Cuba en 2024

Suelo encontrar en redes sociales, e incluso en medios iberoamericanos, descripciones idealizadas de la realidad cubana actual. Por lo general esas descripciones corresponden a tiempos mejores, idos ya hace mucho, tras el final de la muy favorable relación entre la economía cubana con la del Campo Socialista.

A continuación intentaré darles una idea de las condiciones de vida mías, y de mis vecinos, en un pequeño municipio de la provincia Villa Clara. Algo peores a las de La Habana, pero en general semejantes a las del resto de los cubanos que habitan fuera de aquella ciudad.

Comencemos por la alimentación. Cocinar una ración de arroz, frijoles, un huevo frito, y un cuarto de aguacate, sazonado todo al gusto cubano, cuesta unos 200 pesos. Considérese que el costo de un huevo ronda los 90 pesos, una cebolla tamaño moneda los 35, mientras el salario promedio en Cuba es de unos 4 648 pesos, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información cubana, ONEI.

Aclaro que hemos usado en nuestros cálculos arroz del subvencionado por el gobierno. Porque como se sabe, en Cuba tenemos una cartilla de abastecimientos, a través de la cual se nos suministran a precios favorables una serie de productos. Esa serie, sin embargo, se ha reducido al presente a siete libras de arroz al mes, a 60 gramos diarios de algo semejante al pan, y a la leche de los niños menores de siete años. Fuera de eso, de vez en cuando se nos suministran uno o dos jabones, pasta de dientes, detergente, o dos libras de azúcar. Esta última, que siempre abundó en Cuba durante anteriores crisis, hoy día solo se consigue importada, a entre 350 y 450 pesos la libra. Ello a consecuencia de que la otrora “Azucarera del Mundo” produce al presente menos azúcar que antes de 1840, cuando las zafras se hacían con bueyes y trabajo esclavo, y en la isla habitaba un millón de personas.

En Cuba, con los salarios vigentes y los precios de esa mayoría de alimentos que no se nos venden en el sector subvencionado, hay una cantidad significativa de personas que solo hacen una comida al día. Por lo que la población desnutrida, sobre todo entre los mayores de sesenta sin nadie que los ayude desde el exilio, es importante. No obstante, como todo en Cuba, los resultados de los pocos estudios hechos en secreto se guardan bajo siete llaves por las autoridades, y cualquier estudio independiente será considerado actividad subversiva por la omnipresente Seguridad del Estado.

Junto al control estatal de la información, la distribución de los salarios explica la relativamente pobre conflictividad social que trasciende de Cuba, a pesar del marcado deterioro de las condiciones de vida de sus habitantes. Por ejemplo, un médico de primer nivel en el Hospital Provincial de Villa Clara, con 30 años de servicios, no logrará nunca cobrar más de 10 000 pesos, mientras una médico militar, recién graduada, ya recibe 15 000. De manera significativa los salarios de los miembros de las instituciones armadas no se publican en la Gaceta, y son de hecho tratados como secreto de interés nacional.

La explicación está en que incluso el miembro del Ministerio del Interior peor pagado, el recién reclutado oficial de prisiones, sin estudios medios superiores, cobra casi una vez y media lo que el médico o el maestro promedio. No obstante, no hemos incluido aquí los salarios “en especie”, como ropa, zapatos, equipos electrodomésticos, alimentos, prioridad para recibir una casa, o una reservación en un balneario… en cuyo caso la diferencia se multiplica hasta por seis y siete veces, en el caso de cualquier agente de la principal unidad antidisturbios provincial, los boinas negras. 

Fuera de La Habana, los balnearios turísticos más importantes y los circuitos especiales en las capitales provinciales, la corriente eléctrica solo se recibe irregularmente. Donde vivo, las semanas en que tenemos corriente durante menos de la tercera parte de los días y noches han ido en aumento desde 2021, hasta convertirse en lo normal. Hay una gradación según la cual los lugares con menor contacto con el exterior, donde el gobierno puede gestionar la protesta social con más secretismo, el suministro de electricidad es más esporádico.

Esa irregularidad en el suministro eléctrico detiene la economía y dificulta todavía más la vida cotidiana, sobre todo para cocinar, porque las zonas más castigadas por el apagón son precisamente aquellas donde no se suministra gas, licuado o de la calle. Otro problema con la falta de electricidad es la imposibilidad de almacenar en frío los alimentos, en un clima tropical como el cubano, donde sin refrigeración los alimentos se descomponen rápidamente. Mas lo peor es conseguir dormir durante las madrugadas, en los seis meses en que los mosquitos son legión y las temperaturas no bajan de los 25 grados centígrados.

Relacionado a los problemas con la electricidad está el de agenciarse el agua. El asunto está en que fuera de La Habana los acueductos no aseguran el agua más que a una parte de las poblaciones, y ello muy esporádicamente. Ciudades importantes como Santa Clara tienen barrios que solo reciben agua una vez al mes, lo cual obliga a las familias a ocupar buena parte del espacio de sus hogares en su almacenamiento. Pueblos como el mío, en el cual la empresa de acueductos y alcantarillados municipal ha sido distinguida nacionalmente varias veces por su trabajo, ni tienen alcantarillado, ni se le suministra el agua mediante acueducto más que a una tercera parte de la población. El resto dependemos de pozos artesianos en los patios, los cuales en promedio no están a más de 10 metros de alguna fosa séptica, porque por demás no hay en todo el pueblo, como en la absoluta mayoría del país, fuera de La Habana y algunas grandes ciudades, un sistema central de recolección de las aguas albañales.

En cuanto al sistema de salud pública, una de las grandes “Conquistas de la Revolución”, se ha degradado a un nivel comparable o peor al de los peores sistemas públicos de Hispanoamérica. En Cuba hace mucho tiempo falta, desde el algodón o las jeringuillas, hasta medicamentos tan comunes como la aspirina o los antibióticos, y no hablemos de otros más específicos por completo inexistentes.

En los hospitales el suministro de agua es esporádico, y el ingresado debe llevar consigo prácticamente todo, excepto la cama y el colchón. De siempre ha sido habitual en los hospitales cubanos la presencia de un familiar acompañante, pero hoy, sin esas personas que se ocupan de todo lo relacionado con el paciente, excepto la aplicación de los medicamentos, las probabilidades del paciente de salir vivo de allí son mucho menores.

Tampoco es que en los hospitales abunden los medicamentos, y en su gran mayoría los familiares del paciente deben agenciárselos, enviados por la parte de la familia en el exilio, o adquiridos en mercados no controlados por ninguna agencia certificadora. Gracias esas carencias, en Santa Clara, en los alrededores del Hospital Provincial, prosperan dos “candongas” de dimensiones nada pequeñas, donde se puede encontrar desde un medicamento hasta material para operaciones -también inexistente en el sistema de salud-, o comida rápida para tratar de completar la dieta de las comidas intra-hospitalarias.

En cuanto al personal médico, o sanitario, probablemente haya sido de los más afectados por la reciente oleada migratoria. Ello sin contar que las autoridades prefieren enviar médicos a misiones internacionales por las que cobran en moneda dura, antes que ocupar las innumerables plazas vacantes en el país. Ello ha llevado, por ejemplo, a la casi extinción del programa del Médico de las 120 Familias, muchos de los cuales deben atender hoy hasta ocho veces ese número.

Podría hablarles del estado de la otra gran “conquista” revolucionaria, la Educación, o del estado de las infraestructuras, las cuales han casi desaparecido en los últimos 34 años, o de la desaparición casi total del transporte público, sobre todo fuera de La Habana, más no pretendo aburrir al lector. En última instancia Cuba está aquí, para venir a comprobar si mi descripción es falsa, o no. ¿Se anima?

La diáspora venezolana en Panamá

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En la actualidad, Panamá está sufriendo una de las mayores crisis migratorias de la historia del continente por el tránsito de miles de migrantes en el denominado Tapón del Darién. Se trata de una de las selvas más inhóspitas del mundo en el que se dan encuentro exguerrilleros, narcotraficantes y las mafias de tráfico de personas, y constituye un punto de unos 130 kilómetros en el que se corta la carretera interamericana que va de Chile a Alaska. Se calcula que en 2023 se ha llegado a la cifra récord de más de medio millón de personas que cruzaron la selva del Darién con rumbo a Estados Unidos. Esto supone más de un 12 % de la población panameña; ese porcentaje, extrapolado a otras crisis migratorias como la de la frontera sur de EE. UU. o al sur de Europa, supondría unos números desorbitantes para los países receptores. De estos migrantes en tránsito más de un 60 % provienen de Venezuela, lo que pone el foco en la profunda crisis social y política que está sufriendo el país bolivariano y en las consecuencias que eso tiene en la región.

