AMLO: un presidente molesto 

“Por encima de la ley está la autoridad moral y la autoridad política del presidente”, exclamó Andrés Manuel López Obrador dejando perpleja a la audiencia de sus conferencias mañaneras. Discursivamente, nunca había llegado a tanto. Se supone que en la toma de posesión como presidente juró guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.  

“Nadie por encima de la ley”, reza otra máxima liberal. Se podrá decir que fue una reacción emocional luego de que Natalie Kitroeff, la responsable del diario New York Times en México, le hiciera llegar una carta informándole de que el medio de comunicación iba a publicar un reportaje sobre testimonios de cinco testigos protegidos que señalaban que “aliados” del presidente y sus hijos habrían recibido dinero de miembros del crimen organizado y que el medio quería conocer su opinión sobre distintos aspectos. Esto habría molestado mucho al presidente.  

El presidente no dio una respuesta formal a las preguntas que se le hacían sino que subió a la gran pantalla de la sala presidencial el documento y, en público, leyó y respondió a cada una de ellas entre descalificaciones. Todo ello ante el asombro de la audiencia de periodistas, camarógrafos y funcionarios que diariamente se dan cita al amanecer en Palacio Nacional.  

Quizá no hubiera pasado de un mal momento del presidente si no fuera porque el documento hecho público llevaba el número telefónico de la periodista estadounidense lo cual va en contra de la ley de Transparencia y Protección de Datos Personales. Al hacerlo público se la expuso ya que México es un país donde el ejercicio del periodismo es una profesión de alto riesgo. Ahí está el doloroso saldo de 42 colegas asesinados.  

Pero ocurrió, lo que provocó reacciones en contra del gremio de periodistas de dentro y fuera del país. Jessica Zermeño, corresponsal de Univisión, asistió a la siguiente conferencia para cuestionar al presidente haber expuesto a su colega al dar a conocer su identidad y número telefónico.  

El presidente seguía molesto y quiso zanjar el problema recomendándole que cambiará de número. Sin embargo, la periodista le preguntó si volvería a dar a conocer la identidad y el número telefónico de un periodista cuando la ley mencionada lo limita. La respuesta fue afirmativa ya que por encima de la ley, dijo, “está la autoridad moral y política del presidente”.  

Y aquí se abre una discusión, quizá ociosa, porque en cualquier democracia los personajes de la política institucional son producto de las leyes y están para actuar bajo su techo y defenderla, no al revés.  

Entonces, no se trata solo de un mal momento, un lapsus emocional, sino que es una proyección de su personalidad y de cierto egocentrismo, donde el yo está envuelto en la idea de la patria y la bandera nacional. Por lo que, a su juicio, tocar al presidente es tocar la soberanía del país.  

Y podríamos coincidir en que un presidente encarna la soberanía nacional en cuanto a cargo electo democráticamente, ya que es una representación de las preferencias mayoritarias, pero está acotado por la ley, pues mientras existan instituciones democráticas nunca podrá estar por encima de ella. La ley aplica a todos sin distinción de cargos públicos, pertenencias partidarias, origen social o religioso.  

Por eso el presidente López Obrador erró al acuñar la expresión mencionada, porque con ella se acerca peligrosamente al discurso de los dictadores que personalizan todo a su imagen y semejanza.  

Y eso, dicho en un momento crucial en el que se han iniciado las campañas electorales concurrentes pega a la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum, que hasta ahora ha estado bajo el amparo de la estrategia de que sea el presidente quien capotee el vendaval de la oposición mientras ella acumula puntos, “nadando de muertito”.  

Hay que reconocer que esta es una buena estrategia que la protege con una excelente intención de voto. Sin embargo, ese vendaval mediático que vincula al presidente López Obrador con los miembros del crimen organizado, y que se ha repetido a través del hashtag #narcopresidenteAMLO y, además, fue un grito destemplado de decenas de miles que sacudió el Palacio Nacional el pasado 18 de febrero, ha impactado en la línea de flotación de la estrategia oficialista. Según algunos estudios serios (véase Massive Caller y El Financiero) la diferencia se habría reducido a solo 8 puntos porcentuales a favor de la candidata del oficialismo.  

O sea, cuando empiecen las campañas electorales, el tiempo del presidente tenderá necesariamente a bajar, mientras que el espacio público será de las candidatas presidenciales. Con la oferta de las coaliciones y, sobre todo, la postura de cada una frente a la ley para dirigir un país y administrar los grandes problemas nacionales. Eso, más el carisma de cada una de ellas, será definitivo el próximo 2 de junio. 

Guatemala: El presidente Bernardo Arévalo ante el desafío de fortalecer las instituciones

El resultado de la elección presidencial de 2023 en Guatemala fue una sorpresa para los actores políticos tradicionales. Los sectores de poder económico y político en el país centroamericano hicieron todo para intentar mantener el control sobre las instituciones del Estado -y así seguir con las prácticas de saqueo del presupuesto público- ante las promesas de campaña del ahora presidente Bernardo Arévalo de luchar contra la corrupción y fortalecer el sistema judicial. Ahora que Arévalo es presidente ¿será necesario para llevar esto acabo la creación de una instancia con apoyo internacional o más bien el regreso de una Comisión como la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)? ¿O podrá el gobierno hacerlo, aún con instituciones que de acuerdo a analistas se encuentran cooptadas e infiltradas por fuerzas corruptas?

Más que oposición

La estrategia de los sectores tradicionales para asegurarse el control del poder se basó, incluso previo al inicio de la campaña, en dejar fuera de la competencia a varios candidatos opositores como Carlos Pineda, un empresario que utilizó la red tiktok para posicionarse entre los contendientes fuertes, y cuyo rápido ascenso incomodó al partido oficial Vamos, del ex presidente Alejandro Giammattei. 

También, a través de la influencia sobre el Tribunal Supremo Electoral y el total control de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, se dejó fuera al binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, constituido por Thelma Cabrera, una mujer maya Mam y al ex procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas. Por otro lado, el MLP con su propuesta de un estado plurinacional se consagró como la opción antisistema, pero también quedó fuera de la contienda.

Tras la eliminación de los principales opositores, la propuesta de un gobierno anticorrupción de Bernardo Arévalo, quien no figuraba en los primeros puestos según las encuestas previas a la elección, terminó atrayendo a la ciudadanía. Pero ahora, para cumplir con esa propuesta que busca fortalecer o más bien recuperar las instituciones, el presidente debe recomponer el Ministerio Público, ente encargado de la investigación y persecución penal.

¿El regreso de CICIG?

De acuerdo con el analista y experto en temas de transparencia y gobierno abierto, Marvin Flores, un eventual regreso de CICIG resulta, ante el actual contexto, casi imposible. Y es que para el analista primero se debe depurar a los actores corruptos que “han cooptado las instituciones a través del denominado pacto de corruptos” que llegó a consolidar el saliente presidente Alejandro Giammattei.

