Mentiras, ataques y ajuste: El camino libertario

Este año Aldo Javier Pinto, Camila Giménez y María Teresa Troiano murieron de cáncer. ¿Qué tenían en común además de su enfermedad? Los tres recibían medicamentos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) del Ministerio de Salud. Pero desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el programa se canceló y los enfermos que se beneficiaban de la asistencia dejaron de recibir su tratamiento. También se ajustó en transporte y, casualmente o no, recientemente un accidente de tren dejó 60 personas heridas. El gobierno responsabiliza a un operario del servicio cuando en realidad las señalizaciones no funcionaban.

Javier Milei ganó las elecciones con el discurso de un mega ajuste fiscal que solo afectaría a la “casta” política. Hoy, a seis meses de su asunción, la estigmatización de diversos sectores sociales es la estrategia del gobierno para conseguir el consenso social del ajuste. De hecho, casi la mitad del ajuste que ha realizado este gobierno ha sido a costa de las jubilaciones, y el argumento ha sido que muchas personas se jubilaron sin pagar aportes.

La sociedad argentina ha atravesado a lo largo de su historia varios períodos de ajuste, lo que ha derivado en costos políticos que ningún partido quiere asumir. Por ello, quienes buscan imponer medidas de recortes buscan distintas estrategias para contener una posible rebelión social. Milei ha elegido la estrategia maquiavélica de elegir enemigos, responsables de nuestros problemas, que el gobierno se encarga de vencer a través del ajuste. De esta manera, empezaron las campañas de estigmatizaciones del gobierno a través de mentiras y desinformaciones.

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y las Universidades públicas fueron señaladas como instituciones corrompidas y así Milei abrió camino a la reducción de fondos en ambos casos. El gobierno también denunció corrupción en la compra de medicamentos de la DADSE, frenando la entrega de las medicinas, lo cual afectó a miles de pacientes. Finalmente, el presidente también atacó a organizaciones sociales por la manipulación de los planes sociales que recibían sus afiliados, al mismo tiempo que denunciaban que el Estado estaba lleno de “ñoquis” (gente que no va a trabajar, pero igual cobra un salario), despidiendo así a miles de empleados estatales.

Esta campaña de estigmatización permitió sostener el ajuste durante un tiempo. Pero a medida que han ido pasando los meses y se han ido cayendo las mentiras, la base de oposición al gobierno ha ido aumentando. Las muertes por la falta de medicamentos empezaron a plantear una mirada crítica al ajuste. A eso se suma que tanto el FISU como las universidades habían sido auditadas previamente por organismos internos y externos, por lo que no había delitos denunciables.

El ajuste a las universidades, sin embargo, derivó en fuerte golpe para el gobierno con una movilización masiva donde se dejaron ver dirigentes de varios espacios de la oposición (peronismo y radicalismo, izquierda, sindicatos) y que motivó, posteriormente, a que el Congreso empezara a debatir un incremento del fondo educativo, en contraposición al deseo del gobierno.

Lo mismo pasó con el escándalo de las cinco mil toneladas de alimentos guardados en depósitos que no fueron distribuidos por problemas de gestión. Primero el gobierno afirmó que no existían, denunció que los comedores registrados no existían basándose en una lista previa a la pandemia. Luego dijo que no vencían y que los alimentos eran almacenados para emergencias, pero cuando llegaron las inundaciones se dijo que no tenían nada para aportar a las provincias. Finalmente, la justicia ordenó que se repartieran los alimentos, pero como se había despedido a miles de personas no hubo quien lo hiciera y se terminó asignando la tarea (algo que el gobierno criticaba) a una organización ultracatólica.

Uno de los casos más llamativos tiene que ver con las jubilaciones, el ajuste de las mismas explica casi la mitad del ajuste total realizado por el gobierno libertario. La estrategia en este sentido fue atacar a las personas que se habían jubilado sin haber realizado los aportes correspondientes. Se trata de personas que trabajaban en el mercado informal, en tareas domésticas o eran amas de casa y que pudieron acceder a moratorias previsionales que les permitieron recibir una jubilación y lograr que Argentina tuviera casi la totalidad de las personas en edad de jubilarse en esta situación. Sin embargo, para abrir las puertas al ajuste, el gobierno instauró el discurso: “las jubilaciones son bajas porque muchos se jubilaron sin aportar”, y se identificó a un enemigo: el kirchnerismo.

Si bien el gobierno ha reducido el déficit, su estrategia ha fracasado. A tan solo seis meses de la asunción de Milei, si bien su imagen todavía goza de buena salud, la clase política le está dando la espalda. Tras las reducciones de las pensiones, que explican casi la mitad del ajuste, el Congreso pretende votar un aumento de las mismas. En respuesta, Milei amenazó en una entrevista que iba a “vetar todo” y que le importaba “tres carajos”. Sin embargo, la oposición está muy cerca de alcanzar los 2/3 de los apoyos en ambas cámaras, lo que por un lado le impondría la agenda al presidente, y por otro, sería un fuerte golpe a la gobernabilidad.

Drogas sintéticas en América Latina: un desafío inminente

El ascenso de las drogas sintéticas está generando una nueva preocupación en América Latina. Aunque el fentanilo ha acaparado la mayor parte de la atención, otras sustancias psicoactivas no solo están redefiniendo el panorama de las adicciones y las sobredosis, sino que representan una seria amenaza para la salud pública y la seguridad en la región.

En los últimos años, Estados Unidos ha enfrentado un preocupante aumento en la prevalencia y diversidad de drogas sintéticas. Según un informe reciente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), este fenómeno no solo constituye un desafío significativo para la salud pública en el país, sino también para su marco legal y regulatorio. 

Aunque América Latina aún no ha abordado rigurosamente esta problemática, se encuentra en una encrucijada. La proliferación de laboratorios clandestinos y la falta de regulación en la industria farmacéutica han contribuido al paulatino surgimiento de nuevas drogas sintéticas en la región. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), “la oferta de drogas ilícitas —que sigue registrando cifras sin precedentes— y las redes de traficantes —cada vez más ágiles— agravan las crisis mundiales convergentes y suponen un reto para los servicios de salud y las respuestas policiales”.

El informe de la DEA también ilumina el creciente fenómeno del policonsumo, es decir, el uso simultáneo de múltiples sustancias, una situación que complica aún más el tratamiento de las adicciones. Esta tendencia hacia el consumo de combinaciones de drogas sintéticas agrava los riesgos para la salud y presenta retos significativos para los proveedores de salud en la identificación y tratamiento de sobredosis y adicciones. El policonsumo refleja la complejidad de la adicción moderna y destaca la necesidad de enfoques holísticos y multifacéticos en la prevención, educación y tratamiento.

El fenómeno del fentanilo y otras drogas sintéticas

Estados Unidos ha sido duramente golpeado por el fentanilo, una droga que se ha cobrado más de 90.000 vidas por sobredosis y ha generado una crisis de salud pública. La presencia del fentanilo en el mercado de drogas ilícitas ha desplazado a otras sustancias más tradicionales, lo que complica aún más la situación. Este fenómeno, conocido como “sustitución de drogas”, representa un desafío adicional para las autoridades que buscan controlar el problema.

