Emergencia en Río Grande do Sul

Redacción
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Emergencia en Río Grande do Sul

El estado de Rio Grande do Sul se enfrenta a la mayor tragedia climática de su historia debido a las lluvias torrenciales y las inundaciones que han dejado sumergidas ciudades enteras. Con precipitaciones ocho veces superiores a las previstas para todo el mes de mayo, el estado ha registrado 452 municipios afectados, 538.126 desplazados, más de 76.500 personas viviendo en alojamientos, 149 muertos y 109 desaparecidos.

Infórmese cómo hacer donativos a los afectados por la tragedia:
https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial

Fuente: Agencia Nacional de Aguas (ANA) y Defensa Civil del Estado de Río Grande do Sul

Presidencias absolutistas

Sebastián Godínez Rivera
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Presidencias absolutistas

El mundo ha presenciado el ascenso de líderes populistas que son respaldados por grandes sectores poblacionales. Se sabe que son populistas autoritarios porque pretenden dinamitar los contrapesos que les impiden acumular poder. Independientemente de los sistemas presidenciales o parlamentarios, su actuar se asimila más al de monarcas absolutos que al de líderes electos. 

Incluso los apodos que adquieren en la opinión pública dicen mucho sobre la concepción que tienen del mundo; por ejemplo, Recep Tayyip Erdogan es apodado “el sultán de Turquía” o Vladimir Putin es conocido como “el nuevo zar ruso”. Los sobrenombres han sido ganados debido a la forma en la que ejercen el poder, absoluta e indiscutible, por eso considero importante explicar en qué consiste el concepto de presidencias absolutistas.

Desde la aparición de la filosofía política, los modelos presidenciales y parlamentarios han estado separados y marcados por la discusión de cuál es más efectivo para limitar el poder. Desde la ciencia política, autores como Thomas Hobbes y Perry Anderson han establecido las características de los modelos monárquicos, en el cual el rey ejerce el poder porque fue elegido por Dios para hacerlo y, por ende, sus funciones y designios no tienen límites.

Del otro lado, en los sistemas presidenciales el Jefe de Estado o Jefe de Gobierno es legítimo siempre y cuando la voluntad popular lo haga llegar al cargo. Estudiosos como Daniel Zovatto, Diego Valadés o Jorge Carpizo establecen que en estos modelos el poder tiene límites, pero en los últimos tiempos hemos visto que algunos ejecutivos han acumulado un poder personal y omnipotente al amparo de las mayorías.

El concepto de absolutismo presidencial se refiere a los sistemas políticos que cuentan con ejecutivos o mandatarios que emanan de las urnas democráticamente pero que al tener el poder se conducen como reyes absolutos. Ahora bien, a diferencia de la teoría clásica, en la que es Dios quien designa al monarca, en este nuevo es el pueblo, como lo llaman estos líderes, quien los dota de todo el poder. 

A través de las urnas, las masas eligen a estos líderes, que utilizan su simpatía y retórica incendiaria y denuncian el statu quo. Tras ganar el poder, a pesar de que existen pesos y contrapesos institucionales, las mayorías avalan y otorgan la legitimidad para erosionar la democracia y concentrar mayores facultades. Los sufragios dotan de mayorías a estos gobiernos que cooptan a las instituciones independientes e incluso desafían el marco legal establecido con funciones que no tienen.

Un ejemplo sería la reelección de Nayib Bukele en El Salvador, a pesar de que la Constitución prohíbe presentarse a un segundo mandato de forma inmediata. Por otro lado, en México López Obrador intentó a través de un memorándum derribar las reformas estructurales, una facultad que no tiene el ejecutivo. En Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, se conciben como fuentes del poder político y de las revoluciones que presumen encabezar.

En Europa y Asia, personajes como Vladimir Putin, Erdogan, Víktor Orbán, Andrzej Duda o Xi Jinping se han convertido en figuras que encarnan el poder omnímodo de las presidencias. Se han encargado de anular a la oposición y han fortalecido a su partido y sus facultades presidenciales mientras convencían a las masas de que son la única opción para transformar el país. El sometimiento de los órganos del Estado les ha permitido afianzar sus poderes constitucionales y metaconstitucionales. 

A Putin se le conoce como “el zar” porque en el pasado monárquico los zares eran las cabezas del imperio: ejercían el poder de forma unipersonal y en algunos casos la duna o el congreso ejercía contrapeso. Lo mismo ocurre en la Rusia del siglo XXI: todo está sometido al personalismo del presidente ruso, que sabe cómo se mueven los hilos del sistema político que ha moldeado a su imagen y semejanza. 

En Turquía, Erdogan se ha convertido en el nuevo constructor del estado turco, ejerce el poder desde 2014 y ha intentado acercarse a Europa en aras de consolidar un desarrollo económico y social superior a otros países del Mediterráneo. Algunos estudiosos argumentan que pretende devolver al país la gloria del extinto Imperio Otomano, pero al tener tintes nacionalistas otros lo comparan con el expresidente Kamel Ataturk, que fue el constructor de la república turca.

El mandatario se ha vuelto el pilar del sistema político, y se presenta a elecciones periódicas en las que continúa ganando la reelección. Por su parte, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente polaco Andrzej Duda han enarbolado las banderas nacionalistas para combatir la ideología de género y la comunidad de la diversidad sexual y han acumulado poder en aras de imponer una sola visión sobre sus países. 

La forma en la que ejercen el poder se basa en la polarización y división de la población para radicalizar sus políticas. Asimismo, el crecimiento de sus funciones constitucionales ha derivado en el debilitamiento de los contrapesos. Al comparar estos dos países se puede concluir que los populistas debilitan los sistemas políticos sin importar si son parlamentarios o presidenciales.

Por último, en China Xi Jinping se ha convertido no solo en el presidente, sino en un referente para su país, ya que lleva tres mandatos, algo que solo había conseguido el histórico líder de la revolución, Mao Tse Tung. China es, desde el siglo XX, un sistema de partido único, sin elecciones, lo que impide que la gente elija directamente al presidente. El hermetismo de su política y la falta de democracia son lo que ha permitido la subsistencia de este régimen autoritario.

La aparición de presidentes que ejercen el poder de forma monárquica absolutista no es lo mismo que una dictadura. Los dictadores apuestan por el uso de la fuerza bruta y llegan al poder mediante golpes de estado; los presidentes absolutistas, en cambio, lo hacen a través de las urnas y desde dentro comienzan a dinamitar los controles del poder. Además, creen que el amplio apoyo popular que tienen les permite destruir las instituciones, ya que sus simpatizantes consideran que la destrucción es necesaria para cambiar a un modelo “más democrático”.

Esto se conoce como tiranía de las mayorías, que consideran que por ser más numerosos pueden decidir de forma unipersonal, a través de su líder, sin importar lo que otros sectores piensen e incluso aunque se opongan. El absolutismo ha cambiado de manos: antes perteneció a los reyes, pero hoy son algunos presidentes quienes anhelan esta potestad suprema.

