¿Cómo llegamos a las elecciones venezolanas?

Jesús Delgado Valery
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¿Cómo llegamos a las elecciones venezolanas?

Parece increíble, pero faltan unos pocos días para que se celebren las elecciones presidenciales de Venezuela. El 28 de julio se ha convertido en la oportunidad más clara de transición democrática del país, después de diversos intentos electorales e insurreccionales que no han logrado su cometido.

De acuerdo a la firma británica Barclays, existe una «posibilidad significativa de una transición política» en Venezuela, lo que cobra fuerza a medida que se acerca la elección y la candidatura de Edmundo González sigue firme. Pero, después de numerosas elecciones, fraudes, insurrecciones y demás, ¿cómo llegamos hasta aquí?

A principios del año pasado la oposición estaba fragmentada y desmoralizada, mientras que el gobierno, que ya había superado la amenaza del Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó, necesitaba de legitimidad para negociar el levantamiento de las sanciones, sobre todo las que tienen que ver con el sector petrolero.

De manera que el oficialismo acompañó (no sin reticencias) los esfuerzos de la comunidad internacional de los que resultó el Acuerdo de Barbados, una hoja de ruta para que la oposición pudiera participar en las elecciones de 2024 en mejores condiciones que las de 2018. Recordemos que los resultados de estas últimas fueron considerados fraudulentos por gran parte de la comunidad internacional y, por tanto, fueron desconocidos, generando una crisis de legitimidad para Maduro.

Este acuerdo también establecía el respeto a los resultados de las elecciones primarias opositoras. A pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno, entre ellos la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, la negativa a apoyar logísticamente la elección y hasta amenazar con impedirla, la líder de Vente Venezuela fue aclamada con más del 93% de los votos en un ejercicio organizado íntegramente por la oposición.

La ratificación de la inhabilitación de Machado obligó a la Plataforma Unitaria a sustituir su candidatura. Aunque el objetivo del gobierno era desincentivar la participación e incluso provocar protestas, la oposición siguió la vía electoral y designó a la académica Corina Yoris, quien tampoco pudo ser inscrita por la arbitrariedad del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, fuera del lapso estipulado la autoridad electoral permitió la inscripción del ex embajador Edmundo González, totalmente desconocido para ese momento, con el objetivo de “guardar el lugar” de la candidatura opositora, ya que posteriormente se abriría un lapso para sustituir las candidaturas.

Sin embargo, la Plataforma Unitaria ratificó la candidatura de González y desde entonces María Corina Machado, en sus decenas de actos a lo largo y ancho del país, ha llevado el nombre y la imagen del ex diplomático, y de acuerdo a las encuestas Machado ha traspasado casi totalmente su apoyo al ex diplomático, que aventaja hasta por 30 puntos a Nicolás Maduro en la intención de votos.

A la inhabilitación ilegal de Machado y otros líderes políticos, se suma la privación del derecho al voto de millones de venezolanos. Debido a los obstáculos en el registro y actualización de los datos de los electores, de los cinco millones de venezolanos que residen en el exterior y tienen edad para votar, solo 508 personas pudieron inscribirse y 6.020 actualizar sus datos, lo que deja el padrón de residentes en el extranjero habilitados para votar en 69.211 electores. El número de excluidos representa cerca de un 25% del padrón electoral.

La inscripción de votantes en Venezuela también fue restringida, dado el reducido lapso para la inscripción y actualización y por el escaso número de centros y puntos de la jornada especial, de manera que millones de personas no pudieron inscribirse.

La violencia electoral ha sido una constante. La oposición ha sido perseguida y criminalizada. Más de 50 personas vinculadas con la Plataforma Unitaria o con organizaciones defensoras de derechos humanos han sido arbitrariamente detenidas en el marco de las elecciones, muchas de ellas constituyeron desapariciones forzadas. Seis integrantes de Vente Venezuela están asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde hace más de 100 días luego de que se emitiera orden de captura contra ellos. Por su parte, pequeños comerciantes que han brindado servicios de comida, transporte, logística o alimentación a María Corina Machado y su equipo en sus giras por el país, han sido sancionados por el SENIAT e impedidos de realizar sus actividades.

El Gobierno, como de costumbre, ha usado los recursos y bienes del Estado para hacer proselitismo. No han tenido reparo en usar el sistema de medios de comunicación público para favorecer la candidatura de Maduro y atacar a la de la Plataforma Unitaria, u obligar a los empleados estatales a asistir a los actos de campaña.

Los medios independientes, por su parte, siguen sufriendo de la censura y decenas de ellos han sido cerrados por CONATEL. Sin embargo, algunos medios de televisión han transmitido tímidamente movilizaciones opositoras, e incluso el candidato Edmundo González fue entrevistado.

Ha habido importantes fallas en el cumplimiento del cronograma electoral, no se han publicitado las actividades y sobre todo no ha habido una campaña activa del órgano electoral para promover el voto. Al contrario, el proceso se ha caracterizado por la opacidad y la falta de información.

Algunas organizaciones locales de observación electoral han participado en varias auditorías de manera remota, pero no están oficialmente acreditadas. El CNE revocó la invitación que se le había hecho a la Unión Europea para que enviara una Misión de Observación Electoral, aunque era uno de los compromisos del Acuerdo de Barbados. Quienes sí asistirán son el Centro Carter, aunque con una misión con alcances limitados, y un Panel de seis expertos de las Naciones Unidas. Ambos informes serán confidenciales.

A pocos días de la elección, las condiciones electorales son totalmente adversas para los sectores democráticos, que aún así se reafirma en la ruta electoral con el apoyo mayoritario de una población que ya no teme porque ya no tiene mucho que perder.

¿La explotación del litio implicará un nuevo despojo de los pueblos originarios?

Ricardo de Carvalho Jatobá
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¿La explotación del litio implicará un nuevo despojo de los pueblos originarios?

Mucho se habla de la necesidad de una matriz energética limpia para los países como parte de un modelo de desarrollo sostenible y libre de las emisiones de carbono. Por ello, hay mucha presión por parte de la gobernanza global para que los países asuman compromisos de bajar sus niveles de CO2. En este marco, el litio como mineral para la producción de baterías de automóviles para sustituir los coches a combustión, es cada vez más disputado en la escena internacional. Sin embargo, su extracción no es tan limpia como se anuncia y se desea. Por ello, cabe preguntarse ¿Qué tan estratégico es el litio para los países de América del Sur?

En el Norte argentino, en las provincias de Jujuy y Salta, las comunidades indígenas de la puna (Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc) todavía reclaman, luego de décadas, por los títulos de las tierras, de las cuales sufren desalojos y exclusión a pesar de los acuerdos entre el gobierno provincial y las grandes corporaciones de extracción del litio.

El acceso al territorio fue una forma de reparación histórica de los estados por el despojo que sufrieron las comunidades con la llegada de la colonización europea. Sin embargo, en la actualidad, a pesar del importante rol que juegan los pueblos originarios en el mantenimiento de la vegetación nativa y sus saberes novedosos (no científicos) para la convivencia armoniosa con el ecosistema terrestre, muchos gobiernos no respetan sus territorios y derechos.

Photo de Ricardo de Carvalho Jatobá

En Argentina, como en varios otros países, estas comunidades tienen ciertos derechos garantizados en la reforma constitucional de 1994 en base al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y tribales sobre el futuro de sus vidas y de sus territorios, cuando sea necesario. Este acuerdo internacional fue ratificado en 1989 junto a otros 15 países de Latinoamérica.

Pero, en la práctica, las autoridades autorizan actividades extractivas y el cultivo agrícola en los territorios indígenas sin consultas o su participación en las negociaciones. Esta es una constante entre los países latinoamericanos que siguen volcados a la exportación de productos primarios como granos y metales, debido a la demanda global, aunque ello tenga impactos ambientales y sociales a mediano y largo plazo.

La actual narrativa que promueve el uso de automóviles eléctricos en sustitución del uso de los combustibles fósiles para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, sin embargo, es confusa y equivocada. Los automóviles eléctricos necesitan baterías que se fabrican a partir de litio, un metal muy presente en Argentina, Bolivia y Chile, países que concentran alrededor de 85% de las reservas del mundo. Pero estos tres países que hacen parte del “triángulo del litio”, en parte y con enormes diferencias, no están preparados ni para beneficiarse de la industralización, ni tampoco para mitigar los impactos negativos de su extracción.

Lo que podría ser una oportunidad para una cooperación Sur-Sur, según el anuncio de Evo Morales en el pasado, se volvió en una amenaza para los gobiernos de esos países y un nuevo despojo de los pueblos originarios. No existe la participación de las comunidades indígenas en el diseño, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo nacionales o provinciales, además no se logra priorizar el interés público por sobre lo privado y extranjero.