Si bien aún no se ha alcanzado la misma prevalencia que en Estados Unidos, la posibilidad de un aumento en el tráfico y consumo de fentanilo en América Latina es una amenaza real. En entrevista con Infobae, Laura Richardson, general en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, manifestó: “Es solo cuestión de tiempo para que el fentanilo se convierta en epidemia en América Latina. Lo que vemos es con la cocaína, que es la droga predominante en esta región… Cocaína mezclada con fentanilo. Por eso tenemos que trabajar mejor juntos para ayudar a aplastar esta actividad criminal que solo permite a estas redes criminales y a sus carteras haberse ampliado”.

La amenaza no es solo el fentanilo. Los nitazenos, una clase de opioides sintéticos desarrollados desde los años 50, han resurgido recientemente como otra de las preocupaciones globales. Estas sustancias, que pueden ser cientos o miles de veces más potentes que la morfina, representan un peligro significativo debido a su alta toxicidad y capacidad para pasar desapercibidas. A pesar de que no se han realizado ensayos clínicos formales, se cree que los nitazenos también podrían ganar terreno en la región, lo que generaría efectos más devastadores que el fentanilo. 

A los fentanilos y nitazenos se suma la ketamina, reconocida por su papel como anestésico y sedante en entornos médicos y veterinarios, que ha despertado interés tanto en el ámbito médico como recreativo debido a sus efectos psicoactivos y disociativos. Aunque su uso terapéutico para tratar trastornos psiquiátricos, como la depresión resistente al tratamiento, es prometedora, su popularidad como droga recreativa, conocida como “Special K”, plantea importantes preocupaciones de salud pública.

El abuso de ketamina conlleva riesgos significativos, como el potencial de adicción, efectos secundarios adversos y daños en el tracto urinario. Además, su combinación con otras sustancias, como opiáceos y benzodiacepinas, aumenta el riesgo de sobredosis y efectos secundarios graves. 

Al mismo tiempo, las benzodiacepinas de diseño, presentes en forma de pastillas y a menudo falsificadas para parecerse a medicamentos legítimos, representan otra preocupación creciente en el mercado de drogas recreativas. Aunque aparentan ser inofensivas, estas sustancias pueden tener efectos diversos en los usuarios, desde provocar ansiedad o agitación hasta actuar como depresoras o alucinógenas. Además del riesgo de sobredosis, que es considerablemente mayor que el de las benzodiacepinas convencionales, estas drogas pueden desencadenar una amplia gama de efectos adversos, como sedación excesiva y riesgo de lesiones, especialmente cuando se combinan con otros depresores del sistema nervioso central como los opiáceos.

Desafíos y oportunidades en América Latina

En América Latina, la falta de regulación en la industria farmacéutica y la presencia de laboratorios clandestinos dificultan los esfuerzos para controlar la producción y distribución de estas sustancias. Además, la subestimación del problema y la falta de políticas públicas efectivas han dejado a la región vulnerable ante la amenaza de las drogas sintéticas.

La falta de recursos es otra limitación para la capacidad de respuesta de los países latinoamericanos. A lo anterior se suman factores como la corrupción, la insuficiente coordinación entre las agencias gubernamentales y el poco financiamiento para programas de prevención y tratamiento de fabricación, tráfico y consumo de drogas sintéticas.

Para abordar esta problemática en América Latina, es fundamental adoptar un enfoque integral que incluya acciones preventivas y políticas públicas efectivas, como el fortalecimiento del control farmacéutico, la revisión de la legislación existente y la implementación de medidas para detectar y prevenir el tráfico de drogas sintéticas. Asimismo, es crucial promover la conciencia pública sobre los riesgos asociados con el consumo de estas sustancias y fomentar la colaboración regional para enfrentar esta creciente amenaza.

En ese sentido, la cooperación internacional desempeña un papel fundamental en la lucha contra las drogas sintéticas. América Latina debe trabajar en estrecha colaboración con Estados Unidos y otros países afectados para compartir información, coordinar acciones y combatir eficazmente el tráfico ilícito de drogas. Esto incluye la colaboración en la interceptación de cargamentos de drogas, el desmantelamiento de redes de narcotráfico y el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal para llevar a los traficantes ante la justicia.

Dos años de Petro: entre el antipetrismo y la búsqueda del cambio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alcanza la mitad de su mandato. Estos dos años han estado marcados por altas expectativas, esperanzas de cambio y ambiciosas propuestas de transformación social impulsadas por el gobierno. Sin embargo, persisten problemas estructurales, y algunos avances se han visto empañados por escándalos de corrupción y varias decepciones frente al lento avance de algunas reformas.

Cabe recordar que desde que inició el gobierno de Petro, por ser el primero de izquierda en el país, se presentó una agenda ambiciosa en el marco de una oportunidad histórica en lo que el propio gobierno ha denominado “El gobierno del cambio”. Sin embargo, han sido varios los obstáculos que han impedido avanzar con varias de las propuestas por las que fue elegido en junio de 2022.

En primer lugar, el antipetrismo ha logrado consolidarse como una fuerza que ha afectado a la gestión del presidente. Ese rechazo hacia Petro como líder político, más que hacia la izquierda o el partido de gobierno en sí, ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar con varias reformas. Precisamente, estas han recibido escaso apoyo tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.

Dicho antipetrismo surge desde la gestión de Petro como alcalde y se intensificó en las ocasiones en las que Petro fue candidato a la presidencia. No es sorprendente que la frase “culpa de Petro” haya llegado a ser común, ya que refleja cómo el actual presidente empezó a generar cada vez más odio y, en consecuencia, varias de las emociones asociadas como ira, desprecio, frustración y miedo.  

La militancia de Petro en el M-19 durante su juventud contribuyó a que fuera visto como un símbolo del comunismo y quien encarna “el fantasma de Venezuela” en el país, lo que ha llevado a que en redes sociales se encuentren frecuentes ataques con el disfemismo “el presidente guerrillero”.

Por su parte, varios medios de comunicación colombianos, que no habían ejercido un papel muy activo de denuncia y crítica periodística a gobiernos anteriores, han sido determinantes para el aumento de la opinión pública negativa hacia Petro, cuestionando la gran mayoría de sus decisiones y acciones y dando una amplia cobertura, por ejemplo, a los escándalos que han salpicado a la actual gestión. Esta relación tensa con los medios ha sido determinante para el aumento de los niveles de desaprobación del presidente, que, según las últimas encuestas, se aproxima al 60%.

Por su parte, el presidente ha intentado defender su gestión y la pertinencia de sus reformas por canales oficiales y redes sociales, aunque con un uso muchas veces excesivo y poco asertivo de la red social X (antes Twitter).

En segundo lugar, han tenido lugar algunos escándalos de corrupción que han comprometido, directa e indirectamente, el avance de varios de los cambios que ha propuesto el actual gobierno. Este es el caso del escándalo de la compra de votos que salpicó al hijo del presidente, Nicolás Petro, y, sobre todo, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que habría sido usada por el gobierno para que congresistas aprobaran reformas por medio de millonarios contratos.

Precisamente, el que el “gobierno del cambio” continuara con prácticas de corrupción y clientelismo, como los gobiernos anteriores, ha generado indignación por parte sus electores, mientras que, por parte de la oposición y los detractores del gobierno, estos escándalos se presentan como nuevos e inusitados en la historia del país. Sin embargo, debe recordarse el escándalo de Oderbrecht durante el gobierno de Santos o el de la llamada “ñeñepolítica”, que consistió en la compra de votos para las elecciones de Iván Duque con dinero del narcotráfico o el de corrupción en el contrato de conectividad rural también en el gobierno de Duque, por solo mencionar algunos ejemplos.

