Ideas para salvar la democracia (también en América Latina)

Si antes del triunfo electoral de Donald Trump existía bastante preocupación por el deterioro de la democracia, su sonada victoria parece haberse desatado el pánico. Un aluvión de expresiones, reflexiones, habladas y escritas, que muestran a la democracia al borde del precipicio, llenan los espacios de los medios de comunicación y las redes sociales.

Creo que el problema no reside en la natural preocupación al respecto, sino en que esta se nutre de viejos tópicos que persisten y desorientan. Se pueden mencionar de entrada algunos de ellos: la concepción instrumental de la democracia, el discurso ambivalente sobre una sociedad civil siempre virtuosa, el convencimiento de la superioridad moral de las propias ideas políticas (sean estas de derechas o de izquierdas).

La primera base para fortalecer la democracia en tiempos de turbulencias se refiere a la identificación clara de su naturaleza. Existe la idea extendida de que la democracia se identifica por su capacidad de atender las necesidades materiales y aspiraciones de la sociedad. Es lo que Przeworski señala como la concepción instrumental de la democracia. Esta debe servir para algo, no tiene valor en sí misma. Si acaso debe entenderse como una forma particular de gobierno. Puede que sea el menos malo de los sistemas de gobierno. Pero así se pierde, de una u otra forma, su valor sustantivo.

En realidad, la democracia es fundamentalmente un sistema político para poder obtener y realizar decisiones colectivas, de forma previsible y pacífica. Ese es el principal valor de la democracia. Desde luego, asociado a ese valor sustantivo se supone que las decisiones colectivas se orientan hacia la obtención del bien común. Pero la definición de ese bien común también está sujeta a la deliberación democrática, aunque exista ya una serie de parámetros básicos, entre los que se encuentra el bienestar material de la población. Pero no hay que confundirse: la democracia no es un programa de bienestar social, sino principalmente un sistema político para poder adoptar decisiones colectivas de forma pacífica.

Sobre esa base es que hay que configurar instrumentos estables, instituciones, para facilitar la ejecución de ese valor sustantivo en el tiempo. Algo que en sociedades de millones de ciudadanos difícilmente puede hacerse reuniéndose en una plaza pública (como en la Grecia clásica) por lo que es necesario acudir a la representación. Tratar de sortear esa evidencia da lugar a experimentos fallidos y/o antidemocráticos. Y existe ya suficiente información sobre la inseguridad del funcionamiento del voto electrónico directo.

Ahora bien, el mantenimiento de ese sistema virtuoso para adoptar decisiones colectivas depende del conjunto de los integrantes de la colectividad. Y ahí comienzan los problemas. Por un lado, aparecen las disfunciones de la arquitectura institucional, que, como se sabe, provocan distanciamiento y deslegitimación. Pero creo que el problema mayor reside en la misma ciudadanía, y, en particular, en la cultura política que posee.

Captar el valor sustantivo de la democracia exige una educación política básica. Sucede como con el sexo, que todo el mundo cree que viene completamente informado desde la cuna. Y luego pasa lo que pasa. Sin embargo, en todos los países del mundo existen bolsones de población que no conciben el sentido de la democracia y tampoco están interesados en ello. Suelen tener a gala que no poseen interés alguno en la política, pero, en realidad, confunden su valor sustantivo con sus expresiones orgánicas. Aunque no hay que confundir nivel educativo con cultura política, suele darse un correlato entre ambas. No debería extrañar que Trump haya arrasado entre la población de más bajo nivel educativo en Estados Unidos.

Tampoco resuelve la cuestión el activismo político, sobre todo cuando es vicario. En algunos países latinoamericanos, los sondeos de opinión muestran que las oscilaciones en el apoyo a la democracia dependen de cual sea el color político del gobierno. El valor sustantivo de la democracia no se percibe claramente. Se confunde con la participación política activa de parte, por encima de las reglas del juego compartidas. En este sentido, se pone demasiado énfasis en el problema de la polarización política. Es cierto que la polarización tiene efectos perniciosos para la deliberación democrática, pero es únicamente una expresión exacerbada del problema original: la política sectaria, de banderías.

Es la ciudadanía sustantiva, independientemente si es activista o no, que posee una cultura política suficiente, la que percibe el valor intrínseco de la democracia.  Es una ciudadanía que tiene un apropiamiento apreciable de sus derechos, de los límites de operación de las instituciones, y que le da un seguimiento regular a la vida política en su país. El problema es que no es mayoritaria en nuestras sociedades. Algunos estudios señalan que se sitúa entre un cuarto y un tercio de la población. Pero es de este espacio ciudadano de donde es posible esperar la defensa no parcial de la democracia representativa.

La comprensión de la distinta concepción y comportamiento en el seno de la ciudadanía es lo que evita esa presunción frecuente de considerar a la sociedad civil como invariablemente virtuosa, sobre todo frente a los vicios de los operadores políticos. Pareciera que los políticos llegan desde otro planeta y no desde la sociedad civil. Solo ante evidencias como la rotunda victoria de Trump, aparecen dudas de si el problema reside en el interior de la misma sociedad civil. La pre concepción (populista) de que el pueblo llano es fuente de todas las virtudes está fuertemente arraigada en la izquierda, especialmente en América Latina. Se confunde el sujeto del padecimiento con el sujeto de la pulsión democrática. Por eso no se consigue comprender que pueda ser compatible en la sociedad civil la actitud solidaria ante un desastre con la falta de apoyo del sistema democrático.

La existencia de bolsones de ciudadanía de baja cultura política es antigua, sobre todo desde el aparecimiento de la modernidad (siglo XVIII). Pero con el cambio comunicacional que ha supuesto el aparecimiento de las redes sociales, ese asunto ha emergido a la superficie en toda su crudeza. El problema no solo reside en la comunicación telegráfica y simplista que permiten las redes, sino también en que la pobre cultura política de amplios sectores está emergiendo con toda su aspereza y su basura asociada. Por otra parte, la manipulación de la información y el florecimiento de las fake news encuentra campo abonado en los bolsones de ciudadanos con pobre cultura política.

La victoria de Trump también ha mostrado la confusión entre mecanismos y fundamentos de la democracia. Más allá de los viejos defectos del sistema electoral estadounidense, la elección del candidato republicano no refleja el mal funcionamiento de la democracia. Trump ha ganado cumplidamente, incluso en términos de voto popular. Como se ha dicho, el problema no es Trump, sino la enorme cantidad de gente que le ha votado. Es decir, si hay un problema, este reside en el seno de la sociedad civil estadounidense. Y todo indica que guarda relación con la pobre cultura política de la mayoría de esa sociedad.