Esto, sin embargo, resultaría muy complejo de llevar adelante porque, aunque Arévalo cuenta con el apoyo popular y el poder consagrado en el organismo ejecutivo, no sucede lo mismo en los demás poderes del Estado como las cortes y el Legislativo. Arévalo, además, según este experto “es un demócrata y no estaría dispuesto a tomar medidas radicales para sanear los niveles de corrupción que hereda su administración, no sólo de la última sino de varias administraciones que se dedicaron a infiltrar y cooptar las instituciones del estado”.

Esta dificultad preocupa a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos y la Unión Europea que tienen cada vez menos influencia sobre las democracias latinoamericanas, y especialmente centroamericanas en un momento en el que países como China están abriendo campo en la región a través de inversiones o la especulación de una posible aparición de Rusia con convenios de cooperación militar.

El Estado de Guatemala en efecto se encuentra cooptado y la transformación del mismo requiere de una reforma al sector judicial, además de una depuración de los actores corruptos que se encuentran enquistados en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes.

Y es que en Guatemala no existe el sistema de frenos y contrapesos. La Contraloría General de Cuentas, El Ministerio Público y la Procuraduría General de La Nación, entidades encargadas del cumplimiento de la ley, han sido utilizadas al antojo de actores corruptos que se han consolidado. Además, detrás de estos actores corruptos existe una élite económica empresarial que ahora es también una élite financiera que no le interesa que existan instituciones, ni locales ni internacionales, que pongan en riesgo su “gallina de huevos de oro”.

En este contexto radica la importancia que tuvo la extinta CICIG en Guatemala como un organismo sui generis, debido a que en Guatemala es muy difícil que un órgano local pueda investigar a los personajes corruptos debido a la permeabilidad del Estado.

Durante su existencia, CICIG investigó primero a narcotraficantes, luego a militares involucrados en crímenes de lesa humanidad y posteriormente a políticos y empresarios corruptores. Y fue durante esta última etapa, dirigida por Iván Velásquez, que finalmente el gobierno de Jimmy Morales canceló el convenio.

Por lo tanto, aunque los analistas y la población en general pueden coincidir con que urge la creación de un órgano como CICIG o el regreso de la misma, dentro de la configuración actual del tablero del poder parece ser casi imposible que esto suceda.

Milei en la presidencia: la política del hambre

La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina ha conmovido a distintos sectores de la sociedad. Siguiendo el guión de la ultraderecha internacional, la cultura, la ciencia y las universidades han sido priorizadas para el ataque al inicio de su gobierno. Por supuesto, la precarización y la eliminación de derechos sociales son también principios rectores de estas administraciones. Multiplicar el hambre es la opción política del presidente.

El hambre de Milei

Milei saltó a la fama en Argentina como entrevistador de televisión, agresivo y polémico, con ideas extremas y programas violentos. Llegó a la presidencia ganando la segunda vuelta, tras negociar con todo lo que rechazaba y denunciaba en su propia campaña electoral, siendo apodado el gatito mimado del poder económico. Finalmente, un hombre con poco repertorio abrazó rápidamente el guión de la extrema derecha: reconfiguró su discurso, se centró en sus objetivos y reprodujo metodologías que habían tenido éxito en otras latitudes.

Libertad se convirtió en la palabra más pronunciada, algo típico de la extrema derecha. El concepto de libertad de Milei es limitado: ultraindividualista y anticomunitario. Así, el hambre es un resultado de la meritocracia, sin historia ni estructuras sociales o económicas. El hambre se considera una debilidad del individuo, único responsable.

En estas líneas de pensamiento, ajenas a las necesidades sociales, la caridad es la forma de abordar el problema. Los significados de la alimentación son diferentes. Es un concepto múltiple que implica cultura, trabajo, salud, identidad, medio ambiente, geopolítica, colectivo, amor. A quién tiene hambre, todo esto le está negado. «Quien tiene hambre tiene prisa», dice una canción brasileña. En su libro «La geografía del hambre», escrito en la década de 1940, Josué de Castro ya problematizaba la cuestión incorporando relaciones sociales, económicas y políticas. El hambre es una opción política, con síntomas biológicos.

En la campaña electoral, en el plan de gobierno de su partido La Libertad Avanza, la palabra hambre aparece sólo dos veces. Derechos humanos aparece 5 veces (4 veces como referencia negativa); la palabra alimentación aparece 27 veces, pero en general, nada que ver con la alimentación, sino en frases como alimentar la producción. La palabra empresa aparece 115 veces y economía o económico 125 veces. No es demasiado difícil entender el lugar que ocupan los derechos y privilegios en el sector privado. El hambre de Milei, la única que le preocupa, es el hambre de beneficios.

El marco legal de la política contra el hambre

Como presidente, a fines de 2023, Milei tuvo que lidiar con políticas públicas en el área y propuestas legislativas. Todas ellas repercutieron en la sociedad, con consecuencias en los estómagos de la gente. Dos días después de asumir, Milei devaluó el peso argentino más de un 54%, disparando la inflación. El recorte de subsidios y la suspensión de obras de infraestructura fueron también algunas de las primeras medidas. Como parte del marco legal, Milei presentó la «Ley de Bases y Partidas para la Libertad de los Argentinos». Esta ley, que contiene 664 artículos, es conocida como la Ley Ómnibus, por la cantidad de artículos y cambios que introduce en otras leyes. También dictó la medida cautelar 70/2023 «Bases para la reconstrucción de la economía argentina», con 336 artículos, tan extensa como inconstitucional. Ninguna de ellas incluye políticas para combatir el hambre o la inseguridad alimentaria. Por la profundidad de los recortes y ajustes, provocarían grandes manifestaciones y protestas. La represión fue la respuesta, aplicando el nuevo protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, profundamente irregular.

El 24 de enero, Milei se enfrentaría por méritos propios a su primera Huelga General contra la Ley Ómnibus y la medida provisional 70/2023. La movilización nacional surtió efecto y la ley fue rechazada por el Parlamento, debido a la inoperancia oficialista, la falta de consenso y su contenido regresivo para los derechos humanos y la propia democracia.  Por su parte, la Medida Provisional 70/2023 ya ha sufrido varios reveses en los tribunales, con la suspensión de la reforma laboral y la anulación de seis artículos concretos. Y su destino parece ser una profunda judicialización.

La aplicación de la política del hambre

En febrero, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, responsable de las transferencias a los «comedores populares», se acercó a los manifestantes que reclamaban comida frente a un organismo público. La ministra dijo: “¿Tiene hambre la gente?, yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes”. En los días que siguieron al discurso de la ministra, se formó una enorme cola de 30 bloques que se hizo oír, denunciando la reducción de la ayuda alimentaria a los restaurantes comunitarios. La ministra no quiso recibir a ninguno de los manifestantes. Recordemos que el nuevo Ministerio de Capital Humano incorporó seis antiguos ministerios. En otras palabras, tiene todo, pero no funciona nada.

