Ecuador, el país en el que crecí

Ecuador, hasta hace poco más de 15 años, era una “isla de paz”. En la década de los ochenta del siglo anterior, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la delincuencia organizada y el paramilitarismo desangraban a sus vecinos Colombia y Perú. Por ello, muchos afirmaban que este era un caso inédito, y para algunos cabía la pregunta de por qué un país pequeño, vulnerable en lo económico, con un Estado dependiente de las materias primas, un conflicto limítrofe irresoluto y una novel democracia podía escapar a la violencia. Este país que, como bien lo había dicho Alexander von Humboldt entre 1799 y 1804, vivía pobremente en medio de innumerables riquezas, dormía entre crujientes volcanes y se alegraba con música triste. Era un país más de América del Sur, tal vez irrelevante en el escenario internacional, pero pacífico.

Desde la creación del Sistema de Naciones Unidas, Ecuador siempre ha abogado por la resolución pacífica de las controversias y, al menos en lo internacional, ha apelado a lo institucional. Es un país que, en medio de sus problemas, trató siempre de desarrollar una democracia, que, aunque débil, imperfecta y seducida por los caudillismos, trataba de abrirse camino entre sus pares latinoamericanos.

La democracia ecuatoriana sobrevivió a la muerte de un expresidente en funciones, dos guerras, al secuestro de un presidente en una base militar, a dos fenómenos de El Niño, a dos crisis de la deuda, al colapso de su sistema financiero y a la dolarización. Era un país en el que, si bien se debían tomar precauciones (como en cualquier país latinoamericano), no se escuchaba hablar de coches bomba, cadáveres colgados de los puentes, extorsiones a pequeños y medianos negocios, asesinatos de candidatos a cualquier cargo de elección popular ni de despedazados en las cárceles y, menos aún, los políticos se tomaban fotos con narcos o candidateaban a exmiembros de bandas delincuenciales (como los Latin Kings) a la Asamblea Nacional.

Ecuador era un Estado con altibajos, pero que mantenía el control del monopolio legítimo de la violencia. Las instituciones encargadas de la seguridad contaban con fuertes niveles de credibilidad y confianza ciudadana y, a pesar de las carencias y necesidades de la gente, aún existía un tejido social con actividades barriales, donde los vecinos se encontraban en las fiestas de la ciudad o en los reclamos por la atención de sus mandatarios.

El país en el que yo crecí no era para nada perfecto, seguía siendo injusto con los que menos tenían y, hacia fines de los noventa, muchos compatriotas tuvieron que emigrar a España, Estados Unidos o Italia para buscar oportunidades, pero con la esperanza de regresar, comprarse una casa y montarse un negocio que les permitiera pasar el resto de sus días en su país.

En aquel país había problemas políticos, como en cualquier otro de la región, pero no había candidatos amenazados ni autoridades asesinadas. El último asesinato de un candidato presidencial ocurrió en 1978, cuando los enemigos de la democracia de ese entonces quisieron evitar que volviera al país.

Hoy, esos enemigos se han instalado en Ecuador, y el reciente asesinato del candidato presidencial ha marcado un antes y un después. Fernando Villavicencio había denunciado las amenazas del cáncer de la delincuencia organizada y por ello fue acribillado a balazos a las 17:30 de la tarde en el centro norte de la capital y en condiciones que generan suspicacia por la falta de previsión de su equipo de seguridad, conformado por policías y personal privado.

Aquel país ya no existe y muchos quieren dejar lo que queda de él. Nadie quiere vivir entre la zozobra de no saber si regresará sano a su casa, si una bala perdida acabará con la vida de un ser querido o si tendrá que elegir entre pagar una extorsión o seguir viviendo.

Y es que yo crecí en un país pacífico, donde no había miedo de ir a las urnas, donde hacer política, tal vez, no era la mejor decisión, pero no te costaba la vida. Ahora sobrevivo en medio de una violencia que trata de imponer su paz con fuego, lágrimas, dolor y en medio de una democracia moribunda, a la cual, quién sabe, pronto alguien le dé la extremaunción.

La antidemocracia triunfa en las primarias argentinas

La victoria del “Trump argentino” Javier Milei en las primarias argentinas no debería ser una sorpresa, pero de todas formas sorprendió a muchos. A pocos años de las derrotas de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, muchos argentinos no quieren aprender de la historia reciente y cercana. Bolsonaro, de vínculos estrechos con Milei, degradó a Brasil con sus políticas de odio a lo distinto, su inexperiencia en la administración de la cosa pública y su deseo de dictadura. Mientras que las políticas de Trump en Estados Unidos tuvieron efectos nocivos en lo social, lo cultural y lo económico. Y como si fuera poco, ambas administraciones terminaron con intentos fallidos de golpe de Estado con el objetivo de perpetuarse en el poder.

La mentira totalitaria contribuyó al surgimiento y a la caída de estos líderes. Y en esto, Milei también los sigue e imita. En su discurso de la victoria, el domingo pasado, Milei dijo que Argentina había sido la primera potencia mundial en el siglo XIX y prometió que Argentina ocuparía un lugar principal entre las potencias del mundo.

Con razón, se ha dicho que Milei parece un desequilibrado. Es un inepto y un maleducado que grita, insulta y parece no tener idea de las cosas que dice: abolir el banco central, plantear un debate sobre la necesidad de la venta de órganos o que los hijos pueden ser vendidos o comprados por sus padres. Pero Milei también promete el fin de los políticos, como si él se dedicara a cualquier otra cosa que no fuera la política.

Otra coincidencia con los líderes autoritarios es que piensa, – o dice- que el cambio climático es un invento socialista y que la educación sexual es parte de un plan siniestro para destruir a la familia. Pero por sobre todas las cosas, Milei se presenta como un fundamentalista del mercado, un libertario, aunque su concepto de libertad no incluye el derecho al aborto o la denuncia de las violaciones de los derechos humanos de la última dictadura militar (1976-1983).

En el plano internacional, sus aliados son el ultraderechista José Antonio Kast en Chile, Bolsonaro y los líderes del partido Vox de España. Mientras que, en Argentina, ha reclutado miembros de la vieja política y sobre todo sectores de extrema derecha identificados con la dictadura militar.  Y es que, como todo político con aspiraciones autoritarias, Milei propone soluciones mágicas aprovechando que los políticos tradicionales en Argentina no están cumpliendo con las demandas de la sociedad.

