Una región, todas las voces

La línea roja de Sheinbaum

La tensión, aunque pausada, no baja de intensidad sino que aumenta. Las amenazas de Trump continúan, aun cuando la administración Sheinbaum hizo su mejor esfuerzo en migración y en el combate contra la producción y distribución de fentanilo. 

Ese esfuerzo titánico tenía como objetivo terminar con el riesgo que representa la puesta en operación del 25% en los aranceles a la exportación de productos mexicanos al mercado estadounidense, pero Trump, insatisfecho, se burló, diciendo que lo habían hecho para hacerlo “feliz”. 

Y ante la renovación de un nuevo mes sin esos aranceles que violentan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), asalta la pregunta de dónde está la línea roja que Sheinbaum no está dispuesta a cruzar en esta carrera de obstáculos. 

Convencionalmente serían tres. El primero, migración, en cuanto Trump busque reinstaurar permanentemente la política de “Quédate en México”, es decir, convertir al gobierno mexicano en una suerte de guardián fronterizo. El segundo, aranceles o presiones renovadas para renegociar partes del T-MEC en beneficio de los empresarios estadounidenses y en perjuicio de los nacionales. Y el tercero, el más espinoso, la definición de “organizaciones terroristas” para perseguir militarmente en territorio mexicano a los cárteles de la droga. 

Esto adquiría una nueva dimensión si es buena la lista de 110 narcopolíticos que ya comentan periodistas y medios influyentes. El desenlace dependerá de hasta dónde quiera presionar Trump y hasta dónde esté dispuesta a ceder Sheinbaum al chantaje político. Y hablando en términos de cartas de póker, como le gusta razonar a Trump, él tiene más ases, como lo demuestra lo conseguido en el mes de febrero a cambio de continuar la agonía arancelaria. 

Imaginemos que esa lista de narcopolíticos con expedientes se ponga sobre la mesa de negociación. Sheinbaum tendría que decidir entre defenderlos o combatirlos. 

El problema es que, como el objetivo de la lucha estadounidense contra las drogas es el fentanilo, no otro tipo de drogas, se lo vincula al periodo de gobierno del primer piso que condujo López Obrador. ¿Acaso le redituaría a Trump meter a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña? No, el foco está puesto en el grupo gobernante.  

Y eso podría significar vincular a miembros del gabinete, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados, lo que provocaría inmediatamente un terremoto interno y en la relación bilateral al menos en tres niveles. El primero, de legitimidad por el vínculo: algunos hablan de subordinación de Sheinbaum a López Obrador por el remoto caso de que ella, buscando blindar su gobierno, deje que opere la justicia norteamericana, con el riesgo de que podrían fracturar los tres niveles de gobierno. Si eso no ocurriera, y Sheinbaum decide pagar el costo político que le significaría salir a la defensa de quienes sean señalados como narcopolíticos, se produciría un conflicto diplomático sin precedentes entre los dos países, con los subsecuentes efectos en las relaciones políticas y comerciales. Finalmente, estarían las consecuencias para la estabilidad política del país, porque, seguramente, se descompondría la unidad en el morenismo, como se ve en algunas decisiones legislativas que perfilan ya una división entre Sheinbaum y López Obrador. 

Ante este escenario, la oposición buscaría aprovechar el vacío de poder bajo la lógica de “río revuelto, ganancia de pescadores”. Peor, aún, si Trump, con toda su imprevisibilidad, decide elevar la apuesta hasta llegar al expresidente López Obrador. Eso complicaría el escenario a Sheinbaum, que estaría en el dilema de ajustarse a la ley para salvar a su gobierno como en su momento hizo el expresidente Lázaro Cárdenas cuando se deshizo del llamado “jefe máximo”, Plutarco Elías Calles, o, como fraseo en la tribuna pública aquello del himno nacional: “Más si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo…”.

Buscaría, quizá, renacer ese viejo nacionalismo que en otros momentos ha sido freno a las intentonas extranjeras, pero también podría fortalecer el argumento de Estados Unidos de que México está gobernado por los cárteles y sus socios políticos. Algo que no será fácil de negar, tras sucesos como el de Jalisco, donde familias de desaparecidos encontraron, como en Auschwitz, hornos crematorios y despojos de zapatos, ropa, maletas, que dan cuenta del horror que se vive en muchas regiones del país, como también de la impotencia gubernamental. 

Todo ello nos permite parafrasear aquella pregunta fundamental de Latinobarómetro de: ¿apoyarías perder libertades a cambio de un gobierno que resuelva los problemas de seguridad? La respuesta es casi siempre afirmativa, lo que da cuenta del nivel de aprecio que tienen los ciudadanos latinoamericanos por su democracia representativa. 

Sin embargo, no son pocos los observadores políticos que aseguran que Sheinbaum tiene en la mano la llave para despojarse del tutelaje de AMLO, que amenaza constantemente su gobierno por el control que tiene en el gabinete, las cámaras legislativas, los 24 gobernadores, el partido.  

Entonces, Sheinbaum está ante un dilema: aprovechar la presión de Trump para fortalecer su liderazgo demostrando que su gobierno es distinto y que la justicia debe seguir su curso o seguir, en una suerte de fuga hacia adelante, atrapada en una espiral de desconfianza y conflictos internos.

En definitiva, cae al dedo la expresión de AMLO, que defendía la tesis del pragmatismo político, y que le gusta repetir a la presidenta Sheinbaum: “En la política hay que optar entre inconvenientes”.

Arístides Royo: ante la coyuntura actual, «Panamá debería en primer lugar, antes que pensar en países europeos, cultiva el apoyo de los países de América Latina»

Royo fue el 23º presidente panameño entre 1978 y su dimisión el 31 de julio de 1982 en medio de una creciente presión política y social. Aunque oficialmente se alegaron razones de salud, su salida del poder respondió en gran medida a tensiones internas con las Fuerzas Armadas de Panamá.

Elecciones en Ecuador: atrapados entre la polarización política y la escalada de violencia

Los resultados de las elecciones generales del 9 de febrero en Ecuador han revelado profundas divisiones políticas. La reñida contienda entre el presidente en ejercicio, Daniel Noboa, y su rival, Luisa González, ha preparado el escenario para una intensa segunda vuelta el 13 de abril. El resultado de los comicios será crucial para el futuro de Ecuador, un país inmerso en la lucha por contener la creciente violencia de pandillas y el crimen organizado en medio de la inestabilidad institucional y un electorado cada vez más dividido.

Se avecina un estancamiento político de cara a la segunda vuelta

El panorama político de Ecuador se ha transformado con el ascenso de Luisa González, de tendencia izquierdista, en la primera vuelta electoral. Si bien algunas encuestas preelectorales sugerían que Daniel Noboa, el actual presidente de derecha, parecía estar destinado a ganar, la división casi equitativa de casi el 90% del electorado entre ambos candidatos revela una profunda polarización. Las tensiones parecen estar a punto de aumentar, ya que la recién elegida Asamblea Nacional refleja esta fragmentación partidista, sin que ninguno de los candidatos esté en condiciones de asegurar una mayoría legislativa.