En su discurso del 25 de septiembre de 2024 en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente panameño, José Raúl Mulino, enfatizó estos datos y solicitó enérgicamente una mayor implicación de la comunidad internacional describiendo el drama humano y su impacto en el país canalero, que no solo conlleva un fuerte coste económico (según el ministerio de Seguridad panameño, más de 100 millones de dólares en el último quinquenio), sino que está teniendo un fuerte impacto ambiental. Según el estudio Impacto social, económico, ambiental y político en comunidades de la República de Panamá por la migración pasajera extrarregional que entra por el Tapón del Darién, de la Universidad Tecnológica de Panamá, se estima que cada migrante genera unos 9 kilogramos de desecho durante su viaje. Para una marcha de cinco días, esa cantidad equivale a 1,81 kg por día, lo que asciende a más de 900 toneladas de residuos considerando las más de medio millón de personas que han transitado por ahí en 2023. Hay que destacar que Darién contiene una Reserva de la Biosfera de 5,790 km², declarada en 1981 como Patrimonio de la Humanidad.

Entre 2010 y 2021 se registraron algo más de 3.000 venezolanos y venezolanas que cruzaron el Darién, pero solo en 2022 esta cifra superó los 150.000 y en 2023 este registro se duplicó. Una de las razones del precipitado aumento del paso de población venezolana por el Darién fue la decisión de México y de varios países centroamericanos de exigir visados a los migrantes que provenían de Venezuela. Eso impulsó a muchas personas, que no podían llegar legalmente a México, a cruzar por el Darién, lo que evidencia que se necesitan respuestas coordinadas y no acciones aisladas de los diferentes países.

En Panamá la cuestión migratoria por ahora no ocupa el centro del interés ciudadano. Según datos de LAPOP 2023, menos del 1 % de la población considera que la migración es el principal problema del país. En el caso de los migrantes en tránsito, hay que precisar que el Darién es una de las áreas menos pobladas del país, con un 1,3 % de la población nacional en la provincia más extensa del Istmo, por lo que el tránsito de los migrantes es presenciado por un pequeño segmento de la población. Aun así, es destacable que un 61 % de las personas encuestadas consideran que Panamá y la comunidad internacional deben asistir a estos migrantes en tránsito, y este dato se amplía en el caso de la población más joven (71 %). Es decir, la población panameña expresa empatía con esta situación.

Pero en relación con la acogida, las opiniones son más complejas. Hay que tomar en consideración que Panamá ha sido receptor de un importante contingente de “la diáspora venezolana”. Según La Agencia de la ONU para los Refugiados, 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela, y más de 6,5 millones han sido acogidas en 17 países de América Latina y el Caribe. En cifras globales, esto supone que más del 25 % de venezolanos y venezolanas han abandonado su país. En el caso panameño, la llegada de personas venezolanas ha aumentado tanto que, según el censo de 2023, se ha convertido en la segunda población migrante más numerosa tras la colombiana, acercándose mucho a esta. Incluso si se mantuviera, este ritmo de llegadas podría generar que en algún momento la población venezolana superará a la población colombiana, lo que supondría un hito histórico.

En relación con las personas encuestadas en LAPOP 2023, un 73 % no tiene problema en que sus vecinos sean venezolanos, y siete de cada diez comprenden que, por la situación de extrema dificultad económica, política y de inseguridad de su país, las personas venezolanas tengan que desplazarse a Panamá. Pero estos datos contrastan con un 78 % que consideran que la población venezolana debilita la cultura nacional y un 66 % que considera que empeora la economía, siendo los segmentos con menor riqueza los que expresan una mayor predisposición a percibir estas amenazas.

Panamá se ha caracterizado por ser un país de acogida, “el crisol de razas y culturas”, pero una coyuntura heredera de sucesivas crisis causadas por la pandemia y por el impacto de la subida de los precios, agravada en un contexto internacional de volatilidad económica y política, hace que la migración pueda generar percepciones muy negativas en los países receptores, por lo que se necesita una especial atención a este fenómeno. 

Según las autoridades migratorias panameñas, hasta septiembre de 2024 se ha dado un notable descenso en la llegada por el Darién, una rebaja del 35 % hasta el 25 de septiembre de 2024, lo que puede estar marcando un cambio de tendencia. Estos datos podrían indicar que las medidas de repatriación y de control del flujo migratorio están teniendo éxito en 2024, pero por otra parte hay que tomar en consideración que, de acuerdo con ACNUR, las peticiones de asilo de la población venezolana han aumentado un 25 % desde la celebración de los comicios, y que se están abriendo nuevas rutas marítimas de tránsito. 

Aún no se conoce de manera certera cuáles podrían ser las consecuencias migratorias de un agravamiento de la crisis política en el país venezolano, pero sí es razonable proponer una mayor implicación de la comunidad internacional, con el seguimiento y las medidas oportunas para atender a este flujo migratorio. En especial, se necesita el compromiso de Estados Unidos, ya que es la estación de llegada de estos migrantes en tránsito.

Harris o Trump: ¿qué es mejor para Latinoamérica?

La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump tuvieron su último y único encuentro en el debate del martes 10 de septiembre. Entre los muchos temas abordados —como el aborto, la economía y la política migratoria— las propuestas de política exterior de ambos candidatos fueron particularmente relevantes. En este ámbito, los temas que más debate suscitaron fueron la guerra en Ucrania, el conflicto israelí-palestino y la crisis en Venezuela. Si no fuera por esta última cuestión y las menciones a México en el contexto de la política migratoria, América Latina no habría tenido prácticamente representación en el debate presidencial estadounidense. 

Sin embargo, esto no significa que los candidatos, tanto el del Partido Republicano como la del Partido Demócrata, no tengan una agenda para la región. En efecto, como una extensión de sus programas internos y de sus visiones de política exterior más amplias, Harris y Trump presentan enfoques muy diferentes hacia América Latina, lo que implicaría escenarios distintos para la región según el candidato que triunfe. En este sentido, surge una pregunta: ¿cuál de los dos candidatos ofrecería un escenario más favorable para las relaciones políticas y económicas entre Estados Unidos y América Latina?

En términos económicos, la elección de Kamala Harris podría generar un mejor panorama para América Latina que la reelección del expresidente republicano por tres razones principales. En primer lugar, la política comercial de Trump, caracterizada por su unilateralismo y su famoso lema “America First”, podría generar dificultades para el flujo comercial con los países latinoamericanos, tanto para las economías más grandes, como México, Colombia y Brasil, donde Estados Unidos es el primer o segundo socio comercial más importante, como para los países más pequeños, como El Salvador y Honduras. No obstante, la política comercial proteccionista y unilateral de Trump resultaría especialmente perjudicial para los países centroamericanos, dado que cerca de un tercio de sus exportaciones están dirigidas al mercado estadounidense. Además, tendría un impacto aún más negativo en México, donde más del 80 % de sus exportaciones dependen de Estados Unidos.

En el caso de México, se presentan dos agravantes. En primer lugar, una victoria de Harris implicaría la continuación de los esfuerzos de nearshoring —reasignación de actividades productivas, en especial de la producción industrial, para países vecinos— promovidos por la administración Biden, que han favorecido a México, convirtiéndolo en 2023 en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China, el principal rival de la hegemonía económica estadounidense. Sin embargo, una victoria de Trump podría generar un impulso más decidido hacia el reshoring, es decir, la repatriación de actividades productivas a territorio estadounidense, lo que afectaría directamente a México. 

En segundo lugar, en 2026 está prevista la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), que reemplazó al TLCAN en 2020, pero que fue renegociado durante el mandato de Trump a partir de 2017. Aunque Kamala Harris votó en contra del USMCA como senadora, argumentó que lo hizo porque el acuerdo no incluía suficientes disposiciones para la protección medioambiental, dejando claro que no es una demócrata proteccionista. Trump, por su parte, ya ha demostrado una postura comercial dura hacia México, imponiendo aranceles temporales en 2018 y 2019 a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, y amenazando con un arancel del 5 % a todos los productos mexicanos en respuesta a lo que consideraba una mala gestión de la política migratoria mexicana.

