¿Qué está en juego en las elecciones primarias de Honduras?

El próximo 9 de marzo de 2025 dará inicio el proceso electoral hondureño con la celebración de las elecciones primarias. Este proceso electoral reviste una importancia crucial, ya que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral, las elecciones presidenciales se definen en primera vuelta mediante una mayoría simple. Esto convierte a las primarias en un pulso de carácter político en el que los partidos miden sus fuerzas de cara a las elecciones generales.

En estos comicios, los partidos políticos en contienda seleccionarán a sus candidatos para la Presidencia de la República, tres vicepresidencias, 128 diputaciones con sus respectivos suplentes para el Congreso Nacional, así como 298 alcaldías municipales. Los aspirantes elegidos en esta fase competirán en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025.

Son tres los partidos políticos que participan en las elecciones primarias. En el Partido Nacional, los aspirantes a liderar la institución son el exalcalde Nasry “Tito” Asfura, la ex – primera dama Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, el actual diputado Jorge Zelaya y el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano. En el caso del Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder, los precandidatos son la ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé. Por el Partido Liberal, los aspirantes a la candidatura presidencial son Jorge Cálix, Salvador Nasralla, Maribel Espinoza y Luis Zelaya.

Crisis en el Partido Nacional y el ascenso del Partido Liberal

La crisis del Partido Nacional (PN), hegemónico entre 2010 y 2022, está estrechamente ligada a la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico, que llevaron a la captura y condena del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022). Extraditado y sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, su legado representa una carga para los cuatro precandidatos nacionalistas.

El colapso del PN ha abierto la puerta a un resurgimiento del Partido Liberal (PL), que dominó la política hondureña desde su fundación en 1891 hasta la crisis de 2009. En aquel entonces, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), al intentar modificar la Constitución para habilitar su reelección con el respaldo de Hugo Chávez, fracturó el partido. Su expulsión dio origen a Libre, que se consolidó como el principal rival del PN y llegó al poder en 2022 con Xiomara Castro como presidenta. Ahora, con el PN debilitado, el PL busca recuperar su liderazgo histórico.

Entre los precandidatos liberales destaca Salvador Nasralla, reconocido por su trayectoria como presentador deportivo en un canal de televisión de Tegucigalpa, fue designado vicepresidente en las elecciones de noviembre de 2021 como parte de una alianza entre su partido y Libertad y Refundación (Libre), la fuerza política liderada por Xiomara Castro. Ha sido candidato presidencial en tres procesos electorales consecutivos (2013, 2017 y 2021), compitiendo con distintas formaciones y alianzas, incluidas algunas con Libre.

A pesar de no ser un tradicionalista liberal, Nasralla goza de gran popularidad debido a su presencia mediática y a su estilo de liderazgo populista. Su discurso «anti-casta», que ha promovido desde la fundación del Partido Anticorrupción (PAC) en 2013, lo posiciona dentro de la nueva ola populista global. No obstante, su principal reto será consolidar su aceptación dentro del Partido Liberal (PL), que deberá elegir entre respaldar a un outsider con un fuerte apoyo ciudadano o apostar por un candidato más vinculado a la estructura partidaria, como Luis Zelaya o Jorge Cálix.

Libre: continuidad, corrupción y el narcotráfico

En el oficialista Libre, dos precandidatos disputan la nominación: Rixi Moncada, persona de confianza del matrimonio presidencial (Zelaya – Castro) y Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional. Las encuestas otorgan una ventaja significativa a Moncada, quien representa la continuidad del proyecto de gobierno. Sin embargo, Libre enfrenta acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

En 2024, la publicación de un “narcovideo” por Insight Crime desató un escándalo al revelar una reunión en 2013 entre poderosos narcotraficantes y el político Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara. En el video, los criminales ofrecían 650.000 dólares para financiar la campaña de Libre.

El escándalo desató una profunda crisis política dentro del partido gobernante, resultando en la renuncia de Carlos Zelaya, quien hasta ese momento era diputado y secretario del Congreso Nacional, así como de su hijo José Manuel Zelaya, quien se desempeñaba como secretario de Defensa de Honduras, y de Rafael Sarmiento, líder de la bancada oficialista en el Congreso, señalado por Carlos Zelaya como el responsable de coordinar la reunión. Este escándalo ha reforzado las acusaciones del Partido Liberal (PL), que sostiene que el oficialismo podría estar utilizando fondos provenientes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales.

Factores clave en la campaña

Más allá de la disputa partidaria, la campaña electoral estará marcada por varios temas cruciales, como la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, la crisis económica y las relaciones con Estados Unidos. Un punto de controversia ha sido la reciente propuesta de Xiomara Castro de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola, en respuesta a las posibles deportaciones masivas de hondureños bajo la administración de Donald Trump. Para materializar esta medida, el gobierno de Castro tendría que cancelar el acuerdo de asistencia militar bilateral firmado con Estados Unidos en 1954, lo que pondría en peligro décadas de cooperación y podría generar tensiones diplomáticas, así como sanciones económicas. Esta propuesta ha desatado fuertes críticas de Nasralla, quien acusa al gobierno de acercarse a China y advierte que Libre busca instaurar un modelo autoritario similar al de Venezuela.

Las acusaciones de fraude también jugarán un papel importante en el transcurso de la contienda. Nasralla ha insinuado que Libre podría intentar manipular el proceso electoral, lo que podría derivar en una crisis institucional similar a la ocurrida en 2017, cuando el Partido Nacional (PN) fue señalado de irregularidades en la reelección de Juan Orlando Hernández.

Por último, la violencia electoral sigue siendo un factor de preocupación. El reciente asesinato de un precandidato municipal en Lamaní, Comayagua, a menos de 40 días de las primarias, pone en evidencia el aumento en la polarización y la violencia política, lo que resalta la urgente necesidad de garantizar un proceso electoral seguro, libre y transparente.

Brasil avanza en la construcción de una política nacional para refugiados y migrantes

La participación social de los refugiados y migrantes se ha convertido en un tema central en los debates sobre las políticas de integración en los países de acogida. Reconociendo que estas personas contribuyen económica, política, social y culturalmente a los lugares donde viven y que muchos tienen la intención de permanecer, es esencial que sus voces, necesidades, experiencias y contribuciones se consideren en las decisiones que afectan sus vidas y las comunidades que las acogen. 

No se trata de una participación reducida a una presencia simbólica en espacios de diálogo, sino de la posibilidad de incidir en la toma de decisiones en entornos compartidos con los ciudadanos locales como sujetos activos de los procesos políticos y sociales de los países que ayudan a construir. Las mejores prácticas en integración social resaltan la importancia de incluir medidas que incentiven la participación activa de las personas refugiadas y migrantes en el conjunto de políticas públicas destinadas a promover su plena integración.

En las últimas décadas, Brasil se ha destacado por sus políticas de recepción y protección de migrantes y refugiados. Entre enero de 2010 y noviembre de 2024, más de 1,7 millones de personas recibieron un estatus migratorio regular, más de 146.000 personas fueron reconocidas como refugiados y otras 457.000 aún esperan el análisis de sus solicitudes de asilo. Brasil se ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas en la atención de flujos masivos de desplazamiento, especialmente en el caso de ciudadanos venezolanos, del que es el tercer país receptor en América Latina, con la implementación de programas como la Operação Acolhida en los estados de Roraima y Amazonas. 

Sin embargo, una parte significativa de la población migrante y refugiada todavía enfrenta barreras sustanciales para su plena integración a la sociedad brasileña, lo que resulta en condiciones de desempleo, pobreza y exclusión en niveles mucho más altos que los observados entre los ciudadanos locales.