La reestructuración de la distribución de recursos a los comedores populares está en el punto de mira del Gobierno, que acusa a los intermediarios de ser el problema. Argentina se encuentra en un contexto de aumento del precio de los alimentos, inflación descontrolada, hambre generalizada y multiplicación masiva de la pobreza. En este escenario, con la falta de distribución de recursos, muchos de los comedores populares están cerrando sus puertas. Y con ellos cerrados, el dolor y el vértigo del hambre se expanden como política pública.

Más de cinco millones de personas dependen de la comida de estos espacios comunitarios. En respuesta, diversas organizaciones sociales y partidos se manifestaron el 23 de febrero exigiendo el envío de alimentos.

Según una investigación de la Universidad Católica Argentina, aproximadamente el 57% de la población se encuentra en el umbral de la pobreza. Hay más de 45.000 comedores populares que no reciben alimentos del gobierno nacional desde hace meses. El gobierno intenta cambiar el sistema a través del programa Tarjeta Alimentaria, insuficiente en cuanto a la cantidad de beneficiarios y la calidad de la prestación. También ha firmado convenios con Cáritas Argentina, la Alianza Cristiana (que agrupa a instituciones evangélicas) y otras fundaciones, desconociendo la importancia y capilaridad del trabajo de los distintos movimientos sociales locales y comunitarios. Parecería que es una cuestión de qué tipo de intermediarios quiere el gobierno, más que de los intermediarios.

Horizonte de hambre

Por lo que parece, Milei enfrentará varias huelgas generales en los próximos meses. A medida que crece el hambre, la imagen positiva de Milei va cayendo, mientras que aumenta el descontento sobre su actuación como presidente: el 54% de la opinión pública es negativa. Desde que Milei está en la presidencia, diversos conflictos sociales arrecian por doquier, fuera de control. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado que: «lo peor del ajuste será entre marzo y abril». Sería bueno que Milei comience a leer a la autora brasileña Carolina de Jesús.

El impacto de la IA en la política democrática: ¿riesgo u oportunidad?

Ciudadanos bien informados y con conocimientos políticos enraizados en hechos objetivos han sido –desde siempre- una de las precondiciones para la existencia y consolidación de una democracia sólida y robusta. Por décadas, el análisis fino de las encuestas sobre cultura política constató que un capital cognitivo alto en política está asociado con mayores sentimientos de eficacia para tomar decisiones, una predisposición a comprometerse con la vida pública y un apoyo claro a la democracia por encima de alternativas autoritarias. Esas constataciones sin embargo son desafiadas en tiempos donde las fuentes de la información con base a la cual se alimenta ese conocimiento político están sujetas a manipulaciones, noticias falsas y producción de datos sintéticos a partir de herramientas de inteligencia artificial.

¿Puede ser la inteligencia artificial una palanca rumbo a una mejor representación de intereses y una manera más efectiva de gobernar y expresar preferencias de la ciudadanía? ¿o es una amenaza que arriesga distorsionar la calidad de nuestra vida pública y democrática? La tensión entre tecnología y política no es nueva y hay casos ilustrativos tanto de pronósticos alentadores como de conclusiones pesimistas.

Diferentes interpretaciones

El escándalo de Cambridge Analytica, que desnudó el impacto de las redes sociales y la big data en la manipulación de las elecciones, simbolizó el emblema de la interpretación pesimista. La elección de Donald Trump y el Brexit de Europa por parte del Reino Unido fueron sus consecuencias. Sin irnos tan lejos en la geografía y el tiempo, tenemos ejemplos análogos aplicados a nuestra región, en especial Brasil, quien lidera el proceso de discusión e intenciones de reglamentación de las nuevas herramientas.

En plena campaña de 2022 circuló un simulacro extremamente creíble de una conocida periodista de la TV Globo anunciando resultados de encuestas que le daban el triunfo a Bolsonaro. El video buscaba sentenciar que la voluntad popular apoyaba al hoy expresidente, estimulando un clima de desasosiego entre los apoyadores de Lula y un voto vergüenza en favor del ganador entre los indecisos. Este ejemplo de “deep fake” ilustra el impacto negativo que algunas de las nuevas tecnologías podrían tener durante las elecciones, haciendo circular mala información.

En contraste con ello, no son pocos los comentaristas y líderes sectoriales que entienden la llegada del ChatGPT, hacia fines del 2022, como una oportunidad ecualizadora de información y toma de decisiones respaldada en datos para las grandes mayorías. La accesibilidad de estas herramientas, de los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant a los más sofisticados modelos generativos, como el Gemini de Google y los recientes ChatGPT-4 y Sora, de OpenAI, favorece la interpretación de la IA como un instrumento promotor de la transparencia y la detección de sesgos o perjuicios colectivos como la desinformación.

El potencial ambiguo de facilitar como manipular procesos de decisión política individual se proyecta en la ambivalencia como el poder público se planta delante de la necesidad de producir una regulación de la IA en Brasil. De hecho, existen 46 proyectos diferentes de leyes en discusión al nivel federal, buscándose controlar el impacto que esos instrumentos de IA tienen sobre la política y la sociedad.

Frente a la inercia promovida por proyectos muchas veces contradictorios entre sí, el poder judicial, a través de su brazo electoral en los tribunales, decidió vetar el uso de las “deep fakes” en campañas bajo pena de cancelar candidaturas y aplicar fuertes multas. Sin embargo, ha permitido el uso de otros mecanismos de IA siempre y cuando éstos aparezcan reconocidos como tales en las publicidades y difusiones hechas por los comités de campaña.

¿Cómo reacciona la ciudadanía delante de evidencias positivas y negativas sobre los efectos de IA en la vida pública?

Un reciente estudio de la consultora Market Analysis revela que los brasileños están inseguros sobre las consecuencias de dichas herramientas. Las dudas tienen que ver con la producción de desinformación: la mitad de los entrevistados tiene miedo que la diseminación de noticias falsas y datos mentirosos o distorsionadores de los hechos mediante la IA pueda impactar negativamente en la democracia brasileira. La otra mitad cree que la IA puede ayudar a detectar las fake news y maniobras desinformativas. 

Curiosamente, mayores niveles de educación y poder adquisitivo no aumentan el grado de confianza en eximirse de influencias adversas para la identificación fidedigna de noticias impuestas por la IA. El electorado más escolarizado y de mayores ingresos exhibe un grado de incertidumbre sobre cuales informaciones son verídicas o mentirosas, cuales imágenes y videos son reales o manipulados, semejante al de la población menos sofisticada o con menos recursos.

