La diversidad cultural también es biodiversidad

Una comunidad ribereña a orillas del río Amazonas ha dejado de consumir tortugas debido a su escasez. Las comunidades indígenas del desierto de Atacama, en Chile, reorientaron sus relaciones con los recursos hídricos debido a la creciente escasez de agua para mantener e incluso crear zonas de gran biodiversidad. Mientras que en Bolivia, mujeres de varias comunidades locales, indígenas y no indígenas, se reúnen para intercambiar experiencias y semillas para superar la pérdida de biodiversidad en sus sistemas alimentarios. ¿Qué tienen en común? Sus dinámicas culturas vivas siguieron los cambios en sus territorios. Adaptaron sus prácticas cotidianas para preservar el entorno mediante la presencia y el cuidado.

El Marco Mundial para la Biodiversidad de Kumming-Montreal, resultado de la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (CDB), es considerado un intento histórico de seguir protegiendo los ecosistemas del mundo. El acuerdo aboga por aumentar el número y la extensión de las zonas protegidas en todo el planeta, con un ambicioso objetivo: tener bajo la categoría de Parques y otras zonas protegidas el 30% de la superficie terrestre y marina total de la Tierra para 2030. El nuevo marco presenta objetivos más audaces y avances en la integración de la biodiversidad en la política y la toma de decisiones a escala mundial.

Sin embargo, el problema es que el marco se centra en la implantación de más áreas protegidas, como los Parques Nacionales, dando poca prioridad a lo que debería estar en el centro de las políticas de conservación: la diversidad cultural y la reparación histórica. Las Áreas Protegidas de Uso Sostenible abordan parte del problema, pero a menudo no sitúan a las poblaciones locales en el centro de la escena.

Aunque «los pueblos indígenas y las comunidades locales» se citan 10 veces en distintas partes del texto, la mención contempla su inclusión en políticas que suelen protagonizar otros actores e instituciones -como las grandes ONG conservacionistas internacionales- y no su papel clave para hacer el mundo más diverso, biológica y culturalmente. La meta 3 del informe, reconoce que los derechos territoriales de las comunidades indígenas y tradicionales deben respetarse, pero no perseguirse. No se menciona el apoyo al desarrollo de marcos institucionales para el reconocimiento cultural o las reivindicaciones territoriales como aspectos críticos para promover la diversidad de la vida en la Tierra.

En el caso de las tierras indígenas, aunque queda mucho por hacer para aplicar y reconocer adecuadamente esos territorios, los marcos jurídicos están mejor establecidos. Tras las luchas de los líderes indígenas por impulsar esta agenda, incluso en los debates mundiales sobre conservación, las instituciones jurídicas multinacionales y nacionales han avanzado.

Peor es el caso de las poblaciones locales no indígenas. Las salvaguardias legales de sus relaciones específicas con el medio ambiente son mucho más frágiles, y sus prácticas cotidianas en el cuidado de los bosques más biodiversos del mundo pasan desapercibidas.

En América Latina hay una gran riqueza cultural de formas de relacionarse con el medio ambiente, algo que también ocurre en muchas partes de África y Asia. Se trata de pastores, seringueiros, comunidades ribereñas, pescadores tradicionales y mujeres, campesinos, pantaneiros, quilombolas y muchos otros con una sólida cultura basada en el lugar que abarca su entorno vital. Son poblaciones marcadas por legados históricos particulares, como la diáspora africana y otras formas de colonialidad, que han desarrollado formas propias de vivir y sobrevivir en su entorno. A lo largo de los años, se han adaptado constantemente, creando territorios de vida, gestionados y protagonizados por personas con la naturaleza.

Al observar los contextos materiales del sur, queda claro que reconocer a las poblaciones locales en los proyectos de conservación para delimitar más Parques, Reservas y otras áreas protegidas no es suficiente para desarrollar una conservación ambientalmente eficaz y culturalmente justa. Por lo tanto, debemos plantearnos qué significan los esfuerzos de conservación inclusiva.

Se profundizará sobre estos temas durante el Congreso de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad (SRI2023) que se celebrará este mes en Panamá en la sección titulada «Compromiso de las partes interesadas para una conservación transdisciplinar e inclusiva». Es de esperar que de allí surja una serie de recomendaciones sobre la inclusión en los esfuerzos de conservación para contribuir a que las poblaciones indígenas y no indígenas se conviertan en protagonistas de la solución para detener la pérdida de biodiversidad, y no sólo en algo que se contemple al margen de las principales áreas de conservación restrictivas.

La riqueza de las soluciones disponibles producidas por esos pueblos es vital para cualquier camino que avance hacia un mundo más sostenible poblado por culturas y ecosistemas diversos. Sin embargo, de momento esfuerzos como los de las comunidad ribereña a orillas del río Amazonas, de los indígenas de Atacama o las mujeres bolivianas siguen siendo en gran medida invisibles en los debates sobre cómo detener la pérdida de biodiversidad a escala mundial.

Las elecciones judiciales y el frágil Estado de Derecho boliviano

La sujeción a la norma en sentido estricto ha sido una tarea pendiente en Bolivia desde su independencia. Bolivia ocupa la tristísima posición número 130 del índice global de Estado de Derecho. The Economist cataloga sistemáticamente a Bolivia como un régimen híbrido en el índice de la democracia, es decir, no es una democracia. Al parecer, el desenvolvimiento del país en cuestión de respeto a los derechos humanos, independencia judicial, lucha contra la corrupción, respeto a la oposición y libertad de prensa, entre otros, es igual de sobresaliente que su desempeño futbolístico.

Pocas cosas se han mantenido constantes en el país de los movimientos sociales y las rupturas políticas, una de ellas es su sistema de justicia en el que abundan los interinatos, la incertidumbre en el nombramiento de las altas magistraturas, las designaciones cuestionadas de jueces y fiscales y las deficiencias del sistema penal boliviano. Cambiando dos o tres líneas, el informe de la CIDH de 2009 bien podría perfectamente estar describiendo la situación actual del país en 2023. A saber, el proceso de selección de magistrados para los más altos tribunales de justicia está, como siempre, sumido en una preocupante incertidumbre a la que la población ya es indiferente.

Después de haber sido convocado el 27 de marzo de 2023, el proceso de selección de magistrados fue anulado en dos ocasiones, con acusaciones de parcialización, por acciones constitucionales que, casualmente, fueron a parar a manos de magistrados que buscan postularse a tribunales distintos (una estrategia para burlar la prohibición de repostulación), dejando patente una suerte de cambalache judicial. El pasado día 18 de mayo la cámara de diputados declaró en cuarto intermedio el debate para reencauzar el proceso de selección de magistrados, después de semanas de paralización porque su primer vicepresidente había ordenado preparar la cena… volvieron a sesionar el 24 de mayo aprobando una ley para reducir plazos, pero la continuidad del procedimiento todavía depende del Tribunal Constitucional.

Algo parecido sucedió el 2022 con la selección del Defensor del Pueblo. No hubo acuerdo para una convocatoria transparente y la mayoría oficialista se impuso el 18 de marzo de 2022. El oficialismo y la oposición dilataron hasta el cansancio la designación del nuevo defensor. Parecía que el oficialismo no tendría la capacidad de imponer un candidato al no contar con dos tercios de los votos camarales y se forzaría un consenso. No obstante, el 23 de septiembre de 2022 el oficialismo finalmente logró designar a su candidato aprovechando la ausencia masiva de la oposición que se encontraba celebrando las fiestas de Santa Cruz.