Hasta ahora, el gobierno de Noboa ha buscado consolidar el poder ejecutivo, a menudo sorteando una legislatura fragmentada mediante decretos y mecanismos legales cuestionables. Si continúa en el cargo, sus esfuerzos por centralizar el poder probablemente enfrentarán una oposición significativa, y su capacidad de gobernar se verá aún más puesta a prueba. Este inminente estancamiento político, sumado a la creciente preocupación por la seguridad, podría poner a prueba la gobernabilidad de Ecuador en los próximos años.

El Estado lucha por abordar la creciente violencia de las pandillas

Hace menos de dos años, en agosto de 2023, los ecuatorianos eligieron a Daniel Noboa para completar el mandato del entonces presidente Guillermo Lasso, quien había disuelto la Asamblea Nacional y convocado elecciones anticipadas. Una profunda crisis política entre el legislativo y el ejecutivo, precedida por casos de corrupción que involucraron a altos funcionarios, condujo al uso de este mecanismo extraordinario.

La campaña electoral de 2023 se vio empañada por la violencia, las amenazas e incluso el asesinato de un candidato presidencial. Esto se produjo tras un alarmante aumento del crimen organizado y la violencia en los últimos años. La tasa de homicidios del país aumentó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a la asombrosa cifra de 47 en 2023, impulsada por la expansión de organizaciones transnacionales, como los cárteles de la droga de México y Albania, y la reorganización de las rutas de tráfico de cocaína hacia Europa. Estos grupos criminales se han infiltrado en prisiones, corrompido tribunales y cooptado gobiernos locales para el lavado de dinero, socavando la autoridad estatal y alimentando un ciclo de impunidad, violencia y deterioro institucional.

Esto queda ilustrado por el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI), que en 2024 otorgó a Ecuador una puntuación de 7 sobre 10 puntos posibles en el monopolio estatal del uso de la fuerza, inferior a los 9 puntos de 2020. Esta disminución refleja el debilitamiento del control estatal sobre la seguridad, lo que coloca a Ecuador por debajo de pares regionales como Uruguay y Argentina, y con una puntuación apenas superior a la de Colombia y México, ambos países con un largo historial de crimen organizado.

El gobierno interino de Noboa ha respondido desplegando fuerzas militares en zonas clave de conflicto, emitiendo decretos de emergencia y ampliando el aparato de seguridad mediante el aumento de la presencia policial y militar, así como de las medidas de vigilancia. El presidente también ha declarado un «conflicto armado interno» y ha catalogado a más de 20 bandas criminales como organizaciones terroristas. Sin embargo, dada la incapacidad del gobierno para reducir la violencia y su dependencia de las medidas de emergencia, se prevé que los indicadores de la estatalidad del país, o su capacidad para extender su control a todo su territorio, sigan disminuyendo.

Si bien la decisión de desplegar al ejército para asumir la seguridad de las cárceles y reforzar la presencia policial en zonas de alta criminalidad ha mostrado cierto éxito a corto plazo, también ha existido preocupación por posibles violaciones de derechos humanos y el debilitamiento del control democrático. Los críticos argumentan que una respuesta militarizada podría exacerbar los ciclos de violencia en lugar de abordar los factores socioeconómicos estructurales que fomentan la delincuencia.

La pregunta persiste: ¿Podrá el próximo gobierno de Ecuador implementar una estrategia de seguridad sostenible que equilibre la aplicación de la ley con la reforma institucional?

Posturas y orientaciones políticas en materia de seguridad

Las elecciones del 13 de abril determinarán si el país continúa con el enfoque de línea dura de Noboa o si avanza hacia las estrategias de prevención del delito basadas en la comunidad propuestas por González.

Luisa González, ex diputada del partido izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana y protegida del expresidente exiliado Rafael Correa, ha hecho campaña con una plataforma que promete el retorno a las políticas sociales y al modelo económico del gobierno de Correa (2007-2017). González se comprometió a aumentar los subsidios, ampliar la intervención estatal en la economía y abordar las causas profundas de la violencia mediante la inversión social, a la vez que reevaluaba la estrategia de seguridad de Ecuador restaurando las instituciones de la era Correa, como las asambleas comunitarias de seguridad ciudadana, para coordinar y supervisar la acción policial. Sin embargo, en lo que respecta a abordar los desafíos del crimen organizado, sus propuestas son escasas en detalle. Esto ha suscitado diversas interpretaciones y críticas, y algunos vinculan su candidatura con el legado autoritario del líder de su partido y el posible regreso del correísmo al poder y su control sobre los poderes públicos independientes.

¿Qué pasará después de la segunda vuelta?

La crisis de seguridad y la consiguiente respuesta estatal han sacudido la ya de por sí lenta economía del país, con la inversión extranjera y el empleo cayendo a niveles preocupantes. Este deterioro ha exacerbado los problemas sociales del país.

Si Noboa permanece en el poder, es probable que su administración mantenga su enfoque militarizado en materia de seguridad mientras impulsa reformas económicas. Sin embargo, su plan para atraer capital extranjero podría resultar difícil ante la creciente preocupación por el retroceso democrático, las limitaciones institucionales y la incapacidad del gobierno para frenar el crimen organizado. Por otro lado, una victoria de González probablemente significaría un cambio hacia un mayor gasto social, una revaluación de la política de seguridad y un énfasis en el desarrollo liderado por el Estado. Su administración también enfrentaría desafíos para implementar reformas debido a la fuerte oposición en la legislatura y la continua influencia de redes criminales arraigadas.

Independientemente del resultado, el próximo líder de Ecuador deberá abordar el estancamiento económico, el aumento de la deuda pública y un clima político profundamente dividido. El nuevo gobierno se enfrentará a la presión de restaurar la confianza pública y frenar el crimen organizado, a la vez que fortalece las instituciones democráticas, fomenta la cohesión política y asegura la cooperación internacional para asegurar la estabilidad a largo plazo. Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán si Ecuador avanza hacia un modelo de gobierno más cohesionado o si continúa asolado por divisiones internas.

¿Tiene sentido insistir con la democracia?

¿Cómo entender que en Panamá quienes están dispuestos a justificar un golpe de estado que inaugure un orden autoritario hayan pasado del 11% al 38% en una década? Pongo el ejemplo de un país latinoamericano sobre el que los diferentes estudios sobre la medición de la calidad de la democracia lo sitúan desde hace años entre la media docena de países con niveles más altos. En otro orden, cuando se analizan las actitudes de los jóvenes en España, de acuerdo con una reciente investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 37,6% de quienes tienen entre 18 y 24 años, cinco puntos porcentuales más de la cohorte comprendida entre 25 y 34 años, están de acuerdo con la afirmación “no me importaría vivir en un país poco democrático si me garantiza una mejor calidad de vida”. El promedio para el país es del 26,8%.