Cuando los años de estudio y el bienestar financiero no les otorgan a las personas un sentido de mayor control sobre lo que rodea a sus vidas y –sobretodo- lo que molda sus impresiones de la realidad y sus elecciones políticas, estamos en problemas. ¿Qué nos dicen tales circunstancias sobre el legítimo derecho al voto? ¿Y qué otros recursos podrían moderar la parálisis delante de la incertidumbre sobre lo que sería verdad e información o frente a las tentaciones por intensificar un clima de extremismo autoritario?

Las ambivalencias relatadas no niegan que la opinión pública brasileña se inclina por una lectura más optimista sobre los efectos de la IA para la democracia. Sus principales virtudes ocurrirían a través de una mejora de la transparencia gubernamental y del acceso a la información (55% opinan así). De acuerdo a los brasileños, la IA en política tendría resultados más benéficos que perjudiciales en facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas y en el auxilio en la detección de noticias falsas y desinformación.

Al mismo tiempo, subsiste un recelo moderado respecto de sus potenciales impactos negativos, como la diseminación de desinformación y noticias falsas de forma más sofisticada como las “deep fakes” (48% así lo sienten). Bastante más reducido es el miedo a que la IA lleve a un aumento de la concentración de poder en manos de organizaciones o entidades no elegidas (31% desconfían de ello), la diminución de la seguridad y confianza en las elecciones (28% temen ello) y la reducción de la transparencia en las decisiones del gobierno (28% piensan así). 

Estas percepciones mudan significativamente de acuerdo con la edad: los más jóvenes son más propensos a reconocer los impactos positivos de la IA en la democracia. El escepticismo crece con la edad sugiriendo que la experiencia de acceso a la información y al funcionamiento de las rutinas electorales, en lugar de generar un sentido de empoderamiento y control, intensifican la sensación de impotencia o –como mínimo- el reconocimiento de la complejidad y falta de comprensión integral reinante sobre el rol de la alta tecnología en la política.

No son pocos los desafíos para integrar armónica y orgánicamente a la inteligencia artificial en los procesos institucionales y la ingeniería política de nuestras democracias. Para empezar, no hay consenso respecto de sus ventajas por encima del potencial de amenaza. Esa lectura de arma de doble filo condicionará las innovaciones posibles, así como alimentará las demandas por regulación externa. El optimismo de las nuevas generaciones, especialmente los nativos digitales, no es garantía de un sesgo apoyador en el futuro próximo; por otro lado, persiste el temor que dicha simpatía sea más una expresión de ingenuidad que de identificación y aprovechamiento de beneficios palpables. La promesa de una mejor gobernanza e inclusión ciudadana a partir de la IA es aún una tarea pendiente.

El impacto de las olas de calor en la salud

En esos días en que la temperatura aumenta muy por encima de lo normal, el calor no solo nos hace transpirar y nos provoca fatiga, mal humor e irritabilidad, sino que también representa una seria amenaza climática para la salud de la población mundial.

La temperatura ambiental en los últimos años ha aumentado más rápido que en cualquier otro período del que se tenga mediciones fiables, dando lugar al incremento en la frecuencia de las denominadas “olas de calor”. Aunque todavía no hay consenso internacional sobre su definición, las distintas definiciones de ola de calor comparten el principio común de “períodos largos de tiempo con temperatura más cálida que la media esperable para un área o región”.

Aunque los efectos de las olas de calor pueden no ser tan visibles como los causados por otros desastres naturales, como terremotos o huracanes, las temperaturas extremas pueden favorecer la ocurrencia de enfermedades, así como empeorar las condiciones de salud existentes e incluso llevar al fallecimiento de personas. 

Calor y salud

Durante los días de calor, se observa un aumento en las admisiones hospitalarias. Según estudios realizados recientemente en Chile y en diversos países de Europa, los ingresos a instituciones de salud se incrementaron alrededor de un 75% durante los días con temperaturas elevadas. Esas admisiones son en su mayoría atribuibles al agravamiento de condiciones de salud previas más que al calor propiamente dicho. En efecto, el estrés por calor puede tener un impacto significativo en la salud, exacerbando de manera aguda enfermedades previamente existentes.

La exposición al calor ejerce una presión adicional sobre el corazón y puede provocar un golpe de calor si el sistema cardiovascular no regula adecuadamente la temperatura corporal. Las elevadas temperaturas hacen que nuestro corazón lata más rápido, lo que a su vez aumenta la demanda de oxígeno y pueden causar deshidratación debido a la sudoración y bajar la presión de las personas. Estos factores son los desencadenantes de problemas cardiovasculares de gravedad que, en última instancia, podrían resultar en consecuencias fatales. Los adultos mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas y aquellas que trabajan en ambientes expuestos al aire libre son especialmente susceptibles a estos desafortunados episodios.

Sistemas de alerta tempranas

Los fallecimientos y los ingresos atribuibles al ascenso de los termómetros son una realidad que se consolida y crece con los años. Además de las acciones para mitigar el efecto invernadero que produce el calentamiento global, es necesario crear y mejorar los sistemas de alertas tempranas por olas de calor. Estos permiten anticipar a la población, con la mayor antelación posible, sobre situaciones meteorológicas extremas y sus posibles efectos en la salud. Además, es necesario fortalecer la gobernanza del sector salud en cuanto a preparativos y respuesta frente a olas de calor.

Los sistemas de vigilancia deben ser ágiles y efectivos para detectar rápidamente los efectos perjudiciales del calor en la población, especialmente en los grupos vulnerables. La planificación de sistemas de detección y vigilancia de variaciones en la ocurrencia de enfermedades y mortalidad estacional, permite tomar acciones que salven vidas y ampliar el conocimiento sobre cómo las olas de calor afectan la salud. La inversión en sistemas adecuados es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de la población en una región en la que «morirse de calor» dejó hace rato de ser un dicho.

El papel de la urbanización y los espacios verdes

‘Qué calor en la ciudad’ rezaba la canción de The Sacados allá por mediados de los 90 afirmando lo que ya todos sentimos, que las temperaturas son más elevadas en las grandes urbes. En Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina, ya hubo dos veranos con exceso de muertes atribuibles a olas de calor. En particular, durante enero de 2022, la cifra de fallecimientos fue el doble de lo habitual para ese mes en la ciudad. La persistencia de temperaturas elevadas durante varios días provocó o favoreció el aumento de muertes también en otras ciudades de la región, como Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México y São Paulo, de acuerdo a estudios científicos realizados en los últimos años. El riesgo de morir debido a enfermedades cardiovasculares o respiratorias en esas ciudades se incrementó durante esos días hasta un 9%.

La literatura especializada es clara: los entornos urbanos necesitan un componente verde de alta calidad. Un arbolado urbano sólido y frondoso brinda beneficios ecosistémicos que son fundamentales para enfrentar al cambio climático en la ciudad. Sombrear áreas peatonales, aumentar la cobertura arbórea y de espacios verdes públicos pueden lograr reducir la temperatura en las grandes ciudades.

