El cambio climático es una de las principales causas de la migración en las Américas

Irene Torres
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El cambio climático es una de las principales causas de la migración en las Américas

Coautora Anna Stewart-Ibarra

«Lo arriesgo todo porque ya lo he perdido todo», dijo una vez una mujer migrante en el camino de la migración en Oaxaca, México. En efecto, si la pobreza, la marginación, la violencia y la agitación política no fueran suficientes, los fenómenos extremos que se encuentran relacionados con el clima (como la sequía, las olas de calor y las lluvias torrenciales) están haciendo la vida aún más precaria para muchas personas que viven al límite en América Latina y el Caribe. Aunque la relación entre el cambio climático y la migración no es determinista, dependiendo de los factores que tienen que ver con la vulnerabilidad, se prevé que 17 millones de habitantes de América Latina podrían migrar, debido al cambio climático desde ahora hasta 2050.

El impacto del clima en la migración

Los huracanes han llevado a la movilización y la migración de millones de personas en el Caribe y tanto en Centro como en Norteamérica. En 22 años (1998-2020), más de 277 millones de personas se vieron directamente afectadas en América Latina y el Caribe por fenómenos climáticos y geofísicos, en los que murieron 312.000 de ellas. El consiguiente aumento de la inseguridad alimentaria y la pobreza son los principales motores de la movilidad. Cada vez más, Centroamérica sufre, asimismo, de inundaciones y tormentas, deslizamientos de tierra y derrumbes, mientras que las zonas áridas se ven afectadas por las sequías. En Sudamérica, las catástrofes son importantes impulsoras de los desplazamientos internos, ya que tanto las catástrofes rápidas como las lentas, por ejemplo, las inundaciones, los corrimientos de tierra y las sequías, tienen un impacto generalizado. 

En 2020, los desplazamientos internos en la región se debieron a desastres: 937.000 desplazados en Honduras, 639.000 en Cuba, 358.000 en Brasil (el 75% de ellos por la temporada de lluvias extremas) y 339.000 en Guatemala. En 2021, después de que la temporada de lluvias en Brasil comenzara antes de tiempo, una tormenta subtropical en Bahía causó inundaciones y los consiguientes corrimientos de tierra y desprendimientos de rocas, lo que acarreó la muerte de al menos 27 personas y 523 heridos. El ciclón afectó a más de 950.000 personas e hizo que 155 de los 417 municipios de Bahía declararan el estado de emergencia.

Históricamente, la migración en la región ha fluido desde Sudamérica, Centroamérica y México hacia ciudades estadounidenses como Miami, Nueva York, Houston y Los Ángeles. Sin embargo, las ciudades estadounidenses que reciben migrantes también están expuestas a los crecientes impactos del cambio climático. Las sequías más extremas, los incendios forestales, las tormentas destructivas y la subida del nivel del mar en los territorios de Estados Unidos están llevando a un incremento de las lesiones, las muertes y los daños económicos. Las comunidades vulnerables, tal es el caso de los inmigrantes indocumentados, corren el riesgo de sufrir daños, debido a la exposición a estos fenómenos climáticos extremos.

Cambio climático, migración y enfermedades infecciosas

Los habitantes de América Latina y el Caribe están afrontando los efectos del cambio climático en su salud, y a medida que estos efectos aumenten, habrá más incentivos de índole climática para migrar. Un estudio reciente que se hizo en la región reveló que el aumento de las temperaturas incrementará el riesgo de muertes relacionadas con el calor, en su mayoría por insolación, e indicó que esta tendencia continuará en el futuro. 

Se ha comprobado que los fenómenos climáticos extremos producen brotes de enfermedades infecciosas que son sensibles al clima, como es el caso de aquellas que son transmitidas por vectores, por ejemplo, el dengue y la malaria, y las transmitidas por el agua, como el cólera. Con los desplazamientos humanos a gran escala, por ejemplo, la reciente migración masiva venezolana, estas enfermedades pueden propagarse a través de las fronteras ecológicas y políticas, lo que hace que la contención de los brotes sea aún más difícil de manejar en las poblaciones migrantes y locales.

¿Quiénes migran? 

Las personas cuyos medios de vida dependen del agua y el suelo, como los pescadores y agricultores a pequeña escala, pueden ser las más propensas a migrar por causas climáticas. Un ejemplo de ello son las comunidades pesqueras uruguayas que dependen de las cosechas de almejas, las cuales se han reducido drásticamente como consecuencia del calentamiento de las temperaturas oceánicas. 

A su vez, el aumento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones en la región del Amazonas está desplazando a las poblaciones indígenas de tierras que forman parte de su identidad cultural, tierras que ya están bajo la presión de la industria y la urbanización. El menor acceso a los servicios básicos, como la atención sanitaria, el agua potable canalizada y la educación, y el empleo, les obliga aún más a movilizarse. En 2010, al menos el 50% de la población indígena (unos 50 millones de personas) de la región se había visto obligado a abandonar sus tierras o había emigrado intencionalmente a las zonas urbanas, donde son vulnerables a la discriminación y a la marginación, mientras se esfuerzan por entrar en la economía formal. 

