Las políticas de seguridad públicas suelen ser cortoplacistas e ineficaces

Henry M. Rodríguez
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Las políticas de seguridad públicas suelen ser cortoplacistas e ineficaces

Cada cuatro, cinco o seis años volvemos a la misma discusión: el asunto de la seguridad ciudadana. Un tema que cobra relevancia en las agendas de los candidatos presidenciales de América Latina cada vez que necesitan adherir votantes. Votantes que están cada vez más desesperados por la inseguridad que los aqueja, tanto en la ciudad como en el campo, e, incluso, en su propio barrio y en su propio hogar. Votantes, personas del común, de cualquier estrato socioeconómico, que exigen “mano dura” contra la delincuencia y los violentos. Ciudadanos de cualquier país latinoamericano que evidencian cómo la violencia, la inseguridad y el delito no cesan y, por el contrario, crecen cada año, llevando consigo la sensación de angustia, temor, desarraigo, desplazamientos forzosos y llantos por pérdidas de seres queridos.

Pero ¿por qué volvemos a la misma discusión sobre qué hacer para mejorar la situación de seguridad de los ciudadanos cada vez que hay un cambio de gobierno? Por un lado, la ciudadanía exige inmediatez en las soluciones, lo que fomenta el populismo electoral. Los gobernantes de turno intentan saciar el hambre de resultados que tiene la ciudadanía con políticas cortoplacistas y que arrojen números para mostrar. 

Las políticas que se intentan generar a largo plazo no prosperan, en parte, porque el gobernante entrante quiere borrar todo lo hecho por su antecesor y empezar desde cero. pero también porque los mismos ciudadanos eligen para ver los resultados ahora y no después.

En junio de 2021, los expertos en seguridad Cafferata y Scartascini publicaron un documento para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Cómo combatir la delincuencia en América Latina. ¿Qué políticas públicas demandan los ciudadanos?, donde recogen las percepciones de miles de latinoamericanos encuestados sobre diversos temas de seguridad. Una de las grandes conclusiones del documento es que la seguridad es uno de los temas más relevantes para los ciudadanos, incluso por encima de la pobreza y el desempleo. Las personas consideran que se debe dar más recursos para combatir la delincuencia que para ayudar a cerrar las brechas de desigualdad.

Aun así, es curioso que cuando se consulta sobre los recursos que se deben destinar a prevención o al fortalecimiento de la policía, principal ente responsable de garantizar la seguridad de una ciudad o un país, las opiniones dejan ver que no hay tanta acogida en las propuestas. Sin embargo, sí hay acogida en la idea de resarcir a las víctimas de la violencia con compensaciones económicas y en imponer altas penas carcelarias a los delincuentes. 

Con este estudio, los autores concluyeron que la deficiencia en políticas eficaces de seguridad ciudadana a largo plazo se debe en gran parte a la inmediatez que demandan los ciudadanos, los votantes y a sus elegidos, para remediar el enorme problema cultural y social por el que atravesamos en América Latina.

Pero sería injusto decir que la culpa es del ciudadano. Habrá que revisar qué han hecho los gobiernos para avanzar en la lucha contra el crimen en la región, y cómo se han articulado los diversos actores de la sociedad para lograr la armonía y paz que tanto se anhelan.

Laura Chinchilla y Doreen Vorndran, en el informe publicado también para el BID en noviembre de 2018, hablan del importante avance en materia de política pública de seguridad ciudadana tanto a nivel de investigación como de recursos. Incluso mencionan que el BID ha recibido y aprobado innumerables solicitudes de créditos de los gobiernos de América Latina para combatir el delito y el crimen en la región.

Sin embargo, las autoras expresan sus inquietudes y exponen una serie de recomendaciones a los gobiernos: “Una buena gestión institucional es indispensable para una efectiva política de seguridad ciudadana. Para ello, necesitamos voluntad política, generar procesos con continuidad, definiendo bien objetivos y metas, y, construir una buena gobernanza, que permita la participación ordenada y coordinada de diferentes actores relevantes”.

Chinchilla y Vorndran, en su investigación, documentan el paso de una política del “sálvese quien pueda”, con ausentismo del Estado y ceguera ante los delitos, pasando por una política punitiva de “mano dura”, con prácticas trasgresoras y represivas por parte de algunos gobiernos y sus cuerpos de policía, a una política actual más enfocada en la convivencia y la prevención.

En este sentido, se han organizado en la región diversos cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción a problemas de seguridad. En el caso particular de Colombia, este cuerpo se denomina Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y fue creado en el 2015. Es liderado por el presidente de la República y sus ministros de Gobierno, así como la Dirección Nacional de Policía y la representación de gobernadores y alcaldes. Llama la atención que en este Consejo no existan representantes de los ciudadanos.

Sabemos que los hacedores de política son los gobernantes, civiles elegidos popularmente (en los países democráticos), que muchas veces carecen de formación en temas de seguridad, a tal punto que sus decisiones y órdenes a los cuerpos de policía han llevado a que estos últimos no gocen de muy buena reputación.

Se hace imperativo entonces que tanto gobernantes como ciudadanos se capaciten en conceptos, leyes, teorías, prácticas y mejores formas de implementar planes de seguridad en las ciudades, en los barrios y hasta en los hogares y escuelas.

Esta formación ya sobrepasa los muros de las universidades y nos invita a pensar en un recinto y escenario propio para el abordaje de políticas serias y eficaces para nuestros países. Lugares de investigación, reflexión y acción, donde puedan entrenarse todos los interesados en aportar su granito de arena para que los índices de inseguridad se reduzcan y logremos la tan anhelada convivencia pacífica en la región.

La seguridad ciudadana es cada vez más relevante para los ciudadanos y gobernantes, pero debido a la complejidad del tema y la necesidad de resultados inmediatos, las políticas públicas generalmente terminan siempre diseñándose a corto plazo. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos trabajen en desarrollar estrategias y articular esfuerzos en procura de saldar esta deuda histórica con la ciudadanía.

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La propaganda en la era digital

Manuel Alcántara
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La propaganda en la era digital

El camino de la propaganda digital desde que Barack Obama la utilizó por primera vez en su campaña presidencial hace tres lustros ha sufrido una evolución exponencial tanto en lo referido al número de casos que ya la utilizan como a los mecanismos de su diseño. En la actualidad no hay proceso electoral que no la aplique profusamente. Ecuador, Argentina y Colombia, los tres países latinoamericanos que celebran comicios en las próximas semanas, están inmersos en procesos en los que ya quedan atrás los llamados al voto mediante carteles y boletines impresos que sin dejar de existir se ven superados por reclamos a través de las redes sociales y otras formas de llegar por internet al potencial electorado.

Además, la incorporación de la inteligencia artificial como soporte efectivo a la estrategia publicitaria ha supuesto el incremento notable de la cantidad de desinformación, algo que siempre estuvo presente, pero cuyo alcance era mucho más limitado en comparación con el hiperrealismo actual de la misma. Por otra parte, la capacidad de diseñar publicidad “a la carta” para cada individuo, segmentando al electorado por grupos de interés receptores de mensajes personalizados, logra una mayor eficacia, pues se estrecha la vinculación entre la oferta y la demanda en la que media el voto.