En segundo lugar, el escenario con Trump sería más desfavorable para América Latina debido a su escepticismo sobre la crisis climática. Este enfoque podría perjudicar a países como Bolivia, Argentina y Chile, que son, respectivamente, el primero, segundo y cuarto en términos de reservas mundiales de litio, un mineral esencial para la producción de baterías eléctricas. La falta de interés de Trump en combatir el cambio climático podría reducir la demanda estadounidense de litio, privando a estos países de exportaciones que podrían convertirse en un nuevo motor de crecimiento económico. Por otro lado, Harris, como presidenta del Senado —un rol que constitucionalmente ejerce el vicepresidente en Estados Unidos— fue decisiva en la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act), que incluye disposiciones para fomentar la producción de vehículos eléctricos, lo que implicaría una mayor demanda de litio.

En tercer lugar, la política migratoria de Trump también representaría un obstáculo económico para algunos países de América Latina. Esto se debe a que Estados Unidos es la mayor fuente de remesas para muchos países de la región, especialmente para naciones centroamericanas como El Salvador, Honduras y Guatemala. Las remesas enviadas por los emigrantes de estos tres países desde Estados Unidos representan el 23%, 21 % y 16 % de sus respectivos PIB. Las políticas más estrictas sobre inmigración que Trump ha prometido, que incluirían un aumento en el control fronterizo, mayores dificultades para obtener estatus de refugiado o asilado y deportaciones más agresivas de inmigrantes indocumentados, podrían reducir significativamente los flujos de remesas, lo que afectaría la capacidad de consumo e inversión en estos países.

Políticamente, también es posible afirmar que un gobierno de Trump sería menos beneficioso para América Latina por tres razones. En primer lugar, dado su enfoque unilateral —contrastando el activismo global de Biden y Harris—, una gestión de Trump tendría menos reparos en utilizar cualquier medio a disposición del gobierno estadounidense para lograr sus objetivos en la región. Su política hacia los regímenes autoritarios de izquierda latinoamericanos, como Cuba y, sobre todo, Venezuela, sería mucho más enérgica y directa. Instrumentos como el Acuerdo de Barbados, promovido por la administración Biden-Harris para facilitar la celebración de elecciones mínimamente libres entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, serían relegados en favor de sanciones económicas que se multiplicarían. Además, intentos de mediación como el de Brasil en la crisis venezolana, que ha sido elogiado por la administración actual, probablemente no contarían con el apoyo de Washington bajo una administración de Trump, que preferiría actuar unilateralmente.

En segundo lugar, los gobiernos latinoamericanos con afinidades ideológicas con Trump, como el caso de Javier Milei en Argentina, no tendrían garantías de obtener beneficios. Un ejemplo claro de esto es la relación entre Brasil, durante la presidencia de Jair Bolsonaro, y el gobierno de Trump. A pesar del declarado alineamiento de Bolsonaro con la política de Washington, el gobierno estadounidense suspendió las cuotas de importación de carne brasileña y solo dio un apoyo tardío a la entrada de Brasil en la OCDE en 2020.

Finalmente, bajo un gobierno de Trump, el diálogo para promover la democracia en la región sería cada vez menos viable. Mientras que Harris mantiene la retórica idealista tradicional del Partido Demócrata en favor de la democracia, Trump no ha dudado en elogiar a líderes autoritarios europeos, como el húngaro Viktor Orbán, o a figuras latinoamericanas sin compromiso con la democracia, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

En conclusión, la continuidad que representaría una victoria de Harris ofrecería un escenario más favorable tanto en el ámbito económico como en el político para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. El unilateralismo de Trump y su rechazo del orden globalizado serían un obstáculo para el diálogo político y la cooperación económica, lo que dificultaría tanto el mantenimiento de las relaciones comerciales actuales como la creación de nuevas oportunidades.

Crisis migratoria en el Darién: oportunidades para una respuesta regional

La creciente crisis migratoria en Centroamérica, simbolizada por el flujo sin precedentes de migrantes a través del peligroso Tapón del Darién, se ha convertido en un claro símbolo de las fallas en la gobernanza regional y los crecientes desafíos humanitarios en la gestión de poblaciones desplazadas. Desde 2020, el número de migrantes que cruzan el Tapón del Darién se ha disparado de 8.000 a los casi 500.000 de finales de 2023, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que informa de que son principalmente ciudadanos de Venezuela (casi el 60%), así como de Haití, Ecuador y, más recientemente, de China. Niños, personas con discapacidades y aquellos que sufren enfermedades crónicas o problemas de salud mental constituyen un porcentaje importante de estos grupos de migrantes. Cientos de miles de migrantes irregulares de diferentes países cruzan el Tapón del Darién a Panamá desde Colombia. La mayoría intentan llegar a los Estados Unidos. La selva del Darién separa América del Sur de América Central y es la única interrupción en la Carretera Panamericana, que une a las Américas.

Este aumento en la migración irregular ha llevado a políticas más estrictas en los Estados Unidos, lo que ha resultado en la deportación de muchos migrantes, a menudo a países de Centroamérica. Recientemente, un giro hacia políticas aún más restrictivas ha llevado a un cambio significativo en la política en las Américas. El nuevo presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, asumió el cargo en julio de 2024 con la promesa de “cerrar el Darién” como respuesta a la crisis humanitaria. La decisión de cerrar el cruce del Darién llevó a la instalación de una valla de alambre de púas, con profundas implicaciones para las dinámicas migratorias regionales y los derechos humanos de los migrantes. Esta acción unilateral, junto con las deportaciones financiadas por EE. UU., tiene varios impactos clave y plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad estatal en la provisión de protección. Primero, cerrar el cruce obliga a los migrantes a buscar rutas alternativas, que probablemente sean más largas y peligrosas. Esto aumenta el riesgo de violencia, explotación y condiciones adversas durante el viaje, y también podría alimentar redes de tráfico de personas a medida que los migrantes recurren a coyotes para nuevas rutas, exponiéndolos a más explotación y abuso, como se ha informado.

El cierre y las deportaciones violan fundamentalmente las obligaciones de los estados bajo el derecho internacional y los derechos humanos, incluido el derecho a solicitar asilo y protección contra la deportación a lugares donde los migrantes enfrentan riesgos significativos. Además, estas acciones infringen principios básicos de dignidad y protección humanitaria, lo que exacerba el sufrimiento de individuos que ya huyen de condiciones extremas de hambre, violencia y pobreza. Los migrantes ahora bloqueados por la valla de alambre de púas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, con un acceso inadecuado a servicios básicos como alimentos, agua, atención médica y refugio. El cierre del cruce del Darién por parte de Panamá, combinado con la pausa en el asilo bajo la administración de Biden en EE. UU., ha creado una situación crítica para los migrantes en la región, que están varados y en un limbo.

Esta situación ha expuesto una profunda crisis de gobernanza, no solo a nivel bilateral sino regional. El corredor que conecta Colombia y Panamá se ha convertido en un microcosmos de sistemas regionales que han fallado a la hora de proteger a las personas desplazadas. En lugar de proporcionar soluciones, estas estructuras están atrapadas en una dinámica global que criminaliza a los migrantes y limita su acceso a la protección y a derechos básicos.

En la 79ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mulino, el presidente panameño, sorprendió a muchos al distanciarse del discurso de su predecesor, Laurentino Cortizo Cohen, quien, un año antes, en la 78ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró: “Es una situación insostenible… en la que somos víctimas y no responsables”. Pero Mulino también ha optado por una postura más pragmática, suavizando la dura retórica del cierre de fronteras. Reconociendo la necesidad de un enfoque regional y multilateral, su discurso aboga por la cooperación más allá de las fronteras nacionales, marcando una clara ruptura con la tendencia a culpar a otros países.

Un punto clave en el discurso de Mulino fue su alejamiento de la narrativa oficial que durante años insistió en que “el Darién no es una ruta; es una selva”. En lugar de perpetuar esta visión, el presidente reconoció que el Darién es, de hecho, un paso migratorio, y la prioridad ahora es convertirlo en seguro y eficiente. ¿Qué significa una ruta “segura y eficiente”? Eso aún está por definirse, pero sugiere un enfoque más colaborativo y realista al problema, alejándose de la inacción que caracterizó a las administraciones anteriores.