Todo esto nos permite reinsertar al “loco” Milei dentro de una ideología y una práctica populista. Pero más allá de lo ridículo o payasesco del personaje, Milei no puede ser subestimado ya que presenta una ideología claramente antidemocrática. Y es que al igual que Trump y Bolsonaro, los políticos como Milei están en contra del pluralismo en democracia. Se trata de populistas muy cercanos al fascismo que representan propuestas reaccionarias sobre armas y familia. Se presentan como líderes mesiánicos con carácter divino, pero son individuos violentos y erráticos que fomentan el culto a su propia personalidad. De hecho, en 2020 Milei anunció su ingreso a la política de la siguiente manera: “Voy a meterme al sistema para sacarlos a patadas en el culo». 

El punto de vista anti-político y populista de Milei se traduce en promesas de violencia contra enemigos preconcebidos. Y esto es preocupante porque tras el último Golpe de Estado, las promesa de terminar con partidos y movimientos políticos había dejado de ser algo corriente en la política argentina.

Tenemos que recordar nuestras historias de violencias y dictaduras. Al igual que Trump y Bolsonaro o Giorgia Meloni en Italia (o Mussolini o Hitler), Milei fue y sigue siendo normalizado por los medios y también entre figuras políticas de centro-derecha. De hecho, en el discurso después de la elección, el expresidente Mauricio Macri quiso identificar a su propia fuerza política con un supuesto paradigma político que compartiría con Milei.

¿Cómo elegir un partido en las elecciones presidenciales de octubre que en vez de criticar a Milei lo felicita? Esto no pasó en Francia con Marine Le Pen o en Brasil con Bolsonaro, que fue derrotado por una alianza de una gran parte del arco político incluyendo a la centro-derecha para para salvar a la democracia.

Para defender la democracia, los partidos que la defienden deben dejar de lado sus diferencias, más allá de la orientación política, para unirse en contra de estas tendencias, pues los “cordones sanitarios” siguen siendo necesarios. Pero esto no está pasando en Argentina donde Milei sigue siendo considerado un candidato normal cuando su anormalidad política, su carácter antidemocrático, es su característica principal.

Para entender lo que está sucediendo en Argentina hay que entender que Milei no es liberal, de centroderecha ni libertario, es un candidato populista de extrema derecha con vocación de fascista. Y su victoria representaría un grave peligro para la vida democrática en Argentina.

¿Qué esperar del “Pacto fiscal” en Chile?

El pasado 1º de agosto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el denominado “Pacto Fiscal para el Desarrollo” que llevará adelante en su país. Dado que se necesita financiar el gasto social y los recursos financieros son finitos, la propuesta incorpora un conjunto de acciones para el crecimiento sostenible, eficiencia de la gestión pública y responsabilidad fiscal.

El pacto define: los principios para un sistema tributario moderno; las necesidades y prioridades del gasto; los compromisos de la reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de los servicios del Estado; impulsar el crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía; fortalecer la administración tributaria y la reforma del impuesto a la renta; y los mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal.

Dentro de los principios, la llamada justicia tributaria hace referencia al incremento de impuestos para aquellos con mayores ingresos (impuestos progresivos verticales), gravar igual a aquellos con ingresos similares (impuestos horizontales), y disminuir la elusión (evitar la tributación mediante argumentos legales).

En cuanto a la priorización del gasto, el plan busca incrementar el gasto en material social en un monto equivalente al 2,7% del PIB en áreas altamente sensibles como las pensiones, la salud, la protección social y la seguridad pública. Las principales metas que se buscan alcanzar son el incremento de la Pensión Garantizada Universal en poco más del 20%, así como la posibilidad de reducir las listas de espera de atenciones quirúrgicas y especialidades médicas.

Respecto de la reforma al Estado, el plan apunta a mejorar los programas públicos mediante la creación de una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas. Además se busca establecer un marco normativo que regule las transferencias a ONG´s y fundaciones, permitir el acceso a MIPYMEs en el sistema de compras del Estado, utilizar sistemas digitales para detectar anomalías del gasto público y establecer una fuerte disciplina fiscal en todos los niveles de gobierno.

Como medidas para impulsar el crecimiento, se busca otorgar incentivos fiscales, reducir la tramitación en proyectos de inversión, incentivar la investigación y desarrollo de parte de empresas, incentivar las actividades económicas verde y reducir la informalidad económica. En el ámbito impositivo, se apunta a educar a los contribuyentes, entregar beneficios a la clase media, contar con un sistema tributario para PYMEs y focalizar los impuestos. Y finalmente, se creará la Comisión de Seguimiento y Evaluación para monitorear y evaluar los resultados a los 3 y 5 años de implementación del plan.

En materia social, el Pacto Fiscal apunta a mejorar el bienestar social, en particular, de los grupos económicamente más desfavorecidos, así como grupos socialmente excluidos como las personas mayores, en situación de discapacidad o que fungen como cuidadores. El plan, sin embargo, sigue sin abordar el problema medular que son el rendimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la saturación y cobertura del sistema de salud, tanto pública como privada.

En términos productivos, se busca fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa a través de incentivos ya que son los principales espacios de generación y concentración de empleo. También se apunta a rigidizar la actividad informal, gravar la importación y sancionar el comercio digital, elementos que son empleados por micro y pequeña empresa para proveerse de insumos para operar y como canales de comercialización.  

En términos de la diversificación productiva, se sigue apostando a las actividades extractivistas con énfasis en la minería, además de que la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el otorgamiento de Concesiones Marítimas podría generar efectos no deseados en términos ambientales como la proliferación de proyectos con externalidades negativas, intensidad de uso del agua o nuevas zonas de sacrificio.

Los incentivos a la investigación y desarrollo en un país que se concentra en el sector terciario y donde  la industria manufacturera es menor al 10% del PIB, es un tema complejo. Además, se debe priorizar también a las entidades públicas de educación superior, que al día de hoy son quienes concentran la masa crítica de investigadores en el país, ya que podría darse una migración del mundo académico al empresarial, afectando la calidad de la enseñanza superior y de especialización.

