¿Qué universidades aportan más al cumplimiento de los ODS?

Marco T. Bustos Gutiérrez
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¿Qué universidades aportan más al cumplimiento de los ODS?

Hace algunas semanas, Times Higher Education publicó su renombrado ranking mundial de universidades. Este listado considera un conjunto de dimensiones como el entorno de aprendizaje-enseñanza, investigación, citación, internacionalización y transferencia de conocimiento, para caracterizar a las universidades. El puntaje alcanzado permite posicionar a las instituciones de educación superior participantes y, por lo general, es empleado para hacer comparaciones en cada país y entre países.

Además de este ranking, Times Higher Education publica desde 2019 el Impact Rankings, que evalúan a las universidades en relación con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de 17 objetivos a los que se suscribieron los países miembros de las Naciones Unidas en 2015, comprometiéndose a seguir un conjunto de acciones conocido como la Agenda 2030, con el fin de avanzar de manera integrada en tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

Si bien los Gobiernos son los principales agentes involucrados en su logro a través de las políticas y programas públicos, el alcance que se espera tener con los ODS al ser universales, transformadores y civilizatorios requiere la participación de otros factores: personas, empresas, organizaciones civiles, sociales y no gubernamentales, y las instituciones de educación superior.

Si bien los ODS no están centrados en educación superior, medir el avance de las universidades en torno a estos puede ser un elemento catalizador que permee a otros niveles administrativos y sociales, además de permitir la rendición de cuentas y destacar la labor que realizan las instituciones de educación superior en esta materia.

Las universidades participantes recopilan información sobre los ODS y reciben una puntuación y clasificación por cada uno de ellos. En el año 2023, los primeros cinco lugares fueron ocupados por la Western Sydney University (Australia); University of Manchester (Reino Unido); Queen’s University (Canadá); Universiti Sains Malaysia (Malasia) y University of Tasmania (Australia).

En América Latina, las 10 mejores posiciones se ubican en México, Chile, Brasil y Argentina. Hay que mencionar que las dos únicas universidades latinoamericanas dentro de las primeras cien posiciones son de México: la Universidad Nacional Autónoma de México, en el lugar 32, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el lugar 92. Dos universidades latinoamericanas se sitúan en el bloque de posiciones que van de la 101 a la 200 y, el resto, en el bloque de posiciones que van de la 201 a la 300.

Tabla 1. Universidades latinoamericanas y posición alcanzada, 2023.

PosiciónUniversidadPaísRanking
1UNAMMéxico32
2ItesmMéxico92
3UNABChile101-200
4Universidad de Sao PauloBrasil101-200
5Universidad de BrasiliaBrasil201-300
6Universidad de CampinasBrasil201-300
7Universidad del DesarrolloChile201-300
8UnespBrasil201-300
9Universidad de GuadalajaraMéxico201-300
10Universidad Nacional de CórdobaArgentina201-300

Fuente: elaboración propia, pero partiendo de información de Times Higher Education, 2023.

Como en el caso del ranking mundial de universidades, podemos comparar el nivel del logro de las universidades en los ODS por país. En la tabla 2, se muestran los cinco países latinoamericanos con las mejores posiciones conseguidas en 2023. El orden en que están presentadas refleja la posición que ocupan las primeras cinco universidades en cada país.

Tabla 2. Universidades latinoamericanas con la mejor posición en Impact Rankings 2023 por país.

PaísUniversidad
MéxicoUniversidad Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
BrasilUniversidad de Sao Paulo, Universidad de Brasilia, Universidad Estatal de Campinas, Universidad Estadual Paulista y Universidad Federal de Pará
ChileUniversidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo, Pontificia Universidad Católica, Universidad Autónoma y Universidad de Santiago de Chile
Argentina*Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional del Litoral
ColombiaPontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Eafit, Universidad CES y Universidad Pontificia Bolivariana
  • En 2023 solo participan dos universidades en Impact Rankings.

Fuente: elaboración propia, pero partiendo de información de Times Higher Education

Por último, dentro de las acciones que priorizaron las universidades latinoamericanas respecto de los ODS se destaca, en primer lugar, salud y bienestar (ODS 3), equidad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), además del ODS 17, que es transversal a todas las instituciones de educación superior.

Aunque son pocas las universidades latinoamericanas con puntajes altos, no debe ser tomado a mal, sino como una ventana de oportunidad para las universidades que participaron en 2023 y para aquellas que aún no se suman, a fin de que incorporen los ODS a sus respectivos planes estratégicos y conformen a las unidades encargadas de su seguimiento y evaluación.

El asesinato de Fernando Villavicencio y las elecciones ecuatorianas de 2023

María Villarreal
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El asesinato de Fernando Villavicencio y las elecciones ecuatorianas de 2023

Ayer, a días de las elecciones, durante un mitin en el colegio quiteño Anderson, fue asesinado a tiros Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por 60 días en todo el país. El primer asesinato de un candidato a la presidencia en la historia del país supone un atentado contra la democracia y deja en evidencia la profunda crisis y la ola de violencia política sin precedentes que vive Ecuador. Este acto, precedido de amenazas y un atentado por parte de grupos criminales, refleja el creciente desafío del crimen organizado transnacional para los países latinoamericanos y marca un punto de inflexión para el futuro de Ecuador.

Villavicencio era periodista, ex asambleísta y candidato a la presidencia por el Movimiento Construye. En un contexto electoral marcado por la indecisión, el ex candidato alcanzaría el segundo, tercer o cuarto puesto, dependiendo del sondeo. Fue un acérrimo opositor del gobierno de Rafael Correa y durante su administración denunció presuntos casos de corrupción y fue sentenciado a 18 meses de cárcel en 2014, pero no llegó a cumplir la condena porque se ocultó en la selva amazónica.

En 2016 un juez ordenó su encarcelamiento por la revelación de informaciones reservadas. En dicha ocasión se refugió en Lima y en 2017 regresó al país durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Desde entonces, Villavicencio mantuvo un activo perfil político y contaba con resguardo policial, denunciando en los últimos años la actuación del crimen organizado. Villavicencio era también estrecho colaborador del gobierno de Guillermo Lasso. Su asesinato ha conmocionado al país, y es que sólo este año han sido asesinados cuatro políticos locales de diversas tendencias.

