Una región, todas las voces

No hay engaño: los ciudadanos de las potencias apoyan las políticas imperialistas

En los últimos días he podido comprobar como dos exámenes geopolíticos brillantes, de orientación política opuesta, pueden cometer sin embargo el mismo error analítico. El primero corresponde al artículo de Carmen Claudín, publicado en el diario El País (20/2/25) y titulado “Contra la internacional oscurantista de Trump y Putin”, donde la investigadora rechaza enfáticamente el acercamiento entre el presidente norteamericano y el ruso, para poner fin a la guerra en Ucrania, subordinando a Kiev. El segundo análisis brillante ha consistido en el discurso del economista estadounidense Jeffry Sachs en el Parlamento Europeo, sobre la continua doctrina de Washington de perseguir la hegemonía mundial desde una perspectiva unilateral y la persistente subordinación de Europa a esa estrategia de dominación imperial.

Como es fácil de observar ambos planteamientos políticos son completamente opuestos. Sin embargo, los dos coinciden en un error fundamental: consideran que los gobiernos de ambos países son capaces de conducir las políticas geoestratégicas engañando o confundiendo a sus respectivas poblaciones. En el texto de Claudín, tanto Trump como Putin aparecen como dictadores, de espaldas al interés de su ciudadanía. Algo que es totalmente falso. En ambos casos, los presidentes cuentan con el apoyo de la mayoría de su población, tanto si se mide mediante sondeos de opinión, como mediante comicios electorales. Repetir que Trump y Putin no nos gustan, no conduce a ninguna parte. Es necesario identificar cual es la causa de que tengan el apoyo de la mayoría de su ciudadanía.

En el caso de Jeffrey Sachs el discurso es un poco más complejo, pero no demasiado. Según su relato, en Estados Unidos es la estructura gubernamental, atravesada por los lobbies privados, la que dirige por décadas la política imperial del país, ante una ciudadanía engañada o, como poco, inerme. Tampoco es cierto. Esa concepción progresista de que Trump ha ganado las elecciones engañando a la mayoría de la población ya no tiene mucho recorrido. Ha llegado la hora de identificar que los mandatarios de las potencias militares (Estados Unidos, Rusia y China) se basan en una visión de mundo compartida con la mayaría de su población.

En el caso de Estados Unidos, el “America First” que ha atraído a tanta gente guarda directa relación con la concepción de que Estados Unidos es la primera potencia mundial y tiene derecho a impulsar una política unilateral. Es solo una modalidad distinta de la que han impulsado los gobiernos del partido demócrata durante más de treinta años respecto del papel de Estados Unidos en el mundo. Ello no significa desconocer las diferencias notables que existen a nivel nacional entre los gobiernos de ambos partidos. Pero la cuestión central es que la mayoría de la población estadounidense apoya la hegemonía geopolítica de su país; es decir, se siente a gusto siendo parte de una potencia que domina el mundo.

En el caso de Rusia la percepción de la gente es menos unilineal. El sentimiento de que Rusia ha sido humillada por occidente desde la desaparición de la Unión Soviética es mayoritariamente compartido por la población. Y ese es el principal capital político de Putin: devolverle al pueblo ruso el respeto internacional que se merece un país que, a fin de cuentas, sigue siendo una potencia nuclear.

Una versión diferente de esa reivindicación histórica también sucede en China. La subordinación a que fue sometida por las potencias occidentales (y por Japón) tiende a desaparecer ahora que también es una potencia económica, militar y nuclear. Todo indica que, después de comprobar que no podrían hacerlo (convertirse en potencia), al tiempo que transitaban hacia la democracia, parece que la población ha aceptado que tiene que elegir, y prefiere ser parte de una potencia mundial aunque no sea democrática. Desde luego, en el caso de China no puede hablarse correctamente de manipulación, porque su sistema es de partido único, es decir, se basa en la no elección política.

En suma, parece que es infundado seguir manteniendo que las políticas imperiales de las potencias militares no tienen el apoyo mayoritario de su población. La mayoría de la gente de esos países se siente cómoda perteneciendo a naciones que se disputan la dominación del mundo. Eso recuerda la vieja discusión acerca de si la mayoría del pueblo alemán apoyaba la política imperial de Hitler o simplemente fue engañada por el régimen nazi.

Hoy pocos historiadores refutan que, sobre todo al comienzo de la guerra mundial, Hitler tenía el apoyo mayoritario de la población alemana. Eso no significa desconocer que una parte apreciable de la ciudadanía alemana no participó del planteamiento nazi, ni tampoco desconocer que el régimen se esforzó por manipular las mentes y los corazones de su población. Pero la mayoría compartió los sentimientos del desagravio respecto de Versalles que significaba convertirse en una potencia militar capaz de dominar Europa y el mundo.

Y para agotar el vaso de amarguras, hay que aceptar que el apoyo popular a las políticas hegemónicas de las potencias puede incluir el apoyo a las guerras. Como se ha dicho, el cambio hacia la guerra moderna que significó la guerra franco-prusiana de 1870 (mecanización, artillería estratégica, etc.) fue acompañado por la demanda popular del chovinismo francés, acostumbrado a la grandeza del imperio napoleónico, de aplastar de una vez a Prusia. Las calles de París y otras capitales francesas se llenaron de nutridas manifestaciones al grito de ¡A Berlín! ¡A Berlín! Como se sabe, esta guerra se convirtió en una verdadera catástrofe para Francia, que vio llegar a las tropas prusianas hasta París y tuvo como consecuencia geopolítica la caída del imperio francés y el nacimiento del imperio alemán.

Desde luego, el apoyo popular que tiene lugar en las grandes potencias a sus políticas imperiales no implica automáticamente la adscripción al belicismo, existe una cantidad de mediaciones entre ambos posicionamientos. Pero la relación existe. O dicho desde el ángulo opuesto, el valor-paz se mantiene, pero compite con otros valores e intereses en coexistencia y aun en competencia. Y todo depende de cual sea el resultado de esa correlación de fuerzas. Lo que ya no puede mantenerse es que el apoyo de la gente a las políticas imperiales sea el simple producto del engaño de unos líderes muy habilidosos y sus gobiernos.

Sudáfrica bajo fuego: una oportunidad para América Latina en un mundo multipolar

En un momento en el que el tablero geopolítico global atraviesa una reconfiguración acelerada, el reciente enfrentamiento entre la administración Trump y el gobierno de Sudáfrica no solo revela tensiones ideológicas, sino que también abre una ventana estratégica para los países de América Latina. Más allá de las razones que han llevado al presidente estadounidense a atacar políticamente a Sudáfrica, lo cierto es que este país africano se está consolidando como un actor determinante y un defensor de los intereses de los países más vulnerables del Sur Global. Así, América Latina, en lugar de limitar su mirada a los polos tradicionales de poder, haría bien en profundizar su relación con Pretoria como parte de una estrategia integral de desarrollo, paz y comercio sostenible.

¿Por qué Trump ataca a Sudáfrica?

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sus decisiones han estado marcadas por un nacionalismo económico exacerbado, una visión transaccional de la diplomacia y una postura crítica frente a gobiernos que considera contrarios a los intereses geopolíticos de Washington. Sudáfrica no ha escapado de esta lógica.

El punto de quiebre más reciente fue la decisión del gobierno sudafricano de avanzar con una política de expropiación de tierras sin compensación como parte de su programa de reforma agraria, cuyo objetivo es reparar las profundas desigualdades heredadas del apartheid. Si bien esta ley puede percibirse como problemática, lo cierto es que el gobierno sudafricano ha dejado claro que solo se aplicaría en casos específicos, de forma gradual y con múltiples salvaguardas para garantizar los derechos tanto de los terratenientes como de los posteriores receptores de las tierras. Sin embargo, Trump, con su tradicional estilo provocador y basado en una narrativa promovida por medios de extrema derecha como Fox News y grupos nacionalistas blancos, calificó esta medida como un acto de “discriminación racial inversa” y como un atentado contra la propiedad privada, que dio pie a una ofensiva política y económica contra el país africano.