La formalización económica, tiene un gran componente cultural ya que se acostumbra contratar servicios personales como el mantenimiento o la construcción sin contrato, por lo tanto sin el correspondiente aporte de impuestos e imposiciones a la seguridad y retiro. Más allá de la educación de los contribuyentes, es necesario un cambio en la conducta social que permita el tránsito hacia la formalidad de todas las actividades económicas. Por otro lado, cuando se habla de incrementar los impuestos a los altos ingresos ¿en quienes están pensando? ¿en qué tramos de ingreso? ¿personas jurídicas y naturales?

Para concluir, hay que destacar dos desafíos. El primero, son las proyecciones de crecimiento económico, pues de acuerdo al Banco Central se espera un bajo crecimiento para este año (entre -.5% y 0.25%), entre 1,25% y 2,25% en 2024 y entre 2 y 3% para 2025. Esto puede limitar, tanto los ingresos como egresos públicos.

El segundo aspecto que puede jugar en contra de la propuesta es el tiempo. Está previsto el ingreso de la reforma de impuesto a la renta en el Congreso Nacional para el 2024, así como la tramitación y despacho de proyectos procrecimiento y reforma del Estado remanentes. La discusión y toma de acuerdos políticos bien podría dilatarse hasta finales del actual gobierno o bien inicios del próximo, donde las prioridades podrían ser distintas, lo cual daría un nuevo vuelco a varios de los puntos del pacto fiscal.

Argentina: el general Milani va a la guerra

César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, tal como es su nombre completo, fue jefe del Ejército argentino y fue designado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el 3 de julio de 2013 hasta el 24 de junio de 2015. Antes había sido jefe de la Inteligencia militar, cargo que retuvo desde la comandancia.

Desde su pase a retiro debió atravesar procesos judiciales por su desempeño como joven oficial durante la represión de la última dictadura, en la que resultó sobreseído, y también por enriquecimiento ilícito, causa en la que se anuló su absolución. El exjefe del Ejército fue acusado por «haber incrementado ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio en el período que ejerció la función pública dentro del Ejército argentino» desde el 2001, cuando fue promovido a coronel, hasta mediados de 2013. Actualmente retirado, participa en la vida pública por su adhesión militante al peronismo histórico y al kirchnerismo.

Milani sorprendió recientemente por sus comentarios sobre la guerra de Ucrania y su entusiasta apoyo tanto a la invasión rusa como a la figura de Vladímir Putin, al que presenta como un adalid del antiimperialismo. En su cuenta de X, anteriormente Twitter, posteó el 29 de julio lo siguiente: “La llamada contraofensiva ucraniana, que había sido anunciada con bombos y platillos, ya podemos decir a estas alturas de los acontecimientos que ha fracasado rotundamente. Es casi un hecho que ha alcanzado el estancamiento absoluto ante la resistencia de una férrea defensa rusa”.

“No solo ha fracasado ―continuó Milani―, sino que actualmente el ejército del Kremlin se encuentra desarrollando operaciones ofensivas en casi todo el frente de batalla”. El general argentino prosiguió su análisis geopolítico de este modo: “Mientras el imperio de EEUU a través de la OTAN y de un presidente insensato como Zelensky, absolutamente obnubilado por el poder de occidente e ignorante en el arte de la guerra, siguen enviando a la muerte a miles de soldados ucranianos que luchan por intereses que les son absolutamente ajenos, Rusia resiste los embates de la alianza militar más potente del mundo y alarga el combate a su ritmo”.

Continuó su evaluación del conflicto y aseveró: “Una vez que Rusia logre finalizar la guerra, veremos un mundo más equilibrado, con pesos repartidos entre las tres principales potencias y un mejor escenario para los países como el nuestro, que históricamente han sido sometidos a los intereses económicos de los EEUU, una de las principales razones por las cuales no hemos alcanzado jamás nuestra independencia económica y estado de verdadera soberanía nacional”.

Y agregó: “Rusia pelea hoy en día por poner un límite a la expansión desmedida de un imperio insaciable que no ha sabido reconocer límite alguno, los intereses soberanos de muchos países se encuentran en juego en ese conflicto. Bajo este escenario se aproxima el fin de una era geopolítica signada por el unilateralismo. En los próximos años se acabará el dominio absoluto de los EEUU como policía del mundo”. Milani concluyó planteando lo siguiente: “El desafío de nuestro país será el de saber dónde, cómo y de qué forma vamos a posicionarnos para recibir este cambio en pos del beneficio de nuestra amada patria”.

Días más tarde de la difusión de este texto, el 31 de julio, la corresponsal del diario La Nación, de Buenos Aires, le preguntó al jefe de la Inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budanov, en una rueda de prensa que se hizo en Kiev, qué opinión le merecían estos conceptos del exjefe del Ejército argentino. La respuesta fue lacónica: “¿Quién es Milani? Bueno, le ofrezco que venga, lo invitamos a Ucrania y le mostramos qué está pasando”, contestó.

Genera un fuerte escozor recordar que durante muchos años, quien escribe esto y piensa hoy sobre la guerra de Ucrania fue el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas de la Argentina, persona de confianza de la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, y de la presidenta Cristina Kirchner. Y alivia saber, por ende, que ahora no representa sino una voz marginal y minoritaria, con fuertes resabios del nacionalismo anticomunista de los tiempos de la Guerra Fría. Aquellos generales y almirantes decían defender la “civilización occidental y cristiana”, y terminaron conduciendo al país a un conflicto armado contra las principales potencias de Occidente, a la vez que exaltaron un antiimperialismo tardío y buscaron el apoyo de Moscú.

Movimientos pendulares de los Gobiernos argentinos que tienen larga data y siguieron repitiéndose hasta tiempos más cercanos. Solo una muestra reciente: el 3 de febrero de 2022, el presidente Alberto Fernández, en el marco de una reunión que mantuvo con Putin en la capital rusa, señaló entusiasmado: «Tenemos que ver la manera de que Argentina se convierta, de algún modo, en una puerta de entrada para América Latina para que Rusia ingrese en América Latina de un modo más decidido». El mandatario argentino se manifestó “profundamente agradecido» a Rusia por el suministro de vacunas contra el coronavirus durante la pandemia. Lo que Fernández no podía anticipar era que tres semanas más tarde el presidente ruso ordenaría la invasión de Ucrania.