Photo de Ricardo de Carvalho Jatobá

Según Florencio, un indígena que el 2 de septiembre de 202 se manifestaba junto a la Ruta 52, en las Salinas Grandes, provincia argentina de Jujuy, la demanda de los afectados por las energías renovables no es radical. No se trata de seguir con la carbonización de la economía global o parar de producir teléfonos o automóviles eléctricos, sino de escuchar a los pueblos a quienes pertenecen esos territorios y saberes e involucrarlos en las tomas de decisiones. De esa forma, al menos las desventajas pueden ser compensadas por actividades de reducción de los daños y riesgos generados a la tierra y las comunidades.

Ese es el ‘interés nacional’ que tanto cuesta a nuestros líderes asumir en la escena política internacional. Y es que preocupa que la nueva narrativa no implique otra cosa que una repetición histórica del colonialismo y un nuevo despojo de los pueblos originarios de la región.“Primero, vinieron los Incas, después los Españoles, y ahora nuestros propios hermanos, los argentinos” – dice Florencio.

Los indígenas tienen la clave para el cambio del modelo de desarrollo de los países. Así, es importante reconocer la naturaleza política de la cuestión. Eso significa rescatar el rol de los Estados en la mediación entre mercado y sociedad, y en la planificación del desarrollo con participación de los distintos actores interesados. Esto es fundamental para no promover una transición energética que termine beneficiando únicamente a una élite global.

Por ello, debería cambiarse el adjetivo ‘limpio’ por ‘renovable’. El concepto ‘energía limpia’ confunde a la opinión pública ya que omite los problemas de la contaminación del medio ambiente, el uso intensivo del agua, los impactos en la salud de las comunidades locales indígenas y el desplazamiento de los pueblos.

Nuestros gobiernos no están haciendo lo suficiente para reducir la desigualdad

David Castells-Quintana   |   Jaime Flórez Bolaños
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Nuestros gobiernos no están haciendo lo suficiente para reducir la desigualdad

Sabemos que las desigualdades económicas y sociales en América Latina son de las más altas del mundo. Y estas desigualdades son, no solo un distintivo de la región, sino que también han sido un lastre para su propio desarrollo. Unas desigualdades caracterizadas cada vez más por altos niveles de concentración del ingreso y la riqueza en manos de unos pocos. Ante esta trágica situación ¿Qué tanto están haciendo los gobiernos de América Latina?

En la gran mayoría de los países de América Latina, el 10% de la población con mayores ingresos captura alrededor de la mitad, o más, del ingreso nacional, según datos de la base mundial de desigualdad (World Inequality Database) del World Inequality Lab, iniciativa conjunta de la Paris School of Economics y la Universidad de Berkeley. En Brasil la cifra es del 56.8%, en Perú del 57% y en Colombia llega al 60%, mientras que en la mayoría de los países desarrollados la cifra suele ser alrededor de la tercera parte. Con la riqueza sucede algo similar o incluso peor: el 10% de la población más rica captura más del 60% de la riqueza nacional y en algunos países, como Brasil, cerca del 80%.  

Más llamativo aún es que el 1% más rico de la población concentraba en 2022 casi 43,5 de cada 100 dólares de la riqueza total, según el reciente informe EconoNuestra de Oxfam International, mientras que la mitad más pobre se debe contentar con tan solo 0.8 de cada 100 dólares. En otras palabras, los más ricos acaparan 55 veces más riqueza que la mitad más pobre de la población. Mientras tanto, 183 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en América Latina.

La limitada capacidad redistributiva de los gobiernos latinoamericanos

Una razón fundamental por la cual la desigualdad se mantiene elevada es la poca eficacia de los gobiernos latinoamericanos para redistribuir la riqueza. Son varias las cosas que un estado puede hacer para disminuir la desigualdad, empezando por proporcionar a todos sus ciudadanos oportunidades de educación, salud, inserción laboral y de creación de empresas. El marco legal, comenzando por la legislación laboral (incluidos los salarios mínimos) también juega un papel crucial. Pero más a corto plazo, los estados redistribuyen a partir de impuestos (a priori más altos para los más ricos) y transferencias directas (a priori hacia los más pobres). En América Latina, estos sistemas, incluidos los tributarios y de gasto social, son aún deficientes.

Para evaluar la capacidad redistributiva directa de un estado, los economistas comparamos la desigualdad antes y después de la intervención estatal. Es decir, la desigualdad antes y después del cobro de impuestos y transferencias directas. Esto se hace comparando el coeficiente de Gini en la distribución de los ingresos (cero para máxima igualdad y uno para máxima desigualdad) antes y después de impuestos y transferencias.

En gran parte del mundo, solemos encontrar una reducción significativa de la desigualdad tras impuestos y transferencias. En la mayoría de los países europeos no solo la desigualdad es menor, sino que la reducción tras la intervención estatal es alta. En países como España y Francia, la intervención estatal puede reducir el coeficiente de Gini en hasta un 0.15 y en países como Suecia y Dinamarca, la reducción supera el 0.2. Estas diferencias pre vs post acción gubernamental (redistribución absoluta), demuestran el impacto de sistemas progresivos que distribuyen la riqueza desde los más ricos a los más pobres.

En muchos países latinoamericanos, por el contrario, la acción del estado es prácticamente nula y la desigualdad apenas cambia tras la intervención estatal. En Perú, por ejemplo, la desigualdad de ingresos antes de la acción estatal ha caído notablemente en los últimos años, pasando de valores cercanos al 0.6 (de los más altos del mundo) a valores del 0.45. Sin embargo, la acción del estado parece limitada, con una redistribución absoluta de media décima.

Algo similar sucede en Colombia, con una redistribución que en algunos años ha sido nula. En Brasil, a diferencia de Perú, el Gini antes de impuestos y transferencias se mantiene cercano al 0.6, pero tras la intervención estatal cae en una décima, siendo con Uruguay uno de los países con mayor impacto en la redistribución absoluta (calculada de esta forma como la diferencia entre el Gini pre y el post impuestos y transferencias).

Creciente concentración de la riqueza y la necesidad de reformas redistributivas

Para el agregado de 23 países de América Latina y el Caribe, las cifras son desalentadoras. En los últimos años ha habido un estancamiento en la disminución de la desigualdad que venía dándose desde principios de siglo. Y la acción de los estados no parece favorecer de forma significativa la redistribución.

En estos países coinciden una escaza capacidad redistributiva de los estados y una creciente concentración de riqueza en las manos de los más ricos. Esto, sumado a unos beneficios cada vez más elevados.

La situación preocupa y vuelve a traer a primera línea política la necesidad de reformas redistributivas en la región, muchas veces debatidas y casi siempre ineficaces. En esta línea, informe de Oxfam se suma a los llamamientos a reformas tributarias en la región y hacia un “Nuevo Pacto Social Latino-Caribeño” vertebrado alrededor de tres prioridades: el fortalecimiento de las políticas públicas de protección social; el avance hacia la universalización de los servicios públicos, y el impulso de los recursos públicos para hacer frente a los gastos que estos desafíos plantean.

Y lo anterior pasa precisamente por un mayor esfuerzo contributivo de las grandes empresas y fortunas de la región. Hasta hoy, el escaso esfuerzo redistributivo en los países latinoamericanos ha recaído en las clases medias, con los más ricos acaparando cada vez mayor proporción del ingreso y la riqueza. De ahí que se haga hincapié en la necesidad de aumentar la contribución de los más ricos y de las grandes empresas ya que estas últimas pueden contribuir a la reducción de la desigualdad tanto de forma directa como indirecta. La reducción de forma directa, por ejemplo, proporcionando empleos de calidad con salarios justos, o invirtiendo en las comunidades locales, mejorando infraestructuras y servicios básicos. De forma indirecta, contribuyendo más a las arcas públicas, lo que permita incrementar el gasto público social.

En plenos cambios del ciclo político en muchos países latinoamericanos, hemos de recordar que todo esfuerzo para disminuir las desigualdades, como para incrementar la redistribución, mejora no solo la cohesión social, sino que también, como lo han mostrado varios estudios, la sostenibilidad económica y el desarrollo en general. Por lo tanto, la lucha contra la desigualdad no solo sigue siendo tarea pendiente, sino que ha de ser una prioridad para los gobiernos de nuestra región.

Venezuela y su encrucijada política de cara a la elección

Juan Manuel Trak
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Venezuela y su encrucijada política de cara a la elección

A pocos días de la elección presidencial en Venezuela, la situación política en el país se muestra cada vez más crispada. Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro continúa con las prácticas autoritarias cuya finalidad es impedir que el deseo de cambio se exprese de forma genuina en las urnas. Por otro lado, la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (antigua Mesa de la Unidad Democrática), Edmundo González Urrutia, continúa recorriendo el país y concentrando decenas de miles de personas en ciudades y pueblos de todo el país; esto a pesar de las trabas y restricciones impuestas por diferentes actores progubernamentales. En medio de los grupos en pugna, la sociedad venezolana muestra cada vez más su deseo de cambio político de forma pacífica y electoral.