Desde luego, otra cosa será todo lo que venga después. La historia está llena de casos donde el autócrata gana las elecciones limpiamente y luego va destruyendo las reglas del juego democrático. Lo cual alude a algo sabido: que las elecciones son solo una parte del sistema político democrático. Los otros elementos están definidos por el contrato político que se consigna regularmente en la Constitución. Ese es el marco que permite la defensa del valor sustantivo de la democracia y no así la capacidad del gobierno de satisfacer las necesidades materiales de la población. Incluso cabe imaginar teóricamente la posibilidad de que Trump mejorará la situación socioeconómica, al tiempo que construye una autocracia (existen casos conocidos en América Latina, sobre todo desde gobiernos de izquierda).

Parece evidente que la superación de las turbulencias que sufre la democracia (lo de su salvación es una simple provocación comunicativa, al menos eso espero) guarda relación con el incremento de una ciudadanía con suficiente cultura política como para defender su valor sustantivo. Algunas entidades (Idea Internacional, por ejemplo) aluden a la necesidad de constituir una alianza entre todas las instancias públicas y privadas de la sociedad. No sólo es una tarea del sistema educativo, o de los partidos o los gobiernos, constituye un ejercicio de deliberación democrática integral que se ha postergado demasiado tiempo, aunque para ello sea necesario revisar los viejos tópicos sobre la instrumentalidad de la democracia. Quizás así se logre posponer el temido fin y tengamos tiempo para ir a joder otros planetas.

El regreso de Trump impactará la agenda global de derechos y migración

Las elecciones en Estados Unidos han tenido lugar en un momento en el que la economía del país se está recuperando de la recesión pospandémica. De hecho, hay un crecimiento marcado por una tasa de alrededor del 3%, con una reducida inflación de 2% y un bajo desempleo, según datos del FMI. Sin embargo, las experiencias diarias de muchos votantes se vieron marcadas por tensiones financieras, especialmente con el aumento de los costos de alimentos, combustible, hipotecas y créditos. Esta desconexión ayuda a explicar la popularidad del presidente Trump, que ganó el voto popular debido a que la dificultad económica es una realidad. No obstante, durante la campaña electoral y en el mensaje de su primer discurso como presidente electo, se han reforzado las sentencias conservadoras sobre temas sociales clave, como el aborto y la inmigración, que impulsarán un peligroso sentido de lo urgente y necesario en política, nacional e internacional.

El resultado de estas elecciones tendrá impactos de gran alcance en la salud global y los derechos reproductivos, no sólo en y con las políticas de Estados Unidos, sino a nivel internacional, consolidando y legitimando una ventana de oportunidad para líderes conservadores y de derecha en todo el mundo. Esto se alinea directamente con los valores de los conservadores religiosos, que están ganando influencia en la salud internacional y se oponen a la expansión de las libertades reproductivas, mientras buscan desfinanciar y socavar organizaciones que trabajan con mujeres y en derechos de género y sexuales y reproductivos, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre otras.

Mientras tanto, la inmigración es un segundo frente donde la influencia de Trump es significativa. Ha prometido revivir y expandir las políticas restrictivas de inmigración de su primer mandato. Comprometido con una campaña de deportación sin precedentes, ha amenazado con desplegar recursos militares y diplomáticos para expulsar a inmigrantes indocumentados y ha utilizado términos deshumanizantes para referirse a ellos, comparándolos con una amenaza para el bienestar moral y la seguridad del país. Ha habido una retórica abierta en la que se enmarca a los inmigrantes indocumentados como una amenaza moral y criminal, especialmente para las “mujeres suburbanas”, lo cual ha atraído a algunos votantes latinos y mujeres blancas a través de una mezcla de discurso de miedo y una narrativa de seguridad.

En este panorama polarizado, la división ideológica en Estados Unidos refleja una tendencia global en aumento: una marcada división entre un nuevo populismo de derecha, fuerte y asertivo, y un progresismo debilitado. Estas elecciones impulsarán al primero mediante llamados conservadores a la seguridad y el orden por encima de los derechos y la inclusión, intensificando la reacción contra los derechos humanos y la solidaridad como pilares democráticos, con importantes repercusiones a nivel regional y mundial.

Además, la victoria de Trump también tendrá repercusiones significativas en la cooperación regional, especialmente en temas migratorios. Las relaciones entre Estados Unidos y México se tornarán tensas debido a los planes de Trump, que ha amenazado con imponer altos aranceles comerciales si México no refuerza el control migratorio. El presidente electo pretende que México actúe como principal “guardia” en la frontera. Este enfoque es parte de un esfuerzo más amplio de externalizar el control migratorio estadounidense a países latinoamericanos. 

También será de relevancia estratégica la colaboración entre Panamá y Estados Unidos en materia migratoria, al tiempo que sigue viva la promesa del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino, de cerrar el Tapón del Darién, un paso crítico para los migrantes en su travesía hacia Norteamérica. Muchos y muchas de estos migrantes están en situación de migración forzada prolongada tras no recibir protección ni condiciones de integración en sociedades de acogida en América del Sur. 

Mulino se ha alineado con posturas migratorias más duras y ha mostrado su predisposición para implementar fuertes controles fronterizos, respaldado por la presión y el apoyo logístico de Estados Unidos. Estas medidas incluyen la facilitación de deportaciones, lo que implica un compromiso con políticas restrictivas que podrían impactar en los derechos de los migrantes y aumentar el riesgo de violaciones humanitarias en la región, lo que intensificará tensiones diplomáticas y desafíos para la región.

Cómo podría influir la popularidad del presidente en la segunda vuelta en Uruguay

El próximo domingo 24 de noviembre se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay.  Esta nueva cita con las urnas pondrá frente a frente a las dos formaciones políticas responsables de la solidez democrática del país, la coalición de gobierno de centroderecha, actual fuerza gobernante, y el centroizquierdista Frente Amplio.

Resultados de la primera vuelta

En la primera vuelta el Frente Amplio resultó la fuerza más votada con el 43.9%. Un resultado que supera el obtenido en 2019 en la misma instancia (39%), pero lejano de las expectativas del grueso de su militancia y referentes. Sin embargo, un resultado inesperado fue que el Frente se aseguró el control del senado al obtener dieciséis escaños de un total de treinta. Algunos interpretaron esto como un signo claro de sus posibilidades de imponerse también en la segunda vuelta, aunque se olvidaron de aportar el respaldo empírico correspondiente.

Por su parte, los partidos que conforman la coalición oficialista de centroderecha, calculando que era muy improbable que el Frente Amplio obtuviera la mayoría absoluta de votos enfocaron la primera vuelta como una especie de primarias del bloque. La «interna» debía arrojar claridad sobre cuál de sus precandidatos presidenciales contaba con mayor respaldo electoral y además actualizar el estado de la correlación de fuerzas internas en el conglomerado. Los resultados ratificaron a Álvaro Delgado como candidato presidencial y al Partido Nacional (26,7%) como eje rector de la coalición oficialista que, en conjunto, consiguió una votación superior (47,6) a la del Frente Amplio.