Sin embargo, en la política en la era digital la propaganda no es solo una cuestión perpetrada en las citas electorales. Poco a poco se ha ido inmiscuyendo en el accionar cotidiano. La utilizan distintas instituciones públicas para comunicar a la ciudadanía sus avances en las medidas puestas en marcha y, como es bien sabido, la emplean los gabinetes de comunicación en nombre del titular para bombardear a la ciudadanía con breves mensajes en los que además de informar de los pasos que está dando en conexión con su agenda diaria sirven para polemizar con representantes de la oposición y otros gobernantes.

En este arte, el presidente de El Salvador es el actor más destacado sin duda alguna de la región. De origen profesional publicista, ya en su época de alcalde previa a la elección presidencial de 2019 destacó por su profuso uso de las redes sociales en campañas perfectamente elaboradas para vender ante la ciudadanía el producto que representaba. Tras su llegada al palacio presidencial se rodeó de un grupo de profesionales de la comunicación de origen venezolano que completó con un equipo de medio millar de activistas en nómina que laboran frenéticamente para construir la imagen pública de su persona y del proyecto que pretende entregar.

En su quehacer suben a las redes más de cien videos diarios como promedio. Su contenido es muy diverso e ilustra con apasionada vehemencia lo que pretende transmitir. En su marco de actuación el producto estrella que alcanzó una insólita repercusión mundial fueron las fotos de los pandilleros semidesnudos, con la cabeza rapada y exhibiendo sus tatuajes, detenidos junto con otras personas y alineados en filas simétricas. Las escenas realizadas por el propio aparato de propaganda del estado transmitían una insólita estética de la maldad que terminaba teniendo un resultado de morbosa belleza y, por consiguiente, despertaban un sentimiento de aquiescencia.

Esta peculiar banalización del mal, que se contextualizaba como una aparente solución al dramático problema de la violencia en el país, encontraba su correlato en clásicas actuaciones similares bajo el nazismo o el estalinismo. Sin embargo, lo novedoso se encontraba en la inmediata transmisión de una supuesta puesta en marcha de una simple acción en clave de “quien lo hace lo paga” que ocultaba muchos otros aspectos muy relevantes, que iban desde las negociaciones previas con los cabecillas, la ignorancia del debido proceso y del significado del estado de derecho, así como el ocultamiento tanto de la extensión del problema como de las raíces de este.

Todo ello no hace que resulte extraño que se repita una y otra vez en diferentes medios que Nayib Bukele no solo es el presidente actual de América Latina más conocido sino que también sea el más valorado. Quienes repiten una y otra vez esa insensatez no señalan el impacto que supone a la hora de construir su imagen el hecho de que medio centenar de los miembros de su equipo de comunicación-propaganda trabajan exclusivamente para difundir su imagen y las supuestas bondades de su gobierno en América Latina. No ponderan los efectos de una propaganda simplona, por cuanto que es reduccionista de asuntos extremadamente complejo; efectista, porque subraya la obtención de éxitos que no son tales, y, lo que a la postre quizá sea peor, la consolidación de una vía autoritaria de gobierno. Un modelo listo para ser exportado a otros países de la región tentados por la panacea efectista salvadoreña con resultados sin duda funestos.

“Hasta el final”, pero ¿de qué?

Juan Manuel Trak
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“Hasta el final”, pero ¿de qué?

María Corina Machado ganó contundentemente la elección primaria organizada por los partidos de la Plataforma Unitaria en Venezuela. Luego del fracaso de la estrategia de presión y colapso promovida por los partidos de la extinta MUD, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular buscaron relegitimar la conducción de la oposición de cara a la elección presidencial de 2024 mediante la convocatoria de una elección primaria. Sin embargo, la Plataforma Unitaria ya estaba rota. Los problemas asociados a su falta de coordinación, mantenimiento y disolución del gobierno interino liderado por Guaidó y la división producto de la participación en la elección regional de 2021, entre otras cosas, impedían que este mecanismo recompusiera lo que ya estaba fracturado. 

En este contexto, la elección primaria permitió que María Corina Machado, y Vente Venezuela, se colara en la primaria, con números modestos al principio pero que fueron creciendo a lo largo del año que pasó entre el anuncio de la primaria y su celebración. Lo paradójico de este proceso es la coexistencia de dos ideas fuerza que son contradictorias y se mantienen en tensión constante. 

Por un lado, la idea de que, usando la institucionalidad autoritaria, específicamente las elecciones, no es posible lograr una transición democrática. Recordemos que María Corina Machado, y Vente, apoyó la autojuramentación de Guaidó como presidente del gobierno interino en enero de 2019. Sin embargo, siempre fue crítica del interinato por no ser lo suficientemente contundentes en sus peticiones o acciones para buscar una salida fáctica del gobierno, pidiendo incremento de las sanciones, oponiéndose a toda negociación que no supusiera la salida inmediata de Maduro e, incluso, pidiendo una intervención militar “humanitaria”. 

De esta manera, Machado se posicionó como un referente moral frente a un gobierno interino cada vez más enredado con los casos de corrupción y la incapacidad de cumplir con el mantra prometido: “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Así, el fracaso de Guaidó, VP y el interinato pasó factura a toda la coalición opositora, sobre todo en sus bases más militantes de las zonas urbanas de la clase media venida a menos. Y Machado logró mostrarse como una outsider, a pesar del apoyo prestado inicialmente a esta instancia. 

En este mismo sentido, Machado también ha abrazado un discurso moral, en el que enmarca la contienda política como “una lucha existencial, del bien contra el mal”, en el que no hay medias tintas ni intermediarios entre ella y sus seguidores. De esta suerte, su estilo de liderazgo rememora al populismo de Nayib Bukele en El Salvador.

Por otro lado, la primaria que se convocó para escoger la candidatura a la presidencia de la República en 2024 supone el reconocimiento de que el cambio político es posible mediante el uso de los mecanismos e institucionalizados para la búsqueda del poder en Venezuela. Pero también es un reconocimiento de la Plataforma Unitaria como espacio para dirimir los problemas de acción colectiva que supone escoger a un candidato a la presidencia. Fácilmente Machado pudo optar por presentar su candidatura sin pasar por este proceso, pero entendió que para aspirar a sustituir a esta instancia tenía que usar sus mecanismos y ganarles en su propio terreno. 

En este sentido, Machado comprendió que debía competir con las reglas de quienes habían tratado de monopolizar la representación opositora en Venezuela y no cayó en los errores de cálculo de los partidos de Alianza Democrática, LAPIZ o Fuerza Vecinal, que buscaban ser el nuevo referente de la oposición porque “peor es nada” o porque eran los únicos autorizados por el gobierno a participar.

Así, su primera misión fue conquistar el espacio de representación de la oposición tradicional con sus propias reglas, y lo logró con creces. Sin embargo, esto no es suficiente para amenazar el poder del gobierno autoritario. A diferencia del contexto organizacional en el seno de la oposición, las reglas de la arena electoral nacional son mucho más movedizas, a lo que se le suma el ventajismo y la represión por parte del Estado. Para acometer este desafío, Machado necesitará ir más allá del nicho que construyó a la derecha del G4, y empezar a tejer alianzas con sectores sociales, políticos y económicos más amplios, a los que en el pasado sus colaboradores cercanos y seguidores han calificado de “colaboracionistas”, “traidores” o “alacranes”, no solo entre partidos políticos, sino con organizaciones de la sociedad civil y gente que promovió la participación electoral en 2018, 2020 y 2021. 