Las vulnerabilidades que deja al descubierto el aumento del nivel del mar 

Carlos A. Gordón B.
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Las vulnerabilidades que deja al descubierto el aumento del nivel del mar 

El incremento del nivel del mar no solo pone en peligro las infraestructuras costeras y los medios de vida tradicionales, sino que también arroja luz sobre las profundas brechas que existen en cuanto a políticas de vivienda y planificación territorial en América Latina. De acuerdo con el Reporte del Estado del Clima en América Latina y El Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), “en América Latina y el Caribe más del 27% de la población vive en áreas costeras, y se estima que entre el 6 y el 8% vive en áreas que tienen un riesgo alto o muy alto de verse afectadas por amenazas costeras”.   

En Panamá, una nación con 2.988 kilómetros de costa en ambos océanos, datos publicados por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) y analizados por el Observatorio de Riesgo Urbano (ORU) de la Florida State University y Esri Panamá indican que entre el 2 y el 3% de la superficie terrestre existente en la actualidad se verá afectada por el aumento del nivel del mar para el 2050. 

Una de las regiones que más tempranamente ha empezado a sentir el impacto de este fenómeno es la comarca indígena de Guna Yala, la cual emerge como un microcosmos de las complejas interacciones entre el cambio climático y las comunidades vulnerables. Los impactos son más notables en esta comarca debido a su localización en el Mar Caribe, donde, según datos de la Organización Metereológica Mundial (OMM), el aumento del nivel del mar ha sido superior al promedio mundial de 3,3 milímetros anuales, con un promedio de 3,6 mm al año.

Gardí Sugdub: los primeros migrantes climáticos panameños

La primera comunidad en tomar la iniciativa de trasladarse a tierra firme en la comarca Guna Yala ha sido Gardi Sugdub, una pequeña isla, con 300 metros de largo por 125 metros de ancho, a solo un metro sobre el nivel del mar y con unos 1.054 habitantes. Un informe de Human Rights Watch de 2023 señala que “la planificación de la reubicación comenzó en 2010, cuando los líderes de Gardi Sugdub crearon el comité de vecinos para organizar el proceso, asegurar y despejar un nuevo terreno en tierra firme donado por miembros de la comunidad”.

Este mismo informe de Human Rights Watch continúa señalando: “La reubicación planificada suele considerarse una medida de último recurso, después de que se hayan intentado todas las estrategias de adaptación in situ —como elevar las viviendas o construir diques—, y se hayan descartado como inadecuadas. Aunque los daños causados por las inundaciones y la previsión de futuros efectos del cambio climático suelen ser los factores más visibles”.

En términos generales, la condición de la comarca Guna Yala es de abandono estatal. Subsiste bajo presiones relacionadas con el hacinamiento, las condiciones precarias de la vivienda, la falta de acceso a servicios básicos, la falta de infraestructura, la migración ilegal, el narcotráfico, las enfermedades de transmisión sexual y la migración hacia la ciudad, además del aumento de eventos climáticos extremos y el deterioro ambiental.

Para los gunas, la aguja que marca el avance del progreso social apenas se ha movido durante el siglo XXI. Entre el censo de 2000 y el 2023, el porcentaje de viviendas sin agua potable pasó del 31% al 24% y el de viviendas sin saneamiento de 99% a 95%. Los hogares con ingresos menores a US 600.00 mensuales pasaron del 88% al 74%. El hacinamiento es otro de los problemas graves en esta región. Los gunas han registrado el promedio de habitantes por vivienda más alto del país, con 7 y 4 habitantes tanto en el censo de 2000 como en el 2023 respectivamente. 

Con estos indicadores como telón de fondo, lo que ha ocurrido es que la población guna ha empezado a migrar. En el 2000 el 50% de los indígenas gunas residían en la comarca, y en la actualidad este porcentaje es de apenas el 27%. El destino de estos migrantes ha sido la provincia de Panamá —donde se encuentra la capital del país—, en la que se concentra el 32% de la población guna.

Promesas incumplidas y los retos de un futuro no tan distante

El reporte publicado por Human Rights Watch enfatiza también el estado de abandono de los indígenas gunas: “El historial del Gobierno es poco convincente: en 2011, el MINSA prometió un hospital; en 2012, el MEDUCA prometió una escuela modelo, y en 2017, el MIVIOT prometió 300 viviendas. Todos los proyectos se han iniciado, pero ninguno se ha completado”. Hasta el momento, la mudanza de la comunidad no se ha realizado, y las infraestructuras se encuentran construidas y sin poder ser utilizadas.

La tierra, su acceso, planificación y manejo es uno de los retos principales dentro de este proceso de relocalización de las comunidades amenazadas por el aumento del nivel del mar. Displacement Solutions, una ONG que ha visitado en reiteradas ocasiones la comarca Guna Yala desde 2014, indica: “Será la tierra la que en última instancia estará en el centro de la mayoría de las políticas diseñadas para abordar las consecuencias del desplazamiento climático; la gente perderá tierras y necesitará nuevas tierras para empezar de nuevo sus vidas”.

Ante la amenaza que representa el cambio climático para las comunidades, los Principios de la Península surgen como un “instrumento jurídico internacional sobre los derechos de las personas desplazadas por el clima”. Estos principios indican que es necesario, “antes de cualquier reubicación, que se prepare un plan maestro de reubicación que aborde asuntos críticos que incluyen: i) adquisición de tierras; ii) la preservación de las instituciones sociales y culturales existentes; iv) acceso a servicios públicos”, entre otros aspectos. Sin embargo, hasta el momento Panamá no cuenta con los estudios que permitan implementar estos principios.

La amenaza del aumento del nivel del mar es un reto compartido por al menos 928 comunidades y 700.000 personas en Panamá. En la comarca Guna Yala al menos unas 40 comunidades y 32.000 personas se verán potencialmente afectadas. No en todos los casos se requerirá el desplazamiento de las comunidades, pero sí inversiones y una planificación que aborde la protección de sus bienes y medios de vida.

El 2050 aún parece una fecha muy lejana. Lo era en 1983 cuando se identificaron las primeras señales del aumento del nivel del mar en Panamá, y aun lo era en 1998 cuando se confirmaron. El 2010 —cuando los habitantes de Gardí Sugdub decidieron trasladarse a tierra firme— parece que fue hace poco, y ahora, en 2023, estamos a medio camino entre el pasado y el futuro. Sin embargo, la historia plasmada en este artículo cuenta cómo, todavía, después de 40 años de advertencias, no estamos preparados para el desafío que nos plantea el cambio climático.