Un elemento clave de esta estrategia ha sido su acercamiento al presidente colombiano, Gustavo Petro, lo que ha aliviado las tensiones bilaterales y abre la puerta a la acción multilateral. Este nuevo enfoque también presenta una oportunidad para revitalizar iniciativas regionales como el Acuerdo de Cartagena, que podría ser crucial para repensar la crisis migratoria desde una perspectiva más amplia. No se trata solo de derechos humanos, sino también de vincular estos esfuerzos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en áreas críticas como la salud y el medio ambiente, que han sido gravemente impactadas por la crisis migratoria en la región.

El desafío ahora radica en convertir esta retórica en políticas concretas. Sin embargo, aunque este es un paso importante, el desafío regional de instituciones como la Comunidad Andina (CAN), Mercosur y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es que actualmente carecen tanto de la capacidad como de una agenda clara para impulsar esfuerzos compartidos o movilizar cooperación y recursos transnacionales.

La cooperación regional basada en el respeto a los derechos humanos y los compromisos internacionales será esencial para garantizar que se protejan los derechos de los individuos perseguidos y desplazados tanto a nivel nacional como regional. La tarea es inmensa, pero este cambio en el discurso representa una oportunidad para reevaluar las políticas fronterizas, remodelar la respuesta regional y la cooperación internacional, y crear soluciones más humanas y sostenibles a la crisis que afecta a cientos de miles de personas desplazadas.

¿Es China comunista?

El sistema chino es rutinariamente clasificado como comunista. Los mismos dirigentes chinos pertenecen a lo que autodenominan el Partido Comunista y al sistema se refieren como “comunismo con características chinas”. El uso de ese término explica en buena parte el antagonismo prevaleciente contra China en muchas sociedades occidentales y podría ser la causa última de peligrosos conflictos en el futuro. Pero, ¿corresponde el sistema socioeconómico y político chino a la definición de comunismo?

El comunismo es un sistema en el cual el Estado (en representación de la sociedad o comunidad) es el dueño de los medios de producción y decide qué, cómo, para quién y cuánto se produce. Por lo tanto, no hay propiedad privada ni libertad o iniciativa individual para decidir qué consumir o para resolver esas preguntas atinentes a la producción. En ese modelo, el acceso a productos de consumo está determinado por las necesidades de cada individuo, por lo que no existen diferencias en cuando al nivel de vida, ni clases sociales diferenciadas por ese factor.

A un sistema cercano a esa caracterización aspiraba China a partir de 1949, en la era de Mao Zedong. Bajo su liderazgo se colectivizó la actividad agrícola, el Estado se apropió de la tierra del país y prácticamente todo el sector industrial pasó a sus manos.

Sin embargo, como resultado de reformas profundas acordadas a finales de 1978 bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China comenzó a crear amplios espacios para la empresa privada, la iniciativa individual y la inversión extranjera. El purismo ideológico fue sustituido por la búsqueda de resultados económicos y sociales, en el marco de una perspectiva pragmática, resumida en una conocida declaración de Deng Xiaoping: “No importa si el gato es blanco o negro, mientras cace ratones”.

Las reformas pro mercado y pro empresa privada y la consolidación de una economía mixta coinciden con logros extraordinarios. Entre 1980 y el 2010 el PIB chino creció a una tasa cercana al 10 % anual y 800 millones de personas fueron sacadas de la pobreza. Estos gigantescos logros económicos y sociales no tienen parangón en la historia. Hoy en día el mundo se preocupa (¡o alegra!) del “lento” crecimiento chino, dado que ronda el 5 % anual. Pero debe tomarse nota de que la tasa correspondiente a Estados Unidos, Alemania y Japón es del 2,7, 0,2 y 0,9, respectivamente, y de que el promedio para la Unión Europea es 0,7% y para el G7 1,5%. 

China solo es superada por Estados Unidos en cuanto al tamaño del PIB y es líder indiscutible en la producción de una gran cantidad de productos industriales de alta tecnología. Su nivel de eficiencia y competitividad es tal que los líderes occidentales más ideológicamente persuadidos de las bondades del libre comercio y la teoría de la ventaja comparativa están recurriendo a una serie de medidas proteccionistas para impedir que sus sectores industriales sean arrasados por las exportaciones chinas.

Se alega que esas medidas son necesarias porque el gobierno chino subsidia sus empresas, lo que supuestamente crea una competencia desleal. La magnitud de esos subsidios es desconocida, pero existen… tanto como existen y han existido en Estados Unidos, Europa y Japón subsidios y exoneraciones fiscales a industrias específicas, escogidas por sus impactos sociales, geográficos, militares o tecnológicos.

A pesar de esa apertura a las fuerzas del mercado y a la empresa privada, el Estado chino sigue siendo propietario de importantes segmentos en el campo de la banca, la energía, el transporte y otros sectores. En general, la participación estatal directa en la producción es mucho más significativa que en Estados Unidos, aunque semejante a la que era característica de Europa Occidental antes de 1980.

En fin, el sistema chino está tan alejado del neoliberalismo como del comunismo. Pero denunciarlo como comunista sirve para justificar ante las masas de votantes de Estados Unidos y Europa medidas económicas dirigidas a proteger los sectores empresariales de esos países y a fortalecer los gastos militares (y los negocios del complejo militar-industrial). Muchos sectores empresariales de Occidente efectivamente creen que China es comunista, por lo que temen que si China sigue fortaleciéndose eventualmente el sistema sea adoptado y sus riquezas expropiadas. Por ello participan de la beligerancia anti China.

Lo cierto es que China no es comunista, pues el sector privado y la iniciativa individual tienen una fuerte presencia y existen grandes espacios para las fuerzas del mercado, lo que explica los éxitos post 1978. Pero si fuese comunista ello implicaría que el comunismo es un excelente sistema socioeconómico. Dicho de otra manera, o China no es comunista o el comunismo es un excelente sistema para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

En lo político China es un “Estado de Partido Único” (One Party State), con las consecuentes limitaciones a numerosas libertades. Pero eso no la hace comunista. Si así fuese, entonces el Chile de Pinochet habría sido comunista. Y ni que decir de las monarquías del golfo Pérsico, como Arabia Saudita. Esta debería denominarse “Estado de Familia Única” (One Family State) pero jamás, por ello, comunista.

Las confusiones derivadas tanto de la propaganda interna de los propios dirigentes chinos, al seguir denominando a su sistema como comunista, como de la propaganda occidental contra la China “comunista” trascienden la semántica. Para los líderes chinos es difícil aceptar que su sistema no es comunista, porque desde la fundación del partido, en 1923, su estrategia fue convencer al pueblo chino de que el colectivismo marxista tenía las respuestas a sus aspiraciones de desarrollo. Con esa propaganda el partido ganó la guerra civil contra el Kuomintang y gobierna desde 1949. Aceptar que los éxitos económicos y sociales llegan cuando abandonan el comunismo no calza para nada con esa propaganda. Por ello deciden seguir llamándose comunistas (¿posverdad en China?).

En Occidente, la secuencia lógica propagandística parte de una verdad para llegar a una mentira: “El comunismo es malo, China es comunista, por lo tanto, China es mala” (¿posverdad en Occidente?). Esa mentira ha sido impregnada en los corazones y mentes de millones de personas en el mundo, creando escenarios en las democracias para justificar actitudes económicas y militares agresivas contra China y, eventualmente, nuevas guerras (y nuevos beneficios para los políticos y empresarios que ganan con ellas). 

El comunismo fue un rotundo fracaso, tanto desde el punto de vista económico-social como en relación con las libertades básicas y los derechos humanos. Pero el sistema chino no es comunista. Si alguien va a odiar o temer a ese país, que encuentre sus razones, pero no puede ser porque es comunista, porque no lo es.

Líderes autoritarios: ¿son todos iguales?

En los últimos años el mundo ha visto el ascenso de líderes autoritarios que quedan encasillados como si todos fueran lo mismo. Sin embargo, es pertinente señalar que homogeneizar el autoritarismo implica reducir y sesgar su análisis. La política comparada desde mediados de los años 60 y la evolución de la literatura han establecido nuevos conceptos que pueden ser de ayuda para no caer en ese error.

Autores como Guillermo O’Donnell, Arendt Lipjhart, Joseph Colomer o Phillip Schmitter han destacado, a lo largo de sus investigaciones, la importancia de la política comparada como subdisciplina de la ciencia política para explicar ciertos fenómenos. Ahora bien, a efectos metodológicos partiré de los regímenes totalitarios hasta las democracias defectuosas.