Otrora considerado una isla de paz, Ecuador pasó de ser un territorio de tránsito a centro de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas en América Latina. Ante las amenazas del crimen organizado y de quienes buscan salidas autoritarias, el país ha llegado a un punto en el que es urgente priorizar y defender la democracia, la paz y la seguridad ciudadana por encima de las diferencias políticas.

El 20 de agosto será un momento de inflexión por diversos motivos. En primer lugar, se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas. Se trata de elecciones a mitad del ciclo electoral, convocadas por el presidente Guillermo Lasso, tras la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Tal decisión, tuvo lugar en medio de un juicio político iniciado en su contra por acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos.

La investigación, denominada “Gran Padrino”, reveló una presunta red de tráfico de influencias en el seno de empresas públicas, que involucra a personas cercanas al presidente como su cuñado Danilo Carrera, así como la financiación ilícita de su campaña presidencial. El mandatario ecuatoriano ha negado reiteradamente estas acusaciones y, de acuerdo con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, ha intentado censurar la labor periodística de los denunciantes, calificándolos como “terroristas mediáticos”.

La extrema violencia que afecta a Ecuador, las amenazas y el clima hostil que se ha instaurado contra el periodismo, determinaron la reciente salida del país de Andersson Boscán y Mónica Velásquez, periodistas de La Posta, además de haber provocado el exilio de las periodistas Karol Noroña y Lissette Ormaza.

Los actuales problemas de Ecuador son resultado de factores estructurales y fruto de la inacción de la actual administración que carece de una real estrategia de seguridad, y ha contribuido al agravamiento de la situación a través de un proceso de progresiva erosión democrática y de políticas de ajuste y austeridad económica.

En medio de este escenario, en las próximas elecciones los indecisos superan el 50%, pero diversas encuestas afirman que Luisa González (candidata por la Revolución Ciudadana), encabeza la intención de voto e incluso tiene posibilidades de ganar en el primer turno. Los resultados difieren en las siguientes posiciones, pero la mayoría ubica como posibles rivales en un segundo turno a los candidatos Otto Sonnenholzner (Actuemos), Yaku Pérez (Alianza Claro que se Puede) y Jan Topic (Por un país sin Miedo) en orden decreciente.

El 20 de agosto en Ecuador se realizará también una consulta popular histórica que puede poner fin a seis décadas de extractivismo petrolífero en el Bloque ITT, ubicado en el centro del Parque Nacional del Yasuní. Este parque, creado en 1979 y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y refugio de los Tagaeri y Taromenane, los últimos grupos de población indígena en aislamiento voluntario del país. La centralidad de esta consulta reside en la posibilidad de empezar a construir un modelo alternativo al extractivismo que busque garantizar un bienestar sustentable y centrado en los intereses de las mayorías. Es también una forma de preservar una región con importancia estratégica para el mundo, y una contribución concreta contra el cambio climático que ubicaría al país en la vanguardia de la preservación y defensa del medio ambiente.  

Ecuador es hoy un país herido de muerte que requiere un proyecto de unidad, paz y reconstrucción nacional urgente. En este contexto, es fundamental evitar la instrumentalización de asesinatos como el de Fernando Villavicencio e impedir la criminalización de cualquier movimiento político. Frente a las amenazas del crimen organizado y de fuerzas desestabilizadoras, el mejor antídoto es la concertación nacional y el correcto desarrollo de las elecciones previstas, con observación y apoyo de la comunidad internacional.

Aunque se tratará de un gobierno de transición, la próxima presidenta o presidente del país tendrá una tarea hercúlea en la que reconstruir Ecuador y garantizar la democracia, la seguridad ciudadana y la justicia social deben ser la prioridad. Junto a estos objetivos, la consulta sobre el Yasuní ofrece también una oportunidad histórica para empezar a poner fin al extractivismo e implementar acciones de justicia ambiental y climática en beneficio de todos.

La corrupción, el escándalo político y los medios

Ernesto Hernández Norzagaray
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La corrupción, el escándalo político y los medios

Uno de los temas más recurrentes en los medios de comunicación latinoamericanos son los señalamientos de corrupción contra actores políticos que aprovechando el lugar privilegiado que detentan para incurrir en apropiación privada de lo público o lo ponen al servicio de las necesidades de sus partidos políticos o aliados.

Sin embargo, para que eso suceda, resulta necesario que este tipo de trapacerías ilegales configuren un escándalo propiamente dicho, es decir, que tenga mediante su difusión un impacto en los intereses del agente corrupto o corruptor. 

De ahí que en sociedades democráticas el papel de los medios de comunicación resulta estratégico para conocer los arreglos “sucios” que van en contra de la lógica institucional de transparencia y rendición de cuentas como, también, del sistema de valores vigente.

Y es sabido, que la corrupción de los agentes políticos tiene un gran mercado cautivo sea por la baja calificación que tienen estos en la escala de evaluación como por el morbo que suscitan en segmentos de la ciudadanía.

Así, en América latina los grandes de medios de comunicación tienen en su nómina a periodistas de investigación de casos de corrupción de manera que constantemente ofrecen a sus lectores este insumo para la toma de decisiones políticas e, incluso, económicas, cuando se ven actores económicos involucrados en complicidades de corrupción.

O sea, que si la denuncia es un insumo para que el ciudadano tome decisiones convierte a los medios de comunicación en un poderoso instrumento contra la clase política que tiene que lidiar con aquello de que la “política es el arte de lo posible, no de lo deseable” lo que lleva frecuentemente a este tipo de actor a saltar por conveniencia o por necesidad al otro lado de los límites estrechos de la legalidad.

Tenemos, entonces, que constantemente la conversación pública de nuestros países -incluso en las llamadas democracias consolidadas- estén mediados por el “escándalo político de la semana”, habida cuenta de que es un producto que se vende bien en sociedades marcadas por las desigualdades sociales y, atizadas para que estas exijan castigo para los culpables en principio a través de la exposición mediática.

Y es que es muy común que cuando un actor político se ve envuelto en un caso de corrupción primero se le juzgue en los medios y, llegado el caso a tribunales, se le someta a investigación y, eventualmente, se le enjuicie y sentencie con penas pecuniarias y/o corporales.

Un recuento a vuelo de pájaro de lo que está ocurriendo hoy en las ocho columnas de los principales medios impresos, en la conversación de los medios digitales y en las redes sociales, demuestran claramente de cómo los escándalos políticos son lo que más vende en unos medios que no necesariamente están pensados en clave de relaciones de partido en el gobierno y oposición. Aunque, sin duda, cualquier escándalo provoca beneficios y perjuicio en la arena política.