Pero esto no es lo único que molesta a Trump. Sudáfrica ha venido adoptando una postura crítica hacia potencias occidentales en temas clave como el conflicto en Gaza, el papel de la OTAN en Ucrania y la hegemonía del dólar en el comercio global. A esto se suma su demanda contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y su protagonismo en los BRICS, grupo del que forma parte junto con Brasil, Rusia, India, China, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos, y que ha consolidado una agenda contraria a la unipolaridad que durante décadas encabezó Estados Unidos.

En respuesta, la administración Trump ha suspendido más de 400 millones de dólares en ayudas a Sudáfrica, bloqueado acuerdos comerciales y ofrecido un “camino rápido” a la ciudadanía estadounidense para los agricultores sudafricanos blancos, presentados como víctimas de la nueva ley de reforma agraria, en una jugada tan simbólica como estratégica que busca reforzar su narrativa nacionalista.

Más allá del conflicto: lo que Sudáfrica representa

Sudáfrica no es un país más del África subsahariana. Es la economía más industrializada del continente, miembro del G20, potencia regional y un puente natural entre los intereses del Sur Global y los debates del Norte desarrollado. Además, posee una democracia robusta —aunque imperfecta—, instituciones consolidadas y una sociedad civil vibrante que ha sabido enfrentar desafíos complejos como la reconciliación post-apartheid, la corrupción y la desigualdad estructural.

Desde el punto de vista económico, Sudáfrica es un actor con capacidad para impulsar alianzas estratégicas en sectores como minería responsable, energías renovables, agroindustria, educación superior y tecnología. Su participación activa en foros multilaterales como la ONU, la Unión Africana, la SADC y el propio BRICS la convierte en un interlocutor privilegiado para cualquier país que desee diversificar sus alianzas globales.

En resumen, lejos de ser una nación “problemática”, Sudáfrica encarna muchas de las aspiraciones de una globalización más equitativa, inclusiva y sustentada en la cooperación Sur-Sur. Y ahí es donde América Latina tiene mucho que ganar.

América Latina: entre el pragmatismo y la audacia

Durante décadas, la política exterior de numerosos países latinoamericanos ha estado marcada por un alineamiento con Washington. Y aunque esa alianza ha traído beneficios importantes en materia de seguridad, comercio y cooperación internacional, también ha limitado la capacidad de la región para construir una agenda más autónoma y diversificada. Hoy, cuando Estados Unidos se ve envuelto en una confrontación ideológica y estratégica con un país clave del hemisferio sur, América Latina tiene la oportunidad —y el deber— de repensar sus prioridades.

Establecer una relación más cercana y multidimensional con Sudáfrica no solo serviría para consolidar una autonomía estratégica regional, sino que abriría oportunidades concretas en varias áreas:

1. Comercio y diversificación de mercados

Sudáfrica representa un mercado potencial de más de 60 millones de personas con una demanda creciente de productos agrícolas, energéticos e industriales. Los países latinoamericanos, con su riqueza en recursos naturales, capacidades agrícolas y un sector terciario en crecimiento, pueden posicionarse como proveedores clave de alimentos, insumos y servicios. Fortalecer esta relación permitiría reducir la excesiva dependencia del comercio con Estados Unidos, Unión Europea o China.

2. Transferencia de conocimiento y cooperación Sur-Sur

Sudáfrica ha desarrollado políticas públicas innovadoras en campos como salud pública, educación inclusiva, urbanismo sostenible y gestión de recursos naturales. América Latina podría beneficiarse enormemente de intercambios técnicos y académicos con instituciones sudafricanas, especialmente en temas relacionados con equidad social, minería sostenible y desarrollo rural.

3. Seguridad y paz

Tanto Sudáfrica como varios países latinoamericanos han transitado procesos complejos de reconciliación nacional. El país africano se convirtió en un referente global con su Comisión de la Verdad y su modelo de justicia restaurativa. En contextos latinoamericanos marcados por el conflicto interno, la desigualdad o la violencia estructural, una cooperación bilateral centrada en construcción de paz, memoria y reparación puede generar sinergias valiosas.

4. Alianzas en foros multilaterales

La creciente influencia de Sudáfrica en bloques como los BRICS y su liderazgo en el continente africano pueden abrir nuevas puertas diplomáticas a América Latina en su conjunto. En un mundo multipolar, construir alianzas con países como Sudáfrica permite ampliar la capacidad de incidencia global de la región, sin quedar atrapada en lógicas de bloques o lealtades geopolíticas rígidas.

Lo que está en juego

La crisis entre Trump y Sudáfrica no es un episodio aislado. Es una muestra más de cómo el orden internacional está cambiando aceleradamente. En ese nuevo escenario, los países que logren navegar con flexibilidad y visión estratégica tendrán mayores posibilidades de asegurar su bienestar y estabilidad.

América Latina tiene la posibilidad de leer correctamente el momento histórico, abandonar políticas exteriores excesivamente reactivas y construir una agenda basada en principios de cooperación, equidad y pluralidad. Acercarse a Sudáfrica no significa romper con Estados Unidos, sino sumar nuevas voces y aliados a una conversación global donde el Sur también puede —y debe— jugar un papel de liderazgo.

En tiempos de tensiones globales, la audacia diplomática es un ejemplo valioso de una región que cree en un sistema internacional basado en la paz, el desarrollo y la soberanía. Sudáfrica no es un enemigo a evitar, como pretende Trump, sino un socio estratégico a valorar. Y América Latina, si actúa con inteligencia colectiva, puede encontrar en Pretoria un gran aliado en estos momentos de incertidumbre geopolítica.

Todos somos Khalil

El nombre Mahmoud Khalil está destinado a quedar grabado en la historia de los Estados Unidos. Lo que aún está por verse es si será un símbolo de la perseverante resistencia de la democracia estadounidense o de su agonizante fin. El caso Khalil ha puesto en juego el estado de derecho, y su resolución puede solidificar las bases de un régimen autoritario con Trump como dictador.

El 8 de marzo por la noche, Mahmoud Khalil fue arrestado en la entrada de su domicilio y enfrente de su esposa embarazada de 8 meses. Los oficiales, vestidos de civil, lo esposaron y declararon que iba a ser deportado dado a que su visa de estudiante había sido revocada. Khalil argumentó que, si bien no es ciudadano estadounidense, cuenta con una green card que le brinda residencia permanente. Los oficiales, algo sorprendidos, dijeron que la green card también había sido revocada y se lo llevaron en un vehículo sin matrícula. En ningún momento mostraron una orden de arresto, una sentencia judicial, o alguna identificación oficial demostrando que eran autoridades legítimas de alguna agencia federal. Mahmoud Khalil no fue ni detenido, ni arrestado: fue “secuestrado”.

Khalil fue rápidamente trasladado desde Nueva York a New Jersey, primero, y luego en avión a Louisiana. Su inminente deportación sólo fue temporalmente suspendida luego de que sus abogados interpusieron un pedido de habeas corpus ante un juez federal en Nueva York. Su primera aparición frente a una corte migratoria en Louisiana tiene fecha para el próximo 27 de marzo. Lo más sorprendente, y peligroso, es que su detención y revocación de residencia no fue debido a la comisión de algún delito, sino al poder discrecional y arbitrario del ejecutivo estadounidense. Mahmood Khalil es un prisionero político.