Reconociendo esta situación, durante los últimos dos años, el gobierno federal ha promovido la participación activa de las personas migrantes, refugiadas y apátridas en la formulación de la política nacional dirigida a esta población. Bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, se inició un amplio proceso de consulta a la sociedad a través de la Conferencia Nacional de Migrantes, Refugiados y Apátridas (COMIGRAR). Este mecanismo, previsto en la legislación brasileña, buscó recoger insumos que reflejen sus experiencias, desafíos y propuestas, contribuyendo al desarrollo de políticas más inclusivas y efectivas para la integración a la sociedad brasileña.

Entre septiembre de 2023 y junio de 2024 se celebraron 119 conferencias preparatorias, que reunieron a unos 14.000 participantes, entre ellos migrantes, refugiados, apátridas, representantes de ministerios, gobiernos estatales y municipales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, incluidas instituciones educativas y de investigación, asociaciones de residentes y colectivos locales. La etapa preparatoria resultó en la formulación de 2.151 propuestas, las cuales fueron sistematizadas por el Ministerio de Justicia en 180 propuestas para la etapa nacional. En la segunda etapa, realizada en Brasilia, más de 271 delegados elegidos en las conferencias preparatorias debatieron y votaron enmiendas, seleccionándose las 60 propuestas consideradas prioritarias.

Al hacer un balance de la experiencia, la COMIGRAR logró movilizar a una parte importante de la comunidad migrante, refugiada y apátrida, así como a representantes de entidades públicas y privadas que trabajan en la temática. Este esfuerzo de coordinación destacó las condiciones que enfrenta una población que muchas veces se encuentra en situación de vulnerabilidad, pero que contribuye de múltiples maneras al desarrollo social y económico de Brasil y que, con mejores condiciones, podría contribuir aún más al beneficio del país. Además, la iniciativa permitió formular propuestas pertinentes para la construcción de una política nacional más inclusiva, orientada a remover las barreras que impiden la plena integración de estas personas, cuya trayectoria de vida ya está profundamente conectada con el país.

La experiencia ha generado grandes expectativas sobre la mejora de las condiciones de vida de los migrantes, refugiados y apátridas en Brasil. La efectividad de este proceso como buena práctica dependerá de la continuidad del gobierno federal en la implementación de las 60 propuestas priorizadas, a través de políticas públicas que generen cambios tangibles.

Es importante que el Gobierno considere los insumos que propone la sociedad al momento de formular y aprobar la política y un programa nacional de atención a refugiados, migrantes y apátridas. Entendiendo que esta política debe tener un enfoque transversal entre las diferentes carteras ministeriales, además de incluir a los estados y municipios, es fundamental que el gobierno establezca una estructura de gobernanza adecuada, capaz de dar coordinación a las diversas iniciativas que se implementarán. Además, es fundamental crear incentivos para que los estados y municipios se sumen a la implementación de iniciativas.

También es esencial que la política cuente con recursos financieros adecuados para garantizar una implementación efectiva. Este tipo de inversiones tiene el potencial de generar beneficios significativos para el país, superando ampliamente los recursos inicialmente destinados al tema.

Por otra parte, la implementación de esta política nacional debe contar con el respaldo político necesario para garantizar que el tema permanezca en la agenda de políticas públicas del gobierno. Para ello, será fundamental que los líderes de las comunidades migrantes y las organizaciones de la sociedad civil continúen monitoreando el proceso de implementación de la política pública y trabajen en conjunto con diversos actores políticos para aumentar el apoyo a la iniciativa.

Brasil ha logrado avances significativos en la construcción de una política nacional para refugiados, migrantes y apátridas, pero ahora es fundamental implementar acciones concretas para eliminar barreras y responder a las necesidades de una población que ya forma parte de la sociedad brasileña y contribuye, de múltiples maneras, al presente y al futuro del país.

El rol vital de la diversidad del suelo para una agricultura sustentable 

El olor a tierra mojada nos resulta inconfundible y despierta algo en todos los seres humanos. Pero, ¿por qué nos gusta tanto ese olor? Probablemente, porque es más que un perfume: es el aroma de los suelos “activos”, con materia orgánica, fértiles y llenos de vida. Este olor, el de un suelo biológicamente sano, es fruto de la geosmina, un compuesto producido por ciertas bacterias. Incluso con nuestra limitada sensibilidad olfativa, podríamos percibir su aroma si una sola cucharada de geosmina se disolviera en 200 piscinas olímpicas. 

Aunque a menudo los imaginamos como simples puñados de tierra inerte, en los suelos sanos habitan millones de organismos. Apenas unos gramos de suelo pueden contener una gran biodiversidad, incluyendo hongos, bacterias, animales, plantas y más. De hecho, los suelos albergan más de la mitad de todas las especies del planeta. La interacción entre estos organismos, sus desechos y los minerales del suelo da como resultado la materia orgánica, el material que sostiene los múltiples beneficios del suelo para las personas.

La materia orgánica permite que las plantas crezcan y nos provean alimento, así como también aporta estructura al suelo y regula los flujos de agua, facilitando la infiltración de la lluvia y evitando que los ríos se sequen durante las temporadas secas. Además, la materia orgánica posee más carbono que la atmósfera y toda la vegetación del mundo combinadas. Por ello, formar nueva materia orgánica es una estrategia clave para combatir el cambio climático. El carbono de la atmósfera que la materia orgánica incorpora al suelo puede quedar atrapado allí durante cientos o miles de años y mitigar el cambio climático. Sin embargo, si esa materia orgánica se pierde, su carbono se libera al aire y contribuye al cambio climático.

Desde los orígenes de la agricultura, hace alrededor de 12.000 años, la actividad humana ha afectado, muchas veces negativamente, los suelos y su materia orgánica. Actualmente, la materia orgánica del suelo de casi todos los rincones del planeta ha disminuido como resultado de la deforestación, la expansión de tierras de cultivo, las prácticas agrícolas y los desarrollos urbanos. Estas transformaciones han provocado la pérdida de aproximadamente 116 mil millones de toneladas de carbono desde el suelo a escala global, una cantidad equivalente a las emisiones de dióxido de carbono que produce todo el mundo a lo largo de 10 años.

Latinoamérica no es una excepción a este patrón. En la región se han registrado pérdidas de materia orgánica que van entre el 5 y el 15% en promedio. Sin embargo, aquellas áreas naturales que fueron transformadas para la producción agraria o ganadera intensiva muestran pérdidas más drásticas, de entre el 40 y el 75%. Este es el caso por ejemplo de la Mata Atlántica y ciertas zonas del Cerrado y Amazonía de Brasil, del Chaco y las Pampas de Argentina (y de Paraguay y Uruguay, respectivamente), o de la zona Andina y del Orinoco en Colombia.

Pero, ¿cómo podemos recuperar la materia orgánica perdida? Para contestar esta pregunta, primero debemos comprender cómo se forma. Hasta hace algunos años, creíamos que la materia orgánica estaba formada fundamentalmente por sustancias muy complejas. Hoy sabemos que está compuesta tanto por sustancias simples, de rápida descomposición (como hojas blandas y raíces finas), como por sustancias complejas, de lenta descomposición (como hojas duras, madera, y raíces gruesas). Las sustancias simples pueden descomponerse y liberar sus nutrientes en cuestión de meses, pero también parte de ellas puede unirse a pequeños minerales del suelo, quedando atrapada por milenios. Así, las sustancias simples aportan nutrientes y estabilidad a corto y largo plazo. Por su parte, las sustancias complejas, al no estar atrapadas en los minerales del suelo, se descomponen en cuestión de años o décadas, aportando nutrientes y estructura al suelo a mediano plazo.