México, por ejemplo, en este momento está en medio del escándalo originado en la sede del Poder Ejecutivo cuando en un acto errático del presidente López Obrador creó a quien seguramente será la candidata presidencial en los comicios del verano de 2024 y ahora, él mismo, por los múltiples medios a su alcance busca bajar a la senadora Xóchilt Gálvez de las preferencias electorales.

En EE. UU. el escándalo de la toma del Capitolio por las huestes trumpistas y la apropiación privada de información oficial clasificada sacude hoy las instituciones de ese país y alcanza al proceso sucesorio que acontecerá a finales de 2024.

En Francia, el escándalo de la violencia policial, que terminó con la vida de un joven árabe provocó recientemente grandes movilizaciones que generaron un serio problema de gobernabilidad y puso en entredicho al sistema de seguridad pública.

En Argentina, los juicios por los escándalos de corrupción de la expresidenta Cristina Kirchner y el intento de destituir a cuatro ministros de la Corte Constitucional ha creado una gran tensión política que se suma a los problemas derivados de la devaluación y la hiperinflación que tiene en la calle a los grandes sindicatos y organismos comunitarios protestando y exigiendo “pan para todos”.

En Brasil, la derrota electoral de Jair Bolsonaro, en mucho se explica por los escándalos de corrupción y marginación social que supo explotar eficazmente el equipo del hoy presidente Lula da Silva.

En definitiva, los escándalos políticos que son resultado de actos de corrupción, pero, también, de cambio de posturas programáticas, son catalizadores de la representación política que pone a cada uno, en su lugar y eso, significa, un efecto positivo o negativo, según se vea, en cada país y grupo de poder.

¿Qué está pasando de cara a las elecciones primarias en Argentina?

Santiago Leiras
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¿Qué está pasando de cara a las elecciones primarias en Argentina?

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones primarias donde se definirán los candidatos que competirán en la primera ronda de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Hasta el momento, se han llevado a cabo elecciones de carácter primaria y general en diecisiete provincias argentinas, en un claro intento de los referentes locales de separar su suerte electoral de la del gobierno nacional. Estos resultados, son pistas de lo que puede llegar a suceder el próximo domingo.

¿Qué está sucediendo con los comicios provinciales?

En primer lugar, se ha producido la ratificación electoral de la mayor parte de los oficialismos provinciales al frente del poder ejecutivo, tal como aconteció en los distritos de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego.

Otro fenómeno a destacar es el de aquellos candidatos oficialistas que sufren derrotas a manos de líderes políticos que, como Rolo Figueroa en la provincia de Neuquén y Claudio Poggi en el distrito de San Luis, han formado parte del círculo íntimo del poder político provincial. Asistimos también, al fin de largos ciclos de hegemonía electoral por parte del oficialismo en los distritos de San Juan y Chubut, en esta oportunidad a cargo de figuras opositoras ajenas al “sistema hegemónico” como Marcelo Orrego e Ignacio Torres respectivamente.

Se espera el test definitivo en las provincias de Chaco, Mendoza y Santa Fe, donde se llevaron a cabo en forma adelantada las elecciones primarias, así como en las provincias donde la elección primaria se realizará el mismo en 13 de agosto como es el caso del distritos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-CABA.

En estos comicios a nivel subnacional, no se estaría registrando un destacado papel de la agrupación de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), como se pronosticaba en diferentes sondeos de opinión a nivel nacional. LLA no estaría avanzando, aunque sí la abstención electoral como expresión de desencanto y desafección política.

El proceso electoral no ha estado exento de episodios de violencia política y social como el acontecido en la provincia de Chaco con la desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski y diferentes episodios de protesta social que tuvieron- y tienen- lugar en la provincia de Jujuy, distrito conducido por el Gobernador- y precandidato a vicepresidente- Gerardo Morales.

Hay que recordar que han transcurrido doce años de la puesta en vigencia de la denominada “Ley de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral”, popularmente conocida como PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), y se ha hecho uso de dicho instrumento para elecciones multinivel en los comicios de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021.

¿Qué puede suceder a nivel nacional?

El resultado del proceso electoral puede arrojar tres posibles ganadores: el oficialismo de Unión por la Patria-UP, la oposición de Juntos por el Cambio-JXC y la protesta política.

El oficialismo encara una campaña electoral en un contexto de una gestión de escasos resultados y bajo nivel de aprobación, aunque con el impulso de un candidato-ministro de Economía, Sergio Massa, con gran vocación de poder y un conglomerado mediático, económico y judicial que patrocina su candidatura desde hace una década.

La oposición, ganadora en los comicios legislativos del año 2021, se encuentra en medio de un proceso interno sumamente disputado que le ha impedido terminar de convencer a una significativa parte de la sociedad de su condición de alternativa electoral. La resolución de la interna entre los candidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich el próximo 13 de agosto podrá a empezar a dar respuesta al interrogante acerca de la capacidad de JXC de “enamorar” a los votantes.

Finalmente, la protesta política parece tener dos canales de expresión, la abstención electoral y/o el candidato Javier Milei. El devenir del proceso electoral nos permitirá discernir si se trata de una expresión coyuntural de malestar social o de una crítica profunda al conjunto de la clase política.

Tal como planteaba una ex ministra del gabinete nacional, Argentina resulta ser un país más entretenido que Suiza. No parece haber dudas al respecto.

Arévalo y un cambio de época para Guatemala

Rogelio Núñez
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Arévalo y un cambio de época para Guatemala

Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla venció con el 58% en las elecciones presidenciales de Guatemala. Pero esta no es solo una derrota para su adversaria electoral Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, sino para el sistema que había hegemonizado durante décadas el poder en el país centroamericano.

Un hecho, aparentemente anecdótico, arroja luz sobre el cambio tectónico que se encuentra detrás de este resultado. Arévalo, quien careció de grandes aportes a su campaña, recibió una donación de 100.000 dólares de un hombre joven, referente del emprendedurismo y la tecnología como Luis von Ahn, el guatemalteco fundador de la aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo. Por el contrario, Torres tuvo como principales apoyos en segunda vuelta, entre otros, a la Fundación contra el Terrorismo cuyo esquema ideológico sigue anclado en el conflicto interno (1962-1996) y el “peligro del comunismo”.