Sin embargo, lo más preocupante del proceso de selección del Defensor del Pueblo, no fue el resultado, sino el camino. Entre medio, una Sala Constitucional le otorgó la potestad al Presidente del Estado de pasar por sobre la Asamblea Legislativa en caso de no existir consenso y designar al defensor por Decreto Presidencial. Aunque esto no aconteció, los fundamentos expuestos en la sentencia podrían ser usados para la designación de otras autoridades, como el contralor o, inclusive, los altos magistrados. 

Estoo es parte de una jurisprudencia constitucional al servicio del poder de turno. No basta si no recordar la Sentencia 0084/2017 que posibilitó la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular, incluido la del presidente Evo Morales, contraviniendo lo expresado por la constitución. Aunque la Corte IDH desahució la reelección indefinida en su Opinión Consultiva OC-28/21, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto, manteniendo vigente a la reelección indefinida dentro de la jurisprudencia.

El Estado de Derecho está profundamente lesionado por la falta de independencia, instrumentalización, ausencia de debido proceso, uso abusivo de prisión preventiva y obstáculos al acceso a la justicia. Bolivia marca todas esas casillas desde la conformación de sus débiles tribunales en democracia, si bien es cierto, con algunos momentos célebres en los que la presión popular jugó la carta ganadora (el Juicio a García Meza y la devolución de curul de diputado a Evo Morales). 

La evaluación general, sin embargo, es negativa. El Informe 2021-GIEI advierte que se necesitan implementar reformas profundas en el sistema de justicia. Bolivia cuenta con una población carcelaria que triplica con creces la capacidad de su infraestructura con más de 70% de presos sin sentencia. Ello es consecuencia de la falta de independencia de jueces y fiscales, así como de la utilización política del sistema judicial.

El problema de fondo parece ser la importación de un sistema de pesos y contrapesos que no se adecuó jamás a las características propias de América Latina. Reflexiones como “la pesadilla” de Linz o “el desastre” de Ackerman, además de la suma de un Poder Electoral que no ha terminado de cuajar, predijeron el caos de un sistema que carece de capacidad para controlar al poder, en el que casi todo tiende a un autoritarismo descafeinado. Ministros y otras altas autoridades son investigados y detenidos por corrupción, abogados y otras autoridades “se caen” de edificios de más de diez pisos y el narcotráfico descuella.

Las amenazas desde el ejecutivo son también preocupantes. El ministro de justicia amenaza a jueces, fiscales y políticos con procesos y condenas a diestra y siniestra. En lo que va del año 2023 ya amenazó al líder de la oposición Carlos Mesa con que deberá rendir cuentas a la justicia y también sugirió al Tribunal Constitucional la destitución de dos de sus magistradas. El ministro de gobierno no pierde la oportunidad de exhibir públicamente a todo quien haya sido aprehendido a pesar de haber recibido por ello reprimenda de HRW por violar la presunción de inocencia. ¿Quizá deba reconocérseles la honestidad de hacer público el juego de extorsiones y amenazas que siempre se había hecho en secreto?

El desánimo generalizado de la población no muestra un futuro esperanzador en Bolivia. Las elecciones judiciales no parecen llegar a buen puerto. No sólo la dilación del Legislativo sino también el bombardeo desde el Tribunal Constitucional hacen temer unas designaciones de magistrados por Decreto Presidencial. Lo más triste del caso es que es tan grave el posible desenlace de un Ejecutivo todopoderoso que inclusive el cuoteo de magistrados por el Legislativo y la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos parece no ser el peor destino.

¿Cómo afecta la inseguridad a la popularidad del presidente?

¿Puede la sensación de inseguridad ciudadana hacer colapsar la credibilidad de un presidente? O, por el contrario, la percepción de violencia bajo control, en un contexto de seguridad que está aumentando, ¿podría fortalecer el prestigio de los gobernantes? ¿O solo cuentan los éxitos y fracasos en el terreno económico para entender la popularidad o impopularidad del Ejecutivo en nuestra región?

Según encuestas de opinión pública, los votantes latinoamericanos están inmersos en el pesimismo. El estudio Latinobarómetro muestra que la proporción de las personas insatisfechas con la democracia pasó de poco más de la mitad en 2008 a tres de cada cuatro personas en 2020. Las razones son conocidas. Con la excepción de 2020 y 2021, cuando el mundo estaba inmerso en la pandemia de la COVID-19, todos los sondeos muestran que para los latinoamericanos el principal problema es la situación económica, especialmente el desempleo y los bajos salarios, y le siguen la delincuencia y la corrupción.

Concretamente en el tema de la seguridad ciudadana, el 38% de los latinoamericanos dice vivir en lugares donde hay crimen organizado, grupos armados, narcotraficantes o «pandillas», y más de la mitad dice cambiar sus horarios por miedo.

Desde hace algún tiempo, la inseguridad y la sensación de amenaza o violencia inminente se ha convertido para los gobernantes en una amenaza a su autoridad, comparable con la devaluación del poder que causan la inflación y otras incertidumbres económicas. ¿Qué impacto puede tener entonces la centralidad del problema de la falta de seguridad y previsibilidad de la integridad física y patrimonial en la evaluación de los gobernantes?

El impacto que tiene tanto la sensación de inseguridad como la experiencia objetiva del delito en la opinión pública con respecto a los presidentes latinoamericanos es, según los estudios, demoledor. De ahí, las posturas de “mano dura” y decisionismo controlando la percepción de amenaza y transmitiendo una sensación pública de orden que buscan imprimir los gobernantes.

Una cuestión clave para determinar este efecto es el grado de asignación constitucional de la responsabilidad de mantener el orden y controlar la delincuencia, que puede ser exclusiva del Gobierno nacional o compartida. Sería natural esperar que la popularidad de los Gobiernos nacionales, con responsabilidad exclusiva en materia de seguridad, se viera más afectada por los sentimientos de vulnerabilidad personal o patrimonial y la sensación de victimización. En otras palabras, los votantes tenderían a castigar o a recompensar más a quienes ocupan cargos en contextos en los que su responsabilidad en materia de seguridad pública es clara.

Esta sospecha va más allá de la consideración académica en la medida en que puede moldear radicalmente los destinos de un Gobierno, ya que la percepción de su capacidad ―o incapacidad― para construir una noción generalizada de control puede representar la diferencia entre su supervivencia o caída y ―más aún― entre la conformidad o no con el funcionamiento de la democracia.

Encuestas como LAPOP, realizadas antes del estallido de la COVID-19, indicaban que casi la mitad de los latinoamericanos entrevistados decía sentirse inseguro y, en algunos países, este contingente llegaba al 67%, como en el caso de Panamá en 2016. En tanto, el promedio regional de victimización afectó a uno de cada cuatro latinoamericanos, aunque en países como México, Honduras y Brasil este porcentaje superó los 30 puntos.

¿Cuánto explican ―entonces― estas sensaciones la tremenda variación en la popularidad presidencial que encontramos en el periodo prepandémico entre mandatarios, capaz de oscilar desde un nivel tan extremadamente bajo como apenas el 10% para el entonces presidente Michel Temer en Brasil en 2016 hasta un extremo increíblemente alto con más del 70% de aprobación para el gobierno presidido por AMLO en México en 2018?