En tercer lugar, la ingobernabilidad ha sido un fator determinante para los lentos avances en la agenda gubernamental. La frágil coalición con la que inició el gobierno en el Congreso se desplomó a los pocos meses, especialmente con los debates de la reforma a la salud. A pesar de lograr el avance con algunas reformas como la tributaria y la pensional, otras reformas clave como la de salud y la educación han recibido una fuerte oposición por parte del Congreso y de la opinión pública.

En este sentido, es evidente que, a diferencia de gobiernos anteriores, este gobierno ha tenido que demostrar habilidades de negociación significativamente superiores, pues es claro que no se trata únicamente de un debate técnico sobre la pertinencia de las reformas, sino que también refleja el poder persistente de los partidos tradicionales y conservadores en el Congreso. Igualmente, en el debate público han predominado más los ataques personales y las críticas generalizadas al gobierno que un serio debate sobre la pertinencia de las reformas y su contenido.

Finalmente, hay factores estructurales que han impedido el avance en la agenda del gobierno. Por ejemplo, el gobierno propuso metas ambiciosas relacionadas con la consolidación de paz en el país, quizá el más grande desafío que ha tenido Colombia en las últimas décadas. Es así como se impulsó la Paz Total, con la cual se abría espacio a la negociación con prácticamente todos los grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.

Sin embargo, a diferencia de procesos de paz anteriores, la fragmentación de los grupos armados y el mayor control territorial que han logrado, entre otras cosas, por haber ocupado los vacíos dejados por la guerrilla de las FARC, ha tornado más difícil la negociación. Esto ha llevado a que varios de estos grupos no hayan continuado en las mesas de negociación y el gobierno a este momento presente apenas avances parciales y muy concretos.

En conclusión, el gobierno de Petro ha enfrentado numerosos obstáculos que muy probablemente seguirán condicionando el progreso de las reformas durante el resto de su mandato. Ser el primer gobierno de izquierda en el país ha generado altas expectativas entre los votantes, pero también ha suscitado una oposición que continuará empleando diversos recursos, como influir en la opinión pública, para obstaculizar cualquier acción que implique un cambio sustancial.

Los errores que ha cometido el gobierno de Petro, como los relacionados a desacertados nombramientos y los escándalos de corrupción, no deben opacar la necesidad de avanzar con varias reformas sociales. Pero más allá de eso, es importante no olvidar la pertinencia de continuar ampliando la democracia en Colombia, históricamente excluyente y violenta en contra de fuerzas alternativas, como lo demuestra el asesinato de candidatos presidenciales y el exterminio de la Unión Patriótica.

La arriesgada apuesta de Kamala Harris

De nuevo Kamala Harris corrige la propuesta de la plana mayor del partido demócrata. En este caso, a la hora de elegir a la persona que completará su fórmula electoral, como candidato a vicepresidente. El perfil de los equipos demócratas presentaba tres requerimientos electorales: hombre, de raza blanca y de pensamiento político centrista. Kamala ha aceptado dos de esas tres características. Tenía que ser hombre, porque una fórmula de dos mujeres hubiera sido excesivamente progresista para el público estadounidense. Debía ser blanco, porque no se podía excluir a la mayoría racial de la fórmula presidencial. Y era preferible de pensamiento moderado y centrista para compensar la inclinación progresista californiana de Harris.

Al elegir a Tim Walz como compañero de fórmula, Kamala ha aceptado dos de los requerimientos electorales: es un hombre, bastante grande y masculino, rabiosamente blanco y con antecedentes marciales, ligado durante 25 años a la Guardia Nacional. Cierto, esas dos características, hombre y blanco, también las tenían los últimos cinco candidatos que se redujeron finalmente a tres. Pero el que cumplía cabalmente con la tercera condición (pensamiento centrista) no era Waltz sino el Gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que estuvo encabezando las quinielas hasta el final. Amigo y colega de Harris (fue fiscal general de Pensilvania al igual que Harris lo fue de California), es una figura popular a nivel nacional y tiene un tirón electoral importante: tres de cada diez simpatizantes de Donald Trump lo respaldarían.

Pero Shapiro presenta un punto controversial. Es judío confesional. De hecho, sería el primer judío que ocupara un puesto de vicepresidente en el país. Y eso, en la actual coyuntura, le ha convertido en una víctima colateral del conflicto militar en el Medio Oriente. Su defensa irrestricta de Israel no encajaba bien con la posición más favorable de Kamala -y otros sectores demócratas- a favor de una negociación entre todas las partes. Además, Shapiro presenta también otra característica disonante: tiene peso político propio a nivel federal, también dentro del partido, algo que Harris ha visto como inconveniente, aunque lo ha dicho en clave: “No quiero alguien que solo me haga ganar las elecciones, sino también que comparta mis valores y en el que tenga confianza personal”. Algunos demócratas han añadido: “y que no me haga demasiada sombra”.

El elegido finalmente, Tim Walz, cumple claramente con el tercer parámetro que deseaba Kamala. Comparte plenamente los planteamientos progresistas de su jefa y, de hecho, es el preferido de los distintos grupos progresistas y de izquierda dentro del partido, especialmente en lo que se refiere a los puntos álgidos del programa (derechos sexuales y reproductivos, migración, servicios sociales, etc.). Por otra parte, Walz, que no tiene tanto capital político como Shapiro, tiene fama de confiable en su vida política y cumple con el nivel de lealtad que Harris ha requerido.

Sin embargo, al haber establecido una fórmula enteramente progresista, Harris coloca al electorado estadounidense ante un escenario de fuerte contraste político. Es difícil encontrar una imagen más opuesta de lo que presentan cada uno de los candidatos a presidir el país. La cuestión consiste en saber si esa elección polarizada favorece a Harris o a Trump. Como ha dicho un observador demócrata: “no importa tanto lo simpática y progresista que nos parezca Kamala, sino si eso es lo que realmente necesitamos para impedir que Trump regrese al gobierno de Estados Unidos”. En esa perspectiva, podría invertirse la frase de Kamala al elegir a Walz como compañero de fórmula: podría suceder que alguien que comparte sus valores y le otorga confianza personal, no le ayude lo suficiente para ganar las elecciones.

En todo caso, Harris ha elegido un camino distinto del preferido por la dirigencia demócrata, que buscaba evitar el escenario polarizado, en el que hay que jugarse el todo por el todo y se ofrece un flanco fácil, que el equipo de Trump ha atacado de inmediato: “es la fórmula del izquierdismo radical” ha dicho uno de sus portavoces; mientras Trump aseguraba: “estoy encantado por la decisión de Kamala de escoger a Walz, porque demuestra su verdadero grado de izquierdismo”. Definitivamente, Harris ha logrado arrastrar a sus seguidores por la senda del entusiasmo, pero no cabe duda de que ha optado por una arriesgada apuesta electoral. Ojalá le resulte.

Ciencia de datos: futuro de la democracia

“La democracia es el peor sistema de gobierno excepto por todos los otros sistemas que se han probado”, afirmaba Churchill. Efectivamente, la toma y ejecución de decisiones tiende a ser más tortuosa y lenta al amparo de la institucionalidad democrática que bajo regímenes verticales. Por otra parte, en lo que se refiere a aspirar al poder y votar, el sistema democrático otorga derechos idénticos a todos los ciudadanos, independientemente de diferencias en conocimientos, experiencia, valores o compromiso con el país. Pero el objetivo de Churchill con esa reflexión era resaltar que, a pesar de sus posibles debilidades, la democracia era el mejor sistema para garantizar la libertad, la equidad y los derechos humanos.