Cuarenta años después, el último hombre fuerte del generalato argentino se expresa como un pichón de Leopoldo Fortunato Galtieri, aquel general extraviado de la última dictadura, que en 1982 puso al país detrás al recuperar las islas Malvinas por la fuerza y lo embarcó en un conflicto bélico contra Gran Bretaña, lo que terminó resultando un desastre bélico y precipitó la retirada de los militares del poder y la recuperación de la democracia. Esta democracia que se apresta a celebrar sus cuarenta años votando. Entre memorias y desmemorias. Encuentros y extravíos. 
*La versión original de este texto fue publicada en Clarín.

El maíz transgénico vs. la soberanía nacional

El conflicto sobre la restricción de México para importar maíz transgénico es una disputa entre los intereses de la industria agrícola estadounidense y tanto la industria biotecnológica como el esfuerzo del Gobierno mexicano por recuperar un poco la soberanía externa que se ha perdido durante los últimos 40 años. Las advertencias de Washington de que el incumplimiento de los acuerdos comerciales del T-MEC podrían conducir a la implantación de aranceles de Estados Unidos, bien puede ser una manifestación de lo que Colin Crouch ha denominado posdemocracia: Gobiernos formalmente democráticos (liberales), en los que se celebran elecciones periódicas, pero en los cuales las corporaciones empresariales no se subordinan a la autoridad del Estado nacional.

Posdemocracia y “colonialidad”

En las posdemocracias, los intereses empresariales tienen un poder tan abrumador que hacen lobbying para modificar la normativa nacional a su conveniencia. La toma de decisiones se realiza en espacios privados y ocultos del escrutinio público, es decir, a espaldas de la opinión pública que, a fin de cuentas, puede manufacturarse a la carta.

Tal vez el caso de México no es de posdemocracia, pues no podría asegurarse que en algún momento hayamos logrado consolidar instituciones democráticas liberales. Pero los intereses empresariales operan en México exactamente en la misma dirección: hacia la disolución de la soberanía nacional y en favor de los intereses empresariales.

De hecho, podríamos pensar que, en regímenes que no han consolidado instituciones democráticas más o menos fuertes, los intereses de corporaciones trasnacionales operan de manera más enérgica y predatoria, y los han estructurado no como posdemocracias, sino más bien de acuerdo con lo que Walter Mignolo ha llamado la matriz de la “colonialidad”. Se trata de una lógica en la que los capitales externos trabajan en complicidad con élites internas para extraer riqueza, apropiarse del trabajo y los recursos de un país y expoliar sus entornos naturales a través del sometimiento y adelgazamiento del Estado soberano.

¿Una postura anticiencia?

El problema del maíz transgénico puede ser entendido de esta manera. Pero, públicamente, adopta la forma de una discusión sobre evidencia científica. El Gobierno mexicano advierte acerca del peligro del herbicida glifosato, que está relacionado con casos de cáncer en Estados Unidos y Europa, y dice que permitir la entrada de semillas de maíz transgénico podría contaminar variedades nativas de México y afectar la biodiversidad. Recordemos que México es un punto central del origen del maíz y cuenta con cerca de 60 razas oriundas.

Washington solo responde, utilizando la vieja retórica de las tabacaleras y de las empresas petroleras contra el cambio climático, que estas afirmaciones científicas no cuentan con validación científica contundente. Esto podría ser cierto, pero no es el núcleo del problema, solo su justificación retórica.

A lo anterior, se podría responder de diferentes maneras: apelando al principio precautorio (que es lo que, de hecho, ha llevado a cabo el Gobierno mexicano), afirmando que ante un peligro o amenaza suficientemente grande y con posibles efectos irreversibles, la falta de evidencia contundente no será suficiente razón para no tomar medidas precautorias. La simple sospecha razonable —lo cual implica que la evidencia debe señalar el riesgo, aunque sus conclusiones no sean definitivas e irrefutables— debería bastar.

A su vez, podríamos considerar más aún, y de acuerdo con el concepto de ciencia posnormal de Funtowicz y Ravetz, que cuando la ciencia es usada para justificar temas políticos, en especial cuando hablamos de sistemas complejos como los socioambientales, no da certeza en cuanto a las recomendaciones. Eso significa que, en realidad, los argumentos “comprobados científicamente” han subcontratado a la ciencia para legitimar una decisión política. El caso de la seguridad del maíz transgénico es un claro ejemplo de este perverso uso de la certeza científica (o la supuesta falta de ella) con fines políticos y económicos.

Transferencia de tecnología, transferencia de cultura

No obstante, el argumento que más preocupa es el que tiene que ver con las afectaciones que la introducción de maíz transgénico podría tener sobre las formas de organización del trabajo y la estructura social de gran parte del México rural. En este caso, no debemos olvidar que los que se pronuncian a favor de la introducción del maíz transgénico son los agrícolas del norte del país, en donde las enormes extensiones de terreno hacen viable la aplicación de la agroindustria intensiva, la cual depende de grandes maquinarias y agroquímicos para cultivar monocultivos.

Sin embargo, su introducción en el sur y en el sureste de México es absolutamente inviable: no solo afectaría las variedades de maíz, sino también la biodiversidad natural de la zona, que se vería gravemente dañada por extensas plantaciones de semillas transgénicas resistentes a herbicidas que serían funestos para otras plantas. Además, tal como han insistido las autoridades hasta el cansancio, la dieta mexicana, principalmente en la zona mesoamericana, depende en gran medida del maíz tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista nutricional. La introducción de tecnologías no es neutral, puesto que trae consigo cultura, por lo que podríamos esperar que la importación de maíz transgénico para el consumo humano afectará no solo la salud o la biodiversidad, sino también los hábitos alimenticios y la cultura culinaria.

Efectivamente, la transferencia de tecnología también transfiere cultura, entre las cuales se encuentra la laboral. Las formas de organización social de pueblos indígenas y comunidades rurales se estructuran, en gran medida, alrededor de la tierra y de las funciones de trabajo de cada quien. La introducción de esta tecnología podría tener consecuencias de desintegración social, como ocurrió en el pasado cuando se retiraron los subsidios al campo durante el salinismo, lo que causó una ola de migración sin precedentes a las ciudades y a los Estados Unidos.