Los análisis de la relación entre estas medidas demuestran la fuerte dependencia de la capacidad de gobernar con la sensación de seguridad de la población. Los ciudadanos que se sienten inseguros, pero también aquellos que declararon haber sido víctimas de la delincuencia en los últimos meses, tienden a presentar evaluaciones más negativas de sus respectivos mandatos.

Más específicamente, la inseguridad lima la aprobación presidencial en un 24%, pulverizando, así, las facultades de mando y dirección del presidente. La experiencia como víctima tiene un impacto menor (ya que está menos extendida que la percepción de riesgo y peligro) y reduce en un 13% la credibilidad de los Gobiernos de turno.

Estos resultados se agudizan cuando la atribución de responsabilidades al presidente por la inseguridad es muy clara. La diferencia del peso de la inseguridad en la credibilidad de un gobernante entre un país, donde el mantenimiento del orden público se concentra exclusivamente en el Ejecutivo nacional frente a otro donde esta facultad se comparte con las administraciones estaduales o municipales o con los poderes Legislativo y Judicial, puede llegar a ser del 15%. Es el costo de una percepción de riesgo difundida.

La campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 popularizó la expresión «¡es la economía, estúpido!». La creencia entonces era que los vaivenes del apoyo político, incluyendo la popularidad del presidente durante su gestión, dependían en gran medida del éxito o el fracaso en el terreno del bienestar material y financiero. 

Este supuesto se importó pronto a América Latina. Sin embargo, los resultados de los estudios antes mencionados ofrecen una perspectiva que va más allá. En otras palabras, la actuación del Gobierno en cuestiones económicas como la inflación y el desempleo son fundamentales, pero insuficientes, para explicar el estado de ánimo del electorado. En el contexto latinoamericano, marcado por alarmantes indicadores de violencia y criminalidad, la acción gubernamental en materia de seguridad pública no puede ser descartada para entender el rumbo de la gobernabilidad.

No en vano algunos líderes políticos, desde Jair Bolsonaro hasta Nayib Bukele, han cosechado altos dividendos electorales con sus discursos de ¡orden público!

*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org.

La ciencia transdisciplinaria es fundamental para alcanzar la sostenibilidad

Coautores Camellia Kodia, Jihye Hwang, Rebecca Barnes

Con frecuencia, las personas más vulnerables y afectadas por el cambio climático no son incluidas o consideradas al construir y priorizar proyectos de investigación y agendas científicas. Pero para afrontar el cambio medioambiental del mundo, en diferentes sectores ha surgido un enfoque de la ciencia transdisciplinaria que trasciende las líneas disciplinarias. Este enfoque pretende cocrear conocimiento científico con la participación de las diferentes partes interesadas y afectadas en y por el problema a través de procesos colaborativos.

La ciencia transdisciplinar (TD) busca el esfuerzo integrado de científicos de diferentes campos, incluyendo organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pueblos indígenas y comunidades locales, industrias, empresas y todas las partes interesadas y afectadas. Y el objetivo es crear soluciones conjuntas y diversas que puedan aplicarse a la realidad y generar conocimiento amplio, integral e inclusivo.

Así, es fundamental el papel activo y protagónico de los interesados para que, más allá de los límites académicos, puedan surgir formas alternativas de conocimiento. El objetivo de la ciencia de la TD es fomentar la confianza, la apertura y la colaboración para que académicos, profesionales y otros puedan trabajar juntos para descentralizar las fronteras académicas y cocrear conocimientos y ciencia tanto apropiados como pertinentes en función de los retos medioambientales a los que nos enfrentamos actualmente.

Aunque todavía es un campo emergente, hay buenos ejemplos de utilización de este enfoque transdisciplinar para la creación de ciencia. Las acciones de investigación colaborativa (CRA, por sus siglas en inglés), del Foro Belmont, son iniciativas internacionales cuyo objetivo es la creación conjunta de ciencia transdisciplinar, con el propósito de aportar conocimientos que permitan comprender los cambios medioambientales globales, aplacarlos y adaptarse a ellos.

El Consorcio SAM (Guiding the Pursuit for Sustainability by Co-developing a Sustainable Agriculture Matrix) y NICH-Arctic (From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal ―sub― Arctic North Atlantic) son dos ejemplos de ello.

El Consorcio SAM emplea un enfoque de TD para integrar componentes biofísicos y socioeconómicos a escala nacional, con el fin de desarrollar indicadores para medir la agricultura sostenible desde las dimensiones medioambiental, económica y social en países de todo el mundo. SAM pretende servir de plataforma para el diálogo entre los distintos interesados en la agricultura, a fin de recopilar y construir datos a escala nacional sobre los factores socioeconómicos y ecológicos para cuantificar y visualizar las repercusiones de la producción agrícola actual en su sostenibilidad futura.

iFarm, por otro lado, es una plataforma implantada en cuatro institutos y dos universidades, que permite a los estudiantes de bachillerato y licenciatura participar en investigaciones sobre agricultura sostenible, y adquirir valiosos conocimientos informáticos.

Del mismo modo, NICH-Arctic pretende explorar las interacciones entre la cultura y el medio ambiente en respuesta al cambio climático en el Atlántico Norte subártico. El proyecto investiga la posible relación entre el cambio climático y las transiciones culturales ocurridas en Nunavik, una región del norte de Canadá, e incluye disciplinas como la climatología, la arqueología y el trabajo cultural. Gracias a esta colaboración, fue posible documentar los cambios climáticos, la ocupación humana y el medio terrestre y marino en la región de Kangiqsujuaq.

A pesar de los importantes avances y resultados de la ciencia de la TD, han surgido algunos retos a lo largo de su desarrollo como las dificultades para involucrar a algunos de los interesados, debido a la falta de información, la incomprensión del problema, la necesidad de apertura para comprender los sesgos de la experiencia, el tiempo para abrir el diálogo entre el personal académico y otros, y esquemas de financiación inadecuados para permitir la participación.

Por ello, es esencial encontrar formas de animar a la gente a hablar y compartir sus ideas, perspectivas y conocimientos, porque todos son importantes para crear (conjuntamente) soluciones que funcionen para todos. Por tanto, es clave abrir más espacios, a fin de seguir creando las condiciones para que la ciencia de la TD crezca y evolucione en consonancia con la actual crisis medioambiental. 

En este contexto, el congreso SRI, que se hará en junio en Panamá, fue concebido como un evento para reunir a la comunidad de investigación sobre el cambio ambiental (en el mundo) transdisciplinario (TD) y proporcionar un espacio para investigadores transdisciplinarios y otros, con el propósito de compartir sus avances y participar en la interfaz ciencia-política-sociedad.

Ideologías: murallas al desarrollo de América Latina

Las narrativas políticas y económicas que han caracterizado los debates en América Latina han sido profundamente contaminadas por las dicotomías de la guerra fría y sus ideologías. Con asombroso simplismo y aún después de la caída del Muro de Berlín y el evidente fracaso del radicalismo de izquierda, existen, prácticamente en todos los países, grupos que toman como referencia esa visión del mundo para azuzar a la población y, cuando han tenido oportunidad, para tomar decisiones. Existen numerosos casos en los cuales esas ideas están inspiradas en un crónico antinorteamericanismo, pero, en otras, en un convencimiento sincero de que el socialismo o el comunismo tienen las respuestas.