Adicionalmente, a Machado le tocará superar también las barreras de la ideología e intereses de su partido. En un país cuyo grado de destrucción ha dejado en estado de indefensión a muchos ciudadanos, se necesitará del apoyo del Estado para que los más vulnerables puedan salir adelante mientras se logra una recuperación del país. Obviar esa realidad hará más cuesta arriba convencer a quienes hoy no se identifican ni con el gobierno o la oposición, pues verán en su ascenso una amenaza a su subsistencia.

Cabe señalar que algunas señales positivas parecen haberse mostrado en las semanas previas a la primaria. Por un lado, la alianza con Freddy Superlano, que representaba al sector de VP que apoyó la participación en la regional de 2021, supuso una aceptación tácita de la importancia de haber participado en ese evento. Sin embargo, esta alianza también trae el temor de una redición de “La Salida” de 2014. Por otro lado, la firma del acuerdo en Barbados, la moderación frente al acuerdo, y el reconocimiento de Gerardo Blyde como jefe de la delegación, también suponen una señal positiva en este sentido. Así mismo, el recibimiento de los principales candidatos durante la noche de la primaria fue una muestra de apertura. No obstante, habrá que esperar si estas señales se convierten en acciones concretas que se traduzcan en la construcción de un frente más amplio, tal como promovía Andrés Caleca a lo largo de su campaña, ya que sin coordinación no habrá paraíso.

Finalmente, la inhabilitación fáctica de María Corina Machado por parte del gobierno es el desafío más importante de cara a la presidencial de 2024. La pregunta es si su eslogan en la primaria, “hasta el final”, será sobre su candidatura o sobre la transición democrática. En el primer caso, el escenario es un nuevo mantra inflexible, donde el único final posible es que ella sea candidata y, si no, se boicotea la elección. En caso de poder inscribirse, existe una posibilidad real de que gane la elección a Maduro y se inicie un proceso de cambio político. En caso negativo, existe el riesgo real de que se reediten los escenarios de 2013 y 2017, en los que las protestas callejeras echarán abajo el trabajo de construcción y organización político-electoral.

Ahora bien, si, por el contrario, el “hasta el final” es sobre la transición democrática, el tema no es la candidatura sino ganar la elección en un contexto autoritario. Lo anterior no supone renunciar de antemano a ser candidata, sino luego generar toda la presión posible para poder postularse y, de no poder lograrlo, se posicione como la gran electora del sustituto, esto mediante la construcción de un mecanismo consensuado para el remplazo de su candidatura. Es decir, si el objetivo último es derrotar al gobierno en la arena electoral como parte de una estrategia más amplia para impulsar una posible transición, entonces, el “hasta el final” no tiene nombre, aunque ella lo lidere. 

Así las cosas, la victoria de María Corina Machado ha generado esperanza en algunos sectores opositores que se mostraban desafectos con los partidos de la MUD. Sin embargo, si bien esto es un buen inicio, no es suficiente. Se necesita una mayor apertura, inclusión y coordinación no solo de su parte, sino de su séquito y seguidores; de lo contrario, el riesgo de la fragmentación o el desinterés hará aún más cuesta construir la alianza democratizadora necesaria para lograr la transición democrática del país. Dicho esto, el resultado también supone que, del otro lado, tanto los partidos y candidatos que participaron en la primaria como los que se mantuvieron al margen reconozcan el nuevo papel de María Corina Machado en el seno de la oposición; por lo que no puede ser ignorada en el proceso de toma de decisiones futuras. Mientras tanto, el gobierno, a pesar de haber firmado los acuerdos de Barbados, seguirá ejerciendo sus prácticas autoritarias como las vistas luego de la primaria del 22 de octubre.

La batalla de los populismos

Federico Finchelstein
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La batalla de los populismos

En las elecciones presidenciales de Argentina se da una confrontación entre el populismo clásico y el nuevo populismo de extrema derecha, cuyos iconos más famosos son los expresidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro. La pregunta es si los argentinos (o al menos una mayoría de ellos), muchas veces criticados por no mirar más allá de sus propios problemas y virtudes, puedan aprender de las lecciones globales del nuevo populismo y de la miseria y el odio que engendra. Un triunfo de Milei representa una esperanza para los enemigos de la democracia.

Como tantos representantes del nuevo populismo de extrema derecha, Milei se caracteriza por su vulgaridad, su intolerancia y sus ataques a la prensa, y a los valores y derechos de la democracia. Presenta un verdadero culto del líder que niega la ciencia, se asesora con un perro muerto y gira alrededor de su narcisismo e inestabilidad emocional. Hay que entender que Milei no es liberal, de centroderecha ni libertario como quiere presentarse, sino más bien un populista de extrema derecha con vocación de fascista.

Si bien en muchos sentidos es un personaje poco serio, no puede ser subestimado, ya que presenta una ideología claramente antidemocrática. Y es que, al igual que Trump y Bolsonaro (o Víktor Orbán en Hungría, Vox en España o Giorgia Meloni en Italia), los políticos como él están en contra del pluralismo en democracia. En mayor o menor medida, se trata de líderes mesiánicos, individuos violentos y erráticos que prometen soluciones mágicas y violencia simbólica o práctica.

Milei es un demagogo que utiliza accesorios como martillos para mostrar fantasías sobre un Estado sin Estado, un Estado sin instituciones. Promete violencia contra las instituciones estatales y tal vez contra aquellos que no le agradan. El símbolo de campaña de Milei es una motosierra y en 2020 anunció su ingreso a la política prometiendo violencia contra sus enemigos: “Voy a meterme al sistema para sacarlos a patadas en el culo”. 

El fascismo se formula sobre la base de una idea moderna de soberanía popular, pero en la que se elimina la representación política y se delega plenamente el poder en el dictador, que actúa en nombre del pueblo. Los nuevos populistas iluminados por la fascinación por si mismos también entienden el poder como delegación e incluso retornan a la violencia, las mentiras y el odio más típicos de los fascismos que de los populismos clásicos.

En el país en el cual el populismo llegó por primera vez al poder en 1946 con el general Juan Domingo Perón, Sergio Massa, el candidato del peronismo y actual ministro de una economía en crisis y un gobierno fracasado, se presenta como la opción moderada. El candidato de un cordón sanitario contra la antidemocracia del mini-Trump Milei. Massa tiene que convencer a muchos antiperonistas y antikirchneristas de que votarlo no significa apoyarlo o a su partido, sino votar contra la opción antidemocrática que pondría en peligro las instituciones del país. Al mismo tiempo, tiene que convencer a peronistas y kirchneristas de que también los representa. Y quizás también convencer a muchos potenciales votantes anti-peronistas de Milei de no votar al extremista y votar en blanco.