Aunque la elección presidencial de 2024 en Venezuela se perfila como la menos competitiva en la historia reciente del país como consecuencia del ventajismo del gobierno, malas prácticas electorales, abusos y persecución hacia la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática, existe una posibilidad real de que la oposición obtenga más votos que el gobierno. La elección de 2024 está marcada por el mantenimiento de la estrategia de participación de la oposición luego de los resultados obtenidos en las elecciones regionales de 2021. En aquel momento, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (antigua Mesa de la Unidad Democrática) abandonó la estrategia de boicot electoral y decidió postular candidatos para competir por alcaldías y gobernaciones (sobre todo Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática). Esta decisión no estuvo exenta de críticas y tensiones internas, el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, en voz del exdiputado Juan Guaidó, “presidente gobierno interino”, llamaba a la ciudadanía a manifestarse para exigir elecciones justas:

“El llamado a los venezolanos es a salir a las calles, a exigir elecciones libres y justas, salir a las calles a protestar por lo que está mal, a elegir en una elección, la que nos deben y la que originó esta crisis y a promover un acuerdo de salvación nacional”

Desde fuera de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, argumentaba que no existían condiciones para una elección libre y justa, y etiquetó a los dirigentes que buscaban cargos de elección popular como “cohabitadores”. De hecho, criticó a la Unión Europea por el envío de observadores, ya que, desde su punto de vista: “Esto no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia del régimen”. En ese momento, mantenía la tesis de la amenaza creíble cuyo objetivo era presionar al gobierno externamente para que negociára su salida del poder.

Adicionalmente, la oposición que participó se presentó fragmentada. Por un lado, los partidos de la Plataforma Unitaria lograron coordinarse para la presentación de candidatos conjuntos. Por otro lado, los partidos que había participado (Avanzada Progresista, Cambiemos, etc.) en 2018 y 2020, así como las facciones judicializadas de los partidos de la antigua MUD, construyeron la llamada Alianza Democrática, ya que buscaban sustituir electoralmente a la oposición de la Plataforma Unitaria.

En todo caso, tal como demostramos en un estudio junto a Maryhen Jiménez, Stefania Vitale y Guillermo Tell Aveledo, el resultado de las elecciones regionales de 2021 mostró la importancia de las elecciones para la movilización social y política. El resultado global fue que los partidos de oposición en conjunto obtuvieron más de cuatro millones y medio de votos, el 55 %), mientras que la alianza del PSUV obtuvo el 45 % de los votos. Pero dada la fragmentación, la superioridad de votos no se tradujo en mayor cantidad de gobernaciones o alcaldías para la oposición. Sin embargo, el potencial de la oposición estaba allí y esto, desde cierto punto de vista, posiblemente marcó el cambio en la posición de Machado.

La elección del 2021 mejoró la imagen internacional del gobierno ya que este permitió la participación de la oposición (se había legalizado la tarjeta de la MUD, impedida de postular desde 2018), se levantaron inhabilitaciones a dirigentes opositores, se permitió a la oposición tener dos de cinco rectores principales en el CNE y se invitó a la Unión Europea como observador internacional.

Para estas elecciones, el gobierno de Maduro especuló con que la oposición mantendría su estrategia anterior, y si se daba de la misma manera que en 2021 su objetivo de mantenerse en el poder sin recurrir a mayor represión o un fraude abierto le permitiría mantenerse en el poder y exigir el levantamiento de sanciones internacionales. Sin embargo, a medida que se ha ido acercando la elección se ha ido evidenciado el error de cálculo.

Un cambio de estrategia de cara al 2024

En primer lugar, en esta campaña, a pesar de sus importantes diferencias internas, la oposición logró resolver, mediante la elección primaria, el problema de la selección de su candidato presidencial. En mayo de 2022, la Plataforma Unitaria convocó a elecciones primarias para el 2023, la cual sería organizada por personalidades independientes, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

La elección primaria representó un desafío de coordinación entre los opositores y, hacia el final de la campaña, las pugnas entre los diferentes candidatos parecían conducir al fracaso del proceso. Además, la oposición debió soportar las constantes amenazas de suspensión o intervención por parte del gobierno a través del poder judicial.

A pesar de ello, la elección primaria obtuvo una participación mayor a lo esperado y una abrumadora victoria de María Corina Machado con 92% de las preferencias de los aproximadamente dos millones de electores que participaron. Con este resultado, Machado reclamó el derecho a liderar a la oposición y personalizar la dirección de esta.

En segundo lugar, el gobierno estimó que si bloqueaba la participación de Machado, ésta no lo toleraría y tomaría la vía del boicot electoral, de la que había sido promotora desde antes de 2015. Por un lado, no levantó su inhabilitación política fabricada por el contralor general y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia y por otro impidió, sin causa legal, la postulación de la profesora Corina Yoris como sustituta de Machado.

El lema “hasta el final” y declaraciones del entorno inmediato de Machado parecían indicar que sin ella en la papeleta la oposición se mantendría en la ruta electoral. Sin embargo, el lema contenía una ambigüedad que dejaba entrever la posibilidad de continuar, a pesar de los obstáculos.

Luego de una negociación entre Machado y Manuel Rosales (Gobernador del Zulia, líder de UNT), se definió que Edmundo González Urrutia (inscrito para reservar la postulación de la tarjeta de la MUD) sería el candidato presidencial. Esta decisión de mantener la participación en los comicios, aun teniendo peores condiciones de integridad electoral que las elecciones presidenciales previas ha llevado al gobierno a aumentar la represión y persecución de dirigentes, activistas y ciudadanos que apoyan o prestan servicios a las giras de Machado y González Urrutia.

Entre octubre y junio se ha detenido a varios dirigentes regionales de Vente Venezuela, se acusó al equipo de Machado de terrorismo y algunos de ellos fueron apresados y otros tuvieron que asilarse en embajadas. Se han cerrado y multado negocios que han prestado servicio a Machado o González Urrutia y se han apresado a dueños de transportes públicos o particulares que han traslado al candidato o a Machado. Todos estos actos de intimidación y represión han marcado el período previo a la campaña y su inicio.

Adicionalmente, el CNE ha sufrido un deterioro importante en la forma de tomar decisiones en donde reina la opacidad y discrecionalidad. En agosto de 2023 Elvis Amoroso, quien previamente fue el Contralor de la República y responsable de las inhabilitaciones políticas sin juicio de dirigentes opositores como Capriles Radonski, Leopoldo López y, María Corina Machado, entre otros, fue escogido para presidir el organismo. Así, el CNE relativamente moderado en 2021 es actualmente casi completamente leal al gobierno por lo que difícilmente se cumplen los procedimientos mínimos de transparencia, equidad e integridad electoral.

¿Qué dicen las encuestas?

A pesar de ello, las pocas encuestas fiables conocidas dan cuenta de un descontento generalizado hacia el gobierno de Maduro. Según el Latinobarómetro 2023, el 32.6% “aprueba” la gestión del gobierno, mientras que el 67.3% “no aprueba”. Mientras que firmas como Consultores 21 y Delphos dan como ganador a González Urrutia con preferencias cercanas al 50%.

Si bien hay que tomar los datos con pinza, los ejercicios demoscópicos muestran el rechazo al gobierno y una preferencia electoral hacia el candidato de la MUD. Sin embargo, lo cierto es que existen condiciones externas que pueden inhibir a las personas de expresar sus preferencias reales o bien ser coaccionados por parte de agentes progubernamentales para cambiarlas en el momento de la votación. Después de todo, la elección venezolana se da en un contexto no democrático, en el que existen mecanismos de control social por parte del gobierno sobre parte de los empleados públicos o beneficiarios de programas sociales.

La campaña oficialista

La campaña electoral del Gobierno ha sido poco eficaz en mostrar un mensaje positivo debido a la falta de logros y el desgaste lógico de un gobierno de 10 años que ha causado la emergencia humanitaria más grave de la historia del país. En este contexto, cualquier promesa es percibida como un acto de cinismo. Por otra parte, el mensaje de miedo, “nosotros o el caos”, tampoco parece hacer mella en el electorado.

Lo que es cierto, es que la victoria de Machado en las primarias y el endoso de su apoyo a González Urrutia ha logrado reagrupar a los sectores chavistas descontentos. Sin embargo, dentro de las filas del oficialismo también hay presiones y represión. Un ejemplo de ello fue la judicialización del Partido Comunista de Venezuela, histórico socio del PSUV desde 1999, el cual ha dado su apoyo al candidato, Enrique Márquez de Centrados.