Sin embargo, a pesar de todo ese potencial, un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba reveló que aproximadamente dos de cada tres espacios verdes de la ciudad de Córdoba carecen de suficiente vegetación. La ciudad de Buenos Aires presentó recientemente un plan para el arbolado público lineal y espacios verdes y ha comenzado acciones dirigidas a salvaguardar y mejorar la cobertura vegetal en esa ciudad.Córdoba, Medellín y otras ciudades latinoamericanas han comenzado también a implementar acciones efectivas en este sentido. No obstante, queda mucho camino por recorrer en la búsqueda de ciudades verdaderamente sostenibles y habitables en un futuro caluroso. La inversión continua en áreas verdes urbanas de calidad es esencial para garantizar un futuro más saludable y equitativo para los habitantes urbanos.

Máximos recursos disponibles, un estándar clave para el derecho al cuidado

Del 12 al 15 de marzo de 2024 tuvo lugar la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para recibir argumentos orales sobre el derecho al cuidado. A la solicitud, que había sido hecha por el anterior gobierno argentino en enero del 2023, se presentaron 49 observaciones de organizaciones de la sociedad civil, 34 de instituciones académicas y otras 24 de individuos, lo cual da cuenta del interés que existe por contar con estándares legales en la materia.

Los cuidados se refieren a las necesidades materiales e inmateriales, públicas y privadas, físicas y emocionales inherentes para la reproducción de la vida. Es necesario dar cuenta del carácter autónomo del derecho al cuidado como componente esencial del bienestar y como pilar fundamental para una vida digna y del desarrollo durante todo el ciclo vital de las personas. En este sentido, las dimensiones de este derecho son entendidas desde la recepción de cuidados, así como la provisión de cuidados y el autocuidado.

A partir de los debates y posturas conceptuales de expertas en la materia, los cuidados pueden resumirse como las actividades que se llevan a cabo en el ámbito doméstico (aunque no exclusivamente) de atención y protección que realizamos para mantener, reparar y perpetuar nuestro mundo desde y para el bienestar de las vidas y el entorno. En la actualidad, debido a la naturalización de la división sexual del trabajo, esta actividad es llevada a cabo, de forma mayoritaria, por mujeres, niñas y cuerpos feminizados.

Si bien no existe un instrumento legal específico que armonice los estándares y las dimensiones del derecho al cuidado, se ha identificado que múltiples dimensiones de este derecho se encuentran contenidas en varios instrumentos del derecho internacional. Abordar esta situación es fundamental, pues la dispersión del derecho al cuidado puede traducirse en la indefensión, como la actual, notoria e histórica falta de cumplimiento de las obligaciones estatales.

En este marco, desde la Plataforma Regional de Oxfam en América Latina y el Caribe se puso sobre la mesa en la audiencia la necesidad de democratizar el debate sobre fiscalidad por una tributación global incluyente, sostenible y feminista que incida en el derecho al cuidado. La propuesta busca visibilizr el principio relativo a los máximos recursos disponibles, incluido en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a partir de una interpretación progresiva e interseccional.

En su argumentación, Oxfam ratificó la necesidad de implementar un enfoque interseccional que permita entender las múltiples dimensiones que constituyen la desigualdad, que tienen implicaciones diferenciadas con intersecciones complejas en razón del sexo, la raza, la clase social, la orientación sexual y la identidad de género, la edad, la etnia, la condición migratoria, la localización geográfica, la orientación política, entre muchas otras.

La propia Corte lo identifica de esta manera en el Caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador, donde destaca la intersección de múltiples factores que determinan una situación de discriminación única, que no hubiese existido como tal si alguno de ellos hubiera estado ausente, y profundiza esta postura en los casos Rosendo Cantú y otra vs. México; Trabajadores de Hacienda Brasil Verde vs. Brasil y Vicky Hernández y otras vs. Honduras.

En este sentido, no es ajeno a la Corte que, como lo señala Oxfam en el informe La Ley del más Rico “América Latina y el Caribe se ha[n] convertido en una región más desigual, más empobrecida y mucho más polarizada social y políticamente”, y que las múltiples crisis (como la ocasionada por el covid-19 pero también la climática, la alimentaria y la migratoria), afectan a las personas de manera diferenciada.

En dicho informe se señala que, desde marzo de 2020 hasta finales de 2022, la desigualdad, la pobreza y las brechas sociales se han acentuado considerablemente en América Latina y el Caribe. Frente al 21 % de crecimiento de riqueza de los milmillonarios, los salarios reales de la mayoría de la población han perdido una décima parte de su valor; y 32 % de la población total vive en situación de pobreza, de la cual 13% en situación de pobreza extrema. A finales de 2022, la inseguridad alimentaria afectaba a cuatro de cada diez personas en la región.

Por ello, la propia Corte ha analizado tanto el contexto social como las medidas que hay que tomar para garantizar de manera efectiva los derechos. Ello queda plasmado en el Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, donde se reconoce que a pesar de los retos metodológicos y normativos, “la Corte no puede quedarse de lado ante el grave problema de la desigualdad, la inequidad y la exclusión social que prevalecen en la región y en la desprotección en materia de desca sobre todo para los grupos más vulnerables”. Y por lo tanto, deberán de abordarse las dimensiones de exigibilidad inmediata y progresividad.

Como consecuencia indirecta de este modelo económico basado en el extractivismo, según el estudio La sociedad del cuidado de CEPAL y Naciones Unidas,  la inversión se deteriora “debido a los mayores niveles de incertidumbre […] e implica cambios drásticos en los ingresos fiscales”. Esto limita la inversión pública y las iniciativas de políticas orientadas a la igualdad, como las políticas de cuidados. Además, cuando el enfoque de género no es tenido en cuenta en las políticas macroeconómicas, son las mujeres quienes durante las crisis terminan amortiguando su impacto mediante el trabajo doméstico y de cuidados sin remuneración.

Finalmente, el énfasis de esta contribución se concentró en el informe en la justicia fiscal y específicamente en el principio de máximo recursos disponibles, como objetivo para garantizar derechos. En tanto se apuesta por sistemas tributarios orientados por los principios de progresividad, transparencia y equidad, y un financiamiento público donde la vida se encuentra en el centro de las decisiones públicas.

Ecuador: la guerra, las cortes y el poder

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró “conflicto armado interno” el 9 de enero de 2024 tras un desborde de violencia criminal durante la primera semana del año. Voces especializadas del Derecho Internacional Humanitario cuestionaron de inmediato la idoneidad de dicha figura pues en el país, más allá de la persistente violencia, no existirían otras condiciones (estructuras centralizadas de organización de los grupos armados, capacidad de acción coordinada, voluntad de disputar poder estatal, entre otras) que vuelven plausible afirmar la existencia de tal tipo de conflictividad.