El desafío para Massa, es convencer a los argentinos que no lo votaron en primera vuelta de que representa un mal menor, pues el remedio que personifica Milei es peor que la enfermedad. No es mucho pero tampoco es poco. Como decía el gran escritor argentino Jorge Luis Borges en un poema, “no nos une el amor sino el espanto”.

La pregunta es: ¿qué harán aquellos que no votaron en primera vuelta a Massa o a Milei? ¿Votarán para castigar a un gobierno populista clásico cuyas fallas y problemas son evidentes o para defender la democracia y sus instituciones? En un nivel racional: nadie que crea en el valor de la democracia debería votar hoy a un candidato antidemocrático, pero lamentablemente esta elección no se trata tanto de la razón sino de la mentiras, la propaganda y la demagogia de Milei.

En Argentina muchas veces se discute a Milei como si tuviera una lógica racional. Es un error pensar que un populista tan extremo e inestable y que hace del odio el eje de su «programa» pueda pasar a la moderación en la segunda vuelta como hizo al afirmar que en su gabinete habría lugar para la izquierda. Este llamado responde a u su desesperación por atraer votos a cómo de lugar.

Por la derecha, Milei se ha aliado con el expresidente Mauricio Macri y su fracasada candidata Patricia Bullrich, a quienes en el pasado tildó de fascistas. Y como si fuera poco, recientemente tachó a su nueva aliada de asesina y terrorista. Su alianza con sindicalistas del viejo régimen y su elogio a quienes ayer representaban al viejo sistema, confirman que a estas alturas Milei dice cualquier cosa con tal de juntar votos.

El mayor apoyo de Milei está entre los menores de treinta años. Muchos de ellos plantearon la necesidad de un cambio generacional y tildaron a los votantes de centroderecha de “viejos meados”. Pero ahora necesitan sus votos. De hecho, algunos ya habían anunciado que lo apoyarían en la segunda vuelta antes de que su propio partido fuera derrotado. Entre ellos, el expresidente Macri representa al sector de centroderecha que quiere jugar a ser Von Papen, es decir, los conservadores que en la República de Weimar apoyaron al extremismo fascista.

Recordemos que Milei es el candidato machopopulista y anticiencia que se cree “profesor” de sexo tántrico y que aseguró que puede «estar sin eyacular tres meses», que considera necesario habilitar la libre venta de órganos y desregular la venta de armas o que asegura que el cambio climático es un invento comunista. Milei sigue siendo el mismo de siempre y no va a dejar de serlo. Su cambio es una ruptura con lo conocido y el acercamiento al abismo. Algo desconocido a nivel local pero ya experimentado por Brasil y Estados Unidos: parafraseando a Max Weber, la política de la irresponsabilidad.¿Quedará Argentina en manos de gente incapacitada para gobernar? Quienes ven detrás de los gritos una personalidad inestable y vulgar votarán en contra del candidato mini-Trump Milei, otros se abstendrán. Pero lamentablemente hay muchos que compran el mensaje antipolítico sin ver lo que hay detrás: un riesgo para nuestra democracia.

¿El césped siempre es más verde al otro lado de la cerca?: elecciones subnacionales en Colombia y Chile

Germán Campos-Herrera
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¿El césped siempre es más verde al otro lado de la cerca?: elecciones subnacionales en Colombia y Chile

Octubre ha sido un mes complejo, no solo en el plano político internacional sino también en el plano electoral del vecindario latinoamericano. Si bien las elecciones nacionales gozan de una gran atención mediática, no ocurre lo mismo para las elecciones subnacionales. Sin embargo, sabemos que las elecciones locales y regionales impactan en gran medida en la configuración de intereses y políticas de los Estados. En lo que sigue, se destacan brevemente las dinámicas subnacionales de dos países que tienen importantes diferencias pero que presentan puntos y desafíos similares respecto a los procesos políticos que se avecinan. 

En Colombia, en los próximos días se elegirá a los alcaldes y Concejales Municipales de los 1.101 municipios y a los gobernadores y diputados de la Asamblea Departamental de los 32 departamentos que administrativamente dividen al país cafetalero. Colombia es uno de los primeros países en América Latina en iniciar el proceso de descentralización política a finales de la década de los ochenta, logrando su consolidación en la década de los noventa.

Por su parte en Chile, el 27 de octubre de 2024, serán electas las autoridades locales en 345 comunas y los gobernadores junto con los consejeros regionales (CORE) de las 16 regiones que conforman el país austral. A diferencia de Colombia, donde las autoridades subnacionales fueron electas desde los noventa, en Chile solo en 2013 son electos democráticamente los CORE, mientras que los intendentes –posteriormente denominados gobernadores– fueron designados por el presidente de turno hasta el 2021. Entonces, Chile se suma recientemente a la lista de países que le apostaron a la descentralización política. En esta lógica, los tomadores de decisiones han adaptado –en buen chileno, a la pinta suya– muchas de las experiencias de sus vecinos al contexto interno.

Pero no siempre es más verde el césped al otro lado de la cerca, pues los dos países comparten al menos dos desafíos no menores. Primero, la alta abstención en las últimas elecciones subnacionales mediado por el voto voluntario. Para las elecciones a Gobernación y Asamblea Departamental en Colombia, los votantes registrados se abstuvieron en un 38,8% y 39,3% respectivamente. Por su parte, en Chile, las elecciones de CORE alcanzaron una abstención del 52,8%. Los resultados de la primera elección democrática de gobernadores parecen seguir la misma tendencia. Estas elecciones se desarrollaron en una primera y segunda vuelta, registrando una abstención del  57,7% y 80,4%, respectivamente.

Un segundo desafío, aunque asociado a la baja participación electoral, es la desconfianza en el desempeño de las instituciones por parte de los votantes. Si bien todavía no contamos con instrumentos para analizar a nivel comparado la percepción de los ciudadanos sobre las Gobernaciones, Asamblea Departamental (Colombia) y CORE (Chile), un proxy puede ser la pregunta sobre el desempeño de las instituciones municipales.

Desempeño de las instituciones locales en Colombia y Chile, 2020

Elaboración con base a Latinobarómetro 2020

Tomando las respuestas “muy probable” y “bastante probable” de los encuestados en ambos países, solo el 36,8% de los colombianos y el 32,3% de los chilenos consideran que las autoridades locales puedan solucionar sus problemas. En la otra vereda, tanto los colombianos como los chilenos encuestados perciben un mal desempeño de las instituciones subnacionales para resolver sus dificultades locales.

Aunque Colombia cuenta con una amplia trayectoria sobre descentralización política respecto a Chile, no ha logrado movilizar a la mayoría de sus ciudadanos en este tipo de elecciones. Desde luego, existen otras variables que han influido en la dinámica subnacional y que han impactado negativamente en la confianza y desempeño de las instituciones tales como la corrupción, redes clientelares y violencia política, por mencionar algunas.

Chile llegó tardíamente al proceso de descentralización y, pese a que sumó la experiencia de sus vecinos sobre su propio proceso, tampoco logró movilizar a sus votantes en las últimas elecciones subnacionales. No obstante, el escenario de abstención podría tener un efecto menor en las siguientes elecciones, pues la promulgación en este año de la Ley 21524 reestablece la obligatoriedad del voto. 

