Purga en el sistema judicial nicaragüense 

Emma Turiño
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Purga en el sistema judicial nicaragüense 

La gestión de los conflictos, o, en otras palabras, la política, siempre requerirá de reformas y luchas de poder. Para cumplir con un programa electoral, es necesario implementar cambios en una dirección específica. El cambio y la competencia son inherentes a la política. Sin embargo, el estilo y el objetivo de las reformas difieren radicalmente cuando los partidos y la élite política buscan mantenerse en el poder de manera continua. Distinguir entre estos dos tipos de reformas a menudo puede ser un juego confuso de matices. No obstante, la reciente depuración de más de 900 funcionarios del Sistema Judicial Nicaragüense no deja lugar a dudas: estamos presenciando uno de los cambios estructurales más significativos que marcan el inicio de la sucesión Ortega-Murillo-Laureano. No estamos hablando de una reforma política, sino de un ataque a la separación de poderes con el fin de erradicar cualquier vestigio de oposición.

El primer paso para establecer y mantener un régimen político de partido único es obtener acceso a las instituciones representativas y, a partir de ahí, cambiar las reglas fundamentales del Estado a tu favor. Daniel Ortega ha comprendido perfectamente la importancia de las reformas y cómo utilizarlas estratégicamente. En 2009, dos años después de asumir el poder, el artículo 147 de la Constitución fue declarado inaplicable por la Corte Suprema de Nicaragua, allanando el camino para su reelección en 2011. La posibilidad de reelección se consolidó en 2013. Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controlando la Asamblea, otra propuesta de reforma constitucional del presidente fue aprobada, permitiendo la reelección indefinida, la elección de presidente en primera vuelta y la capacidad del presidente para emitir decretos con fuerza de ley. Hace dos años, la comunidad internacional observaba con incredulidad la escena de la reelección.

El 25 de octubre pasado, Rosario Murillo emitió la orden de intervenir el Poder Judicial, que tiene –o tenía– más de 9.000 empleados. Aproximadamente el 10% del personal ha sido despedido sin indemnización por despido, beneficios laborales, pensiones o incluso una carta de despido, y ha afectado a todos, desde el personal administrativo hasta varios magistrados de la corte.

Este intento de consolidar el poder tiene como objetivo eliminar a los desertores y recompensar a los leales. Un ejemplo de esto es el caso de Horacio Rocha, el antiguo Comisionado General en retiro que fue encargado de llevar a cabo la orden de Murillo. Habiendo sido nombrado asesor presidencial en temas de seguridad hace un año, es muy probable que no sea la última vez que veamos a esta figura prominente llevando a cabo las purgas del gobierno. Su carrera en la policía es de conocimiento público, pero su papel como escolta y seguridad se remonta a 1997 con Arnoldo Alemán. Después de una interrupción de casi una década, su larga carrera vuelve con fuerza.

En relación con la purga murillista, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz Ramos ahora deja su oficina para dar lugar a Marvin Ramiro Aguilar. Junto a ella, otros magistrados como Yadira Centeno fueron expulsados del edificio tras la llegada de varias patrullas de policía. El golpe se ha llevado a cabo con precisión y el control sobre el Poder Judicial ahora se asemeja al control que el gobierno ya tiene sobre otros poderes del Estado. En los comunicados internos, el ahora presidente en funciones Aguilar es señalado como el responsable de los despidos. Este rompecabezas quedará resuelto cuando las vacantes sean reemplazadas por magistrados, jueces y funcionarios leales al régimen.

Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Una vez más, la respuesta se encuentra en la instrumentalización de las reformas. Una Constitución que ahora parece no tener valor permite que, con la aprobación de la Asamblea, de mayoría oficialista, se hayan podido reducir las facultades de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores sandinistas argumentan que los Registros Públicos podrán ofrecer servicios de manera más eficiente y optimizada si se integran a la Procuraduría General de la República, que está adscrita al Poder Ejecutivo.

Este es el segundo mandato con Ortega en la presidencia y Murillo en la vicepresidencia, pero ya es el quinto mandato –no consecutivo– desde la controvertida reelección del excombatiente. La tensión a nivel nacional es evidente, especialmente después de los graves incidentes ocurridos después del 18 de abril de 2018, resultado de las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que aumentaron las tasas de interés y la edad de jubilación, dejando cerca de 400 muertes tras la intervención de la policía y los grupos paramilitares. En julio pasado, el gobierno sandinista aprobó una reforma constitucional para asumir el control de la policía, borrando una vez más la línea entre las fuerzas estatales que se supone deben ser imparciales y las organizaciones ideológicas que operan como brazos ideológicos de los partidos. Como resultado, la Procuraduría, el Poder Judicial y la Policía Nacional están actualmente bajo el control y al servicio del ejecutivo de mayoría sandinista.

Esto explica por qué la Policía Nacional no ha proporcionado explicaciones sobre la intervención en la Corte Suprema, el desalojo arbitrario de los trabajadores y el motivo de las numerosas detenciones e investigaciones. El régimen no solo se consolida como un régimen de partido único, sino también como un estado policial de facto. Por otro lado, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo aprobada en 2020 se encarga de que cualquier disidencia pueda ser considerada como una amenaza al orden político establecido, prohibiendo a los opositores participar en protestas o presentarse como candidatos.

Este escenario coloca a la nación en una posición difícil en términos de respeto a los derechos humanos. Las acusaciones, penalizaciones y advertencias internacionales han surgido rápidamente. Tras la descalificación de las elecciones de 2021 por parte de la Asamblea General de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) por no cumplir con una resolución sobre los criterios para unas elecciones libres, democráticas y transparentes, Denis Moncada envió una carta solicitando la retirada de Nicaragua del foro regional. Dos años después de esa carta, el 19 de noviembre de 2023, se concretó la salida de Nicaragua de la OEA. No obstante, esta y otras organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han advertido que, aunque el régimen de Ortega no suscriba la carta de la OEA y sus compromisos, debe respetar los convenios internacionales de protección y respeto a los derechos humanos, establecidos en la Declaración Universal y en la Carta Interamericana de Derechos.

Del lado de la libertad

Mariana Gómez del Campo
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Del lado de la libertad

La elección clara de Javier Milei como presidente de Argentina nos deja dos lecciones importantes. La primera es el rechazo de una gran mayoría de los argentinos al Kirchnerismo. A pesar de su retórica democrática, los «gobiernos K» han sido aliados de quienes niegan las violaciones de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Han sido parte importante de redes como el Grupo de Puebla, que, con voceros como los ex presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa, avalan prácticas autoritarias, socavan a la democracia y dan oxígeno a los dictadores a través de sus declaraciones públicas. La segunda lección es la necesidad de construir mayorías a favor de la libertad y la democracia desde el centro político. El éxito del nuevo gobierno argentino dependerá de la capacidad de la centroderecha en aportar gobernabilidad y sensatez a la administración entrante.

Necesidad de sensatez

En un continente donde el péndulo electoral muchas veces oscila entre posiciones maximalistas de ambos lados del espectro político, hacen mucha falta voces sensatas y demócratas capaces de desarrollar proyectos políticos de largo aliento, dar rumbo a gobiernos responsables, y cumplir con sus promesas y los anhelos de la población latinoamericana. El socialismo bolivariano promete soluciones fáciles y termina defraudando las esperanzas de millones de latinoamericanos. Un estadio de fútbol lleno de personas gritando «¡Fuera Petro!» en el reciente partido de Colombia contra Brasil en Barranquilla, escenificó esta decepción de una manera muy drástica.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente busca la cercanía con los dictadores de la región. También persigue una agenda autoritaria de desmantelar sistemáticamente a órganos del Estado como el Instituto Nacional Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo gracias al trabajo conjunto de los partidos opositores históricamente enfrentados, hemos podido frenar algunos aspectos de su agenda antidemocrática.

Es más, gracias a esta cooperación y al liderazgo excepcional de la senadora Xóchitl Gálvez, el próximo mes de junio de 2024 tenemos la oportunidad real de otorgar otra derrota al socialismo bolivariano y a las redes internacionales de izquierda autoritaria que tanto daño nos han hecho. Para lograrlo, vamos a necesitar los ojos de la comunidad internacional puestos en este proceso electoral. Como ha ocurrido con muchos gobiernos de esta línea, es probable que AMLO y su partido no vayan a querer reconocer fácilmente una posible derrota.