Popularidad presidencial positiva y cohesión interna

La experiencia comparada consigna que, en América Latina, la popularidad positiva o negativa del presidente de turno tiende a asociarse con el resultado electoral del oficialismo incluso en segundas vueltas electorales. Ciertamente, no lo hace de manera idéntica. Mientras la aprobación negativa del ejecutivo predice de forma contundente la derrota oficialista y la alternancia en el poder, la popularidad positiva del presidente anuncia la continuidad del oficialismo en el poder, pero de una forma más laxa.

La razón de la diferencia reside en que, si bien la percepción satisfactoria del desempeño del presidente de turno en la ciudadanía arropa y potencia las posibilidades del candidato presidencial oficialista, solo lo hace bajo la condición de que el partido o coalición de gobierno encare la campaña electoral sin encontrarse afectado por una división interna abierta o solapada. Por eso tienen razón quienes han señalado que las probabilidades de retener el poder por parte de la coalición republicana dependen de la forma en que gestionen en esta fase decisiva las diferencias y expectativas de los partidos que la integran.

El antecedente

La coalición republicana tuvo una experiencia reciente al respecto. Rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2019, cuando recién se constituía como coalición electoral, pero tenía a su favor que los ciudadanos uruguayos de forma general desaprobaron de forma notoria la gestión del entonces presidente frenteamplista Tabaré Vazquez, la coalición republicana por problemas de cohesión interna sufrió una fuga importante de votos que la condujo a obtener un triunfo en extremo reñido que les amargó el festejo.

La popularidad positiva del presidente Luis Lacalle Pou, la supervivencia de la coalición de gobierno a lo largo de un complicado mandato y en especial la oportunidad de poner de manifiesto cierto aprendizaje sobre gestión de conflictos internos en medio de campañas electorales podrían estar brindando pistas sobre lo que acontecerá la última semana de noviembre en el país sudamericano.

La transferencia de la popularidad en segundas vueltas electorales

En Uruguay, el Frente Amplio ha competido dos ocasiones en segundas vueltas arropado por la aprobación positiva de sus mandatarios, Tabaré Vazquez (56%) en su primer mandato y José Mujica (50%), respectivamente. En ambos casos el candidato presidencial de la formación de centroizquierda terminó imponiéndose de forma inobjetable. En promedio, en ambas elecciones la transferencia de la popularidad presidencial positiva alcanzó el 105%. Pero, esos niveles destacados de transferencia podrían estar condicionados por el grado de cohesión interna que llega a alcanzar el Frente Amplio, sin duda superior a los de la coalición de partidos de derecha que apenas cuenta con cinco años de existencia.

Por su parte, en la región, cuando los mandatarios han arribado a la campaña electoral con una evaluación positiva, el partido o coalición de gobierno no presenta un problema de cohesión interna y la candidatura del oficialismo no ha recaído en el propio presidente de turno buscando su reelección sucesiva, la tasa de transferencia de la popularidad positiva ha sido de casi 102%. Pero, el número de casos que sustenta esa tasa también es relativamente pequeño y la diferencia entre los casos con menor y mayor transferencia lamentablemente refleja una variación significativa.

Los datos aportados no arrojan un resultado concluyente sobre cuál fuerza política finalmente obtendrá las preferencias del electorado, en cambio brindan un rango aproximado del caudal de votos potenciales que podría cosechar el oficialismo en la segunda vuelta.

En los últimos años, diversas investigaciones comparativas han elevado el conocimiento sobre tendencias del desenlace de las elecciones presidenciales en las democracias de la región. Con base en ese conocimiento, lo que en realidad supondría una sorpresa en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Uruguay de 2024 no sería precisamente el triunfo oficialista sino su derrota. Dicho resultado, desde el punto de vista estrictamente comparativo, justificaría incluso su definición como un caso de estudio emblemático.

¿Será el nuevo acuerdo global por la biodiversidad otro esfuerzo fallido?

Tras el incumplimiento de los objetivos vinculados a la conservación de la biodiversidad que la comunidad internacional se había propuesto alcanzar para el 2020 ―las Metas de Aichi―, en 2022, al término de la 15ª Conferencia de las Partes en el Convenio (COP-15) de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, considerado el evento más importante en el mundo para conservar la biodiversidad, se adoptó el Marco Global para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal. Este marco representa un acuerdo histórico destinado a detener y revertir la pérdida de biodiversidad.

¿Qué pasó con las Metas Aichi?

En los últimos años, la comunidad internacional ha reconocido que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático son cuestiones que se refuerzan mutuamente. La degradación de los ecosistemas puede exacerbar los impactos climáticos, mientras que la biodiversidad puede mejorar los esfuerzos hacia la reducción del riesgo de desastres (RRD), el desarrollo sostenible y los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Sin embargo, las Metas Aichi que formaron parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica entre el 2011 y el 2020 para detener la pérdida de biodiversidad no fueron alcanzadas por la comunidad internacional. Ninguno de estos objetivos se alcanzó plenamente, ni tampoco hubo una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que demuestra que los gobiernos del mundo no han avanzado lo suficiente en la solución de la crisis mundial de la biodiversidad.

¿Qué es el Marco Global para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal?

En este contexto surge este nuevo marco global que establece objetivos y metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para el año 2030, con el objetivo de garantizar que la humanidad pueda vivir en armonía con la naturaleza para el año 2050. Se trata de objetivos específicos para la conservación, la restauración, la movilización financiera y la integración de las consideraciones de biodiversidad en las actividades económicas a nivel global.

El primer objetivo del Marco Global para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal busca proteger el 30% de la tierra y el mar, garantizando que al menos el 30% de las áreas terrestres y marítimas del mundo se conserven a través de sistemas de áreas protegidas eficaces, gestionados equitativamente, ecológicamente representativos y bien conectados. El segundo objetivo busca restaurar el 30% de los hábitats degradados, centrándose en la restauración de las funciones y servicios de los ecosistemas. En tercer lugar se establece la reducción de los subsidios perjudiciales, en 500.000 millones de dólares al año. El cuarto objetivo busca reducir a la mitad el desperdicio de alimentos y el quinto armonizar los flujos financieros, es decir asegurar que la movilización de recursos apoyen la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad.

Estas metas, también conocidas como las metas “30×30”, buscan básicamente garantizar que para 2030, al menos un 30 % de las zonas terrestres, de aguas continentales y de zonas marinas y costeras, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente. Esto se lograría mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados equitativamente y otras medidas de conservación reconociendo, cuando proceda, los territorios indígenas y tradicionales.[MM1] 

Un caso eficaz, es el Programa Gran Paisaje Binacional Madidi-Tambopata que Wildlife Conservation Society  (WCS) ejecuta desde 1999. Se trata de un territorio compartido por Bolivia y Perú con algo más de 14 millones de hectáreas, que incluye once áreas protegidas nacionales, 2 OMEC -áreas gestionadas que brindan una conservación efectiva de la biodiversidad-, y territorios y comunidades indígenas de diez grupos diferentes, donde los pueblos nativos ayudan a cumplir las metas globales y asegurar el reconocimiento legal y la gestión de sus territorios ancestrales. Bolivia también contribuye con el Paisaje Ñembi Guasu que busca desde la gestión local realizar un uso sustentable del territorio mientras que contribuye con dichas metas globales.