Para recuperar la materia orgánica perdida y tener suelos sanos y fértiles necesitamos, entonces, incorporar al suelo materiales diversos, tanto de descomposición lenta como rápida. Esto implica un cambio en algunos paradigmas de manejo agrícola y, en particular, repensar la agricultura en la que predominan uno o unos pocos cultivos. Hasta hace solo un par de siglos, los agricultores cultivaban múltiples especies en sus parcelas. Desde mediados del siglo XX, la mayor parte de la producción se especializó en los monocultivos (cultivos de una sola especie, como soja, trigo o maíz). Este modelo de agricultura busca una mayor eficiencia y rentabilidad, pero para ello consume de los suelos mucha más materia orgánica (y sus nutrientes) de los que incorpora. Como resultado, muchos suelos se quedaron sin capacidad de producir alimentos o solo pudiendo hacerlo mediante el uso de fertilizantes, herbicidas y otros insumos, porque perdieron la materia orgánica que los hacía fértiles y estables. 

En respuesta a esta problemática, en las últimas décadas se han recuperado y revalorizado prácticas tradicionales integrándolas a la ciencia moderna. Tal es el caso de la agroecología, la agroforestería y el uso de los cultivos de cobertura. Estas prácticas permiten que los suelos reciban hojarasca y raíces de distintas especies, las cuales alimentan comunidades de organismos del suelo más abundantes y diversas, formando materia orgánica diversa. Estas prácticas también protegen a los suelos de la erosión y la insolación al mantenerlos cubiertos con vegetación y, con ello, también los protegen frente a los desafíos del cambio climático, fundamentalmente ante temperaturas, lluvias y sequías extremas.

Por ejemplo, en el Amazonas colombiano, el cultivo de cacao integrado con el cultivo de árboles frutales y especies del bosque nativo no solo mantiene suelos más fértiles, sino que puede ser usada como una estrategia para mejorar hasta en un 40% múltiples funciones de los suelos degradados de pastizales. Por su parte, en los sistemas montañosos de Latinoamérica en general, la agroforestería además de conservar la materia orgánica de los suelos, contribuye a la conservación de la biodiversidad de animales y plantas de la región y, al mismo tiempo, permite sostener los modos de vida de productores locales. Incluso en la región de los pastizales pampeanos del sur de Latinoamérica, donde predominan monocultivos como la soja, la incorporación de cultivos de cobertura como la avena permitiría comenzar a recuperar la pérdida de materia orgánica provocada por los monocultivos. 

Los suelos son la base silenciosa de nuestras sociedades y definen nuestras culturas. Su fertilidad nos alimenta, y su estabilidad nos protege. Más que un recurso, los suelos son un reflejo de nuestra relación con la naturaleza. Entender su funcionamiento, especialmente el papel esencial de la materia orgánica y los organismos que la conforman, es clave para replantear cómo manejamos los ecosistemas. Solo así garantizaremos que los suelos sigan siendo una fuente de vida y bienestar para las generaciones futuras.

Los aranceles de Damocles

Cuenta la leyenda que en el siglo IV a.C., Dionisio, gobernante de Siracusa, hizo que Damocles, uno de sus cortesanos, se sentara en su trono bajo una espada afilada que era sostenida apenas por un hilo de crin de caballo. Ya en el trono, no era el filo de la espada lo que más aterraba a Damocles, sino la incertidumbre sobre cuándo, y si acaso, la espada caería.

Hoy, América Latina (y buena parte del resto del mundo) parece encontrarse en una situación similar: sus economías yacen debajo de una implacable espada arancelaria, sostenida únicamente por el delgado hilo de las órdenes ejecutivas que Donald Trump viene blandiendo desde que asumió el mando.

El primer capítulo de la reciente saga de Trumponomics 2.0 tuvo como protagonista a Colombia y a su presidente Gustavo Petro, quien no permitió que el avión militar estadounidense que transportaba inmigrantes indocumentados aterrizara en su territorio. La respuesta de Donald Trump fue inmediata: aranceles del 25% a las exportaciones colombianas que subirían a 50% al cabo de una semana.

Finalmente, tras una lluvia de vilipendios de variopinta connotación en redes sociales—incluyendo alusiones al coronel Aureliano Buendía y su estirpe (ni Macondo parece estar a salvo de una guerra comercial con Trump)—el gobierno colombiano terminó por ceder y permitió la repatriación de los inmigrantes deportados. La presión de aranceles draconianos sobre una economía ya debilitada fiscalmente resultó insostenible.

El segundo acto del drama tuvo como coprotagonistas a Canadá y México con el anuncio de aranceles de 25% por parte de Estados Unidos. En el discurso público, las amenazas retaliatorias de los países afectados no se hicieron esperar, aunque, detrás del telón, los equipos negociadores, ya sentados en la proverbial mesa de póker geopolítico, estudiaban la mano de cartas disponibles para sus gobiernos y definían estrategias para evitar el desastre económico que implicaban los aranceles en cuestión. Estados Unidos es el destino de aproximadamente el 83% y el 76% de las exportaciones totales de México y Canadá, respectivamente.

Finalmente, viendo el pozo de apuestas tan abultado y anticipando más jugadas temerarias por parte de Trump, México y Canadá, aún con la dignidad casi intacta, decidieron concederle al mandatario estadounidense la victoria política que buscaba. Lo hicieron movilizando tropas hacia sus respectivas fronteras con Estados Unidos para, citando al dueño del circo, “detener la invasión descontrolada de inmigrantes ilegales y fentanilo”. Con esto, la espada de Damocles arancelaria quedó suspendida por 30 días adicionales mientras las negociaciones continuaban.

Hasta este punto en la historia, todo parecía indicar que las movidas de Trump eran más parte de una estrategia de intimidación del nuevo matón del barrio que una política comercial realmente delineada alrededor de repartir garrotazos arancelarios a discreción.

Sin embargo, en el tercer acto del drama, el cual, dicho sea de paso, se viene desarrollando en simultáneo a la redacción de esta columna, la situación se intensificó de manera importante con el anuncio de “aranceles recíprocos” por parte de Estados Unidos. Esta medida implicaría, por ejemplo, gravar con una tasa de 25% a todas las importaciones de acero, las cuales provienen predominantemente de Canadá, pero también de México y Brasil, las dos economías más grandes de nuestra región.

Pero, aun con estos anuncios de nuevos aranceles, si consideramos las implicancias de una guerra comercial generalizada sobre el aumento de precios en Estados Unidos, la repartida indiscriminada de garrotazos arancelarios podría reactivar el trauma inflacionario postpandemia que azotó a los consumidores estadounidenses durante dos años (y que duró hasta hace apenas unos meses).

De las pocas cosas que podrían convertir a un ferviente MAGA fan en un enemigo de Trump, ver un aumento en su costo de vida (otra vez) es probablemente lo primero en la lista. Y no solo por el encarecimiento de bienes y servicios esenciales, sino también por el incremento de las tasas de interés que resultaría del inevitable golpe de timón que la Reserva Federal tendría que hacer para contener la inflación con una posición monetaria más contractiva. Un tremendo desgaste de capital político que Trump difícilmente estará dispuesto a asumir.

Sin embargo, más allá de cuán probable o no consideremos un escenario extremo en el contexto actual, sigue siendo relevante analizarlo: ¿Qué pasaría si las amenazas de mayores aranceles se materializaran en el resto de América Latina y abarcaran un mayor rango de productos? ¿Qué variables económicas se verían afectadas y cómo impactaría esto en nuestros bolsillos?