Hoy la democracia en el mundo se ve amenazada no por las dudas derivadas de su inherente lentitud o sus principios de igualdad política, sino por la baja calidad de la mayoría de los dirigentes escogidos por medio del voto. Un cinismo extremo se ha apoderado de la relación entre políticos y la ciudadanía. Algunos políticos apuestan a una presumida falta de sabiduría y discernimiento de la gente, especializándose en desentrañar y profundizar sus desconfianzas y enojos y en erigirse como sus voceros. El objetivo de esos políticos no es construir y ejecutar un programa de desarrollo relevante y realista sino apilar popularidad por medio de esa vocería. La ausencia de logros en materia sustantiva es atribuida a los “otros”, lo cual ahonda los enojos y salvaguarda la popularidad.

Las decisiones sobre cómo votar están matizadas, desde aun antes de la actual era de posverdad y fake news, por desinformación. Se elige, principalmente, bajo la influencia del expoleo de resentimientos, de mentiras sobre los oponentes y el pasado, de afinidades focalizadas en estrechos pasadizos ideológico-culturales, de transacciones clientelistas, de inercia o a partir de criterios psicológicos (“Me cae bien”, “Tiene carisma”, “Es humilde”, “Me sonrió”, etc.); nada de lo cual está relacionado con las aspiraciones sustantivas de la mayoría de las personas. A la tendencia de los contendores para ocultar carencias e inventar y exagerar virtudes, se agrega, en el caso de buena parte de los votantes, la incapacidad para, la imposibilidad de o el desinterés en desentrañar quién tiene los atributos que en su criterio deben caracterizar a un buen presidente (diputado, alcalde o regidor).

Para un votante el mejor candidato o candidata debe ser el o la que esté más cercano o cercana a la materialización de sus aspiraciones sustantivas. Esto es un requisito mínimo para que funcione la democracia. Dentro de estas aspiraciones, a manera de ejemplo, existiría el votante que desee que el presidente sea ambientalista, promotor de todos los derechos humanos, convencido de igualar el acceso a las oportunidades de movilidad social por medio del activismo gubernamental, descentralizador, neutral en asuntos geopolíticos y honesto. Otro votante podría querer un presidente que promueva una economía dirigida por las fuerzas del mercado, bíblico en materia de derechos humanos, indiferente al calentamiento global, aliado incondicional a Estados Unidos y convencido de que la astucia es un valor superior al de la honestidad. Así mismo, podría haber votantes que busquen un presidente únicamente con experiencia política y con títulos universitarios, otros pueden aspirar a un presidente con experiencia empresarial.  Otros podrían querer ser gobernados por una persona con una mezcla de esas características y otros, con una visión más acotada, podrían estar interesados en un solo atributo, por ejemplo, que crea en la distribución equitativa del ingreso, que esté comprometido con la disciplina fiscal o que sea honesto.

Es alrededor de este tipo de posiciones en asuntos sustantivos y valores morales e ideológicos donde se debería concentrar el poder de las mayorías que debe garantizar la democracia. Creo que, para lograrlo, la democracia del futuro debe tener las características que a continuación detallo. 

A los electores se les presentaría dos papeletas: una con una lista de decisiones posibles en materia sustantiva sobre los asuntos más relevantes para el desarrollo y otra con una lista de valores. Cada uno votaría en cada papeleta en orden descendente de preferencia de acuerdo a la importancia que les endose. Más aún, los electores podrían añadir temas y valores que no están incorporados en las papeletas y darles con su voto el ranking de su preferencia. 

Las votaciones se llevarían a cabo en teléfonos, computadoras o relojes inteligentes, accediendo por medio de una clave individual, a lo largo de varios días, de tal manera que los ciudadanos puedan decidir sin presiones el orden de sus predilecciones. 

Utilizando herramientas tecnológicas (hoy en día de uso común), el resultado de las votaciones sería la lista de asuntos ordenados ponderadamente en el orden de preferencia otorgado por los ciudadanos en su conjunto. Es el mismo método que se utiliza en los países donde existe el voto preferente, solo que en este caso estaría destinado a ranquear preferencias en relación con asuntos sustantivos, no en relación con nombres de aspirantes.

En esta etapa del proceso democrático —la centrada en asuntos sustantivos y valores— los electores estarían escogiendo los atributos (el pensamiento, la personalidad, la experiencia, etc.) que deben caracterizar al presidente. Su participación y su expresión de poder se focalizaría en construir por mayoría el perfil programático y moral del presidente deseado, no en escoger el presidente.

En esta tarea entraría la ciencia de datos como herramienta para seleccionar entre las personas que aspiran al poder la que más se acerca al programa de gobierno y los valores preferidos por la mayoría de los votantes. Para ello, se utilizaría todos los registros de información desde la niñez, incorporados en escuelas, colegios, universidades, clínicas, bancos, autoridad tributaria, registros de la propiedad, migración, ministerio de trabajo, instituciones y empresas aseguradoras, ministerio de transportes, Poder Judicial, protocolos de abogados, cámaras de vigilancia (CCTVs), emisores de tarjetas de créditos, internet de las cosas, IA, agencias de inteligencia, así como discursos, escritos, exámenes, trabajos de graduación, correos electrónicos, mensajes por redes sociales, etc.

Dada la normativa protectora de la privacidad, un requisito para aspirar a la presidencia (o diputación, alcaldía, etc.) sería autorizar a la autoridad electoral —quien sería la encargada de implementar la ciencia de datos— a que permita a los algoritmos buscar y acceder a toda información sobre el aspirante. El fundamento de esa obligación sería que nada puede ser privado de quien aspire a administrar lo público.

Elegido el presidente de esta manera, las debilidades de la democracia señaladas al inicio serían superadas. Las computadoras y los programas que recopilarían, administrarían y procesarían los datos escogerían al candidato que tenga las características personales y conceptuales más cercanas a los valores y las prioridades programáticas y conceptuales que los votantes esperan que tipifiquen a su presidente. La carencia de información de los votantes por cualquier razón (incapacidad, imposibilidad o desinterés) ya no sería obstáculo para escoger a la persona que más se acerque a sus visiones, pues ese es el problema que precisamente resolvería la utilización de la ciencia de datos.

Además de las ventajas señaladas, esta metodología podría eliminar la necesidad de los partidos políticos y de las campañas electorales alrededor de personas. Estas se centrarían exclusivamente en programas y valores, pues las personas serían escogidas por los algoritmos.

Todo ciudadano podría aspirar, siempre y cuando permita que la información completa sobre su vida esté a disposición de los algoritmos de la ciencia de datos. Entonces serán escogidos de acuerdo a lo que efectivamente son y han sido y no de acuerdo a lo que en una campaña tapicen, prediquen y prometan. En la práctica, los ciudadanos seleccionarían los valores y el programa de gobierno de su preferencia y los algoritmos escogerían al aspirante más identificado con esos valores y ese programa. 

No deberíamos esperar a que los problemas que enfrenta el sistema democrático lo destruyan; más bien deberíamos perfeccionarlo, por medio de una ruta como la aquí sugerida. 

En lugar de temer o negar los avances tecnológicos, debemos maximizar su uso y ponerlos a nuestro servicio. Antes de permitir que los enemigos de la democracia sigan cosechando triunfos, derrotemos sus métodos con tecnología. 