México: radiografía hemerográfica de un mes de campaña

Juan Mario Solis
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México: radiografía hemerográfica de un mes de campaña

El pasado 1 de marzo dieron inicio oficialmente las campañas por la presidencia de México. Destaco la palabra oficialmente porque quienes seguimos de cerca la política mexicana sabemos que la contienda presidencial arrancó desde el verano pasado con precampañas que no eran tales y, en resumen, con acciones flagrantemente violatorias de las leyes electorales vigentes. Desde entonces, buena parte de la agenda de los medios de comunicación se han dado a la tarea de cubrir las actividades de quienes hoy son formalmente contendientes por la presidencia de la república: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos dimos a la tarea de constituir un laboratorio de monitoreo de medios que permita organizar y sistematizar un banco de datos con la información periodística que sobre las campañas presidenciales publican seis medios nacionales (El Universal, Reforma, La Jornada, El Sol de México, Milenio y Excélsior) y cinco internacionales (El País, DW, France 24, The New York Times y BBC). El objetivo es recopilar información útil para los estudiosos de los procesos electorales, en cualquiera de sus aristas, así como para la ciudadanía en general.

Tras el primer mes de campaña el equipo del laboratorio identificó 1777 piezas periodísticas relacionadas con el proceso electoral en curso siendo el diario El Universal el que destaca notoriamente en su cobertura con 39 por ciento de todo el universo noticioso observado seguido muy por detrás por la Jornada (17%) y Reforma (16%). En la muestra de medios internacionales observamos que las elecciones mexicanas no destacan (al menos hasta ahora) entre los principales temas de las ediciones en español de los portales seleccionados que durante marzo prestaron mayor atención a los comicios venezolanos y a la crisis política de Haití.

En cuanto a la cobertura por candidaturas, los resultados arrojan que la oficialista Claudia Sheinbaum es quien más noticias acapara (44%) seguida por Xóchitl Gálvez (36%) y Jorge Álvarez Máynez (19%). En este punto es importante destacar que la figura del presidente López Obrador tiene un peso periodístico relevante puesto que los diarios han dado cuenta de sus constantes intervenciones en el proceso electoral, a pesar de sus restricciones legales. El laboratorio identificó 96 notas que hicieron alusión a pronunciamientos del presidente respecto a las campañas en curso, lo que representaría 12 por ciento del total de noticias que han hablado exclusivamente de las candidaturas. Por otro lado, llama la atención que el Instituto Nacional Electoral, como árbitro de la contienda, haya recibido más cobertura en cuanto a número absoluto de notas que el candidato más rezagado en las encuestas.

Otro aspecto en el que vale la pena detenerse es en cuanto a los temas de campaña. Es sabido que en la mayoría de las democracias modernas las campañas electorales suelen girar en torno a un tema que articula el eje de la discusión política por el poder. En el caso mexicano, a diferencia de los procesos más cercanos en el tiempo, esto aún parece no estar muy claro. Es decir, que a pesar de que están identificados los grandes problemas nacionales (como la inseguridad, la corrupción o la salud), las notas de prensa son muy heterogéneas en cuanto a lo que son las propuestas de campaña propiamente dichas, ya sea porque los diarios se enfocan estrictamente en la descripción de los actos de campaña, o porque las candidatas y el candidato se han inclinado más a la articulación de narrativas que a la generación de propuestas. En ese sentido, destaca, por ejemplo, que en cuanto a la agenda de juventudes, un sector del electorado muy importante, la prensa solo recoja ocho notas sobre la oferta para ellas y ellos, lo que representa un raquítico 0.45 por ciento de la cobertura hemerográfica realizada.

Pero quizás lo más destacado de este primer mes de cobertura es que la campaña mexicana parece caracterizarse por su alto nivel de opinión política y editorial. En este rubro nos encontramos con 405 piezas, que representan una de cada cinco publicaciones en los medios seleccionados. Entre el universo de columnas de opinión observadas, el laboratorio detectó dos cosas que consideramos significativas subrayar: a) que en la proporción de articulistas hay una diferencia de 2.6 piezas escritas por hombres por cada mujer; y b) que en el top 10 de opinadores solo aparece una mujer. Lo anterior refleja, de algún modo, la pétrea tendencia de masculinización de la política en la que los hombres acaparan el espacio, en este caso, en el comentario político.

Finalmente, otro dato que merece la pena destacar tiene que ver con la producción de caricatura política en la que sobresale que poco más de la mitad de las viñetas publicadas durante el mes de marzo (54%) fueron publicadas por moneros (caricaturistas) afines a la 4T como Hernández o El Fisgón.

En resumen, este primer mes de campaña pone de manifiesto que el caudal noticioso de la campaña es muy amplio, aunque no tanto a nivel internacional, que la cobertura es muy heterogénea en cuanto a temas, que hay una fuerte propensión a la opinión política y al editorialismo y, en ese sentido, hay una marcada predominancia de las plumas masculinas por sobre las femeninas.

El boletín completo se puede consultar en: https://www.uaslp.mx/Paginas/General/6810

Paro y marcha federal universitaria en Argentina

Diego M. Raus
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Paro y marcha federal universitaria en Argentina

El 23 de abril se concretó en la Argentina un paro y marcha federal universitaria. Se había anunciado hace un mes y, dada la falta de respuesta del gobierno a los reclamos, se efectuó en esa fecha.

Hay que entender que detrás de esta acción colectiva hay antecedentes —qué significa la educación pública universitaria en el país— y coyunturas —qué piensa el actual gobierno libertario de Javier Milei sobre la educación pública.

Desde la Reforma Universitaria de 1918, señera en América Latina, la educación universitaria en la Argentina es irrestricta, gratuita y de autoridad tripartita, es decir, los órganos de conducción de las universidades se componen de las autoridades electas, del claustro de profesores y del claustro de estudiantes. En la actualidad, el sistema universitario público comprende 56 universidades nacionales en todo el país y cerca de dos millones de estudiantes universitarios. Cabe destacar que en un porcentaje menor pero significativo muchos de esos estudiantes son extranjeros, mayoritariamente latinoamericanos, que tienen las mismas prerrogativas que los estudiantes nacionales.

Por otra parte, en un país donde históricamente la sociedad considera a la educación pública —por Constitución, gratuita, laica y estatal— en todas sus instancias como un bien público absolutamente legitimado, apreciado e insustituible, motor de la movilidad social, cualquier ataque o intento de restricción de la misma moviliza inmediatamente a grandes y diversos colectivos sociales, empezando por las familias.

El conflicto actual parte de que el actual gobierno de Milei considera, coherentemente con el ideario libertario, que toda cuestión pública es por definición perniciosa, ineficiente y restrictiva de la libre decisión personal. En esa dirección, los primeros meses del gobierno observaron un gran número de despidos de empleados públicos, así como el cierre de numerosas instituciones del organigrama estatal, más por razones ideológicas que de gasto público, aunque el argumento oficial se haya reposado sobre esta cuestión.

Producto del debate político parlamentario y las presiones oficiales para impulsar su programa, el gobierno de Milei no logró todavía la aprobación del presupuesto 2024, por lo que, dada la prescripción constitucional al respecto, se está financiando las actividades estatales con el presupuesto 2023. En el lapso del comienzo de ese año y los cuatro meses que ya corren del 2024, la inflación superó el 200%, lo que significa que cualquier presupuesto, es decir, financiamiento de actividades públicas, tiene un presupuesto devaluado dos veces.