La primera ronda de efectos de mayores aranceles sobre nuestras exportaciones se sentiría sobre las cuentas externas y el tipo de cambio. La caída de las exportaciones en relación con las importaciones se vería reflejada, en principio, en un incremento del déficit comercial que llevaría a un menor influjo de capitales externos (por ejemplo, menos dólares recibidos por exportadores de manzanas chilenas o de algodón peruano hacia Estados Unidos). Esto se traduciría en una depreciación del peso chileno y del sol peruano frente al dólar (i.e. un aumento del tipo de cambio en estos países) que podría, además, reforzarse por una perspectiva más pesimista sobre el desempeño de estas economías en el contexto de una guerra comercial.

Esta caída en el valor de las monedas locales tendría 3 efectos diferenciados que vale la pena resaltar.

Por un lado, la depreciación del peso chileno o del sol peruano contrarrestaría, en parte, los efectos de mayores aranceles al hacer que las exportaciones chilenas y peruanas sean relativamente más baratas para los importadores estadounidenses. Este efecto positivo funcionaría como una especie de estabilizador automático frente al deterioro de la balanza comercial.

Por otro lado, la depreciación de las monedas locales tendría un impacto en la inflación a través del passthrough del tipo de cambio. Si el peso chileno y el sol peruano valen menos en términos de dólares americanos (i.e. el dólar se fortalece), el precio en moneda local de las importaciones en esos países se incrementaría, lo que, manteniendo constantes otras variables, se traduciría en mayores precios para los consumidores finales de estos bienes (los ciudadanos de a pie).

Finalmente, los países de la región que mantienen importantes niveles de deuda externa en dólares se enfrentarían a una mayor carga de esta deuda que ahora requeriría una mayor cantidad de sus monedas locales para pagar los intereses y el capital. Además de ello, en economías parcialmente dolarizadas como Perú y Argentina, una depreciación perjudicaría no solo las finanzas del gobierno, sino también las de los ciudadanos y empresas que tienen deudas en dólares, sobre todo si reciben sus ingresos en la moneda local.

Sin embargo, es importante reconocer que, más allá de si esta nueva ronda de amenazas termina siendo implementada o no, las expectativas pueden tener un efecto muy importante incluso antes de que algo concreto realmente ocurra. En este caso, la simple expectativa de que los “aranceles de Damocles” puedan desprenderse del pelo que los sostiene y caer agresivamente sobre las economías latinoamericanas, puede ser suficiente para cambiar el comportamiento y decisiones de los agentes económicos (familias, empresas, inversionistas, emprendedores, bancos centrales, etc).

Aunque es cierto que el volumen de reservas internacionales (el cual varía sustancialmente entre países de la región), actúa como un elemento de calma que atenúa las expectativas de depreciación y los movimientos especulativos, en un contexto de aranceles más generalizados como el planteado en este escenario extremo, no resultaría suficiente para contener la depreciación de las monedas locales ni contrarrestar la incertidumbre en los mercados.  

Cierro esta columna continuando la invocación a “Cien Años de Soledad” que iniciara Gustavo Petro hace un par de semanas: bajo la sombra de la espada pendulante de estos aranceles ominosos, ni siquiera Melquiades podría hacer una proyección razonablemente precisa sobre el destino de Macondo (o de cualquier país no inventado de nuestra región). Mientras tanto, arrastrado a este embrollo sin siquiera ser consultado, el coronel Aureliano Buendía preferiría enfrentar una vez más al pelotón de fusilamiento antes que lidiar con estos dramas geopolíticos de tan mal gusto…

¿Qué esperar de la administración Trump en América Latina?

Bajo la nueva administración de Trump, Estados Unidos parece redescubrir la importancia de América Latina. Pero, ¿qué hay detrás de este movimiento y qué señala sobre las tendencias geopolíticas globales?

Este giro sugiere un redireccionamiento de las prioridades estratégicas de Estados Unidos, desplazándolas del área de influencia de Rusia en Europa del Este hacia su propia esfera de dominio en las Américas. Mientras la guerra en Ucrania se acerca a su tercer año, Trump ha expresado su deseo de desescalarla y ha manifestado su desprecio por la OTAN, a la que considera un instrumento mediante el cual Europa drena recursos estadounidenses. A diferencia de Biden, quien observaba el mundo a través del prisma ideológico de la Guerra Fría, Trump adopta un enfoque más pragmático y basado en la fuerza, sin considerar las normas del orden internacional liberal.

Con la llegada de Trump al poder, parece dibujarse un nuevo escenario geopolítico. La narrativa del enfrentamiento entre democracias y regímenes autoritarios, que justificó el involucramiento de Estados Unidos a través de la OTAN en la guerra de Ucrania, da paso a una lógica más cruda bajo el lema «America First»: Estados Unidos contra el resto del mundo, dispuesto a proyectar su poder de manera unilateral. El instrumento central de esta estrategia no son las alianzas ni las intervenciones militares directas, sino las tarifas comerciales, utilizadas como sanciones económicas y ajustadas según el grado de obediencia de las naciones.

La primera gran prueba de esta estrategia ha ocurrido precisamente en América Latina, con la cuestión migratoria. Ante la amenaza de Estados Unidos de imponer tarifas del 25% a todos los productos colombianos luego de que Colombia prohibiera los vuelos de deportación de migrantes desde EE.UU., el presidente Gustavo Petro cedió, evidenciando el poder disuasorio de estas medidas, especialmente porque Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia y adquiere alrededor de una cuarta parte de sus exportaciones.

Si durante la Guerra Fría la estabilidad global se basaba en la amenaza del armamento nuclear, hoy la principal herramienta de coerción estadounidense son las tarifas unilaterales, que imponen costos económicos arbitrarios a sus socios comerciales y los fuerzan a hacer concesiones bajo la amenaza de mayores pérdidas. Estas medidas se implementan sin respetar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El riesgo de este nuevo juego de presiones es la escalada de represalias, donde los países afectados podrían responder con medidas similares. En un contexto de alta interdependencia económica, esto podría generar una especie de “destrucción mutuamente asegurada” en el ámbito financiero, en el que disputas comerciales descontroladas desemboquen en un colapso sistémico.

América Latina ha pasado a ser un laboratorio para esta nueva política exterior de EE.UU., con un primer gran ensayo en la implementación de una política migratoria de línea dura. Esta estrategia ha expuesto las relaciones de poder asimétricas entre EE.UU. y la región, revelando la visión de Trump sobre América Latina y el Caribe como un territorio de drogas, migrantes, criminales e “indeseables” que debe ser controlado. Este cambio marca una transición: de la indiferencia con la que la región había sido observada, o incluso ignorada, a su consideración como una amenaza, convirtiéndola en un foco de preocupación dentro del discurso estadounidense.

La gran incógnita es si la agenda negativa de Trump para América Latina logrará contener la influencia de China, que se ha convertido en un actor económico clave en la región, o si, por el contrario, incentivará un fortalecimiento de los lazos latinoamericanos con el país asiático.

Ya se especula sobre una reedición de la Doctrina Monroe, esta vez con China como objetivo en lugar de Europa, reflejando la creciente preocupación de EE.UU. por la presencia china en la región. Aunque América Latina no sea la prioridad geoestratégica más urgente para Washington, garantizar un control estricto sobre la región sigue siendo una condición clave tanto para la seguridad estadounidense como para su proyección de poder a nivel global. La influencia china en la región es evidente, sobre todo considerando que 40 países de América Latina y el Caribe forman parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con la inauguración del complejo portuario de Chancay, en Perú, en noviembre de 2024, en presencia del presidente Xi Jinping.

Sin embargo, la atracción de la Nueva Ruta de la Seda para América Latina no puede explicarse solo por el déficit de infraestructura regional o la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales y acceso a financiamiento. También está relacionada con la construcción de una «infraestructura invisible» en el campo de las ideas, que fortalece el soft power chino. La histórica admiración de América Latina por el modelo de vida e instituciones de EE.UU. está dando paso gradualmente a un interés por el modelo de desarrollo chino, que ha demostrado ser eficaz en la erradicación del hambre y la promoción de la inclusión social.