Foro América Libre

El ejemplo mexicano nos muestra que solamente unidos podemos ganar. Esta experiencia es muy importante para todos los amantes de la libertad y la democracia en América Latina. En este sentido, hace poco nació una esperanza, el «Foro América Libre». Ocurrió a finales de octubre de 2023. Convocamos a partidos políticos, centros de pensamiento, dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil y otros actores a una fiesta de libertad y democracia en la Ciudad de México. Más de 30 organizaciones y participantes de 25 países respondieron a este llamado. El Foro América Libre busca ser un espacio nuevo. Tiene como objetivo la coordinación y diálogo para crear un frente común desde el centro político, con valores y principios claros. Siempre del lado de la democracia. Siempre del lado de la libertad.

La enorme atención mediática en la región a nuestro encuentro en octubre mostró que muchos han esperado un espacio como el Foro América Libre. En nuestro escenario, expresidentes compartieron sus experiencias. La vicepresidenta del Parlamento de Ucrania agradeció la solidaridad de los presentes frente al ataque de Vladimir Putin y la nueva generación de políticos aportó su entusiasmo por una América Libre. Nuestro desafío ahora es transformar esta experiencia en un espacio permanente de unidad democrática frente a la amenaza.

Mas allá de la diversidad de los asistentes de la primera edición del Foro América Libre, todos nos unimos cuando en presencia del excandidato presidencial y expreso político de Nicaragua, Félix Maradiaga, otorgamos un premio de derechos humanos a una silla vacía. Esta silla representaba a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa en Nicaragua, preso político del dictador Daniel Ortega condenado a más de 26 años de cárcel. El destino inhumano de Monseñor lo comparten muchos activistas en Venezuela y Cuba, países defendidos internacionalmente por el Grupo de Puebla y sus aliados. Los perseguidos políticos necesitan a los demócratas del mundo, y ellos nos necesitan a nosotros.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

Colombia, fragmentada por las desigualdades digitales regionales

Roberto García Alonso
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Colombia, fragmentada por las desigualdades digitales regionales

Coautores  Ulf Thoene y Diego Dávila

La brecha digital en Colombia, un país inmerso en un complejo escenario postconflicto, se presenta como un desafío significativo. En Colombia el rezago digital es evidente en diversos ámbitos. Por ejemplo, el Índice de Madurez Digital (IMDV) 2021 mostró que las pequeñas y medianas empresas tienen un promedio de madurez digital significativamente menor en comparación con las grandes empresas y startups. Además, las entidades públicas presentan grandes diferencias en sus niveles de desempeño en la política de gobierno digital, con un promedio de 814 y 629 puntos sobre 1.000, respectivamente. Según los últimos datos disponibles de la encuesta nacional de calidad de vida, el 48,6% de los hogares que manifestaron no tener conexión a internet durante el 2021 aseguraron que se debía a que era muy costoso, no tenían cobertura o no sabían usarlo. 

La brecha digital en Colombia tiene una marcada dimensión regional. Las mayores diferencias en niveles de desempeño del sector público se sitúan entre las entidades departamentales y locales. La mayoría de aquellos que no acceden a internet se ubican en núcleos rurales muy alejados de los grandes centros urbanos del país, cosa que refleja una marcada diferencia regional en la digitalización. El impacto de la brecha digital en Colombia se extiende también a múltiples ámbitos, incluyendo la educación, la economía o la inclusión social. Por ejemplo, la pandemia de covid-19 exacerbó las diferencias educativas debido a las diferencias en acceso y uso de las tecnologías, algo que afectó negativamente al desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños. Además, la brecha digital afecta negativamente a la economía, a causa de las diferencias relacionadas con la tecnología de internet o el comercio electrónico en Colombia.

En un mundo interconectado, la digitalización no es solo una opción, sino una necesidad. El problema de la brecha digital trasciende la inaccesibilidad a estas tecnologías, ya que está vinculada a factores sociopolíticos, económicos y culturales que influyen en el acceso de las personas a las mismas o a su capacidad para utilizarlas de forma eficaz. En el Sur Global, la digitalización está asociada con la desigualdad, y la pandemia del covid-19 ha exacerbado la desventaja digital y la exclusión social en el territorio del país a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Las causas del rezago digital en Colombia son multifacéticas. En él influyen factores como la desigualdad económica y social, la infraestructura insuficiente en áreas rurales y remotas y la falta de preparación del sistema educativo, pero sobre todo la falta de políticas integradas y eficientes. A pesar de la existencia de políticas públicas digitales con resultados positivos a nivel nacional, aún persisten limitaciones para la efectiva implementación de los objetivos de estas políticas en las entidades territoriales y locales.  

A medida que Colombia avanza en la creciente digitalización de su vida económica y social de la mano de la tecnología 5G, el uso de la inteligencia artificial o el uso masivo de datos, atender a los retos de la digitalización se convierte en algo fundamental. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de las tecnologías digitales, desatender esta realidad no solo limitaría el progreso, sino que también expondría a individuos, empresas y gobiernos a un rezago significativo. 

En primer lugar, el sector privado debe aprender a generar valor social y económico utilizando tecnologías digitales para llegar a públicos remotos, superando barreras geográficas y horarias. En segundo lugar, la apropiación de nuevas tecnologías no solo implica acceso y competencias, sino también motivación y el tipo de uso que se les da.  Abordar la exclusión digital requiere ir más allá del acceso a la tecnología y obliga a atender las razones subyacentes, empoderando a las comunidades marginadas para que participen plenamente en el mundo digital. Y, por último, esto exige acciones gubernamentales efectivas y el desarrollo de estrategias de transformación digital para mejorar la eficiencia, colaboración y satisfacción ciudadana. 

En la compleja coyuntura que atraviesan Latinoamérica y el mundo, Colombia acaba de elegir a sus nuevos mandatarios locales y regionales. Estos nuevos mandatarios tomarán posesión el próximo primero de enero de 2024, comprometiéndose, según la ley colombiana, a convertir sus promesas de campaña en planes de desarrollo tangibles. Comprender la intersección de la tecnología con el sector privado, el sector público y la ciudadanía emerge como un catalizador para el desarrollo sostenible, alineándose con el objetivo de la Agenda 2030 de construir sociedades inclusivas. En este contexto, es esencial que los nuevos líderes regionales y locales comprendan la importancia de la digitalización e implementen estrategias adecuadas para hacerle frente.

Ulf Thoene es Profesor Asociado en la Universidad de La Sabana, Colombia. Doctor en Derecho y Sociología de la Universidad de Warwick, Reino Unido.

Diego Dávila es Decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás (Colombia) y candidato a Doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas. Investigador y docente. 

El fraude no es habitual, las teorías de la conspiración sí

Flávia Bozza Martins
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El fraude no es habitual, las teorías de la conspiración sí

Coautoras Luciana Fernandes Veiga y Vitória Peres

En las últimas semanas, América Latina ha seguido de cerca las elecciones presidenciales en Argentina. El victorioso candidato de extrema derecha, Javier Milei, afirma que hubo fraude electoral en la primera vuelta. Este discurso no es sorprendente, ya que se ha vuelto cada vez más recurrente en muchas democracias contemporáneas. Al fin y al cabo, cuestionar la limpieza del proceso es legítimo, pero lo que se ha observado es la utilización de este discurso como estrategia política para deslegitimar el resultado electoral. El perfil de estos líderes, que aquí denominamos populistas, tiene una propuesta disruptiva con las élites políticas tradicionales, renunciando a las instituciones políticas como mediadoras de conflictos, especialmente por adherirse al discurso del «nosotros contra ellos». En el discurso del liderazgo populista, existe la intención de unirse al pueblo, siendo una personalidad capaz de enfrentarse a un sistema político corrupto. En este sentido, cualquier mecanismo institucional que busque frenar posibles abusos de poder por parte de estos líderes es visto como la resistencia de un sistema político contaminado por los intereses de la élite que se siente amenazada. 