El Secretario de Estado Marco Rubio, siguiendo las instrucciones del Presidente Trump, legalizó su accionar en las provisiones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 que lo autoriza a expulsar extranjeros, residentes o no, cuya presencia o actividades representen un perjuicio para la política exterior o la seguridad nacional. El ejecutivo argumenta que Khalil, en su rol de líder de las protestas estudiantiles en la universidad de Columbia, en contra de la guerra en Gaza, promovió la ideología antisemita y actos pro-Hamas. Para los abogados de Khalil, Trump utiliza este caso para atacar el derecho a la protesta y censurar opiniones contrarias a políticas de su gobierno, de los Estados Unidos y de Israel. La realidad es algo más compleja y tenebrosa.

Durante su campaña presidencial, Trump prometió deportar a todos los estudiantes extranjeros que participaron en las protestas universitarias en contra del accionar israelí, clasificándolos como antisemitas y simpatizantes de Hamas. Diputados y senadores Republicanos, y algunos Demócratas también, mantuvieron audiencias públicas con las rectoras de Columbia, Harvard, MIT, y Penn, en donde fueron sometidas a “juicios espectáculo”, llevándolas a sus eventuales respectivas renuncias. Esta fue la primera gran victoria del conservadurismo Republicano en su llamada guerra cultural contra el progresismo.

Las acusaciones infundadas de antisemitismo y apoyo a Hamas en las protestas fueron solo una excusa para comenzar un ataque despiadado contra las instituciones universitarias estadounidenses que son vistas como los centros de las elites culturales de adoctrinarían progresista. Estas últimas, según la derecha conservadora y reaccionaria, revelaron su antipatriotismo al apoyar protestas lideradas por estudiantes extranjeros catalogados como antisemitas y anti americanos por criticar a activamente los Estados Unidos y a Israel.

Apenas unas horas después de la ceremonia de transición, Trump publicó varios decretos eliminando toda medida federal que promoviera los valores de diversidad, equidad e igualdad. Sus efectos se sintieron más allá de la burocracia del gobierno federal: todo tipo de subvención y crédito a corporaciones, y fondos de investigación a centros de desarrollo en ciencia y tecnología y a instituciones académicas fueron suspendidos.

Para los Republicanos, diversidad, equidad, e igualdad, son los pilares del así llamado “marxismo cultural” que incluye, según ellos, el multiculturalismo, el feminismo, la sexualidad queer, la teoría de raza crítica y el postcolonialismo. Todas ideas que iniciaron en la contracultura de los 60s y 70s y lograron amenazar los valores tradicionales a través de su popularización en los 90s en las universidades y en los 2000s-2010s con los medios de alcance masivo.

La Universidad de Columbia es la primera batalla de esta guerra cultural. Días previos a la detención de Khalil, Trump retuvo más de 400 millones de dólares en fondos de investigación del gobierno federal argumentando que Columbia no había protegido a sus estudiantes judíos. Para obtener los fondos, Columbia debía sancionar y expulsar a los estudiantes responsables, borrar la diversidad como factor en su admisión de estudiantes, permitir que agentes de inmigración accedan al campus y eliminar los departamentos de Medio Oriente, África, y Asia. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia lanzó una investigación contra grupos estudiantiles por “actividades de apoyo al terrorismo”.

La intimación tuvo efecto dado que Columbia expulsó a más de 20 estudiantes y se le revocó las visas a varios estudiantes extranjeros, siendo esta una exitosa prueba piloto. El Departamento de educación envió intimaciones similares a más de 60 universidades amenazando con cortar fondos federales si no eliminaban ciertos programas o cancelaban ciertos cursos; particularmente los relacionados con cuestiones de raza, feminismo, teoría queer, y colonialismo.

El proyecto político del Trumpismo y de sus aliados ideológicos como Orban, Milei, Bukele, Netanyahu, y Putin, entre otros, consiste en instalar regímenes autoritario, por lo que la erradicación del pensamiento crítico, de la libertad de investigación y enseñanza, y el progresismo en las universidades es el primer paso. Cancelar fondos y subvenciones federales es simplemente una estrategia de disciplinamiento.

Asimismo, lo es el caso Khalil que es una cuestión de libertad de expresión y no de seguridad nacional. Revocar las visas y deportaciones a extranjeros simplemente por sus opiniones, es una táctica cuyo objetivo es infundir miedo y pánico para silenciar a opositores y disciplinar a la opinión pública. No es coincidencia que la ley utilizada para deportar a Khalil fue promulgada durante el auge del MaCartismo, y contempla, además de la expulsión de extranjeros simpatizantes de ideologías totalitarias y antiamericanas, la desnacionalización de ciudadanos estadounidenses.

Lo que está comenzando a surgir en Estados Unidos es un nuevo MaCartismo, cacería de brujas ideológica y censura de opiniones disidentes críticas del país, acompañado por medidas autoritarias dignas de las Juntas Latinoamericanas de los 70s, cierre de universidades debido a actividades subversivas, “desaparición forzosa de terroristas” y criminalización de las protestas.

La supervivencia del estado de derecho depende de que las cortes limiten el poder discrecional del ejecutivo. La justicia debe rechazar el argumento de que Khalil representa un peligro para la seguridad nacional y afianzar el derecho de expresión, opinión y protesta de todos los individuos presentes en territorio estadounidense. El problema es que es posible que Trump ignore tal decisión judicial y deporte a Khalil, de la misma manera que en los últimos días se llevaron a cabo deportaciones de venezolanos y de una médica y profesora libanesa con visa de trabajo a pesar de órdenes judiciales que suspendían las expulsiones.

Trump argumenta que la ley de Enemigos Foráneos de 1798 permite interpretar la presencia de ciertos extranjeros en suelo estadounidense como una invasión, autorizando deportaciones sin revisión judicial. Asimismo, legisladores Republicanos han lanzado resoluciones para iniciar juicios políticos contra jueces federales que han declarado las acciones de Trump como inconstitucionales. Trump ha amenazado con destituir a tales jueces, invitando una objeción pública y muy poco usual del Presidente de la Corte Suprema, y desencadenando lo que se perfila como una grave crisis constitucional. El fin de un poder judicial independiente es el último eslabón previo a un régimen autoritario.

La libertad de Khalil es la libertad de todos.

Bolivia: la tormenta política perfecta… ¿para quién?

En este período, los bolivianos están demostrando una gran capacidad para soportar una crisis. Por una parte, hace varios días que el aparato productivo casi se ha detenido por la escasez de carburantes, con el claro riesgo de que salte por los aires el precio del dólar junto con el precio del pan, de la carne y las verduras. En segundo lugar, el gobierno ha perdido toda capacidad de iniciativa política y solo lanza medidas —diez, en realidad— que no afectan a la estructura misma del problema. En tercer lugar, los partidos políticos se han convertido en maquinarias electorales dominadas por marketeros electorales que tratan de vender gato por liebre. Tenemos incertidumbre, ausencia de gobierno y pérdida del sentido de la política, los ingredientes ideales para una tormenta política perfecta. 

Por si esto fuera poco, la oposición partidaria anti-MAS (Movimiento al Socialismo) no ofrece nada alternativo al gobierno de Luis Arce. Ante la crisis de ausencia de dólares, el súbdito coreano-boliviano Chi Hyun Chung propone importar dólares, que es tanto como decir que tendrá que recurrir a los préstamos para salir del problema. Por su parte, Samuel Doria sostiene que lo hará en 100 días y con “toda la ayuda internacional que sea posible obtener”: en otras palabras, tenderá la mano para que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial nos den los ausentes dólares. Finalmente, Jorge Tuto Quiroga propone recurrir a los organismos internacionales, lo que parece razonable, pero lo dice mientras aplaude que la actual Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) haya cerrado el paso a la llegada de estas divisas.  