¿Recesión en EEUU? Influencers, narrativas y profecías autocumplidas

Viernes 2 de agosto del 2024. Las redes sociales estallan y no precisamente con memes de Yusuf Dikec, el desenfadado tirador turco que se llevó la medalla de plata en París disparando con una mano en el bolsillo. El nuevo trending topic: las alertas de recesión en Estados Unidos. El principal culpable: 4.3%, la tasa de desempleo para el mes de julio[1].

Esta cifra, la más alta en tres años, representa para muchos el fin del “aterrizaje suave” con el que la FED esperaba alcanzar su meta de 2% de inflación anual sin que la economía entrara en recesión. Pero más que la cifra de desempleo en sí misma, lo que generó el mayor nerviosismo en los operadores de mercado (conocidos fanáticos de las “reglas de pulgar”) fue la activación de la señal de recesión de la Sahm Rule[2], un indicador desarrollado por la economista estadounidense Claudia Sahm que ha logrado identificar correctamente todas las recesiones en la economía americana desde 1972.

Mientras tanto, en las redes sociales, los influencers financieros corren con el cabello en llamas a través de Linkedin, TikTok y X, anunciado la llegada del apocalipsis económico (acompañado de un pretencioso “I told you so” y del lanzamiento de su nuevo substack). El mensaje general: La recesión es inminente.

Lunes 5 de agosto del 2024. Los mercados globales se tambalean. En Japón, el índice Nikkei registra su mayor caída desde el Black Monday de 1987. En Estados Unidos, los índices S&P 500 y Dow Jones tienen su peor jornada desde septiembre del 2022. El Nasdaq cae un 3.4%. El rendimiento del bono del tesoro estadounidense a 10 años cae por debajo del 3.7%, una clara señal de incremento en la aversión al riesgo. El VIX, conocido como “el índice del miedo” por medir la volatilidad del mercado accionario, experimenta el mayor incremento intradía en su historia. En América Latina, las principales monedas sufren depreciaciones considerables frente al dólar.

El pánico se propaga. La narrativa de recesión gana momentum. Según Google Trends, solo el lunes 5 de agosto las búsquedas que incluyeron la palabra “recesión” se multiplicaron por 20 respecto al lunes anterior (un incremento del 1,900%).

Jueves 8 de agosto del 2024. Llega la calma, la gloriosa calma. Un comunicado de la FED que hace más explícita su disposición a reducir la tasa de referencia en setiembre, combinado con datos más benignos de lo esperado sobre las solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos (UI Claims), funcionan como un shot de agua de azahar que devuelve el alma al cuerpo a los mercados.

Mansas gaviotas sobrevuelan sobre los escombros dejados por la tormenta de los días anteriores. Una canción de Bob Marley suena en una radio vieja semienterrada en la arena blanca de una playa desierta.  Los influencers reemplazan sus anuncios incendiarios de días anteriores por sentidos elogios a los deportistas más destacados en las olimpiadas de París. No queda rastro de la conflagración capilar que inflamó sus cueros cabelludos al inicio de la semana.

En este punto, apreciado lector, usted probablemente se pregunte, con justificada perplejidad: ¿Entonces, habrá o no habrá recesión en Estados Unidos?

Muy a mi pesar, tendré que empezar mi respuesta haciendo gala de uno de los estigmas que aqueja a la profesión económica:  el infame “depende”. ¿De qué depende?

Son dos las fuerzas que interactúan para materializar (o no) la posibilidad de una recesión: Los Fundamentos Económicos y Las Narrativas.

Si empezamos con los fundamentos económicos, la respuesta corta a su pregunta es No. Los datos no muestran evidencia suficiente de debilidad en la economía que justifique una recesión. Pero ¿y la Sahm Rule, la que nunca se equivoca? La respuesta a la pregunta inicial sigue siendo No. Veamos por qué

Las regularidades en los datos (de las cuales depende la precisión de la “Sahm Rule” y otros indicadores como la inversión de la curva de rendimiento) son buenos predictores de recesiones, en la medida en que el comportamiento estructural de la economía no cambie sustancialmente a través del tiempo.

Sin embargo, como diría la extraordinaria Carmen Reinhart (y con el perdón de los que están hartos de escucharlo), this time is different. El comportamiento de hogares y firmas ha cambiado mucho en los últimos años. Además de esto, existen elementos coyunturales muy importantes que explicarían por qué esta vez se trata de una falsa alarma.

Por ejemplo, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), en el 2023 ingresaron alrededor de 3.3 millones de inmigrantes a Estados Unidos, más de 3 veces el promedio anual de los últimos años (alrededor de 1 millón). Este influjo extraordinario de personas al país implicó un crecimiento también extraordinario en la fuerza de trabajo. Esto implicaría que una porción significativa del incremento de la tasa de desempleo se deba a este importante flujo inmigratorio y no tanto a la debilidad en la demanda de empleo por parte de empresas. Esta hipótesis es consistente con lo observado en los datos: no hay evidencia de un incremento significativo en despidos.

Por otro lado, además de que el mercado laboral aún no muestra grietas significativas que podrían justificar una recesión, el consumo de los hogares aún es robusto, el sistema financiero es sólido, y la FED cuenta con un amplio espacio para recortar su tasa de referencia (actualmente en el rango de 5.25%-5.5%) frente a un mayor deterioro de la economía.

Pero no cantemos victoria tan rápido. Los fundamentos económicos pueden ser socavados rápidamente por narrativas negativas que se hacen virales. Como decía mi abuelita, “las percepciones son realidades”. Ella nunca conoció al premio nobel de economía Robert Shiller ni tampoco leyó su libro “Narrative Economics” pero creo que se hubieran llevado muy bien. Parafraseando a Shiller: “Las narrativas económicas tienen la capacidad de propagarse rápidamente, afectando a grandes grupos de personas, de manera similar a cómo se propagan las enfermedades infecciosas”.

De hecho, conectando lo anterior con otro gran libro de otro gran autor (“Sapiens” de Yuval Noah Harari), nuestra predisposición hacia las narrativas, así estas refuercen sesgos cognitivos y no estén basadas en un análisis objetivo de la realidad, son un mecanismo de supervivencia que cargamos en nuestro ADN desde los orígenes de nuestra especie. ¡Nuestro cerebro necesita confirmar creencias previas y justificar el pánico del momento!

Es decir, aún si los fundamentos económicos son sólidos y todo el furor en redes de esta semana corresponde a una reacción exagerada a falsas alarmas de indicadores imperfectos, la viralización de las narrativas “hair on fire” puede ser suficiente para convertir percepciones no fundadas en una real recesión. Y, en América Latina, ciertamente estamos expuestos a ello.Influencers, calmaos. Extintores a la mano.

Venezuela y las relaciones diplomáticas interrumpidas

El contexto: una tendencia contundente e irreversible

El 28 de julio se viven momentos de tensión en Caracas mientras se esperan los resultados oficiales de las elecciones presidenciales para el período 2025-2031. Entrada la noche, el Consejo Nacional Electoral anuncia que, con el 80% de las actas transmitidas, existe una “tendencia contundente e irreversible” que da la victoria de Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos. El candidato más votado de la oposición, Edmundo González, alcanza el 44,2%. El abanico de reacciones internacionales no se hizo esperar: desde aceptación y apoyo, pasando por el pedido de transparencia, imparcialidad y garantías en los resultados, así como la búsqueda de acuerdos que permitan una solución política, hasta cuestionar los resultados presentados por el Poder Electoral y apoyar expresamente al mencionado candidato opositor.