Esta estrategia ha sido observada por Jair Bolsonaro en Brasil, Keiko Fujimori en Perú, Carlos Messa en Bolivia, Benjamín Netanyahu en Israel, López Obrador en México y, en el caso de España, Alberto Feijóo, líder del centroderechista Partido Popular, con el apoyo del ultraderechista Partido Vox. Lo que se consigue es, por un lado, desmovilizar a los votantes poco comprometidos y, por otro, mantener un clima permanente de campaña entre los partidarios de estos líderes. A menudo culmina con casos de votantes que no aceptan el resultado de las urnas. 

El año pasado, la transmisión en vivo de julio de 2021 del presidente Jair Bolsonaro fue retirada por YouTube. En ella, el entonces presidente cuestionaba el sistema electoral brasileño a cuenta de las urnas electrónicas, afirmando tener pruebas de que son susceptibles de fraude electoral y que, además, ya habían sido amañadas en las elecciones que le eligieron años antes. Según Bolsonaro, debería haber sido elegido con un margen de votos mucho mayor que el segundo clasificado. YouTube retiró del aire este directo porque encontró teorías de la conspiración en su contenido. Pero, ¿qué son las teorías de la conspiración? El sociólogo Ted Goerzel definió las teorías de la conspiración como la sospecha de que actores influyentes se han unido en un acuerdo secreto y están tratando de lograr un objetivo oculto, ilegal o nefasto. 

¿Y cómo surge este pensamiento? Los expertos en desinformación y teoría de la conspiración Lewandowsky y Cook presentan siete signos del pensamiento conspirativo: contradicción, ocurre cuando el teórico de la conspiración cree en ideas que se contradicen entre sí siempre que descalifiquen la narrativa oficial; sospecha absoluta, cuando se muestra una desconfianza extrema en todo lo que no encaja en la teoría de la conspiración; intención nefasta, en este caso siempre asume que los conspiradores actúan con intenciones espurias; algo debe estar mal, ocurre en situaciones en las que el teórico incluso abandona ideas que se vuelven insostenibles, pero nunca la noción de que algo está mal y que la narrativa oficial es fraudulenta; víctima perseguida, aquí se percibe a sí mismo como víctima y héroe simultáneamente frente a conspiradores villanos; inmune a la evidencia, ocurre cuando toma la evidencia que contradice una teoría como parte de la conspiración; finalmente, la reinterpretación del azar ocurre cuando, a través de la sospecha absoluta, el teórico cree que nada ocurre por casualidad.

En el caso del directo suspendido del ex presidente Bolsonaro, se realizó un análisis de contenido para identificar la presencia o ausencia de las categorías del pensamiento conspirativo en cada una de las 156 unidades de análisis identificadas en los discursos. Se constató que utilizó estas categorías al cuestionar la credibilidad de las urnas: sospecha absoluta (56%), intención nefasta (42%), algo debe estar mal (37%), víctima perseguida (25%), reinterpretación del azar (21%), inmune a la evidencia (12%) y contradicción (10%). 

Para ilustrarlo, tomemos un pasaje del discurso del ex presidente con las dos estrategias más frecuentes: sospecha absoluta e intención nefasta, en la medida en que cuestiona las intenciones del juez del Tribunal Supremo Luís Roberto Barroso.

«¿Por qué, señor Barroso, le ofrecemos otra forma de transparencia en las elecciones y usted se opone? ¿Adónde quiere llegar?»

¿A quién afectan estas estrategias? El efecto de las teorías de la conspiración está relacionado con aspectos sociales y psicológicos. Las realidades marcadas por el extremismo ideológico aumentan la incertidumbre y la inseguridad, lo que provoca ansiedad en la búsqueda de sentido. Las teorías de la conspiración trabajan con la complejidad que supone procesar la realidad vivida desde los sistemas de creencias individuales. Así, las personas más sensibles a las evidencias, con un sano escepticismo y que buscan la coherencia tienden a verse menos afectadas por las estrategias que aquellas inmunes a las evidencias, que siempre cargan con la sospecha absoluta y aceptan las contradicciones. 

Un estudio cualitativo con ocho grupos focales con votantes de la ciudad de Río de Janeiro, sobre el tema de la legitimidad de las elecciones, mostró cómo las personas procesan las teorías conspirativas sobre las urnas electrónicas y, en función de cómo les dan sentido, las reproducen o las refutan. Un análisis de contenido mostró que las dos estrategias más recurrentes utilizadas por los votantes fueron la sospecha absoluta y el algo debe estar mal.

A continuación mencionamos el uso de la sospecha absoluta, en la que existe un nivel extremo de desconfianza en la realidad, donde todo parece encajar en una teoría de la conspiración.

«Creo que debe haber algún fraude. Cuando llenas el depósito de tu coche, porque la manguera está negra, piensas: ‘¿empezó a salir combustible en el momento adecuado?’ Es lo mismo con las urnas, ‘¿se está contando realmente el voto? ¿Está yendo a la persona correcta?» Es muy oscuro».

Al igual que se reprodujo la teoría de la conspiración, también se refutó. El siguiente pasaje ilustra cómo el votante se muestra más apegado a las pruebas, a la coherencia y a una visión crítica.

«La forma en que se presenta el fraude está muy banalizada, es como si fuera fácil. Hay que saber que hay miles de urnas. No creo que sea tan fácil, tan trivial cometer fraude. Está la inspección, están las organizaciones. También está el trabajo de investigación, no he visto ningún resultado absurdo en el que digamos ‘estaba amañado’. Confío en ello.

La creencia en teorías conspirativas afecta y se ve afectada por la democracia.  Brasil tiene un nivel muy bajo de confianza interpersonal y un bajo nivel de confianza en las instituciones políticas. Los discursos con un atractivo conspirativo encuentran un terreno fértil. 

En el caso de Brasil, el TSE se enfrentó al reto de llevar a cabo las elecciones al tiempo que defendía su legitimidad. Incluso en medio de los ataques, una encuesta realizada por DataFolha en mayo de 2022 informó que el 73% de los brasileños confía en las urnas electrónicas. En Argentina, el 84% de la población tenía poca o ninguna confianza en la institución electoral, según Latinobarômetro en 2020. Como en Brasil, en 2018 triunfó el discurso que debilita las instituciones democráticas, eligiendo a Javier Milei nuevo presidente argentino. Sólo nos queda esperar que las instituciones argentinas sean lo suficientemente resistentes como para mantenerse fuertes a pesar de los ataques, vengan de donde vengan.

El estudio fue realizado por el equipo del Grupo de Investigación Electoral (GIEL) de UNIRIO, a partir de la transcripción de la transmisión en vivo del presidente.

Flávia Bozza Martins. Doctora en Ciencias Políticas por el IESP-UERJ. Actualmente realiza un postdoctorado en la misma institución. Su investigación se centra en el comportamiento político.

Luciana Fernandes Veiga. Profesora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO). Doctora en Ciencia Política por el IUPERJ (ahora IESP / UERJ), con estudios postdoctorales en la Universidad de California-Irvine.

Vitória Peres. Politóloga licenciada por UNIRIO, trabaja en comunicación política, estrategia política y consultoría. También es investigadora en Giel.

Acciones 2 en 1: mitigar el cambio climático y prevenir la obesidad

Sonia Alejandra Pou   |   Camila Niclis
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Acciones 2 en 1: mitigar el cambio climático y prevenir la obesidad

“La bicicleta tiene el beneficio de que podés llegar más rápido y a donde querés, lo que no siempre pasa con otros medios de transporte público en la ciudad. Y es lindo porque estás al aire libre”, dice Julia, una joven usuaria del servicio de bicicletas públicas de la ciudad de Córdoba, en Argentina. El servicio es gratuito y se compone de siete estaciones de bicicletas, conectadas por una red de ciclovías terrestres, que se complementan con una ciclovía en altura de casi 2 km de extensión de reciente implementación en esa ciudad.

Créditos: Gentileza Facundo Luque/La Voz

Julia tiene razón: usar la bicicleta en lugar de medios motorizados para movilizarse en grandes ciudades puede ser más práctico y atractivo. Pero también, frente al problema del cambio climático y la obesidad, la promoción del uso de bicicleta en reemplazo de automotores es una acción concreta que trae 2 beneficios en 1. Por un lado, es ecológicamente más sustentable. Por el otro, promueve un estilo de vida saludable al brindar la oportunidad de practicar ejercicio físico. Esto contribuye a la prevención del sobrepeso y otras enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes.