Además, en el país austral existe en cada región la figura del delegado presidencial, designado por el presidente y que goza de amplio poder decisional, por ejemplo, en materia presupuestaria de las regiones. En consecuencia, es una “descentralización coja”, o, como algunos también la han denominado, una “descentralización tutelada”. 

Las futuras elecciones subnacionales tampoco están exentas de grandes incertidumbres en ambos países. Algunos han señalado en Colombia que la configuración del poder local y regional ha exacerbado la irrupción de nuevos partidos, al punto que ha llevado a una fragmentación del sistema de partidos. En Chile, algunos advierten que, para las próximas elecciones, existirá un potencial contingente de votantes que desconfían del Estado y la política para resolver sus problemas y, a su vez, no se inscriben en un marco de referencia ideológico o político determinado.

No está por demás recordar que la participación electoral es un elemento sine qua non de las democracias. En esta misma línea, el apoyo ciudadano a las instituciones importa, pues es también una característica esencial para la buena salud de las sociedades democráticas modernas.

Cada elección es una oportunidad para reflexionar sobre el país que se quiere. Un primer paso es volver nuestra mirada a lo local/regional, reconociendo la trascendencia de participar en las elecciones subnacionales tal como las de este 29 de octubre en Colombia y, en un año más, en Chile. Entonces, con nuestras complejidades y desafíos compartidos, también urge reconocer que nuestro césped puede ser igual de verde que el del otro lado de la cerca.

La economía circular para el tratamiento de aguas residuales

Leslie Brooks
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La economía circular para el tratamiento de aguas residuales

A medida que los países se esfuerzan por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, el término «economía circular» va ganando cada vez más atención como herramienta para alcanzar soluciones para algunos de los retos más urgentes. Una economía circular es un sistema económico que utiliza los residuos como recursos, reusándolos una y otra vez, en lugar de tirarlos a la basura (por ejemplo, reciclando plástico). Un enfoque de economía circular que puede emplearse para abordar una crisis regional creciente es la reutilización de las aguas residuales.

En toda América, el agua dulce sigue disminuyendo, debido al crecimiento demográfico, al uso excesivo y a los efectos del cambio climático. Aunque algunas comunidades en riesgo se exponen más que otras a problemas directos de escasez de agua, los efectos se extenderán a todos los aspectos de la sociedad, desde la salud y la higiene hasta la nutrición y la seguridad alimentaria, pasando por la economía.

Por ello, las instalaciones de recuperación y reutilización de aguas residuales tienen un enorme potencial para cerrar la brecha del estrés hídrico en la región. Además, las aguas residuales son un recurso valioso del que se puede extraer agua, energía y nutrientes para ayudar a satisfacer las demandas de agua, energía y alimentos de la población.

El problema es que, según el Banco Mundial, solo se trata entre el 30% y el 40% de las aguas residuales recogidas en América Latina y el Caribe (ALC). La falta de voluntad política, los marcos jurídicos restrictivos y fragmentados, la falta de intercambio de conocimientos y capacidades a través de las fronteras y las percepciones sociales negativas son solo algunas de las barreras que limitan la ampliación del tratamiento y el reuso de las aguas residuales en ALC.

Sin embargo, estos retos pueden empezar a evaporarse si los líderes nacionales y locales, los especialistas de la industria, los científicos innovadores, los grupos comunitarios y otras partes interesadas colaboran a través de las fronteras mediante la diplomacia científica. La diplomacia en torno al agua tiene una larga historia, ya que muchas fuentes de agua se comparten a través de las fronteras. Dado el riesgo de conflictos transfronterizos, migraciones masivas y agitación económica si se cumplen las previsiones de escasez de agua, corresponde a los dirigentes y expertos de la región aprovechar la diplomacia científica para empezar a fomentar la reutilización de las aguas residuales.

Partiendo del informe sobre recursos hídricos, del Banco Mundial, Wastewater: From Waste to Resource in a Circular Economy Context, como guía, debe establecerse un foro de diplomacia multinacional que convoque a un grupo transdisciplinario de responsables políticos, funcionarios, especialistas de la industria de aguas residuales, científicos y otras partes interesadas, relevantes, que pertenezcan a todo el continente americano, a fin de compartir innovaciones y lagunas, al tiempo que se inicia un camino político hacia el compromiso de reutilizar las aguas residuales.

Las naciones podrían usar este foro para trabajar juntas en la creación de capacidades y aprovechar al mismo tiempo las redes existentes. Los países de renta más alta que cuenten con la experiencia científica y la tecnología necesarias deberían aportar financiación, tutoría, formación cruzada y apoyo infraestructural adecuado al contexto y a los recursos.

El foro también podría poner al día los debates políticos nacionales y transfronterizos sobre las tendencias actuales y los enfoques innovadores que requieren menos infraestructuras. Y lo que es más importante: el foro puede ofrecer un espacio para mantener un diálogo abierto sobre las limitaciones culturales o las percepciones del público respecto a la reutilización de las aguas residuales, ya que es probable que varíen de una cultura a otra y de una comunidad a otra.

El objetivo final es crear un conjunto de prácticas en todo el continente americano para apoyar la reutilización de las aguas residuales como una agenda política compartida, pero buscando oportunidades, a fin de encontrar soluciones diplomáticas. En definitiva, se trata de establecer relaciones en torno a una preocupación compartida y desarrollar estrategias nacionales sobre el agua que tengan en cuenta las necesidades de nuestros vecinos.Dado que el agua es un elemento esencial para una vida sana y productiva, también es esencial que revisemos los acuerdos diplomáticos históricos y trabajemos a través de las fronteras para reformularlos, basarnos en ellos y fomentar nuevos acuerdos pensando en un futuro con menos recursos. Al fin y al cabo, como reflexionaba el escritor Robert Kandel en su libro Agua del cielo, «cada vez que comes una manzana o bebes un vaso de vino, estás absorbiendo agua que ha ciclado por la atmósfera miles de veces desde que naciste».

Coautores: Nathalia Trejedor, Odiney Álvarez-Campos, Osawai John, Sebastián Riera.

El cambio climático y el aumento de los casos de dengue en la región

Yazenia Linares Vega
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El cambio climático y el aumento de los casos de dengue en la región

Coautores Paulo L. Ortiz Bultó y Madelaine Rivera Sánchez

En el 1º semestre de 2023 se han registrado en las Américas más de 3 millones de casos de dengue que han causado la muerte de 1302 personas. La cifra de contagios supera los 2,8 millones de casos registrados en el mismo período de 2022 y este aumento podría estar asociado, en gran parte, a los efectos del cambio climático que ejercen una fuerte influencia, ya sea de manera directa o indirecta, en la propagación del mosquito.

El aumento de fenómenos extremos como sequías e inundaciones, que se vuelven más frecuentes y severas, y la pérdida de biodiversidad que acelera los cambios en los hábitats naturales, además de propiciar el aumento de los incendios forestales, acentúan el riesgo a un aumento de epidemias en la región.

Y es que a veces se tiende a subestimar el efecto del cambio climático y a ignorar que este constituye el problema ambiental más grave al que se enfrenta la humanidad. De hecho, si no tomamos medidas para adaptarnos y/o mitigar los efectos del cambio climático, se podría correr el riesgo en un futuro no muy lejano, de llegar a la extinción de la especie humana.