Cualquiera que sea la razón, esos grupos terminan condicionando el debate y dificultando el salto cualitativo a las políticas sustentadas en el estudio de los productos de la Academia y de las trayectorias de países exitosos.

Por otro lado, y también con una colosal superficialidad, en todos nuestros países hay líderes políticos y economistas, los cuales, inspirados en Friedman y Hayek (o en sus intereses económicos personales), defienden un papel para las fuerzas del mercado que ignora la recesión y recuperación de la crisis que empezó en 1929, las teorías keynesianas, los análisis de Raúl Prebisch y, sobre todo, las políticas practicadas en todo país exitoso, empezando por Estados Unidos. Por ese intento de resucitar propuestas extremas del pensamiento económico liberal, las que ya habían descollado por sus falencias, es que denominamos neoliberal a ese tipo de activismo.

Hoy vivimos un resurgente consenso económico en Estados Unidos (EE.UU.), que fortalece la participación del Estado en la economía, el proteccionismo y la selección de “champions” como sujetos de subsidios estatales.

“Resurgente”, porque la realidad es que la política económica de ese país siempre ha distado mucho de lo que predica y lo que impone o fomenta directamente (como condición para la ayuda bilateral o para la firma de tratados de comercio) o indirectamente desde los organismos internacionales.

Según el economista noruego Erik Reinert, “…desde los padres fundadores, Estados Unidos siempre ha navegado en dos mundos, el activismo estatista de Alexander Hamilton y la sentencia de Thomas Jefferson de que ‘el gobierno que gobierna menos, gobierna mejor’. Con el transcurso del tiempo y el usual pragmatismo estadounidense, esta rivalidad ha sido resuelta poniendo a los jeffersonianos a cargo de la retórica, y a los hamiltonianos, a cargo de las políticas”. El proteccionismo agrícola y la participación directa del Estado en el financiamiento y ejecución de proyectos en el campo tecnológico y muchas de las políticas del new deal que nunca fueron eliminadas son solo ejemplos de ese permanente hamiltonianismo.

Pero desde la repuesta a las dificultades del 2008, el intervencionismo del Estado se ha ensanchado con especial fuerza. Ante esa crisis, se nacionalizaron y subsidiaron bancos y fábricas de vehículos y la Reserva Federal emitió el 13% el PIB para reactivar la economía. La Reserva utilizó, como criterio para esa política monetaria, la tasa de desempleo, contrario a sus prédicas neoliberales (repetidas como dogma sagrado en la mayoría de los países latinoamericanos) sobre la inconveniencia de que los bancos centrales tomen en cuenta esa variable.

La actual etapa de profundización del intervencionismo del Estado resulta del proteccionismo nacionalista de la derecha republicana y de los compromisos sociales y ambientales de los demócratas. La supuesta amenaza de China alimenta adicionalmente ese tipo de políticas.

La estrategia de este neointervencionismo busca una profunda reforma económica por medio de la intervención del Estado, utilizando todo el arsenal de herramientas a su disposición, que son dirigidas a ciertos sectores industriales, ciertas firmas y ciertas actividades económicas, y todo ello seleccionado por entes estatales, no por las fuerzas del mercado.

El cambio que se está observando no es cualitativo, ese activismo gubernamental ha caracterizado el extraordinario desarrollo de EE. UU. y todo país exitoso. Lo resaltable son otros aspectos. En primer lugar, la dimensión fiscal (cerca de 2 trillones de dólares); en segundo lugar, el crecimiento de los sectores impactados por ese neointervencionismo y, en tercer lugar, el cuestionamiento abierto al neoliberalismo y la disposición a defender el modelo distorsionador de las fuerzas del mercado por parte de prominentes miembros del establishment de EE. UU.

Pareciera que ahora el hamiltonianismo también está a cargo de la retórica. A finales de abril, nada más y nada menos que Jake Sullivan, el asesor nacional de seguridad del Gobierno, indicó que no se puede seguir ignorando “que las dependencias económicas que se generaron durante décadas de liberalización se habían vuelto peligrosas”. Agregó que las políticas “que habían energizado el proyecto americano en los años de la posguerra (y, en realidad, en mucha de nuestra historia) se habían desvanecido. Habían sucumbido ante ideas que promovían recortes en los impuestos, desregulación, privatización y libre comercio como fines en sí mismos. Había un supuesto en el fondo de todas estas políticas: que los mercados siempre eran lo mejor para la eficiencia y la asignación de los recursos”.

Esas palabras resumen el nuevo Consenso de Washington. A estas horas del partido, cuando en términos de un crecimiento económico sostenido o de desarrollo social, la prédica neoliberal carece de logros en América Latina, es necesario que los que son adictos a mimar los sermones dictados desde el norte se percaten del Consenso prevaleciente hoy en esas latitudes. Ello facilitaría mucho el debate y la construcción de las políticas de desarrollo en nuestros países.

Lo cierto es que toda economía exitosa, ya sea de vieja data o la de Singapur, Israel, Taiwán o la de la República de Corea, ha puesto en práctica políticas pragmáticas, flexibles, eclécticas; y sus dirigentes no han sido enceguecidos por los dogmas de la izquierda radical o de la derecha neoliberal.

China misma, si bien es cierto que ha dado enormes espacios a la propiedad privada y al mercado, mantiene la presencia del Estado sobre sectores estratégicos y usa profusamente incentivos de todo tipo para lograr sus objetivos económicos y sociales. Se le podrá señalar, desde algunos círculos interesados en lo geopolítico y lo económico, por el fuerte papel del Estado en la conducción del desarrollo, pero no de ser un fracaso.

De hecho, muchas de las políticas proteccionistas de las administraciones Trump y Biden buscan contrarrestar el éxito de China, no ampliando el papel de las fuerzas del mercado, sino intensificando el papel del Estado. Se trata, a pesar de la retórica, de un reconocimiento del papel del activismo gubernamental. En fin, Estados Unidos ha decidido competir con China desconfiando en algunas áreas de “la mano invisible” del mercado y confiando en “la mano visible” del Estado, precisamente la que es más visible en China. ¡Vaya paradoja!

Quizá sería exagerado referirse a los pasos de convergencia en cuanto a la política económica de ambas potencias, como el Consenso Washington-Pekín, pero también sería errado ignorar que para competir con la “estatista” China, Estados Unidos ha decidido ampliar el papel del Estado en su economía.

Las lecciones para nuestros países son gigantescas y son los neoliberales oriundos los que primero deberían tomarlas.

En fin, el que la izquierda radical y el neoliberalismo dejen espacio para una discusión de adultos sobre las mejores políticas de desarrollo, es una condición necesaria para que América Latina dé el salto.

La deriva reaccionaria en la derecha global

Los signos de un viraje global hacia políticas conservadoras, por derecha e izquierda iliberales, son cada vez más visibles. Se oponen al liberalismo (en su triple contenido de economía de mercado, Estado de derecho y poliarquía), pero también a la política progresista de la izquierda democrática. Amplias franjas de la ciudadanía mundial, incluyendo a los sectores populares, se ven hoy seducidos por liderazgos y discursos de derecha autoritaria, fundamentalista y xenófoba. Como ha señalado la historiadora Anne Applebaum en El ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo: “La nueva derecha ha roto con el obsoleto conservadurismo con minúscula ―el conservadurismo burkeano―, sospechoso de cambiar rápidamente en todas sus formas. Aunque odia el término, la nueva derecha es más bolchevique que burkeana: son hombres y mujeres que quieren derrocar, sortear o socavar las instituciones existentes, destruir todo lo que existe”.