¿Qué avizora este panorama?

La democracia, que al finalizar el siglo pasado se asumía, en agraciada cita de Juan J. Linz, como “el único casino en el pueblo” está hoy en almoneda. Cada vez resulta menos distópico plantear escenarios en los que su práctica se vea arrinconada a la hora de definir nuevas reglas de práctica del poder, así como diferentes niveles de empoderamiento de la gente. No obstante, quién manda, a título de qué y para qué, siguen siendo interrogantes fundamentales, al igual que es imprescindible tener claro los títulos que definen las relaciones entre los individuos, sus garantías, el arreglo de sus diferencias y la resolución de sus conflictos.

Durante mucho tiempo se ha extendido una reflexión sobre los límites de la estrategia democratizadora exclusivamente basada en las elecciones regulares y en su estructura formal sin haber tomado conciencia de una falencia estructural muy severa en lo atinente a la debilidad, y en muchos casos ausencia, del estado como conjunto institucional complejo. También se han venido dejando de lado las bases sociales y culturales en que se anclan los diferentes regímenes políticos. Estos son aspectos especialmente delicados para América Latina.

Han abundado democracias con una ausencia clamorosa del estado que han permitido tres tipos de situaciones: la carencia del monopolio de la violencia por parte del estado con la consiguiente profusión de la inseguridad ciudadana, el abandono de la protección del espacio público y el hecho de que los productos de la política en forma de políticas públicas no lleguen a la gente o no se refieran a sus preocupaciones más urgentes e inmediatas. Todo ello hace que la política resulte ajena. La democracia que viene a ser su reflejo es la perdedora.

La captura del estado, o de sus funciones, por parte de diferentes tipos de elites y su perpetuación en el poder es el resultado inmediato. Al final los mecanismos democráticos no son solo prescindibles, resultan también disfuncionales en un escenario en el que hay que plantear nuevas formas de hacer política en sociedades enojadas, insatisfechas y semi informadas donde, además, la intermediación está patas arriba y la crisis fiscal es un mal endémico generalizado. Por otra parte, la era actual dominada por las redes sociales y la polarización afectiva ha difuminado la línea entre la verdad y la teoría de la conspiración y, a la vez, ha segmentado a la población en comunidades efímeras estructuradas mediante lazos débiles. La situación refleja un tejido social que se deshilacha mientras el espacio público se vacía en una escandalosa situación de deterioro de los servicios públicos.

Así mismo, se han mantenido patrones de extrema desigualdad, de informalidad y de exclusión de amplios sectores de la sociedad. Los valores culturales en boga han propiciado formas de actuación ajenas a la tolerancia, próximas al patriarcado y débiles en la acumulación de capital social.

El nuevo escenario da cabida también a una conjunción de situaciones cuyo efecto poco ejemplarizante con respecto a las pautas tradicionales de funcionamiento de la democracia subvierte. La disrupción trumpista por su efecto multiplicador global es un acicate en pro del alejamiento de las masas de la democracia. También lo son los comportamientos atrabiliarios tan al uso de la clase política que van desde la irrefrenable práctica del cruce de mensajes carentes de respeto y de mesura entre los jefes de Estado con la consiguiente banalización del ejercicio de su cargo hasta la confrontación entre los poderes del Estado usando mecanismos no institucionales. De lo primero el ejemplo más reciente es la intromisión indecorosa del presidente salvadoreño Nayib Bukele en los asuntos relativos a cuestiones de política de seguridad de México y de lo segundo la convocatoria del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de una marcha popular en contra del fiscal general

Así las cosas, la pregunta que encabeza este artículo puede tener sentido para amplios sectores de la sociedad. Si bien en el fondo sigue vigente el binomio de legitimidad-eficacia como el cimiento de todo régimen político las profundas transformaciones derivadas de la revolución digital tienen una incidencia notable que está trastocando dicho basamento. El desarrollo exponencial de la inteligencia artificial abre un panorama en el que el conocimiento de las preferencias de la ciudadanía deja de ser una quimera. Hoy la comprensión de la voluntad general rousseauniana es factible. Por otra parte, me consta que una amplio sector de la asesoría en los Legislativos y en los Gobiernos lleva meses utilizando inteligencia artificial para realizar informes, análisis y propuestas.

A todo ello debe agregarse que las funciones primordiales de los partidos de agregación y prelación de preferencias son obsoletas. Algo que se une al deterioro de su papel intermediador y a su cada vez menor incidencia en la selección del personal que se va a dedicar al oficio político. Si la política queda relegada a la elección de personas cada vez dotadas de menor experiencia que ahora van a hacerse cargo de la gestión de decisiones dibujadas mediante programas sofisticados ¿no podrá plantearse el método del sorteo para elucidar la situación de democracia electrónica como ya ideó Isaac Asimov hace setenta años en su relato “Sufragio universal”?

La democracia es también una forma de vida que hoy se ve particularmente amenazada desde la perspectiva de la oferta por el poder irrestricto de las grandes corporaciones tecnológicas aliadas con el poder político y desde el lado de la demanda por masas digitalmente alienadas cuya reciente alfabetización reclama nuevas formas de expresión política hoy todavía poco conocidas. Solo una actitud generalizada proactiva atenta a estos fenómenos puede detener la senda del sinsentido que viene abriéndose desde hace tiempo.

La responsabilidad de diagnosticar países 

En las últimas décadas el retroceso democrático, el autoritarismo y el backsliding se han convertido en áreas de investigación atractivas para las y los politólogos. Sin embargo, como cientistas sociales tenemos la obligación de ser imparciales y no sesgar los análisis, dejando a un lado nuestras simpatías o aversiones por partidos o liderazgos.

Como si de médicos se tratara, los cientistas sociales revisamos los síntomas que aparecen en los países para diagnosticar el estado de la democracia. Cabe destacar que esto no es un elemento menor, ya que cuando uno se enferma busca una respuesta y el medicamento indicado para dichos padecimientos. En ciencias sociales se busca explicar las causas y los síntomas en los países que llevan a un retroceso o a un fortalecimiento de la democracia, pero para esto es importante tener en cuenta algunos conceptos.

Muchas veces algunos colegas tienden a plantear escenarios catastrofistas, derivados de confusiones conceptuales o manipulación de las variables. En metodología, autores como Giovanni Sartori, Leonardo Morlino y James Coleman plantearon la importancia de utilizar con cuidado los conceptos y no estirarlos, todo con el objetivo de generar análisis certeros y rigurosos.

En algunas ocasiones los términos Estado, régimen, sistema y gobierno son utilizados de forma indistinta. Hago hincapié en estos conceptos porque ayudan a focalizar el diagnóstico. Dependiendo del nivel de análisis, se encontrarán las afecciones que producen el retroceso o debilitamiento de la democracia, de instituciones o del mismo gobierno.