En este contexto, Evo Morales no ha perdido de vista su objetivo de tumbar al gobierno de Arce, pero ha cambiado notablemente de estrategia. Ha dejado se usar su poder de movilización callejera y caminera (donde perdía popularidad porque se lo veía como causante de la crisis) y ha decidido concentrarse en la ALP, donde su bancada (más los legisladores anti-MAS) bloquean la aprobación de préstamos de organismos internacionales. Son 1.600 millones de dólares en total. En suma, ya no bloquea caminos, ahora bloquea en la ALP. 

Morales, que se mueve como pez en el agua cuando las aguas turbulentas de la política empiezan a ponerse bravas, está logrando su objetivo de generar una fuerte crisis de gobernabilidad a la gestión de Arce, bajo el riesgo de que derive en algo mayor. Esta misma estrategia le funcionó en 2003 para tumbar a Gonzalo Sánchez de Lozada y en 2005 contra Carlos Mesa. ¿Por qué no podría hacerlo en 2025?

Por supuesto que detrás de las acciones de los actores partidarios está el cálculo electoral. Suponen que el desgaste político de Arce más la inhabilitación de Evo como candidato hará que los votos, como por arte de magia, migren desde diversos sectores hacia sus candidaturas. Suponen que la coyuntura actual afecta a la imagen tanto de Arce como de Evo: al primero lo verían como el economista incapaz, y al segundo como el causante de la crisis. 

Empero son lógicas equivocadas. Nada hace suponer que la clase media y campesina que hoy son interpeladas por unos discursos de corte nacional populista por el MAS y por Evo Morales vayan de pronto a abrirse a propuestas o discursos libertarios o liberales al estilo de Milei o Trump.  

La otra suposición es que Morales carece de capacidad de efecto político por estar inhabilitado en las elecciones de este año. Como van las cosas, es probable que Evo no figure en la papeleta electoral pero puede colocar a un sucesor que capte el 30% de respaldo del que goza el expresidente cocalero. No es poca cosa. 

Desde su autoencierro en el Chapare (Cochabamba), Morales está demostrando que, sin necesidad de moverse, puede afectar y hasta ordenar la agenda política boliviana. A él no le interesan las elecciones generales: él va tras la cabeza del presidente Arce (una cabeza que hoy por hoy habla poco y propone menos). En este contexto, muchos opositores o simplemente críticos con el gobierno baten palmas por la crisis económica y política actual porque creen que debilita al oficialismo y fortalece a una de las oposiciones. Están lamentablemente errados: quien se beneficia de todo este descalabro es Morales, cuyo poder puede quedar intacto en las elecciones de agosto de este año, esté o no su foto en la papeleta electoral.

¿Hay oportunidades de cooperación en defensa entre Europa y Latinoamérica?

La cooperación en seguridad y defensa entre Europa y América Latina ha cobrado un nuevo impulso frente a los crecientes desafíos geopolíticos y amenazas transnacionales. La defensa de la democracia, la ciberseguridad, la desinformación y el crimen organizado son algunos retos compartidos que exigen una respuesta coordinada.

La designación de la embajada de Alemania en Colombia como embajada de contacto de la OTAN para América Latina representa una oportunidad estratégica para consolidar esta relación.

Democracia y autoritarismos

La defensa de los valores democráticos es un pilar central de la cooperación entre Europa y América Latina. La expansión de regímenes autoritarios y la erosión de las instituciones democráticas en la región latinoamericana han encendido las alarmas en la comunidad internacional.

Desde Europa, la defensa de la democracia se ha articulado mediante iniciativas como la Política Europea de Vecindad y los programas de apoyo a las instituciones democráticas. Para fortalecer esta cooperación, resulta esencial implementar mecanismos que permitan vigilar y sancionar a actores externos que interfieran en los procesos democráticos. Asimismo, la creación de plataformas de diálogo político pueden facilitar el fortalecimiento institucional. El apoyo a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes permitirá consolidar una narrativa democrática y contrarrestar la influencia de actores autoritarios.

Un desafío adicional proviene de la creciente influencia de China y Rusia en la región. La inversión china en sectores estratégicos como la minería, las telecomunicaciones y la energía podría afectar la estabilidad institucional y política. La presencia rusa en el ámbito militar y tecnológico añade una dimensión geopolítica compleja que requiere una respuesta estratégica coordinada.

Ciberseguridad y desinformación

En el actual entorno digital, las amenazas a la ciberseguridad y la desinformación desestabilizan las democracias y erosionan la confianza pública. América Latina ha sido objeto de campañas de desinformación dirigidas desde actores estatales y no estatales, muchas veces vinculadas a intereses geopolíticos externos. Un ejemplo claro de esta dinámica es la difusión de noticias falsas durante procesos electorales en Colombia y Brasil. Esto generó una profunda desconfianza en las instituciones y ha contribuido a la polarización política y social.

Para enfrentar este desafío, la cooperación con Europa puede centrarse en el intercambio de tecnología y mejores prácticas para la protección de infraestructuras críticas. La creación de mecanismos conjuntos para identificar y contrarrestar campañas de desinformación permitirá desarrollar respuestas más rápidas y efectivas ante ataques informáticos y campañas de manipulación. Igualmente, la formación de capacidades nacionales y regionales en ciberdefensa fortalecerá las estructuras de seguridad digital en América Latina.

La OTAN ha identificado la ciberseguridad como una prioridad para la cooperación con Colombia. La embajada de Alemania como embajada de contacto podría facilitar la transferencia de tecnología y formación especializada, fortaleciendo las capacidades de ciberdefensa en la región.

Crimen organizado transnacional

El narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas, entre otros, representa un desafío compartido para América Latina y Europa. La experiencia de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia armada la posiciona como un socio estratégico para la OTAN y la UE.

El tráfico de drogas hacia Europa aumentó en los últimos años y llevó a las agencias de seguridad europeas a buscar una cooperación más estrecha con Colombia. ¿Con qué fin? Para interrumpir las rutas del narcotráfico y debilitar las redes criminales que operan en ambos continentes. Las operaciones conjuntas y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia son fundamentales para reducir el impacto del crimen organizado y mejorar la seguridad transatlántica.

Colombia como socio OTAN

Desde su designación como socio global de la OTAN en 2017, Colombia consolidó su papel como un aliado estratégico mediante ejercicios militares conjuntos y misiones de paz. La embajada de Alemania, como punto de contacto, permitirá ampliar la cooperación en la región. Además, podrá promover un enfoque integral de seguridad que combine defensa militar y seguridad ciudadana.

La cooperación trilateral entre América Latina, Europa y la OTAN también puede extenderse a operaciones de mantenimiento de la paz y respuesta a crisis. La experiencia de Colombia en escenarios complejos, sumada a la capacidad logística y estratégica de la OTAN, permitirá desarrollar una arquitectura de seguridad más robusta y efectiva en la región.

Perspectivas de la cooperación estratégica

La cooperación entre Europa y América Latina en materia de seguridad y defensa se proyecta como un componente clave de las relaciones transatlánticas en la próxima década. La creciente presencia de China y Rusia en la región ha llevado a que actores europeos busquen consolidar su influencia mediante mecanismos de seguridad y cooperación económica. El concepto de friend-shoring, que implica trasladar las cadenas de suministro hacia países aliados, ofrece una oportunidad para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa​.

La experiencia de Colombia en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, junto con el respaldo estratégico de la OTAN, posiciona al país como un socio clave en el desarrollo de una arquitectura de seguridad regional. Asimismo, la cooperación en seguridad podría extenderse hacia la seguridad ambiental. En esta área, Colombia y la OTAN podrían desarrollar protocolos conjuntos para enfrentar amenazas climáticas y desastres naturales, aprovechando la experiencia de la OTAN en respuesta rápida a crisis humanitarias.