Las derechas con vocación autoritaria están abrazando formas políticas que mezclan la limitación de derechos e instituciones ―tradicionalmente ligados al modelo democrático― con variantes de capitalismo de acusados rasgos patrimonialistas y proteccionistas. John Keane, partiendo de la teoría política, y Bálint Magyar, partiendo de la política comparada, han caracterizado las nuevas alianzas de poder con estos grupos como “poligárquicos” al fusionar el liderazgo de un caudillo, sus redes familiares y empresarios que lucran con los contratos y recursos nacionales, administrados por el Estado.

Estas derechas, de giro reaccionario, reivindican una forma de hacer política que está enfrentada al consenso liberal. Postulan a un pueblo identificado con el arraigo, las periferias sociales y territoriales, las viejas identidades y costumbres, la lealtad a la familia, la comunidad y la patria. Manifiestan una crítica y una ruptura con el consenso de la derecha democrática en su dupla liberal-conservador, consolidada en la posguerra, en su forma desarrollada de Europa Occidental y sus variantes limitadas de EE. UU. y Latinoamérica.

La extensión de las políticas neoliberales desde los años ochenta erosionó dicho consenso. Pensadores identificados con el liberalismo, como Martin Wolf, autor de The crisis of democratic capitalism; José María Lassalle, y Francis Fukuyama, autor de El liberalismo y sus desencantados. Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales,  han denunciado que lo neoliberal conduce, a menudo, a una distorsión de los contenidos, metas y agendas amplias de un liberalismo integral, postulando una absolutización (o, al menos, preeminencia excesiva) de la búsqueda de la ganancia individual por delante de los otros derechos y libertades que constituyen integralmente la condición ciudadana. Luego, las crisis económicas ―sociopolíticas y culturales― de 1997 y 2008 amplificaron los cuestionamientos al modelo del individualismo posesivo.

Sobre ese trasfondo, el actual auge del populismo de derechas (expresión políticamente organizada, eficaz y activa de la derecha autoritaria) se vincula, en parte, con el debilitamiento de la vertiente liberal de los sectores conservadores. Pero no es el único factor por tomar en cuenta. En la historia de las derechas se encuentra una tradición que apela a las identidades étnicas particulares y a la política nativista que rechazan tanto al individualismo liberal como a los colectivismos universalistas. Otro factor que ha facilitado la irrupción del populismo de derecha es la aparición de nuevas “batallas culturales”, que tienen en las “redes sociales” online su campo inicial y recurrente de confrontación.

En estos populismos de derecha, la polarización se establece en términos horizontales entre los de “dentro” y los de “fuera” de la comunidad, haciendo énfasis en las diferencias entre el “pueblo”, entendido como un organismo homogéneo, frente al otro, “extraño”, “extranjero”, generalmente a partir de criterios culturales o religiosos. Su mensaje es social y culturalmente antipluralista. Al sujeto “pueblo” se le define y moviliza contra el extranjero, en defensa de una idea de comunidad homogénea que se presenta como amenazada desde fuera, incluso por quienes, distintos, conviven en el mismo espacio.

La ruptura de la “comunidad originaria”, desde la perspectiva de las derechas, ocurre por una supuesta penetración de agentes externos. En la medida que marca una creciente distancia con los sectores liberales, se impone un discurso contra las élites globalizadoras a las que tildan de “progresistas”. Los populistas de derecha tienden a separar a las élites políticas de las élites económicas, y su discurso de confrontación es fundamentalmente cultural, religioso o étnico, y político, oponiendo pueblo a élite, pero soslayando la confrontación económica, tan recurrente en la izquierda. Para estos movimientos, los enemigos recurrentes del “pueblo” son tanto la élite tecnocrática, etiquetada como amenaza a la soberanía democrática, como los inmigrantes, presentados como amenaza a la cultura tradicional.

La defensa de la comunidad tradicional en las derechas, reinventada o recreada, se sostiene no solo sobre el retorno a la comunidad nacional homogénea y armónica, donde las tradicionales jerarquías estaban aseguradas, sino que se constituyen contra la tolerancia a prácticas que consideran “desviadas” de la norma, y se movilizan contra el matrimonio de parejas del mismo sexo, o contra el feminismo. De esta manera, los populismos de derecha se oponen a los cambios culturales que se han dado en la sociedad occidental desde los años sesenta en lo que se refiere a tolerancia y diversidad sexual y cultural. Una vez que las derechas se desprenden de sus convicciones liberales, se legitima la confrontación contra la institucionalidad que garantiza el ejercicio de los derechos, sobre todo de las minorías.El populismo de derechas, como movimiento y agenda políticos, encuentra asidero intelectual en ciertas ideologías y mentalidades que emergen en las sociedades democráticas, y desafían el consenso liberal democrático. El libertarianismo radical (este ha catapultado a candidatos como Javier Milei e intelectuales como Agustín Laje, autor de La batalla cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha), el fundamentalismo evangélico (encuentra en predicadores de EE. UU. y Latinoamérica, tribunas para su difusión) y el etnonacionalismo iliberal y xenófobo (representado por intelectuales como Ben Shapiro, autor de The Right Side of History: How Reason and Moral Purpose Made the West Great, y Ryszard Legutko, autor de The demon in democracy: totalitarian temptations in free societies, con epígonos criollos) delinean una alternativa que amenaza el consenso construido dentro de nuestras sociedades multiculturales, libres y democráticas.

Chile, entre extremos

Últimamente Chile ha tenido una vida política muy ajetreada y, sobre todo, contradictoria. A decir verdad, lo que está experimentando el país andino es el agotamiento de un modelo de convivencia que tiene raíces políticas e institucionales en la dictadura de Pinochet y su tránsito hacia la democracia. De hecho, en Chile nadie planteó la transición de un régimen autoritario hacia la democracia, sino que fue un accidente no previsto por el régimen dictatorial a raíz de la derrota inesperada de un plebiscito que creía que iba a ganar en 1989.

Fruto de lo expuesto, Chile aún hoy tiene una Constitución heredada del período autoritario, y un modelo económico ultraliberal en el que (entre otros muchos factores) la educación y la salud pública es “de pago” y la jubilación se gestiona por el mercado y, por tanto, una mujer cobra menos habiendo cotizado lo mismo que un hombre, porque tiene estadísticamente una esperanza de vida más larga.

Así, independientemente de quien haya gobernado desde 1990, el modelo heredado por el pinochetismo no se ha podido cambiar. Esta ha sido la raíz del descontento de muchos sectores de la ciudadanía (sobre todo de los más jóvenes) que han visto que la política institucional tenía muy poco margen para cambiar las cosas. Un descontento que estalló hace más de una década con la rebelión de los estudiantes de secundaria y que no paró de agravarse hasta el año 2019, cuando las protestas tomaron las calles de la capital. Fue entonces cuando el presidente conservador, Sebastián Piñera, prometió redactar una nueva Constitución.