En este marco, es fundamental que los paisajes terrestres, marinos y oceánicos estén integrados, y que se garantice que toda utilización de dichas zonas sea plenamente coherente con los objetivos de conservación y que reconozca y respete los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esto con el objetivo de atacar las causas de dicha pérdida, que son las actividades económicas, particularmente en sectores productivos claves como los monocultivos, la ganadería, la forestación, las industrias extractivas y la infraestructura.

Si bien el compromiso y los acuerdos están dados, existen países que incrementan sus superficies de áreas de conservación simplemente con documentos legales o decretos, creando nuevas áreas protegidas sin el debido respaldo y liderazgo local. O bien expandiendo la superficie marina bajo algún estado de conservación. Sin embargo, en ninguno de los casos hay una debida implementación ni gobernanza local que asegure que esas áreas de conservación son efectivamente manejadas. Aumentar superficie o tierras en otros esquemas como los territorios indígenas implica comprometerse con la administración y gestión de dichas áreas.

¿Por qué ahora sí?

Para alcanzar este objetivo, se requiere de soluciones con un enfoque holístico que garanticen que las consideraciones relativas a la diversidad biológica se integren en la planificación económica y de desarrollo de los países. Y para ello, el marco promueve la cooperación regional e internacional, reconociendo que muchos ecosistemas ricos en biodiversidad son transfronterizos. Y es que para alcanzar los objetivos del Marco Global que afectan a los diversos ecosistemas de América Latina como sus bosques, pastizales, manglares y humedales, se requiere de la colaboración entre los países de la región.

Un ejemplo que requiere particular atención es la cooperación entre Colombia y Venezuela para conservar los pastizales de la Orinoquía, o las Pampas del Sur, paisaje compartido entre el Sur de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Estos pastizales tienen poca conservación y su biodiversidad y servicios ecosistémicos se están viendo amenazados.

El nuevo Marco Mundial de la Biodiversidad para 2030, a diferencia de las Metas de Aichi, está diseñado para ser alcanzable, con resultados medibles y alineado con los marcos mundiales de sostenibilidad, como los ODS y el Acuerdo de París. Estos alineamientos son los que otorgan esperanza de poder revertir la pérdida de biodiversidad.

Por ello, este nuevo marco representa una oportunidad crítica para movilizar a un conjunto diverso de actores, incluidos los responsables de la formulación de políticas, las instituciones financieras y las empresas, para que tomen medidas para revertir la pérdida de la naturaleza a través de la conservación, el uso sostenible y la distribución equitativa de los beneficios de la biodiversidad.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

El respaldo de las mayorías no legitima el autoritarismo

El mundo vive un profundo trastorno. Una era de cambios autoritarios apoyados por mayorías. Donald Trump ganó una elección histórica pero no fue el giro copernicano que pretende afirmar y menos aún esto implica que el resultado le autorice a cambiarlo todo. En democracia, la victoria electoral no significa la delegación del poder. Lamentablemente esta confusión entre legitimidad y legalidad tiende a ser aceptada sin pensamiento crítico. Y el resultado de esta aceptación de la anormalidad afecta la calidad democrática presente y futura.

El hecho de que un 50,4% de los votantes eligiera a Trump no lo hace menos autoritario o aspirante a fascista y esta gran victoria no debería asumirse como una delegación de poder, algo de por sí totalmente antidemocrática. Dicho sea de paso, Harris obtuvo el 48% de los votos.

Este no es el momento para explicaciones unicausales o asignaciones de culpas. Trump ganó por muchas razones como la propaganda eficaz, demonización, misoginia, racismo, militarización de la política y falta de justicia con respecto a su intento de Golpe. La legalidad es central para la democracia y esta fue abiertamente ignorada. El sistema político de Estados Unidos negó que Trump hubiera promovido un Golpe de Estado y decidió que podría volver a candidatearse.

Normalizar la ilegalidad

Además, muchos medios de comunicación terminaron por normalizar la ilegalidad de Trump. Su extremismo pasó a formar parte del panorama mediático y el contexto internacional ciertamente lo ayudó. Sus cómplices globales lo apoyaron como era de esperar.

Por otro lado, muchos se decidieron por el ex presidente por considerar que era mejor para la economía y otros decidieron que no había gran diferencia entre la candidata prodemocracia y el candidato antidemocracia. Como siempre pasa con el populismo, la crítica real al elitismo y la tecnocracia de los gobernantes de turno se fusiona con una respuesta mesiánica, autoritaria y jerárquica. El mensaje anti-política de Trump fue muy efectivo, pero esto no quiere decir que su solución termine con el elitismo y mejore la situación económica del país. De hecho, sus planes proteccionistas y promesas de deportaciones masivas empeorarán en muchos sentidos la vida de la gente.

La historia parece repetirse, a lo largo de su campaña electoral de 2016, Trump fue duramente criticado por sus comentarios fascistas y racistas, pero tras las elecciones suavizó su discurso drásticamente. Al comienzo de su presidencia, muchos periódicos dudaron en tildarlo de misógino y racista a pesar de la creciente evidencia, y la palabra “fascismo” a menudo fue eliminada del léxico. Muchos creían entonces que las instituciones, la ley y la tradición de legalidad obligarían al nuevo presidente a comportarse presidencialmente y respetar los valores constitucionales fundamentales del país. Por supuesto, sucedió todo lo contrario. Trump nunca llegó a ser “presidencial”. Los aspirantes a fascistas nunca lo hacen y su mandato terminó con el fracasado Golpe de Estado del 6 de enero del 2021.

A pesar de todo esto, su narrativa volvió a normalizarse y las lecciones de su primer período fueron olvidadas. 

Al menos para los expertos en fascismo y populismo, el autoritarismo de Trump nunca ha sido una estrategia política, sino más bien auténtico según datos de la realidad. Como Jair Bolsonaro en Brasil, Viktor Orban en Hungría y Narendra Modi en la India, Trump es un populista extremo, un aspirante a fascista.

Un punto de inflexión

Al negar los resultados de las elecciones de 2020 y fomentar la Gran Mentira sobre el fraude electoral, Trump marcó un punto de inflexión en la política populista, permitiendo e inspirando a otros líderes a negar la legitimidad electoral de sus oponentes. Bolsonaro en Brasil o Benjamín Netanyahu en Israel han utilizado falsedades sobre la legalidad y el engaño electoral para crear una realidad alternativa donde puedan gobernar sin las cargas y limitaciones de los procedimientos democráticos.

Es de esperar que en su próximo gobierno Trump intensifique la distorsión de la legalidad en aras de la legitimidad del líder. Su voluntad de ponerse por encima de la legalidad se convertirá en la regla, y los derechos humanos y políticos quedaran gradualmente a un lado. Los fascistas, y a menudo también los populistas, justifican la ilegalidad más absoluta en términos legales. Esto no implica, por supuesto, la destrucción de la democracia estadounidense, pero no hay duda de que esta sufrirá los embates del líder.