Oportunidad para ambas regiones

Europa y América Latina enfrentan desafíos comunes en materia de seguridad y defensa que requieren una cooperación estratégica más profunda. La defensa de la democracia, la ciberseguridad, la lucha contra el crimen organizado y la estabilidad regional son áreas en las que la experiencia de Colombia y el respaldo de la OTAN pueden marcar una diferencia sustancial. La designación de la embajada de Alemania como embajada de contacto de la OTAN en Colombia constituye una oportunidad para fortalecer esta cooperación y consolidar una alianza transatlántica más robusta y efectiva.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Superando la brecha digital: la cooperación educativa entre América Latina y China

Con el auge de la digitalización, tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial están redefiniendo el panorama educativo global. Sin embargo, el problema de la brecha digital sigue siendo grave, especialmente en los países del hemisferio sur, donde el proceso de digitalización ha exacerbado las desigualdades educativas. Las raíces de esta brecha son complejas e incluyen diferencias nacionales, falta de consensos globales, conflictos de intereses y tensiones geopolíticas.

Desde mediados del siglo XX, los países del «Sur Global» han promovido el crecimiento económico a través de la cooperación regional y la colaboración tecnológica, desempeñando un papel destacado en el escenario internacional. En la era de la digitalización y la inteligencia artificial, estos países deben intensificar la cooperación tecnológica y el intercambio de recursos para reducir las desigualdades educativas y mejorar la calidad de la educación.

La colaboración en el ámbito educativo digital entre América Latina y el Caribe (ALC) y China se ha convertido en un modelo ejemplar para el mundo. En 2023, el Foro de Cooperación en Tecnología Digital China-ALC se celebró en Chongqing, donde se presentó la «Iniciativa de Chongqing», que tiene como objetivo profundizar la cooperación entre ambas partes en áreas clave como educación, salud y agricultura.

En noviembre de 2024, durante la 31ª Reunión Informal de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, instó a los países a unirse a la «Iniciativa de Cooperación Global para el Flujo Transfronterizo de Datos», promovida por China, para garantizar un flujo de datos seguro y eficiente que permita que los beneficios de la digitalización lleguen a todo el mundo.

Logros de la cooperación en el ámbito educativo digital

En primer lugar, se debe considerar la Alianza Global para la Educación en Línea y los MOOC. En 2020, el Ministerio de Educación de China lideró la creación de la Alianza Global para la Educación en Línea y los MOOC, lanzando las plataformas internacionales de enseñanza online “iCourse” y “XuetangX”. Estas plataformas ofrecen cursos en múltiples idiomas y fomentan programas educativos integrados a nivel global, permitiendo a los estudiantes participar en experiencias de aprendizaje en línea y explorar el reconocimiento mutuo de créditos. En 2024, el Instituto Tecnológico de Monterrey en México, tras la Universidad de Chile, se unió a la alianza, ampliando aún más su impacto.

En segundo lugar, podemos considerar los Talleres Luban que constituyen un reconocido programa internacional de educación vocacional impulsado por el municipio chino de Tianjin. Estos programas adoptan un modelo de colaboración entre gobierno, instituciones educativas y empresas. Este enfoque combina la integración transnacional de la educación y la industria, involucrando a docentes bilingües y expertos técnicos para lograr un equilibrio entre la internacionalización y la adaptación local. Hasta 2024, se han establecido 21 talleres Luban en 20 países de Asia, Europa y África. En diciembre de 2024, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú formalizó un convenio con la Universidad Abierta de Chongqing y la empresa china CETC International Co., Ltd. para operar el primer Taller Luban en Sudamérica, fortaleciendo la cooperación en infraestructura y economía digitales.

En tercer lugar, podemos destacar el Programa «Semillas del Futuro» de Huawei que forma parte de la responsabilidad social empresarial de Huawei para jóvenes y busca desarrollar talento en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente en mujeres, mediante becas, concursos académicos y formación online. Desde su inicio en ALC en 2014, ha abarcado unos 20 países de la región y ha formado a más de 2,100 estudiantes. Huawei también ha colaborado con más de 450 universidades en la región, ofreciendo cursos con certificación y destacando en competiciones globales de TIC.

Desafíos y perspectivas de la cooperación en educación

A pesar de los logros, las diferencias en los sistemas normativos y las etapas de desarrollo entre los países de ALC presentan desafíos para la coordinación e implementación de políticas. Las disparidades en regulaciones sobre protección de datos y ciberseguridad, así como la digitalización desigual en la gobernanza educativa, dificultan la cooperación.

Para enfrentar estos retos, ALC y China deben seguir fortaleciendo su colaboración mediante medidas como la cooperación tecnológica y transferencia de conocimientos. Esto implica promover tecnologías digitales inclusivas y adaptables para apoyar la transformación educativa digital en los países de ALC.

Otra propuesta relevante es la creación de plataformas de cooperación que permitan establecer plataformas regionales o internacionales para la investigación y aplicación de tecnologías digitales, concentrando recursos científicos y ofreciendo soluciones educativas inteligentes.

Para terminar, es necesario fomentar la participación en la creación de estándares globales. Esto supone participar activamente, bajo el marco del Sur Global, en la formulación de estándares para la educación inteligente, desarrollando sistemas autónomos de gobernanza de datos y reforzando la voz de los países del sur en el ámbito internacional.

A través de estas iniciativas, China y ALC podrán superar juntos la brecha digital, promoviendo la equidad y la calidad educativa, y construyendo un futuro sostenible en la era digital.

*Este texto fue publicado originalmente en la web de  REDCAEM

Fin de la cooperación, momento de reflexión

Después de la Segunda Guerra Mundial muchos de los tomadores de decisión se dieron cuenta que la forma más eficiente y efectiva de asegurar la paz y el bienestar propio era a través de la garantía de paz y bienestar ajeno. Muchos gobiernos del mundo se organizaron para generar una gran arquitectura global que satisficiera ese objetivo. Se generó por un lado un sistema de instituciones multilaterales de alcance global y regional, que se unieron en el imaginario de ser parte de las “Naciones Unidas”, y en paralelo se consolidaron las llamadas agencias de desarrollo de carácter nacional.

Dentro de todo, era un sistema imperfecto, porque existían visiones opuestas que impedían la implementación de una agenda única. Nunca se impuso un gobierno global, simplemente un sistema de gobernanza que puso en pausa a las guerras con potencial de enfrentar directamente a las grandes potencias. En cualquier caso, la búsqueda de contención al socialismo soviético provocó que los segmentos liberales utilizaran al sistema estatal e internacional como un medio de difusión de su agenda a través de la inversión de millonarias sumas de dinero que se inyectaban al sistema global.

A través de esa inversión, los países occidentales, principalmente Estados Unidos, se aseguraron puestos en la toma de decisiones y mantuvieron el sistema de manera que la propuesta soviética no se expandiera, pero indirectamente también se logró contener los vicios del propio capitalismo. Aunque se protegía a la empresa privada y el rol del libre comercio, se aseguraban condiciones mínimas de supervivencia para la mayoría de los ciudadanos e incluso se difundió el imaginario de que todos los miembros de una sociedad merecían condiciones de dignidad básica.

Bajo este sistema, la humanidad pudo desafiar los vicios de la guerra (en la tendencia que el siglo XX estaba ofreciendo), el hambre (aunque no se erradicó por completo) y las enfermedades (al menos en sus facetas más mortales). Sin embargo, para muchos segmentos que no se beneficiaban de este modelo, así como críticos del capitalismo y neoliberalismo, ha sido insuficiente, pues el proceso de cambio resultaba demasiado lento. A pesar de que las estadísticas reflejan una mejora significativa de la calidad de la vida humana, al menos en comparación con el sistema previo, la persistencia de los problemas contra los que esta arquitectura global lucha resulta frustrante e insatisfactoria para muchos. Millones de personas siguen muriendo en conflictos de escala media, por inanición, falta de agua potable y enfermedades prevenibles. A esto se suma que millones de personas viven por debajo de la línea de la pobreza mientras el 1% más rico del planeta acumula casi la mitad de la riqueza global.