El primer concepto que quiero plantear es el de Estado, considerado como la máxima institución que rige a una sociedad dentro de un territorio delimitado y ejerce un gobierno. Este concepto es la materialización del pacto social o de convivencia; además, persiste en el tiempo, presencia la ideología, el ascenso y caída de gobiernos. Autores como John Locke, Thomas Hobbes, José Migdal o Hans Kelsen teorizaron sobre el Estado.

Ahora bien, los síntomas que aparecen en el Estado cuando se analiza la erosión democrática o debilitamiento es que: 1) un proyecto o fuerza política ha sido colonizado y/o ideologizado; 2) el Estado deja de cumplir con sus funciones de proveer seguridad, servicios, administrar justicia y mantener el orden; 3) hay grupos que desafían su poder monopólico, y 4) pierde la capacidad de instaurar el orden en su territorio.

Autores como Guillermo O’Donnell estudiaron estas afecciones en el Estado, dando paso al concepto de Estado esquizofrénico, que se refiere a que no cumple con sus funciones básicas. Luego entonces, la erosión del Estado conlleva al debilitamiento del control del territorio, la erosión democrática y la aparición de gobiernos débiles. La aparición de afecciones serias en el Estado es similar a que una persona esté en terapia intensiva, puesto que habla de problemáticas en la estructura básica de los países.

El segundo concepto es el sistema, acuñado por Talcott Parsons y llevado a la ciencia política por David Easton. Hablar de sistemas políticos aglutina a las instituciones, régimen y actores políticos marcados por valores y creencias, o, en palabras de Easton, es la asignación autoritaria de valores. En esta circulan todas las interacciones externas e internas que dan forma al régimen y repercuten en el gobierno.

Politólogos como Almond, Deutsch o Huntington han comulgado con la definición de Easton; además, los sistemas políticos son catalogados como democráticos o autoritarios, es decir, adquieren valores y reproducen actitudes que pueden fortalecer o debilitar la institucionalidad. Cabe destacar que los sistemas son complejos y, al verse trastocados, cuentan con la capacidad de adaptación y resiliencia.

La adaptación es un concepto tomado de la teoría darwiniana de la evolución y que ha sido tomada por las ciencias sociales para explicar que, ante la aparición de imperfecciones o perturbaciones, el sistema se adapta, por ejemplo, con movilizaciones, un golpe de estado o revueltas. Por su parte, la resiliencia es un término tomado de la psicología social y se refiere a la capacidad de resistir embates, presiones o golpes de actores del sistema; este enfoque ha sido desarrollado por autores como Freidenberg, Levitsky y Norris, que han analizado la resiliencia de las democracias en América Latina y Europa. 

El tercer concepto corresponde al régimen, entendido como la forma en la que se organiza el poder, ligado a la división de poderes. Las reglas que rigen a una sociedad son fundamentales para entender el retroceso o el debilitamiento; si un partido o agentes cambian constantemente las reglas, sin un diagnóstico o en aras de concentrar poder, se puede trastocar la división de poderes y por ende los equilibrios.

En países como Nicaragua y Venezuela se ha modificado la estructura de los poderes legislativos y judiciales, lo que conlleva una concentración de poder en manos del ejecutivo. El cambio en la forma de elección de jueces en países como México y Bolivia fue entendido como un proyecto que buscó dinamitar a un poder que fungía como contrapeso al poder político. La aparición de señales como concentración del poder, persecución de jueces y el Parlamento como una extensión del ejecutivo son síntomas que muestran el paso hacia un régimen autoritario.

Es importante señalar que hay una tendencia a ver todos los regímenes autoritarios como si fueran iguales, pero esto no es así. Existen totalitarismos, propuesto por Hannah Arendt, donde no hay ninguna libertad, como Corea del Norte; sultanismos, término acuñado por Juan Linz, como Nicaragua con Daniel Ortega o Anastacio Somoza o Haití bajo la dictadura de Duvalier; regímenes cívico-militares como las dictaduras de Brasil o Argentina en el siglo XX; nacionalpopulares, militares que comulgaban con proyectos desarrollistas como Ecuador bajo Guillermo Rodríguez Lara, o las democraturas postuladas por Rosanvallon.

Como podemos ver, existe una gran gama de regímenes con sus particularidades; por otro lado, encontramos lo que se denomina zonas grises, las cuales se caracterizan porque son naciones que combinan elementos autoritarios y democráticos. En una analogía con las ciencias de la salud, estos se entienden como el endurecimiento de las afecciones en un paciente. Sobre todo, porque las instituciones comienzan a ser golpeadas por una fuerza mayoritaria o un presidente; el debilitamiento de las instituciones, la persecución de la oposición y la limitación de derechos son síntomas que indican que un país transita hacia el autoritarismo.

Por último, en numerosos estudios autores como O’Donnell, Schmitter y Whitehead se enfocaron en los estudios del gobierno, es decir, la parte que está ocupada por los partidos políticos, presidentes y primeros ministros. Cuando se refiere al gobierno, este aglutina al espacio de toma de decisiones, implementación de políticas y donde convergen las fuerzas políticas. Esto quiere decir que el gobierno propiamente está ideologizado; responde a lógicas partidistas y puede estar en constante cambio debido a las alternancias.

La sintomatología de que un gobierno es autoritario está asociado al comportamiento del gobernante, y algunos otros lo asocian a la aparición de personajes populistas. Sin embargo, cuando se analiza a un presidente o primer ministro, es posible identificar que el titular del poder ejecutivo tiende hacia el autoritarismo o no. Este es el elemento menor donde aparecen las afecciones, puesto que dependerá de los otros poderes, instituciones y agentes contener y evitar la deriva autoritaria.

En el último lustro se han diversificado los estudios sobre líderes personalistas que tienden al antipluralismo o el autoritarismo, pero eso no significa que el Estado o el régimen en su totalidad abandonen la democracia. Por ejemplo, Javier Milei en Argentina se ha hecho conocido por su motosierra y su lenguaje estridente; sin embargo, hasta el momento la nación no muestra el tránsito hacia el autoritarismo.

Otros ejemplos son Gustavo Petro en Colombia, que desde hace meses tiene una confrontación abierta con el órgano electoral y la oposición, a la que acusa de fraguar un golpe de estado. En Polonia, la derrota del partido Ley y Justicia en las legislativas ha abierto el camino para que un ministro europeísta, Donald Tusk, pueda limitar el poder del presidente Andrzej Duda. En Austria, la exclusión del nacionalista Partido de la Libertad del gobierno, derivado de sus intentos fallidos para formar gobierno, generó un respiro para la ciudadanía.

En conclusión, como científicos sociales debemos apegarnos a los conceptos, la rigurosidad y la observación; es pertinente señalar que a veces cuesta trabajo. Sin embargo, un diagnóstico erróneo conlleva a una interpretación sesgada de la realidad que debilita los argumentos y en algunos casos incide en la percepción de la ciudadanía.

