regenerativa basada en el cuidado de las personas y los ecosistemas, y en la fortaleza de la cooperación regional.

Portugal: la migración brasileña en la mira tras el auge electoral de la extrema derecha

Denise Cogo   |   Lucas Zanetti
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Portugal: la migración brasileña en la mira tras el auge electoral de la extrema derecha

Con las terceras elecciones en poco más de tres años, se consolidó en Portugal la tendencia de crecimiento de la extrema derecha que afecta a toda Europa y que ha estado presente desde el inicio de la crisis política en 2023, con la dimisión del primer ministro António Costa (PS). Este escenario tiene implicaciones directas para la comunidad brasileña, la mayor comunidad inmigrante residente en el país, que se encuentra cada vez más en el centro de las narrativas políticas y sociales, muchas de ellas marcadas por la xenofobia, el racismo y el nacionalismo.

El contexto electoral portugués de 2025 reforzó la centralidad del tema migratorio, especialmente en lo que respecta a los brasileños. Con 58 diputados electos, Chega, un partido liderado por el nacionalista André Ventura que difunde narrativas antiinmigratorias, igualó en número de parlamentarios al Partido Socialista (PS), compartiendo la posición de segunda fuerza política portuguesa. A la cabeza, el partido de centroderecha Alternativa Democrática (AD) alcanzó 89 representantes a la Asamblea de la República, una cifra muy inferior a los 116 necesarios para una mayoría que le permita gobernar sin alianzas.

El cambio en el clima político ya se está reflejando en el día a día. A principios de mayo, el gobierno portugués anunció que notificaría a 18.000 inmigrantes indocumentados para que abandonaran el país. Tras la notificación, el inmigrante tiene hasta 20 días para abandonar el país bajo pena de detención. En este caso, la mayoría de los afectados proceden de países como India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Bután. Además, inmediatamente después de las elecciones del 18 de mayo, se implementó un nuevo sistema de control fronterizo, que ha provocado esperas de hasta 5 horas en el aeropuerto de Lisboa, con informes de personas que enfermaron y necesitaron asistencia.

Actualmente, más de 400.000 brasileños con residencia regularizada residen en Portugal, según el Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF). Esta cifra asciende a más de medio millón si se incluyen también las personas sin regularizar o con doble nacionalidad. Aunque legalmente integrados, los brasileños fueron blanco constante de ataques durante la campaña electoral, con narrativas que los vinculaban con el «parasitismo» del sistema de bienestar social y la inseguridad urbana. En debates televisados, Ventura incluso propuso revocar beneficios legales para los inmigrantes, como el acceso automático al Servicio Nacional de Salud (SNS), y reevaluar las nacionalidades ya concedidas.

Un fenómeno que merece atención es la adhesión de algunos brasileños residentes en Portugal al discurso antiinmigratorio promovido por Chega. Si bien constituyen la mayor comunidad extranjera del país, ciertos segmentos de esta población se han adherido a narrativas que estigmatizan a otros inmigrantes, especialmente a los de Asia y África. Esta postura constituye un intento de diferenciación y asimilación, en el que estos brasileños buscan distanciarse de grupos aún más marginados, con la esperanza de lograr una mayor aceptación en la sociedad portuguesa. Así, terminan adhiriéndose a discursos que, en cierta medida, también los perjudican.

Es en este contexto que los resultados de las encuestas cobran aún más relevancia: a partir del 18, Chega ya no es solo un partido de protesta ni un nicho ideológico. Con una sólida representación y un discurso consolidado, Ventura se posiciona como un actor central en las articulaciones políticas de la derecha portuguesa. Aunque Alternativa Democrática ha descartado oficialmente una alianza formal con Chega, existen claros indicios de un acercamiento estratégico, especialmente en temas como la seguridad pública, la inmigración y la revisión de las políticas sociales. 

Del lado brasileño, la tensión va en aumento. En los últimos años, muchos han reportado un aumento de la hostilidad en su vida cotidiana: en redes sociales, en el trabajo y en los servicios públicos. El discurso de Chega parece conectar con sectores de la sociedad portuguesa que, ante la crisis económica y el aumento del coste de la vida, han llegado a ver a los inmigrantes como chivos expiatorios de problemas estructurales, como el bajo PIB y los altos alquileres.

Al mismo tiempo, la participación política de los brasileños en el país sigue siendo débil. Si bien tienen derecho a voto en las elecciones locales después de cinco años de residencia legal, pocos lo ejercen. En las elecciones legislativas, donde la participación requiere doble nacionalidad, las tasas de abstención son extremadamente altas. La brecha entre la presencia demográfica y la presencia política es uno de los elementos que debilita la capacidad de respuesta colectiva ante el auge de la extrema derecha.

El panorama que se desarrolla en Portugal no difiere mucho del que se observa en otros países europeos: la normalización del discurso de odio como estrategia electoral, el avance institucional de la extrema derecha y la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes. En el caso portugués, la novedad es que este avance se produce en un país históricamente visto como acogedor, plural y culturalmente vinculado a Brasil.

A través de una investigación etnográfica y documental —que incluyó la observación de 150 publicaciones de activistas antiinmigración en X, entrevistas con jóvenes miembros de Chega durante el 5.º Congreso del partido en 2023 y el análisis de informes oficiales—, identificamos cómo, desde su fundación en 2019, Chega ha construido, en plataformas digitales, repertorios comunicativos basados ​​en la preservación de la identidad nacional, el pánico moral y las jerarquías étnico-raciales. Este proceso ha cobrado forma en el nuevo clima social registrado desde finales de 2022, materializado en carteles como «Portugal necesita una limpieza» y tesis de reemplazo poblacional y «remigración» (deportaciones masivas, como las de Trump en EE. UU.).