En ese escenario, el gobierno pretende que el sistema universitario público —recuérdese las dimensiones antes mencionadas— se sostenga con un presupuesto absolutamente devaluado. Las universidades públicas están respondiendo que con ese presupuesto solo podrán estar abierta no más allá de fin de mayo.

Por supuesto que esta incongruencia, casi al límite del absurdo, el gobierno la sostiene sobre la necesidad de control del gasto público, aunque, como surge de declaraciones de varios de sus funcionarios, la ofensiva oficial tiene un carácter netamente ideológico. El propio Milei sostuvo la semana pasada en declaraciones a los medios que “las universidades nacionales son centros de adoctrinamiento y corrupción”.

Esto dicho a una sociedad que en un porcentaje altísimo entiende, y defiende, la educación pública como factor insustituible de progreso pero también como un derecho inalienable, y ve en los estudios universitarios de sus jóvenes la culminación de ese derecho.

Un joven estudiante que ingresa a la universidad pública masiva, gratuita y democrática no es solo un sujeto aislado en busca de mejorar su situación. Es, básicamente, una familia que ve en ese joven un proyecto de futuro, individual y colectivo. Quizás por eso la marcha federal universitaria, a la cual se han adherido estudiantes de universidades privadas, es un rechazo contundente a esa ofensiva gubernamental sobre el sistema público.

A horas de esa marcha se observaba ya, en las declaraciones de funcionarios, el temor del gobierno a que la movilización fuera, como fue, multitudinaria.

Sin crecimiento no hay paraíso

Rogelio Núñez
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Sin crecimiento no hay paraíso

América Latina afronta numerosos desafíos para alcanzar un desarrollo inclusivo, de largo plazo y con estabilidad política. Son desafíos institucionales, políticos, sociales, culturales y económicos. Todos interrelacionados, pero la clave del arco se encuentra en la economía.

El actual estancamiento económico de la región desde 2014, que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la CEPAL han definido como “segunda década perdida” (2014/2023), se ha convertido en el punto de inflexión para un modelo de desarrollo que ha tocado techo tras acabar el tiempo de bonanza (la Década Dorada, 2003-2013). América Latina vive desde hace diez años en medio del estancamiento o débil expansión económica (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2022 y 2023) y crisis (2016, 2017 y 2020) con la única excepción de 2021, año atípico por el efecto rebote tras la recesión pandémica del año anterior. Latinoamérica necesita crecer alrededor del 5% para absorber las demandas sociales y alcanzar un crecimiento con desarrollo y así eludir la trampa de los países de ingresos medios. Y ese objetivo está lejos actualmente: el FMI estima que el Producto Interno Bruto regional promedio para América Latina y el Caribe crezca 2% este año, tras hacerlo al 2,3% el año pasado y al 2,5% en 2025.

Como señala el economista colombiano José Antonio Ocampo: “El crecimiento anual promedio se mantuvo ligeramente por debajo del 0,9% durante el período 2014-23, peor que la tasa del 1,3% de los años 1980. Sin embargo, se prevé que el PIB per cápita sea ligeramente superior en 2023 que al de 2013, debido a un crecimiento demográfico más lento. Por el contrario, no fue sino hasta 1994 que el PIB per cápita de la región volvió a su nivel de 1980. América Latina tiene, por lo tanto, un serio problema de crecimiento”.

Un nueva década perdida

Esta segunda década perdida ha sacado a relucir  un conjunto de problemas estructurales que lastran a los países latinoamericanos desde 2013 e incluso antes: un modelo económico y político disfuncional que no garantiza un crecimiento económico a largo plazo, ni un desarrollo sostenible e inclusivo, ni ha ido acompañado por un estado eficaz y unas administraciones públicas eficientes a la hora de implementar políticas públicas favorables a los sectores vulnerables y capaz canalizar las demandas de las clases medias emergentes.

Entre los efectos de esta segunda década perdida se encuentra el incremento del malestar de las sociedades, vinculado a esa débil expansión económica y al deterioro social (incremento de la inseguridad, de la pobreza, de la desigualdad y, sobre todo, de la vulnerabilidad de las clases medias), lo cual ha dado lugar a un voto de castigo permanente a la gestión de los oficialismos —hacia quien detenta el poder— y, en algunos casos, se ha traducido en voto de respaldo a opciones antisistema.

En la última década diversos autores como el peruano Alberto Vergara han tratado de reflexionar sobre el qué y el porqué de lo que le ocurre a la ciudadanía: concuerdan en que el malestar latinoamericano, que tiene una larga tradición histórica, se ha exacerbado y ha aumentado y se hace más evidente el choque entre una ciudadanía con crecientes expectativas que acaba defraudada por unos estados que pretenden ser republicanos (institucionalizados) y eficientes pero que cotidianamente defraudan esa promesa, pues no solo son ineficaces sino que se sitúan lejos de los problemas de la ciudadanía. Se trata de democracias débiles con baja institucionalización, “repúblicas a medias”.

Las consecuencias del estancamiento

Se trata de una dinámica que se retroalimenta debido a que los nuevos gobiernos nacen con una debilidad que condiciona su capacidad de acción: su endeblez política es la nota dominante de los ejecutivos latinoamericanos desde 2015, lo que les ha impedido llevar a cabo reformas estructurales indispensables para vincular a los países de la región a la IV Revolución Industrial, hacer más competitivas a las economías regionales y canalizar la frustración de expectativas. Además, esa debilidad institucional se ha visto alimentada por una fuerte fragmentación y una elevada polarización que han incrementado los problemas para llegar a acuerdos de estado.

Esa situación provoca la incapacidad de los gobiernos para poner en marcha procesos de reforma y que se alargue la desafección de la ciudadanía, que acaba inclinándose en cada siguiente cita ante las urnas por voto de castigo o por elementos ajenos al sistema. Los partidos que ganan las elecciones lo suelen hacer tras formar coaliciones negativas. Reúnen más un voto coyuntural y prestado que verdaderas adhesiones, con escaso apoyo en Parlamentos fragmentados y polarizados, con capacidad reducida de alcanzar consensos. No cuentan con la paciencia, muy reducida, de unas sociedades golpeadas por una década de bajo o nulo crecimiento (incluso decrecimiento), aumento de la pobreza y deterioro de las oportunidades de mejora.

Perú, que ha pasado de crecer a ritmo chinos a coquetear con la crisis y el estancamiento, es un ejemplo de esa coyuntura. De hecho, la agencia calificadora S&P Global Ratings acaba de rebajar la calificación soberana de largo plazo de ‘BBB’ a ‘BBB-’ debido a la incertidumbre política que limita el crecimiento económico. Esta rebaja implica un riesgo para Perú debido a que, ante una siguiente rebaja, perdería el grado de inversión y pasaría a grado especulativo. S&P señala que “un Congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno” pesan sobre la confianza de los inversionistas privados y suponen un costo de oportunidad para el crecimiento, lo que “limita la capacidad de Perú para reconstruir espacio fiscal”.