Hay que recordar que el dengue genera infecciones tanto asintomáticas, como sintomáticas que pueden ser ligeras o graves, pudiendo conducir a la muerte en muchas ocasiones. Esto sucede principalmente entre grupos en condición de vulnerabilidad como los niños, adultos mayores y personas con sistema inmunológico deprimido, sobre todo en áreas con condiciones higiénicas-sanitarias inadecuadas y de bajo nivel socioeconómico.

La adaptación del mosquito a las nuevas condiciones

La variabilidad climática como expresión primaria del cambio climático condiciona el incremento de las poblaciones de mosquitos y la aparición de virus como el dengue, al reforzar su poder de mutabilidad y adaptación a las nuevas condiciones. El principal mosquito transmisor del dengue es el Aedes aegypti, criado en ambientes urbanos y cuyo ciclo evolutivo depende de la temperatura, humedad, nubosidad, precipitaciones y radiación, entre otras variables climáticas, incluido los vientos que influyen en el vuelo del mosquito y su dispersión, así como en el índice de picadas.

La influencia del cambio climático trastorna la circulación general de la atmosfera ocasionando desajustes en los acoples océano-atmosfera. Esta situación propicia que el evento ENOS, más conocido como El Niño, se presente en condiciones diferentes a los anteriores, esperándose para finales de 2023 y comienzo de 2024 variaciones significativas en el clima.

En definitiva, el aumento de la presencia de centros de bajas presiones atmosféricas propician que las variables anteriores se exacerben y al combinarse favorezcan la rápida evolución del mosquito acortando su ciclo para llegar en pocos días a la adultez. Esto conduce al incremento considerable de poblaciones adultas, lo cual podría generar el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos en nuestra región, alguna de las cuales ya se han comenzado a manifestar.

El Caribe y Centroamérica, que cuentan con climas tropicales, y América del Sur con climas subtropicales, presentan el escenario más desfavorable. De hecho, se han reportado brotes de dengue que superan significativamente el promedio de casos de los últimos 5 años. En el primer semestre de 2023 Brasil, Perú y Bolivia encabezan los mayores registros de casos de dengue, aunque todos los países de la región reportan significativos números de casos e incluso con una rápida expansión geográfica a áreas donde antes no existía riesgo de transmisión.  

El monitoreo del dengue ante el cambio climático

En Cuba, donde el dengue se ha mantenido controlado sin dejar de ser un problema, en el año 2002 se implementó el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de dengue a nivel nacional. El monitoreo de las condiciones climáticas basado en pronósticos bioclimáticos contribuye a realizar acciones de manera oportuna para fortalecer los programas de prevención y salvaguardar a la población. También se realizaron acciones para reforzar el control y vigilancia del mosquito, información valiosa que contribuyó a perfeccionar los modelos de predicción y fortalecer el sistema de alerta.

Estos avances se han implementado en países como Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Salvador, Honduras, República Dominicana y Panamá, atendiendo a sus diversas características geográficas, climáticas, socio-ambientales y epidemiológicas que permitieron tomar medidas de intervención con suficiente tiempo de antelación. Estas medidas contribuyeron a minimizar el impacto en la salud de la población mientras se sostuvo el periodo de implementación de los modelos bioclimáticos predictivos.

Actualmente, contar con la implementación de sistemas de alerta temprana favorece la disminución del número de muertos durante los eventos de El Niño y otros eventos extremos asociados a un clima cambiante. Otro beneficio del SAT es la respuesta proactiva a los problemas y necesidades que demanda la situación del dengue en la región. Es evidente la necesidad urgente de aumentar la capacidad de respuesta de la población y los servicios de salud con suficiente tiempo de antelación para tomar medidas que reduzcan los riesgos de enfermar por dengue.

Con ese propósito, se está desarrollando un proyecto piloto, con el apoyo del Instituto Interamericano para la investigación del Cambio Global (IAI), para implementar a escala subnacional, un Sistema de Alerta de dengue a partir de condiciones climáticas.

Paulo Lázaro Ortiz Bultó es investigador del Instituto de Meteorología. Punto Focal para la integración de los servicios de salud, IV-Región-OMM por Cuba. Doctor en Ciencias Económicas y asesor en la Región sobre modelos espaciales para la predicción de enfermedades infecciosas sensibles al clima.

Madelaine Rivera Sánchez es Directora de la Dirección Nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial (DNVLA) del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Doctora en medicina veterinaria y Máster en Enfermedades Infecciosas.

Unidad nacional y elecciones en Argentina

Ariel Sribman Mittelman
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Unidad nacional y elecciones en Argentina

“El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. (…) El desafío que tenemos es construir políticas de estado. Y la convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda debe ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina”. Sergio Massa, 1 de octubre de 2023.

La mayoría de sistemas políticos prevén diversas fórmulas para enfrentarse a circunstancias excepcionales: estados de alarma, de emergencia, de guerra, de excepción. Todas estas herramientas coinciden en un punto de fuga: la concentración del Poder Ejecutivo. Es decir, se trata de potenciar la capacidad del Ejecutivo para tomar decisiones rápidas y llevarlas a la práctica, evitando la dispersión de energía política que suelen traer aparejados los enfrentamientos partidistas, los bloqueos, los debates parlamentarios interminables.

¿Suena escandaloso? Quizá: equivale a decir que los fundamentos mismos de la democracia suponen un derroche de energía política. Frente a esto hay que hacer tres aclaraciones. La primera es que la democracia no es un sistema perfecto. Tiene, efectivamente, sus inconvenientes. Ello no quita, por otro lado, que ofrece más beneficios que cualquier otro sistema de los que conocemos.

Segunda aclaración, a la luz de la anterior: en realidad ni siquiera vivimos en democracias puras, sino en sistemas mixtos. Pero esto requiere explicaciones que exceden el espacio disponible, y que se pueden encontrar en las Historias de Polibio.

La tercera aclaración es que la necesidad de concentrar el poder en momentos críticos no es ningún descubrimiento del siglo XXI: la República romana contaba con la figura del dictador, que condensaba el poder durante tiempo limitado y con facultades limitadas (igual que en nuestro estado de excepción) para hacer frente a tiempos tormentosos. Ni entonces ni ahora se trata de colocar todo el poder en manos de un déspota: el dictador romano y el jefe de gobierno actual en estado de emergencia están por debajo de la ley.

Gobierno de unidad nacional

El gobierno de unidad nacional pertenece a una categoría distinta que los mecanismos anteriores pero está fuertemente vinculado a ellos, pues comparte su objetivo: evitar la dispersión de energía ejecutiva en enfrentamientos políticos; fortalecer al Ejecutivo dotándolo del respaldo de varias –quizá todas– las fuerzas políticas para enfrentar una circunstancia crítica. Tenemos un ejemplo cristalino y reciente: Israel, cuya política llevaba más de un año polarizada en extremo por un proyecto de reforma judicial, constituyó velozmente un gobierno de unidad nacional para enfrentar la crisis derivada del ataque terrorista masivo perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre.