El aspirante a fascismo es una versión incompleta del fascismo, característico de quienes buscan destruir la democracia para obtener beneficios personales a corto plazo. Gane o pierda, Trump sigue siendo una figura autoritaria, un populista extremo, ejemplo ideal de la antidemocracia que amenaza al pluralismo y la tolerancia a nivel global.

Vetan en Perú a Antauro Humala, el “Hitler peruano”

En una decisión histórica que tiene como fin defender el sistema democrático del país, la justicia peruana resolvió en primera instancia declarar ilegal el partido político Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros, cuyas siglas son A.N.T.A.U.R.O., acrónimo del exmilitar Antauro Humala Tasso, quien a inicios de 2005 asesinara a cuatro policías durante un levantamiento en la ciudad andina de Andahuaylas, a más de 750 km de Lima. Por este caso, denominado Andahuaylazo, fue condenado a 19 años de cárcel por los delitos de homicidio, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión.

Humala, quien era el líder de facto de la agrupación aunque no figuraba nominalmente en la línea de mando, pretendía usar esta plataforma política para postularse a las elecciones presidenciales de abril de 2026 y petardear el Estado desde adentro. En más de una ocasión había propuesto fusilar a sus rivales políticos, incluido su hermano, el ex presidente Ollanta Humala, investigado por actos de corrupción. “¡Carajo! Mi madre lo parió, salimos del mismo útero, pero traicionó pues. ¿Acaso yo soy mi hermano? Él traicionó y tiene que ser fusilado igual”, se le oye decir en un video difundido por TikTok en 2022, durante un acto proselitista.

En febrero de este año, durante una entrevista radial, señaló que para “moralizar a las Fuerzas Armadas” hay dos métodos, uno que “cuesta US$ 8.000 millones de dólares” y otro que “te cuesta dos cacerinas, porque fusilándose a dos generales y tres coroneles del Ejército en tres días se pone operativo”. Acto seguido, refiriéndose a la posibilidad de disolver el Congreso de la República, sostuvo que “un comandante general debería dar un golpe de Estado no anodino”.

Por esto y más, la Fiscalía de la nación peruana presentó ante la Corte Suprema la solicitud para declarar ilegal a A.N.T.A.U.R.O., acogiendo, a su vez, un pedido del congresista Alejandro Muñante, quien formuló la demanda en primer lugar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral del país, que, lamentablemente, se lavó las manos y decidió derivar el caso al terreno netamente judicial.

La Fiscalía argumentó que la agrupación de Humala promueve “actividades antidemocráticas” que “vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales”, y advirtió de que alienta un “discurso violento, de odio, discriminatorio”. Añadió que la agrupación política establece principios de nacionalismo fundamentado en “la estirpe”, en el que la nacionalidad se define únicamente por la sangre, excluyendo a quienes no sean afines con “lo autóctono”. En 2022, en una entrevista con El País, Antauro señaló que “el poder deben ejercerlo los de piel cobriza”.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Perú, que dictó el veredicto en mayoría, también decidió decretar la disolución del partido político y su anulación en el registro oficial del JNE, con lo cual también ordenó el cierre de sus bases a nivel nacional y se prohibió su reinscripción. Sin embargo, no resolvió inhabilitar a sus dirigentes. El fallo se basó en jurisprudencia adoptada a raíz de las figuras de los célebres genocidas Adolf Hitler y Benito Mussolini.

Las decisiones judiciales se harán efectivas una vez que queden firmes, en última instancia. El congresista Álex Flores, integrante de A.N.T.A.U.R.O., anunció que apelará el veto, el cual consideró de “antidemocrático, inconstitucional y arbitrario”. El caso podría llegar al Tribunal Constitucional (TC) peruano, cuya presidenta, la magistrada Luz Pacheco, sostuvo una reunión el 21 de octubre con el propio Antauro y con su pareja sentimental y abogada, Carmen Huidobro, quien también fue condenada por el Andahuaylazo, lo que ha sido cuestionado por la ciudadanía.

A pesar de sus tremebundas declaraciones públicas, el 27 de octubre, pocos días antes de emitirse el fallo judicial con el veto de su partido político, la encuestadora Ipsos Perú dio cuenta de que en las proyecciones de intención de voto presidencial Antauro Humala se encontraba en el segundo lugar, solo detrás de Keiko Fujimori. 

El proceso electoral recién será convocado en abril de 2025, es decir, dentro de cinco meses, pero Antauro no podrá postular al menos a la presidencia del Perú debido a que ya venció el plazo legal para hacerlo por otra agrupación. Sí podría intentarlo como invitado, pero para integrar el Parlamento, que desde el próximo quinquenio será bicameral.

De todas formas, llegará el momento en el que la ciudadanía ratifique la firmeza del sistema de justicia y jubile a Antauro Humala y sus prácticas con su voto, o le otorgue el poder para destruir el país. Corren las apuestas.

Los inmigrantes brasileños y el crecimiento de los discursos antiinmigración en Portugal

La cuestión de la inmigración en Portugal adquirió nuevas configuraciones en 2023, cuando el país alcanzó la marca del millón de extranjeros registrados, cifra que se duplicó en cinco años. La comunidad brasileña, con alrededor de 368 mil residentes, lidera este crecimiento y es el mayor grupo migratorio presente en el país. Y estos datos no incluyen a los inmigrantes naturalizados ni a los aproximadamente 400 mil brasileños que esperan su regularización.

El crecimiento exponencial de la inmigración de brasileños y personas de otras nacionalidades en Portugal no encontró una respuesta adecuada en las políticas públicas portuguesas, lo que resultó en la exclusión de muchos inmigrantes de los derechos sociales. Además, la profundización de los problemas habitacionales en el país, con el aumento de los precios de los alquileres en las grandes ciudades; la realidad de los bajos salarios y la mayor demanda del sistema de salud pública impuso interrogantes al campo político portugués, hasta entonces dominado por el bipartidismo del Partido Socialista (PS) y el Partido Socialdemócrata (PSD). En este contexto, la política migratoria portuguesa, considerada una de las más abiertas de la Unión Europea, comenzó a cambiar en 2024 con la implementación de medidas, como el fin de las manifestaciones de interés, ―procedimiento al que solían recurrir los ciudadanos extranjeros que deseaban obtener un permiso de residencia― tras la entrada al país, implementada en 2017, que directamente afectó la inmigración brasileña.

Este escenario colocó la cuestión de la inmigración en el centro del debate público en Portugal, contribuyendo a alimentar, entre los portugueses, la percepción de los inmigrantes como un problema y abriendo espacio para discursos antiinmigración más contundentes. La relación entre migración y problemas sociales que enfrenta el país comenzó a ser explorada por movimientos de extrema derecha que vienen creciendo y actuando en Portugal para restringir el acceso de los inmigrantes a los derechos sociales y defender políticas excluyentes con el argumento de proteger el bienestar de la población nativa del país.