Motosierra a la democracia: Milei y la Corte Suprema argentina

Javier Milei, el presidente de Argentina, ganó notoriedad por la imagen de la motosierra. En un primer momento, su intención fue “cortar de raíz” al Estado argentino, su enemigo. Pero la motosierra se está utilizando contra la democracia. El 25 de febrero fueron nombrados por decreto dos ministros para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, lo que plantea dudas sobre la legitimidad e independencia del poder judicial en el país.

El proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, establecido por la Constitución Nacional, implica la presentación de candidatos por el Poder Ejecutivo, seguida de la aprobación del Senado, con quórum de dos tercios. Este procedimiento incluye una fase de impugnaciones y observaciones públicas, de acuerdo al Decreto 222/03, que tuvo como objetivo aumentar la transparencia y la participación ciudadana. La Corte, que debería contar con cinco jueces, actualmente sólo cuenta con tres, debido a jubilaciones y renuncias.

La reciente decisión de Milei de nombrar a Lijo y García-Mansilla, mediante el Decreto 137/2025, desconoce este proceso legislativo, comprometiendo la separación de poderes y la independencia de la Corte. Los nombramientos por decreto son temporales, precarios, se hacen durante el receso del Congreso y buscan burlar la falta de apoyo político del presidente, quien no cuenta con los votos necesarios para aprobar sus nominaciones. El partido de oposición, Unión por la Patria, tiene mayoría en el Senado y puede obstruir dichos nombramientos.

Además de dañar la credibilidad de la Corte, la acción de Milei es vista como una violación a la independencia judicial y un retroceso en relación a la igualdad de género, ya que nombró solo a hombres, desconociendo la histórica subrepresentación de las mujeres en el tribunal. Sólo tres mujeres, de un total de 104 hombres, han ocupado un asiento en la Corte Suprema a lo largo de su historia. Argentina es el único país de Iberoamérica sin representación femenina en la Corte.

Las críticas se intensifican con la afirmación de que los nombramientos son inconstitucionales y podrían resultar en la nulidad de las sentencias que firmen los nuevos ministros. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la erosión de la legitimidad y la calidad institucional del Poder Judicial, enfatizando que la construcción de consensos y el respeto a la separación de poderes son fundamentales para la democracia. La situación actual, marcada por una masiva desconfianza popular hacia el Poder Judicial, resalta la urgencia de volver a la legalidad en el proceso de nombramientos judiciales.

El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni calificó de inconstitucionales los recientes nombramientos, pronosticando serios problemas legales si estos ministros firmaran sentencias, que serían nulas de pleno derecho y constituirían usurpación de funciones. El ministro en retiro Juan Carlos Maqueda también expresó su indignación, al considerar que la decisión del presidente, tres días antes del inicio de las sesiones ordinarias, es “absolutamente lamentable”. Maqueda destacó que el contexto histórico que permitió los nombramientos por decreto en 1860, en una Argentina casi desierta, es radicalmente diferente al actual.

La situación se complica aún más por el hecho de que el nuevo ministro, García-Mansilla, había expresado previamente su oposición a los nombramientos realizados por decreto. A pesar de las voces críticas, muchos simpatizantes han optado por el silencio, temerosos de ser asociados con una maniobra presidencial controvertida, especialmente en relación con el nombramiento de Ariel Lijo, ampliamente cuestionado. Observadores advierten que esta estrategia permite al presidente Milei esperar los resultados de las elecciones legislativas de 2025, buscando fortalecer su base en el Senado para reintroducir nombramientos senatoriales. El actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, indicó que la propia Sala evaluará la constitucionalidad del decreto, y ya hay acciones judiciales en su contra.

El viejo conocido

Ariel Lijo, el candidato, es un destacado juez federal conocido por su trabajo en casos de corrupción. Tiene un historial controvertido, con 34 denuncias disciplinarias presentadas, aunque ninguna ha resultado en una condena. Lijo, quien está asociado con figuras políticas influyentes, defendió su candidatura en una audiencia de ocho horas en el Senado en 2024, donde enfrentó un número considerable de desafíos. Su nombramiento, sin embargo, fue ampliamente criticado, incluso por aliados de Milei, como la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina y el Colegio de Abogados de Buenos Aires han expresado su preocupación por las implicaciones económicas del nombramiento de Lijo, quien ya ha sido cuestionado por su conducta inapropiada. Juristas y constitucionalistas también se posicionaron en contra de las designaciones, calificándolas de irregulares y potencialmente inestables para la institucionalidad del país.

En estos momentos, la situación de Lijo sigue siendo incierta. Como su nombramiento es temporal, Lijo deberá renunciar a su cargo de juez federal, según decidió el propio Supremo Tribunal Federal en la primera semana de marzo. Aún no ha dimitido y se dice que prefiere ser aprobado por el procedimiento ordinario, con el visto bueno del Senado.

Lo desconocido

El reciente nombramiento de Manuel José García-Mansilla en sustitución del juez Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre de 2024, también ha planteado dudas sobre la legitimidad del proceso. En marzo de 2024, el presidente Milei lo nominó a la Corte Suprema, pero García-Mansilla no obtuvo las nueve firmas necesarias del comité del Senado para proceder a una votación en el plenario. Ignorando ese requisito, Milei lo nombró en comisión mediante decreto nº 137/2025, el 25 de febrero de 2025. La Corte Suprema, considerando que el candidato poseía las calidades exigidas por la Constitución, lo juramentó en ceremonia privada dos días después. Un grupo de organizaciones acudió a los tribunales pidiendo su anulación.

García-Mansilla tiene una trayectoria académica, siendo Doctor en Derecho, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y Profesor de Derecho Constitucional. En el sector privado, representó al sector energético. Se le describe como ultraconservador en temas sociales y liberal en términos económicos, alineándose con la ideología del actual gobierno. Su postura crítica hacia los tratados de derechos humanos y su activismo contra la interrupción voluntaria del embarazo ejemplifican sus posiciones.

Históricamente, el intento de Mauricio Macri de nombrar magistrados por decreto en 2015 se topó con una fuerte oposición, lo que lo llevó a revertir la decisión. En contraste, Javier Milei ha gobernado mediante decretos controvertidos y, en medio del “Criptogate”, ha buscado consolidar su poder en el poder judicial, generando preocupaciones sobre la erosión democrática en Argentina.

El efecto USAID en Colombia: la ayuda se va y la crisis se queda

Colombia ha sido un país azotado por el conflicto interno desde su independencia. La ausencia del Estado en las regiones más apartadas, sumada a la desigualdad estructural, ha permitido que grupos armados ocupen los espacios abandonados por el poder central, dejando a la población civil atrapada en medio de intereses contrapuestos. La precariedad en la satisfacción de necesidades básicas se ha convertido en la norma, lo que refleja la debilidad de un Estado que no logra garantizar condiciones de vida dignas a sus habitantes.