El interrogante quedó planteado para el procesamiento de las instituciones. Nada dijo, sin embargo, la Asamblea Nacional sobre el asunto. Su respaldo al decreto ejecutivo 111 fue unánime. El 11 de enero, por su parte, la Corte Constitucional resolvió que dos acuerdos con EE. UU. que apuntalan la estrategia de guerra, no requerían pasar por el parlamento –como ordena la Constitución para ciertos tratados internacionales– y podían ser ratificados directamente por el Jefe de Estado. El alineamiento de los poderes públicos con la denominada “guerra antiterrorista” no conoce fisuras. Todos los engranajes institucionales blindan al presidente Daniel Noboa y a su frente militar en una dinámica que opera, a través del desafío de contener la violencia, para la relegitimación del bloque de poder carcomido por un lustro de deplorables gobiernos y desmantelamiento estatal.

Las sentencias de la Corte sintetizan bien el proceso en curso. Para los y las jueces, los tratados firmados con EE. UU. -uno relativo a las condiciones de permanencia de personal militar y civil en Ecuador y el otro a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas- no conciernen asuntos territoriales ni implican una alianza político-militar. Ambas causales constan en la Constitución (art. 419) entre las ocho que exigen que un tratado internacional tenga aval parlamentario.

Lesión a la soberanía Nacional

Cualquier lectura de los textos en cuestión deja ver, sin embargo, expresas referencias a presencia militar estadounidense en territorio nacional, operaciones militares conjuntas, cesión de jurisdicción penal a los EE. UU. para juzgar a su personal afincado en el país, uso del espectro radioeléctrico ecuatoriano, entre otros aspectos que lesionan la soberanía y verifican la vigencia de una alianza militar entre ambos Estados.

En sus fallos, además, la Corte evita aludir no solo al “conflicto armado” decretado por el presidente sino a la ola de violencia que vive Ecuador desde 2021 y que ya fuera enmarcada como “terrorismo” a ser repelido militarmente. En abril de 2023, en efecto, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, bajo comando del entonces presidente Guillermo Lasso, declaró como “terroristas” a los grupos delincuenciales y comandó inmediato despliegue militar en su contra. Desde entonces se aceleraron las compras de armamento israelí y tratativas con EE. UU. para preparar combates.

El primer tratado con la superpotencia (interceptación aérea) se rubricó a mediados de 2023. Al igual que los recientemente avalados por la Corte, fue negociado en el anterior gobierno. El expresidente y los militares instalaron pues los escenarios de guerra que hoy se exhiben como decisión pionera de Daniel Noboa, último delfín de las élites. Las resoluciones del Constitucional, que burlan la Asamblea y erosionan el debate democrático, se leen mejor en tal encuadre: están en curso la afirmación del conflicto armado en el corazón del proyecto de poder del bloque dominante y, por esa vía, la recomposición de su unidad y sus maltrechos liderazgos. Urge a los poderosos dejar atrás el calamitoso legado de Guillermo Lasso, eyectado del gobierno acusado de corrupción y nexos mafiosos, y recobrar credibilidad.

La guerra estaba pautada

El apuro de las Cortes no se explica, entonces, ni por presiones imperiales de última hora ni como decisiones in extremis para salir del infierno. La guerra estaba pautada. No hay nada que debatir. Ninguna fuerza política puede oponérsele, so pena de ser imputada de asociación con el narco. La necesaria unidad nacional frente a la crisis parece implicar el venenoso compromiso de no activar los controles democráticos del poder.

Si los tratados con EE. UU. hubieran llegado a la Asamblea, solo alguna voz disidente habría invocado la soberanía o pedido detalles sobre los planes estatales velados por la retórica belicista. Pero ese mínimo democrático es demasiado. Quienes invocan los derechos humanos (DDHH) para condenar abusos militares a “sospechosos” -siempre pobres y racializados- han sido atacados en redes sociales y grandes medios. Mientras las Cortes resguardan por arriba la guerra, por abajo la aplauden las mayorías atemorizadas.

La precaria calma del país tras el decreto ya otorga al presidente elevadísimo apoyo (80%). Con mayoría legislativa redoblada, Noboa relanza la austeridad neoliberal y la búsqueda de inversiones mineras invocando los costos de la paz. Prosigue mientras tanto el hundimiento del Estado social. Se prevé además elevar el presupuesto de seguridad.

Nadie pondrá objeciones: el respaldo a los militares alcanza cifras bukelistas (90%). Quizás por ello pocos hablan ya de la depuración de la fuerza pública, salpicada por la penetración criminal de las instituciones. El poder está oxigenado. Aún más tras la última resolución del Constitucional (6-03-2024) que, tras un pesado silencio, avaló el decreto 111 y dio paso a que la intervención militar en la seguridad interna pueda continuar aún sin estado de excepción. Todo el poder a los tanques.

Las ambiciones de Irán en América Latina

Los contactos con Venezuela durante la presidencia de Sayid Mohamed Jatamí (1997-2005) marcaron el inicio de la aproximación de Irán con América Latina. Desde el año 2005, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, comenzó a establecer una buena sintonía con Hugo Chávez. La alianza permitió que Irán comenzara a plantearse un plan mucho más ambicioso para ganar apoyo en Latinoamérica.

Irán se encontraba en una situación de aislamiento como consecuencia de su programa nuclear. El gobierno de Teherán necesitaba buscar nuevos socios. En las propuestas de la izquierda bolivariana encontró la unión para actuar frente a un enemigo común, que definieron como imperialismo de Occidente.

Para Irán, el gran reto era establecer relaciones duraderas con países distantes. ¿Qué puntos en común podían existir entre ambas realidades?

Puntos en común

La República Islámica de Irán es un régimen clerical chií en el que los líderes religiosos (ayatolás) establecen las líneas generales por las que se rige el país. El jefe del Estado es el Líder Supremo y cuenta con poderes políticos y religiosos. Atesora el poder junto con el Consejo de Guardianes de 12 miembros. En gran medida, juntos limitan la capacidad que tiene el presidente del país para tomar decisiones. Por tanto, como república islámica, son los principios religiosos los que marcan el devenir de la vida política, social, económica y cultural.

La realidad de Irán contrasta con la de los países latinoamericanos. Es más, si se analizan las propuestas de varios grupos políticos de izquierda, a través de los que Irán trata de ganar presencia en América Latina, pueden encontrarse numerosas contradicciones. Cuestiones como el peso de la religión en la vida política, o aspectos defendidos por amplios sectores de la izquierda, como los como los matrimonios homosexuales, el cambio de sexo o la eutanasia, son castigados en Irán con la pena de muerte.

A pesar de la gran distancia que separa a ambas realidades, los intereses comunes basados en el rechazo a Estados Unidos y la conformación de un orden mundial alternativo han permitido consolidar los lazos entre Irán y varios países latinoamericanos.