Gobierno de unidad nacional es también la respuesta que ofrece Sergio Massa a la situación crítica que atraviesa la Argentina. De ahí una primera observación: considerar que la Argentina atraviesa una circunstancia excepcional, y no una crisis estructural, permanente, parece un fallo considerable de diagnóstico. Esto, que puede parecer superficial, tiene consecuencias notables, que se verán en la tercera observación. Aun así, ¿por qué no convocar un gobierno de unidad nacional para hacer frente a esa crisis?

La pregunta nos lleva a la segunda observación: un gobierno de unidad nacional no es un gobierno que coopta figuras individuales de otros partidos. Es un gobierno que suma a esos partidos al completo, para evitar las dinámicas gobierno-oposición de tiempos ordinarios, que impedirían al Ejecutivo actuar con todo el vigor que las circunstancias requieren. En otras palabras: contar con unos cuantos dirigentes de un partido opositor que a título individual entran en el gobierno no impedirá que los partidos a los que pertenecen (o pertenecían) dificulten la labor gubernamental.

Tercera observación: un gobierno de unidad nacional no es un gobierno de coalición. La diferencia es el compromiso de los participantes, lo prietas que se cierran las filas. En una situación excepcional, las fuerzas políticas agrupadas en un gobierno de unidad nacional entienden que el país mismo está en juego y que no hay margen para politiqueos, traiciones, órdagos ni condiciones. Van todos a una. Los juegos de poder se dejan para otro momento. En cambio, un gobierno de coalición se puede romper, puede estar sujeto a tensiones entre los miembros, puede… ¿se acuerda, lector, de Cristina y Cobos? Por eso es importante diferenciar tiempos ordinarios de tiempos excepcionales.

Cuarta observación: contar con miembros de otros partidos en el seno del Ejecutivo, incluso si es con el respaldo orgánico de esas formaciones, no garantiza la unidad nacional. Regresemos al ejemplo de Cristina y Cobos. Ahí radica el problema fundamental de la propuesta de Massa: su éxito depende de fuerzas políticas situadas al otro lado de la grieta. No hay más que escuchar las declaraciones de Milei tras la primera vuelta: “Estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo, con el objetivo de terminar con el kirchnerismo”. Dice el refrán que dos no pelean si uno no quiere. Pero tampoco se reconcilian si uno no quiere.

Quinta observación, y sin duda la más importante: Massa tiene razón. Argentina necesita urgentemente políticas de Estado. Lleva cuarenta años necesitándolas. Pero políticas de Estado significa precisamente lo contrario de lo que él propone: son políticas pactadas con la oposición, no con el propio gobierno, independientemente de que éste incorpore a algunas figuras de otros partidos.

En todo caso, lo que interesa es realizar una lectura de largo recorrido. Una forma es confrontando la propuesta de Massa con las palabras de Milei. Y lo que desvela esa lectura son las heridas abiertas por 20 años de populismo. Es el precio que tendrá que pagar cualquier presidente. Pero más claro que nadie lo enfrentará Massa si intenta formar algo parecido a un gobierno de unidad nacional. Lo que el kirchnerismo dividió durante dos décadas, lamentablemente no podrá arreglarlo en unos segundos una declaración tajante pero almibarada como la del candidato peronista tras la primera vuelta: “La grieta se murió”. En ese mismo instante, Milei vociferaba que acabará con el kirchnerismo.

Observación final: gobierno de unidad nacional no es repartir ministerios. No es gobernar con todos: es gobernar para todos.

El deseo de cambio es el mensaje que deja la elección primaria en Venezuela

María Isabel Puerta Riera
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El deseo de cambio es el mensaje que deja la elección primaria en Venezuela

En noviembre de 2022 se instaló la Comisión Nacional de Primarias (CNdP) en Venezuela con la misión de organizar una consulta a nivel nacional para escoger al candidato unitario con la intención de representar a los sectores opositores en la Elección Presidencial de 2024. En palabras del presidente de la CNdP, Jesús María Casal, la misión del organismo era el rescate del valor del voto, ofreciendo una oportunidad para coincidir en un “proyecto básico común de democratización”. Estas fueron las premisas de un esfuerzo de organización colectivo que convocó a sectores partidistas y de la sociedad civil en una tarea de dimensiones complejas y bajo constante amenaza por parte del sector oficialista.

La tarea que se propusieron representaba un enorme desafío no solamente dadas las limitaciones materiales y financieras que se enfrentaban para sacar adelante la consulta, sino debido a la persistencia y agravamiento de los desacuerdos entre las distintas facciones de la oposición venezolana. Por una parte, se discutió la posibilidad de contar con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sería descartada luego del desmantelamiento de su directiva, una decisión que fue vista como un intento inútil de retrasar la consulta nacional. El anuncio de la Elección Primaria supuso por una parte el reconocimiento de la necesidad de organizar una plataforma electoral unitaria, mientras que por la otra, se trataba de la urgencia de superar los desencuentros para el beneficio común de lograr una propuesta coherente de política opositora.

Sin embargo, uno de los retos de la Elección Primaria como convocatoria social estaba justamente en la dificultad de lograr que todos los actores políticos coincidieran en la misma dirección estratégica. Sin duda que las diferencias ideológicas siguen allí, pero el esfuerzo se orientaba más hacia la conformación de un planteamiento unitario que le devolviera la confianza a los venezolanos en la ruta electoral. A esto además hay que sumar la incertidumbre sobre las medidas de inhabilitación que pesan, no solamente sobre María Corina Machado, la ganadora de la elección primaria, sino sobre otros políticos como Henrique Capriles Radonski, quien se retiró argumentando la dificultad de avanzar con esa medida en su contra.

Entre lo discutido y acordado en Barbados la semana pasada, cuando la oposición y el oficialismo formalizaron su compromiso de retomar las negociaciones entre ambas partes, fue el levantamiento temporal de las sanciones económicas impuestas por EE. UU. a cambio de permitir la participación electoral de la oposición. El tema de las inhabilitaciones no quedó resuelto.

Una vez efectuada la consulta, la oposición pasa a otra fase en el proceso político-electoral. Ahora toca, además de mantener el entusiasmo que las encuestas ya adelantaban sobre la participación en la primaria, luchar por condiciones electorales que incluyan el levantamiento de esas medidas que pesan sobre María Corina Machado, y sobre lo cual no hay nada firme desde el punto de vista de las negociaciones que en paralelo continuarán entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria.

En este sentido, con la elección de Machado como líder de la oposición venezolana se presenta un nuevo escenario donde es de esperar que habrá definiciones, no solamente en términos estratégicos sino de representación. Uno de los aspectos críticos será la continuidad del actual equipo negociador de la oposición. No se puede descartar que luego de los resultados de la consulta se produzcan cambios en este proceso, lo que posiblemente sea aprovechado por el Gobierno para seguir estimulando las fracturas en la coalición opositora, como ha sido su estrategia.

La victoria de Machado no deja zanjada la dinámica interna opositora, pues otros aspirantes que se abstuvieron de participar en la elección primaria no excluyen una incursión fuera de la plataforma opositora en 2024, como es el caso de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Este escenario no es improbable, como tampoco lo es que otros factores de la coalición opositora, así como de sectores políticamente fluidos como es el caso del humorista Benjamín Rausseo, quien continúa manifestando interés en participar como candidato independiente, decidan lanzar sus candidaturas en 2024.