Arévalo logró enlazar con con el presente (las nuevas generaciones) y el futuro (la tecnología) del país, mientras Sandra encarnaba los estertores de un pasado basado en el clientelismo y el patrimonialismo con poca legitimidad entre las nuevas y las viejas generaciones.

La victoria de Arévalo es, desde un punto de vista histórico, una reivindicación de la figura de Juan José Arévalo (padre del presidente electo quien gobernó entre 1945 y 1951). Un presidente que en el imaginario colectivo guatemalteco está considerado como uno de los mejores mandatarios del país (creador del sistema de seguridad social) y a quien un golpe de estado en 1963 le impidió continuar su obra de gobierno.  El apellido Arévalo, con todo su significado y connotaciones, ha tenido influencia en esta victoria pues para la débil identidad colectiva guatemalteca va asociado a una época de reformas sociales y honradez. Y Bernardo Arévalo ha esgrimido como principal bandera electoral la lucha contra la corrupción.

Además, la perennemente frustrada sociedad guatemalteca ha estado desde 2015 buscando infructuosamente un liderazgo capaz de canalizar sus deseos de cambio, transformación y mayor democratización y transparencia. Las movilizaciones contra el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) acabaron con una administración corrupta pero no engendraron un liderazgo alternativo ni un cambio de modelo que el electorado creyó ver en un outsider como Jimmy Morales (2016-2020).

Tras la decepción de este cómico metido a político, el sistema clientelar impidió el cambio vetando la candidatura de Thelma Aldana en 2019 (quien se presentaba bajo el paraguas de Semilla, una organización nacida al calor de lo ocurrido en 2015). Esto posibilitó que llegara a la presidencia un Alejandro Giammattei (2020-24) que logró conformar una amplia alianza informal de partidos e intereses que cooptó el sistema para preservar el modelo hegemónico.

Ahora, en 2023, un electorado joven vinculado a las redes sociales buscó acabar con ese sistema apoyando a figuras anti-elite: primero a Roberto Arzú y luego a Carlos Pineda. El sistema, conocido como “pacto de corruptos”, sacó de la carrera electoral a quienes destacaban y suponían un riesgo para su supervivencia, pero no supo ver la emergencia de Bernardo Arévalo que no sacaba en las encuestas para la primera vuelta más allá del 3% y pasó al balotaje con poco más del 11% en un escenario de amplia fragmentación.

Tras imponerse de forma contundente en la segunda vuelta, Arévalo, con posturas de centroizquierda, encarna un cambio radical, si bien desde la moderación. Llega al poder un proyecto reformista que no busca la vendetta: ha asegurado que no habría subida de impuestos (apuesta por hacer más eficiente la recaudación combatiendo la corrupción y el contrabando), ni alineamiento con China sino buenas relaciones con Pekín y Taiwán dentro de una política exterior independiente.

Además, se muestra como un reformista (vincula su posición izquierdista al modelo del uruguayo Mujica), respetuoso con “todo tipo de propiedad privada”, partidario del aborto pero solo del terapéutico y de facilitar el acceso a la salud con el fortalecimiento del Seguro Social y la eliminación del monopolio de las farmacéuticas estimulando la competencia entre privados. 

Arévalo ha calmado los recelos sobre su procedencia de izquierdas (centroizquierda, en realidad) al hacer hincapié en que su gobierno no supondría el inicio de las expropiaciones de tierras, ni abriría la puerta a la subida o creación de impuestos, ni a la aplicación de una agenda radical en materia de género y mucho menos un ataque al empresariado y a las Fuerzas Armadas, instituciones con las que tendió puentes.

La propuesta transversal de Arévalo, si bien moderada, claramente daña intereses creados por su cruzada contra los privilegios y la corrupción. Sobre todo, quiere cortar “el aceite que lubrica la corrupción …el presupuesto de obras del Estado, porque alrededor de ese presupuesto se tejen las voluntades corruptas del Ejecutivo, de los diputados, de alcaldes, de constructores corruptos”.

Por eso, su gran desafío va a ser alcanzar la gobernabilidad. La institucionalidad (partidos, Congreso y sobre todo órganos judiciales) sale herida en su legitimidad al haber sido cooptados por los intereses corporativos. El nuevo gobernante llega rodeado de grandes expectativas, pero con un reducido margen de acción. No solo tiene una bancada minoritaria con poca capacidad de conformar alianzas con otras fuerzas que le otorguen mayoría, sino que todo apunta a que el bloque de partidos más vinculados al sistema -que son mayoritarios- buscarán bloquear las iniciativas de corte reformista.

Además, sobre Arévalo, que a la hora de gobernar va a enfrentar un serio problema de déficit de cuadros para completar su administración, pende una espada de Damocles que el sistema blande como forma de obstaculizar su administración: la disolución de la personalidad jurídica de Semilla que promueve el actual Ministerio Público provocaría que el grupo parlamentario desapareciera y los diputados no podrían participar en las comisiones del legislativo, lo que debilitaría los respaldos y el margen de acción del gobierno de Arévalo.  

Se perfila así un futuro, sin duda, complejo. Pero algo ya se ha logrado: Guatemala ha votado por la vuelta de una “primavera”: Juan José Arévalo gobernó durante la conocida como “primavera democrática (1944-54)” algo a lo que el candidato ganador ha aludido en repetidas ocasiones y que anuncia el “otoño del patriarca (del sistema)”. El reto para Bernardo Arévalo es convertir esa primavera en eterna (a Guatemala se le conoce como “el país de la eterna primavera”) y evitar un “winter is coming”, la vuelta del invierno del autoritarismo y la corrupción.

Ecuador se ha convertido en una escuela de violencia

Irene Torres
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Ecuador se ha convertido en una escuela de violencia

Ante la más reciente oleada de violencia en Ecuador, todas las escuelas de cuatro ciudades de una de las provincias más pobres, Esmeraldas, cerraron por varios días las puertas a 130.000 estudiantes el pasado mes. En un país con una tasa de pobreza del 28%, la incertidumbre educativa de no contar lo mínimo -un espacio físico para que los maestros impartan clases-, ha vuelto el país invivible para las nuevas generaciones. El gobierno continúa fallando a los niños y jóvenes y contribuye activamente al aumento de la violencia generalizada.