Por tanto, no existe ningún componente ideológico en esta aproximación. Sino que responde a una alianza pragmática motivada por la posibilidad de poder actuar contra un enemigo común. Además, Irán necesita aliados políticos y comerciales en América Latina para tratar de paliar las consecuencias de las sanciones y de las malas relaciones mantenidas con la mayor parte de sus vecinos en Oriente Próximo.

Instrumentos utilizados por Irán

La diplomacia desplegada en América Latina al comienzo fue complementada con otras acciones para que la sociedad observara a Irán como aliado. El gobierno desarrolló un programa de poder blando en tres niveles de acción: la actividad llevada a cabo desde las embajadas, el uso de los medios de comunicación y una fuerte presencia en las redes sociales.

Es llamativo que Irán centre parte de su estrategia en una intensa actividad en las redes sociales. La gran mayoría de ellas están prohibidas y bloqueadas dentro de sus fronteras. Las autoridades de Teherán son conscientes de la necesidad de ganar influencia sobre la opinión pública de América Latina para que la región apruebe los acuerdos a los que se puedan llegar con el régimen de los ayatolás.

Con el objetivo de acercarse a Latinoamérica, Irán elaboró una narrativa con la que pretende ensalzar los nexos entre ambas realidades. Hay permanentes alusiones a su posición contraria al imperialismo y a la necesidad de establecer un nuevo orden mundial. La llamada a luchar contra el imperialismo contrasta con los valores culturales que se tratan de transmitir, los que, de forma permanente, hacen referencia a las raíces del imperio persa. Los valores religiosos son siempre una constante en el mensaje iraní. Se exportan los principios del islam chií. Pero, a la vez, se destaca la importancia de la religión para consolidar otros valores, como la lealtad o la familia, con independencia del culto que se practique. También expresan su identificación con las propuestas de la izquierda bolivariana.

Hispantv, noticias en español

La estrategia iraní también incluyó el impulso de un canal de noticias en español que fue inaugurado por el presidente Ahmadineyad en el año 2012. En su discurso inaugural, Ahmadinejad dejó claro que Hispantv surgía como un instrumento ideológico destinado a confrontar a aquellos que buscaban dominar el mundo.

Desde el comienzo de sus emisiones, Hispantv ha sido señalado como un instrumento de propaganda del régimen iraní y criticado por difundir desinformación. No obstante, el enfoque alternativo que ofrece de la realidad internacional ha logrado conectar con amplios sectores de la izquierda latinoamericana. Aunque no se puede considerar a Hispantv como un canal de noticias de referencia en América Latina, es un medio para que Irán cumpla su propósito. Los mensajes emitidos a través del canal son posteriormente difundidos por las redes sociales y llegan a diferentes grupos de la sociedad.

La evolución política latinoamericana de los últimos años señala que las propuestas progresistas lograron ganar varias elecciones en la región. México, Colombia, Perú o Chile son países que, de forma tradicional, permanecían más próximos a los intereses de Estados Unidos. Es evidente que no se puede considerar que Hispantv y el poder blando iraní hayan sido factores decisivos en este cambio, pero sí contribuyeron a reforzar el mensaje de los grupos políticos de izquierda.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

¿Es democrática la Constitución mexicana?

El 5 de febrero de 2024 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un conjunto de veinte iniciativas de reforma a la actual Constitución mexicana. Es casi improbable que puedan ser votadas e implementadas, pues no cuenta con las mayorías legislativas suficientes para lograrlo, lo hace en su último año de gobierno y en medio del inicio de las contiendas electorales de este año. Más allá de esta coyuntura, lo que es cierto es que López Obrador ha puesto sobre la mesa un tema que no ha sido tratado con la debida atención por la clase política y la ciudadanía desde que México transitó a la democracia en el año 2000: ¿es democrática la actual Constitución mexicana? 

La sociedad mexicana puede ufanarse de contar con una de las Constituciones más longevas de América Latina y el mundo. Promulgada en 1917, producto de la Revolución Mexicana que estalló en 1910, en esa época se la consideró una de las Constituciones más avanzadas respecto a los derechos sociales. Empero, ya han pasado más de 100 años, ha sido modificada constantemente, hasta la fecha ha sufrido más de 700 reformas, de las cuales más de 230 se produjeron a partir del año 2000. Desde entonces las modificaciones constitucionales no se han detenido. Cada cambio de gobierno ha implicado introducir nuevas reformas; algunas son sustantivas, pero no al grado de modificar su diseño, que aún mantiene la impronta del siglo pasado.

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI varios países de la región promulgaron nuevas Constituciones: Colombia en 1991, Perú en 1993, Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. En Argentina se llevó a cabo una profunda reforma en 1994, así como en Chile en 2005, donde además en los últimos años se han debatido dos proyectos constitucionales, uno en el 2022 y otro en el 2023, aunque sin éxito. No obstante su fracaso, los ensayos constitucionales han permitido a la sociedad chilena identificar las preocupaciones políticas y sociales del momento, pero también los horizontes que son necesarios plantearse para el siglo XXI. Comparándolo con estos ejercicios, cabe preguntarse: ¿son suficientes las continuas reformas a la Constitución mexicana para asumir que es plenamente democrática? 

En estricto sentido no, la Constitución mexicana es muy elitista. Primero, cualquier intento de reforma depende de la correlación de fuerzas en los poderes ejecutivo y legislativo, y debe ser impulsada y aprobada por los líderes partidistas, un pequeño grupo que controla la agenda política, pues no cualquier miembro de una legislatura puede impulsar verdaderamente una reforma constitucional. Segundo, el proceso formal para modificarla implica que toda reforma debe ser votada por dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores, además de por la mitad de las treinta y dos legislaturas de los estados de la federación; si no se cumple uno de estos requisitos, no prospera. Tercero, la revisión del procedimiento queda en manos de otra élite, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta solo por once personas. Cuarto, esas modificaciones no requieren ser ratificadas o rechazadas por la ciudadanía por la vía del referéndum, como sucede en muchas democracias avanzadas; es decir, la ciudadanía queda excluida de facto y de jure en la confección del principal documento político normativo que la rige. 

La actual Constitución mexicana está sobrecargada de temas secundarios por sobre los sustanciales. La palabra “democracia” aparece solo una vez y no como parte central de un artículo (el tercero, que trata de la educación), sino en uno de sus incisos (el a), donde por primera vez se la define como un sistema de vida. “Democrático/a” aparece solo 16 veces como adjetivo y no como sustantivo. En cambio, “partidos políticos” aparece más de 70 veces, «Instituto Nacional Electoral» (INE) más de 60, “Presidente de la República” más de 50 y “elecciones” más de 40. La palabra “pueblo” solo tiene sentido cuando se refiere a las personas indígenas y afrodescendientes, pero si se observa con detenimiento se confunde conceptualmente con «comunidades»; en el resto del documento, la palabra “pueblo” termina por referir todo y nada a la vez.