China se presenta como un poder económico capaz de ayudar a otros países a desarrollarse y construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, promoviendo proyectos de infraestructura que mejoran las condiciones de vida y ofreciendo bienes públicos globales. Ejemplos claros de esta estrategia son los inversiones chinas en transición energética, especialmente en energía solar, eólica y vehículos eléctricos en Brasil, que podrían abrir nuevas posibilidades de desarrollo sostenible para la región. Además, China se posiciona como una alternativa frente a la política de Trump, apelando a la comunidad internacional a defender el multilateralismo y un orden internacional basado en reglas. Su discurso enfatiza la soberanía de los países de la región como un pilar fundamental, en contraste con la política más intervencionista de EE.UU., que ahora se perfila explícitamente como la estrategia dominante hacia América Latina.

Es fundamental mantenernos atentos porque, como dice un proverbio africano, cuando los elefantes pelean, la hierba es la que sufre. En este contexto de disputa hegemónica y sus repercusiones en la región, América Latina necesita reconocer su propia agencia y comprender la urgencia de su integración. La cancelación de la reunión de emergencia de la CELAC, convocada a petición del presidente colombiano para discutir la crisis de deportaciones impuesta por EE.UU., es una señal preocupante de la falta de coordinación regional frente a estos desafíos.

Esta necesidad de transformación se vuelve aún más apremiante si consideramos los vastos recursos de minerales críticos que posee América Latina, esenciales para la transición energética global. La región debe unirse para evitar caer en la lógica colonial –compartida tanto por EE.UU. como por China– que la posiciona como un mero proveedor de materias primas. Estos minerales estratégicos representan una oportunidad única para que América Latina redefina su papel en el escenario global. Sin embargo, esto solo será posible si, en lugar de limitarse a exportar minerales para ser procesados con mayor valor agregado en el extranjero, la región exige la transferencia de tecnología y su reposicionamiento en la división internacional del trabajo.

Es crucial que el puerto de Chancay no contribuya a la trágica reprimarización de nuestras economías, sino que se convierta en un punto de transformación. En lugar de exportar solo minerales, América Latina debe generar productos con mayor valor agregado, creando empleos y promoviendo un desarrollo sostenible local y regional.

Los BRICS pueden ser la kriptonita de Donald Trump

El presidente Trump acaba de amenazar con imponer aranceles del 100% a los miembros de los BRICS, por su propuesta de socavar la supremacía internacional del dólar. Este podría ser el primer gran error en la nueva política exterior de la administración republicana. Sin una justificación real, la arremetida de Trump en contra de los BRICS parece una admisión de debilidad frente al bloque multipolar.

Para Washington, la hegemonía del dólar ha constituido, desde la Guerra Fría, la herramienta más eficaz de soft power. Los poderes de la Reserva Federal y del Departamento de Tesoro, capaces de virtualmente fijar el precio de los bienes globalmente, dependen del respaldo internacional del dólar.

Sin embargo, el grupo de los BRICS, que ha descartado crear una moneda común, cuenta con mecanismos para negociar en sus divisas locales para abaratar costos, lo que promueve la desdolarización del comercio internacional. Además, mediante su Nuevo Banco de Desarrollo, los países BRICS proponen una alternativa al sistema de Bretton Woods de préstamos internacionales y ayuda a los países del Sur Global, procurando competir con entidades como el Fondo Monetario Internacional.

Esta potencial desdolarización del comercio internacional pone en peligro el poder de Estados Unidos, cuyo peso se refleja en la dolarización, completa o de facto, de tres economías latinoamericanas: Ecuador, El Salvador y Panamá. Adicionalmente, sin la hegemonía del dólar no podrían existir sanciones ya que la funcionalidad de las sanciones se basa en que la prohibición para una compañía, Estado o individuo, de utilizar dólares le lleve a la exclusión del sistema económico mundial. Por ende, la desdolarización de los BRICS inhibe la capacidad coercitiva de Estados Unidos.

Amenazas de aranceles

En este contexto, el presidente Trump sostiene que los aranceles son una eficaz medida de disuasión, o amenaza, en sus relaciones bilaterales con las demás naciones del mundo. Pero imponer tarifas a los diez países integrantes de los BRICS podría conllevar graves repercusiones para Estados Unidos. La economía estadounidense, vulnerable a la mera idea de imponer aranceles en Norteamérica, sufriría el peso de no poder comerciar fluidamente con los principales motores económicos del Sur Global. Además, las represalias de los BRICS generarían un terremoto en rubros como la energía fósil, es decir el petróleo, y las materias primas de naturaleza agrícola.

En sus recientes declaraciones Lula, quien ocupa la actual presidencia de los BRICS, ha rechazado las demandas de la Casa Blanca. El presidente brasileño aseguró que habrá aranceles recíprocos hacia Estados Unidos, en caso de que Trump confirme dicha medida.

El tablero geopolítico mundial empieza a presentar una brecha aún más profunda. Los conflictos comerciales entre Trump y los BRICS representan un riesgo para eventuales acercamientos entre el Norte y el Sur Global y desafíos a problemas todavía irresueltos como la lucha a la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. De hecho, ante las políticas cuestionables del gobierno Trump hacia América Latina, sobre todo alrededor de las deportaciones, es previsible que a futuro la región reaccione con nuevos lazos Sur-Sur.

Desde una mirada internacionalista, la crisis de la hegemonía estadounidense seguiría la misma ruta del ‘splendid isolation’, que resultó en el declive final del imperio de británico. Y es que Trump parece repetir los mismos fallos de su poderío anterior: falta de inversiones en el Sur Global, militarización del discurso político y demonización de polos alternativos.

No obstante, las medidas de Trump sugieren una revitalización de la Doctrina Monroe en América Latina con alcances a escala global, que buscan perseguir y contrarrestar la influencia china en el mundo. De hecho, la estrategia de Trump para Latinoamérica se basa en atacar las inversiones chinas, como es el caso del Canal de Panamá.

La entrada oficial de Bolivia y Cuba a los BRICS evidencia que algunos países de la región se están sintiendo atraídos por la idea de unirse al bloque. Ambas naciones, con relaciones dificultosas con Estados Unidos, han encontrado en los BRICS una oportunidad de desdolarizar sus operaciones financieras y en su Banco un potencial sostén a sus complejas situaciones económicas.

Mientras tanto, el gobierno de Colombia, luego de la controversia entre Trump y Petro, ha empezado a diversificar sus exportaciones, acercándose a la iniciativa china de la Franja y la Ruta. De esta manera, el principal aliado histórico que ha tenido Estados Unidos en América Latina podría seguir profundizando sus relaciones con el Sur Global a través de los BRICS.

La multipolaridad en las relaciones internacionales ha traído cambios sin precedentes. Los aranceles y demás amenazas de Trump a las naciones del mundo van en sentido contrario de una política exterior acorde a los tiempos actuales. Y en ese marco, los BRICS pueden llegar a convertirse en la kriptonita de Donald Trump.

El cripto-escándalo y la supervivencia política de Javier Milei

El viernes 14 de febrero, Javier Milei, el excéntrico presidente de Argentina, promocionó en su cuenta de X (ex Twitter) una nueva criptomoneda que prometía altos rendimientos y que, poco después, terminó desplomándose en un esquema típico de “rug pull”, dejando a miles de inversores con pérdidas totales. No importó que Milei borrara el tuit y luego se desdijera de su original promoción. La oposición peronista se inclinó rápidamente a solicitar un proceso de juicio político para destituirlo en medio de un escenario en el que incluso partidarios de Milei lo han criticado por el escándalo.