Lo que está en juego, por lo tanto, no es solo la posición de un partido, sino la idea misma de Portugal como una sociedad abierta y democrática. La respuesta a esta amenaza no solo provendrá de las disputas parlamentarias, sino también de la capacidad de movilizar a la sociedad civil, a la prensa y también a los propios inmigrantes, quienes deberán transformar su presencia social en una fuerza política activa. El futuro de los brasileños en Portugal y de la democracia portuguesa dependen de ello.

Panamá: ¿qué hay detrás de las protestas y que está en juego?

Sergio García-Rendón
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Panamá: ¿qué hay detrás de las protestas y que está en juego?

Con las actuales protestas en Panamá ya son cuatro los grandes momentos de movilizaciones sociales en el país desde diciembre de 2019. Esto resulta llamativo ya que el país se ha destacado por ser una democracia estable, con continua rotación en el poder, con un producto interno bruto per cápita muy por encima de la media de la región y por no haber tenido históricamente protestas de la magnitud de las que han sucedido recientemente. ¿Qué hay detrás de las protestas, por qué suceden ahora y qué panorama político enfrenta el país?

Actualmente las huelgas y manifestaciones tienen como detonador la aprobación legislativa de una reforma pensional, la firma de un memorando de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos que algunos consideran una violación de la soberanía del país, y la discusión del gobierno de abrir nuevamente una concesión minera declarada inconstitucional el año pasado. Pero en diciembre de 2019 ya hubo movilizaciones de carácter juvenil en torno a la reforma constitucional que el gobierno de Laurentino Cortizo anunció en aquel momento y que trató de imponer sin consultas ciudadanas; en julio de 2022 el país vivió las mayores protestas desde la transición a la democracia a causa del alto costo de la vida; y en octubre y noviembre de 2023 se superaron las de 2022 con ocasión de la rápida aprobación legislativa del contrato con la empresa que explotaba la mencionada mina.

El país se encuentra actualmente en un ciclo de insatisfacción ciudadana y cuestionamiento institucional que sobrepasa el tema coyuntural que nos obliga a mirar un poco más atrás.

Según las encuestas del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) de 2023, el apoyo a la democracia es bajo, de solo un 37%. Asimismo ha disminuido la opinión favorable de la ciudadanía respecto de instituciones como el gobierno y los partidos políticos, que se supone debieran representar intereses colectivos. El apoyo al gobierno ha caído desde un 40.1% en 2019 a un 23.1% en 2023, mientras que el apoyo a los partidos ha caído de poco más de un cuarto a un 15.1% de la población en el mismo período. A esto se suma que un 62.4% manifiesta sentir una emoción negativa cuando se le pregunta por la política.

Los panameños están sufriendo un retroceso en la confianza en la política como forma de procesar las demandas y el conflicto social.

¿Por qué ahora y no antes?

Esto puede estar relacionado con el estancamiento de la economía, ya que luego de crecer significativamente durante la década pasada el país ha sufrido una desaceleración económica agudizada por la pandemia y los efectos de la cuarentena, una de las más severas a nivel mundial. En un país con gran desigualdad, esto golpeó particularmente a los más vulnerables y a los más jóvenes, los dos grupos sociales con menor apoyo al régimen democrático según las encuestas del CIEPS. Los jóvenes, en efecto, han sido parte importante de las movilizaciones de 2019 y del 2023.

No obstante, esta situación económica y social no es ajena a la del resto de la región, por lo que detrás de la aparente estabilidad política del país, existe un sistema electoral particularmente favorable a las organizaciones partidistas históricas, según estudios de los especialistas Brown Araúz y Nevache. La fórmula electoral y el tamaño de las circunscripciones en elecciones legislativas sobrerrepresenta a los partidos más grandes, que son conocidos por su funcionamiento clientelar y de patronazgo, lo cual ha impedido que nuevos grupos y demandas lleguen al sistema.

Una de las maneras en que el Estado panameño ha tratado de resolver esta deficiencia ha sido con la instauración de la figura de diálogos con los sectores que exigen soluciones puntuales o inclusión. Pero este mecanismo se ha desgastado al punto de que ya no es una alternativa viable a los problemas de representación.

En este marco, se ha implantado la posibilidad de los candidatos elegidos por libre postulación, que ha comenzado a asentarse como expresión del descontento con el viejo sistema de partidos. De allí ha surgido Ricardo Lombana como alternativa presidencial, primero con un tercer puesto en 2019, y luego con un segundo puesto en las elecciones del año pasado. Asimismo, la bancada elegida por la libre postulación se ha convertido en la más grande en la Asamblea, con 20 de los 71 diputados en 2024. Aún está por verse cómo este nuevo fenómeno político, que tiene en la base de su discurso la lucha contra la corrupción, logra captar las diversas demandas sociales y económicas que se vienen acumulando.

Lo cierto es que parece que el gobierno, los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas políticas independientes tienen que responder, no solo a los problemas que se han acumulado por las condiciones sociales y económicas, sino también al distanciamiento de parte de la ciudadanía de la idea de la democracia como forma de organización social. La suma de agravios ha deteriorado la confianza en la política, las instituciones e incluso entre los mismos ciudadanos ya que cuatro de cada cinco panameños no confían en el otro, según CIEPS.

La solución no es fácil ni será rápida. El sistema político panameño requiere de un arduo trabajo para recuperar la confianza de los ciudadanos.

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