Durante siete años y sin apenas darse cuenta, Ecuador ha ido mostrando poco a poco todos los signos de estar convirtiéndose en un «punto caliente» del crimen organizado. Un indicador de la amplitud y profundidad que ha alcanzado la actividad criminal son las 15.000 municiones encontradas la semana pasada en el interior de la mayor prisión de Ecuador, desde donde se vienen denunciando reiteradamente desde hace años tiroteos y motines en los que los presos son decapitados y sus cadáveres quemados.

En medio de asesinatos políticos, extorsiones sistemáticas, secuestros, tiroteos en restaurantes y peluquerías, la clase dominante ha podido mantener a sus hijos dentro de los confines de sus comunidades cerradas cercanas a privilegiados colegios privados. Mientras tanto, los brotes de violencia han provocado durante algunos años el cierre periódico de las escuelas como último recurso para proteger a los estudiantes de la muerte, las amenazas y el reclutamiento por parte de las bandas.

Sin embargo, privar a los jóvenes de la herramienta fundamental que es la educación puede contribuir en realidad a la crisis actual. La falta de escolarización en Ecuador tiene una clara correlación con la violencia: El 11% de los 31.300 presos totales tienen entre 18 y 22 años, mientras que el 19% de todos los presos no han terminado la escuela secundaria.

Ecuador mostró una débil respuesta educativa durante la pandemia de Covid-19, cuando las autoridades y líderes nacionales y locales hicieron poco por garantizar la enseñanza a distancia, al no proporcionar a los estudiantes la tecnología necesaria para conectarse, ni acceso a Internet. Cancelar hoy las clases presenciales significa que los alumnos no podrán seguir las lecciones a distancia, volverán a quedarse rezagados y, más pronto que tarde, abandonarán la escuela por completo. Ante la reducción de oportunidades, los desertores escolares gravitan hacia grupos delictivos que se solapan con los cárteles de la droga o se integran en ellos librando batallas territoriales, lo que abona aún más el conflicto.

Los niveles de gaslighting o incompetencia son asombrosos. Ingenuamente -o intencionadamente, para ayudar a disipar las críticas contra el gobierno central- el Ministerio de Educación lanzó en 2022 el Plan Escuelas Seguras. El plan contemplaba dotar de vigilancia policial a los lugares donde se ubican las escuelas. Pero los agentes, que no han sido cooptados por los grupos criminales, carecen de formación y recursos de calidad y son blanco de la violencia impune que controla algunas zonas del país, por lo que tienen las manos atadas.

Tampoco es posible dedicar la fuerza policial a vigilar escuelas cuando hay necesidades más apremiantes en otros lugares. El efecto sería tan nulo como el de otro elemento absurdo del plan destacado por el ministro del Interior, Juan Zapata: la puesta en marcha de festivales por la paz y talleres de crianza como medida para reducir los niveles de violencia.

Los síntomas de violencia son ignorados desde hace tiempo, tanto por el Gobierno como por organismos intergubernamentales. En 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebró la disminución de la tasa de homicidios dolosos en Ecuador, señalando la legalización de las pandillas como clave para reducir la violencia a través de la inclusión social. Fue el mismo año en el que el narcotráfico transnacional, junto con sus nocivas implicaciones, comenzaba a mostrar dañinas señales de su expansión en el país.

Como era de esperar, la violencia en las escuelas ecuatorianas se había vuelto tan profunda y generalizada, que algunos estudiantes preferían evitar asistir a clases, independientemente de si también estaban expuestos a la violencia dentro de sus familias. Ese mismo año, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) descubrió que el 37% de los estudiantes había presenciado al menos un episodio violento en su escuela, o cerca de ella, cuatro semanas antes de ser encuestados. Sin embargo, los documentos oficiales culpaban a las familias de la violencia escolar, ignorando la conexión con conflictos sociales más amplios. Con unas tasas de finalización de la enseñanza secundaria del 72%, los jóvenes desocupados y desempleados eran una bomba de relojería a punto de estallar.

Aunque en el sector de la educación se hicieran inversiones acordes con las necesidades urgentes de restablecer los niveles anteriores de paz en Ecuador, las esperanzas de que la escolarización cambie el futuro de los desfavorecidos y marginados son vanas si el gobierno es incapaz de combatir el crimen organizado. Las prisiones que funcionan bajo el mandato de los cárteles de la droga y que llevan la voz cantante mediante la cooptación y la connivencia con el ejército, la judicatura y la policía ya no necesitan reclutar miembros en los recintos escolares. Las bajas educativas de la guerra criminal llenarán sus filas durante años.

Una de las premisas de la educación es que las escuelas ofrecen oportunidades de aprendizaje y pueden promover el bienestar de los estudiantes. Por lo tanto, su cierre sólo puede suponer un agravamiento de la actual crisis de Ecuador y tener efectos negativos y duraderos en las trayectorias de vida de todos los estudiantes, no sólo de quienes son directamente afectados por la violencia.

Constitución, extractivismo y el conflicto en Jujuy (Argentina)

Diego M. Raus
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Constitución, extractivismo y el conflicto en Jujuy (Argentina)

A mediados de junio, el gobernador de la provincia argentina de Jujuy, Gerardo Morales, recién reelecto por el opositor Juntos por el Cambio, hizo aprobar en la cámara provincial una reforma de la constitución de la provincia. La reforma ha desatado un conflicto al interior de la provincia, con repercusiones en la política nacional, de cara a la elección presidencial de octubre, y se enmarca en una cuestión hace años presente en Sudamérica: el extractivismo minero y las tierras que comunidades aborígenes ancestrales reclaman como propias.

A nivel regional, ha habido enfrentamientos entre comunidades locales y gobiernos por temas vinculados al extractivismo en numerosas ocasiones. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales se vio enfrentado a comunidades locales por el tratado de la ruta interoceánica (TIPNIS), así como en Ecuador hubo conflictos y una ruptura definitiva de las relaciones entre la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) y el gobierno de Rafael Correa luego de la habilitación de inversiones petroleras en tierras comunales.

En Argentina, la reforma constitucional que promovió el gobernador Morales, dicho sea de paso, candidato a vicepresidente para las elecciones primarias de una de las dos listas del opositor Juntos por el Cambio, promueve entre otras cosas la modificación de un articulado anterior por el cual se establecía que “el derecho a la propiedad privada no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas”. 

Además, la reforma indica que “las leyes procesales de la Provincia deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. Y se añade que “será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución”.