En todo caso, el resultado de la elección no está cerrado. Si consideramos el contexto no democrático en el que se enmarca la elección, la capacidad de manipulación electoral del gobierno sigue siendo amplia. Por ejemplo, los cambios en la forma como se distribuyen los votantes en los centros de votación permite al gobierno ejercer mayor control sobre los electores de las mesas. Otra técnica es la ya utilizada anteriormente de cambiar el reglamento de testigos de mesa de los partidos a pocos días del cierre del registro del CNE.

En resumen, la selección de María Corina Machado como candidata en las primarias opositoras y su insistencia en mantenerse por intermedio de Edmundo González Urrutia en la ruta electoral ha polarizado la elección presidencial de 2024. Actualmente, solo hay dos contendientes reales, cada uno representando visiones diametralmente opuestas de la sociedad venezolana y que no se reconocen mutuamente.

Aunque Machado parece contar con la mayoría de las preferencias, el control institucional del gobierno y la posible manipulación antes y durante la elección son factores cruciales que podrían cerrar la brecha o incluso darle una victoria ajustada a Maduro. Tampoco se puede descartar que, de ser necesario, el gobierno cambie abiertamente el resultado al final de la jornada electoral.

Las consecuencias de un posible no reconocimiento de los resultados electorales pueden abrir la puerta a una mayor ingobernabilidad, así como a una intensificación de la crisis migratoria en la región. Por ello, estos resultados no solo afectarán el futuro de los venezolanos, sino también el de los países vecinos, cuya capacidad para gestionar la crisis migratoria venezolana es limitada y causa tensiones internas.

Costa Rica hoy: ¿equilibristas del optimismo?

Victor Borge González   |   Ricardo Castro Calvo
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Costa Rica hoy: ¿equilibristas del optimismo?

Toda sociedad y toda nación requieren de una dosis de optimismo para avanzar. Los valores positivos como bienestar y desarrollo humano están asociados a la felicidad y el optimismo. Es lo que ocurre con Dinamarca, Noruega y Finlandia, campeones del Índice de Progreso Social, mientras que Costa Rica se encuentra en el lugar 39, atrás de Chile (37) y Uruguay (38) en la región. Este optimismo también beneficia y profundiza los valores democráticos, fomenta la confianza en nuestros pares y promueve las discusiones sanas y facilita la promoción de mejoras. Pero vale preguntarse: ¿esa perspectiva positiva del futuro adviene de movilizar la ciudadanía? ¿Llega a fortalecer la participación ciudadana? ¿Consigue promover la movilidad social?

En retrospectiva, usando el caso costarricense, a primera vista se concluye que los avances del estado social de derecho en este país convalidan tales afirmaciones. Sin embargo, los sistemas se desgastan y requieren ajustes en diferentes medidas para seguir funcionando, lo que genera niveles de desacople con las expectativas y, por lo tanto, de pesimismo. Así es que, a pesar de los beneficios que trajo en el pasado, hoy por hoy la sociedad costarricense convive con el enojo, el pesimismo, la desesperanza y la violencia, sentimientos y percepciones que aparecen en las encuestas y también son palpables en investigaciones cualitativas.

De acuerdo con la consultora Borge y Asociados (en colaboración con la Revista PODER), una mayoría de los ciudadanos de Costa Rica (53,9%) se definen como personas positivas, y destacan aspectos como la solidaridad y la amabilidad. Por otro lado, más de cuatro de cada diez individuos se perciben como negativos, cuyos principales valores adversos son la violencia y la indiferencia, lo que sugiere áreas de preocupación social. Finalmente, un 5,4% de los encuestados no supo responder a la pregunta, lo que podría reflejar una falta de autoevaluación o incertidumbre sobre sus propios valores morales. Estos resultados proporcionan una visión clara y matizada de la autopercepción de los costarricenses.

Podría entenderse que la autopercepción en términos de valores morales revela dos caras acerca de la sociedad actual. Por un lado plantea la hipótesis de una sociedad “herida” o “quebrada”, lo cual abre puertas para luchas sociales del tipo “ricos versus pobres” y “colaboradores versus empresas”, de ahí surgen temas como las jornadas 4×3 (4 días de trabajo por 3 de descanso). Pero también muestra una cara en donde la democracia costarricense todavía cuenta con bases sólidas a las que agarrarse. Un ejemplo de esto último es la marcha para conmemorar el Día Internacional del Orgullo, el pasado 30 de junio, así como la marcha del Día del Agricultor, ambas muy concurridas, símbolos y ejemplos de participación cívica en donde confluyeron diversos sectores.

La perspectiva optimista

La tendencia mayoritaria de los costarricenses a identificarse como personas positivas sugiere una predominante autoimagen saludable y una inclinación hacia la autoestima y la autoaceptación. Valores como la solidaridad y la amabilidad, frecuentemente destacados, son indicadores de un enfoque prosocial, donde los individuos valoran la cooperación y las relaciones interpersonales positivas. Esta autoimagen positiva puede estar asociada con un mayor bienestar emocional y una mejor salud mental, ya que la percepción de uno mismo como persona moralmente buena tiende a promover sentimientos de satisfacción y orgullo personal.

También, la mayoría de los costarricenses que se perciben de manera positiva reflejan una cultura que valora y promueve la solidaridad y la amabilidad como pilares fundamentales de la convivencia social. Esta percepción positiva puede estar influenciada por narrativas culturales y educativas que destacan la importancia de estos valores en la sociedad costarricense. La prevalencia de una autoimagen positiva también podría estar relacionada con políticas y programas que fomentan el desarrollo comunitario y la cohesión social. La significativa proporción de individuos que se perciben negativamente sugiere la existencia de tensiones sociales y posibles divisiones en la sociedad.

El ángulo pesimista

Por otro lado, el hecho de que un 40,7% de los encuestados se perciban como negativos indica una notable autocrítica y posiblemente niveles de autoconcepto negativos o problemas de autoestima en una parte significativa de la población. La mención de valores negativos como la violencia y la indiferencia sugiere que estas personas pueden estar experimentando conflictos internos o sentimientos de culpa y vergüenza, lo que podría influir negativamente en su bienestar emocional.

Esta autopercepción negativa también podría estar relacionada con experiencias de vida adversas, contextos familiares difíciles o ambientes sociales conflictivos. Este debe ser un dato que como sociedad nos llame a reflexiones profundas, a buscar conversar sobre el tema y a solucionarlo, ya que este sentimiento podría estar traduciéndose en situaciones individuales extremas como el suicidio, que es un ejemplo del impacto de las percepciones negativas en una sociedad. Datos de la Oficina de Investigaciones Judiciales del país reflejan un aumento sostenido en las estadísticas de suicidios entre 2018 (395) y 2022 (429); un incremento cercano al 10% en menos de 10 años.

La percepción de valores negativos como la violencia y la indiferencia puede estar vinculada a problemas estructurales como la desigualdad, la inseguridad y la falta de oportunidades, que afectan a la vida cotidiana de muchos ciudadanos. Esta autopercepción negativa puede ser un reflejo de experiencias de marginalización o exclusión social.

Las discusiones democráticas requieren de paz social para promover la movilidad social y que las personas “no se maten” entre ellas por el resultado de un partido de fútbol o por una colisión “mínima” en carretera. Si tenemos una ciudadanía con una alta autopercepción negativa, será más sencillo promover la violencia y la destrucción de la democracia como sistema de convivencia. En conjunto, estos resultados ofrecen una comprensión profunda de la autopercepción moral de los costarricenses, reflejando tanto sus aspiraciones y fortalezas como los desafíos y áreas de preocupación dentro de la sociedad.

El mundo se ha vuelto propicio para el ascenso de dictaduras como la de Mussolini

Federico Finchelstein
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El mundo se ha vuelto propicio para el ascenso de dictaduras como la de Mussolini

Es innegable que el mundo gira hacia la extrema derecha. Los populismos de derecha se hacen cada vez más autoritarios y se apropian de los rasgos de los fascismos que los precedieron.

Por supuesto, hay importantes excepciones europeas como el Reino Unido, España o Francia en donde la izquierda no populista se afirmó a pesar de todo, o casos como Uruguay o República Dominicana en donde el populismo de extrema derecha no tiene presencia fundamental. Pero las recientes elecciones en India, Argentina e Italia, las “elecciones fake” en El Salvador del autocrata Nayib Bukele o la muy factible posibilidad de un regreso del trumpismo al poder en Estados Unidos, sobre todo tras el fallido atentado, demuestran que muchos prefieren opciones verticales cuyas propuestas principales implican recortes de derechos y un desprecio por la prensa independiente, las instituciones y la separación de poderes.