En defensa de la autodeterminación

Entonces, las razones para oponerse a la introducción del maíz transgénico no son retórica anticiencia (en México existen plantíos transgénicos de algodón y soya) ni nacionalismo acartonado. Existen razones de peso para ser prudentes. El problema es que a los grandes capitales, estas razones les tienen sin cuidado. Así, el conflicto tiene que tomar la forma de una defensa de la soberanía externa, un defensa de la capacidad de autodeterminación en asuntos de suma importancia como la defensa de la biodiversidad, el cuidado de la salud y la conservación de nuestras culturas.

¿Qué universidades aportan más al cumplimiento de los ODS?

Hace algunas semanas, Times Higher Education publicó su renombrado ranking mundial de universidades. Este listado considera un conjunto de dimensiones como el entorno de aprendizaje-enseñanza, investigación, citación, internacionalización y transferencia de conocimiento, para caracterizar a las universidades. El puntaje alcanzado permite posicionar a las instituciones de educación superior participantes y, por lo general, es empleado para hacer comparaciones en cada país y entre países.

Además de este ranking, Times Higher Education publica desde 2019 el Impact Rankings, que evalúan a las universidades en relación con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de 17 objetivos a los que se suscribieron los países miembros de las Naciones Unidas en 2015, comprometiéndose a seguir un conjunto de acciones conocido como la Agenda 2030, con el fin de avanzar de manera integrada en tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

Si bien los Gobiernos son los principales agentes involucrados en su logro a través de las políticas y programas públicos, el alcance que se espera tener con los ODS al ser universales, transformadores y civilizatorios requiere la participación de otros factores: personas, empresas, organizaciones civiles, sociales y no gubernamentales, y las instituciones de educación superior.

Si bien los ODS no están centrados en educación superior, medir el avance de las universidades en torno a estos puede ser un elemento catalizador que permee a otros niveles administrativos y sociales, además de permitir la rendición de cuentas y destacar la labor que realizan las instituciones de educación superior en esta materia.

Las universidades participantes recopilan información sobre los ODS y reciben una puntuación y clasificación por cada uno de ellos. En el año 2023, los primeros cinco lugares fueron ocupados por la Western Sydney University (Australia); University of Manchester (Reino Unido); Queen’s University (Canadá); Universiti Sains Malaysia (Malasia) y University of Tasmania (Australia).

En América Latina, las 10 mejores posiciones se ubican en México, Chile, Brasil y Argentina. Hay que mencionar que las dos únicas universidades latinoamericanas dentro de las primeras cien posiciones son de México: la Universidad Nacional Autónoma de México, en el lugar 32, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el lugar 92. Dos universidades latinoamericanas se sitúan en el bloque de posiciones que van de la 101 a la 200 y, el resto, en el bloque de posiciones que van de la 201 a la 300.

Tabla 1. Universidades latinoamericanas y posición alcanzada, 2023.

PosiciónUniversidadPaísRanking
1UNAMMéxico32
2ItesmMéxico92
3UNABChile101-200
4Universidad de Sao PauloBrasil101-200
5Universidad de BrasiliaBrasil201-300
6Universidad de CampinasBrasil201-300
7Universidad del DesarrolloChile201-300
8UnespBrasil201-300
9Universidad de GuadalajaraMéxico201-300
10Universidad Nacional de CórdobaArgentina201-300

Fuente: elaboración propia, pero partiendo de información de Times Higher Education, 2023.

Como en el caso del ranking mundial de universidades, podemos comparar el nivel del logro de las universidades en los ODS por país. En la tabla 2, se muestran los cinco países latinoamericanos con las mejores posiciones conseguidas en 2023. El orden en que están presentadas refleja la posición que ocupan las primeras cinco universidades en cada país.

Tabla 2. Universidades latinoamericanas con la mejor posición en Impact Rankings 2023 por país.

PaísUniversidad
MéxicoUniversidad Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
BrasilUniversidad de Sao Paulo, Universidad de Brasilia, Universidad Estatal de Campinas, Universidad Estadual Paulista y Universidad Federal de Pará
ChileUniversidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo, Pontificia Universidad Católica, Universidad Autónoma y Universidad de Santiago de Chile
Argentina*Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional del Litoral
ColombiaPontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Eafit, Universidad CES y Universidad Pontificia Bolivariana
  • En 2023 solo participan dos universidades en Impact Rankings.

Fuente: elaboración propia, pero partiendo de información de Times Higher Education

Por último, dentro de las acciones que priorizaron las universidades latinoamericanas respecto de los ODS se destaca, en primer lugar, salud y bienestar (ODS 3), equidad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), además del ODS 17, que es transversal a todas las instituciones de educación superior.

Aunque son pocas las universidades latinoamericanas con puntajes altos, no debe ser tomado a mal, sino como una ventana de oportunidad para las universidades que participaron en 2023 y para aquellas que aún no se suman, a fin de que incorporen los ODS a sus respectivos planes estratégicos y conformen a las unidades encargadas de su seguimiento y evaluación.

El asesinato de Fernando Villavicencio y las elecciones ecuatorianas de 2023

Ayer, a días de las elecciones, durante un mitin en el colegio quiteño Anderson, fue asesinado a tiros Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por 60 días en todo el país. El primer asesinato de un candidato a la presidencia en la historia del país supone un atentado contra la democracia y deja en evidencia la profunda crisis y la ola de violencia política sin precedentes que vive Ecuador. Este acto, precedido de amenazas y un atentado por parte de grupos criminales, refleja el creciente desafío del crimen organizado transnacional para los países latinoamericanos y marca un punto de inflexión para el futuro de Ecuador.

Villavicencio era periodista, ex asambleísta y candidato a la presidencia por el Movimiento Construye. En un contexto electoral marcado por la indecisión, el ex candidato alcanzaría el segundo, tercer o cuarto puesto, dependiendo del sondeo. Fue un acérrimo opositor del gobierno de Rafael Correa y durante su administración denunció presuntos casos de corrupción y fue sentenciado a 18 meses de cárcel en 2014, pero no llegó a cumplir la condena porque se ocultó en la selva amazónica.