Por otro lado, también se dio de baja un artículo que garantizaba derechos ancestrales de las comunidades indígenas sobre sus territorios, a la vez que lo suplanta por otro articulado que establece que el Estado promoverá la entrega de otras tierras para el desarrollo de las comunidades afectadas. La nueva Constitución se resguarda, además, de las protestas de las comunidades afectadas ya que considera que el Estado debe asegurar “la convivencia democrática” asegurando los derechos de todas las personas. Y para ello establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos”.

Muchos países latinoamericanos han reformado sus constituciones en las últimas tres décadas para dar paso a modificaciones sustantivas en el desenvolvimiento económico y político de los países y han introducido cambios estratégicos afines a los programas políticos de los gobiernos que promovieron esas reformas. En esta clave se debe entender la reforma de la Constitución provincial de Jujuy: modificaciones que aparecen como las más importantes y publicitadas, junto a reformas de base que dan pie al despliegue de nuevos intereses y proyectos. Y en el caso de Jujuy, la reforma se enmarca en el extractivismo minero en relación a la nueva perla de la economía mundial: el litio.

Parece ser que la Argentina tiene, después de Bolivia y Chile, el tercer gran yacimiento mundial de litio, componente esencial de las nuevas baterías que alimentan desde celulares a autos eléctricos. Y, en Argentina, los yacimientos de litio están en Jujuy, en territorios que hasta ahora solo eran depósitos de sal, mineral estratégica y comercialmente menor. Esas salinas, más las tierras contiguas que se verán afectadas por este extractivismo expansivo dado que necesita rutas, canales comerciales, ingresos de maquinarias, es lo que suscitó el reclamo de comunidades aborígenes del lugar, que, si bien son muy pequeñas en relación a sus vecinos, siempre han sido marginadas por los gobiernos de turno.

Pero este nuevo escenario modificó esa relación a la vez que generó nuevas demandas y formas de acción colectiva de la protesta social. Ante la reforma constitucional, y la lectura que se hizo de ella en función de los intereses de las potenciales compañías mineras, estalló la protesta en forma de cortes indefinidos de rutas estratégicas para el comercio y el turismo del noroeste argentino, y la comunicación fronteriza con Bolivia.

La primera represión del gobierno de la provincia para desalojar los cortes nacionalizó el conflicto, dado que se añadió la cuestión política electoral en vista de las elecciones primarias de agosto (PASO) y las generales de Octubre, teniendo en cuenta que el gobernador Morales es precandidato a la vicepresidencia junto a Horacio Rodríguez Larreta por Juntos por el Cambio. Esto movilizó al oficialismo nacional junto a los candidatos del oficialista Unión por la Patria a repudiar la represión contra los manifestantes en las rutas y a rechazar la nueva constitución bajo la consigna de que responde a los intereses de las mineras.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien el gobierno nacional apoyo la protesta en el caso de Jujuy, en otras provincias el mismo gobierno generó y sostiene otro tipo de relación con el extractivismo y las corporaciones mineras transnacionales.

Por ello, más allá de cómo evolucione el conflicto, que pareciera diluirse en el tiempo, lo cierto es que una vez más se plantea el dilema estructural entre las necesidades económicas de nuestros países y la preservación ambiental en la región. El extractivismo minero es absolutamente dañino del medio ambiente, pero seduce con la rentabilidad inmediata. Mientras, a mediano plazo, se evidencia cada vez más la posibilidad del colapso ambiental.

El papel de las escuelas en la prevención del extremismo violento

Miriam Abramovay
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El papel de las escuelas en la prevención del extremismo violento

Coautores Lucas José Ramos Lopes y André Bakker da Silveira

A nivel global, las razones que llevan a los jóvenes a realizar ataques extremistas en las escuelas son complejas y multifactoriales. Sin embargo, deben entenderse desde el contexto más amplio y general de la violencia en las escuelas. La violencia es un fenómeno dinámico relacionado con el ámbito escolar que durante mucho tiempo ha sido desatendido y subestimado por la sociedad y los gobiernos.

Además de comprender las múltiples facetas de la violencia en la escuela y su comunidad, pensar estratégicamente sobre la prevención del extremismo violento también requiere comprender los llamados factores push y pull: factores que empujan y atraen. Estos factores representan situaciones que influyen en la entrada de una persona en espacios extremistas y la llevan a apropiarse de la ideología allí presente, lo que puede resultar o no en un acto de violencia extremista.

Los factores de empuje son el aislamiento social y el sentimiento de ser víctima de la sociedad, el gobierno o los movimientos sociales (típicos en grupos masculinistas, como los incels -célibes involuntarios- que ven el feminismo como un enemigo a combatir). Los factores de atracción son aquellos ofrecidos por grupos extremistas, pero desorganizados, que hacen que un individuo se sienta conectado con la ideología o causa, y tenga un sentido de pertenencia y propósito, a través de la simplificación del mundo.

Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2023, la discriminación, que es un comportamiento que debe ser considerado como una alerta en la búsqueda de la prevención del extremismo violento, forma parte del cotidiano de la escuela. El 15,5% de los directores entrevistados afirman haber observado discriminación contra algún miembro de la comunidad escolar. Tanto desde la perspectiva del agresor como de la víctima, la discriminación también debe ser vista como un factor que empuja a los jóvenes hacia el extremismo violento, ya que es notable el poder de esta violencia en la formación de identidades individuales, como la homofobia, el racismo, el capacitismo, el sexismo, la gordofobia o la xenofobia, entre otras.

Es importante recordar que la escuela, como institución, también produce y reproduce violencia simbólica y microviolencia con mecanismos propios que pueden excluir, restringir libertades y formas de expresión. La violencia institucional en la escuela se da en un entramado de significados, gestos y palabras y está determinada por la estructura de la institución.  Muchas veces esta incluso desatiende las manifestaciones espontáneas de violencia y hace la vista gorda ante violaciones de otros derechos.

El Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2023 también llama la atención sobre la naturalización de la violencia, pero revela algo más complejo. Un ejemplo son los datos relacionados con el robo de material escolar, mochilas, cuadernos, estuches, dinero, muchas veces celulares y otros objetos. A menudo, esto es visto como un acto banal y no se tiene en cuenta que puede conducir a una pérdida de confianza en la institución escolar.

Afirmar la escuela como lugar de protección, así como de acogida, requiere apoyarla en la recomposición de la capacidad de comunicación con las nuevas culturas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como de sus familias, tomando en cuenta las desigualdades sociales que transforman y muchas veces tensan las relaciones sociales.