Los desafíos de la democracia

Las democracias tienen ante sí, para sobrevivir en esta tercera década del siglo XXI, numerosos desafíos: el primero de ellos es diseñar un nuevo contrato social. Un nuevo pacto que haga a los estados más eficaces a la hora de poner en marcha políticas públicas que resuelvan los problemas más acuciantes de la ciudadanía en materias sociales (educación, salud, seguridad y transporte), económicas (inversión en capital humano y físico) y políticas (reformas electorales y de los partidos, mayor representación y participación ciudadana, agilización de las políticas de las administraciones, etc.). La institucionalidad democrática ha perdido su atractivo porque no resuelve los problemas más cercanos de la ciudadanía, que se inclina por votar contra los gobiernos (“voto de castigo a los oficialismos”) o por alternativas alejadas del respeto a la institucionalidad democrática.

La actual crisis de las democracias se debe a un largo periodo de parálisis y bajo crecimiento. Mientras la región no encuentre el camino hacia una alta, sostenida e inclusiva expansión del PIB, la institucionalidad democrática se encontrará deslegitimada ante una ciudadanía que prefiere escuchar otros cantos de sirena. De hecho, el caldo de cultivo de esta situación es el aumento de la pobreza y, sobre todo, la desigualdad social, que genera frustración social, desafección hacia las instituciones y polarización política. Como muestra el Informe Latinobarómetro de 2023, desde 2010 ha aumentado levemente el apoyo a regímenes autoritarios, y en especial ha subido 12 puntos la indiferencia ante el tipo de régimen al hilo de ese empeoramiento de la economía regional y las expectativas de mejora personal e intergeneracional. El respaldo a la democracia, por el contrario, ha caído del 63% en 2010 al actual 48%.

Sin retomar ese crecimiento elevado, a largo plazo e inclusivo, el paraíso del desarrollo es inalcanzable para los países de Latinoamérica. Y aún peor: está en juego la pervivencia de la democracia.

Principales claves de las elecciones presidenciales panameñas

Jon Subinas
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Principales claves de las elecciones presidenciales panameñas

El domingo 5 de mayo la ciudadanía panameña elegirá a su nuevo presidente, pero previo a este paso las encuestas realizadas las últimas semanas revelan una serie de patrones. José Raúl Mulino logra aproximadamente entre el 25% y el 30% del voto, y a continuación, tres candidatos obtienen en torno al 15% y el 10%: Martin Torrijos, Rómulo Roux y Ricardo Lombana. Con estos pronósticos es complicado que el candidato Mulino no gane, porque se trata de una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo lugar, pero sobre todo porque hay tres candidatos con más del 10% empatados en el segundo puesto. En unas elecciones con una gran fragmentación del voto, distribuido en 8 candidaturas, es muy posible una victoria con menos del 30%.

José Raúl Mulino relevó a Ricardo Martinelli como candidato presidencial al ser este inhabilitado por una sentencia de más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales. En la actualidad Mulino está pendiente de otro proceso judicial que le podría llevar a la inhabilitación por una demanda de inconstitucionalidad de su candidatura, aunque desde el martes 23 de abril comenzó el voto adelantado lo que dificulta que este fallo vaya en este sentido.

Ricardo Martinelli es desde hace años el candidato que lideraba todas las encuestas con un 40% de apoyo aproximadamente. El expresidente Martinelli supo capitalizar durante su mandato el momento de bonanza económica construyendo un vínculo con una gran parte de los sectores populares. Pero, por otra parte, su liderazgo ha estado acompañado por varios procesos judiciales y en la actualidad el expresidente está asilado en la embajada de Nicaragua, pero su sombra es larga y es uno de los grandes protagonistas de la campaña, estando omnipresente en la publicidad de RM (partido político que postula a Mulino).

A pocos días de los comicios aún no ha llegado el fallo sobre la candidatura de Mulino y esto genera un nivel de incertidumbre que enrarece todo el proceso electoral. De acuerdo con la normativa panameña, el alto tribunal tiene hasta el 6 de mayo para presentar un proyecto de resolución; es decir, un día después de las elecciones presidenciales.

Los factores que pueden influir

Existen factores impredecibles que pueden influir en los resultados finales, pero también hay una serie de variables que pueden ser medibles y tienen capacidad para generar cambios en los resultados de las encuestas, entre las cuales destacaremos cuatro: la participación, el voto indeciso, el voto joven y la territorialidad.

La participación en las elecciones suele ser un factor que influye en muchos países, pero no en Panamá que cuenta con una persistente alta participación. Desde la transición a la democracia, la participación electoral siempre ha superado el 70% y es complicado que se rompa esta tendencia, pero es importante considerar el coyuntural desgaste de la política partidaria. Según la III Encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos, ocho de cada diez personas perciben de forma negativa o muy negativa a los partidos políticos, por lo que no se debe descartar que en algún momento este rechazo a los partidos pueda influir en la concurrencia a las urnas.

En cuanto a los votantes indecisos, a principios de la campaña electoral los medios de comunicación alertaban sobre el alto nivel de indecisión, pero este efecto se ha ido atenuando. Aun así, cabe destacar que, en las encuestas realizadas en abril, a pocos días de las elecciones nos encontramos con altos índices de indecisión, superando el 10% y llegando en algunos casos al 23%, algo que no es frecuente en los procesos electorales panameños. Es posible que este voto no se agrupe, sino que se disperse, pero si se concentrase en una de las candidaturas, podría introducir importantes cambios en los resultados finales.

Otra variable importante es el voto joven. De las 3,004,083 personas habilitadas para votar en 2024, un 29% está entre los 18 y 30 años lo que equivale a 871,184 votos, adicionalmente los electores de 31 a 40 años constituyen otro 19%, unos 570,775 votos, lo que juntos llega a concentrar casi la mitad del padrón electoral. Los jóvenes históricamente han tenido una participación electoral menor en comparación con los otros grupos etarios, pero si algún candidato es capaz de concitar el interés en la mayoría de ellos, tendría opciones para ganar.

Pero hay otro factor menos analizado y que puede tener una gran relevancia: la territorialidad. Panamá, como otros países de la región, tiene una distribución muy irregular de la población, pues según el censo de 2023, el 65.8% de la población reside en zonas urbanas, pero menos de un 5% de los corregimientos son caracterizados como urbanos. Hay más de un millón trescientas mil personas que residen en zonas rurales y que agrupan la mayoría de los corregimientos, pero con una gran dispersión geográfica.   

Las encuestas preelectorales tienen dificultades para recoger información en áreas rurales e indígenas por su dispersión poblacional y porque estas encuestas tienen un pequeño tamaño muestral, en torno a 1,200 entrevistas, lo que hace que a estas zonas les correspondan pocas entrevistas en los diseños muestrales, además el trabajo de campo de estas encuestas es realizado en menos de una semana. En la Encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos se diseñan dos submuestras para conseguir una información que sea suficientemente descriptiva de todas las provincias y comarcas, y toma alrededor de un mes conseguir toda la muestra, básicamente por la dificultad de recoger la información en territorios rurales e indígenas.