La experiencia de Córdoba (Argentina) y otras similares llevadas a cabo en ciudades latinoamericanas, como el Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá, en Colombia o el Sistema de Bicicletas Públicas de Quito, en Ecuador, son ejemplos de oportunidades para obtener co-beneficios para la salud a partir de acciones destinadas a la mitigación del cambio climático.

Sindemia global: una visión innovadora para buscar acciones 2 en 1

Con la abrupta aparición del Covid-19 en nuestras vidas, hablar de pandemias pasó a ser algo cotidiano. La noción de sindemia, en cambio, es algo menos conocida. En términos generales, el concepto se refiere a epidemias o pandemias que coinciden temporal y geográficamente, interactuando y potenciando sus efectos nocivos en la salud de la población afectada. Esta idea llamó la atención de la comunidad científica hace algunos años, tras un informe publicado por la Comisión sobre Obesidad de la revista médica Lancet.

Dicho artículo introdujo la visión de “Sindemia Global de Obesidad, Desnutrición y Cambio Climático”. Desde esa perspectiva se entiende que la malnutrición en todas sus formas es una pandemia que amenaza la salud global, y que coincide en tiempo y lugar e interactúa con el cambio climático que hoy afecta a la mayoría de las personas en cada país y región del mundo.

Se estima que en varios países latinoamericanos, como México, Panamá, Argentina y Chile, más de un tercio de la población adulta vive con obesidad. Sumado a esto, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), esta región presenta una elevada vulnerabilidad y está siendo fuertemente impactada por las consecuencias del cambio climático, una situación que se amplifica por diversos factores, incluyendo la desigualdad y la pobreza. En particular, el efecto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria de las poblaciones potencia a su vez la prevalencia de la malnutrición.

Podemos considerar la epidemia de la obesidad y el cambio climático como vagones de un tren que avanza a gran velocidad hacia un escenario de riesgos para la salud poco alentador. Podemos también imaginar que es necesario reducir la velocidad del tren y encontrar acciones oportunas, capaces de mitigar los daños ambientales e impactos negativos sobre la salud humana. Para ello, es útil retomar la visión sindémica global, la cual reconoce que las ruedas del tren, lo que impulsa las pandemias de malnutrición y cambio climático, son en gran parte factores compartidos.

Reconocer que existen determinantes compartidos es importante, dado que brinda la oportunidad de buscar respuestas conjuntas para hacer frente a estos desafíos globales. Los modos de vida poco saludables que ganan terreno en las sociedades más urbanizadas, así como la marcada desigualdad social, son algunos ejemplos de estos factores que impulsan o determinan, simultáneamente, las dos pandemias.

Obesidad y cambio climático: la vida en las ciudades como punto de encuentro

América Latina es una de las regiones con más población urbana del mundo en desarrollo. Dos tercios de la población latinoamericana vive en ciudades de más de 20.000 habitantes y casi un 80% en zonas urbanas, lo que equivale aproximadamente a 530 millones de personas. El actual ritmo de vida en sus ciudades trae aparejadas modificaciones de los estilos de vida que pueden ser a su vez desfavorables para la salud y el ambiente en que vivimos.

Los residentes urbanos son generalmente los más expuestos a la contaminación del aire y a estilos de vida sedentarios. El uso de automóviles es una práctica que aumenta la exposición a estos factores. Además de esto, en las ciudades es frecuente encontrar un consumo elevado de productos alimentarios ultraprocesados y un bajo consumo de frutas y verduras. Es ampliamente reconocido que una alimentación poco saludable se asocia a un mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. En cambio, la relación entre alimentación y cambio climático es menos conocida.

En referencia a eso, un artículo publicado en la revista científica Current Obesity Reports explica que la producción ganadera para obtener carne y lácteos genera gas metano, el cual representa más del 80% de los gases de efecto invernadero (GEI) agrícolas. Sumado a ello, el hiperconsumo de productos ultraprocesados puede aumentar la generación de residuos urbanos, contribuyendo también a una mayor concentración de GEI. Las emisiones de GEI son las grandes responsables del efecto invernadero, y potencian el calentamiento global, que es especialmente preocupante en los entornos urbanos.

Por lo tanto, prestar atención a los modos de movilizarse dentro de las ciudades, así como promover una alimentación saludable y equilibrada e incentivar una producción alimentaria ecológicamente sostenible, no solo será importante para cuidar la salud humana, sino también para contribuir a la sostenibilidad ambiental.

“El servicio de bicicletas en Córdoba está disponible, es abierto”, dice Julia, que agrega que “el único requisito es ser ciudadano”. La igualdad de oportunidades, el “no dejar a nadie atrás” que propone la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es quizá el mayor desafío para impulsar acciones verdaderamente transformadoras para el ambiente y la salud global.

*Este texto es producto del Programa Clima, ambiente y salud + migración desarrollado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global IAI y Latinoamérica21

Camila Niclis, Dra. en Ciencias de la Salud y Licenciada en Nutrición. Investigadora del CONICET y Profesora de Metodología de la investigación (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Aborda la Epidemiología nutricional y socioambiental de enfermedades crónicas desde el enfoque del ciclo vital.

Plebiscito en Chile: ¿un punto de partida?

Juan Carlos Arellano
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Plebiscito en Chile: ¿un punto de partida?

Se acerca el segundo plebiscito en poco más de un año para decidir si se cambia la Constitución vigente en Chile. La historia del primer proceso fue fallida y, según las encuestas, el segundo parece seguir el mismo camino. Las explicaciones para este eventual fracaso son variadas; algunos mencionan el hastío o la fatiga constitucional, mientras que otros expresan su descontento con las propuestas, al presentar fuertes componentes programáticos, alejándolas de un consenso más transversal. Si bien algunas posiciones disconformes obedecen a un llamado de consecuencia política, otras parece que nacen solo de un oportunismo grosero. Aunque existe apoyo “A favor” de esta propuesta principalmente de la derecha partidaria y algunos partidos de centroizquierda, curiosamente, con interpretaciones e intereses distintos, convergieron en el “En contra” la mayoría de la izquierda moderada y radical, y sectores descolgados de derecha más dura.

Comparando esta segunda propuesta constitucional con la plebiscitada en septiembre de 2022, es indiscutible que la última presenta menos riesgos para la percepción ciudadana. Se destaca que esta nueva Constitución se conformó bajo un acuerdo consensuado por la mayoría de la clase política, buscando regular el resultado lo más posible. Se acordó un marco institucional base conocido como los “doce bordes”, una comisión de expertos integrada por 24 personas elegidas por los partidos políticos en el Congreso, un consejo constitucional elegido popularmente con 50 miembros y un comité técnico de admisibilidad para resguardar que se respetaran los famosos bordes en la propuesta final.

A pesar de las críticas que levantó este nuevo proceso por contener la voluntad popular, se llevó a cabo dentro de los acuerdos establecidos, con una de las votaciones lejos más altas en el último tiempo y cumpliendo con todos los protocolos democráticos necesarios para legitimar una nueva Constitución, reduciendo notablemente los riesgos para la ciudadanía y aportando más certezas que el proceso anterior. No obstante, las interpretaciones críticas a la nueva propuesta no dejan de amplificar sus potenciales riesgos.

Los argumentos en contra del proyecto constitucional, tanto de la izquierda como de algunos sectores de la derecha, se pueden simplificar en dos puntos. El primero, de índole valórica, asocia la Constitución con una regresión conservadora o, desde la derecha disidente, con la inclusión de temas ideológicos identificados como izquierdistas, como género o la agenda 2030. En cuanto al segundo, algunos se oponen al proyecto arguyendo que profundiza o pone en peligro el modelo neoliberal. Resulta curioso observar argumentos tan contradictorios ante un mismo texto. Por un lado, se manifiesta que un articulado que enfatiza la provisión de derechos estatales y la oferta privada de servicios simplemente perpetúa el lucrativo negocio de las instituciones privadas existentes (AFP, ISAPRES, etc.); mientras que, por el otro lado, desde la derecha disidente, se debate el riesgo de abandonar el Estado subsidiario por uno “social y democrático de derecho”, reprochando el cúmulo de derechos que abriría la puerta a una judicialización.