El término totalitarismo se caracteriza por la ausencia total en un estado de pluralismo económico, político y social. Existe un liderazgo como cabeza del gobierno o un partido político que sirve como vehículo para mantener el poder. Puede haber una rotación de liderazgos en el partido, pero no una alternancia política. Además, hay una ideología elaborada que pretende establecer una visión del país, y en algunos casos llegan a celebrar elecciones que no son competidas y que gana el mismo partido o líder.

Un ejemplo paradigmático de ello es Cuba. Desde 1959 hasta hoy la isla ha sido gobernada por el Partido Comunista Cubano, bajo el liderazgo de Fidel Castro (1959-2008), Raúl Castro (2008-2019) y Miguel Díaz-Canel (2019-actualidad). El país vive bajo un régimen de partido único; las libertades civiles no existen y el gobierno interviene en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Luego tenemos los regímenes postotalitarios, que se caracterizan por el derrumbe del totalitarismo. Cuentan con vestigios de la formación anterior, es decir, la ideología oficial aún tiene fuerza y los rubros económicos, políticos y sociales son inestables. Es un punto medio entre la caída del totalitarismo y la transición hacia otro régimen que puede ser democrático o no.

En América no hay ejemplo de ello, pero a nivel mundial sí: Rusia. Tras el derrumbe del socialismo real en 1991, el país intentó caminar hacia la democracia con Boris Yeltsin, Dmitri Medvédev y Vladímir Putin. Sin embargo, con la llegada de Putin al poder, el país se ha estancado en un postotalitarismo en el cual la fuente del poder político ya no es el Partido Comunista, sino el propio liderazgo del mandatario ruso.

También tenemos los regímenes sultanísticos, un término acuñado por el sociólogo Juan Linz para catalogar a la España franquista. Estos se caracterizan porque la columna vertebral del régimen es el caudillo, que no necesariamente tiene que ser carismático, sino que impone su voluntad mediante la fuerza y el miedo. Algunos liderazgos intentan conformar ideologías pero no lo logran, ya que todo se basa en la imagen del tirano. Otra característica es que basan sus cimientos en prácticas clientelares y corruptas.

Algunos ejemplos de ello fueron François y Jean-Claude Duvalier en Haití, Leónidas Trujillo en República Dominicana o la dinastía Somoza y Daniel Ortega en Nicaragua. Estos personajes ejercieron el poder de forma arbitraria, sin límites y de forma personalista. Los sultanistas no son tan herméticos como los totalitaristas: permiten algunos espacios para disentir. Estos regímenes llegan a ser inestables porque, a falta del líder, este puede caer; son contados los casos como Haití y Nicaragua, en los que se traspasó el poder a los familiares.

Las primeras cuatro categorías se caracterizan por ser regímenes menos democráticos y plurales y distan mucho de los autoritarismos clásicos, que tienen otras características. Por ejemplo, los autoritarismos dejan espacios para la deliberación, algunos permiten la crítica, carecen de una ideología y adoptan una mentalidad, de acuerdo con Linz.

América Latina presenció el auge y caída de los regímenes cívico-militares, que se caracterizaron porque las fuerzas armadas trabajaron de forma conjunta con perfiles técnicos del Estado para implementar políticas económicas de desregulación y liberalización. Estos regímenes carecen de ideología y los límites al poder no están claros: depende de lo que dicten las fuerzas armadas. Como ejemplos encontramos a Argentina bajo Rafael Videla y a Chile con Augusto Pinochet.

Por otro lado, también es posible identificar regímenes nacional-populares, que fueron encabezados por militares con visiones progresistas. Es decir, defendían el reparto de tierras, el nacionalismo, implementaron el desarrollismo como política económica para hacer crecer a sus países. El panameño Omar Torrijos es un ejemplo de ello, ya que reivindicó el derecho del país sobre el Canal de Panamá y pedía la salida de Estados Unidos de su territorio.

Luego de revisar estos conceptos y algunos ejemplos, es pertinente señalar que los cambios en la realidad y la literatura han dado pie a la creación de zonas grises o puntos medios. Esto significa que hay regímenes que no son democracias en su totalidad pero tampoco son autoritarismos consolidados. Principalmente, estos términos surgieron en los albores de la tercera ola democrática.

En medio de estos conceptos, existe lo que se denomina regímenes híbridos, es decir, países que combinan elementos autoritarios y democráticos; sin embargo, en estos países prevalece el primer componente. El ensanchamiento de las facultades de la presidencia, la erosión institucional y el acecho a otros poderes son características de este tipo de sistema. Como ejemplos, México, Bolivia, El Salvador y Perú, para mencionar algunos.

Autores como el periodista Fareed Zakaria han dado vida al concepto democracia iliberal. Engloba a naciones que celebran comicios periódicos para la elección de cargos pero no son limpias, transparentes; además, en este sistema conviven elementos pluralistas con prácticas autoritarias que debilitan la división de poderes. El término fue acuñado para referirse a la Hungría de Viktor Orbán.

Dentro de este tenor, también es posible identificar los autoritarismos competitivos, un concepto propuesto por los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way, plantean que hay naciones que transitaron del autoritarismo a la democracia pero no consolidaron el pluralismo. No obstante, también los países que ya llevan tiempo en democracia pueden retroceder a este modelo, en el cual las elecciones pueden ser competidas pero están plagadas de irregularidades que no permiten una competencia limpia y efectiva.

Venezuela es el caso ilustrativo, un país que en su última elección demostró la competitividad de la oposición pero que hasta la fecha no ha comprobado la victoria del oficialismo. El chavismo mantiene el control sobre el aparato estatal, lo que le permite retener el poder y la mayoría de los espacios de representación. Sin embargo, no debemos olvidar que desde el 28 de julio el país sigue sumido en una crisis postelectoral.

Por último, Wolfgang Merkel acuñó el término de democracias defectuosas para referirse a países que ejercen la democracia procedimental-electoral pero no garantizan una gobernanza efectiva y en los que las libertades civiles no son ejercidas con plenitud. Son países que tienen problemas para consolidar el pluralismo, la división de poderes y los derechos humanos, pero esto no significa que sean autoritarismos o dictaduras.

En conclusión, la ciencia política y los nuevos conceptos acuñados ofrecen un panorama completo que busca explicar de forma certera y objetiva los regímenes. El ascenso del autoritarismo en el mundo no puede ser visto como un fenómeno homogénea, sino que el estudio particular de casos, aunado a la revisión de la literatura, permite una delimitación objetiva y concreta de la realidad que estamos observando.

Movilidad urbana y nueva infraestructura china en América Latina

Recientemente circulaban en redes sociales las imágenes de una kilométrica caravana de decenas de flamantes autobuses blancos que marchaban por una carretera nicaragüense. La noticia detrás de aquella inusual procesión era la recepción de 250 autobuses fabricados por la compañía china Yutong para el sistema de transporte urbano de Nicaragua. Esas imágenes son la viva representación de tres realidades en la América Latina de hoy en día, donde la existencia de grandes retos de movilidad urbana en las ciudades; y la voluntad de los gobiernos de reducir sus niveles de emisiones de gases contaminantes; se entremezclan con como China está trabajando con distintos países de la región para lidiar con ambos retos.

En base a cifras del Banco Mundial el 82% de los habitantes de América Latina y el Caribe residen en zonas urbanas, y las previsiones indican que para 2050 esta proporción alcanzará el 86%. Megaciudades de talla mundial como Buenos Aires, Ciudad de México, Lima o São Paulo concentran en sus áreas metropolitanas a millones de personas, concretamente, las diez mayores engloban al 25% del total de la población urbana de la región. Teniendo en cuenta estas cifras, la movilidad urbana se ha convertido en uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las ciudades latinoamericanas.

De acuerdo con el Urban Mobility Readiness Index, sólo cuatro ciudades latinoamericanas se sitúan entre las 50 con mejor transporte urbano del mundo. Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y Ciudad de México alcanzaron respectivamente los puestos 43, 44, 46 y 50 de este ranking internacional. Por detrás de ellas, les siguieron ciudades como Rio de Janeiro, Bogotá, Montevideo o Quito, todas ellas a gran distancia de los primeros puestos de clasificación copados por urbes europeas, norteamericanas, y asiáticas.