Si bien la historia no se repite, nuestra realidad presenta conexiones y paralelismos con lo que pasó hace un siglo. Exactamente hace cien años el fascismo trastabillaba para luego comenzar a consolidarse en el poder de forma permanente. El 10 de junio de 1924, luego del asesinato de Giacomo Matteotti, el principal líder de la oposición a Mussolini, y la evidencia de los vínculos entre los asesinos y el jefe carismático, Mussolini eventualmente aprovecharía la crisis para afianzar su dictadura. El dictador explicaría su dictadura a partir de su poder, su popularidad y sus deseos.

Más allá de la demonización que se convierte en eje principal que aglutina a xenófobos, payasos libertarios, autárquicos y estatistas, una dimensión es que la voluntad del líder es más importante que la legalidad. Para estos líderes la legalidad está en total contradicción con la nueva legitimidad ganada tras sus triunfos en las elecciones. Ya en los años del fascismo, el teórico nazi Carl Schmitt planteaba que una vez en el poder, los deseos del líder definen la leglidad. Schmitt sostuvo que el líder, por ser pueblo, personificaba la ley, por lo que podía legislar y reemplazar al parlamento cuando se le ocurriese. 

El Project 25 del trumpismo, presentado por la Heritage Foundation, justamente promueve la idea de un presidencialismo extremo que no distingue entre Estado y líder. Trump ha negado tener que ver con este proyecto, sin embargo, ha propuesto versiones radicalizadas y explícitamente racistas. Y por lo tanto pretende echar funcionarios de forma masiva, eliminar derechos por doquier y expulsar inmigrantes indocumentados a granel. ¿Se puede hacer esto? ¿Es legal?

La Corte Suprema de Estados Unidos garantizó recientemente a Trump inmunidad por sus crímenes pasados y futuros, a partir de la idea de que los actos oficiales del ejecutivo nunca pueden ser considerados actos criminales. Esta Corte entonces le hubiera reconocido inmunidad a Mussolini por el asesinato de Matteotti.

Cuando esto pasa, cuando el deseo del líder se convierte en ley, el marco legal desaparece por completo. El fascismo creó su propio reino de extralegalidad, que convirtió la ley establecida en una sombra de lo que era. Esto debería constituir un fuerte llamado de atención en nuestro tiempo.

La historia de ataques a la libertad nos brinda perspectivas para pensar el presente. El antifascista católico italiano Luigi Sturzo señaló hace cien años, en 1924, que el fascismo se presentó por primera vez como una forma de legalidad, pero la dinámica de la dictadura revolucionaria alejó cada vez más al fascismo de la legalidad y lo convirtió en algo más. Sturzo señaló que el fascismo había abandonado los poderes constitucionales y parlamentarios. 

Si bien el fascismo exteriormente mostraba elementos de legalismo y constitucionalidad, la sustancia de su gobierno era enteramente nueva. Este dualismo inicial entre forma y sustancia no podía sostenerse en un “equilibrio perpetuo”; las opciones eran el legalismo o la “dictadura revolucionaria”. Compañeros de ruta del fascismo, como Vilfredo Pareto, esperaban que la “dictadura actual” del fascismo tomara una dirección constitucional, pero en realidad pasó todo lo contrario.

La misma ingenuidad respecto de la dimensión revolucionaria de la dictadura fascista se aplicó a una amplia colección de facilitadores conservadores, así como a la prensa internacional de la época. Creían erróneamente que el fascismo iba a ser domesticado mediante instituciones estatales y procedimientos legales. Lo mismo pasa con los populismos de extrema derecha del presente. Sus líderes llegan al poder democráticamente y luego intentan quedarse en el poder ilegalmente. 

Trump y Jair Bolsonaro en Brasil lo intentaron en sus fracasados golpes de Estado. Bukele en El Salvador y Viktor Orban en Hungria reformaron con cuestionable legalidad sus instituciones constitucionales. Giorgia Meloni está intentando implementar una reforma constitucional “a la orban”. En Argentina, Milei logró poderes extraordinarios. 

Hoy, la voluntad reemplaza a la legalidad. Y el mundo en que vivimos vuelve a ser ideal para el ascenso de dictaduras como la de Mussolini.

Desigualdades íntimas: la pobreza menstrual en América Latina

Constanza Cilley
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Desigualdades íntimas: la pobreza menstrual en América Latina

La menstruación sigue siendo un tema tabú en muchas comunidades, lo que genera vergüenza y discriminación hacia las mujeres. Al momento de la menarca, o primera menstruación, la mayoría de las mujeres sostiene no haber tenido la información necesaria para transitar este cambio. Este estigma afecta negativamente a su autoestima y bienestar emocional, perpetuando la desigualdad de género y limitando su participación plena en la sociedad. A nivel global, los estudios muestran que el estigma relacionado con la menstruación está muy extendido, y especialmente las adolescentes a menudo se sienten avergonzadas o incapaces de hablar abiertamente sobre el tema. 

Además, persisten numerosos mitos sobre la menstruación, como la idea de que las mujeres no deben realizar ciertas actividades durante su periodo. Estos mitos no solo limitan las oportunidades de las mujeres, sino que también refuerzan barreras que impiden su desarrollo y bienestar.

Este tema está estrechamente vinculado a la salud y la pobreza, especialmente en comunidades de bajos recursos, donde muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder de manera segura y equitativa a los derechos de salud, como menciona el informe Econonuestra de Oxfam, y concretamente a productos de gestión menstrual. Las múltiples exclusiones que enfrentan estos grupos de la población históricamente vulnerados no se limitan a la generación de ingresos, sino también a la negación de los derechos a la salud

Esta realidad ha dado origen al concepto de pobreza menstrual, que refleja la falta de acceso a productos básicos de higiene menstrual, educación y saneamiento adecuados, lo cual impacta severamente en la calidad de vida de las mujeres económicamente vulnerables. Garantizar el acceso a una adecuada salud menstrual para todas las personas menstruantes es una responsabilidad social. Es por eso que el impacto en algunas de las condiciones necesarias (educación, infraestructura, salud, libertad, inclusión e higiene) atenta contra ella. 

En Argentina, la crisis económica ha exacerbado los desafíos en la gestión menstrual. La falta de acceso a productos menstruales básicos, debido a su alto costo, obliga a muchas mujeres a priorizar su compra por encima de otras necesidades básicas, tales como alimentos, al mismo tiempo que amenaza la salud menstrual y profundiza las desigualdades sociales en el país.

Un estudio de alcance nacional, llevado a cabo por la consultora argentina Voices! junto a Supermercados Día, reveló que el 81% de las mujeres menstruantes considera que los productos menstruales son caros o muy caros y que a siete de cada diez les preocupa no poder pagarlos. De cada 10 argentinas, cinco señalan que han tenido que limitar la compra de estos productos debido a restricciones económicas y ocho de cada diez mujeres menstruantes han cambiado sus hábitos de gestión menstrual en los últimos 12 meses. El cambio más común ha sido optar por marcas más económicas, seguido por la elección de productos alternativos para reducir costos y el uso inadecuado de algunos productos, como el uso prolongado. 

El estudio también mostró que hay mucho interés en probar productos más amigables como el medioambiente como la copa menstrual y las bombachas menstruales. Esto representa una enorme oportunidad para atender a la doble demanda por mayor equidad social de género y políticas privadas de igualación que contemplen la sostenibilidad ambiental. Resulta especialmente interesante en sectores vulnerables que no tienen sistemas adecuados para la eliminación de productos menstruales usados. 

El problema trasciende las fronteras en nuestra región. Por ejemplo, en Brasil, la cuarta parte de las niñas ha faltado a la escuela por no tener un artículo tan básico como toallas menstruales, lo que motiva un reemplazo de productos de gestión menstrual tan improvisado como poco higiénico y efectivo, como migas de pan o periódicos viejos, práctica corriente en los sectores vulnerables. 

Para aliviar esta carga económica, varias organizaciones en América Latina han implementado iniciativas de apoyo. En Argentina, por ejemplo, la campaña #El28EsParaVos de supermercados Día ofrece un 50% de descuento en productos menstruales el día 28 de cada mes. Además, existen propuestas de políticas públicas para garantizar la accesibilidad de los productos menstruales. EcoFeminita conduce una campaña llamada #MenstruAcción con el objetivo de visibilizar que la menstruación es un factor de desigualdad. También existen algunas iniciativas legislativas que buscan incluir productos menstruales en la canasta básica y eximirlos de impuestos, y algunos programas comunitarios y ONG locales que distribuyen productos menstruales gratuitos en áreas de alta vulnerabilidad. 