La oposición deberá unificar esfuerzos para mantener la base de apoyo de Machado como capital político para negociar mejores condiciones electorales que no se limiten a su habilitación. Quedan pendientes las condiciones de participación que incluyen el Registro Electoral, así como el voto en el exterior que requiere de su apertura. Esto dependerá de los acuerdos a los que llegue el Gobierno de Maduro con la Plataforma Unitaria, pues en algunos países con una población venezolana siginficativa, Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, como es el caso de los EE. UU.

Finalmente, según la Comisión Electoral, 2.3 millones de venezolanos salieron a votar en unas Elecciones Primarias autogestionadas, enfrentando numerosos obstáculos: desde la reducción de centros de votación, la agresión a grupos del oficialismo o la supresión de información hasta interrupciones en el acceso a internet.

Esta experiencia ha dejado claro que, a pesar del descontento con la clase política, muchos venezolanos no han dejado de creer en la democracia y en el poder del voto. A pesar de las amenazas, las redes sociales y los medios mostraron un país que salió masivamente a votar por una esperanza. Este entusiasmo y la expresión de un deseo de cambio que difícilmente le será arrebatado a los venezolanos, es quizás el mensaje más poderoso que dejó esta jornada cívica.

El desconcertante letargo de la agenda migratoria en Colombia

Carolina Moreno
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El desconcertante letargo de la agenda migratoria en Colombia

Coautora Stephanie López

El gobierno de Gustavo Petro lleva más de un año en el poder y, hay que decirlo sin ambages, su liderazgo en materia migratoria ha sido un continuo letargo, escasamente perturbado por algunos trinos que desconciertan. Ante esta ausencia de gestión de las autoridades nacionales de Colombia preocupa, en especial, lo que tiene que ver con la llamada migración de tránsito. El ostracismo en el que se ha venido dejando la política migratoria del país no solo es lamentable, sino que repercute de la peor manera en las personas migrantes y refugiadas que cruzan o residen en territorio colombiano. En tal sentido, es necesario contar con una agenda pública en la que el renglón migratorio tenga, de nuevo, el lugar relevante que el contexto impone. 

En primer lugar, como ya algunas voces lo han advertido, resulta lamentable que el acceso a los datos sobre el comportamiento de la migración venezolana en Colombia sea hoy tan escaso, casi inexistente. Por una parte, Migración Colombia dejó de publicar las infografías periódicas que nos permitían conocer el número de personas venezolanas en el país, cuántas de ellas mujeres y hombres, así como los rangos etarios y su distribución territorial. Por mucho tiempo tuvimos un rezago de esa información, pues la última infografía publicada era la que presentaba los datos de la migración venezolana con corte a febrero de 2022. 

Solo hasta hace unos días se publicó un nuevo reporte, con información de hace un año, en el que se indica que, a octubre de 2022, hay cerca de 2.9 millones de venezolanos en Colombia. Además, a pesar de que con el registro para el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) se cuenta con datos de caracterización socioeconómica a partir de un cuestionario de más de 80 preguntas, estos datos no son abiertos. Pero no solo se han dejado de producir y publicar los datos oficiales sobre migración venezolana, sino que también se ha vuelto muy difícil acceder a las infografías oficiales de Migración Colombia producidas en los gobiernos anteriores. Incluso, los enlaces de búsqueda de dichos datos ya no funcionan y el ícono de la página web de Migración Colombia que permitía acceder a esta información en un solo sitio ha desaparecido. 

La opacidad de los datos es igualmente una cuestión que se replica en la otra migración, aquella que, supuestamente, no tiene vocación de permanencia, de la cual poco o nada se ha dado a conocer por parte del gobierno nacional. La dinámica de la migración por el Darién la hemos conocido, exclusivamente, a través de agencias internacionales, por el gobierno panameño o por autoridades de control colombianas. 

Esta migración de tránsito ya no solo es la que cruza por el Tapón del Darién. De acuerdo con el más reciente informe de la Procuraduría General de Colombia, también está saliendo desde la isla colombiana de San Andrés hacia Nicaragua. Esta migración, históricamente invisible, lo hace en condiciones de altísima vulnerabilidad, y sus derechos humanos son violentados sistemáticamente. Mientras que Panamá ofrece datos sobre la población arribando a este país desde Colombia por el Darién, Colombia no cuenta con una acción similar, lo cual es muy lamentable. En cualquier caso, de acuerdo con el informe de la OIM sobre migración de las Américas, sabemos que “a junio de 2023 la frontera terrestre entre Panamá y Colombia ha registrado un incremento interanual del 90 por ciento, con 196371 entradas irregulares” (p. 1),  y que “los venezolanos son la primera nacionalidad migrante irregular en tránsito en todos los países excepto en Estados Unidos, donde son segundos” (p. 15).

Adicionalmente, en las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos hizo dos anuncios importantes, pero contradictorios, frente a la migración desde Venezuela, precisamente por el aumento de estos flujos hacia el país y por presión política por parte de ciudades como Nueva York, que se han visto desbordadas en un contexto de campaña presidencial. El primero es la extensión del permiso de protección temporal (TPS) para la población venezolana, por 18 meses. El segundo, en contravía del primero, es la deportación de las personas venezolanas hacia su país cuando intenten cruzar la frontera norteamericana de manera irregular. Esta política de externalización de fronteras, que se extiende hasta Colombia, tiene consecuencias directas sobre la población en tránsito. 

Luego de que se conocieran estas medidas, el presidente Gustavo Petro anunció en Twitter la necesidad de contar con corredores humanitarios para el “retorno de venezolanos”. Sin embargo, hay que decirlo con claridad y sin eufemismos, (i) las deportaciones no son repatriaciones; (ii) el retorno siempre debe ser voluntario, y (iii) las deportaciones, por definición, no son voluntarias. En cualquier caso, estas deportaciones ponen cada vez más en tela de juicio la voluntad del gobierno de contar con una migración “segura, ordenada y regular”, como dice el Pacto sobre Migraciones de Naciones Unidas, mientras las personas migrantes en tránsito siguen poniendo en riesgo sus vidas intentando llegar a los Estados Unidos. Además, implícitamente, se reconoce que las condiciones en Venezuela son idóneas para este retorno, violando el principio de no devolución. 

La diversidad de los flujos y sus rutas migratorias, en algunos casos con vocación de permanencia, en otros de tránsito, nos invita, ineludiblemente, a abordar la movilidad humana de manera integral y con un enfoque de derechos humanos, donde la protección de la persona y su seguridad sean el centro de la acción estatal. Hacemos un llamado al gobierno colombiano a diseñar y ejecutar medidas positivas en este sentido. El reciente anuncio de la apertura de “indagaciones preliminares” a algunos funcionarios del sector de Relaciones Exteriores (Cancillería y Migración Colombia), realizado por la Procuraduría, “por la presunta omisión de la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM) respecto a la población que atraviesa el Tapón del Darién”, no hace más que ratificar la inacción que aquí estamos describiendo. 

Stephanie López es Investigadora postdoctoral de The Local Engagement Refugee Research Network (LERRN), Carleton University, Ottawa (Canadá).

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