No obstante, el índice en su edición de 2023 resaltaba como las ciudades latinoamericanas están trabajando concienzudamente en mejorar sus redes de transporte urbano con fuertes apuestas por la movilidad eléctrica colectiva, ya sea mediante la electrificación y modernización de las flotas de autobuses, o mediante la construcción y ampliación de redes de metro o ferrocarriles urbanos.

Esta apuesta por la movilidad eléctrica colectiva está estrechamente ligada a que de acuerdo con los datos del PNUD, el tráfico rodado representa casi el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe, provocando unas graves externalidades para una población eminentemente urbana. Además de ello, la práctica totalidad de los países de la región han firmado compromisos para reducir sus emisiones contaminantes en las próximas décadas, apostando fuertemente por el sector del transporte público como motor del cambio.

Los objetivos más ambiciosos previstos en Chile y Colombia se han propuesto transformar en eléctricos el 100% de los autobuses antes del año 2035. Argentina y Costa Rica también propusieron objetivos en esta línea, pero con un horizonte temporal que se traslada a 2050. Otros países de la región como Ecuador, Honduras o México han previsto también, aunque con menores ambiciones, la transformación paulatina a la movilidad eléctrica de sus flotas de autobuses.

Esta apuesta por la electrificación de la movilidad urbana ha hecho que países como Chile (21,4%), Uruguay (18,7%), Colombia (11,4%) o Argentina (9,9%) cuenten en la actualidad con flotas de autobuses eléctricos que superan con creces la penetración de países tradicionalmente más a la vanguardia tecnológica como Alemania o los Estados Unidos, donde la electrificación de sus flotas de autobuses llega apenas al 4,5% y 0,5% respectivamente.

Sin embargo, estas cifras palidecen si se comparan con las de China, donde se encuentra el 76,4% del total de los autobuses eléctricos existentes en el mundo, y cuya electrificación alcanza el 64% del total de la flota del país. Estas cifras no serían factibles sin la existencia de una industria de fabricación de autobuses eléctricos que actualmente pasa por la mayor del mundo. Fabricantes como BYD, Yutong, Higer o Farizon han pasado de meros desconocidos, a convertirse en los proveedores de autobuses tanto eléctricos como de combustión para Santiago de Chile, San José, Guayaquil o Ciudad de México.

De este modo, las empresas chinas están presentes en el proceso de modernización y mejora de la movilidad urbana en múltiples ciudades de la región, y no solamente en lo referido a autobuses, sino también en otros proyectos como la renovación de las flotas de trenes del metro de Buenos Aires, o la construcción de nuevas líneas de metro en Bogotá, Monterrey y Santiago de Chile. Estos proyectos no solamente estarían dentro del proceso de internacionalización de las empresas chinas, sino que también forman parte de la llamada “nueva infraestructura”.

Este concepto, acuñado en China en 2018, se refiere a proyectos de infraestructura que buscan la modernización tanto dentro de China como a lo largo de los países participantes en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de un modo “pequeño pero inteligente”. Tanto la movilidad eléctrica como la infraestructura de trasporte ferroviario urbano están dentro de los sectores prioritarios englobados en esta filosofía.

Esta “nueva infraestructura” en América Latina, ha atraído a empresas chinas para la realización de grandes obras como la línea 7 del metro de Santiago de Chile (China Railway 16th Bureau Group), la línea 1 del metro de Bogotá (CHEC), o la ampliación de las líneas 4 y 6 del suburbano de Monterrey (CRCC). Esta participación también puede servir para incentivar la competencia con las empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá o Japón, y de este modo permitir alcanzar soluciones al reto de la movilidad urbana en la región de un modo más eficiente, ecológico y competitivo.

*Este texto fue publicado originalmente en la web de  REDCAEM

Una nueva temporada de política distópica en Brasil

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Durante el debate transmitido en vivo entre los candidatos a la alcaldía de la ciudad más grande de América Latina, São Paulo, el 15 de septiembre, el nivel de brutalidad se mantuvo al nivel de  los anteriores, pero, esa noche, un hecho surrealista marcó las elecciones: el candidato José Luiz Datena, del PSDB (uno de los partidos más tradicionales de Brasil) atacó con una silla a Pablo Marçal, del PRTB. Para el espectador atento, el shock no fue tan grande –y lamentable– teniendo en cuenta las provocaciones de Marçal. De hecho, pocos días después, el 23 de septiembre, el mismo Marçal fue expulsado de otro debate que culminó con la agresión física, de uno de sus asesores al publicista del actual alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Para comprender el «fenómeno Marçal» recurrimos al italiano Giuliano Da Empoli. En su libro “Ingenieros del caos”, el autor narra la fábrica y el modus operandi que dio origen a peces gordos como Pablo Marçal, que ingresaron al sistema político con el claro objetivo de cambiar sus bases y los engranajes democráticos de poder. Podría tratarse de otra distopía al estilo Orwell, sin embargo, lo más aterrador es que se trata de acontecimientos que suceden en todo el mundo.

Latinos en común

La campaña electoral del ex coach Pablo Marçal comparte muchos de los elementos que convirtieron a Javier Milei en presidente de Argentina. Discursos en contra del Estado y antipolítica, fuertes estrategias de comunicación digital y la falta de escrúpulos a la hora de ofender con brutalidad, sin preocupación por decir tonterías, parecer incoherente o desagradar a una parte del electorado, por el solo hecho  de atraer la atención.

El Salvador también tiene su ejemplo: Nayib Bukele, presidente, narrado por el propio Marçal como un “chico joven” y “de las redes sociales”, pero que carga con acusaciones de violaciones de derechos humanos por la implementación de políticas de seguridad pública guiadas por el resurgimiento del punitivismo y que se acerca a un estado de excepción.

Todos estos personajes tienen la misma educación, con pequeñas distinciones en la implementación, posiblemente vinculadas a aspectos generacionales o regionales específicos.

Todos operan con una estrategia basada en tres pilares: inflamar resentimientos y pasiones; abusar de la comunicación digital, utilizando cortes, distorsiones y manipulaciones de los hechos, aprovechándose de vacíos legales; y la crítica vacía de la política, con mucha radicalidad y poca proposición fáctica. En otras palabras, estos actores políticos utilizan causas socioeconómicas evidentes para, a partir de una comunicación digital masiva y recortando hechos, crear teorías que sustenten sus visiones del mundo: las llamadas narrativas; de hecho, distorsiones convenientes de la realidad. Esta lógica pretende imponer el caos en el sistema democrático y ganar poder.

Recordemos que Bolsonaro había abierto el camino en 2018, pero él mismo intentó amoldarse a la vieja política y se vio obligado a dejar de lado su –ilegítima– posición de antisistema. Este movimiento de “centrismo” del bolsonarismo, que se traduce en el tímido apoyo a la reelección del actual alcalde, Ricardo Nunes (MDB) –a través de la coalición con el partido de Bolsonaro (PL)–, dejó huérfanos del ex-líder-rebelde, y Marçal supo explorar esta parte del electorado.

Del mito al fenómeno

Nuestro nuevo ingeniero del caos ha estado replicando técnicas probadas, posicionándose como el nuevo retador del sistema político-electoral brasileño. Blanco de enfrentamientos en el Tribunal Electoral –que generaron algunos rumores–, acumula polémicas y llama la atención en los informativos.

Esta visibilidad, basada en “habla mal, pero habla de mí”, le permitió hacerse más conocido entre el electorado y acumular el 20% de la intención de voto, oscilando entre los tres mejor situados en la disputa. Además, se posicionó fácilmente como el candidato más seguido en las redes.

De mito a fenómeno, asistimos ahora a la nueva temporada, a lo Black Mirror, en plena carrera electoral por la alcaldía del principal centro económico del país. ¿Propuestas? ¿Números? ¿Datos técnicos sobre la ciudad? No. Marçal dice tonterías y presenta en extractos lo que los algoritmos piden, exigen y comprometen. De esta manera, no siempre es posible mantener la coherencia. Pero no importa, después de todo, la avalancha de información sirve para desviar la atención y moldear hábilmente la percepción del público al que pretende llegar.

Armado con su fortuna –obtenida a través de una trayectoria muy controvertida– y capital digital, el entonces candidato intentó alquilar un partido (PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), de poca relevancia hasta entonces en el escenario político nacional, para institucionalizar su emprendimiento.