La pregunta que se hacen muchos analistas en Argentina y en el mundo es qué impacto tendrá este escándalo en la estabilidad del gobierno de Milei. Después de todo, el contexto para la supervicencia en el cargo de Milei lucía muy oscura al inicio de su mandato. Con los meses, este se ha consolidao en el cargo, pero el escándalo ciertamente es un golpe a la línea de flotación de la credibilidad de Milei.

El escándalo:  Milei no sale a flote

Más condimento se sumó a la polémica al conocerse la versión completa de una entrevista que dio el mandatario a un medio argentino en la que su defensa se veía desdibujada. No solo eso. El creador de la criptomodena, Hayden Mark Davis, reconoció haber pagado a Karin Milei, hermana del presidente, una suma considerable de dinero, e incluso presumía este vínculo entre sus inversores para convencerlos de poner dinero. En las últimas horas, el caso tomó aún más relevancia tras la denuncia del empresario Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum, quien dió a conocer que algunos de los líderes detrás de $LIBRA le habrían pedido dinero a cambio de facilitarle una reunión con Milei, según lo dio a conocer el medio argentino La Nación.

Con su estilo frontal, Milei concedió una entrevista al politólogo y periodista Jonatan Viale. Sin embargo, el problema no radica solo en sus declaraciones, sino en lo que ocurrió detrás de cámaras: uno de sus asesores solicitó eliminar una parte de la conversación antes de su emisión. La filtración de este pedido generó aún más controversia, dejando en evidencia un intento de control sobre el contenido. Independientemente de qué se haya eliminado, la duda sembrada imposibilitó que Milei pudiese sortear la crisis con rapidez.

Supervivencia de Milei en el cargo

La literatura politólogica sobre la estabilidad presidencial, sugiere, en primer lugar, que la existencia de una mayoría legislativa que respalde al presidente emerge como un elemento crítico, ya que le permite gobernar sin obstáculos significativos y reduce el riesgo de una salida prematura del cargo. En segundo término, la ocurrencia de protestas masivas, especialmente cuando son violentas y dirigidas específicamente contra el presidente, y de recesiones económicas han demostrado ser un factor desestabilizador que incrementa significativamente el riesgo de una salida anticipada del poder.

A la luz de lo anterior, lo primero que se debe considerar es que Milei se encuentra en una posición sin mayoría en el Congreso. Además, más allá de las pugnas internas y dificultades actuales, el peronismo –conocido por sus profundos vínculos con la sociedad civil y su capacidad para movilizar protestas– representa un desafío significativo para la presidencia de Milei. Sin el respaldo de una estructura partidaria fuerte, Milei se encuentra vulnerable a los ataques desde el legislativo como a las protestas callejeras.  La situación económica, por su parte, tampoco juega a favor del presidente argentino.

Lo anterior, sin embargo, no representa todos los obstáculos que debe enfrentar el presidente argentino.

El 14 de febrero y el criptogate: Otro factor de riesgo

Hasta el 13 de febrero, el aspecto que más jugaba a favor de la supervivencia de Milei era el hecho de que no se había visto envuelto en escándalos. De hecho, la literatura especializada identifica a los escándalos presidenciales como un factor clave para explicar el término anticipado de una presidencia. Abdalá Bucaram (Ecuador), Fernando de la Rúa (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay) y Pedro Pablo Kuczynsky (Perú) son claros ejemplos de presidentes “fallidos” (o fracasados) cuyas administraciones fueron golpeadas por escándalos importantes.

Estos escándalos hace que los presidentes encuentren problemas para que sus aliados políticos lo respalden, haciéndolo más vulnerable a intentos de destitución. Este es precisamente el caso del presidente argentino.

¿Por qué este no es un escándalo más para Milei?

El escándalo de la criptomoneda golpea a Milei en los dos pilares sobre los que construyó su candidatura: su crítica a la corrupción causada por la “casta” y su supuesta pericia económico-financiera. Si promovió conscientemente un esquema fraudulento como $LIBRA, traicionó su promesa de luchar contra la corrupción y desenmascarar a la “casta”. Si, en cambio, fue engañado, su cercanía con un fraude de esta magnitud expone una preocupante falta de criterio.

Como economista que se jacta de su conocimiento financiero, resulta alarmante que no haya detectado los riesgos de la inversión que impulsó. Sea por deshonestidad o incompetencia, Milei ha erosionado su propia credibilidad y socavado la base de confianza que lo llevó al poder. De cierta forma, Milei validó que los mercados no se regulan solos, demostrando en fracción de minutos que menos de 280 caracteres fueron capaces de destruir riqueza de cientos de inversores.

La oposición ha manifestado su intención de iniciar un juicio político en contra del presidente. Sin embargo, según la historia reciente, no es probable que este sea el mecanismo para desalojar a Milei. En Argentina, los dos presidentes “fallidos” en la era post-dictadura dejaron el cargo por presiones populares y en medio de una importante crisis sociopolítica; no por juicio político. Este proceso usualmente se activa en contra de jueces, no en contra de primeros mandatarios.

No obstante, esto no quiere decir que un escándalo como este sea inocuo. La historia latinoamericana está llena de presidentes que vieron su mandato truncado por escándalos que erosionaron su legitimidad. Bucaram y Kuczynski fueron rápidamente forzados a dejar el cargo luego de conocerse escándalos que los involucraban; mientras que en los casos de Lugo y De la Rúa, los escándalos generaron una pérdida progresiva de apoyo hasta que otra crisis política los dejó sin salida.

El caso de Milei aún está en desarrollo, pero la pregunta es inevitable: ¿será este escándalo el detonante de una implosión rápida, al estilo Bucaram o Kuczynski, o el primer golpe de un desgaste más lento que termine socavando su poder, como ocurrió con De la Rúa y Lugo? La fragilidad de su coalición y la creciente presión de la oposición definirán su destino.

Reflexiones finales

A la luz de los hechos y la historia política reciente de Argentina, es posible que Milei logre sortear esta crisis. Sin embargo, su poder se verá debilitado, ya que depende en gran medida de la percepción pública sobre su capacidad para administrar la economía del país. Su popularidad se ha basado en su manejo de la inflación, pero en cuestión de minutos quedó en evidencia que tal como tiene una receta para reducir la inflación, también tiene una receta para sacar a la luz brechas de mercado.

La impostergable responsabilidad de un nuevo liderazgo para Venezuela

Ante la incertidumbre generada en las primeras semanas de 2025, en las que las esperanzas de cambio político en el país se ven debilitadas ante la poca movilización ciudadana producto de la represión y los presos políticos, existe un panorama desalentador para quienes apoyan la reconstrucción de la democracia en Venezuela. 

Además, los cambios en la geopolítica liderada por Estados Unidos bajo Donald Trump, que han sacudido el orden liberal global y han propiciado que se establezca un canal de comunicación entre el chavismo y el gobierno estadounidense, tampoco parecen contribuir a la causa democrática.

Ante este escenario, resulta necesario plantear hacia dónde y quiénes serán los líderes de la nueva etapa que enfrenta Venezuela, especialmente desde el pasado 10 de enero, con la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato. 

Más allá del contexto autoritario y de represión en el que de forma evidente vive toda la sociedad venezolana en su conjunto, existe un deseo de cambio y de renovación del liderazgo que exige el país, incluyendo a las filas del chavismo. Luego de 26 años de un proceso histórico liderado por Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, la necesidad de renovación es una exigencia impostergable, y esto es válido para oficialistas y opositores por igual.