Aunque el sistema ha venido mostrando signos de agotamiento desde hace más de dos décadas, las advertencias han sido ignoradas en todos los niveles de decisión. El modelo se ha anquilosado, atado a esquemas de gran burocracia, procesos lentos y trámites engorrosos. Lo que muchos tomadores de decisión no se dieron cuenta es que el sistema depende de que los Estados promuevan su cambio, y entre ellos, el más relevante siempre ha sido Estados Unidos.

Es decir, cambiar al sistema no estaba realmente en manos de la gran burocracia internacional de las Naciones Unidas, aunque su silencio cómodo los transformaba en cómplices. Mientras tanto, los políticos de turno han utilizado el sistema internacional vigente para beneficiarse económicamente de la paz temporal creada a través del importante trabajo de agencias especializadas, las cuales han reducido gradual y sostenidamente los conflictos a través de la inyección de recursos económicos y proyectos que mejoraban la calidad de vida de las fuerzas productivas globales.

No obstante, la pandemia de COVID-19 lo cambió todo. La humanidad se enfrentó a un período de intensa crisis que puso en jaque al sistema, paralizó la economía y extrajo recursos de la cooperación para salvaguardar los intereses nacionales y privados. Con esto se elevó las alarmas sobre la efectividad del modelo vigente, pero sobre todo despertó uno de los elementos de supervivencia más poderosos para el individuo, y más peligrosos para la sociedad articulada: la desconfianza.

La enfermedad que, llevó a gran parte de las personas a pensar que sus vidas podían estar en juego, independientemente de sus posibilidades personales, terminó por ser una caja de Pandora que aceleró una multicrisis, donde prácticamente todos los segmentos de la vida humana se han visto entorpecidos o deteriorados, incluyendo la economía, la educación, la salud, el empleo y la seguridad. Los orígenes de este virus aún son motivo de debate, con segmentos que lo consideran un acto premeditado mientras que otros aún lo ven como un accidente, algo que de hecho contribuye a la inestabilidad y la desconfianza interpersonal e internacional. Mientras que los resultados de su mala gestión golpearon severamente la credibilidad de las instituciones globales.

Esto ha sido aprovechado por ciertos segmentos de la élite económica global que desde hace tiempo eran señalados como responsables de las falencias del sistema. Los reportes sobre la ponzoña que representa la desigualdad económica, la evasión y efusión fiscal, y la desproporcionada impartición de justicia venían creciendo desde comienzos del siglo XXI.

¿Qué mejor que un chivo expiatorio para alejar las miradas y desviar las culpas?

Es así como, a pesar de la importante evidencia de cómo la cooperación y la ayuda al desarrollo han traído estabilidad y prosperidad al mundo, el 0.1% más rico ha decidido que esa era ha llegado a su fin. Algunos atisbos de institucionalidad pujan por hacerse presentes. No obstante, la falta de organización de la sociedad civil, que a fin de cuentas es el verdadero motor de cambio estructural, hace que estas victorias sean temporales.

Si los grandes titiriteros del poder global consiguen convencer a la población mundial de que las instituciones democráticas, que están a su servicio, o al menos hacen un contrapeso sistémico a los intereses de las élites, no son necesarias, el mundo entrará en un ciclo de autoritarismo cercano al período feudal. Esto implicaría que el aparato político dejaría de tener interés en responder a las necesidades de las mayorías, pasando directamente a la imposición de quienes acumulen más poder; incluso negando la legitimidad de los reclamos.

Los defensores del nuevo régimen se esforzarán en señalar que no es una réplica exacta. Sin embargo, el retorno a un régimen en donde se tienda a ensanchar aún más la brecha entre quienes ostentan el poder y quienes están al final de la pirámide social demostrará que la esencia del nuevo sistema será semejante al del feudalismo de antaño, con pocos destinados al poder y muchos obligados a seguirlo.

Y aunque existen algunos focos de sana resistencia y debate, todo parece indicar que los anticuerpos para luchar contra esta infección sistemática son demasiado débiles para evitar la consagración de este nuevo e incierto escenario global. Quienes carecemos de herramientas de poder tendremos que ser pasivos espectadores de cómo el mundo que conocíamos queda atrás, hasta que la historia retome un nuevo ciclo, sin garantías de que en esa nueva etapa el homo sapiens siga siendo la especie dominante en la Tierra.

Teleacoplamientos: una historia sobre litio y transformaciones globales asimétricas

Aapo se levantó y miró por la ventana. El mar Báltico estaba tranquilo como siempre al amanecer. Pasaron muchos años desde las mañanas con cielos enrarecidos por el smog. La transformación social y ambiental aquí ha sido un éxito, y todos hicieron algo por ello. Aapo mira orgulloso su nuevo auto eléctrico. Se siente parte de esta transformación desde hace 10 años, cuando el gobierno impulsó la transición desde combustibles fósiles a energías de fuentes renovables. Para 2030 todo el parque automotor será eléctrico, movido con baterías de litio, un elemento inocuo y sin consecuencias para el ambiente. Al menos para el suyo.

Al otro lado del mundo, al levantarse, Amaru también mira por la ventana. La Puna amanece tranquila. En un rato partirá con su rebaño de llamas en busca de alimento. Hace un tiempo que es más difícil encontrar comida y agua en las vegas cercanas y sus antiguos senderos hoy están restringidos por alambres. A lo lejos, el humo de los autobuses anuncia la llegada de trabajadores a las minas de litio. En su pueblo, hay una nueva escuela, un nuevo playón deportivo y pronto habrá una enfermería. Pero a pesar de las mejoras, Amaru y su gente sienten que, junto con el litio, se está yendo parte de su vida y de su ambiente.

Nuestro mundo inmediato incluye no más que unas decenas o cientos de kilómetros, y acostumbramos pensar que lo que hacemos impacta solamente a nuestro entorno. Sin embargo, en un mundo globalizado nuestras decisiones pueden afectar a puntos remotos del planeta con los cuales no estamos en contacto directo. Los volúmenes de materiales y especies que intercambiamos a escala global tienen un impacto inédito. Las ciencias vienen estudiando estos flujos de materia y energía entre sitios a distancias significativas – algo conocido como «teleacoplamientos» -, y sus consecuencias ambientales y sociales.

Un vehículo eléctrico como el de Aapo, fabricado en Europa o Asia, incluye piezas de orígenes muy diversos. Sus baterías se componen de plástico y metales comunes, pero para su funcionamiento es indispensable el más liviano entre los metales, el litio. El litio es un elemento simple pero difícil de obtener y de procesar. Gran parte del utilizado hoy en baterías se encuentra como cloruro de litio disuelto en salares de Los Andes. Para obtenerlo, es necesario procesar allí grandes cantidades de salmuera en procedimientos que requieren evaporar grandes volúmenes de agua, utilizando incluso agua dulce subterránea. En los ambientes áridos de los Andes, con condiciones climáticas extremas y una biodiversidad única, el agua es un elemento extremadamente vital y crítico. Para obtener el litio de la batería del automóvil de Aapo, probablemente fue necesario utilizar el agua que hoy falta en la Puna de Amaru. Sin esa agua, falta también la biodiversidad única de esas vegas y el alimento de los animales, fundamentales para el sustento de su familia y la identidad de su comunidad.

Litio: ¿desde dónde y hacia dónde?