Ninguna escuela es una isla

De acuerdo con el Informe de Recomendaciones para Combatir el Discurso del Odio y el Extremismo en Brasil, publicado por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, elementos extraescolares como el culto a la violencia como forma de justicia y el armamentismo, están asociados con la violencia contra las escuelas. Además, la violencia que sucede alrededor de la escuela genera un sentimiento de inseguridad y pone a los estudiantes y docentes en un constante estado de alerta y estrés, impactando negativamente la interacción y el aprendizaje. Los episodios de disparos, las balas perdidas y las operaciones policiales alrededor de las escuelas desencadenan ansiedad y miedo. Solo en 2021, 1.295 escuelas, el 1,7% del total nacional, informaron episodios de tiroteos y balas perdidas. En el mismo año, el 0,9% de las escuelas brasileñas vieron interrumpidos sus calendarios académicos por episodios de violencia.

La violencia contra la niñez y la adolescencia impacta en las escuelas con diferentes contornos, variables extramuros y otros fenómenos como la violencia urbana, el autoritarismo y el extremismo. Conocer los factores que empujan y ponen en contacto a niños y jóvenes con ideologías extremistas permite visualizar cómo la institución escolar, con sus ya conocidas múltiples formas de violencia, puede contribuir de manera práctica.

La prevención se puede dividir en tres frentes: primario, secundario y terciario. El segundo está dirigido a individuos ya identificados como agresores o que están inmersos en una cultura extremista, mientras que el primero y el segundo están enfocados a la sociedad en su conjunto y grupos vulnerables, respectivamente. A nivel escolar, será necesario capacitar e informar a la comunidad, al personal escolar y, en especial, a los educadores, para que comprendan el problema y actúen en prevención primaria y secundaria.

La solución a estos problemas no pasará simplemente por respuestas individuales o de seguridad pública con políticas represivas. Es urgente implementar programas de convivencia escolar que consideren el pluralismo democrático y deconstruyan estereotipos y posiciones hegemónicas a través de una política pública de prevención para que el riesgo cotidiano se transforme en cotidiano protector.

*Este texto es parte del proyecto (Re)conectar: ​​acercando a las personas a las escuelas para superar la violencia, realizado por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://apoia.se/reconectar_escolas

Secretaria Ejecutiva de la Coalición Brasileña por el Fin de la Violencia contra Niños y Adolescentes. Maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR).

Gerente de Investigación y Proyectos del Instituto Aurora para la Educación en Derechos Humanos. Máster en Filosofía por la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y miembro titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Curitiba.

Una crisis hídrica socialmente construida en Uruguay

Natalia Dias Tadeu
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Una crisis hídrica socialmente construida en Uruguay

Coautora Micaela Trimble

Desde fines de abril, más de la mitad de los uruguayos ha venido enfrentando problemas de cantidad y calidad del agua. La población está siendo abastecida por agua con concentraciones oscilantes de salinidad, proveniente de una mezcla de agua dulce del embalse de Paso Severino y agua salobre del estuario del Río de la Plata. La Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) viene gestionando, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el aumento de las concentraciones de sodio y cloruro en el agua distribuida como alternativa para evitar los cortes de agua. En medio de la crisis, el discurso oficial culpabiliza los factores climatológicos, al mismo tiempo que apuesta a que la solución venga de la mano de las lluvias.

Ese discurso ha conllevado también un fortalecimiento de la defensa de proyectos hidráulicos que permitan aumentar la oferta de agua como el Proyecto Neptuno. Mientras que las medidas de gestión y control de actividades que se desarrollan en el territorio de la cuenca del Río Santa Lucía, de donde se abastece a la zona metropolitana de Montevideo, no han tenido la misma suerte.

El problema del agua

Mientras el discurso oficial mencionaba que el agua de OSE era “bebible”, pero sin atender los patrones de potabilidad, las sociedades médicas recomendaban que algunos grupos sociales como los afectados por hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis o embarazadas evitaran el consumo. Entre las consecuencias de las medidas adoptadas por el gobierno, estuvo la promoción del consumo de agua embotellada lo cual amplió las desigualdades sociales en el acceso al agua potable y segura al consumo, previsto constitucionalmente como derecho humano.

Inicialmente, la preocupación por la falta de lluvias era con el sector productivo agropecuario, uno de los principales sectores económicos del país, lo cual llevó a la declaración de una emergencia agropecuaria. Posteriormente, con la intensificación del problema, se incorporó también la preocupación por el agua para el consumo de la población. Y varios meses después, se declaró una emergencia hídrica, agilizando las inversiones en obras.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) relata que los últimos tres años han sido extremadamente secos y señala una relación entre este período seco con la fase “La Niña” del fenómeno de la Oscilación Sur del Pacífico. Además, existen estudios que muestran que esta sequía fue intensificada por las acciones humanas que han generado un aumento de temperatura.

Aunque hay factores climáticos en juego, resulta llamativo que el gobierno no se haya enfocado en otras dimensiones, como por ejemplo las medidas de gestión del agua y del suelo. Tampoco ha escuchado alternativas propuestas por actores de la cuenca y la zona afectada. Desde la oposición política, se ha criticado el hecho de no haber concretado proyectos hidráulicos propuestos por gestiones anteriores. En su lugar, se le dio prioridad al Proyecto Neptuno, una propuesta que involucra al sector privado y la construcción de una planta que potabilizará agua del Río de la Plata.

Desde la academia y las organizaciones sociales involucrados con la temática se considera que existen problemas de larga data relacionados con la falta de implementación y control de medidas para la reducción del deterioro ambiental de la cuenca. Esto está asociado a diversos conflictos entre los diferentes usos del agua y del suelo en la cuenca. Se suma a esto, una baja permeabilidad a la participación social en la toma de decisiones relacionadas a la planificación, gestión y control del agua.

Otro aspecto que genera preocupación es la pérdida de agua potable en las redes de distribución por falta de mantenimiento. El International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (2015) muestra que Uruguay posee una pérdida de casi 50% del agua potable producida en las plantas potabilizadoras. En este marco es planteada la interrogante ¿Por qué el gobierno está apostando a ampliar la oferta de agua, en lugar de tomar medidas para reducir significativamente las pérdidas de la propia red de distribución?