El papel de Chega y el nacionalismo transnacional

El partido de extrema derecha Chega, fundado en 2019, se consolidó como tercera fuerza política del país en las elecciones de 2024, con 48 diputados electos. Este ascenso representa una ruptura con el consenso histórico proinmigración que ha predominado desde la redemocratización, promovida por el PS y el PSD. La postura de Chega refleja influencias de movimientos nacionalistas transnacionales en Europa y Estados Unidos, adaptando al contexto local una retórica de “nosotros contra ellos” y un rechazo al multiculturalismo. Krzyżanowski y Halikiopoulou observan que los discursos antiinmigración polarizan a la sociedad, creando una división entre un “nativo moralmente puro” y un “inmigrante peligroso”, transformando la cuestión migratoria en un choque nacionalista y un campo de disputa para ideologías xenófobas y racistas.

El fortalecimiento de los discursos antiinmigración en Portugal, como en otros países, tiene sus raíces en una retórica que explota el miedo colectivo al definir a los inmigrantes como una amenaza a la seguridad nacional y la homogeneidad cultural. Pero no un inmigrante cualquiera. Los brasileños blancos, de clase media y con mayor proximidad cultural son mejor considerados e incluso han mostrado, en algunos casos, apoyo a las propuestas de Chega en Portugal. El inmigrante es visto como responsable de las crisis e inseguridades sociales, cuanto más distinto de las características del sujeto universal y eurocéntrico (blanco, occidental, cristiano, varón, heterosexual), lo que ha contribuido a enmascarar las causas estructurales de las desigualdades y precariedades que vive la sociedad portuguesa.

El uso de las redes sociales y la difusión de información errónea han acelerado el crecimiento de las narrativas antiinmigración. La literatura académica ha demostrado que las plataformas digitales donde hablan muchos activistas antiinmigración o partidarios de la juventud de Chega no sólo han facilitado la difusión, sino que también han dado forma al discurso de odio y la normalización de estereotipos que asocian a los inmigrantes con el crimen y la degradación urbana. En el caso portugués, los discursos antiinmigración difundidos en las redes incluyen temas como “reemplazo poblacional” y “superioridad cultural”, que evocan una “amenaza” a la soberanía nacional.

“Desdemocratización” y racialización de la migración

El proceso de “desdemocratización” descrito por Isabel Ferin Cunha sugiere que el fin del Estado de bienestar en Europa, junto con el ascenso de la ideología neoliberal después de 2008, contribuyeron a la construcción del inmigrante como chivo expiatorio de los problemas sociales. En Portugal, la precariedad de la vida cotidiana, especialmente en relación con el aumento del coste de la vida, refuerza la percepción de que los inmigrantes están “ocupando” el espacio de los nativos en el mundo del trabajo y sobrecargando los servicios públicos.

En el discurso de los activistas de extrema derecha, los inmigrantes son vistos como amenazas a la “identidad nacional”, un concepto anclado en una visión racializada que privilegia ciertas características fenotípicas como condición de pertenencia. Esta narrativa de “pureza cultural” se hace eco de prácticas nacionalistas y coloniales guiadas por una supuesta superioridad europea que busca preservar la homogeneidad racial en detrimento de la pluralidad cultural.

Todo esto ha resultado en un aumento de la violencia contra los inmigrantes. Casos como el de la brasileña agredida verbalmente en el aeropuerto de Lisboa a finales de 2023, el pernambucano Saulo Jucá, golpeado violentamente en la ciudad de Braga el año pasado e incluso situaciones mortales como la de Odair Moniz, asesinado por la policía en Amadora en octubre, se vuelven cada vez más frecuentes. Esto último, que resultó en protestas contra la violencia policial en las calles de Lisboa, pone de relieve la polarización social y los impactos del discurso antiinmigración en la sociedad portuguesa. En respuesta, Chega organizó manifestaciones en apoyo a la policía con el fin de legitimar la violencia contra los inmigrantes, bajo la justificación de la defensa nacional. Esto contribuye a fomentar la división en la sociedad portuguesa y amenaza la convivencia democrática.

Aunque la postura antiinmigración en Portugal aún está en sus inicios en comparación con otros países europeos, muestra signos de crecimiento y mayor visibilidad en la esfera pública, lo que podría afectar aún más a la comunidad de inmigrantes brasileños y latinos. Dada la continuidad del flujo migratorio y el crecimiento de la extrema derecha en el país, es probable que la cuestión de la inmigración siga siendo un tema central en el debate político portugués, presionando al país a reflexionar sobre su identidad multicultural y al mismo tiempo tiempo señalando los riesgos de una posible reconfiguración de la política migratoria y democrática de Portugal en los próximos años.

¿Cómo viven los peruanos la desigualdad?

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En el mundo se vive en las últimas décadas una creciente desigualdad; el Banco Mundial denominó el 2023 como “el año de la desigualdad”. Cada vez es mayor la porción de renta y patrimonio que se concentra en pocas manos, dejando una parte menor a la mayoría, en la que se incluye un enorme bolsón de pobreza. “Más de dos tercios de la población mundial vive en países donde la desigualdad ha crecido”, según informara Naciones Unidas. Pero, esta situación, que es comprobable en los datos, ¿cómo la viven los afectados? Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos y OXFAM ha buscado respuestas entre los peruanos, con una muestra de 1.508 entrevistas en todo el país.

Perú es el cuarto país más desigual del mundo, según un análisis disponible. La encuesta IEP-OXFAM encontró que la mitad de los entrevistados (51 %) estimaron que el país es económicamente muy desigual. Paralelamente, una cuarta parte de encuestados (27 %) creían que es “poco desigual” y un 7% respondieron que ¡es “nada desigual”! Y fue entre los más pobres donde se encontró la mayor parte de esta última respuesta.

Cuando se pidió una cualificación de las distancias económicas, algo más de la mitad de los entrevistados (56 %) afirmó que “las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes”. En sentido contrario se pronunció uno de cada cuatro encuestados (27 %). Cuando se examina las respuestas según estratos sociales, se encuentra que la percepción de tales diferencias como excesivas es mayor en el estrato más alto (69 %) que en el estrato más bajo (48 %). O, dicho de otra manera, que quienes piensan que las diferencias entre ricos y pobres no son demasiado grandes, sorprendentemente, se hallan más en el estrato más bajo (33 %) que en el estrato más alto (15 %).

Una pobreza aceptada

El Perú es un país donde según el Banco Mundial “siete de cada diez personas son pobres o vulnerables de caer en la pobreza”; en concordancia, la encuesta encontró que más de la mitad de los entrevistados (54 %) declararon que sus ingresos no les alcanzaban, mientras a 14 % les alcanzaban y podían ahorrar. No obstante, la mitad de los encuestados creía que “En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica”, un 38 % sostuvo que “En el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza” y un porcentaje casi igual (37 %) pensaba que “Las personas pobres son pobres porque desaprovechan las oportunidades”. Ninguna de estas tres respuestas fue rechazada por la mayoría de los encuestados.