La propuesta constitucional parece enfrentar la paradoja de ser interpretada de manera insatisfactoria por ambos polos. Resulta difícil de concebir que, según la afirmación de intelectuales y políticos de izquierda, uno de los países más neoliberales del mundo, cuyo modelo económico supuestamente está protegido por la Constitución vigente, pueda ser profundizado aún más con la nueva propuesta constitucional. Esta afirmación se hace más inverosímil cuando desde la derecha más dura se argumenta que estaríamos en camino de colapsar el Estado debido a la cantidad de derechos que establece la nueva carta.

Reconociendo ciertos grados de verdad en ambas posturas que convergen en el “En contra”, y considerando la tendencia natural a exagerar interpretaciones, parece que el texto presenta elementos de contención de ambos lados, reduciendo notablemente los riesgos. Así también, ante interpretaciones tan divergentes, la propuesta constitucional no parece ser tan rígida como declaran sus críticos, lo que podría permitir que se convierta en un recurso estratégico en el futuro para actores de todo el espectro político, permitiendo la competencia dentro de la institucionalidad democrática.

En cuanto al sistema político, posiblemente el menos relevante para la ciudadanía y menos abordado por los polos, ha existido un notable silencio y se puede destacar como uno de los aspectos más distintivos de la propuesta constitucional en comparación con la actual. Básicamente, se propone un régimen presidencial manteniendo la trayectoria institucional chilena, con una adecuada desconcentración de poder y con un quórum alcanzable de 3/5 para futuras reformas constitucionales. Aquí se prefirió mantener el statu quo con mínimas modificaciones, haciendo énfasis en los partidos políticos y su rol en la democracia, estableciendo un umbral de un 5% u 8 parlamentarios para ingresar al Congreso, intencionado un rediseño distrital para disminuir parlamentarios en la cámara baja, siendo tal vez la oferta más interesante de la nueva propuesta.

Este último punto es uno de los temas más relevantes atendiendo el bloque político ideológico e institucional existente en Chile. Lo dictaminado en este apartado obliga a las fuerzas políticas a reorganizar el panorama, con la consecuencia esperada de reducir el número de partidos. En otras palabras, se obliga a rebarajar el naipe en este ámbito. En Chile, hoy la fragmentación partidaria, que se eleva a 23 partidos en el Congreso, es uno de los principales problemas que empantana el funcionamiento del régimen político, sin desconocer que también hay sequía programática y débil vínculo con la ciudadanía.  

Tras concluir la ilusión de que la Constitución resolverá todos los problemas del país, es prudente adoptar una postura menos ambiciosa, más pragmática y ver esta decisión como un punto de partida en lugar de una perspectiva teleológica. Si se aprueba la nueva Constitución, necesitará ajustes debido a la incapacidad natural de prever todos los escenarios, interpretaciones conflictivas o posibles fricciones institucionales. Sin embargo, no hay argumento que indique que, al mantener la Constitución vigente, los actores tendrán incentivos para llegar a acuerdos y emprender reformas sociales y políticas para superar la situación actual. Esa oportunidad la desaprovecharon luego del rechazo de la anterior propuesta. Todo apunta más bien a mantener una inercia que nos dejará a la deriva, con una presidencia insignificante y un congreso, dada su composición, incapaz de proporcionar una dirección. 
Así, la principal ventaja del cambio constitucional es contar con una carta fundamental validada democráticamente y con mandatos que exigen reconsiderar el statu quo de los partidos. Este punto de partida no asegura el éxito ni resultados inmediatos, pero orienta al país en una dirección en la búsqueda de la solución. Ojalá que la ciudadanía fastidiada con su clase política se olvide de esperar recetas mágicas y piense en un punto de partida.

¿Es posible hacer prevención en salud a escala planetaria?

Victoria Mendizábal
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¿Es posible hacer prevención en salud a escala planetaria?

“Era domingo. Estábamos todos en casa y de un instante a otro nos rodeó el agua. Estuvimos seis horas en el techo hasta que pudieron rescatarnos”, recuerda Sandra, vecina de Río Ceballos. El 15 de febrero de 2015, los vecinos de diversas localidades de las Sierras Chicas, en la provincia argentina de Córdoba, vieron cómo se desbordaban los ríos y arroyos de la zona. Cauces que habitualmente eran para “mojarse los pies”, se transformaron en una avalancha de agua que se deslizó arrastrando vidas, viviendas, puentes y todo lo que encontró a su paso. En doce horas llovieron 300 milímetros: casi un tercio del promedio anual calculado para esta zona serrana.

Dos años antes, un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Córdoba alertaba acerca de esta posibilidad en un informe técnico. El avance descontrolado de la frontera urbana y el desmonte del bosque nativo podían incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra, roca y agua, y de inundaciones, precisamente en la cuenca de los ríos Ceballos y Saldán, en las Sierras Chicas.

“No fue la lluvia, fue el desmonte” denunció la asamblea de vecinos autoconvocados de la zona en el séptimo aniversario de la inundación que marcó la historia de la región. En aquel momento, sin embargo, los vecinos no habían sido alertados porque la información simplemente no estaba disponible para la sociedad.

Por ello, este grupo de damnificados y activistas inició un proceso de amparo colectivo en el que, entre otras cosas, solicita la instrumentación de un sistema de alertas tempranas que permita detectar, evaluar, informar y prevenir cualquier fenómeno meteorológico severo en la provincia.

La salud en clave planetaria

Día tras día, los medios de comunicación y las redes sociales muestran las consecuencias de las sequías, inundaciones, temperaturas extremas, incendios y otras catástrofes ambientales en distintos rincones del planeta. Incluso algunos anuncian que “la Tierra tiene fiebre” o que padece “una infección llamada humanidad”. Pero ¿podemos hablar de una salud planetaria? ¿Es posible encontrar indicadores de esa salud y medirlos? ¿Acaso esta información podría ayudarnos a tomar mejores decisiones a escala global?

Los efectos del cambio climático no sólo se evidencian en el aumento significativo de eventos meteorológicos extremos, cuya intensidad y magnitud crecientes impactan de forma directa en la vida cotidiana de las personas. Además, tienen una influencia decisiva en la salud de las personas de forma indirecta debido a la estrecha asociación entre la salud humana y factores como la calidad del agua, el aire y el acceso a los alimentos. De hecho, diversos foros y organismos internacionales alertan acerca de la necesidad de asumir una perspectiva de la salud que incorpore los desafíos que trae consigo el cambio climático.

Un enfoque de este tipo incluye un conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que tienen impacto sobre las condiciones de vida como los sistemas alimentarios y productivos, e incluso las formas de organización política. Más aún, es preciso incluir las complejas interconexiones y equilibrios entre la salud humana y la del planeta, entendiéndose ésta como un derecho universal que debe ser respetado para las generaciones presentes y futuras.

Medir, integrar y alertar

Para combinar datos sobre la tríada clima, ambiente y salud como una estrategia para monitorear aquellos focos que requieren más atención y cuidado, un consorcio de investigadores sudamericanos, provenientes de diversas disciplinas científicas y geografías se propone diseñar una plataforma digital con información de acceso público que estará alojada en la página web de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.

El equipo se propone recabar datos clave para construir indicadores que permitan reunir los datos que hoy se encuentran dispersos, fragmentados o expresados en diversas escalas temporales. Y es precisamente esta dispersión la que dificulta la creación de un sistema integrado de vigilancia y monitoreo que permita atender a las problemáticas en diferentes escalas territoriales. Esta plataforma, por lo tanto, podría contribuir a desarrollar intervenciones de mitigación o adaptación a la crisis climática.

“En todas sus fases, se promoverá la participación de actores clave y potenciales usuarios”, asegura la Dra. Sonia Muñoz, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, quien lidera el proyecto. “Estamos convencidos de la importancia estratégica de la transdisciplinariedad a la hora de pensar y desarrollar la plataforma, como así también a la hora de comunicarla, tanto a tomadores de decisión como a la sociedad en su conjunto”.

Desde hace décadas, la comunidad científica realiza diversas mediciones que, en cada uno de sus informes, integra elementos que convergen en la necesidad de tomar medidas frente a la emergencia climática. Por ello, la posibilidad de diseñar una plataforma cooperativa regional que apunte a manejar datos integrados sobre indicadores clave en la tríada clima-ambiente-salud resulta un paso fundamental frente al panorama epidemiológico regional. Este planteamiento permitirá avanzar en el cierre de la brecha entre la investigación y la obtención de evidencia científica y las políticas públicas y prácticas en salud.