En 2016 un juez ordenó su encarcelamiento por la revelación de informaciones reservadas. En dicha ocasión se refugió en Lima y en 2017 regresó al país durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Desde entonces, Villavicencio mantuvo un activo perfil político y contaba con resguardo policial, denunciando en los últimos años la actuación del crimen organizado. Villavicencio era también estrecho colaborador del gobierno de Guillermo Lasso. Su asesinato ha conmocionado al país, y es que sólo este año han sido asesinados cuatro políticos locales de diversas tendencias.

Otrora considerado una isla de paz, Ecuador pasó de ser un territorio de tránsito a centro de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas en América Latina. Ante las amenazas del crimen organizado y de quienes buscan salidas autoritarias, el país ha llegado a un punto en el que es urgente priorizar y defender la democracia, la paz y la seguridad ciudadana por encima de las diferencias políticas.

El 20 de agosto será un momento de inflexión por diversos motivos. En primer lugar, se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas. Se trata de elecciones a mitad del ciclo electoral, convocadas por el presidente Guillermo Lasso, tras la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Tal decisión, tuvo lugar en medio de un juicio político iniciado en su contra por acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos.

La investigación, denominada “Gran Padrino”, reveló una presunta red de tráfico de influencias en el seno de empresas públicas, que involucra a personas cercanas al presidente como su cuñado Danilo Carrera, así como la financiación ilícita de su campaña presidencial. El mandatario ecuatoriano ha negado reiteradamente estas acusaciones y, de acuerdo con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, ha intentado censurar la labor periodística de los denunciantes, calificándolos como “terroristas mediáticos”.

La extrema violencia que afecta a Ecuador, las amenazas y el clima hostil que se ha instaurado contra el periodismo, determinaron la reciente salida del país de Andersson Boscán y Mónica Velásquez, periodistas de La Posta, además de haber provocado el exilio de las periodistas Karol Noroña y Lissette Ormaza.

Los actuales problemas de Ecuador son resultado de factores estructurales y fruto de la inacción de la actual administración que carece de una real estrategia de seguridad, y ha contribuido al agravamiento de la situación a través de un proceso de progresiva erosión democrática y de políticas de ajuste y austeridad económica.

En medio de este escenario, en las próximas elecciones los indecisos superan el 50%, pero diversas encuestas afirman que Luisa González (candidata por la Revolución Ciudadana), encabeza la intención de voto e incluso tiene posibilidades de ganar en el primer turno. Los resultados difieren en las siguientes posiciones, pero la mayoría ubica como posibles rivales en un segundo turno a los candidatos Otto Sonnenholzner (Actuemos), Yaku Pérez (Alianza Claro que se Puede) y Jan Topic (Por un país sin Miedo) en orden decreciente.

El 20 de agosto en Ecuador se realizará también una consulta popular histórica que puede poner fin a seis décadas de extractivismo petrolífero en el Bloque ITT, ubicado en el centro del Parque Nacional del Yasuní. Este parque, creado en 1979 y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y refugio de los Tagaeri y Taromenane, los últimos grupos de población indígena en aislamiento voluntario del país. La centralidad de esta consulta reside en la posibilidad de empezar a construir un modelo alternativo al extractivismo que busque garantizar un bienestar sustentable y centrado en los intereses de las mayorías. Es también una forma de preservar una región con importancia estratégica para el mundo, y una contribución concreta contra el cambio climático que ubicaría al país en la vanguardia de la preservación y defensa del medio ambiente.  

Ecuador es hoy un país herido de muerte que requiere un proyecto de unidad, paz y reconstrucción nacional urgente. En este contexto, es fundamental evitar la instrumentalización de asesinatos como el de Fernando Villavicencio e impedir la criminalización de cualquier movimiento político. Frente a las amenazas del crimen organizado y de fuerzas desestabilizadoras, el mejor antídoto es la concertación nacional y el correcto desarrollo de las elecciones previstas, con observación y apoyo de la comunidad internacional.

Aunque se tratará de un gobierno de transición, la próxima presidenta o presidente del país tendrá una tarea hercúlea en la que reconstruir Ecuador y garantizar la democracia, la seguridad ciudadana y la justicia social deben ser la prioridad. Junto a estos objetivos, la consulta sobre el Yasuní ofrece también una oportunidad histórica para empezar a poner fin al extractivismo e implementar acciones de justicia ambiental y climática en beneficio de todos.

La corrupción, el escándalo político y los medios

Uno de los temas más recurrentes en los medios de comunicación latinoamericanos son los señalamientos de corrupción contra actores políticos que aprovechando el lugar privilegiado que detentan para incurrir en apropiación privada de lo público o lo ponen al servicio de las necesidades de sus partidos políticos o aliados.

Sin embargo, para que eso suceda, resulta necesario que este tipo de trapacerías ilegales configuren un escándalo propiamente dicho, es decir, que tenga mediante su difusión un impacto en los intereses del agente corrupto o corruptor. 

De ahí que en sociedades democráticas el papel de los medios de comunicación resulta estratégico para conocer los arreglos “sucios” que van en contra de la lógica institucional de transparencia y rendición de cuentas como, también, del sistema de valores vigente.

Y es sabido, que la corrupción de los agentes políticos tiene un gran mercado cautivo sea por la baja calificación que tienen estos en la escala de evaluación como por el morbo que suscitan en segmentos de la ciudadanía.

Así, en América latina los grandes de medios de comunicación tienen en su nómina a periodistas de investigación de casos de corrupción de manera que constantemente ofrecen a sus lectores este insumo para la toma de decisiones políticas e, incluso, económicas, cuando se ven actores económicos involucrados en complicidades de corrupción.

O sea, que si la denuncia es un insumo para que el ciudadano tome decisiones convierte a los medios de comunicación en un poderoso instrumento contra la clase política que tiene que lidiar con aquello de que la “política es el arte de lo posible, no de lo deseable” lo que lleva frecuentemente a este tipo de actor a saltar por conveniencia o por necesidad al otro lado de los límites estrechos de la legalidad.

Tenemos, entonces, que constantemente la conversación pública de nuestros países -incluso en las llamadas democracias consolidadas- estén mediados por el “escándalo político de la semana”, habida cuenta de que es un producto que se vende bien en sociedades marcadas por las desigualdades sociales y, atizadas para que estas exijan castigo para los culpables en principio a través de la exposición mediática.