Algunas precisiones sobre las respuestas a la afirmación “En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica”, que, como se indicó, obtuvo un 50 % de respaldo, con porcentajes aproximadamente iguales en todos los estratos sociales. Se encontró porcentajes algo más altos de acuerdo entre los encuestados de 18 a 24 años (58 %), los autoidentificados como “blancos” (57 %) y quienes se situaron políticamente en la derecha (59 %).

Varias respuestas apuntan a cierto conformismo con diversas formas de desigualdad. Lo demuestra la “gravedad” otorgada a algunas desigualdades. Cuando se miran los datos según estratos, se encuentra que la desigualdad entre ricos y pobres recibe la calificación de menor gravedad en los estratos más pobres. Por otra parte, la desigualdad entre hombres y mujeres fue considerada “grave” por uno de cada cuatro encuestados (24 %), pero un 30 % la estimaron “poco grave” y un 17 % “nada grave”. En suma, para casi la mitad (47 %) no existe un problema importante en esta desigualdad. Y en un país que muchos trabajos señalan como racista, la desigualdad entre gentes blancas y no blancas fue considerada como “grave” por un 23 %, al tiempo que un 22 % la estimaron “poco grave” y un 31%, “nada grave”; esto es, para más de la mitad de encuestados (53%) tampoco en esta desigualdad hay un problema de envergadura. 

En cuanto a la desigualdad en el acceso al trabajo y los servicios, la encuesta encontró diferencias de interés. Calificaron como “muy desigual” el acceso al trabajo un 52,4 % de las respuestas. El acceso a la justicia recibió el porcentaje más alto de respuestas indicativas de desigualdad, un 75,5 %, mientras que el acceso a la educación obtuvo un 52,7 % de señalamientos de desigualdad. Sorprende que, en el país que tuvo el mayor número de fallecidos por habitante en el mundo, no superaran los dos tercios encuestados (66,3 %) quienes señalaran que el acceso a la salud es muy desigual.

Resulta interesante cuál es el factor que, según los encuestados, es el que más importa “para tener una buena posición en el Perú”. La respuesta más escogida fue: “tener una buena educación” (67 %), supuesto que replica aquella vieja idea de “quien estudia triunfa” y que parece estar hecha a prueba de una realidad conocida: la falta de empleo con la que en el país tropiezan incluso quienes tienen formación profesional.

Mirando al futuro, la encuesta interrogó: ¿Cómo cree que será la situación económica de sus hijos menores cuando sean adultos? Las expectativas de mejora se revelaron altas: “mejor” obtuvo un 81 % en las respuestas. No obstante, la opción “peor” sumó un 13 % en los estratos más bajos. 

Cierta lucidez pero mucha resignación

Los datos revelan la preeminencia de una versión ideologizada sobre una realidad en la que las desigualdades son notorias. Es claro que la resignación tiene cierto peso entre los pobres. Ellos parecen asumir culpa por su situación, esto es, que no salen de la pobreza porque no se esfuerzan, pudiendo hacerlo. Nada más lejos de un ambiente propicio para una revolución o, aún menos, un estallido social. La visión del “emprendedurismo” parece haber desactivado la amenaza al orden social que, según se creyó en otros tiempos, la pobreza constituía.

Esa prevalencia de cierto conformismo entre los encuestados fue rotulada en la encuesta como “tolerancia frente a la desigualdad”. A la pregunta “¿Hasta qué punto es aceptable la desigualdad en el Perú?”, la mitad (51 %) la consideraron “inaceptable” y, del otro lado, un 30 % dijeron encontrarla “aceptable”, mientras el resto prefirieron no escoger entre una y otra opción. El rechazo a la desigualdad fue mayor (61 %) en el estrato más alto y menor (48 %) en el más bajo. 

Interesa notar que esa “tolerancia” no ignora la desigualdad en el poder. La opción “Los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país” fue escogida por dos tercios de los encuestados (67 %) y, en conjunto, el 90 % de los encuestados afirmaron que el país “Está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. ¿La salida? Un 31 % sostuvo que para “tener un país más igualitario” es preciso “un Estado más justo”. Otras respuestas obtuvieron porcentajes menores. Complementariamente se apuntó que una mayor recaudación tributaria debería servir para destinar principalmente los mayores ingresos a educación (32 %) y salud (28 %). 

En la dramática pobreza que caracteriza al país, según diversas mediciones creíbles, no parece haber signos de rebeldía como imaginaron los movimientos subversivos hace cuarenta años. Por el contrario, es entre los más pobres donde la esperanza se deposita en el propio esfuerzo y, en cierta medida, en el apoyo de un Estado que, hoy más que antes, es ineficaz y cuya actuación se halla permeada por la corrupción

El fin

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Quizá ya estemos en el fin, o casi. Nuestras instituciones, sumidas en la mediocridad, parecen confundidas o desconcertadas, como si quienes las dirigen no supieran para qué sirven o para qué están diseñadas. Ante ello, nada opinamos o nada nos animamos a hacer: repasamos el desastre que se anuncia con las noticias diarias y, luego de un suspiro impotente, tocamos la pantalla del celular y nos ponemos a ver las payasadas de cuanto tiktoker (joven o viejo, novato o profesional) hace para nuestra risa o comentario. 

En este letargo, vivimos la polarización política. Nos parece mostrar activos y propositivos porque andamos con los puños cerrados y la lengua dispuesta para el insulto, pero es una tensión que nada produce salvo bulla y calificativos denigratorios; “solo sonido y furia que nada es porque nada significa”, repetiría el gran Faulkner. Se trata de una situación que se enceba en el odio simple y duro y no en el respeto y consideración al otro. Estamos radicalmente impotentes para imaginar el futuro o para contribuir a él, porque cada vez más estamos incapacitados para sentarnos, calmarnos y pensar.  

La promesa de la modernidad, de que la tecnología nos podía cambiar la vida y hacernos más felices y prósperos, está en crisis. Hoy tenemos comunicación como nunca antes. Las redes sociales de internet nos convocan a participar, se organizan seminarios y cursos sobre inteligencia artificial, pero no sabemos o no nos damos cuenta de que eso no ha mejorado un ápice nuestro nivel de comunicación ni, peor, nuestro aprendizaje y reflexión. Al contrario, nuestro grado de apocamiento, de tribalización y de aislamiento no ha hecho otra cosa que aumentar. 

Los periódicos cierran o dejan de imprimir sus ejemplares, son reemplazados a ritmo creciente por las novedades de redes sociales que crean un imaginario tan apocalíptico como acrítico ante el cual solo cabe la irreflexión, la inacción o el mutismo. Nos hemos hecho fanáticos de lo breve, de lo insustancial. Hoy, leer una nota o un reportaje que nos lleve diez minutos nos parece una eternidad, preferimos que alguien nos diga eso mismo pero en treinta segundos, o, mejor, en una breve frase o consigna.  