Esta promesa fue una esperanza y un espejismo a la vez, porque mucha gente confirió al proceso constituyente resultados mágicos. Una especie de refundación del Estado y la sociedad chilena, sin tener en cuenta dos aspectos: que, mientras, se tenía que gestionar una realidad compleja en un contexto de crisis sanitaria y económica muy grave, y que la realidad de un país no se transforma a partir de la escritura de un documento, sino que solo se puede cambiar con voluntad política de muchos sectores.

Desde entonces han pasado, electoralmente hablando, muchas cosas: unas elecciones presidenciales en las que ganó el candidato de la izquierda Gabriel Boric, dos plebiscitos (uno para decir si se quería cambiar de Constitución y otro para rechazar un proyecto de Constitución) y dos elecciones para elegir a miembros de un consejo constituyente (un primero que ganó anchamente la izquierda y un último ―celebrado el pasado domingo 7 de mayo― en el que la extrema derecha tuvo una amplísima mayoría).

En poco más de dos años Chile ha pasado de ser la esperanza blanca de la izquierda alternativa (con un presidente joven formado en los movimientos sociales) a la amenaza autoritaria de la derecha radical de raíz trumpista y bolsonarista. Por eso, hoy muchos analistas se preguntan cómo elegir en 2021 una constituyente con mayoría absoluta de independientes de izquierda, y dos años más tarde, una constituyente nueva con una supermayoría de derechas, liderada por el Partido Republicano, de inspiración pinochetista.

Es obvio que la victoria de la extrema derecha está relacionada con una especie de estado de ánimo reaccionario que recorre el mundo, donde el descontento, la rabia y la frustración se canaliza en personajes como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Giorgia Meloni. De hecho, el ganador de la última contienda electoral, José Antonio Kast, pertenece a esa familia ideológica y, que a pesar de su discurso “antipolítica”, ha ocupado cargos públicos desde 1996, siempre de la mano del partido conservador y tradicional UDI, y que su hermano y mentor fue ministro de Pinochet.

Pero más allá de esa oleada ideológica global, los resultados del 7 de mayo también están relacionados con que los temas de campaña más relevantes en estos comicios fueron los que habitualmente favorecen a la derecha: la inmigración, la seguridad y la inflación. La llegada, desde hace años, de inmigrantes venezolanos ha hecho que el discurso racista que apela al cierre de fronteras haya florecido. Asimismo, la preocupación creciente por el incremento de delitos (muchos vinculados a redes del narco) y el deterioro de la seguridad han supuesto la bienvenida del discurso de “mano dura” que siempre utiliza la derecha radical. Y el tema de la inflación y la carestía de la vida, fruto de una coyuntura internacional de recesión, ha erosionado al gobierno del presidente Boric.

Pero estos dos asuntos se retroalimentan con el marco institucional en el que se han llevado a cabo las elecciones. De acuerdo a la ley electoral, los 16 distritos que son muy pequeños y con una fórmula proporcional abierta ha supuesto la sobrerrepresentación de la derecha radical del Partido Republicano, que con un 35,6% del voto casi ha conseguido la mitad de la representación, mientras que las formaciones tradicionales de centro que se presentaron con la coalición Todo por Chile no obtuvieron ningún representante a pesar de haber conseguido el 10% del voto. A este formato institucional, además, se le añadió el mandato de “voto obligatorio”, lo que llevó a las urnas a un sector de la ciudadanía que habitualmente no vota y que, cuando lo hace, parece decantarse por el discurso populista de derecha.

Por otro lado, la izquierda tendrá que realizar una autocrítica, pues la culpa de la derrota no es solo responsabilidad del entorno ni de los poderes fácticos. A decir verdad, la anterior Asamblea, con una mayoría de miembros de la izquierda social, no tuvo la capacidad de gestionar el mandato anterior. El anterior proceso de redacción de una propuesta constitucional estuvo contaminado por una trágica combinación de maximalismo, sobreexposición mediática y, en cierta medida, de frivolidad. Un 20% de votos nulos y blancos el día 7 de mayo es la expresión del hartazgo que acumula un sector de los ciudadanos respecto a la labor de sus políticos.

Pero el proceso constituyente chileno no ha terminado. El Consejo Constituyente recién elegido deberá trabajar sobre un borrador de ley fundamental elaborado por un consejo de expertos compuesto por académicos. Finalmente, el pueblo chileno deberá volver a las urnas en diciembre, consensuado (o no) el nuevo borrador de Constitución, para decidir si lo acepta.

La paradoja de esta nueva coyuntura es que el presidente Boric ―tras conocer el resultado― ha sugerido a la derecha que no haga lo mismo que ellos en el anterior constituyente y que busque el consenso. Mientras, la formación de Kast, que no quería una nueva Constitución, tendrá que liderar la constituyente.

En cualquier caso, hay quienes asimilan estos resultados con el inicio de una etapa contrarrevolucionaria. Si las elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021 para escoger los convencionales de la primera asamblea constituyente y la victoria, el 19 de diciembre del mismo año, de Gabriel Boric, en las elecciones presidenciales significaron una “primavera chilena”, los resultados de la última elección parecen mostrar el advenimiento del otoño. O, como diría un aficionado a los símiles históricos (y pensando en la Revolución francesa): en Chile se ha iniciado un proceso de cierre autoritario: ha comenzado la fase de “termidor”.

La creciente distancia ideacional entre América Latina y la Unión Europea

En la próxima cumbre con América Latina y el Caribe, la Unión Europea (UE) lanzará la Ruta 2023 como respuesta a la Franja y la Ruta de China y al plan de infraestructura, el 3BWorld, que propone EE. UU. a la región. Pero Bruselas difícilmente puede competir con las “rutas” que idearon China y EE. UU. para América Latina al haber perdido presencia desde la primera cumbre birregional en 1999, cuando la UE era el segundo socio comercial y su principal inversor y cooperante.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), apenas el 9,8% de las exportaciones latinoamericanas tienen como destino la UE en 2020-2021, lo cual implica un gran descenso desde la histórica segunda posición, bajando a la quinta tras EE. UU (42,5%), China (15,4%), América Latina (14,5%) y otros países de Asia (10,4%). Este mismo quinto puesto ocupa la UE como región de procedencia de las importaciones latinoamericanas.

Aunque el stock de capital extranjero en América Latina procede mayoritariamente de Europa, China está aumentando sus inversiones en la región y la UE las está bajando. Esto, debido a que como la mayoría de los países latinoamericanos pertenecen al grupo de países de renta media-alta, la UE ha reducido sus aportaciones al desarrollo en comparación con regiones como África o Asia.

La escasa presencia material de la UE en América Latina y el Caribe contrasta con su peso ideacional. La gran ventaja de la UE frente a China y Estados Unidos ha sido, hasta ahora, la comunidad de valores que pretendió crear, desde una perspectiva horizontal e interregional, con América Latina y el Caribe.

No obstante, la convergencia de valores también está en riesgo desde que ambas regiones se han visto inmersas en un nuevo juego geopolítico que exige un mayor realismo en sus proyecciones exteriores y que va en detrimento de principios liberales como la democracia, el desarrollo o la paz que inspiraron una asociación estratégica europeo-latinoamericana, que fue creada en 1999 en Río de Janeiro.