Elecciones como momentos de legitimidad y cambio

Dentro de esta coyuntura, que está lejos de ser ideal para cualquier actor democrático, se vuelven a presentar unas elecciones en Venezuela. El próximo domingo 27 de abril se pretende elegir a diputados para los concejos legislativos de los estados, así como también a diputados para la Asamblea Nacional y más de 24 gobernadores, incluyendo un gobernador para el nuevo estado del Esequibo.

María Corina Machado afirmó que hasta que “no entre en vigor” la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 el sector político que ella representa no puede participar en ninguna elección futura.

Por su parte, el oficialismo tiene la intención de renovar el liderazgo en sus cuadros. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, convocó para la última semana de enero la celebración de asambleas populares para identificar, en conjunto con las bases del partido, las propuestas de candidatos para las elecciones de la Asamblea Nacional, alcaldes y gobernadores. Esto parece un intento de disminuir la discrecionalidad en la elección de los candidatos, algo que ha caracterizado al oficialismo desde la época de Hugo Chávez.

En este sentido, el panorama político venezolano apunta a repetir un escenario parecido a las elecciones parlamentarias de 2020, en las que la oposición reconocida internacionalmente no participó. 

Los tiempos exigen evitar otro “día de la marmota”

En un escenario como este, no se puede negar la sensación de estancamiento en el liderazgo político. El país parece estar como en la película Groundhog Day, en un bucle temporal en el que siempre se vuelve al mismo momento: quienes ostentan el poder son los mismos rostros, solo que envejecidos desde los inicios de la Revolución Bolivariana, mientras que, en el lado opositor, a pesar de los fracasos, derrotas y errores, también siguen los mismos rostros, solo con algunas variaciones. 

En ambos casos se puede reconocer a estos grupos, un claro elemento de voluntad propia para correr los riesgos de mantener o enfrentar el poder, algo que otros dirigentes de la sociedad venezolana no están dispuestos a hacer. Pero se trata de una situación que resulta imposible de mantener por más tiempo: la renovación es impostergable. 

Sin embargo, la disyuntiva principal no la tienen los cuadros medios o bajos del PSUV que, bajo las estructuras de su partido (democráticas o no), abordaran cómo facilitar (o no) la renovación de sus liderazgos. La disyuntiva real se encuentra del lado de la oposición, quienes, al no participar en esta elección, corren el peligro de quedar invisibilizados en el panorama político del país, bajo un clima mucho más autoritario.

Las razones sobran para que todos aquellos que están en el espectro político de la oposición decidan no participar. Mientras se escriben estas líneas, todavía hay más de 1.200 presos políticos en el país. Además, la represión y la vigilancia, lejos de terminar, en algunos casos se han intensificado. Pero dejar a la población sola y que la respuesta se limite a las redes sociales o al silencio por varios días no es razonable ni es lo que espera una ciudadanía habida de esperanza.

Los nuevos liderazgos no pueden esperar más

¿Cómo se brinda esperanza en medio de la persecución? La respuesta es con una renovación de liderazgos que permita seguir manteniendo una sociedad organizada y con aspiraciones democráticas. Pero, ante la persecución imperante, cuyas consecuencias han sido comunidades totalmente acéfalas de liderazgos (la mayoría se encuentran presos o el exilio) y el desgaste notorio de estos últimos años, se vuelve necesario brindar espacios a nuevos dirigentes, jóvenes, mujeres y perfiles alternativos que en los espacios locales y regionales sean capaces de movilizar a sus comunidades.

Las próximas elecciones del 27 de abril no se avizoran como unas elecciones libres, transparentes o democráticas, pero sí pueden representar una oportunidad para legitimar el nuevo liderazgo opositor al aprovechar una actividad pública y que implica la movilización de la sociedad para mantener una organización ciudadana e inclusive generar espacios de diálogo y resistencia que permitan crear otro momento histórico en el futuro próximo.

Además, hay liderazgos que durante los últimos 5 o hasta 10 años han construido una base social y comunitaria basada en el trabajo colectivo y autogestionado, normalmente sin recursos, que hoy identifican una oportunidad ante las carencias que representan los liderazgos tradicionales.

Una decisión individual basada en una voluntad colectiva

A pesar de las razones a favor o en contra de esta oportunidad de renovación, la decisión de participar será individual, de cada dirigente comunitario y líder local, en función de su situación personal y en el marco de las posibilidades políticas reales. No se trata de que estas elecciones sirvan para ocupar un espacio en la institucionalidad del Estado, ya que está claro que está controlado por el oficialismo y no hay disposición de compartir el poder o respetar las reglas de juego. Se trata de no perder relevancia y capacidad de incidir en la agenda pública, en el medio de la incertidumbre, mientras se vuelve a construir otro momento histórico que pueda derivar en una transición hacia la democracia.

Es importante advertir que, bajo un escenario de penumbra en el que la comunidad internacional, de forma paulatina, vuelve a perder interés en la causa venezolana, la indiferencia y la inacción dentro del mismo país no parece ser hoy la decisión correcta ante un régimen que parece fortalecido y una población mucho más vulnerable políticamente que en años pasados.

Ahí están las elecciones de la historia. Por ejemplo, en Corea del Sur, durante las décadas de 1950 y 1960, hubo una serie de elecciones no democráticas marcadas por fraude y represión. Pero estos momentos sirvieron como catalizador para el auge de líderes de la oposición como Kim Dae-jung y Kim Young-sam, luego figuras fundamentales para la construcción de la democracia. El mismo caso se aplica para las elecciones de 1989 en la Polonia comunista, donde se gestionaron unas elecciones no libres pero que sirvieron para movilizar y articular el Movimiento Solidaridad.

El camino para alcanzar la democracia está lleno de obstáculos. Los retrocesos son parte del proceso de la lucha política. En la misma historia de Venezuela se encuentran lecciones como las experiencias de Rómulo Gallegos y luego la reivindicación de Rómulo Betancourt, quien tardó 31 años en ver consolidado un régimen democrático en el país bajo su presidencia. Tampoco se puede olvidar el sacrificio de Jóvito Villalba y su partido Unión Republicana Democrática (URD) en las elecciones de 1952 contra la dictadura militar.

No hay opciones fáciles bajo un régimen autoritario: tanto la presencia como la ausencia del espacio público tienen un alto costo. Pero dejar a la ciudadanía sola, sin rutas y acciones claras, no parece ser la decisión correcta. Hay que seguir buscando las condiciones para generar un nuevo momento histórico, y toda elección puede representar una nueva oportunidad para conseguirlo.

Elecciones en Ecuador: ¿continuidad o retorno del correísmo?  

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El próximo 13 de abril Ecuador volverá a las urnas para elegir un binomio presidencial entre dos propuestas contrapuestas: el socialismo del siglo XXI representado por Luisa González, de la Revolución Ciudadana y heredera del expresidente Rafael Correa, versus el partido de derecha Acción Democrática Nacional (ADN), liderado por Daniel Noboa Azín, hijo del multimillonario bananero y excandidato a la presidencia Álvaro Noboa. Es la primera vez en la historia republicana que hay un resultado tan estrecho en primera vuelta: 44,16% para Noboa y 43,99% para González.

Si bien es la primera vez desde el año 2007 que la Revolución Ciudadana irá a segunda vuelta sin partir en primer lugar, superó su techo de votación, y eso la ubica en un momento distinto en su desempeño electoral. Por su parte, el presidente y candidato Noboa ha logrado mantenerse como preferencia electoral pese a un año de administración caracterizado por problemas de todo tipo, pero principalmente de inseguridad, violencia y desempleo. Enero fue el mes de más muertes violentas. Se reportaron 750, lo que representa un 45,04% más que en el mismo periodo de 2024.