En las fichas de algunas encuestadoras nos encontramos con que no entrevistan ni en comarcas indígenas ni en el Darién, posiblemente por las razones anteriormente mencionadas unido a la difícil accesibilidad de algunas áreas. En el caso de una de las encuestadoras registradas en el Tribunal Electoral, se puede observar en su ficha técnica que no entrevistan ni en Darién ni en comarcas indígenas, e incluso tampoco en Bocas del Toro, que corresponden a los circuitos electorales 1-1, 5-1, 5-2, 10-1, 10-2, 12-1, 12-2 y 12-3, es decir, más del 11% del padrón electoral, que equivale a unas 335,251 personas. En estas encuestas, el candidato Mulino obtenía unos magníficos resultados, superando la barrera del 30% (37% en una encuesta realizada en marzo y 34% en abril), posiblemente porque la fortaleza de este candidato es menor en estas provincias señaladas.

En las elecciones de 2019, el candidato ganador perdió en la provincia de Panamá, lo que marca un hito histórico. Laurentino “Nito” Cortizo ganó con poco más del 30% pero en estas elecciones es posible que el ganador no llegue al 30%. En un contexto de gran fragmentación del voto, las zonas rurales e indígenas pueden jugar un papel importante en los resultados finales.

Los migrantes se movilizan por políticas de salud en Brasil

Alexandre Branco-Pereira
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Los migrantes se movilizan por políticas de salud en Brasil

El Sistema Único de Salud (SUS) brasileño es uno de los mayores sistemas públicos de salud del mundo, con una cobertura superior al 80% de la población del país. Convertido en universal en 1988, tras una década y media de movilización del Movimiento Brasileño por la Reforma Sanitaria (MRSB), se basa en los siguientes pilares paradigmáticos: la universalidad del acceso y de la atención -independientemente, incluso, de la condición documental o migratoria-; la integralidad de las personas atendidas, que implica abordajes terapéuticos integrales que tengan en cuenta los componentes sociales, culturales, económicos, étnico-raciales, entre otros, que determinan las experiencias de salud y enfermedad; y la equidad de las políticas y acciones de salud, buscando prestar atención sanitaria a cada individuo, grupo o territorio en la medida de sus necesidades.

También es un pilar paradigmático del SUS la participación de la comunidad en la elaboración de las políticas de salud – el propio SUS surgió de las deliberaciones de un foro participativo, la 8ª Conferencia Nacional de Salud. Así, los servicios públicos de salud – a través de los consejos gestores de las unidades de salud – y las políticas públicas de salud – a través de los consejos municipales, estaduales y nacionales de salud – deben estar abiertos a la participación y al escrutinio de sus usuarios, que pueden ayudar a decidir, junto con los trabajadores y gestores, sobre el presupuesto, las acciones y los temas prioritarios, entre otras cuestiones relevantes para cada contexto.

La pandemia fue y ha sido una catástrofe de proporciones gigantescas a nivel mundial. Sin embargo, atribuirla a la aparición del SRAS-CoV-2 es ignorar las configuraciones de las asimetrías de poder globales, regionales y locales. En Brasil, por ejemplo, la pandemia fue precedida por el sistemático debilitamiento y desfinanciamiento, iniciado en 2016, de los sistemas de protección social, con el establecimiento de mecanismos de contención del crecimiento del gasto público y reformas neoliberales que perjudicaron especialmente las garantías laborales, las políticas de salud, la asistencia y la seguridad sociales.

Si la pandemia de Covid-19 representó, por un lado, la culminación de las consecuencias de la austeridad económica neoliberal sobre la protección social durante la catástrofe -un atisbo de cómo se preparan las respuestas a futuras catástrofes-, por otro, también catalizó la articulación política y la resistencia de muchos grupos históricamente marginados y vulnerables.

Movilizaciones de migrantes

Este fue el caso de los migrantes y sus movilizaciones exigiendo políticas específicas de salud pública durante la pandemia en Brasil. Entre 2021 y 2023, tuvieron lugar en Brasil dos eventos para la participación popular de las poblaciones migrantes en el desarrollo de políticas públicas. El primero fue el Plenario Nacional de Salud y Migración en 2021, que movilizó a casi 400 participantes de 19 nacionalidades y residentes en todas las regiones del país. Este evento, el primero de su tipo en la historia de Brasil, produjo 172 propuestas para la atención de los migrantes en el SUS, que posteriormente se consolidaron en 37 directrices. Al final del Plenario, también se creó el Frente Nacional por la Salud de los Migrantes (FENAMI).

En 2023, como etapa preparatoria de la 17ª Conferencia Nacional de Salud, se realizó, también de forma inédita, la 1ª Conferencia Nacional Gratuita de Salud de la Población Migrante, con un comité organizador coordinado por la FENAMI. Celebrada de forma híbrida, contó con 876 participantes repartidos en 29 centros presenciales organizados en 19 ciudades de Brasil, o participando en línea, lo que la convierte en la 11ª mayor conferencia gratuita de las 99 organizadas en el 17º ciclo de la CNS. Fueron aprobadas cuatro directrices y 20 propuestas, destacando, entre otras, la necesidad de crear una Política Nacional de Atención Integral a la Salud de la Población Migrante, Refugiada y Apátrida.

Esta conferencia libre también eligió, de forma inédita, una delegación para participar en la 17ª Conferencia Nacional de Salud – el foro de participación social responsable de definir las propuestas y directrices a considerar en la elaboración del Plan Nacional de Salud. El 17 de agosto de 2023, el Consejo Nacional de Salud publicó la Resolución 719, con el objetivo de divulgar las directrices y propuestas aprobadas por la 17ª CNS. Esta resolución también incluyó, de forma inédita, 4 directrices y 24 propuestas que mencionan a las poblaciones migrantes, refugiadas y apátridas – un total de 51 menciones a estas poblaciones. Lamentablemente, las poblaciones migrantes no fueron mencionadas en la Resolución 715 del 20 de julio de 2023 del mismo Consejo, y no fueron incluidas en las directrices estratégicas del Plan Nacional de Salud y del Plan Plurianual 2024-2027.

Estas movilizaciones tuvieron aún más efectos. En primer lugar, hicieron de la realización del derecho a la salud de las poblaciones migrantes en Brasil una cuestión políticamente relevante, aportando abundantes relatos en primera persona de experiencias con el SUS y de la miríada de otras dimensiones de la vida que producen una inmensa diversidad de concepciones de la salud. A raíz de estas y otras movilizaciones -como las campañas de vacunación organizadas por los movimientos de migrantes en la periferia de la ciudad de São Paulo- se han creado grupos para reflexionar sobre políticas de salud y acciones de equidad para las poblaciones migrantes en estados como Goiás y municipios como São Paulo.

Una política nacional

La elaboración de una propuesta de Política Nacional de Atención Integral a la Salud de la Población Migrante, Refugiada y Apátrida comenzó en 2022, fue suspendida y retomada durante el gobierno Lula. A finales de junio de 2023, el Ministerio de Salud publicó la Ordenanza nº 763, por la que se creaba un Grupo de Trabajo de un año de duración encargado, entre otras cosas, de formular la propuesta de política.