Y es que es muy común que cuando un actor político se ve envuelto en un caso de corrupción primero se le juzgue en los medios y, llegado el caso a tribunales, se le someta a investigación y, eventualmente, se le enjuicie y sentencie con penas pecuniarias y/o corporales.

Un recuento a vuelo de pájaro de lo que está ocurriendo hoy en las ocho columnas de los principales medios impresos, en la conversación de los medios digitales y en las redes sociales, demuestran claramente de cómo los escándalos políticos son lo que más vende en unos medios que no necesariamente están pensados en clave de relaciones de partido en el gobierno y oposición. Aunque, sin duda, cualquier escándalo provoca beneficios y perjuicio en la arena política.

México, por ejemplo, en este momento está en medio del escándalo originado en la sede del Poder Ejecutivo cuando en un acto errático del presidente López Obrador creó a quien seguramente será la candidata presidencial en los comicios del verano de 2024 y ahora, él mismo, por los múltiples medios a su alcance busca bajar a la senadora Xóchilt Gálvez de las preferencias electorales.

En EE. UU. el escándalo de la toma del Capitolio por las huestes trumpistas y la apropiación privada de información oficial clasificada sacude hoy las instituciones de ese país y alcanza al proceso sucesorio que acontecerá a finales de 2024.

En Francia, el escándalo de la violencia policial, que terminó con la vida de un joven árabe provocó recientemente grandes movilizaciones que generaron un serio problema de gobernabilidad y puso en entredicho al sistema de seguridad pública.

En Argentina, los juicios por los escándalos de corrupción de la expresidenta Cristina Kirchner y el intento de destituir a cuatro ministros de la Corte Constitucional ha creado una gran tensión política que se suma a los problemas derivados de la devaluación y la hiperinflación que tiene en la calle a los grandes sindicatos y organismos comunitarios protestando y exigiendo “pan para todos”.

En Brasil, la derrota electoral de Jair Bolsonaro, en mucho se explica por los escándalos de corrupción y marginación social que supo explotar eficazmente el equipo del hoy presidente Lula da Silva.

En definitiva, los escándalos políticos que son resultado de actos de corrupción, pero, también, de cambio de posturas programáticas, son catalizadores de la representación política que pone a cada uno, en su lugar y eso, significa, un efecto positivo o negativo, según se vea, en cada país y grupo de poder.

¿Qué está pasando de cara a las elecciones primarias en Argentina?

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones primarias donde se definirán los candidatos que competirán en la primera ronda de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Hasta el momento, se han llevado a cabo elecciones de carácter primaria y general en diecisiete provincias argentinas, en un claro intento de los referentes locales de separar su suerte electoral de la del gobierno nacional. Estos resultados, son pistas de lo que puede llegar a suceder el próximo domingo.

¿Qué está sucediendo con los comicios provinciales?

En primer lugar, se ha producido la ratificación electoral de la mayor parte de los oficialismos provinciales al frente del poder ejecutivo, tal como aconteció en los distritos de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego.

Otro fenómeno a destacar es el de aquellos candidatos oficialistas que sufren derrotas a manos de líderes políticos que, como Rolo Figueroa en la provincia de Neuquén y Claudio Poggi en el distrito de San Luis, han formado parte del círculo íntimo del poder político provincial. Asistimos también, al fin de largos ciclos de hegemonía electoral por parte del oficialismo en los distritos de San Juan y Chubut, en esta oportunidad a cargo de figuras opositoras ajenas al “sistema hegemónico” como Marcelo Orrego e Ignacio Torres respectivamente.

Se espera el test definitivo en las provincias de Chaco, Mendoza y Santa Fe, donde se llevaron a cabo en forma adelantada las elecciones primarias, así como en las provincias donde la elección primaria se realizará el mismo en 13 de agosto como es el caso del distritos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-CABA.

En estos comicios a nivel subnacional, no se estaría registrando un destacado papel de la agrupación de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), como se pronosticaba en diferentes sondeos de opinión a nivel nacional. LLA no estaría avanzando, aunque sí la abstención electoral como expresión de desencanto y desafección política.

El proceso electoral no ha estado exento de episodios de violencia política y social como el acontecido en la provincia de Chaco con la desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski y diferentes episodios de protesta social que tuvieron- y tienen- lugar en la provincia de Jujuy, distrito conducido por el Gobernador- y precandidato a vicepresidente- Gerardo Morales.

Hay que recordar que han transcurrido doce años de la puesta en vigencia de la denominada “Ley de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral”, popularmente conocida como PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), y se ha hecho uso de dicho instrumento para elecciones multinivel en los comicios de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021.

¿Qué puede suceder a nivel nacional?

El resultado del proceso electoral puede arrojar tres posibles ganadores: el oficialismo de Unión por la Patria-UP, la oposición de Juntos por el Cambio-JXC y la protesta política.

El oficialismo encara una campaña electoral en un contexto de una gestión de escasos resultados y bajo nivel de aprobación, aunque con el impulso de un candidato-ministro de Economía, Sergio Massa, con gran vocación de poder y un conglomerado mediático, económico y judicial que patrocina su candidatura desde hace una década.

La oposición, ganadora en los comicios legislativos del año 2021, se encuentra en medio de un proceso interno sumamente disputado que le ha impedido terminar de convencer a una significativa parte de la sociedad de su condición de alternativa electoral. La resolución de la interna entre los candidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich el próximo 13 de agosto podrá a empezar a dar respuesta al interrogante acerca de la capacidad de JXC de “enamorar” a los votantes.

Finalmente, la protesta política parece tener dos canales de expresión, la abstención electoral y/o el candidato Javier Milei. El devenir del proceso electoral nos permitirá discernir si se trata de una expresión coyuntural de malestar social o de una crítica profunda al conjunto de la clase política.

Tal como planteaba una ex ministra del gabinete nacional, Argentina resulta ser un país más entretenido que Suiza. No parece haber dudas al respecto.

Arévalo y un cambio de época para Guatemala

Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla venció con el 58% en las elecciones presidenciales de Guatemala. Pero esta no es solo una derrota para su adversaria electoral Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, sino para el sistema que había hegemonizado durante décadas el poder en el país centroamericano.