Ante la ineficacia de los gobiernos para abordar estas problemáticas, la cooperación internacional ha surgido como un instrumento clave para mitigar el sufrimiento humano y suplir la ausencia estatal. Organizaciones multilaterales, ONG y gobiernos extranjeros han implementado proyectos que van desde la recuperación de suelos erosionados hasta el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la paz. Estos esfuerzos han evidenciado la importancia del apoyo internacional en la resolución de los desafíos sociales de Colombia.

Conscientes de esta realidad, los sucesivos gobiernos colombianos han recurrido a la ayuda externa para reducir brechas sociales, especialmente aquella proveniente de su principal socio comercial: Estados Unidos. Desde la creación de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en 1961, Bogotá y Washington han estrechado lazos mediante proyectos conjuntos destinados a disminuir las desigualdades en un país golpeado por el conflicto armado. USAID ha financiado programas de empoderamiento económico, gobernabilidad regional, agricultura sostenible e impacto medioambiental, desempeñando una actuación esencial en regiones donde el Estado tiene poca o nula presencia.

Abandonados a su suerte

Tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, manifestando la ambivalencia entre los objetivos de los programas de USAID y los intereses nacionales de los EE.UU., surge la incógnita sobre el futuro que le espera a las comunidades beneficiadas de los proyectos desarrollados en Colombia. Durante el periodo 2018-2024 el país recibió alrededor de 1.200 millones de dólares, destinados a financiar proyectos enfocados en la asistencia humanitaria, convirtiendo al territorio nacional en el principal receptor de la ayuda externa en América Latina y el Caribe.

Actualmente, Colombia vive una profunda crisis de orden público, especialmente en las zonas de frontera. El recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos armados, quienes se disputan el control de las rentas criminales y el poder absoluto en zonas estratégicas para el desarrollo de las actividades delictivas, ha llevado al desplazamiento forzado de miles de personas que buscan salvaguardar su integridad en medio del abandono estatal. Ante tal situación, el flujo de recursos financieros y de personal altamente calificado provenientes de la agencia estadounidense permitían mitigar los efectos de una crisis que el Estado colombiano se ha visto incapaz de abordar.   

Casos como el de Tumaco, municipio ubicado en la costa pacífica, donde se han desarrollado programas conducentes a la protección de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, son una muestra fehaciente de la importancia de contar con un aliado estratégico en zonas de conflicto. No obstante, la salida de USAID del país y la eventual desintegración de su estructura organizativa dejan un vacío difícil de llenar. Para las comunidades locales, la presencia de la agencia estadounidense se ha convertido en la única esperanza que les puede brindar condiciones de vida dignas.

¿Y ahora qué?

Después de la revisión exhaustiva por parte de Washington a USAID, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dio a conocer la decisión adoptada por parte de la Casa Blanca, manifestando la cancelación oficial del 83% de sus contratos vigentes. Se trata de una decisión sin precedentes para una entidad que benefició durante más de siete décadas a las comunidades más vulnerables a nivel global. La falta de continuidad en las iniciativas locales podría llevar al resurgimiento de actividades ilícitas y al recrudecimiento de la violencia, y todo esto sumado a la probabilidad de que los avances sociales tiendan a desmoronarse sin la asistencia externa.

Este escenario plantea un interrogante clave: ¿hasta qué punto la cooperación internacional podría ser una solución duradera o reemplazar el papel del Estado? Esto nos lleva a pensar en la necesidad de implementar reformas estructurales para abordar los problemas internos, creando sinergias con los actores internacionales y asumiendo un rol más activo en la sostenibilidad de los proyectos. Esto permitiría que los beneficios adquiridos no desaparezcan con la partida o desintegración de los cooperantes, tal como viene sucediendo con USAID.

Ahora, el principal objetivo debería enfocarse en el diseño de políticas públicas que maximicen el impacto de los proyectos a largo plazo. De esta forma, la asistencia humanitaria podría ser vista como una acción complementaria para prevenir el sufrimiento humano y no como un sustituto de los deberes constitucionales. El cese de operaciones de USAID en Colombia advierte una verdad incómoda: la cooperación internacional podrá beneficiar a las comunidades en el corto plazo, pero jamás asumirá las responsabilidades del Estado.

Diplomacia científica para la acción climática en tiempos de negacionismos 

Desde las altas esferas de la política, los discursos que cuestionan las teorías científicas sobre el impacto de las actividades humanas en el planeta se han fortalecido. Se construyeron teorías conspirativas alrededor de las vacunas de Covid-19 y se disputa la agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo sustentable (ODS). El mundo se volvió propenso al fomento de la desinformación que frecuentemente niega la evidencia científica sobre el cambio climático y la crisis ambiental. Muchos de estos discursos a menudo toman mayor preponderancia al construirse desde espacios de liderazgo político y viralizarse a través de medios de comunicación y redes sociales confundiendo a la ciudadanía.  

Las teorías conspirativas y la desconfianza en la ciencia no solo hacen parte de las narrativas, sino que tienen cada vez más incidencia en la formulación de políticas públicas, la toma de decisiones, el reordenamiento de las prioridades y las agendas, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, reconfiguran las estructuras de financiamiento destinadas a generar evidencia científica que respalde la toma de decisiones.  

La tendencia hacia el escepticismo y el negacionismo de la ciencia toma una dimensión particularmente impactante cuando el discurso proviene de sectores políticos. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha impulsado políticas disruptivas con impactos negativos a nivel mundial, como el anuncio de su salida del Acuerdo de París, la declaración de la “emergencia energética” y “el Drill baby Drill”, hasta el desmantelamiento y recorte financiero de agencias de investigación y programas como sucede en los Institutos Nacional de Salud (NIH) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). Esto ha aumentado la preocupación sobre la continuidad de las investigaciones en temas sensibles en la intersección de clima, ambiente y salud. 

Más allá de Donald Trump

El caso de Estados Unidos no es aislado, el conservadurismo toma renovadas formas y construye alianzas con actores políticos emergentes. El gobierno de Javier Milei en Argentina también está cercenando la estructura del Estado en la misma línea que Trump. En efecto, las políticas de corte neoliberal, la disminución o eliminación de presupuestos orientados a políticas públicas ambientales, de derechos humanos y género y el fomento de programas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para actividades de extracción de recursos naturales, van a contramano de las políticas de cuidado y protección del ambiente. 

En cuanto al cambio climático, Milei se ha mostrado escéptico a la evidencia científica, con discursos que niegan la incidencia humana en los ecosistemas y el clima. Una decisión en este sentido fue la instrucción de parte de Cancillería Nacional de retirar a la delegación oficial de la Conferencia de las Partes (CoP29) en Bakú, Azerbaiyán, con las implicancias políticas e internacionales que esto conlleva. Asimismo, siguiendo los pasos de Trump, a principios de febrero, el gobierno anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aludiendo que las directrices de la OMS se orientan por influencias políticas y no están basadas en ciencia. 