La ordenanza por la que se creaba el GT no preveía la participación de la sociedad civil en pie de igualdad con los miembros del gobierno. También colocó la coordinación del Grupo bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud y Vigilancia Ambiental – favoreciendo, aunque implícitamente, la asociación entre migración y riesgo para la salud que es común en ciertos trabajos científicos y en políticas de salud que no están orientadas a garantizar derechos.

Tras las presiones, el gobierno aceptó garantizar la participación de la sociedad civil, y se organizarán talleres para ampliar el debate sobre la Política. Sin embargo, aún no se sabe con certeza si se renovará el mandato del Grupo, que finaliza en junio, si se oficializará la participación de la sociedad civil y si se están llevando a cabo las demás actividades propuestas en su ordenanza de instalación, como la elaboración de un documento con un mapeo y diagnóstico nacional de la salud de la población migrante, refugiada y apátrida.

Por lo tanto, es necesario destacar el papel de estas movilizaciones en la producción del momento favorablepara la elaboración de políticas de salud para las poblaciones migrantes en el país – que, hay que decirlo, también benefician a los nacionales. Representan una demanda por la reconfiguración de las relaciones de poder que se ha vuelto más relevante en particular desde la última década – entre otras razones, debido al aumento del número de migrantes racializados del sur global que residen temporal o permanentemente en Brasil. Prohibidos de manifestarse u organizarse políticamente hasta 2017, ahora reclaman justamente al unísono, aunque en varios idiomas: «¡Nada sobre nosotros sin nosotros!»

El comercio de los agroalimentos: América Latina en la encrucijada del cambio climático

Marcelo Halperín
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El comercio de los agroalimentos: América Latina en la encrucijada del cambio climático

No hay dudas de que el cambio climático, en especial asociado a la emisión de gases de efecto invernadero y a la degradación abrupta de la biodiversidad, es la causa de las catástrofes climáticas y epidemias impredecibles que se están desatando en el mundo. Según el consenso científico ambas calamidades derivan de las condiciones de producción que prevalecen a escala global.

Entre los modelos cuestionados están incluidos tanto los de supervivencia como los cultivos extensivos generados a costa de la depredación de recursos naturales destinados a la exportación. Este es el caso de los países latinoamericanos inmersos en la matriz productiva impuesta por la dependencia estructural. Se trata del modelo de inserción internacional consolidado en el curso de la tan prolongada como penosa historia de saqueos y degradaciones coloniales y neocoloniales.

Por un lado, en numerosos países de América Latina persiste y en ciertos casos se afianza esta matriz productiva y la importancia para sus economías de las exportación de commodities hacia terceros países. Así lo confirma la reciente investigación de Rosario Campos y Romina Gayá en un trabajo conjunto de FAO y BID publicado este año bajo el título: “Oportunidades para promover el comercio agroalimentario intrarregional en América Latina y el Caribe”.

Por otro lado, paradójicamente, están multiplicándose las inhibiciones y obstáculos impuestos precisamente por los países centrales para el acceso a sus mercados de bienes obtenidos en desmedro de la sustentabilidad ambiental. 

El argumento sobre la subsidiariedad

Es el núcleo de una narrativa utilizada reiteradamente por la UE al invocar la imposibilidad de cumplir el precepto expuesto en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, según el cual “Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional… Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales, deberían en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional”.

Frente a esta directiva, la UE se proclama como guardián de un bien público global. Lo manifiesta, por ejemplo, en la exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono: “el cambio climático es, por su propia naturaleza, un problema transfronterizo que no puede resolverse exclusivamente con medidas nacionales o locales. La acción coordinada de la UE puede complementar y reforzar eficazmente la del ámbito nacional y local y mejora la acción por el clima. La coordinación de la acción por el clima es necesaria a nivel europeo y, en lo posible, a nivel mundial, y la actuación de la UE está justificada por razones de subsidiariedad”.

Obstáculos al comercio para combatir la deforestación

El principio de subsidiariedad reivindicado por la UE respalda también al Reglamento 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de mayo de 2023 “relativo a la comercialización en el mercado de la UNIÓN y a la exportación desde la UNIÓN de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal”.

Habiéndose previsto inicialmente que el grueso de las disposiciones deberían regir antes del mes de julio de este año, la magnitud y relevancia de su cobertura pueden ponderarse con sólo repasar algunos ítem contemplados en el punto de partida: ganado y carne bovina; cacao y chocolate; café; grano y harina de soja; madera, papel y muebles.  

Para el acceso al mercado comunitario de las materias primas y derivados que la UE considere pertinentes, se requerirán certificaciones de trazabilidad sobre la ausencia de deforestaciones en el curso de los respectivos procesos productivos. Las certificaciones deberán incluir geo-localizaciones de las zonas de extracción de las materias primas, así como evaluaciones de riesgo de deforestación susceptibles de afectar total o parcialmente las perspectivas exportadoras del país donde se asienten las producciones riesgosas.

Además, este año la Comisión debería también evaluar la posibilidad de extender, mediante ulteriores reformas legislativas, la misma modalidad de protección contra la degradación de otros ecosistemas tales como praderas, turberas y humedales.

Semejantes pretensiones de aplicar extraterritorialmente la normativa comunitaria, dieron lugar a un cuestionamiento a través de la carta que en septiembre de 2023 dirigieron once países de América Latina y el Caribe, tres países asiáticos y dos africanos al Consejo Europeo, a la Comisión y a la Presidencia Pro-Témpore del Consejo.

La misiva se difundió especialmente a través del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio del Gobierno de Colombia. En principio los países firmantes adujeron la excesiva carga administrativa y costos para responder a exigencias tales como las de geo-localización y trazabilidad y que finalmente tendrían que ser absorbidos por los productores. Pero la objeción más llamativa fue la referida al carácter contraproducente de las medidas con respecto a la pretensión de fomentar cultivos sostenibles, ya que los pequeños productores rurales resultarían excluidos de las cadenas de valor, no por deforestar sus tierras, sino por la imposibilidad de cumplir con las normativas.

La carta no se extiende sobre los motivos seculares de la desigualdad entre los agricultores asentados en sociedades centrales y los de las periferias. Pero nadie ignora que, en el caso de la ruralidad latinoamericana, la estructura productiva es el resultado de una letal combinación inducida por los procesos coloniales y neocoloniales. Por un lado la explotación desmesurada de inmensos territorios y, por otro, las frágiles economías de subsistencia de las que deben valerse los estratos sociales más pobres y desamparados.  