No sólo es importante identificar los puntos calientes que pueden implicar riesgos para la salud asociados al cambio climático, también es fundamental desarrollar las estrategias adecuadas para que esta información sea de fácil acceso para tomadores de decisión como las autoridades locales, provinciales y nacionales de los ámbitos de salud, ambiente, agricultura, sociales y educativos, entre otros. De esta manera, se podría mejorar la capacidad de respuesta durante emergencias y desastres climáticos, beneficiando así a la sociedad en su conjunto. 

Sin duda lo ocurrido en las Sierras Chicas de Córdoba no fue un hecho fortuito ni un episodio aislado; más bien es un síntoma de un fenómeno cada vez más extendido y frecuente al que es preciso atender y dar respuesta. La respuesta se encuentra en reunir la evidencia científica, volverla accesible para el conjunto de la sociedad y apoyar su aplicación en la práctica.

*Este texto es producto del Programa Clima, ambiente y salud + migración desarrollado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global IAI y Latinoamérica21

Milei y una odisea

Rodolfo Sarsfield
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Milei y una odisea

En el comienzo de La Odisea de los Giles -la estupenda película dirigida por Sebastián Borensztein (2019) e inspirada en el libro La Noche de la Usina (2016) de Eduardo Sacheri- el personaje principal de la historia, Fermín Perlassi (encarnado por el inigualable Ricardo Darín), presenta lo que será el argumento de este excelente largometraje. Buscando en el diccionario el significado de la palabra “gil” -un término muy despectivo en la jerga argentina-, Perlassi relata que, “según el diccionario, ‘gil’ ´es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía’ (…), aunque ya sabemos que [términos como] laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de gil (…). Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles, se convierte en una verdadera patada en los dientes y uno dice ¡basta!”.

La oposición entre los honestos (los “giles”) y los deshonestos (los “vivos”) que la película sugiere no es nueva (a modo de rasgo de larga duración de la psicología política argentina) y tiene muchos antecedentes en los estudios de la ciencia política, la sociología y la historia, entre los que se destaca la conocida obra de Carlos Nino, Un país al margen de la ley. Así, el filme nos cuenta que, indignados ante la crisis del corralito de 2001, un grupo de amigos de una pequeña población rural de Buenos Aires decide emprender una muy arriesgada e incierta aventura para recuperar el secuestro de sus ahorros en dólares, en donde, además, hay funcionarios del banco del mismo pueblo implicados. Aunque el largometraje se estrenó en 2019 y hablaba sobre el ya entonces lejano corralito, no se puede evitar pensarlo como una metáfora casi anticipatoria de lo que ocurriría con el reciente resultado del ballotage en Argentina: a pesar de los miedos y la incertidumbre que generaba el candidato que resultaría ganador, la ira (la “bronca” en clave argentina) movilizaría a millones de electores a votar en contra de la propuesta política oficialista. La campaña de que Massa representaba a un artero y sutil engañador -consagrada con el adjetivo de “ventajita” con que Mauricio Macri lo bautizaría- parece haber tenido como una reverberación el invocar la idea, muy sensible y dolorosa para ciertos sectores, de que ser honesto, trabajador o respetuoso de las normas es de “giles”, es de tontos. Estos electores, hartos de esa visión (que muchos aún propugnan), habrían decidido votar en contra del “vivo” del ballotage, el “ventajita” Massa. 

Como corolario de la idea de que parece haber sido la bronca la emoción que catalizó buena parte del voto en la segunda vuelta (emoción que muchas encuestas y grupos de enfoque registraron en la previa a la elección), emerge el interrogante sobre la gobernabilidad de la presidencia de Javier Milei. Los cuarenta años de la relativamente joven actual democracia argentina testifican que, con excepción del gobierno de Macri, ningún partido o coalición no peronista pudo finalizar su mandato. La creciente polarización -tanto ideológica como afectiva- agudizada en el último tramo de la campaña electoral con mensajes fuertemente negativos de cada una de las dos fuerzas políticas respecto de la otra, no parecen augurar la formación de un gobierno que cuente con una base lo suficientemente amplia y consensuada. La polarización se observa no solo entre los partidos sino entre los ciudadanos. Los llamados a la resistencia en la calle de parte de diferentes actores económicos y sociales el día siguiente mismo de la segunda vuelta anticipan un panorama muy complejo en términos de gobernabilidad.  Sólo a modo de un par de ejemplos entre otras expresiones -catalogadas como “golpistas” por parte de sectores afines a Milei-, el director del sindicato de Aerolíneas Argentinas, Pablo Viró, afirmaba que “si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar”. Un día después, el sacerdote Francisco “Paco” Oliveira sostenía que “no creo que este gobierno dure cuatro años” y que “si votaste a Milei, no vengás a buscar comida acá”, aludiendo al comedor para personas indigentes que dirige en Merlo.

Cabe aquí tener en cuenta el punto de partida económico y social del que será el gobierno argentino a partir del 10 de diciembre próximo. El presidente entrante recibirá un país con reservas negativas en el Banco Central, una inflación del 140% con una proyección estimada de 300%, una importante distorsión de los precios relativos, catorce tipos de cambio frente al dólar, niveles de pobreza del 40 % y de indigencia del 15%, una deuda pública altísima no sólo con el Fondo Monetario Internacional sino con el llamado “swap” con China y con otras entidades públicas y privadas. Dada la escasez de dólares, Argentina ha tenido dificultades para importar desde productos primarios, hasta medicamentos fundamentales, insumos hospitalarios críticos y manufacturas que son claves para la industria automotriz.

El enorme esfuerzo realizado por el oficialismo para llegar a los comicios en condiciones competitivas electoralmente (algo que se logró con la llegada al ballotage de un ministro de economía a pesar de las gravísimas dificultades producto de su propia gestión) se hizo apelando a políticas económicas caracterizadas por arduos problemas de inconsistencia temporal: se privilegió exclusivamente el presente para hacer recaer sus consecuencias en el futuro. Se trataba de llegar lo mejor posible a las elecciones para después ver. En los dieciocho meses del ministerio de Sergio Massa, la emisión incrementó la base monetaria en un 100%. Las políticas dirigidas a mejorar las chances electorales del candidato oficial costaron entre un 1.5 y 2.5 puntos del PIB argentino. Los recortes impositivos a los sectores más privilegiados en términos de ingresos, o los llamados “planes platita” -como distribuir prebendas imposibles de sostener en el tiempo y que finalizaban (justamente) con la celebración de las elecciones- parecen haber puesto a este país frente a lo que Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, llamase la tragedia de los comunes: si una aldea tala todo el bosque hoy, llegará un momento en el que ya no habrá árboles que talar.

El margen de maniobra del gobierno entrante es muy reducido. No parece exagerado afirmar que, fruto de los resultados de la llamada “dependencia de la trayectoria” (o path dependence), los casi veinte años de gobiernos kirchneristas han llevado a Argentina a una situación en la que los problemas estructurales y no sus gobiernos son quienes “gobiernan”. El país no crece económicamente desde 2011 a pesar de los años dorados de las commodities que caracterizó a los primeros gobiernos de los Kirchner. Un inmenso desbalance entre el énfasis puesto en la redistribución y el maltrato hacia la producción está en la base del drama que recibe este gobierno. No puede haber redistribución si no hay qué distribuir. La tarea fundamental de la política es sobre como satisfacer deseos infinitos con recursos finitos. Buscando perpetuarse en el poder, el kirchnerismo deformó y banalizó la larga tradición de afinidad con la centro-izquierda que ha caracterizado largamente a amplios sectores en Argentina. Con sus políticas, invirtió los incentivos, favoreciendo al no-trabajo (los “vivos”) y perjudicando al trabajo (los “giles”). 