La región de la Puna sudamericana donde habita Amaru integra el famoso «triángulo del litio», que abarca partes de Bolivia, Chile y Argentina y concentra más del 60% de las reservas mundiales. Esto ha llamado la atención de empresas multinacionales (por su valor económico), y de gobiernos locales y extranjeros (por su valor estratégico). Si bien su explotación representa ingresos económicos importantes para estos países, también representa altos riesgos para el ambiente y la justicia socio-ambiental, que implica que la gente pueda permanecer en un entorno propio y saludable. Actualmente la explotación de litio es extractivista, es decir, una apropiación intensiva de bienes naturales que son luego exportados a mercados globales. Chile, Argentina y Brasil están entre los primeros cinco productores de litio, con Bolivia cerca de integrar esta lista.

El litio sudamericano es utilizado por China y países del Norte Global para producir baterías para la transición energética. Como ocurre con otras materias primas exportadas desde Sudamérica, las ganancias económicas para el país y comunidades locales son mínimas, recibiendo y asimilando en cambio altos costos o pasivos ambientales. Estos últimos, en el caso del litio, incluyen desecación de humedales (vegas de la Puna, el Altiplano o Atacama), pérdida de biodiversidad y paisajes que forman parte de la identidad local, cambios en el clima y perjuicios para la salud humana y del ambiente.

Chile, el segundo productor mundial de litio a partir de salares, ya está sufriendo consecuencias socioambientales. El Salar de Atacama se está hundiendo a un ritmo de entre uno y dos centímetros por año, y en él los niveles de agua subterránea han descendido hasta 10 metros respecto del nivel histórico. Además, el excesivo uso del agua dulce de napas profundas circundantes tiene consecuencias que sin dudas serán críticas a futuro por las características de aridez de la región, con menos de 25 mm de lluvias anuales. La extracción de litio hoy representa, sin dudas, hipotecar el futuro de estas reservas estratégicas de agua. Problemas similares a estos se están viendo actualmente en Argentina. 

¿Cómo alcanzar una transición energética justa a escala global?

Aapo intenta hacer su parte, pero simultáneamente y sin saberlo está aportando a generar consecuencias catastróficas para Amaru y los socioecosistemas de Sudamérica. Tanto las empresas que fabricaron su auto como los gobiernos que planearon la transición energética pensaron sólo en el aquí y en el ahora. Lamentablemente, los gobiernos en Sudamérica también. Aprovechando el momento histórico en el que el recurso abundante alcanza valores altos en el mercado internacional, estos gobiernos ven una excelente posibilidad de ingreso de divisas. La situación desnuda además una asimetría de fuerzas y capacidades para negociar formas sustentables de utilización de los bienes naturales comunes. Incluso existen disputas entre América del Norte y Asia por el control del litio sudamericano.

¿Cuál es la solución? En primer lugar, intentar que la extracción de litio sea un proceso socioambiental sustentable. Para ello, aún debemos desarrollar técnicas que permitan la extracción sin consecuencias negativas. Además, los países sudamericanos que básicamente exportan materias primas, deben participar de la transición hacia una movilidad sustentable en eslabones superiores de la cadena, como mínimo en la producción de baterías. Por último, los actores que desarrollan estas transiciones deben ser conscientes de las consecuencias de los teleacoplamientos e interrelaciones en cada etapa del ciclo de vida de los productos (producción, uso y disposición final). Para ello se necesita comunicar acerca del origen de cada componente de los vehículos, incluyendo trazabilidades sobre las formas de obtención de materiales.En 2023, la Unión Europea aprobó una regulación sobre productos libres de deforestación (EUDR), una medida política innovadora con implicaciones directas en la gobernanza de las cadenas globales de productos básicos, o «commodities«. Implica una trazabilidad por la que ciertos bienes, como la carne o granos, deben certificar que su producción no implicó deforestaciones en el país de origen. Regulaciones similares podrían aplicarse al litio importado en la Unión Europea para fabricar baterías o automóviles. Si bien aún resta tiempo para poder evaluar la eficacia de estas medidas, podrían representar un gran primer paso. Necesitamos políticas de este tipo para desarrollar un pensamiento global, centrado no sólo en el comercio sino también en preservar la diversidad (biológica y cultural), la igualdad de derechos y la salud de los socio-ecosistemas del planeta. Un planeta del que tanto Aapo como Amaru sean parte.

¿Huntington tenía razón?

La idea de un ‘choque de civilizaciones’ global no era errónea: simplemente era prematura”, sostiene Nils Gilman en el último número de la revista estadounidense Foreign Policy. El contexto: nos encontramos ante un reordenamiento de las relaciones internacionales tan significativo como el de 1989, 1945 o 1919. Como ocurriera con estos momentos cruciales anteriores, el fin del orden internacional liberal que se formó en la década de 1990 es un momento cargado en igual medida de incertidumbres y temores, a medida que viejas certezas, tanto buenas como malas, se difuminan.

Precisamente en aquellos años ’90, uno de los debates más destacados en las relaciones internacionales fue entre el ensayo El fin de la historia de Francis Fukuyama (que apareció, proféticamente, meses antes de la caída del Muro) y el Choque de civilizaciones, de Samuel Huntington, publicado cuatro años después.

Mientras el internacionalista liberal Fukuyama anticipaba que el fin de la Guerra Fría presagiaba una paz perpetua entre Estados alineados con los principios generales de la democracia electoral y el capitalismo -lo que Fukuyama llamó “la forma final de gobierno humano”-, el realista Huntington preveía en cambio un mundo marcado por un conflicto continuo, aunque a lo largo de ejes completamente diferentes.

Para Huntington, los actores geopolíticos más relevantes en el orden posterior a la Guerra Fría serían “civilizaciones”, entendidas en los términos definidos por el historiador británico Arnold Toynbee, y las “líneas de falla” entre ellas serían los lugares de ruptura o punto de fricción.

Huntington -que no disimulaba su etnocentrismo anglosajón- enumeraba entre siete y ocho “civilizaciones” principales: la occidental, la confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslava-ortodoxa, latinoamericana y -posiblemente- africana. Los conflictos más importantes del futuro -aventuraba- ocurrirían a lo largo de las fallas culturales que separarían a estas «civilizaciones» entre sí.

La visión de Huntington del nuevo orden era decididamente más pesimista que la de Fukuyama, aunque ambos no eran concluyentes. Fukuyama terminaba su ensayo con el famoso argumento de que el precio de “la paz perpetua” sería el tedio tecnocrático, en el que “la audacia, el coraje, la imaginación y el idealismo” de la lucha ideológica darían paso “al mero cálculo económico, la resolución interminable de problemas técnicos, preocupaciones ambientales y la satisfacción de demandas sofisticadas de los consumidores”. Para Fukuyama, los próximos “siglos de aburrimiento” crearían una crisis existencial para las personas que buscan reconocimiento social en un mundo desprovisto de oportunidades de gloria política.

Por el contrario, Huntington argumentaba que las identidades de grupo, basadas en distinciones culturales antagónicas se volverían más obvias a medida que las ideologías universalizadoras de la Guerra Fría disminuyeran. En su libro de 1996 “Choque de civilizaciones”, que amplió el argumento de su artículo original, previó un equilibrio inestable, basado en potencias centrales que impondrían su dominio sobre sus propias “esferas de influencia”. Allí también anticipaba que la hostilidad hacia los inmigrantes sería un rasgo característico de la política interna en un orden mundial definido por el choque de civilizaciones.

Entonces, para Huntington, por un lado, los choques de civilizaciones eran “la mayor amenaza a la paz mundial” en el sentido de que el énfasis en la ineludible diferencia cultural formaría el sustrato de una hostilidad interminable. Por otro lado, mientras los actores principales reconocieran la imposibilidad de intentar imponer su propio sistema cultural a civilizaciones “extrañas”, “un orden internacional basado en civilizaciones (sería) la salvaguardia más segura contra la guerra mundial”. La hostilidad cultural entre civilizaciones puede ser inevitable, concluía Huntington, pero con buena suerte, el “choque” puede consistir simplemente en un ruido metálico, en lugar de un conflicto violento.