En otros países de la región, como México y Uruguay, se han implementado medidas efectivas para mejorar el acceso a productos de gestión menstrual. Por ejemplo, en México el movimiento Menstruación Digna logró en el 2021 eliminar el 16% del IVA a los productos de gestión menstrual, siguiendo el ejemplo de Colombia, que, en 2018, eliminó el impuesto en toallas, mientras que Uruguay lanzó el programa Gestión Menstrual + Igualdad + Inclusión para distribuir kits gratuitos en Montevideo desde 2023. En Brasil, el gobierno ha anunciado la distribución gratuita de compresas o toallas higiénicas en farmacias de todo el país para mujeres de bajos recursos, lo que beneficia a millones de mujeres.

Todo esto subraya cómo la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres, siendo la menstruación un factor adicional de desigualdad. Los costos asociados con la gestión menstrual, una necesidad biológica, representan desafíos significativos para las mujeres, y existe una fuerte demanda por un acceso equitativo a una gestión menstrual saludable. En estudios cualitativos sobre el tema, las mujeres señalan que “la menstruación es algo que va a estar siempre, no es opcional”, y refuerzan la expectativa de que “tendría que haber algo más accesible” y de que “los productos deberían tener un precio accesible, o distribuirse de forma gratuita en todos los centros de salud por mes, ya que es algo propio del cuerpo humano y debe ser atendido sin ningún tipo de impedimento”. Enfatizando el carácter estructural y no volitivo o discrecional del condicionamiento menstrual, las mujeres cuestionan: “No es una enfermedad o algo con lo que nosotras decidimos nacer, y las personas en situaciones más vulnerables no pueden acceder a esos privilegios”. 

Es esencial que la menstruación no sea un obstáculo para ninguna mujer y es responsabilidad de toda la sociedad garantizar condiciones equitativas para todas. El enfoque debe ser integral, combinando políticas legislativas, educación, sensibilización y colaboración para abordar efectivamente la pobreza menstrual.

La paradoja progresista: medidas regresivas de Petro frente a la migración venezolana

Nastassja Rojas Silva
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La paradoja progresista: medidas regresivas de Petro frente a la migración venezolana

El gobierno de Gustavo Petro, que se autodefine como progresista, ha implementado medidas desde su llegada, que en lugar de beneficiar a la población migrante venezolana en Colombia, han resultado en acciones regresivas. Estas políticas han incrementado la vulnerabilidad y la incertidumbre de esta población, generando estancamiento, confusión y mayores dificultades para su regularización y bienestar.

Uno de los problemas más graves ha sido el estancamiento en los procesos de regularización y el discurso que busca invisibilizar la situación de esta población migrante; y, por supuesto, la negación de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Aunque la administración de Petro heredó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) del gobierno de Iván Duque, su implementación se ha topado con grandes barreras que parecieran ser impuestas a propósito.

El presidente Petro ha alineado su narrativa con la del gobierno bolivariano al atribuir la migración a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en 2019. No obstante, esta afirmación ha sido refutada, ya que la crisis migratoria comenzó en 2015, antes de las sanciones, impulsada por una profunda crisis económica, escasez de productos básicos, alta inflación y problemas de seguridad en el país, todo como consecuencia del modelo político vigente.

Además, Petro ha intentado enmarcar la discusión migratoria en torno a aquellos que cruzan el Darién, minimizando así la presencia y la intención de permanencia de los migrantes venezolanos en Colombia. Este enfoque ha contribuido a desdibujar el tema de la agenda nacional, restando importancia a la situación de las personas migrantes venezolanas que buscan establecerse en el país. En palabras del director de Migración Colombia, uno de los propósitos del gobierno ha sido el de “desvenezolanizar” el tema de la migración, lo que ha demostrado una profunda irresponsabilidad institucional que ya empieza a generar consecuencias.

Si bien es crucial proteger y visibilizar a otros flujos migratorios en Colombia, como la migración haitiana, la protección de las personas no se trata solo de una cuestión numérica. Intentar desdibujar de la agenda la importancia de la migración venezolana y la atención que requiere, especialmente por razones políticas, no solo genera mayores riesgos en la gestión migratoria sino que también aumenta la condición de vulnerabilidad de esta población.

La crisis en la gestión migratoria

Indudablemente, la llegada de población migrante venezolana a Colombia ha presentado un desafío institucional para el país. Al hablar de crisis, no deberíamos referirnos a una población que huye en búsqueda de su propia supervivencia, sino a la crisis en la gestión migratoria, la cual no logra dar respuesta a las necesidades de las personas. En respuesta a esta situación, los anteriores gobiernos colombianos implementaron medidas de regularización con el objetivo de brindar un estatus regular, facilitar su integración en la sociedad colombiana y proteger sus derechos.

En 2017 el Permiso Especial de Permanencia (PEP) marcó un hito crucial al permitir que la población migrante venezolana regularizara su situación. El documento era válido por dos años con posibilidad de renovación, permitía trabajar y ofrecía protección contra la deportación. Era válido para acumular años para solicitar residencia permanente, facilitaba la movilidad interna y permitía continuar o acceder a estudios de todos los niveles en Colombia.

En 2021, Colombia dio un paso crucial con la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Este estatuto, con una vigencia de 10 años, fue diseñado para ofrecer un marco legal más completo y estable a la población migrante venezolana. El ETPV incluye dos componentes principales: el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y el Permiso por Protección Temporal (PPT).

El RUMV es un registro en el que deben inscribirse las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Este registro permite al gobierno colombiano tener un censo claro de la población migrante. El PPT, que se obtienía al inscribirse en el RUMV, es un documento de identificación y regularización que otorga a los migrantes venezolanos acceso a derechos y servicios básicos en Colombia, como educación, salud y empleo. De esta manera, el PPT es una herramienta fundamental del ETPV, ya que facilita la inclusión social y económica de los migrantes venezolanos en el país, asegurando que puedan vivir de manera regular.

A pesar de las críticas hacia este último mecanismo, como su incompatibilidad inicial con la solicitud de refugio, la cual fue resuelta por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-543 de 2023, y la ausencia de un enfoque diferencial expreso, es cierto que este proceso buscaba armonizar los diferentes mecanismos existentes hasta la fecha. Además, reconocía que se trataba, en su mayoría, de una población con vocación de permanencia en el país. En el último año, las preguntas han girado en torno a la situación de las personas que no pudieron acceder a este permiso debido a restricciones temporales y la continuidad del mecanismo para aquellos que han llegado al país en el último año.

Sin embargo, en medio de la espera de nuevos anuncios para una creciente población en condición irregular, Migración Colombia sorprendió anunciando que durante el año 2023 se registró una disminución de la población migrante como resultado de la reanudación de relaciones binacionales. Esta afirmación no puede estar más alejada de la realidad: lo que viene ocurriendo es una modificación en el destino de la población, que se ha ido desplazando principalmente hacia Estados Unidos, pero la migración en general sigue en aumento. De acuerdo con la última actualización, de junio de 2024, de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), se registraban 7.774.494 de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo, de las cuales 2.857.528 están en Colombia (mayo de 2024).

El nuevo (viejo) mecanismo de regularización

Como parte de los más recientes anuncios, el gobierno colombiano presentó el PEP-TUTOR, un nuevo mecanismo de regularización para representantes legales o custodios de niñas, niños y adolescentes que cuenten con un Permiso de Protección Temporal (PPT) vigente. No obstante, la coexistencia del PEP-TUTOR con otros instrumentos de regularización como el PPT ha generado críticas y confusión entre la población migrante y organizaciones de la sociedad civil. Entre las principales preocupaciones destacan una fecha de corte arbitraria asociada al restablecimiento de las relaciones binacionales, la exclusión de padres y madres de niños nacidos en Colombia, y la duplicidad de requisitos, rompiendo además con una de las razones para la creación del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), que fue armonizar todos los permisos existentes bajo una sola modalidad.

Este decreto, propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, pretende regularizar la situación de más de 270.000 migrantes venezolanos que actúan como representantes legales de menores de edad en Colombia. Sin embargo, los requisitos para obtener el PEP-TUTOR son más estrictos que los del PPT, y dificultan el acceso a documentos probatorios como el acta de nacimiento apostillada, un proceso complejo para muchos migrantes.

El PEP-TUTOR podría otorgarse con vigencia hasta el 30 de mayo de 2031 y no sería prorrogable. Después de esta fecha, quienes deseen permanecer en Colombia deberán tramitar y obtener una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpliendo con los requisitos legales. Además, se establece el 12 de agosto de 2022 como fecha límite para la regularización, excluyendo a los padres de niños que se regularizaron después de esa fecha, lo que limita el acceso de muchas familias a la regularización si llegaron a Colombia posteriormente.

Esta medida ha generado gran confusión y se percibe como regresiva, ya que no considera las condiciones actuales de esta población. Hay incertidumbre sobre si el nuevo mecanismo ofrecerá mayores o menores derechos, y parece asumir que la normalización de la situación en Venezuela y el restablecimiento de las relaciones binacionales han eliminado las barreras de acceso a documentos.