El día siguiente, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emiten un comunicado contundente: exigen “la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente”. Asimismo, solicitan una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la cual se discuta el tema. Desde la región, a estas declaraciones se suman las del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien afirma que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”.

A partir de este momento, el escenario cambia drásticamente en términos diplomáticos: el gobierno de Nicolás Maduro rechaza las “injerencistas acciones y declaraciones” y determina el retiro inmediato del personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay en territorio venezolano. ¿Qué significa? ¿Cómo está regulado internacionalmente este tema? ¿Cómo continúa el vínculo entre los estados involucrados?

Relaciones diplomáticas

Las relaciones diplomáticas entre estados son reguladas por la Convención de Viena de 1961, un tratado que regula las relaciones diplomáticas y la inmunidad del personal diplomático, así como la inviolabilidad de los locales de la misión. Los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas y sus observadores permanentes son parte de la convención. En estados como Palaos o Sudán del Sur, que no son signatarios, sus disposiciones se aplican como parte de la costumbre internacional. En 1963 este tratado se complementó con la Convención sobre Relaciones Consulares que regula la protección de los intereses del estado que envía y sus nacionales, el fomento de las relaciones comerciales y culturales, la extensión de pasaportes y documentos de viaje y la asistencia a los nacionales, entre otras cosas.

Ahora bien, volviendo a la situación en Venezuela y la intimación de retiro de los funcionarios diplomáticos, es importante precisar que, conforme al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el estado receptor “podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable”. La premura y la polémica ocasión en que se comunica la decisión es, sin duda, fuente de cuestionamientos. De hecho, fue calificada como “injustificada y desproporcionada” por Uruguay, y como una demostración de “profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”, por Chile.

¿Esto significa que se rompieron las relaciones diplomáticas? El comunicado de Venezuela no contiene una declaración expresa en tal sentido, si bien los funcionarios diplomáticos venezolanos también fueron retirados de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Jurídicamente, los vínculos se mantienen y la interrupción es temporal. Entonces, ¿cómo continúan las relaciones entre las partes, en particular, en materia diplomática y consular? ¿Quién protegerá en territorio venezolano los intereses de los nacionales de los estados mencionados o los atenderá en caso de requerir un pasaporte, por ejemplo?

La situación de Argentina es un ejemplo ilustrativo. El 1 de agosto, la Cancillería anuncia que Brasil se encargará de “la custodia de los locales de la misión argentina en Caracas, incluyendo la Embajada y la Residencia Oficial, sus bienes y archivos, así como la protección de sus intereses y los de los nacionales argentinos en territorio venezolano”, en seguimiento del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y los artículos 8 y 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Brasil también se encargará de la protección de los asilados, aspecto de particular relevancia en el contexto actual. Desde el 20 de marzo, en la Embajada de Argentina en Caracas se encuentran asilados seis miembros de la campaña de los opositores María Corina Machado y Edmundo González. Incluso el 29 de julio, uno de ellos denuncia en la red social X que efectivos de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas intentaban ingresar por la fuerza al local de la misión, complementando con una transmisión en vivo de Instagram para documentar los momentos de tensión.

Aunque hasta el momento no hay pronunciamiento desde el gobierno argentino, cabe señalar que también es de aplicación la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, ya que en su artículo 22 indica que los locales de la misión son inviolables, y los agentes del estado receptor solo pueden ingresar con autorización del Jefe de Misión. Asimismo, el estado receptor tiene la obligación de proteger los locales de las misiones diplomáticas acreditadas.

El futuro incierto

Una semana después de los comicios, los cuestionamientos y las reacciones políticas continúan y los diplomáticos retirados retornan a sus países —en el caso de Argentina con dificultades por el cierre del espacio aéreo venezolano para aeronaves de matrícula de ese país—. Sin embargo, las preguntas sobre cómo se resolverán las relaciones diplomáticas interrumpidas aumentan. En Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay viven casi dos millones y medio de migrantes venezolanos, conforme a datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Para los venezolanos en el exilio la incertidumbre sobre el destino de su país, y el propio, se acrecienta.

La salud mental de una región en crisis: el suicidio en América Latina

El suicidio es la causa de más de 703,000 muertes al año en todo el mundo, lo que equivale a que cada 40 segundos una persona se quite la vida, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La salud mental no había sido tema de discusión por años, pero luego de la pandemia de COVID-19 ha recobrado la importancia que merece, aunque no a los niveles necesarios para la implementación de políticas específicas. De hecho, esta es la cuarta causa de muerte a nivel global y la tercera en América Latina donde en 2019, unas 98,000 personas de entre los 15 y los 29 años se quitaron la vida, según la OMS.

En el año 2000, la tasa de suicidios en América fue de 7.53 suicidios por cada 100,000 habitantes, en contraste con las 21.88 suicidios por cada 100,000 habitantes en Europa, según datos de Burden of Suicides de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para el año 2019, la tasa de suicidios en América aumentó a 9.64, mientras que en Europa descendió a 12.76.

De acuerdo con esa misma fuente, durante el periodo 2000-2019, el mayor índice de suicidios se encuentra en Estados Unidos y Canadá, en comparación con el resto de los países de la región. En América Latina y El Caribe, Uruguay es el país que presenta la mayor tasa de suicidios (15.51), el doble del promedio de la región (6.5).

La salud mental considera varios aspectos como la salud emocional, cognitiva y conductual, así como la capacidad de enfrentar y adaptarse eficazmente a los desafíos de la vida. Estas condiciones de buena salud mental requieren comprender la salud como un bien común e implica que, el bienestar de la sociedad depende de la participación y el compromiso de todos sus miembros para lograrlo.

Sin embargo, cuando este estado de bienestar se ve afectado, pueden manifestarse diversos trastornos como resultado del sufrimiento emocional. El exceso de dolor y angustia pueden llevar a las personas a contemplar el suicidio.

A pesar de que la decisión de quitarse la vida es individual, las implicaciones sociales del suicidio son sustanciales en términos de la salud y el bienestar de una comunidad y de la sociedad en su conjunto. Por tales motivos, este fenómeno debe considerarse un problema de salud mental y de salud pública que requiere la acción conjunta de los gobiernos, las instituciones de salud y la sociedad en general para ser solucionado.

La OMS considera cuatro acciones claves para mejorar este estado situacional: 1) la promoción, que busca incidir sobre los determinantes favorables (factores de protección, es decir, condiciones que favorezcan a la disminución de la vulnerabilidad de una persona al suicidio y al aumento de su capacidad para afrontar las dificultades) para la salud de la sociedad; 2) la prevención, que busca detectar y trata con anticipación a las personas con un mayor riesgo de suicidio; 3) la intervención, que consiste en brindar apoyo y tratamiento al individuo que ha tenido un intento de suicidio, así como a su familia; y finalmente, 4) el enfoque multisectorial, que promueve la colaboración y coordinación entre diversos sectores de la sociedad.

Para que la intervención desde la política pública sea eficiente y efectiva, es requisito fundamental que los Estados garanticen la estabilidad fiscal, de tal manera que las intervenciones sean sostenibles. La perspectiva económica es relevante debido al cumplimiento de las reglas fiscales, pero también teniendo en cuenta que la pérdida de vidas a causa del suicidio tiene repercusiones en la fuerza laboral y la productividad de los países.