La expresión de un “basta” rotundo de parte de la mayoría del electorado ante un presente insoportable y en favor de un cambio es un capital muy importante, aunque podría desgastarse rápidamente. La luna de miel podría durar poco si no hay un esfuerzo de comunicación, didáctico -casi rousseauniano- de explicar los objetivos a mediano y largo plazo que persiguen los dolores iniciales, que serán importantes. No se podrá apelar a eslóganes fáciles -ni irresponsables- como ocurrió en la campaña electoral. La paciencia social no da más. En términos de políticas, habrá que pensar en procesos de diferentes temporalidades que deben darse simultáneamente: responder a las urgencias más acuciantes hoy, al mismo tiempo que reducir el déficit fiscal en lo inmediato es sólo uno de múltiples desafíos ciclópeos que emergen en el horizonte. 

Milei deberá, al mismo tiempo, satisfacer las demandas por las que fue votado, así como contener la protesta de sus opositores, no siempre democrática ni pacífica. Las catorce toneladas de piedra contra el Congreso durante el periodo de Macri es un antecedente amenazante. Como en la película de Berensztein, Argentina se enfrenta a una verdadera odisea. Da la impresión de que será muy difícil -en lo que parece no sólo un problema económico sino una disputa cultural-, que el gobierno electo pueda responder a las postergadas demandas de los “giles” al mismo tiempo que incluir a aquellos sectores que, fruto de políticas mal concebidas y de la falta de oportunidades -junto a una extensa y profusa narrativa-, se acostumbró a concebir a la política como el equivalente a un Estado que todo lo provea y a la economía como un reino de bienes infinitos. Éste parece ser un inmenso desafío. La gobernabilidad, y más aún, la propia paz social, están en juego.

España: un frágil gobierno en minoría aumenta la polarización

Ludger Gruber
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España: un frágil gobierno en minoría aumenta la polarización

Coautor Martin Friedek

El jueves 16 de noviembre de 2023, el presidente en funciones del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, fue reelegido con 179 de 350 votos. Además del apoyo del Partido Socialista (PSOE, 121 escaños), contó entre otros con los votos de la plataforma electoral populista de extrema izquierda Sumar y partidos separatistas de Cataluña y el País Vasco.

Ninguna formación de gobierno desde la aprobación de la conciliadora Constitución democrática de 1978, tras el fin de la dictadura franquista, ha polarizado tanto a España como la actual. Las protestas contra la formación de este Gobierno y, sobre todo, contra la amnistía prevista para todos los implicados en la sublevación de 2017 en Cataluña llevan semanas creciendo. Son cientos de miles de ciudadanos indignados de una amplia mayoría social, que se extiende mucho más allá de los simpatizantes de los partidos de la oposición.

Los observadores extranjeros con simpatía por España están perplejos. Los acontecimientos actuales no encajan con la narrativa generalizada. Esta indica que el presidente socialista Sánchez, junto con el partido de extrema izquierda Podemos, supuestamente sacaron bien a España de la crisis del coronavirus durante la última legislatura (2020-2023) en una llamada «coalición de progresistas». Además, alude que consolidó la economía de España y, sobre todo, logró hitos sociopolíticos para más justicia, igualdad y oportunidades.

Antecedentes

Importantes concesiones a los separatistas en la anterior legislatura, como la modificación grupal de la ley penal (supresión de la sedición y minimización de la ley de malversación), fueron elogiadas por Pedro Sánchez como acciones clarividentes para contribuir así, según él, a la «pacificación» del conflicto territorial a través de la «desjudicialización» de un conflicto supuestamente político.

¿Por qué hay tanta gente que se resiste a la promesa de Pedro Sánchez de continuar con las políticas «progresistas» y de evitar que España «recaiga en el pasado restaurador y oscuro de la derecha»?

Una manzana de la discordia más concreta y actual son las concesiones que Sánchez otorgó a los partidos regionales que lo apoyan sin ninguna contrapartida significativa. Los partidos gobernantes PSOE y el partido de extrema izquierda Podemos (que apenas sigue existiendo), sufrieron derrotas devastadoras en las elecciones regionales y locales de mayo de 2023. Mientras, el PP ostenta ahora la jefatura del Gobierno en 12 de las 17 comunidades autónomas. En respuesta, Pedro Sánchez convocó a elecciones parlamentarias anticipadas, donde el PSOE fue capaz de mantener su resultado de las elecciones nacionales anteriores. Por otro lado, todas las demás fuerzas que votaron en el Congreso a favor de Pedro Sánchez han salido de las elecciones como perdedoras, sin excepción. Los partidos separatistas del País Vasco y Cataluña juntos recibieron sólo el 6% de los votos nacionales.

Valoración política

Las cifras explican en gran medida el desconcierto que provoca el hecho de que una minoría tan pequeña esté determinando políticamente o incluso chantajeando a una mayoría dentro de Cataluña, por no hablar de todo el país.

Como Pedro Sánchez ya rechazó categóricamente cualquier cooperación con el PP, depende de cada voto de los partidos centrífugos. El partido Junts per Catalunya con su líder prófugo Carles Puigdemont, cuyos siete escaños ayudaron a Sánchez a lograr un salto decisivo sobre la mayoría absoluta de 176 escaños, es una punta particular de la balanza.

Todos los partidos separatistas, pero Junts per Catalunya en particular, se caracterizaron por insistir en sus máximas exigencias en las negociaciones. Mientras, el partido gobernante, el PSOE, no dio muestras de éxito por su parte en las negociaciones. Entre estos acuerdos «pactos» está la ley de amnistía. El instrumento previsiblemente concederá una amnistía general a todos los implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, investigados por sedición, malversación e incluso terrorismo.

Una amnistía como contribución a una solución política al conflicto territorial habría sido concebible si Sánchez hubiera buscado una amplia mayoría junto al PP y si los separatistas hubieran renunciado a su máxima exigencia de separación de España. Ni ha ocurrido ni ocurrirá. Es más, la ley de amnistía reinterpreta ahora de hecho la democracia española de 1978 como un Estado ilegítimo. Desacredita a sus fuerzas de seguridad y convierte a los rebeldes contra la Constitución democrática en víctimas políticas. El posible nombramiento de comisiones políticas en el Parlamento para revisar el Poder Judicial daña su independencia y lo somete a un mandato político (lawfare).

Polarización irreconciliable

Con sus discursos excluyentes, sobre todo durante la sesión parlamentaria (investidura), Sánchez ha contribuido significativamente a la polarización irreconciliable. Calificó literalmente a todos los que no compartían su concepto de «generosidad», «reconciliación» y «paz social», de «reaccionarios» y «extrema derecha», contra los que hay que levantar un «muro». Esta es otra de las razones por las que personas del centro moderado, como socialistas críticos, liberales y democristianos, que no suelen manifestarse, salen ahora a la calle con banderas españolas y europeas. El hecho de que los principales socialistas deslegitimen estas manifestaciones calificándolas de incitación está exacerbando los ánimos.

Se especula sobre cuánto tiempo puede sobrevivir esta constelación política de gobierno. Hay que decir que no está unida por un proyecto político común positivo para el conjunto de España. Sino sólo por la motivación negativa de impedir a toda costa un gobierno PP-VOX.

Perspectivas para España

Esta coalición de perdedores electorales podría aguantar mucho tiempo. La razón es que la alternativa de nuevas elecciones se traduciría en un mayor debilitamiento de esta, como sugieren las primeras encuestas. Ninguno de los separatistas querrá renunciar a la oportunidad de oro que tienen actualmente, contando con un jefe de Gobierno que depende más que nunca de ellos y que les permite aplicar sus reivindicaciones máximas, mientras la supervivencia del gobernante en el poder dependa completamente de ellos.

La esperanza de los conservadores de que el Tribunal Constitucional pueda detener la ley de amnistía también parece prematura. El Tribunal Constitucional está formado actualmente por una mayoría de partidarios y dependientes de Sánchez. Estos probablemente dictaminarán que la amnistía es constitucional, en contra de la comunis opinio de expertos constitucionalistas publicada en innumerables artículos de opinión.

Está por ver si Europa puede detener este preocupante proceso, como también esperan muchos en el PP. Según el derecho constitucional, el conflicto regional catalán es y sigue siendo un conflicto territorial interno en España. Aunque los separatistas catalanes hayan intentado repetidamente internacionalizar su causa y conseguir apoyo europeo para sus objetivos durante la última década. Ahora el PP quiere llevar los acontecimientos a Europa. Tiene la esperanza de que la UE investigue e intente impedir cualquier violación del Estado de derecho por parte de Sánchez a nivel nacional. De forma similar a Polonia y Hungría.