Desde el comienzo del diálogo en los ochenta, América Latina y la UE comparten la dependencia de EE. UU. y la búsqueda de una mayor autonomía en política exterior. Ambas regiones son actores fragmentados con una limitada capacidad decisoria e influencia internacional. A pesar de los grandes avances, la UE solo actúa con una sola voz en el ámbito comercial, y América Latina raras veces se presenta unida o adopta posiciones comunes en el escenario global.

A pesar de ello, el regionalismo ha sido exitoso como fórmula para buscar una posición internacional más independiente (de EE. UU.). Esto ha sido más complejo tras la invasión de Rusia en Ucrania, obligando a la región a posicionarse junto a EE. UU. y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o, por lo contrario, junto a los Brics y, con ello, a China y a Rusia. Esta polarización internacional obliga a América Latina y a la UE a pronunciarse a favor de uno u otro lado, sin buscar un enfrentamiento con China, que es el segundo socio comercial de ambas regiones. Este delicado equilibrio ha alterado la agenda europeo-latinoamericana: por un lado, causó un alejamiento mutuo y, por el otro, un menor compromiso para construir una comunidad de valores.

Si este proyecto estaba en construcción, a partir de la guerra en Ucrania ha comenzado a desarticularse por diferencias de fondo. Aunque solo cuatro países (Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua) se abstuvieron en la votación de las Naciones Unidas para condenar la invasión de Rusia, las interpretaciones son divergentes. Brasil y México rechazaron las sanciones contra Rusia y el apoyo militar a Ucrania.

Las razones evidentes: las intervenciones militares de EE. UU. y la injerencia en asuntos internos creó una aversión casi unánime contra estas acciones unilaterales no consagradas por el Consejo de Seguridad. Otra razón es la creación de la zona de paz en América Latina. Un tercer motivo sería la lejanía geográfica, y un cuarto, la creciente cooperación con China que reclama neutralidad y presentó un plan de paz que algunos países apoyan.

Contrario a la lectura de que China sea solo un actor económico en la región, su ascenso también implicó una mayor afinidad política. Sudamérica, con Brasil a la cabeza, concentra sus relaciones económicas en China como efecto de los Brics y de la cooperación sur-sur que promueve el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre otras cosas, para conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad.

La Cumbre Celac-China, prevista para 2024, afirmaría una creciente presencia e influencia política y cultural del país asiático en una región tradicionalmente dependiente de EE.UU. Desde 2006 se crearon institutos Confucio en 23 países latinoamericanos, y el presidente Xi Jinping realizó 13 visitas a la región. Cuba, Nicaragua y Venezuela (países sancionados por EE.UU.) han tenido como aliados principales a China y a Rusia.

Rusia mantiene estrechas relaciones con Cuba y Venezuela, pero, aparte del grupo de países “rebeldes”, Brasil, e incluso México, han demostrado cierta afinidad con China y mantienen relaciones con la Rusia de Vladímir Putin.

La estrecha cooperación entre Sudamérica y China contrasta con una visión mucho más distante por parte de la UE que mantiene el diálogo y la cooperación con China, país al que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tildado de “rival sistemático y competidor económico”, pero también como un socio de cooperación del que no hay que “desacoplarse”.

Esta relación ambigua contrasta con la abierta hostilidad entre la UE y Rusia, y las relaciones, antes calificadas de estratégicas, que merecieron dos cumbres anuales, están en un punto cero, pues han estado marcadas por las sanciones y la amenaza nuclear del presidente Putin frente a la OTAN.

Reconstruir el consenso en temas internacionales en los que antes existía una mayor convergencia sería un objetivo importante de la Cumbre UE-AL-Caribe en 2023. La guerra en Ucrania ha obligado a una lectura más “realista” de la política exterior de la UE que se evidenció en el reclamo de Josep Borrell de que la UE aprenda el juego del poder duro.

Del lado latinoamericano, la creación de los Brics y su desarrollo posterior en las últimas dos décadas han cambiado el posicionamiento geopolítico de la región que, por interdependencias económicas, asimétricas con China, y un mayor compromiso político con Rusia, ha supuesto un mayor distanciamiento de Europa y EE.UU. La comunidad de valores liberales continúa, pero se ha debilitado frente a los nuevos desafíos internacionales.

Reactivar el consenso en torno al poder blando y los valores liberales, reforzando el multilateralismo, la búsqueda de paz entre Ucrania y Rusia, el desarrollo sostenible o la creación de bloques regionales, es una necesidad para recuperar los fundamentos de las relaciones entre América Latina y Europa.

La cumbre de 2023 debería dar algunas respuestas a este desafío. Ello implica un cambio de perspectiva por parte de la UE que, en vez de percibir a América Latina como un asunto español o un receptor de fondos, debería darse cuenta del peso que suponen 33 países con los que se pueden construir consensos mucho más difíciles de alcanzar que con otras regiones.

Solo un diálogo más sincero que reconozca las diferencias e intente construir consensos puede evitar el declive de la tradicional afinidad de valores que marcaba la diferencia de América con otras regiones como África o Asia.

La desigualdad en educación superior no se acaba con la gratuidad

La educación superior en Chile ha experimentado un proceso de expansión durante las últimas décadas, duplicando su matrícula entre 1990 y 2020. La educación superior nunca había sido tan masiva y diversa como lo es en la actualidad: alberga cerca de 1.3 millones de estudiantes, en 132 instituciones vigentes, en donde 7 de cada 10 estudiantes corresponden a la primera generación de sus familias con acceso a la universidad. Si bien estas cifras muestran una historia de éxito, su contracara son los indicadores de permanencia y titulación. La tasa de deserción en el primer año bordea el 30%, la duración real de los programas excede entre 2 y 4 semestres su duración nominal (en promedio), y hoy se titulan 20% menos de estudiantes que antes de la pandemia.

Estos datos nos invitan a pensar en qué medidas las políticas públicas de expansión de la educación superior han sido efectivas en reducir la desigualdad en este nivel educativo. Chile ha sustentado la expansión de la educación superior sobre políticas públicas de financiamiento cuyo objetivo era debilitar (o eliminar) las barreras económicas de acceso y permanencia, relegando a otras limitantes a ser resultas a través del mérito y el esfuerzo personal. De esta manera, con la reforma de 1981, se buscó aumentar la oferta de educación superior a través de la creación de un “mercado educativo”: era posible aumentar rápidamente la matrícula permitiendo el ingreso de proveedores privados y, así, para no comprometer el gasto público.

En un segundo momento, ya en la década de 1990 y con la oferta ya asegurada, el objetivo fue fidelizar la demanda por educación superior. La estrategia elegida fue la creación del sistema de becas y créditos estudiantiles, con el Fondo Solidario y el Crédito con Aval del Estado como protagonistas. Posteriormente, cuando la matrícula se acercó al millón y oferta y demanda parecían aseguras, se promulga la política de gratuidad destinada a cubrir los costos de matrícula y arancel del 60% de los/as estudiantes provenientes de los hogares más vulnerables del país.

En resumen, el debate sobre la desigualdad en educación superior ha quedado atrapado en lo económico o en la abstracción de la necesidad de mejorar la calidad. Si bien es innegable que las políticas de financiamiento sí han generado nuevas oportunidades para grupos históricamente excluidos de la educación superior, éstas no han sido exitosas en reducir la desigualdad por origen social. Si antes provenir de un hogar socioeconómicamente desaventajado implicaba una alta probabilidad de no ingresar a la educación superior, hoy es más probable que ingrese, pero las posibilidades se abren sólo a un cierto tipo de educación superior. ¿Por qué?