El estilo provocativo y combativo forma parte del carácter “naturalmente populista” destacado por Da Empoli y, para diferenciarse de otros competidores, Marçal fusiona rasgos de superioridad arrogante con “gente como nosotros”. Por un lado, se proclama como un empresario exitoso y destaca sus activos multimillonarios, por otro lado, es un símbolo del ciudadano trabajador común y corriente que aspira a la prosperidad económica. Su traje típico sintetiza esta oposición: el uso de un traje y una gorra con su logo.

El ex coach toca heridas latentes en la sociedad, especialmente en aquellos que no se ven representados, que no creen en la política, pero que anhelan y esperan, hundidos en sus duras realidades, el milagroso cambio de vida. Y es a través de la vinculación de su imagen al simbolismo de la prosperidad que ha encontrado la fuerza para crecer. No sorprende que su apoyo esté más concentrado entre los jóvenes de las periferias, los que tienen educación secundaria completa, los informales y los evangélicos, segmentos que disputa tanto con la izquierda como con la derecha.

Las consecuencias para la democracia

Este caótico personaje ha estado cometiendo los actos más grotescos y sin escrúpulos, y aún se están computando los daños. Los lamentables episodios recientes de agresión marcan el colofón de esta temporada liderada por Marçal. Ninguna agresión física debería justificarse, pero lo cierto es que Marçal creó su trama y ha sabido dictar o intervenir en el guión, incluso más que sus oponentes.

Aunque existe escepticismo sobre el crecimiento de Marçal, principalmente por las las campañas de los dos candidatos más competitivos en la disputa, Ricardo Nunes y Guilherme Boulos (PSOL, apoyado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva), el mayor deterioro ha sido para la democracia.

Asistimos a los efectos del choque entre los métodos de la llamada economía digital, que no está obligada a seguir regulaciones ni directrices, y la práctica política tradicional, respaldada por reglas que no parecen tener en cuenta las nuevas condiciones sociales y dinámicas. Es un doble juego entre lagunas regulatorias y oportunismo frente a lo obsoleto.

El resultado que hay que temer no es la victoria de Marçal como alcalde de São Paulo –las cifras recientes muestran una pérdida de fuerza y ​​que está estabilizado en el tercer lugar–, sino su capacidad para reproducir seguidores y otorgarles escaños en la Legislatura. 

Quizás sea un error subestimar su peligroso ascenso. Los augurios no parecen ser buenos y esto debería servirnos de advertencia. Es la triste constatación de que nuestras instituciones, una vez más, están atrasadas respecto a nuestros tiempos. Y hacer la vista gorda ante la enorme fisura abierta en el orden político, que es la salida más fácil, pero también la más problemática, puede generar mayores daños en el futuro.

Los presos de Bukele

En la red X, Nayib Bukele se ha descrito a sí mismo como el “CEO de El Salvador”, “el dictador más cool del mundo mundial” o “Philosopher King”. Entre sus jocosas autodescripciones, podría también llamarse “el carcelero de El Salvador”, lo que sería una presentación tan irónica como literal.

Si bien en su afán por controlar al país Bukele innova en el ejercicio del poder recurriendo a medios no tradicionales, como el hábil uso de plataformas digitales, su régimen tampoco desiste del uso de convencionales mecanismos de dominio como el populismo, la persecución política y, especialmente, la prisión.

Como en las más férreas dictaduras, la cárcel sirve al gobierno salvadoreño para atemorizar a sus oponentes. Pero lo novedoso en el caso del joven presidente es que ha podido instrumentalizar la prisión para su beneficio personal logrando, por un lado, aumentar su popularidad, y por el otro, terminar con la oposición política.

La prisión como herramienta

En 2022, al cierre de su tercer año frente al gobierno, Nayib Bukele tenía pocos resultados de gestión distinto a la propaganda. El Salvador de entonces (como el de ahora) seguía siendo un país con tasas relativamente altas de desempleo, en donde la pobreza crecía y la migración irregular no cesaba. Todo esto en el contexto de una situación de violencia decreciente, pero con la amenaza de las pandillas latente.

Contrario a la narrativa oficial, en la que el presidente salvadoreño insiste que gracias a su gobierno el país pasó de ser el más violento al más seguro del mundo, la verdad es que asumió un país con una tasa de homicidios que se reducía de manera exponencial.

Cuando Bukele asumió el poder, con casi 20 muertes por cada 100 mil habitantes, lejos estaba aquel país de 2016, con 106 muertos por cada 100 mil habitantes. El Salvador había alcanzado el macabro reconocimiento de ser el más violento del mundo.

Aunque la tasa de homicidios durante los primeros años del gobierno de Bukele tenía características epidémicas según parámetros de la OMS, la misma reflejaba un alivio a la situación de dónde venían los salvadoreños.

Tregua a las pandillas

En parte, los homicidios se mantenían controlados gracias a la ya conocida tregua,  documentada y reconocida tanto por la prensa como por el Departamento de Justicia de EE.UU.,  que el gobierno de Bukele mantuvo con las pandillas. Dicha tregua se rompió a inicios del 2022, y en vez de constituirse en crisis, se convirtió en una oportunidad que Bukele no dejó escapar. El presidente decidió entonces sacrificar a las otrora poderosas pandillas, convirtiéndolas en peones.

Para el ambicioso mandatario el rompimiento de la tregua significaba redimensionar a las pandillas como nuevo enemigo para apuntalar sus objetivos políticos. Y sería la cárcel el instrumento privilegiado para lograrlo.

Un poder legislativo con dependencia total del Ejecutivo facilitó decretar el Estado de excepción el 27 de marzo de 2022, vigente a la fecha. Bukele prometió que con la medida podría desarticular las pandillas. La sociedad, víctima de amenazas, extorsión, desapariciones y homicidios atribuibles a dichos grupos, recibió con alivio y esperanza el ofrecimiento del gobierno, aunque ello significaba renunciar a garantías constitucionales.  

El proceso de encarcelamiento masivo inició en abril del 2022. Los portadores de armas del Estado atendieron sin demora la orden del presidente. Según datos oficiales, El Salvador encarceló a 80 mil personas en dos años, lo que significa 70 mil más de los encarcelamientos esperados. Son estas 70 mil personas los presos de Bukele.   

Encarcelamiento masivo

¿Por qué y para qué sirve este encarcelamiento masivo? Creer que la respuesta es la benevolencia del presidente o una estrategia planificada por su equipo de seguridad, puede ser tan ingenuo como peligroso.

Incluso los más férreos críticos de Bukele deben reconocer la efectividad de la indiscriminada política de encierro del régimen salvadoreño para acelerar la reducción de los homicidios en el país. Existe una correlación positiva inversa (-.062; p<.02) entre el encarcelamiento y la reducción de las muertes violentas, así como otros crímenes como la extorsión y las desapariciones.

Aunque se trate de una decisión improvisada que responde a razones equivocadas, éste es el único logro palpable que puede atribuirse al gobierno de Bukele. Y constituye un terrible (mal) ejemplo de lo que significa en la práctica la disposición manifiesta de los latinoamericanos de sacrificar libertades democráticas a cambio de mayor seguridad ciudadana.

La lección es que, al menos a corto plazo, instrumentalizar la represión para satisfacer la necesidad de seguridad, brinda popularidad a los gobernantes.

Cárcel y poder

Otra función, ahora más perversa, es normalizar el comportamiento político de los salvadoreños.  En “Vigilar y castigar”, Michel Foucault (2003) definió a la prisión como un ejemplo de “tecnología del poder”, ya que ésta no se trataba de un simple lugar de encierro, sino de un mecanismo complejo que buscaba transformar a los individuos.

La cárcel es un poder que controla, disciplina y, especialmente, normaliza. En un país donde todo es político, el gobierno amenaza con el castigo a quienes se atreven a participar en política. Junto a los homicidios también se ha reducido la oposición al Ejecutivo. Toda oposición. Líderes de la izquierda salvadoreña, de dónde surgió Bukele, han entrado y salido de la cárcel (a cambio de servicio comunitario). Incluso se llegó a publicitar la captura de ex funcionarios y ministros, que de ser verdaderamente culpables, aún estarían en prisión. 

Actualmente, Ernesto Muyshondt, un político del conservador ARENA, que se atrevió a desafiar públicamente al presidente, está en prisión en condiciones crueles y denigrantes, en un viciado proceso judicial

Dichos encierros cumplen una función ejemplarizante. Incluso los al menos 10 mil inocentes que el gobierno llama con desdén “el márgen de error”, mandan un mensaje a los ciudadanos: todos pueden ser sujetos de cárcel, sin que los funcionarios de Estado tengan que rendir cuentas o explicaciones. 