Sin embargo, la reanudación de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, aunque significativa, no ha traído mejoras sustanciales para las personas migrantes. Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares en agosto de 2022, la reapertura de los consulados venezolanos en Colombia no ha garantizado un mejor acceso a documentos esenciales como el pasaporte.

Las barreras burocráticas y económicas para obtener estos documentos siguen siendo insuperables para la mayoría. Obtener una cédula de identidad venezolana, necesaria para cualquier trámite consular, solo es posible en Venezuela. Además, los costos asociados a la obtención de un pasaporte son prohibitivos para muchas familias, con precios por encima de los US$200 más los aranceles consulares, una suma exorbitante considerando que el salario mínimo en Colombia ronda los US$320 y que la mayoría de las personas migrantes tiene ingresos mucho menores que esto.

Las consecuencias de una política restrictiva

Resulta innegable que las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro han sido más regresivas en materia de derechos para la población migrante venezolana, impulsadas por razones e intereses políticos con el régimen venezolano. Esto es particularmente peligroso en un contexto donde las expresiones de xenofobia y discriminación siguen en aumento. Según la última Encuesta Invamer, el 65% de la sociedad colombiana tiene una opinión desfavorable de los venezolanos que han llegado al país para quedarse. Este rechazo ha llevado a una mayor aprobación de la gestión migratoria de Petro en comparación con la de Duque, debido a que tiene una postura más restrictiva y un enfoque de seguridad.

Sin embargo, a pesar de esta postura institucional y el rechazo generalizado de los colombianos a la migración, la comunidad internacional sigue mostrando preocupaciones significativas. El 19 de junio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer sus observaciones preliminares tras una visita a Colombia en abril de 2024. La CIDH señaló que, aunque se han realizado esfuerzos previos como la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, estas políticas necesitan ser ampliadas y fortalecidas. Durante la visita, se reportaron casos de racismo, xenofobia y revictimización contra migrantes de Venezuela, Haití, Ecuador y otros países. Además, el control territorial de grupos armados ha provocado resistencia, confinamiento y desplazamiento forzado interno, explotando la crisis humanitaria para involucrarse en actividades de trata de personas, explotación sexual y otras formas de esclavitud moderna.

Por su parte, Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, expresó profunda preocupación por los peligros que enfrentan migrantes y refugiados, especialmente niños y adolescentes, al cruzar el Tapón del Darién. Durante este tránsito, los migrantes, en particular mujeres, niños, personas LGBT y personas con discapacidad, están expuestos a violencia sexual y otras graves violaciones de derechos humanos, incluida la trata. La mayoría de estos migrantes provienen de Venezuela, Haití y Ecuador.

Un tema adicional de preocupación es el acceso limitado a permisos de protección temporal y a servicios esenciales como salud, seguridad social y empleo formal para los migrantes venezolanos, lo que aumenta su vulnerabilidad a la explotación. Mullally también destacó la grave situación de los niños en situación de calle, aquellos con discapacidad y los que trabajan en el sector informal o como trabajadores domésticos, quienes enfrentan altos riesgos de ser víctimas de la trata. Los niños venezolanos migrantes son especialmente vulnerables a la explotación sexual y laboral debido a los obstáculos administrativos que dificultan su acceso a la protección temporal y a la educación. En sus recomendaciones, instó a ampliar el acceso al estatuto temporal de protección para los venezolanos que llegaron después del 31 de enero de 2021 y a reducir los retrasos administrativos para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud y otros servicios esenciales para los migrantes y refugiados.

Finalmente, lo anterior refleja que ni las medidas restrictivas impiden que las personas con necesidad de migrar lo hagan, ni que la xenofobia se convierta en una barrera para su llegada. La gestión migratoria en Colombia enfrenta retos significativos que demandan un enfoque centrado en los derechos humanos, más allá de consideraciones políticas y restrictivas. Las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro han aumentado la vulnerabilidad y la incertidumbre de la población migrante venezolana, generando una crisis de gestión más que una solución.

Más allá de una cumbre: ¿dónde está el futuro?

Carlos Carrasco Muro
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Más allá de una cumbre: ¿dónde está el futuro?

Abordar el futuro se trata de un ejercicio creativo; no es apto para los realistas/privilegiados que no pueden ver más allá de la urgencia del presente o de los paradigmas puramente racionales. Si, además, se trata de una urgencia del presente basado en crisis y sesgos de confirmación, donde las certezas son escasas, el ejercicio de proyectar nuestro futuro se vuelve más difícil. 

Sin embargo, más cerca han estado Julio Verne, Isaac Asimov o Aldous Huxley de decodificar nuestro actual presente (idealista o distópico) que cualquier materialista histórico, político o burócrata realpolitik de los siglos XIX y XX. Si esto es así, más allá de nuestra actual emergencia global con toques de ansiedad, contradicciones y cuestionamientos al sentido común: ¿qué futuro podemos imaginar? 

Fuente: Retrato de Isaac Asimov. Revista Meer.

Me atrevo a dejar volar la imaginación y pensar en escenarios considerando los ámbitos político, social y económico. 

  • Es muy probable que se presente una guerra civil en algún país occidental por discrepancias en términos valóricos.
  • Quizás exista una especie de legalización de la poligamia para crear un marco legal que proteja a las personas con relaciones poliamorosas, que les permita heredar y asegurar a sus seres queridos.
  • Puede ser que el modelo de arriendo de viviendas vacacionales iniciado por Airbnb ahora sea la forma dominante en el alquiler de viviendas. Muy pocas personas pueden tener una casa propia. Como alternativa a esta imposibilidad, muchas personas prefieren comprar acciones en este tipo de aplicaciones y obtener utilidades por el uso del mismo.
  • Ante la escasez de agua, el reciclaje de la misma se vuelve algo común. En muchos hogares hay aparatos especializados para reciclar todo tipo de agua, basado en la tecnología espacial. 

Fuente: Imágenes de referencia creadas con la plataforma de AI de Google

  • De forma paulatina, ante los cortes de energía, las casas empiezan a tener plantas eléctricas multifuentes que incluyen energía solar, eólica, gasolina, gas y materia orgánica.
  • Al igual que en el pasado, las clases presenciales terminan siendo un lujo que no todas las familias se pueden permitir. La mayoría de las personas de clase baja o media baja opta por una educación completamente virtual con una variedad en la calidad en función de la capacidad económica. 
  • Luego de múltiples filtraciones, los datos de salud de las personas se vuelven públicos en muchos países occidentales y se vuelve un criterio implícito al momento de evaluar a personas en búsqueda de empleo.
  • Las monedas nacionales dejan de existir, ya que, a causa de la minería especial, las reservas de oro se cuadruplican, pero solo se concentran en determinados países, donde sus monedas se imponen al resto.
  • La soberanía de los países se ve debilitada y el poder no se concentra en los gobiernos nacionales. Los gobiernos subnacionales y locales obtienen más poder para administrar la política a nivel territorial y la recaudación fiscal es más directa. Mientras, las estructuras supranacionales mantienen la administración de la movilidad territorial y especial.
  • Regresan las teocracias en regiones frustradas con la democracia y gozan de estabilidad.
  • Latinoamérica se posiciona como la nueva región más atractiva del mundo por su poca densidad poblacional en relación con su territorio.
  • Se invade la Antártida y hay una guerra por el territorio.
  • El narcotráfico crea o conquista el primer país de manera oficial. Pero, en un giro inesperado, este país se mantiene, ya que los demás países lo utilizan para enviar dictadores y criminales incómodos. Esto se termina convirtiendo en una gran cárcel autogestionada. 
  • Un fallo en la inteligencia artificial produce un grave accidente y empiezan a restringir su uso. Se necesita un permiso especial del gobierno para usar ciertos programas.

Fuente: Imágenes de referencia creadas con la plataforma de AI de Google

En este breve ejercicio de prospectiva o de provocación, se pueden hacer valoraciones positivas o negativas. Puede que mis ideas asomen realismo, cinismo o lugares comunes, pero el centro de la conversación no es qué tipo de futuro podemos tener o no, sino cómo estamos discutiendo el futuro, cómo hacemos un esfuerzo para detenernos a pensar hacia dónde estamos caminando y con qué herramientas: ¿será avance o retroceso? 

En septiembre de este año se celebrará en Nueva York la Cumbre del Futuro, un evento de Naciones Unidas que reúne a los líderes mundiales para forjar un nuevo consenso internacional a fin de mejorar el presente y salvaguardar el futuro. Esta cumbre tiene un doble objetivo: acelerar los esfuerzos para los compromisos internacionales y adoptar medidas concretas para hacer frente a los nuevos retos y aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan. Para ello, se elaborará un documento final orientado a la acción que se denominará Un pacto para el futuro.