Evidencia reciente muestra que la desigualdad de acceso se ha mantenido estable o que, incluso, ha podido aumentar si consideramos el tipo de programa o institución a la cual se ingresa. En Chile, el origen social – es decir, las características socioeconómicas del hogar de origen – influye significativamente en las oportunidades educativas a las que tenemos acceso. Más aún, los orígenes sociales importan tanto antes como después de la implementación de las políticas de expansión.

La literatura en estratificación educativa  demuestra que las políticas de expansión han tenido un diferencial sobre el origen social. Por un lado, sí han sido capaces de reducir el efecto de los recursos económicos en el acceso general a la educación superior (por ejemplo: el ingreso o los bienes del hogar). Sin embargo, gran parte de dicho efecto se concentra en las instituciones menos selectivas (universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica), sin afectar mayormente a las universidades más prestigiosas.

Por otro lado, estas políticas no han sido capaces de reducir el efecto de los recursos socioculturales (por ejemplo: el nivel educativo de los padres) en el acceso si consideramos tanto el acceso general como a distintos tipos de instituciones. De esta manera, las nuevas oportunidades de acceso se estratifican o jerarquizan de acuerdo al logro educativo del/a jefe/a de hogar, el conocimiento del sistema universitario de primera mano, y las redes de contactos. Todas ellas brechas que son difícilmente remontables sólo a través del mérito y el esfuerzo personal.

Si bien es posible argumentar que las políticas de financiamiento sí han sido efectivas en cumplir su objetivo de reducir las barreras económicas de ingreso, este efecto es limitado y de corto plazo. Las tasas de deserción y titulación dan cuenta de su agotamiento. Sin embargo, el debate en torno a la desigualdad en educación superior se sigue concentrando en el financiamiento.

Sin desmerecer la importancia de resolver problemas como el endeudamiento estudiantil, se requiere pensar en políticas públicas que no sólo busquen revertir la reforma de 1981, sino que también aborden las transformaciones posteriores. En esa dirección apunta el debate público sobre las brechas acumuladas en los niveles educativos inferiores, las cuales no se limitan a los resultados de pruebas estandarizadas. Estas diferencias van desde redes sociales más fuertes entre los más privilegiados, bajas expectativas entre quienes provienen de los grupos más vulnerables y en donde se legitiman las diferencias en el logro académico como éxito o fracaso individual.

Para finalizar, tanto el debate político como académico sobre desigualdad en educación superior no debiese seguir limitándose a lo económico, depositando la solución en medidas como la gratuidad. Es preciso debatir sobre herramientas de apoyo docente y bienestar estudiantil, áreas cuya gestión hoy recae en la capacidad que cada institución tiene para hacerse cargo.

Se requiere de más y mejor investigación que no sólo desglose la desigualdad en diferencias numéricas, sino que se considere las experiencias y percepciones de desigualdad de quienes hoy transitan por este nuevo escenario en educación superior. Se necesitan datos que nos permitan comprender mejor, no sólo las brechas generales, sino que también las brechas institucionales, sectoriales, de género y regionales que se (re)producen en educación superior.

La desigualdad en educación superior no se acaba con la gratuidad; menos aún sólo con el mérito y el esfuerzo individual.

Las consecuencias de la desinformación en la sociedad

Así como los problemas vinculados a la economía, la corrupción, la inseguridad y el narcotráfico aparecen en lo más alto de las prioridades de la gente, para casi tres cuartas partes de los latinoamericanos la desinformación también es un problema importante para su país.

En la era de la información, en la que la mayoría de la gente tiene acceso a una cantidad casi ilimitada de contenidos, uno de los desafíos más importantes es la desinformación y las noticias falsas. Este problema se ha potenciado con el uso de las redes sociales y diferentes plataformas digitales que permiten la rápida difusión de información sin filtros ni verificación.

Pero si bien son numerosos los estudios que analizan el fenómeno de la desinformación desde la perspectiva de la “oferta”, es decir, que se centran en la forma en que se divulga información falsa, son escasos los que analizan qué pasa al otro lado de esa ecuación, a la “demanda”, es decir, qué le pasa a la ciudadanía.

A pesar del aparente desinterés del asunto, este es un tema central para las personas, e incluso, puede llegar a tener implicancias para la salud física. Así lo afirma el estudio de la red de consultoras WIN Latinoamérica, que fue realizado en ocho países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú).

El ejemplo más patente es la gran desinformación que se vivió en algunos países con relación a las vacunas durante la pandemia del COVID, particularmente en Brasil y Colombia. Y no es menor el impacto de la desinformación en la salud mental, especialmente tomando en cuenta que algunos países de la región están por sobre el promedio global en padecimiento de estrés como Ecuador, Perú y Argentina. Según este estudio, para la mitad de la población, la desinformación ha sido causante de ansiedad y estrés en sus vidas.

La percepción de la desinformación como amenaza no se limita al plano personal o de equilibrio mental de tipo individual. Existen otras consecuencias que están vinculadas con la difusión de noticias falsas. La desinformación es para ocho de cada diez latinoamericanos entrevistados una amenaza para la democracia, y para tres cuartas partes de las personas, esta puede llegar a ser un trampolín para debilitar la credibilidad del proceso electoral.

También, enlazada con la desestabilización de la democracia, para la amplia mayoría de las personas la desinformación aumenta la polarización en la política. Sociedades “agrietadas” como la argentina y la brasileña se alinean claramente con esa percepción, aunque llegan a ser superadas por otras como la colombiana y la mexicana. Ello cuestiona la dirección de causalidad de esa conexión entre falsificación de la verdad y radicalización política.

¿Es la falta de apego a la objetividad noticiosa lo que gatilla la polarización o (al contrario) son los contextos agrietados los que alimentan el caldo de cultivo para una industria de la desinformación?

El estudio también muestra que los latinoamericanos tienden a ver el problema como complejo y multicausal, y no les tiembla el pulso cuando tienen que señalar responsables. Lo que vemos es que son múltiples y variadas las fuentes de la sociedad, que han sido desacreditadas como informantes confiables. Pero entonces, ¿en dónde depositan los latinoamericanos su confianza? El estudio revela que la mayoría lo hace en personas o grupos informales como la familia, los amigos y gente como ellos.

Por un lado, este dato tiene sentido si se toma en consideración que las instituciones tienen cada vez menos credibilidad en la región. Aunque, por el otro, es bastante irónico, ya que, en realidad, dichas instituciones se informan a través de las mismas fuentes que uno. Por lo tanto, hay un lleva y trae de información no verificada.

En este contexto crítico, cabe destacar el esfuerzo de varios grupos de periodistas que han ido surgiendo en la región y en el mundo, y que trabajan en red para promover la verificación de la cantidad de datos que circulan en un mundo tan interconectado como el de hoy. Y es que la desinformación se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes del momento y supone un reto para toda la sociedad. Por ende, es fundamental que trabajemos de forma colaborativa para mitigarla.

En última instancia, abordar la desinformación y las noticias falsas requiere un enfoque amplio que implique a individuos, Gobiernos, educadores, empresas de medios y plataformas de medios sociales. Todos tienen un papel que desempeñar en el fomento de una cultura de la veracidad y la responsabilidad de contenidos.