No solo se juzga y castiga la transgresión de la ley, sino que se instruye el comportamiento que el Ejecutivo espera de sus ciudadanos: aceptar de manera acrítica a Nayib Bukele y su gobierno. 

Sin quejarnos, al pie de la letra

Embriagado de poder, el día de la toma de posesión de su segundo (e inconstitucional) mandato a donde llegó con más del 80% de la votación, Bukele exigió a los ciudadanos: “Hagamos un nuevo juramento para defender las decisiones que tomaremos en los próximos cinco años: juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos […] y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo”.

Todo aquel que hable o se considere “enemigo del pueblo”se sale de la normalidad de Bukele y la cárcel está entre sus posibles destinos.

Finalmente, es importante reconocer que el uso de la prisión requiere un sistema de justicia discrecional y un poder legislativo secuestrado, lo que revela la ausencia de poderes independientes. Si la cárcel es una extensión del poder judicial y éste a su vez es una extensión del Ejecutivo, estamos ante una democracia jaqueada.

Los salvadoreños deben advertir que las prisiones no están siendo utilizadas como mecanismos para sancionar delitos o medios a través de los cuales se busca la reinserción social. El presidente utiliza el sistema penitenciario a su conveniencia y parece ser que lo seguirá haciendo, convirtiéndolo en una herramienta para enquistarse en el poder.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

¿Para qué sirve monitorear cómo los medios cubren las elecciones? El caso mexicano

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental durante las campañas electorales, no solamente a la hora de transmitir información acerca de los acontecimientos que ocurren durante un proceso electoral, sino también a la hora de configurar el contexto informativo sobre el cual buena parte de la población puede tomar decisiones de corte electoral. Es por ello que se considera de especial relevancia el análisis de la cobertura que estos medios hacen de las campañas en general y muy en particular de los diferentes actores políticos que toman partido en las mismas, llámense personas candidatas, partidos políticos o coaliciones.

Desde las últimas décadas del siglo XX en México se han desarrollado numerosos monitoreos buscando conocer hasta qué punto los medios de comunicación del país presentan equidad a la hora de transmitir la cobertura de las actividades de los diferentes actores involucrados en las campañas electorales. Una solicitud que se llevó al terreno político buscando que desde el organismo encargado de velar por la gestión electoral se ofreciera este tipo de información. Antes el Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) han realizado durante buena parte de las elecciones federales del siglo XXI monitoreos de la cobertura que la radio y televisión a nivel nacional ofrecen de estos procesos.

Este hecho implica que, quizá una situación única en el mundo, en México sea la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) la que regula la obligación del INE de realizar monitoreos y análisis contenidos transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales a nivel federal en los programas de radio y televisión que difundan noticias. Con ello se busca ofrecer a la ciudadanía información veraz, correcta y objetiva acerca de la manera en que los diferentes programas de radio y televisión dan cobertura a las personas candidatas y a los partidos políticos y coaliciones que las postulan en los diferentes procesos electorales federales que cada tres años ocurren en el país.

Durante el Proceso Electoral Federal de México (PEF) entre 2023-2024 el INE encomendó a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) la realización del monitoreo de medios que abarcó tanto la precampaña electoral comprendida entre el 20 de noviembre de 2023 y el 18 de enero de 2024 como la campaña electoral que transcurrió entre el 1 de marzo y el 29 de mayo de 2024 para los procesos electorales a nivel presidencial, de diputaciones federales y de senadurías en México. Este monitoreo constituyó quizá uno de los mayores ejercicios de revisión de medios y análisis de contenido que existen en el mundo, en tanto que fueron analizados 73 programas durante la precampaña electoral y 503 programas de radio y televisión durante la campaña electoral, lo que derivó en un aproximado de 47.522 horas monitoreadas y 5.342 horas analizadas, en las cuales se detectaron y codificaron cerca de 327.000 piezas de monitoreo.

Si bien es habitual que los ejercicios de análisis de contenido y monitoreos realizados a nivel académico se centren en los espacios informativos o noticieros, el monitoreo mandatado por la ley al INE y encargado en su última edición a la UANL para su realización contempló no solamente el análisis de los noticiarios sino también de los programas de espectáculo y revista, así como de debate, opinión y análisis en los que se considera que se puede estar transmitiendo información a la ciudadanía acerca de los procesos electorales. Para ello se trabajó con una metodología compuesta por 13 variables que incluyen aspectos como tiempos dedicados a los diferentes actores políticos, valoraciones utilizadas para transmitir la información de estos actores o presencia de estereotipos de género y grupos en situación de discriminación a la hora de hablar de las diferentes personas candidatas. A partir de estas variables se pudo realizar un análisis amplio de la cobertura y tratamiento informativo ofrecido por los medios durante los procesos electorales.

Para ello se contó con un equipo conformado por cerca de 140 personas, entre monitoristas e integrantes del equipo de supervisión, revisión y coordinación, gracias a quienes se pudo realizar el monitoreo del PEF en México 2023-2024, cuyos resultados pueden consultarse en la página https://monitoreo2024.ine.mx/inicio. Los resultados ofrecidos semanalmente permitieron determinar cómo evolucionó la cobertura de los diferentes actores políticos a partir de los diferentes cortes de la precampaña y la campaña, pudiendo además adentrarse en las variables relativas a género y no-discriminación que posibilitaron conocer hasta qué punto la radio y la televisión utilizaron un lenguaje no incluyente, discriminatorio, sexista, homófobo o estereotipado para presentar a las diferentes personas candidatas, tanto a nivel presidencial como a nivel de diputaciones federales y senadurías.

Además, este monitoreo también ofreció variables relevantes desde el punto de vista académico, tales como la revisión de los temas utilizados a la hora de informar acerca de estos actores políticos, así como las menciones realizadas a actos violentos sufridos por personas candidatas y el registro de las ocasiones en las que desde los propios medios se realizaron condenas acerca de estas agresiones o amenazas sufridas en el contexto de los procesos electorales.

No cabe duda del tradicional interés que los propios partidos políticos tienen en los resultados de estos monitoreos, en tanto que se trata de un ejercicio que permite determinar hasta qué punto los medios son más o menos objetivos al ofrecer cobertura de las diferentes opciones políticas que concurren en las elecciones, es decir, hasta qué punto se presenta una cobertura equitativa de los diferentes actores políticos. Pero los resultados del monitoreo también pueden ser relevantes de cara al ejercicio de la práctica profesional en el ámbito mediático. No en vano la visión longitudinal e incluso la propia comparación con los resultados de los monitoreos anteriores permiten conocer cómo las personas profesionales de los medios presentan la información de la campaña electoral y hasta qué punto realizan procesos de editorialización que establecen marcos de comprensión, no solamente del PEF, sino de los propios actores que están involucrados en el mismo.

Debido a las especiales implicaciones que este monitoreo puede llegar a tener en el ámbito del desarrollo profesional del periodismo, se trata de un ejercicio de análisis que se desarrolla con respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa que debe prevalecer en los regímenes democráticos. Es por ello por lo que ciertas variables, como las valoraciones o el proceso de estereotipación, no son analizadas en los espacios de opinión, debate, análisis, espectáculo y revista, centrándose el análisis del proceso de editorialización en exclusiva a los contenidos informativos de los noticiarios de radio y televisión.

Finalmente, este ejercicio de monitoreo y análisis de noticias busca incidir en la propia sociedad, ofreciéndole a la ciudadanía información correcta, actualizada, objetiva y rigurosa sobre el papel que los medios desempeñan día a día en el desarrollo de nuestras democracias. Como se señaló anteriormente, los medios son actores cruciales a la hora de determinar la opinión pública estableciendo marcos de comprensión de la realidad social, es decir, trasladando una opinión publicada que constituye uno de los factores principales para la conformación de las opiniones de la ciudadanía acerca de los asuntos políticos y sociales que la rodean. Por ello es de esperar que sea la propia ciudadanía quien optimice el uso de este ejercicio de monitoreo, familiarizándose con cómo los diferentes programas, medios y grupos de comunicación llevaron adelante esa labor de cobertura electoral; de hacerlo, el monitoreo habrá cumplido su misión de transmitir una información esencial para la toma de decisiones.