La participación del Estado adquiere un papel primordial con la implementación de políticas públicas, que son posibles gracias a la inversión del gobierno. De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), en promedio entre el 2000 al 2019, representó aproximadamente el 7.21% del presupuesto total de los gobiernos de América Latina. Presentando un aumento gradual, con un mínimo del 5.84% en 2003 y un máximo del 11.86% en 2019.

El país de la región que más presupuesto destinó al sector salud en el período analizado es Chile (3,97% del PIB). Sin embargo, resulta un número relativamente bajo, pues es menor al porcentaje más bajo destinado al sector salud por un país europeo, Letonia, que destinó un 4,17% de su PIB.

De acuerdo con el World Bank Open Data, el gasto en salud mental como porcentaje del gasto total en salud en la región está encabezado por Jamaica y Costa Rica con el 6,04% y el 2,91% respectivamente. Otros países como Paraguay y Perú comprometen una fracción menor de sus recursos, con tan solo el 0,31% y el 0,27%, respectivamente. Este destino del gasto en salud mental resalta las prioridades de gasto de los gobiernos respecto a este tema.

En el corto plazo es crucial enfocarse en la capacitación del personal de salud para afrontar casos de autolesión y muestras de enfermedades psicológicas. Mientras que en el largo plazo, será necesario evaluar los resultados de las políticas públicas ya implementadas como la creación y mantenimiento de infraestructura médica, en lo tangible; y los esfuerzos para reducir el estigma asociado a ciertas condiciones de salud como problemas de salud mental, en lo intangible.

El impacto del aumento del gasto público en salud no se manifiesta de manera inmediata, la inversión en salud mental mostrará resultados en el largo plazo, y aunque los réditos políticos no sean tan evidentes en las esperadas elecciones, la inversión en salud en general es crucial para el bien de las familias y los países. Ojalá la clase política latinoamericana entienda que los verdaderos estadistas deben pensar en la siguiente generación y no en la próxima elección.

Transición energética y restricción externa: ¿hacia dónde se encamina la región?

Vivimos momentos difíciles, coyunturas trascendentales. La humanidad ha cruzado seis de los nueve límites del planeta. El agravamiento de la emergencia climática provoca eventos extremos cada día más potentes, lo cual nos exige mayores inversiones en adaptación. Dicha urgencia induce a los gobiernos a lanzar nuevos proyectos en energías renovables, una inversión en mitigación que reduce la voracidad del riesgo climático. Sin embargo, avanzar con la transición, mutar hacia una matriz energética renovable, genera un impacto financiero que no siempre resulta correctamente mensurado. Así las cosas, los riesgos climáticos ya impactan en el sector financiero, tanto en el presente inmediato (costos que generan los desastres naturales) como a mediano plazo (costos asociados a la presencia de activos varados).

Pero el presente no solo requiere de grandes inversiones; impone también nuevos desafíos, con repercusiones tanto a corto como a mediano y largo plazo. Aunque ello incluye diversas aristas, el análisis aquí se centra en la interrelación que existe entre el cambio climático, el modelo de desarrollo y la restricción externa.

La restricción externa se relaciona con una visión de desarrollo centrada en la demanda, asociada a una mirada estructuralista tanto como post-keynesiana, destacando el papel que juegan las dinámicas de exportaciones e importaciones en el desarrollo económico de largo plazo. La balanza comercial muestra ciclos recurrentes, porque los productos que se exportan desde la región muestran bajos niveles de elasticidad mientras que las importaciones que llegan de fuera se asocian con bienes de alta elasticidad, se disparan ante el mínimo signo de recuperación. La falta de divisas es una constante en nuestra historia como región, lo que llevó a numerosos gobiernos a estimular el proceso de industrialización por sustituciones a mediados del siglo pasado. Ya en los años 70 se pensó evitar tal escasez a partir de la apertura financiera, fomentar la entrada de capitales del exterior, unas experiencias que siempre terminaron en crisis y nuevo endeudamiento.

Considerando la dinámica exportadora, en los últimos años los recursos naturales han dominado las ventas externas de la región. Mientras que en el Asia-Pacífico se avanzaba hacia una mayor diversificación productiva, los proyectos extractivos terminan induciendo una economía de enclave en Sudamérica. Explotamos litio y cobre, compramos baterías y telefonía celular, pero también vendemos petróleo al tiempo que importamos paneles solares. Tal patrón de comercio termina impulsando un determinado patrón de inversiones, fondos que arriban en busca de las ventajas competitivas que ofrece la región.


Centremos nuestra atención en los flujos de comercio-inversión en materia energética. Se plantean ventajas asociadas a la presencia de reservas de petróleo, se abren ventanas, se impulsa la llegada de inversores. No solo se les ofrecen incentivos fiscales y cambiarios; en nombre de la seguridad jurídica se promete estabilidad al sector petrolero, lo cual los blinda ante cualquier proyecto de transición energética. 

Pero, a diferencia de lo observado con otros recursos, ninguno de los países de la región logra competir con los grandes jugadores de la industria petrolera. En otras palabras, no contamos con las ventajas comparativas que exhiben países como Arabia Saudita. Esto no debería pasarse por alto, más cuando desde diversos ámbitos se nos alerta de lo cercano que se encuentra el pico de petróleo. Aun cuando la caída en la demanda no resulte inmediata, lo que sí puede ser abrupto es la caída en el valor de los activos: cuando el pico de demanda resulte próximo, los inversores saldrán a vender sus acciones del sector petrolero. Actitudes como esta aceleran la salida de capitales, lo cual acrecienta la restricción externa —amén de los eventuales juicios que eventualmente presente el sector ante la alteración en su ecuación económico-financiera que conlleva la irrupción de un activo varado.


Por otra parte, alentar la llegada de inversores al sector petrolero resulta ciertamente erróneo desde una perspectiva de largo plazo. En materia tecnológica, son las energías renovables las que prometen mayores innovaciones, es la industria disruptiva. De allí se obtendrán las futuras rentas, las cuales resultan claves para garantizar un proceso de desarrollo inclusivo amén de sostenible. Inexorablemente la descarbonización avanza en distintos rincones del mundo; de no hacer nada (o persistir con el modelo petrolero), más temprano que tarde esto afectará al esquema productivo y la inserción externa de la región. Proseguir con los proyectos petroleros implica instaurar una senda de desarrollo equivocada, un bloqueo tecnológico que condena al país al pasado.

Pese a ello, algunos economistas siguen pensando en la demanda agregada con incidencia coyuntural que las decisiones del presente no influyen en las acciones del mañana. La profundización del modelo extractivo puede, en el corto plazo, inducir una sobrevaluación del tipo de cambio, la tan mentada “enfermedad holandesa”, con graves consecuencias en la estructura productiva. Esta resolución (temporal) de la restricción externa bloquea el surgimiento de proyectos verdes tanto como de la inversión en energías renovables, el país deviene un “refugio de la contaminación”. De ahí que toda política que evite la sobrevaluación de la moneda doméstica resulta bienvenida, en particular aquellas que inducen al cambio estructural, tal como resulta una política de industrialización en clave verde.

Las innovaciones verdes inducen procesos de innovación abiertos al tiempo que promueven el trabajo en red. Desde una perspectiva macro, avanzar con la transición energética implica reducir la incertidumbre que caracteriza al mercado petrolero, fuertemente afectado por las tensiones geopolíticas y la especulación financiera.