Los artículos relativos a las facultades de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, así como las elecciones, abarcan más de la mitad de la Constitución, y en su mayoría se refieren a asuntos procedimentales, por lo que deberían estar en leyes secundarias, ya que solo unos cuantos son sustantivos. Todo ese andamiaje termina por favorecer a los partidos mayoritarios por sobre otras opciones representativas. Los partidos políticos son esencialmente organizaciones de ciudadanos libres que ejercen su derecho de asociación para hacer política, pero en México ese derecho está de facto vetado, pues se deben cumplir una serie de requisitos que en la práctica casi nadie logra.

Solo por ejemplificar, a principios del 2019 el INE recibió la notificación de 106 organizaciones que deseaban convertirse en partidos políticos. Después de más de un año, en septiembre de 2020, terminó otorgándole reconocimiento solo a un partido, casualmente, aliado del gobierno en turno. La figura de «candidatura independiente» se introdujo en el 2012 con el fin de “ciudadanizar” el sistema político, pero con requisitos tan complejos que apenas unos cuantos han logrado obtener un cargo de esa manera. Es tan ineficiente que en 2024 no existe ningún diputado nacional por esa figura. Técnicamente existe la “iniciativa ciudadana legislativa”, pero su puesta en marcha es tan compleja que en los hechos solo puede activarse por las élites de los partidos políticos y, si tiene éxito, su aprobación final queda en manos de los poderes legislativos.

No es casual que desde su introducción, en 2012, solo una iniciativa de ley ciudadana haya sido votada en el Congreso por el impulso de un movimiento elitista. En 2019 se introdujo la “consulta popular” y la “revocación de mandato”, pero ambos ejercicios llevados a cabo en 2021 y 2022 respectivamente fueron activados por el presidente en turno y su partido, no por la ciudadanía.

Como se puede notar, si bien pareciera que las reformas de las últimas décadas han democratizado la Constitución mexicana, lo cierto es que se ha privilegiado una perspectiva minimalista y conservadora de la democracia por sobre una más amplia y liberal.

En un mundo que ya ha cambiado y ante los actuales retos, ¿es conveniente mantener con una Constitución que ha sido remendada sistemáticamente pero sin una profunda reflexión sobre su democraticidad? Quizá no es el momento de cambiarla, pero tampoco se debiera aplazar una actualización profunda que realmente involucre a la ciudadanía.

Más de 10 millones de venezolanos están siendo privados de su derecho al voto 

El pasado 5 de marzo y después de semanas de gran expectación, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio. No podemos dejar de lado el simbolismo de las fechas y es que ese día es el natalicio de Hugo Chávez. De manera que parece que el régimen de Maduro, herido de muerte por su baja popularidad (entre 15% y 20% de acuerdo con las encuestas más favorables), acude a la épica del expresidente para intentar remontar la cuesta.

En las circunstancias actuales, con los partidos opositores (incluso el Partido Comunista) intervenidos judicialmente, la candidata más popular de la oposición (con gran diferencia) ilegalmente inhabilitada, el Consejo Nacional Electoral bajo la subordinación del PSUV, sin tiempo para una campaña de inscripción y actualización del registro electoral en buenas condiciones -ni para realizar las auditorías al sistema automatizado- y sin observación electoral internacional profesional y apartidaria garantizada, las elecciones serían un simulacro para que la élite gobernante retenga el poder por un sexenio más.

Así fue en 2018, cuando se dejó fuera de la competencia a la oposición genuina y se permitieron candidaturas débiles y afines para intentar legitimar los resultados. Recordemos que esta estrategia de poco le sirvió al gobierno porque gran parte de la comunidad internacional desconoció el proceso y fue lo que justificó las sanciones impuestas por los Estados Unidos.

La estrategia de la oposición

La oposición debe evaluar una gran variedad de escenarios y los integrantes de la Plataforma Unitaria decidirán si inscribir la candidatura de María Corina Machado o llegar a un consenso para una o varias candidaturas de back up que la puedan representar. 

De cualquier manera, este es un escollo que el liderazgo opositor deberá resolver y para lo que tiene pocos días ya que el 25 de marzo es la fecha límite para la inscripción de las candidaturas.

Ahora bien, ¿qué pueden hacer la sociedad civil y la comunidad internacional? Además de exigir condiciones de competitividad, la eliminación de las inhabilitaciones ilegales y otras arbitrariedades, el foco debe estar en la campaña de inscripción y actualización del registro electoral. Independientemente de lo que la oposición resuelva, se debe garantizar el derecho al voto de los millones de venezolanos, dentro y fuera del país, que actualmente no están habilitados. 

Esto no es un capricho. Distintos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Carta Democrática Interamericana, garantizan el derecho de las personas a participar en los asuntos políticos de sus países a través del sufragio: el derecho a elegir y a ser electos. 

Por su parte, el artículo 64 de la Constitución establece que “son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política”. 

Aunque la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) contraviene el texto constitucional al establecer que “solo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen en que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”, restringiendo así el derecho al voto de todas aquellas personas que se encuentran de manera irregular fuera del país, lo cierto es que ni siquiera aquellos que cuentan con residencia legal han podido inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral.

Millones de personas deben aún inscribirse

Actualmente más de 10 millones de venezolanos con edad para votar deben inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral: 4 millones con edades comprendidas entre 18 y 35 años no están inscritos en el registro electoral, otros 4 millones mayores de edad residentes en el exterior están inscritos para votar en Venezuela y no han podido actualizar su lugar de residencia y votación. Finalmente, un millón y medio de residentes en Venezuela necesitan actualizar sus datos de domicilio y centro de votación.

Quizá para un padrón electoral como el de México, Brasil o Estados Unidos, con cientos de millones de electores, este número no haga la diferencia. Pero de acuerdo con el último corte del padrón electoral venezolano hay 21 millones de electores, de manera que los 10 millones de venezolanos privados de su derecho político serían más que determinantes en los comicios de este año.

En su anuncio del 5 de marzo el CNE informó de que la campaña de inscripción y actualización del registro electoral se celebrará entre el 18 de marzo y el 16 de abril. ¿Es suficiente un mes para inscribir y actualizar el registro de más de 10 millones de personas? Imaginemos ciudades como Bogotá, Lima, Quito o Santiago de Chile, con millones o cientos de miles de venezolanos. 

Queda claro que la voluntad del régimen, a través del CNE como brazo ejecutor, es privar a esos 10 millones de venezolanos de votar. 

Quizá la comunidad internacional y la sociedad civil organizada no decida quién será el o la candidata de la oposición, pero debe exigir que se respeten los derechos políticos de los venezolanos, tanto a votar como a ser votados.