Las dos candidaturas dibujan un clivaje regional en la votación. La región Costa favorece históricamente al partido de Rafael Correa, la Sierra ha votado por alguien que represente el anticorreísmo y el Oriente está dividido. Los dos finalistas buscan acercamientos con Leonidas Iza, líder del movimiento indígena que obtuvo el 5,3% en estas elecciones, es decir, 525.885 votos, una cifra nada despreciable para desempatar la segunda vuelta, pese a que en Ecuador el voto no es transferible. A excepción de Andrea González, que obtuvo un 2,7%, los demás candidatos no llegaron ni al 1% de votación. 

Como antecedente, cabe mencionar que Leonidas Iza ha sido el protagonista de las manifestaciones con más densidad del país, tanto en octubre de 2019 como en junio de 2022. Su capital político simboliza la resistencia al capitalismo, la lucha contra los multilaterales de crédito, la defensa del medio ambiente, el cobro a los deudores de los impuestos y la promoción de la economía popular y solidaria. En primera instancia, estas tesis no concuerdan con ninguno de los dos candidatos, de ahí que las conversaciones que pudieran surgir con este líder indígena serán de alta complejidad.   

La segunda vuelta pondrá en confrontación dos tesis distintas en varias materias. En las relaciones exteriores se enfrentan el integracionismo latinoamericano y la cercanía con los gobiernos autodenominados progresistas de la región, por parte de Luisa González, versus la cercanía del gobierno con Donald Trump por parte de Noboa. En economía se oponen el papel central del Estado en materia de regulación y control frente a una propuesta de alianzas público-privadas por parte del presidente. En seguridad, la mano dura de Noboa versus una idea de combate al crimen organizado con políticas sociales.   

Los principales ejes del discurso de Noboa han sido la lucha contra el crimen organizado y la vieja política, encarnada, según su narrativa, en los partidos y líderes tradicionales, mientras que Luisa González ha enfocado su propuesta en un proyecto social con grandes dosis de evocación al gobierno del expresidente Correa. Pese al posicionamiento de estas dos perspectivas, se avizora un giro de mensajes en los dos candidatos porque a ninguno le alcanzó los votos para hacerse con la presidencia en la primera vuelta. Además, han dicho que reforzarán el trabajo en las localidades de manera presencial en complemento con la inversión que hagan sus equipos en las redes sociales.

Una de las expectativas de los candidatos es movilizar a la mayor parte de la población para que concurra a las urnas en la segunda vuelta, considerando un ausentismo del 17%, sin perder de vista el porcentaje de voto nulo (6,7%) y el voto en blanco (2,6%), según los datos del Consejo Nacional Electoral. En la opinión pública, la campaña electoral opaca lo que sucede en la Asamblea a dos meses de que termine su mandato, así como en las otras funciones del Estado. El sector privado y la sociedad civil también miran con expectativa qué escenario viene con la victoria de cualquier candidato.   

La gobernabilidad para los siguientes cuatro años estará condicionada por la relación entre el ejecutivo y la Asamblea Nacional. Es la primera vez desde la transición a la democracia (1979) que habrá un predominio de dos fuerzas políticas, pese a que ninguna logra mayoría absoluta ni calificada de un total de 151 curules. Quien gane la presidencia tendrá un mayor margen de maniobra para lograr acuerdos con los legisladores de otros partidos y de los independientes para hacerse con la mayoría para la aprobación y reforma de leyes sustantivas en temas de reforma del Estado, generación de empleo y combate al narcotráfico.   

Los retos son enormes para quien gane las elecciones: inseguridad, desempleo y lucha contra la corrupción y la impunidad. En este último aspecto, Ecuador se ubica en el puesto 121 de 180 países, al igual que Angola y Kenia, según el último ranking de Transparencia Internacional. Así, cae dos puntos en relación con el año anterior, además de que este problema ya está entre las cuatro principales preocupaciones, según las encuestas nacionales en los dos últimos años.

La insoportable levedad de la nube

Con la difusión de la computación en la nube en los últimos años, parece que hemos pasado de la modernidad líquida del famoso sociólogo Zygmunt Bauman a la modernidad gaseosa. Datos personales, registros gubernamentales, transacciones comerciales, propiedades industriales y secretos militares, todo parece estar guardado -y seguro- en la llamada “nube”.

La nube, término que sugiere una ligereza diáfana (y que, por eso mismo, encaja perfectamente en la gramática ideológica de las grandes tecnológicas), en realidad demanda una gigantesca red de centros de datos, grandes instalaciones de servidores físicos repartidos por distintas regiones del mundo y conectados a través de internet. Estos centros de datos que conforman la nube se utilizan para almacenar, procesar y distribuir datos y aplicaciones a usuarios, empresas y gobiernos. Para funcionar de manera eficiente, la nube depende de sistemas de refrigeración y energía, además de requerir el uso de aceites y lubricantes derivados del petróleo para el mantenimiento de los equipos, y de minerales como silicio, cobalto, litio y cobre (entre otros) para la construcción de hardware (computadoras, teléfonos inteligentes, etc.).

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) ha incrementado exponencialmente la necesidad de consumo de agua, petróleo y minerales por parte del sector tecnológico, utilizados para alimentar el apetito cada vez más insostenible de la nube. La computación en la nube es esencial para soportar la infraestructura de la IA moderna, y por ello es necesario buscar nuevas soluciones en una industria que se caracteriza por ser innovadora y disruptiva.

Es en este contexto que el recién inaugurado presidente Donald Trump declaró una emergencia energética en Estados Unidos tan pronto como asumió el cargo, repitiendo su mantra “perfora, nena, perfora”. Esta declaración de emergencia nacional permite flexibilizar las regulaciones ambientales en ese país, facilitando la apertura de nuevas áreas para la exploración de combustibles fósiles a través de la perforación y extracción de petróleo (llamado “oro líquido” por Trump) y gas. La solución de Trump para resolver los problemas del siglo XXI, al parecer, es volver al siglo XIX.

Por otra parte, literal y metafóricamente, una empresa china superó a Chat GPT en número de descargas en la App Store. Se trata de la startup tecnológica DeepSeek, con sede en Hangzhou, China, que recientemente lanzó un asistente digital gratuito que utiliza menos datos y cuesta una pequeña fracción (casi 20 veces menos) que los modelos de empresas de inteligencia artificial populares como OpenAI, Google o Meta. La noticia hizo que las acciones de Nvidia, el principal proveedor norteamericano de chips de inteligencia artificial, cayeran en picado, después de haber estado en alza durante los últimos dos años. Meta, Alphabet y Oracle fueron otras de las empresas que vieron caer sus acciones en el mercado debido al buen desempeño de DeepSeek.

Es bueno que la capacidad de China para crear soluciones de bajo costo en el campo de la tecnología digital ayude a presionar a los actuales líderes del mercado en la búsqueda de soluciones tecnológicas menos destructivas para el medio ambiente, además de permitir que startups y empresas más pequeñas de otros rincones del mundo accedan a la IA con una barrera de entrada más baja, aumentando la competencia global. 

Este puede ser el caso de Brasil, quien aprobó durante la V Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el año pasado, el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial 2024-2028. Con una previsión de inversión de alrededor de R$ 23 mil millones en cuatro años, el ambicioso plan brasileño pretende elevar al país al estatus de referencia mundial en innovación y eficiencia en el uso de IA. Para alcanzar este objetivo es necesario, por supuesto, dar preferencia a soluciones tecnológicas más baratas y ecológicamente sostenibles, como las que ha encontrado nuestro importante socio comercial del Este.

Si China, desde la región del sol naciente, puede reducir la demanda mundial de energía y contribuir así a que gran parte de la sólida red de centros de datos se derrita en el aire, la reducción de las nubes podría significar que el futuro de la inteligencia artificial viva días más soleados.