Este proceso también se observó en Brasil durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2023), particularmente en lo relacionado con la agenda ambiental. Recordemos que sus políticas, muy dinámicas, estuvieron marcadas por un fuerte retroceso. En efecto, bajo su gobierno se adoptó una postura abiertamente escéptica respecto al cambio climático y se redujeron significativamente las políticas ambientales en Brasil. Su administración estuvo marcada por la reducción de la protección del Amazonas, donde la deforestación alcanzó niveles récord, y el retiro de compromisos climáticos internacionales. 

En estos casos, la diplomacia científica como herramienta oficial para la articulación adecuada entre la ciencia y la política a nivel internacional no fue tenida en cuenta. Recordemos que la diplomacia científica es una práctica orientada a superar las brechas ideológicas, los desequilibrios de desarrollos tecnológicos desiguales y las barreras políticas en la protección y gestión del medio ambiente. 

¿Qué hay detrás del negacionismo? 

A pesar de las advertencias desde diversas disciplinas científicas, el negacionismo climático y la desinformación en materia ambiental presentan una visión del mundo que prioriza y sostiene la economía de los combustibles fósiles y el “business as usual”. Esta rechaza las políticas de cambio climático por considerarlas una amenaza al modelo de libre mercado, el desarrollo económico y las políticas extractivistas que impactan mayormente en los países del Sur Global. 

Entonces, ¿qué lugar ocupa el conocimiento científico en el marco de estos gobiernos? Decisiones de esta magnitud tienen grandes impactos en la política internacional y pueden fortalecer o debilitar la cooperación entre países. Justamente en estos momentos de incertidumbre es muy necesario fortalecer la diplomacia científica para encontrar soluciones a problemas de carácter intersectorial, inter/transdisciplinarios y transfronterizos. 

No hay ningún país ni sector social que de manera aislada pueda abordar la complejidad de problemas que se encuentran en la intersección del clima, el ambiente y la salud. A pesar de ello, los discursos negacionistas y las agendas políticas que no tienen en cuenta a la ciencia están profundizando las problemáticas socio-ambientales, debilitando la cooperación internacional y la diplomacia, afectando así a las poblaciones más vulnerables.     

La agenda climática y ambiental está atravesando desafíos significativos en países como Estados Unidos y Argentina donde las ideologías están por encima de los resultados científicos. Esto demuestra que la agenda climática está atrapada entre los esfuerzos por avanzar hacia un modelo sostenible y las resistencias conservadoras, sobre todo en sectores asociados con la extracción de recursos naturales y el uso de energías fósiles. 

En este contexto, resulta fundamental considerar el papel de la diplomacia científica, a través de la cooperación internacional y la comunicación basada en evidencia, como un mecanismo político-social eficaz para abordar el negacionismo climático. La diplomacia científica puede ser el puente para facilitar acuerdos internacionales y promover diálogos constructivos entre diversos actores, contrarrestando la desinformación y las noticias falsas. Además, contribuye a mejorar el acceso a la información, tanto de los sectores políticos como para la ciudadanía en general. 

Es urgente facilitar alianzas entre la ciencia, la política y la sociedad para generar una ciencia con impacto social que fortalezca la toma de decisiones responsable y promueva una gobernanza climática más efectiva.

Milei y su mito de la historia argentina

Es claro que el gobierno de Javier Milei representa un corte con la cultura política de la democracia argentina desde 1983 en adelante. No es por falta de populismos en nuestra democracia que el populista Milei se diferencia de los gobiernos anteriores. Su mesianismo no se diferencia de aquellos que critica. El “cripto” escándalo lo acerca aquellos políticos que lo antecedieron en sacar rédito para pocos y aledaños y contribuir al empobrecimiento de los demás. Incluso su utilización y su manipulación de la memoria histórica la comparte con la centro-derecha macrista y el peronismo kirchnerista. Pero aquello que lo hace diferente es su negación del pasado y en particular del terrorismo de Estado.

Por segundo año consecutivo, el gobierno de Javier Milei decidió promocionar un video en la cuenta oficial de la Casa Rosada brindando una interpretación “alternativa” de la Argentina de la década de los 70s y, principalmente, de la dictadura militar y su rol histórico. El video es protagonizado, y seguramente guionado, por el intelectual orgánico Agustín Laje, coautor de un libro notable por su pobreza de contenidos y su ignorancia académica y conceptual titulado, “El libro negro de la nueva izquierda”.

El señor Laje es el principal ideólogo de la extrema derecha argentina, algo así como el Dr. Goebbels (ideólogo nazi) o Steve Bannon (ideólogo del trumpismo) de Milei. A diferencia del alemán que contaba con un doctorado, Laje dice que lo está cursando actualmente. Esto no lo hace menos emblemático de la pobreza intelectual de los nuevos populismos. Bannon tampoco es académico y dice prácticamente lo mismo. También hacía lo mismo el “filósofo” de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho.

En concreto, no es necesario estudiar para repetir la propaganda de las dictaduras. Pero el objetivo es hacerlo desde una perspectiva que simule seriedad, objetividad y rigurosidad académica. Nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, ningún departamento de historia en Estados Unidos o América Latina incluiría en sus cursos este documento de propaganda digital como una interpretación histórica válida. El adoctrinamiento y la historia no se juntan.

Publicado el 24 de marzo, el video no es solo una provocación, es también un síntoma del síndrome autoritario del gobierno de Milei. Es decir, representa lo que el filósofo Walter Benjamin llamó un documento de barbarie. Su función es estética. Su fin no es repetir la historia sino negarla. En concreto, no discute la historia, pues afirma el mito y la propaganda más burda y lo hace desde el prestigio de la Casa Rosada (ya de por sí bastante desprestigiada).

El documento digital declara que lo que quiere es brindar una “historia completa” de la violencia de los 70s. Dice que no resucitará la así llamada teoría de los dos demonios, equiparando, falsamente, la violencia de la dictadura con la de las guerrillas. Sin embargo, Laje, repite los argumentos de los dictadores y la ideología del fascismo en Argentina: la junta, en nombre de occidente, salvó a la sociedad argentina de los guerrilleros y la izquierda, quienes querían implantar una dictadura comunista a través de la lucha armada.

Laje, intenta validar el documento citando libros y documentos que la cámara nos muestra generosamente, sin embargo, no incluye en su biblioteca a los historiadores expertos en el tema. Esta ausencia no es un tema menor, pues en una acrobacia de anti-intelectualismo transforma el estudio de la historia en mera propaganda. La música (ominosa y cómplice), el ambiente (oficial es decir la mesa de gabinete de Milei), y el mismo personaje que se postula como académico, generan una sensación que se pretende proyectar a la misma historia.