De las decisiones centralizadas al agua embotellada

Los ámbitos participativos, establecidos a raíz de la reforma constitucional de 2004 e integrados por diversos sectores, fueron tardíamente convocados para abordar la crisis. La Comisión de Cuenca y el Consejo Regional de Recursos Hídricos sesionaron recién en junio, cuando la crisis ya estaba avanzada, con protestas sociales casi diarias.

Sin embargo, no es la primera vez que estos ámbitos son ignorados y su función se ve seriamente afectada. En otros países del Cono Sur, también se ha visto que, en momentos de crisis, los procesos de toma de decisiones tienden a ser más centralizados, menos transparentes y participativos, y explicitan la desigualdad de poder entre los diferentes actores involucrados.

En el caso de Uruguay, hay un sector que salió aún más empoderado: el mercado de agua embotellada. Las ventas de agua se triplicaron tras la reducción intencional de la calidad del agua distribuida a la población. En consonancia con lo planteado por otros investigadores, más allá de discutir el subsidio del agua embotellada para la población con menor renta, se debería cuestionar esta forma de pasar la responsabilidad de abastecimiento público de agua potable al sector privado.

Como conclusión, vale señalar que en Uruguay no falta agua y que solo la lluvia no traerá la solución a esta crisis. Estas afirmaciones pueden generar sorpresa, pero esta crisis va más allá de la falta de agua en los reservorios o de la salinidad del agua que sale del grifo. Nos muestra, por un lado, la insistencia en las mismas respuestas gubernamentales en la ampliación de la oferta de agua a través de proyectos hidráulicos. Y por otro lado, evidencia los problemas con la participación social y la ampliación de la discusión de una crisis que afecta a aproximadamente 2 millones de personas.

Agua no falta en Uruguay, pues incluso frente a la crisis del abastecimiento en la zona metropolitana, no faltó oferta de agua (embotellada). Es decir, no hay dudas de que se observó un déficit cuali y cuantitativo de agua dulce que afectó de forma desigual a parte de la región centro-sur del país. Pero la crisis resulta de las medidas adoptadas (o no), generando consecuencias.

El gobierno optó por reducir la calidad del agua pública distribuida, con el conocimiento de que tal medida podría generar la reducción de la confianza de la población en la empresa pública y un mayor consumo de agua embotellada (que puede mantenerse). Es decir, se apostó al clima (por las lluvias) y a los mecanismos de mercado. El primero no puede ser culpable por decisiones políticas; el segundo, no busca prestar un servicio equitativo a la población y tampoco gestionar un bien común.

Micaela Trimble es profesora de la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Udelar. Investigadora Asociada del Instituto SARAS (Uruguay). Doctora en Manejo de Recursos Naturales y Medioambiente por la Universidad de Manitoba, Canadá.

La inevitable convulsión social en Perú

Christopher Mendonça
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La inevitable convulsión social en Perú

Luego de cuatro meses de un relativo apaciguamiento de los ánimos de los miles de ciudadanos que protestaron a lo largo y ancho del territorio peruano, esta semana el país retoma un cuadro de gran preocupación por su seguridad pública. Los discursos de la presidenta Dina Boluarte y los esfuerzos de su equipo no han sido suficientes para evitar que la población peruana exprese su descontento con la política nacional.

Perú es un país que ha enfrentado, en los últimos años, una serie de episodios de inestabilidad política marcados por la caída y ascenso de personalidades al poder. En los últimos cinco años, el país ha tenido seis jefes de Estado diferentes. La sexta figura en ocupar tal cargo fue elegida en 2021 como vicepresidente del país. Tras un intento de golpe de Estado, marcado por la orden de disolver el Congreso, el presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido ante las acusaciones que aún recaen sobre el ex mandatario. Su compañera de fórmula, la actual Presidenta Dina Boluarte, fue la primera mujer en la historia republicana de Perú en gobernar el país.

Boluarte, abogada de formación y con experiencia en diversos cargos de la administración pública, asumió el cargo en diciembre de 2022 y ya en sus primeros actos como presidenta tuvo que enfrentarse a fuertes protestas organizadas por distintos sectores de la sociedad. Al principio, un pequeño grupo de partidarios del ex presidente Castillo salió a las calles. Poco a poco, los movimientos aglutinaron a estudiantes, trabajadores, mujeres y representantes de diversas minorías sociales para cuestionar la legitimidad del gobierno de turno. Aunque las protestas no están unificadas en sus intereses, convergen en el deseo de que el actual presidente adelante las elecciones que constitucionalmente deberían celebrarse en 2026.

La reacción de los poderes públicos ante las protestas fue bastante dura. Especialmente en Ayacucho y Juliaca, dos ciudades peruanas, decenas de personas fueron violadas -y algunas asesinadas- por las Fuerzas de Seguridad Nacional, que exigieron la paralización inmediata de los movimientos de protesta. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la violencia urbana alcanzó niveles que preocuparon incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró estar observando muy de cerca la situación en el país.

A mediados de junio, tras un periodo de negociaciones entre el gobierno y la población, se reanudaron las protestas. En vísperas del 202 aniversario de la independencia de Perú, las calles de Lima y otras partes del país volvieron a llenarse de descontento.

La presidenta, que parecía estar negociando unas elecciones anticipadas, ha empezado a dar señales de que pretende permanecer en el cargo hasta que expire el mandato para el que fue formalmente investida en 2022. En sus discursos oficiales, la presidenta culpa al Congreso de la imposibilidad de resolver el impasse. Para que se celebraran nuevas elecciones, el legislativo nacional debía ser habilitado, cosa que no ocurrió. En una reciente encuesta de opinión pública publicada por Latinobarómetro, la presidenta peruana tiene uno de los niveles más bajos de aprobación popular entre los líderes latinoamericanos, sólo superada por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

En un discurso de más de tres horas ante el Congreso y las principales autoridades peruanas, la presidenta Boluarte lamentó la violencia entre las fuerzas de seguridad y la población sin reconocerse, sin embargo, responsable de estos enfrentamientos. Su discurso careció del mea culpa esperado por diversos sectores de la sociedad. La presidenta defendió también un «pacto de reconciliación nacional» destinado a restablecer el orden público nacional, que ya ha sufrido pérdidas económicas inesperadas.

Al mismo tiempo que tendía la mano a la población, también pidió al Congreso que autorizára la ampliación de las capacidades de seguridad del poder ejecutivo. La justificación es la posibilidad de que grupos criminales, incluidos terroristas, se aprovechen de la debilidad social en la que se encuentra el país para cometer diversos delitos.  

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