Un hecho, aparentemente anecdótico, arroja luz sobre el cambio tectónico que se encuentra detrás de este resultado. Arévalo, quien careció de grandes aportes a su campaña, recibió una donación de 100.000 dólares de un hombre joven, referente del emprendedurismo y la tecnología como Luis von Ahn, el guatemalteco fundador de la aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo. Por el contrario, Torres tuvo como principales apoyos en segunda vuelta, entre otros, a la Fundación contra el Terrorismo cuyo esquema ideológico sigue anclado en el conflicto interno (1962-1996) y el “peligro del comunismo”.

Arévalo logró enlazar con con el presente (las nuevas generaciones) y el futuro (la tecnología) del país, mientras Sandra encarnaba los estertores de un pasado basado en el clientelismo y el patrimonialismo con poca legitimidad entre las nuevas y las viejas generaciones.

La victoria de Arévalo es, desde un punto de vista histórico, una reivindicación de la figura de Juan José Arévalo (padre del presidente electo quien gobernó entre 1945 y 1951). Un presidente que en el imaginario colectivo guatemalteco está considerado como uno de los mejores mandatarios del país (creador del sistema de seguridad social) y a quien un golpe de estado en 1963 le impidió continuar su obra de gobierno.  El apellido Arévalo, con todo su significado y connotaciones, ha tenido influencia en esta victoria pues para la débil identidad colectiva guatemalteca va asociado a una época de reformas sociales y honradez. Y Bernardo Arévalo ha esgrimido como principal bandera electoral la lucha contra la corrupción.

Además, la perennemente frustrada sociedad guatemalteca ha estado desde 2015 buscando infructuosamente un liderazgo capaz de canalizar sus deseos de cambio, transformación y mayor democratización y transparencia. Las movilizaciones contra el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) acabaron con una administración corrupta pero no engendraron un liderazgo alternativo ni un cambio de modelo que el electorado creyó ver en un outsider como Jimmy Morales (2016-2020).

Tras la decepción de este cómico metido a político, el sistema clientelar impidió el cambio vetando la candidatura de Thelma Aldana en 2019 (quien se presentaba bajo el paraguas de Semilla, una organización nacida al calor de lo ocurrido en 2015). Esto posibilitó que llegara a la presidencia un Alejandro Giammattei (2020-24) que logró conformar una amplia alianza informal de partidos e intereses que cooptó el sistema para preservar el modelo hegemónico.

Ahora, en 2023, un electorado joven vinculado a las redes sociales buscó acabar con ese sistema apoyando a figuras anti-elite: primero a Roberto Arzú y luego a Carlos Pineda. El sistema, conocido como “pacto de corruptos”, sacó de la carrera electoral a quienes destacaban y suponían un riesgo para su supervivencia, pero no supo ver la emergencia de Bernardo Arévalo que no sacaba en las encuestas para la primera vuelta más allá del 3% y pasó al balotaje con poco más del 11% en un escenario de amplia fragmentación.

Tras imponerse de forma contundente en la segunda vuelta, Arévalo, con posturas de centroizquierda, encarna un cambio radical, si bien desde la moderación. Llega al poder un proyecto reformista que no busca la vendetta: ha asegurado que no habría subida de impuestos (apuesta por hacer más eficiente la recaudación combatiendo la corrupción y el contrabando), ni alineamiento con China sino buenas relaciones con Pekín y Taiwán dentro de una política exterior independiente.

Además, se muestra como un reformista (vincula su posición izquierdista al modelo del uruguayo Mujica), respetuoso con “todo tipo de propiedad privada”, partidario del aborto pero solo del terapéutico y de facilitar el acceso a la salud con el fortalecimiento del Seguro Social y la eliminación del monopolio de las farmacéuticas estimulando la competencia entre privados. 

Arévalo ha calmado los recelos sobre su procedencia de izquierdas (centroizquierda, en realidad) al hacer hincapié en que su gobierno no supondría el inicio de las expropiaciones de tierras, ni abriría la puerta a la subida o creación de impuestos, ni a la aplicación de una agenda radical en materia de género y mucho menos un ataque al empresariado y a las Fuerzas Armadas, instituciones con las que tendió puentes.

La propuesta transversal de Arévalo, si bien moderada, claramente daña intereses creados por su cruzada contra los privilegios y la corrupción. Sobre todo, quiere cortar “el aceite que lubrica la corrupción …el presupuesto de obras del Estado, porque alrededor de ese presupuesto se tejen las voluntades corruptas del Ejecutivo, de los diputados, de alcaldes, de constructores corruptos”.

Por eso, su gran desafío va a ser alcanzar la gobernabilidad. La institucionalidad (partidos, Congreso y sobre todo órganos judiciales) sale herida en su legitimidad al haber sido cooptados por los intereses corporativos. El nuevo gobernante llega rodeado de grandes expectativas, pero con un reducido margen de acción. No solo tiene una bancada minoritaria con poca capacidad de conformar alianzas con otras fuerzas que le otorguen mayoría, sino que todo apunta a que el bloque de partidos más vinculados al sistema -que son mayoritarios- buscarán bloquear las iniciativas de corte reformista.

Además, sobre Arévalo, que a la hora de gobernar va a enfrentar un serio problema de déficit de cuadros para completar su administración, pende una espada de Damocles que el sistema blande como forma de obstaculizar su administración: la disolución de la personalidad jurídica de Semilla que promueve el actual Ministerio Público provocaría que el grupo parlamentario desapareciera y los diputados no podrían participar en las comisiones del legislativo, lo que debilitaría los respaldos y el margen de acción del gobierno de Arévalo.  

Se perfila así un futuro, sin duda, complejo. Pero algo ya se ha logrado: Guatemala ha votado por la vuelta de una “primavera”: Juan José Arévalo gobernó durante la conocida como “primavera democrática (1944-54)” algo a lo que el candidato ganador ha aludido en repetidas ocasiones y que anuncia el “otoño del patriarca (del sistema)”. El reto para Bernardo Arévalo es convertir esa primavera en eterna (a Guatemala se le conoce como “el país de la eterna primavera”) y evitar un “winter is coming”, la vuelta del invierno del autoritarismo y la corrupción.