El relato de Laje, que es la posición oficial del gobierno, enmarca el “horror de los 70s” como un producto exclusivo de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la guerra fría, convirtiendo a la insurgencia guerrillera latinoamericana en un fenómeno homogéneo cuyo accionar respondía a Moscú a través de Cuba. Los conflictos internos de todos los países latinoamericanos fueron, entonces, guerras de poder entre las superpotencias en donde las guerrillas eran títeres soviéticos y las juntas militares eran los últimos garantes del estilo de vida occidental en cuya defensa debieron actuar. Si la historia fuese así de simple, no serían necesarios los historiadores y alcanzaría con las explicaciones conspirativas de estos personajes que inculpan al exterior por los problemas internos del país.

En realidad, las llamadas “guerras sucias” latinoamericanas no fueron verdaderas guerras, sino militarizaciones ilegales de la represión estatal. Los Estados hicieron la “guerra” contra sus ciudadanos. En concreto, el Plan Cóndor fue una operación clandestina transnacional para eliminar la subversión latinoamericana, a través de la desaparición forzada y tortura de opositores a las juntas militares.

Los historiadores hablamos de terrorismo de Estado, mientras que Milei, Bolsonaro, Kast y sus acólitos recrean realidades alternativas a las cuales llaman verdad «completa».  Al igual que en el resto de América Latina, la violencia estatal no estaba justificada y no salvó al país de una dictadura comunista. La democracia se fortalece a partir de la historia y no de su negación.

El teatro como resistencia frente a las narrativas imperialistas

Antes de abordar lo que nos ocupa con la obra 1903, El Musical, hablemos del control de masas a través de la propaganda política, cuyo fin es persuadir en tiempos de guerra, buscando influir en emociones, ideologías políticas o culturales.

La propaganda política surge con los emperadores romanos como Julio César y Octavio Augusto, quienes utilizaron monumentos, monedas y discursos públicos para consolidar su poder y promover sus logros. En 1622, por iniciativa del papa Gregorio XV, se crea la Sacra Congregatio de Propaganda Fide para controlar desde Roma la evangelización a nivel mundial, pero también con el propósito de consolidar la autoridad papal en todo el orbe. Poco a poco, la propaganda se fue consolidando en regímenes totalitarios, como el de Lenin, quien implantó el comunismo en Rusia, y el de los nazis, que llegaron al poder en Alemania.

En la actualidad, cuando vemos una bandera estadounidense, escuchamos el nombre de «Trump» o incluso leemos las siglas «MAGA», no importa el contexto, lo primero que nuestra mente relaciona o connota, semióticamente hablando, es imperialismo vivo. Y en el ámbito panameño, esto se traduce en «soberanía», que tanto ha costado sostener en los libros de historia.

¿Pero…? ¿Cómo se relaciona esto con la obra de teatro 1903, El Musical?

Harold Lasswell, pionero en ciencias políticas y teoría de la comunicación, concibe este mecanismo como un flujo de información controlado que dirige o influye en la opinión pública y proporciona modelos o pautas de conducta. Esto no debe tomarse con aires de oscuridad. Si bien Donald Trump mueve sus fichas según sus intereses, el panameño tiene su historia vivida, representada en grandes escenarios con centenares de espectadores que no dejan morir su pasado.

La obra de teatro 1903, El Musical, es un gran ejemplo de propaganda política bien lograda: desde las escenografías, vestuarios y actores, hasta la música que podría convertirse en un himno de soberanía. La obra está representada como quien mueve con estrategia las fichas en un tablero de ajedrez. No es sino hasta el final del musical cuando se siente el «jaque mate», y no queda emoción que no pueda resumirse en al menos una lágrima.

El guion inicia con un Victoriano Lorenzo, uno de los grandes héroes de la historia panameña, tendido en el pavimento de lo que hoy conocemos como Plaza de Francia, un personaje olvidado en la historia, quien revive para recrear la separación de Panamá y Colombia. Los personajes están bien pensados, incluyendo los breves minutos que tiene Theodore Roosevelt, o la forma tan irónica de ver a Philippe Bunau-Varilla, que, si en algún momento quisieran borrarlo de los libros de historia seguiría siendo un antihéroe a quien Panamá «debe» su Canal, pero que, a su vez, nos vendió por 10 millones de dólares.

El poder de la música

Según un artículo de Eduardo Barreto Martín, investigador de la Universidad de Salamanca, sobre la relación entre la memoria democrática y los espacios culturales, la música no sólo refuerza los mensajes, sino que también facilita su memorización y crea conexiones emocionales en torno a un objetivo colectivo. En el caso de esta obra, los temas musicales cumplen una función clave en la narrativa y en la evocación de la identidad nacional. Canciones como “No se gana (pero se goza)” logran conectar con las emociones del público a través de versos como: «Sé para Panamá, sale el sol, otro día pa’l Gobierno meternos otro gol, únete al movimiento, juega tu rol que de esta tierra hay que volver a tomar el control». 

También destaca “Eres mi hogar”, que expresa un sentido de pertenencia con líneas como: La tierra que al partirse al mundo unirá… Eres mi hogar, no existe otro amor, no existe otro lugar. La canción “Bandera” eleva el símbolo patriótico a una representación de esperanza y sacrificio: Azul como los yeguas que uniremos, el rojo de la herida por sanar, el blanco de la paz por la que soñaron los mártires que te levantarán. Y, finalmente, la icónica “Sé para tu patria” se convierte en un himno de resistencia y coraje: Deja a un lado el miedo que te para, el guerrero que hay en ti hoy se para, párate y sé para Panamá, sé para tu patria.

Estas canciones funcionan como verdaderos detonantes propagandísticos. Su efecto puede compararse con el uso de la música durante la Primera Guerra Mundial, cuando se componían canciones para animar al público a apoyar el esfuerzo bélico, una estrategia que también fue eficaz durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la propaganda política no debe interpretarse necesariamente como algo negativo; puede ser un recurso poderoso para fortalecer la identidad y la memoria colectiva de un país.

Impacto social y contrapropaganda

El teatro, como herramienta política, no es nuevo. Isidora Aguirre relató cómo Salvador Allende le pidió incorporar su obra “Los que van quedando en el camino” para fortalecer su campaña presidencial. 1903 funciona de manera similar: es un contrarrelato que refuerza el orgullo panameño frente a narrativas externas que hoy, en 2025, amenazan con resurgir. Quizás no sea la maquinaria propagandística de Trump, pero en Panamá, al menos, sigue funcionando como un recordatorio de nuestra capacidad de resistencia.

Desde la representación simbólica, la crítica social, la idealización de héroes o villanos, la simplificación de ideas complejas, hasta la movilización del público, quedan reflejados en la obra, que logra captar la esencia de estos mecanismos. Al final, la figura de Ascanio Arosemena, dirigente estudiantil asesinado en 1964 durante los incidentes del Día de los Mártires, cuando un grupo de estudiantes ingresó a Zona del Canal de Panamá bajo administración estadounidense, se erige como un símbolo que abarca a todas las generaciones de panameños que han luchado por la soberanía de su patria, dejando un mensaje profundo de unidad que resuena con fuerza en el corazón de todos los espectadores.