Si bien era conocido el impacto de las producciones agrícolas no sustentables respecto de las emisiones de efecto invernadero, esto recién se abordó la cuestión en la Cumbre Climática de Dubái (COP 28). Allí, al menos ciento treinta y cuatro países suscribieron una ostentosa Declaración firmada por los delegados de Estados Unidos, China, la UE y numerosos países de la periferia como todos los centroamericanos y sudamericanos con excepción de Bolivia, Guyana y Paraguay. La Declaración sobre Agricultura Sostenible, Sistemas Alimentarios Resilientes y Acción Climática es un primer compromiso aunque todavía no vinculante para incluir a los sistemas alimentarios y a la producción agrícola en los planes nacionales contra el cambio climático.

¿Cómo cursar la transición? El silencio que aturde

Una vez reconocida la necesidad de transformar las condiciones de vida de la mayoría de la población en las periferias, habría que preguntarse cómo cursar la transición sin afectar las ya muy penosas economías de subsistencia y simultáneamente los ingresos devengados por la exportación de producciones agrícolas extensivas de las que dependen las finanzas públicas de dichos países.

¿Será posible revertir tales sistemas sin ocasionar daños mayores a los ya conocidos?  ¿Y acaso los países atrapados entre una endémica exclusión social interna y los términos asimétricos de sus intercambios comerciales internacionales deberían además hacerse cargo de su propia transformación productiva? 

En los países centrales los particulares están obteniendo reconocimientos jurisdiccionales de su derecho a la protección ambiental frente a los Estados donde residen. El caso más reciente es el resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al pronunciarse sobre la responsabilidad del gobierno suizo, cuyas medidas inadecuadas para reparar los daños atribuidos al cambio climático fueron consideradas como un menoscabo de los derechos humanos.

Cabe recordar entonces la propia doctrina de la UE: en materia de cambio climático lo que está en juego es verdaderamente un bien público global. Los Estados nacionales que levantan el blasón de la economía verde y la preservación de la biodiversidad son las mismas potencias coloniales que promovieron aquellas expoliaciones de ultramar y hoy disparan las alarmas. ¿No deberán entonces asumir una mayor responsabilidad frente a los ingentes costos de cualquier iniciativa reparadora fuera de sus fronteras?

Parece lejana una concertación multilateral de programas para la reconversión de las estructuras productivas y los sistemas alimentarios. Entretanto, los países periféricos exportadores deberían disponer efectivamente de la asistencia técnica y financiera que permita cumplir con los recaudos medioambientales adoptados por los países centrales en su condición de importadores.

La galaxia rosa, un peligro para la democracia

Sebastian Grundberger
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La galaxia rosa, un peligro para la democracia

Se habla mucho de ellos, pero poco se sabe. El Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla fueron protagonistas y son herederos de la llamada “marea rosa” de gobiernos de izquierdas que se extendió por la región a principios del milenio. Mientras que gobiernos afines a estos espacios han marcado la pauta de la región durante las últimas dos décadas, también se constata una erosión dramática de la institucionalidad democrática. Ambos fenómenos están estrechamente entrelazados.

Los actores de la primera marea rosa se han convertido en una galaxia rosa que hoy en día comprende actores, instituciones y asociaciones de izquierda que, detrás de una fachada progresista, socavan los principios de la democracia liberal. El Foro de São Paulo, hoy la organización de partidos políticos con más gobiernos en América Latina y el Grupo de Puebla, un grupo de activistas de izquierdas, son solamente dos de varias instituciones de la galaxia rosa. También cabe mencionar, entre otros, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) como difusor de comunicados y publicaciones académicas altamente sesgadas y a la Internacional Progresista (Progressive International) que conecta las organizaciones de izquierda latinoamericana con sus pares fuera de la región.

Si bien en todas estas constelaciones se unen estrellas democráticamente legítimas con planetas autoritarios, son claramente estos últimos quienes las dominan. Así, la galaxia rosa forma una plataforma de apoyo a dictaduras. Destaca particularmente el rol central que sigue desempeñando Cuba en este contexto. La Habana es una especie de vaticano socialista, un elemento unificador cuyos dogmas no se cuestionan.

Ideología compartida

La galaxia rosa funciona en algunos ámbitos según la lógica de un partido transnacional de izquierda autoritaria. Comparte una base ideológica sólida, tiene canales de coordinación formalizados e institucionalizados y un instinto corporativo del poder. Su extensa red de personas y organizaciones le sirve tanto para apoyarse mutuamente vía cartas de apoyo, para interceder en conflictos con la justicia o para apoyar candidaturas afines en organismos internacionales. Se opone al “neoliberalismo” y al “imperialismo” desde los Estados Unidos. Rechaza la concepción de la democracia liberal y exige su reemplazo por una democracia más “radical” o “participativa”. Es muy hábil para difundir sus narrativas.

Una de ellas es el llamado “lawfare”, una supuesta persecución política contra líderes de izquierda como la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa o el expresidente golpista peruano Pedro Castillo. Al mismo tiempo, los actores de la galaxia rosa ignoran o defienden el pisoteo de los derechos y libertades de opositores políticos en Cuba, Nicaragua o Venezuela. En este contexto, es significativo el silencio atronador respecto a la exclusión de María Corina Machado de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Actores globales

Esta constelación además es tierra fértil para potencias extranjeras autoritarias como Rusia, China e Irán. Ellos comparten con la galaxia rosa su rechazo a los valores liberales occidentales y particularmente a Estados Unidos. Un singular rol en este contexto ha adquirido el Kremlin. Sus medios encabezados por Actualidad RT muestran, igual que el canal iraní HispanTV, una alineación absoluta con la galaxia rosa. Esta cercanía entre Rusia y la galaxia rosa se muestra en numerosas ocasiones.

Ejemplos son la falta de condena de la invasión rusa a Ucrania en declaraciones del Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo, la organización conjunta en plena guerra de Foros académicos por CLACSO y la agencia rusa Sputnik en San Petersburgo o la participación masiva de personas de la órbita de la galaxia rosa en un Foro parlamentario Rusia-América Latina organizada por el parlamento ruso en octubre 2023 en Moscú con participación de Vladimir Putin.

Una red extensa

La cercanía con Rusia, China e Iran ayuda a entender mejor algunos comentarios geopolíticos recientes por líderes de izquierda. Así, Lula da Silva, como cofundador del Foro de São Paulo una de las figuras fundamentales de la galaxia rosa, puso en duda la responsabilidad de Vladimir Putin en la muerte del opositor ruso Alexej Navalny mientras el presidente Gustavo Petro comparó, igual que Lula, la guerra de Israel en Gaza con el genocidio por parte de la dictadura nazi en Alemania. Este último es una narrativa difundida por Irán.

La galaxia rosa en sí es un actor que daña gravemente a la democracia en América Latina mientras construye puentes para que actores autoritarios extranjeros puedan utilizar la región para sus fines geopolíticos. Al estar en permanente modo de ataque y apelar a emociones primarias negativas como el miedo, la ira o la frustración, la galaxia rosa a menudo consigue eludir sorprendentemente bien las críticas a su propia falta de coherencia democrática.

Por esto es fundamental transparentar los actores, aliados y modos de actuar de la galaxia rosa. Es tiempo para los demócratas de todos los colores de unir filas contra esta amenaza.

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