Tiene razón la filósofa Euridice Cabañes cuando señala que en esta época ya no se pregunta qué hacer ni cómo hacerlo, sino hasta dónde va a durar lo que tenemos. Como no podemos construir el futuro, nos contentamos con resguardar lo que tenemos. Sin saberlo tratamos de salvar lo poco que hay. Habitamos el presente no porque nos interese poco el futuro, sino porque le tenemos miedo. 

Estamos como en un tren que va hacia ningún destino. Hay movimiento, hay acción, pero no hay futuro. El gobierno administra el país pero no sabe hacia dónde lo dirige. La sociedad consume información pero no sabe qué hacer con ella. Los políticos se ceban en la disputa y fomentan la división pero no proyectan un espacio común. La sociedad levanta la voz y critica pero se niega en seco a asociarse. Surgen una serie de protestas, pero la idea de cambio está ausente. 

Parece que no tenemos o hemos perdido la capacidad de imaginar alternativas. Los grandes debates entre izquierda y derecha, entre defensores del estado o del libre mercado, se han diluido hasta hacerse insustanciales. Han sido sustituidos por la política de la identidad, que aumenta la polarización en tanto que tribaliza a la sociedad, la divide en pequeños pero activos grupos que defienden sus derechos a partir de una identidad real o supuesta basada en la clase, la etnia, el género o el territorio. Naturalmente que la democracia no puede aguantar por mucho tiempo estas microdemandas, porque es un espacio de consensos que, por muy frágiles o coyunturales, no dejan de ser importantes para su vigencia. Hoy ya no buscamos el espacio común, aquello que puede englobar e interesar a todos. 

Algo va mal, algo no cuadra, algo solo tiene saldos negativos. Ante ello quizá haya que mirar al pasado, a volver a averiguar para qué fue fundado un país, con qué propósito fue creada una institución o para qué se construyó o creó algo. Hace falta volver a los padres fundadores de la nación, a los creadores del pensamiento y de las instituciones. Preguntarles a ellos para qué sirve aquello que con tanto silencioso empeño se pusieron a construir y que hoy con tanto ahínco nos empeñamos en debilitar y destruir.  

La tómbola de jueces, magistrados y ministros en México

La Real Academia de la Lengua Española define tómbola como una “rifa pública de objetos diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos”. Es decir, la acepción no compromete a cargos públicos, sino que, simple y llanamente, se refiere a un ejercicio en el que están en juego unos objetos o bienes sujetos al azar. 

Así, la palabra tómbola tiene una connotación lúdica y está asociada a los concursos que se celebran en las fiestas y ferias populares como parte de un gozo colectivo. 

En cambio, los procesos de selección de jueces, magistrados y ministros son algo racional; en ellos están en juego posiciones de poder en materia de justicia, lo que de inmediato los sitúa lejos del gozo de ganar un muñeco o un florero. Y es que a estos servidores públicos de toga y birrete se les exige que sean los más preparados para que, conociendo la ley, impartan la justicia indispensable en toda sociedad democrática. 

Esa es la constante en la carrera judicial y, por lo tanto, es algo vinculado a la vocación, a la preparación académica, a la honorabilidad profesional y, sobre todo, a un alto sentido de la justicia para que los procesos judiciales no dependan de las afinidades políticas o económicas que pueda haber en un régimen de separación de poderes. Para muchos esta ha sido la mayor debilidad y el insumo para hacer esta reforma. 

Y eso, lamentablemente, ya empezó en México con la reforma constitucional en materia judicial, que tiene como producto tóxico el sorteo que se celebró en la sede de la Cámara de Senadores, que ipso facto determinó qué cargos judiciales estarán en una tómbola en 2025 y 2027. 

En los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular de Morena, una parte son escogidos mediante este procedimiento, de tal manera que, frecuentemente, personas que se registran para competir pasivamente en el proceso terminan siendo diputados, alcaldes o senadores. Se desecha así la profesionalización política para dar paso a la improvisación, lo que tiene un alto costo para las instituciones. 

Morena compró este mecanismo de selección al sistema judicial de Bolivia, que es el otro país latinoamericano —y, quizás, todavía el único en el mundo— que selecciona a sus jueces, magistrados y ministros de la Corte constitucional mediante el voto popular.   

Y esto ha provocado un debate intenso sobre los efectos que tendrá este sistema sobre la impartición de justicia. Sin embargo, la mayoría calificada de una coalición de corte populista lo ha reducido a simple ruido legislativo. 

Ya existe un calendario que tiene marcadas cada una de las fechas fatales hasta llegar a principios de septiembre de 2025, cuando los elegidos por voto directo tomarán protesta de sus cargos tanto en lo federal como en lo estatal. 

Y comenzará una nueva etapa, no solo del Poder Judicial sino de la relación entre los poderes públicos, ya que la iniciativa convertida en Constitución y leyes reglamentarias por obra y gracia del Poder Ejecutivo y legislativo será, sin duda, un Poder sin poder propio, pues estará adosado a los otros poderes, lo que significa una aberración en un sistema republicano de separación de poderes. 

Además, si a esta reforma le agregamos la política, que pretende reducir el número de diputados y senadores de representación proporcional con el que sobreviven las minorías políticas, estamos a las puertas de la creación de un partido hegemónico que, como sucedió con el PRI, pretende quedarse indefinidamente en el poder con una oposición testimonial e irrelevante. 

Es decir, estamos ante un diseño constitucional y reglamentario digno de lo que técnicamente se clasifica como dictablanda y que, muy pronto, podría poner en jaque las libertades públicas en un contexto, además, propicio, con la escalada de violencia que existe en regiones completas del país y exige la intervención de la temida manu militari

Cárteles poderosos, tanto o más que los que han sacudido la vida pública de Colombia y Ecuador, sin que en ellos se haya llegado a tanto en materia judicial, han activado las alertas porque el crimen organizado podría invertir fondos de dinero sucio, como lo ha hecho en las elecciones a lo largo de dos décadas, para la elección de jueces, magistrados y ministros, generando un lobby ad hoc a su servicio. 

Y a pesar del llamado nacional e internacional para neutralizar ese gran riesgo, se siguen dando pasos en esta dirección de acuerdo con un calendario claramente establecido. Si no hay un cambio en las leyes reglamentarias, lo tendremos en operación para el último tercio del 2025. 

En definitiva, la tómbola legislativa es la columna vertebral de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha aceptado, que es que México está, no hay que dudarlo, en un cambio de régimen, de desmantelamiento de las instituciones, no del viejo régimen, porque esas ya se habían desmantelado o matizado durante el periodo de la transición a la democracia, pero sí del viejo régimen priista a otro donde, tras avanzar como sociedad en la construcción de contrapesos institucionales, estos, al menos en el corto plazo, ya no existirán.