Este pacto promete ser un punto de inflexión para transformar la gobernanza global, primero proponiendo reformas a instancias tan importantes como el Consejo de Seguridad de la ONU, así como también fomentando medios pacíficos y sostenibles sobre el uso del espacio exterior, la inteligencia artificial y la postergada defensa de los derechos a los civiles en zonas de conflicto. Aun así, la experiencia nos dice que el futuro se construye desde otras instancias.

En ese sentido, más allá de la Cumbre del Futuro, resulta necesario que los Verne, los Asimov, las Mary Shelley o los Edward Bellamy de esta generación salgan a la luz. No soy de los que piensa que haya una orfandad intelectual o adormecimiento de ideas. Lo que sí existe es una mayor distracción a nuestros sentidos y una mayor concentración económica que nos impide ver nuestra humanidad bajo otras perspectivas.

El poder quiere un pensamiento uniforme, inclusive en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial; basta ver las imágenes que he utilizado para este artículo, a través de la plataforma Gemini de Google. ¿Estas herramientas facilitan mi creatividad o la atrofian? ¿Por qué todas las imágenes se parecen? Mis ideas deben encuadrar en la estética de esta empresa, si quiero usarlas. Esto esconde peligros más allá de la noción de inmediatez.

Estoy convencido de que el futuro no solo lo definen los políticos. Nunca ha sido así en ninguna época, tampoco aquellos que concentran todo el poder económico o tecnológico; ayer se llamaban Rockefeller o Carnegie, hoy se pueden llamar Musk o Zuckerberg. Lo cierto es que el futuro empieza y se construye sobre la base de quienes padecen los problemas del presente, no de quienes viven cómodamente en sus privilegios. 

Por esa razón y aprovechando que el futuro como concepto será un tema importante a nivel global en los próximos meses, quisiera invitar especialmente a las personas más jóvenes de la región a interpelar a sus gobiernos frente a esta Cumbre del Futuro, ya sea desde la generación de propuestas políticas para esta instancia, como está pasando en Perú, o generando instancias alternativas o contenido a nivel intelectual con el que se invite a imaginar más allá de los parámetros del actual statu quo.

Mujeres negras, desigualdades y racismo oculto

Andréa Lopes da Costa
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Mujeres negras, desigualdades y racismo oculto

Los informes de las Naciones Unidas muestran que la raza determina la composición de la base de las nuevas formas de pobreza y miseria en el mundo. Como resultado, las mujeres negras ocupan posiciones de extrema vulnerabilidad y son las más afectadas cuando se trata de la privatización de los servicios públicos.

Según el reciente informe Econonuestra de OXFAM, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y el lugar donde los ricos concentran la mayor parte de la riqueza total, después de Oriente Medio y el Norte de África, y donde el 50% más pobre tiene tan poca riqueza como el África Subsahariana. En una muestra de las vulnerabilidades que impone la raza, las personas y familias negras aparecen entre las que son expulsadas del mercado laboral, o las que, una vez empleadas, son explotadas y mal pagadas, con frecuentes abusos y violaciones de derechos. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), en América Latina, la población afrodescendiente se estima en 153,7 millones de personas, lo que representa el 23,7% de su población total».

Dentro de este grupo, las mujeres negras experimentan múltiples condiciones de exclusión, desigualdad y falta de ciudadanía. A pesar de sus logros, la pobreza y las importantes diferencias de ingresos persisten y las penalizan. En Estados Unidos, por ejemplo, «el patrimonio neto de una familia negra media es sólo el 15,8% del de una familia blanca media», mientras que en Brasil, «de media, la renta de los blancos es más del 70% superior a la de los negros», revela el informe anual de Oxfam Internacional.

Añadiendo la dimensión de género, en Brasil, según datos del Ministerio de Igualdad Racial, las mujeres negras representan el 38,5% de las personas inscritas en el Registro Único (CadÚnico). Del mismo modo, tienen los niveles más bajos de escolarización y, en consecuencia, peores posiciones en el mercado laboral en comparación con las mujeres blancas.

En general, las personas negras en Brasil son mayoría en el trabajo informal, entendido por el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) como «empleados en el sector privado sin permiso de trabajo firmado; trabajadores domésticos sin permiso de trabajo firmado; empleadores sin registro en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ); trabajadores autónomos sin registro en el CNPJ; y trabajadores familiares auxiliares». Pero si consideramos sólo los 5,8 millones de trabajadores domésticos informales, más del 91,4% son mujeres, de las cuales el 67% son mujeres negras.

El impacto de la privatización

En este contexto, el informe de Oxfam sobre la desigualdad en el mundo, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, añade que el futuro podría ser aún más sombrío: «Tardaremos 230 años en acabar con la pobreza, pero podríamos tener nuestro primer trillonario en 10 años», afirma.

El mundo occidental vive una nueva era de profundización de las desigualdades y las injusticias sociales, con un aumento drástico de la división social, el fortalecimiento del poder monopolístico y la potenciación de las grandes empresas, como indica el informe, que afirma que la privatización de los servicios públicos es una práctica relevante en este proceso.

En un primer nivel, la privatización aportaría una rentabilidad inequívoca a las grandes empresas. Sin embargo, aumentaría la exclusión y el empobrecimiento, de los que los más afectados son los grupos definidos por el género, la raza y la etnia, especialmente las mujeres racializadas. En el contexto de las dinámicas geopolíticas, con relaciones establecidas en los países del Norte Global, los inmigrantes. Y en el caso interno de países como Brasil, formados como consecuencia de la esclavitud y la colonización, sobre todo las mujeres negras.

No fue por otra razón que la representante de Oxfam Brasil, cuando formó parte de la coalición por la Reforma Tributaria 3S y participó de la audiencia pública realizada por el Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación de la Reforma Tributaria, declaró: «el hambre en Brasil tiene cara de mujer negra«, corroborando el informe divulgado, para el cual todas las desigualdades observadas a nivel global se exacerban cuando son atravesadas por el género, la raza, el origen (en el caso de los inmigrantes); en fin, por marcadores sociales de diferencia que apuntalan prácticas de discriminación.

La privatización de los servicios públicos y la vulnerabilidad de las mujeres negras

Los incentivos para que los Estados nacionales inviertan en la privatización de empresas y servicios públicos son estratégicos para este modelo global de producción de poder mediante el fortalecimiento de las grandes empresas privadas.

Estas privatizaciones pueden adoptar la forma de venta de empresas o traspaso de la prestación de servicios al sector privado, como la electricidad y el agua. Por otro lado, precarizan los servicios básicos como la educación, la sanidad y la seguridad, para favorecer la competencia con proveedores privados del mismo servicio.

La consecuencia directa es el debilitamiento de las relaciones de trabajo, especialmente cuando se asocia a políticas de flexibilización de la legislación laboral; una asociación que a menudo empuja a gran parte de la mano de obra hacia el trabajo externalizado y precario.

En ambos modelos, a los trabajadores empobrecidos y mal pagados se les hace actuar como consumidores de segunda clase en un sistema de ofertas orientado a la rentabilidad y el enriquecimiento de las empresas. Como clientes y consumidores de segunda clase, su estatus de ciudadanía se reduce y, con él, su acceso a los derechos fundamentales que antaño garantizaban con seguridad los Estados nacionales. 

Si la privatización de los servicios públicos afecta a toda la población que se encuentra en la base de las relaciones sociales, con un stock escaso de capital fundamental para su automantenimiento, como es el capital educativo, político y económico, no cabe duda de que agrava la situación de los miembros más vulnerables de esta base desfavorecida: las mujeres negras.

Las mujeres negras suelen ver en el Estado y en el acceso a los servicios públicos una posibilidad real de garantizar una calidad de vida mínima para ellas y sus familias. En Brasil, según la Encuesta Nacional de Salud, las mujeres negras representaban el 60,9% del público que utilizaba el Servicio Único de Salud (SUS). Del mismo modo, a los servicios de educación, seguridad, justicia y otros servicios públicos acceden en gran medida personas y familias negras, a menudo encabezadas por mujeres negras.

En un escenario global, los procesos de privatización las afectan directamente: las hacen vulnerables al incorporarlas al trabajo informal, especialmente al de limpieza; las privan de su ciudadanía básica, privándolas de derechos; y las empobrecen, dificultándoles el acceso a servicios fundamentales.

Por eso, tanto como un engranaje en la producción de asimetrías económicas, las privatizaciones deben ser entendidas como mecanismos sutiles y potenciales para ocultar el rostro de un racismo que se reproduce libremente, organizando el mundo y manteniendo a las mujeres negras en una condición estructural de vulnerabilidad.

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