Dicha transformación productiva, por otra parte, enlaza las urgencias del presente con las restricciones del largo plazo. Avanzar hacia una “industrialización verde” implica ofrecer productos de elasticidad elevada, que generan renta y ayudan a resolver la restricción externa. La descarbonización de la matriz productiva no solo transforma la canasta exportadora, resguarda también al medio ambiente.

La urgencia de la crisis climática nos conecta con este último escenario: los límites del planeta nos obligan a cambiar de modelo productivo tanto como abandonar patrones de consumo. Determinados factores no resultan sustituibles, en tiempos de emergencia climática manda el concepto de sostenibilidad dura. La economía debe reconocer la restricción que le impone la naturaleza. Ello obliga a ejercer menos presión sobre el medio ambiente, pero también a avanzar hacia procesos productivos con tecnologías, productos y servicios que reduzcan el riesgo ambiental al tiempo que minimicen el uso de recursos. Resulta imperioso movernos hacia una “economía verde”, hacia nuevos patrones de consumo y producción. Dicho cambio implica un nuevo enfoque de desarrollo, un cambio estructural verde inclusivo y sustentable.

Nuestras sociedades deben enfrentar el cambio climático en un contexto de fuerte incertidumbre: se desconoce el momento en que irrumpirá un quiebre y rompa el equilibrio del ecosistema en cuestión (descongelamiento de los casquetes polares, desertificación del Amazonas, pérdida del permafrost). A fin de impedir dicha ocurrencia, se debe actuar, invertir en proyectos de mitigación. Que ello no ocurra, que se sigan alentando proyectos petroleros, se explica por ambiciones desmedidas de la clase empresarial tanto como por la miopía de la clase dirigente. En pocas palabras: codicia y poder.

Desigualdad climática: un desastre nada natural

Por décadas, América Latina ha sido la región más desigual del planeta. Además, es altamente vulnerable al impacto del cambio climático, a pesar de que sus emisiones totales representan aproximadamente el 8,3% de las emisiones globales. Esto es especialmente evidente en áreas estratégicas como la Amazonía y Centroamérica, cruciales para el control de recursos productivos y energéticos. Existe una clara asimetría entre las emisiones y la manera en que se generan y perpetúan las vulnerabilidades en la región. 

Diversas investigaciones revelan que las poblaciones empobrecidas son más vulnerables a los impactos del cambio climático, al mismo tiempo que emiten menos carbono que los grupos que tienen mayores ingresos. El análisis realizado por Oxfam sobre la desigualdad de carbono en 2020 mostró que el 10% más rico de la población mundial no solo es responsable del 46% del crecimiento de las emisiones entre 1990 y 2015, sino que también utilizará lo que queda del presupuesto de carbono antes de 2030.

El simple reconocimiento de un modelo de desarrollo insostenible ya no es suficiente. Es imperativo admitir la existencia de una deuda climática que divide a los países desarrollados de los empobrecidos. Esta deuda también se manifiesta internamente en los países, reflejando una creciente desigualdad, que se expresa en los impactos sociales y ambientales distribuidos de manera asimétrica entre la población, como las olas de calor y las sequías. Además, se manifiesta en el acceso desigual a los bienes comunes como el agua y la tierra. Finalmente, se evidencia en las injusticias relacionadas con las responsabilidades de financiación y reparación. Es hora de abordar estas cuestiones de frente.

Asimetría de los impactos

La Oficina Regional de OCHA para América Latina y el Caribe ha insistido que los eventos climáticos están aumentando los riesgos y la vulnerabilidad justamente en los lugares donde se concentra la pobreza, la desigualdad, la falta de alimentos y la violencia. Estos aspectos, sumados a factores como los desplazamientos forzados y las acciones de las industrias extractivas están afectando la capacidad de las poblaciones locales para prepararse y responder adecuadamente a la actual emergencia climática. Esta situación afecta de manera particular a las mujeres y niñas, quienes además enfrentan riesgos y agresiones diferenciadas, muchas veces orientadas a minar su liderazgo y el ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, miles de personas sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina. Los eventos climáticos extremos, como sequías y altas temperaturas, están afectando los cultivos y el rendimiento de los suelos. El hambre en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pasó de afectar a 2,2 millones de personas en 2018 a casi 8 millones en 2021. Según el Programa Mundial de Alimentos este incremento estuvo relacionado con la crisis del COVID19, pero también con factores climáticos extremos. Vale la pena recordar que el impacto de los huracanes Eta y Iota afectó a alrededor de 9 millones de personas y dejó daños materiales por aproximadamente mil millones de dólares en los países centroamericanos y México.

Acceso desigual a bienes comunes

El acceso a un recurso vital como el agua, también se ve gravemente afectado por la crisis climática. La deforestación, la sobreexplotación, los cambios en el uso del suelo, la expansión de la urbanización, las actividades productivas intensivas (como la agricultura industrial y la ganadería) y la minería contribuyen al estrés hídrico de la región. El estrés hídrico y las consecuentes sequías tienden a agravar las desigualdades vinculadas con el acceso al agua. Las investigaciones realizadas para el periodo 1970-2019, señalan que se perdieron alrededor de 28 mil millones de dólares debido a las sequías en la región. El estrés hídrico también tiene un impacto importante en materia de energía, pues más de la mitad de la electricidad en la región proviene de plantas hidroeléctricas.

La ciudad de Lima, con una población de más de 10.2 millones de habitantes, es una de las ciudades más áridas del mundo con precipitaciones menores a 15 mm al año. Se abastece principalmente de las cuencas hidrográficas de los ríos Rímac (en cuya cabecera de cuenca actualmente se desarrolla un proyecto minero), Chillón y Lurín, que nacen en los nevados y glaciares de la Cordillera de los Andes. Estos ríos han disminuido su extensión en un 43 % en los últimos cuarenta años como consecuencia del deshielo de los glaciares causado por el incremento de la temperatura. Recientemente, hemos vivido racionamientos de agua y electricidad en ciudades importantes como Bogotá y Quito.  

Responsabilidades de financiación y reparación.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido que los impactos de los eventos hidrometereológicos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos. Producto de esta situación, las pérdidas y daños están aumentando a nivel exponencial. Se trata de cultivos, infraestructura e incluso vidas humanas y animales que están viendo mermados sus medios de vida y sus derechos.  A pesar de que el Acuerdo de París reconoce la importancia de evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños, hasta la fecha los avances en este sentido se ven limitados por el escaso compromiso de los países desarrollados en materia de responsabilidades y financiamiento.La financiación -cuando se ha otorgado- ha sido en forma de ayuda, principalmente como seguros, apoyos humanitarios y en forma de préstamos. Pero la ayuda es voluntaria, se realiza sobre la base de la caridad y muchas veces del interés propio de las inversiones o negocios existentes en los países empobrecidos. Sabemos que muchas compañías y empresas de los países desarrollados utilizan diversos mecanismos de “responsabilidad corporativa” para encubrir sus acciones e impactos en los territorios afectados. El debate alrededor de pérdidas y daños defiende la necesidad de reparación por parte de los países desarrollados. Se basa en la necesidad de que el fondo adoptado en las negociaciones internacionales y actualmente bajo responsabilidad del Banco Mundial, actúe a partir de un principio de justicia: aquellos que más han contribuido a la situación de emergencia están en deuda con los países y comunidades menos responsables y más afectados por la actual crisis climática.