Pero el argumento contiene un supuesto controvertido, el de asociar civilizaciones con espacios geográficos distintivos y fronteras geopolíticas establecidas: aquí “nosotros, los occidentales”, allí “ellos, los musulmanes”; aquí nosotros, “los latinoamericanos”, allá ellos, «los africanos». Si hace treinta años esta forma de categorizar resultaba discutible, ahora, es decididamente caprichosa y arbitraria. La globalización ha liberado al Genio de la lámpara, y pretender meterlo adentro a la fuerza puede significar mayores grietas, fisuras y barreras dentro mismo de las sociedades. Las civilizaciones contemporáneas, empezando por la occidental, son multiculturales por naturaleza.

Mientras el viejo orden agoniza, la cuestión central que preocupa hoy a las relaciones internacionales es la naturaleza del tipo de orden por venir. Está claro que no hay “fin de la historia” y tampoco está escrito que ella esté marcada por el “choque de civilizaciones”. Concluye, al respecto, Gilman: “Cualquiera que sea la etiqueta que finalmente se le asigne a este nuevo orden, sus características definitorias incluirán el transaccionalismo de suma cero en la economía internacional, la política de poder de Tucídides en la que ‘los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben´’ y afirmaciones contundentes de políticas identitarias centradas en los “Estados civilizacionales”. En términos del augurio -o maldición- china: sin dudas, viviremos “tiempos interesantes”.

*Texto publicado originalmente en el periódico Clarín

China y la depredación del Atlántico Sur: amenazas económicas y ambientales para Argentina

En los últimos años, la pesca ilegal en el Atlántico Sur se ha convertido en un problema de dimensiones alarmantes. La flota pesquera de China, considerada como la más grande del mundo, ha intensificado su presencia en aguas cercanas a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina, extrayendo recursos de manera descontrolada y poniendo en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos regionales. A pesar de los esfuerzos del gobierno argentino por regular y proteger sus recursos pesqueros, la realidad geopolítica y la falta de un marco regulador internacional más estricto han convertido a este problema en un desafío persistente.

El papel de China en la pesca ilegal en el Atlántico Sur

China ha adoptado una estrategia agresiva de expansión pesquera global, que incluye subsidios estatales a su flota de aguas distantes y el uso de «banderas de conveniencia» para operar en regiones estratégicas sin ser detectada. Según una entrega reciente de Expediente Público, en la última década, las horas de pesca de la flota china en el Atlántico Sur aumentaron en un 800%, pasando de 59,204 horas en 2013 a casi 470,000 en 2022. Esta actividad ha convertido a la región en un epicentro de sobrepesca y competencia desleal con la industria pesquera argentina.

El Estado chino financia directamente la expansión de su flota a través de subsidios que rondan los 2.400 millones de dólares anuales. Gracias a este respaldo económico, los barcos chinos pueden operar en altamar durante meses sin necesidad de regresar a puerto. Esta estrategia, combinada con el uso de buques de reabastecimiento y frigoríficos en altamar, permite que las embarcaciones permanezcan en la zona de pesca de forma ininterrumpida, evadiendo controles y regulaciones, según comenta Sergio Almada, coordinador del Equipo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y Recursos (EICEMAR).

Además, muchas de estas embarcaciones navegan con banderas de terceros países, como la de Panamá, para evitar ser identificadas como parte de la flota china. Investigaciones de InSight Crime han revelado que al menos 250 buques chinos utilizan esta estrategia, lo que dificulta aún más la tarea de las autoridades argentinas para regular y sancionar estas actividades.

El impacto ambiental y económico.

El daño ambiental generado por la pesca china en el Atlántico Sur es inmenso. La sobreexplotación del calamar Illex argentinus, una de las especies más importantes para la industria pesquera argentina, ha puesto en riesgo su sostenibilidad. Este cefalópodo no solo es un recurso clave para la economía local, sino que también forma parte fundamental de la cadena alimenticia de otras especies marinas, como delfines, pingüinos y diversas aves. La depredación sin regulación podría provocar un colapso ecológico con consecuencias irreversibles.

Desde el punto de vista económico, la pesca ilegal representa pérdidas anuales millonarias para Argentina. Se estima que la captura irregular en aguas cercanas a la ZEE argentina genera una pérdida de entre 2.000 y 20.000 millones de dólares anuales. Mientras la flota pesquera argentina opera bajo regulaciones estrictas, los buques chinos extraen recursos sin pagar impuestos ni generar empleo local, debilitando así la competitividad de la industria pesquera nacional.

A su vez, la presencia masiva de estos barcos en la región ha provocado un aumento en los costos de vigilancia y patrullaje. La Prefectura Naval Argentina y la Armada han debido intensificar sus operativos para monitorear la actividad de las flotas extranjeras, lo que implica un gasto considerable de recursos estatales. A pesar de estos esfuerzos, la detección y sanción de embarcaciones infractoras sigue siendo un desafío complejo debido a la falta de acuerdos internacionales sólidos para abordar la pesca ilegal en altamar.

La respuesta de Argentina y sus limitaciones

El gobierno argentino ha intentado contrarrestar la pesca ilegal con diversas medidas. Entre ellas, el uso de tecnología satelital y patrullajes aéreos para detectar incursiones en la ZEE. Además, se ha propuesto la prohibición del reabastecimiento en altamar, una táctica utilizada por las flotas chinas para evitar el ingreso a puertos donde podrían ser inspeccionadas. Sin embargo, estas acciones han demostrado ser insuficientes para frenar la magnitud del problema.

El marco legal internacional impide que Argentina tome acciones coercitivas fuera de su ZEE. Más allá de las 200 millas náuticas, las embarcaciones extranjeras pueden operar sin restricciones siempre que no ingresen a territorio soberano. Esto ha generado un vacío legal que permite a la flota china explotar los recursos marinos de forma incontrolada.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos para lograr acuerdos bilaterales con China, la realidad es que la pesca ilegal sigue siendo un tema de difícil resolución. La dependencia económica de Argentina con respecto a China, su segundo socio comercial más importante, limita la capacidad de Buenos Aires para tomar medidas más drásticas sin afectar otras áreas de la relación bilateral.

El Atlántico Sur como punto de interés geopolítico

El interés de China en el Atlántico Sur no es solo pesquero, sino también estratégico. La cercanía con el Estrecho de Magallanes y la Antártida convierte a esta región en un punto clave para la expansión geopolítica china. Informes han sugerido que algunas embarcaciones chinas podrían estar involucradas en actividades de inteligencia o logística militar, lo que ha generado preocupaciones en la comunidad internacional sobre la presencia china en esta zona.

Estados Unidos y otras potencias han comenzado a observar con mayor atención el rol de China en el Atlántico Sur, lo que podría derivar en una mayor presión diplomática para regular la actividad pesquera y evitar que la región se convierta en un foco de tensión geopolítica.

Propuestas para una solución efectiva

Para abordar el problema de la pesca ilegal china en el Atlántico Sur, Argentina necesita una estrategia integral que combine vigilancia, cooperación internacional y presión diplomática, de acuerdo con varios expertos consultados por Expediente Público. Entre las medidas que podrían implementarse destaca el aumento de patrullaje naval, mejoras en la tecnología de monitoreo satelital para detectar y disuadir incursiones ilegales, así como la puesta en marcha de un régimen de multas más elevado a las embarcaciones que violen la normativa pesquera.

De igual modo, es necesario establecer alianzas con otros países afectados por la pesca ilegal, buscando fortalecer los marcos reguladores en aguas internacionales e impulsar acuerdos para dificultar la logística de las flotas extranjeras que operan irregularmente. En este sentido, deben entablarse, de manera urgente, negociaciones diplomáticas con China, y exigir al gigante asiático mayor responsabilidad en la explotación de recursos pesqueros en el Atlántico Sur.