Como nos ha recordado recientemente Anne Applebaum, no debemos perder de vista que el movimiento separatista en torno a Junts per Catalunya y Puigdemont estaba manifiestamente vinculado al régimen de Putin en Rusia, y que Rusia tiene un interés estratégico esencial en la independencia de Cataluña que daría a Putin una influencia histórica sin precedentes en el sur y el oeste de Europa y en el Mediterráneo.

Tres Españas

Sostenemos que ahora hay tres Españas en lugar de dos. Además de los conflictos históricos del país, Sánchez ha estilizado la disputa actual como un conflicto dicotómico entre «el progreso o la derecha». Una flagrante simplificación populista de la realidad. Incluso la mayoría de los catalanes quieren una convivencia próspera en reconocimiento de su singularidad lingüística y cultural, ya ampliamente reconocida y desarrollada en España.

La paradoja actual en España es que una minoría está actuando contra la voluntad política de una mayoría hasta ahora silenciosa que no está a favor ni de la amnistía ni de la separación de partes del país. Sin embargo, es evidente que esta mayoría ya no está dispuesta a permanecer en silencio. Existe el peligro de que en España también se produzcan acontecimientos al estilo Ziblatt/Levitsky, que debiliten la democracia desde dentro, incluso a través de las elecciones. Los expertos en América Latina ven sorprendentes paralelismos en el enfoque de Pedro Sánchez con los sistemas autoritarios de la izquierda bolivariana. Como en Venezuela, donde las instituciones fueron sucesivamente tomadas por los políticos y donde la democracia fue «reinterpretada».

Independencia

Si, como es de esperar, los separatistas (principalmente Junts, ERC y EH Bildu) continúan con su línea pública de independencia incondicional de Cataluña y el País Vasco con todas sus fuerzas y utilizan el recrudecimiento del debate en su beneficio, el Estado español lo tendría mucho más difícil para frenar el impulso esta vez que en 2017. Esto se debe a que el Gobierno de Sánchez ha suprimido en los últimos años los instrumentos de contención decisivos del Estado de derecho.

El ganador de las elecciones y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había ofrecido a Sánchez seis pactos de Estado PP-PSOE para organizar las reformas que se necesitan urgentemente al margen de extremistas y fundamentalistas. Feijóo llegó a ofrecer la alternancia en el liderazgo del Gobierno entre él y Sánchez para la próxima legislatura. Un acercamiento entre los grandes partidos centristas que probablemente sólo será posible en el periodo después de Sánchez. Esperemos que el país, que en realidad tiene tanto potencial, no sufra demasiado daño, ni interna ni externamente.

Martin Friedek es investigador, analista político y coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal.

Necesitamos áreas verdes para soportar las olas de calor

Enrique Muñoz López
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Necesitamos áreas verdes para soportar las olas de calor

Coautor Adán Castro Añorve

Las grandes ciudades del mundo están experimentando un incremento de las temperaturas, tanto por el cambio climático como por la falta de áreas verdes y el efecto de la isla de calor. Solo en 2023, Ciudad de México sufrió cuatro olas de calor y los golpes de calor, que elevan la temperatura corporal hasta alrededor de 40 grados, pueden llegar a ser mortales.

Para intentar contrarrestar estas ondas de calor, muchas ciudades del mundo están apostando a generar más áreas verdes, que son espacios con vegetación natural o inducida en forma de parques, plazas o zonas arboladas. Las áreas verdes, tienen la capacidad de amortiguar las altas temperaturas, y con ello, influyen directamente en mejorar la calidad del ambiente en las grandes urbes.

En América Latina, 17 ciudades han llevado adelante proyectos de mejora para mantener y ampliar sus áreas verdes con la ciudad brasileña de Curitiba a la vanguardia. Otras ciudades que destacan por sus mejoras son Belo Horizonte, Bogotá, Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo, Medellín, Monterrey, Puebla, Porto Alegre, Quito, Santiago y por debajo del promedio se encuentran ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Guadalajara y Lima.

En otras zonas del mundo, las áreas verdes, además de apaciguar las olas de calor, también mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos ya que ofrecen espacios para realizar deportes, mejora las relaciones sociales y fortalecer la conciencia ecológica. Nueva York, por ejemplo, cuenta con el Central Park, uno de los parques urbanos más visitados de todo el mundo, con 341 hectáreas, Barcelona con el Parque de la Ciudadela y Madrid con el famoso Parque del Retiro, que está considerado como un bien de interés cultural.

En la Ciudad de México, se cuenta con casi 68 kilómetros cuadrados de áreas verdes que en total cubren el 4.5% de su superficie. Sin embargo, esto no es suficiente para los más de 9 millones de habitantes. El Programa de Infraestructura Verde que impulsa el gobierno local,  tiene como finalidad vincular y aumentar la conexión entre áreas verdes y cuerpos de agua; distribuir igualitariamente los beneficios de servicios a la población; garantizar la confluencia social en estos espacios e incorporar acciones para minimizar impactos y efectos del cambio climático.

Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado visibilizar el problema de los impactos del calor extremo en la salud en áreas marginadas. Las políticas ambientales y de salud en la Ciudad de México parecen estar disociadas y, si bien existen estrategias para la adaptación al cambio climático, los planes y programas no parecen enfocarse en los impactos del ambiente y la salud en el contexto del aumento de las ondas de calor.

Dentro de la misma ciudad existen contrastes, tanto térmicos como de vulnerabilidad de la población. Entre el centro y oriente de la ciudad puede haber diferencias de hasta 3ºC durante los períodos de temperaturas extremas. En las zonas centro y occidente de la ciudad se localizan las alcaldías con población de mayor poder adquisitivo, menos población vulnerable y mayores superficies de áreas verdes. Mientras que en el oriente de la ciudad habitan poblaciones de bajo poder adquisitivo, alto porcentaje de población infantil y adulta mayor de los 65 años y con pocas áreas verdes. En este marco, la cercanía de las poblaciones vulnerables a áreas verdes aminorarían los efectos de las ondas de calor.

Mientras que en la Ciudad de México el promedio es de 7.5m2 de áreas verdes por habitante, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud recomienda un promedio de 16.4m2, más que el doble. Por lo tanto, aún se está lejos de alcanzar el confort térmico en la sexta ciudad más poblada del mundo.

Mapas comunitarios

En este contexto, una herramienta útil para evaluar la eficiencia de las áreas verdes es la cartografía participativa o mapeo comunitario. La elaboración de estos mapas ayuda a complementar el conocimiento técnico, con los conocimientos de la vida real de las personas. Se trata de un proceso abierto que plasma las ideas sobre cómo se entiende el territorio, su medio ambiente, la cultura, los problemas y sus posibles soluciones y nos indican las necesidades de los habitantes

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México está realizando mapas participativos para evaluar las áreas verdes como amortiguadoras de las olas de calor en la Ciudad de México. También se está avanzando el análisis de imágenes satelitales para mapear la temperatura de zonas con y sin áreas verdes en el oriente de la ciudad.

El objetivo del proyecto “Consulta y cartografía ciudadana sobre áreas verdes y su papel en la salud pública, caso: calor extremo en la Ciudad de México”, es construir puentes de comunicación entre las dependencias y la comunidad para mejorar la salud pública. De esta manera, se puede promover la conservación de áreas verdes y mejorar la toma de decisiones de las instancias públicas, considerando la opinión de la población con base en los mapas participativos.

Así, con la participación activa de la academia, el gobierno local que se involucra con los programas de áreas verdes y la ciudadanía con el mapeo comunitario, es posible identificar los focos rojos de vulnerabilidad y planear mejor las áreas verdes y los servicios de atención a la salud. Todo ello hará posible afrontar de mejor manera las olas de calor cada vez más frecuentes en la Ciudad de México.

*Este texto es producto del Programa Clima, ambiente y salud + migración desarrollado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global IAI y Latinoamérica21

Adán Castro Añorve es Profesor de Salud Pública en la Facultad de Medicina (UNAM-México). Médico especializado en métodos estadísticos, estudios de maestría en Ciencias de la Complejidad, modelación e inteligencia epidemiológica, análisis de datos en salud, emergencias sanitarias.

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