Respuesta al cambio climático y a la migración

La migración en América Latina y el Caribe seguirá aumentando bajo la doble presión del cambio climático y las graves desigualdades sociales. Los Gobiernos necesitan información y herramientas que les permitan predecir y responder a los fenómenos migratorios nacionales e internacionales, y adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes. La información sobre el clima, tal es el caso de las previsiones de fenómenos climáticos extremos, puede ser utilizada por los especialistas en migración para planificar acciones de prevención y respuesta a las crisis humanitarias. Para ello será necesario reunir a los sectores de la migración y el clima con otros sectores relevantes. 

Para responder a la necesidad de contar con herramientas que partan de información sobre el clima, el Instituto Interamericano de Investigación sobre el Cambio Global (IAI), el Programa de Investigación sobre el Cambio Global de los Estados Unidos (USGCRP) y AmeriGEO se han aliado con países de la región para elaborar conjuntamente una iniciativa a fin de mejorar la capacidad de evaluación de riesgos climáticos y catalizar las asociaciones para informar las decisiones en América Latina y el Caribe (LACI). Representantes de los Ministerios de Medio Ambiente y de otros sectores están trabajando para desarrollar evaluaciones nacionales de impacto climático y para identificar acciones estratégicas de adaptación al cambio climático, como los sistemas de alerta temprana. 

Por último, los países deben aunar esfuerzos a fin de buscar soluciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo por parte de los países más emisores, al tiempo que abordan las causas subyacentes de la migración, es decir, la profunda desigualdad social y la fractura de la gobernanza.

Anna Stewart-Ibarra es Directora Científica del Inst. Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Doctora en Ecología por la Facultad de Ciencias Medioambientales y Forestales SUNY, Univ. de Syracusa (E.U.A.). Profesora del Depto. de Medicina de SUNY.

¿Las fabricantes de armas estadounidenses son responsables de las muertes en México?

Magdalena Bas
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¿Las fabricantes de armas estadounidenses son responsables de las muertes en México?

La Congresista de Estados Unidos Katie Porter pide la palabra durante la sesión del Comité de Supervisión e Investigaciones del pasado 27 de julio. Acto seguido enciende su teléfono celular. Muestra a los asistentes cómo se activa un filtro de seguridad para acceder: escanear huella. “¿Por qué se requieren más pasos para poner en funcionamiento mi teléfono que un arma de fuego de su empresa?”, le increpa al CEO de una empresa de armas que virtualmente asiste a la sesión. En Estados Unidos la compra y porte de armas es un derecho reconocido constitucionalmente (segunda enmienda) pero esta regulación no solo afecta al país. El 4 de agosto de 2021 el Gobierno de México presentó una demanda contra once fabricantes de armas de fuego, alegando su responsabilidad por los efectos del comercio ilícito. A un año de iniciado el litigio, estas son sus principales claves.

Los argumentos de México

La demanda civil fue presentada ante la Corte Federal de Distrito en Boston por motivos estratégicos: en el Estado de Massachusetts, la carrera hacia una mayor regulación del comercio y porte de armas se da con mayor énfasis. También por motivos estratégicos, México no demandó a Estados Unidos por la regulación en materia de armas (compraventa o porte), sino a once empresas de nacionalidad estadounidense (Smith & Wesson y otras).

No se trata de una controversia política o diplomática, ni un litigio jurídico entre Estados, sino que involucra a empresas privadas. ¿Por qué? México argumenta que las fabricantes son responsables por conducta negligente, ya que conscientemente promueven el tráfico ilícito de armas de fuego y facilitan activamente que las armas lleguen a los cárteles de la droga en su territorio. Y todo esto sucede mientras crecen las ganancias empresariales.

Además de los efectos comerciales o fiscales que la introducción ilegal de cualquier producto puede generar por un Estado, el corazón de los argumentos está en los efectos de ese ilícito: aumento de la inseguridad nacional al tratarse de armas diseñadas conforme a las necesidades y gusto de grupos criminales (por ejemplo, sin medidas de seguridad), mayor gasto público en medidas de seguridad (recursos humanos y materiales), y consecuentemente disminución del turismo (ingreso fundamental para el país).

Ahora bien, las empresas y otras entidades no están exentas del cumplimiento de las normas en materia de derechos humanos, conforme al artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, su negligencia coadyuva a la violación del derecho a la vida o integridad física de las víctimas.

Mientras tanto en Estados Unidos…

Al tiempo que avanza el proceso judicial en la Corte Federal de Distrito en Boston, el 24 de mayo de 2022 tuvo lugar una nueva masacre con armas de fuego. En una escuela primaria de Uvalde, Texas, 19 niños y dos maestras fueron asesinados. El Presidente Biden se pronunció sobre el hecho sin demora y enfatizó sobre la importancia de aprobar leyes sobre armas de fuego que tengan sentido común. “No podemos ni vamos a prevenir todas las tragedias. Pero sabemos que funcionan y tienen un impacto positivo”, agregó.

¿Promover y aprobar normas jurídicas que limiten el porte de armas es suficiente? La respuesta también está en el discurso de Biden. Este se refirió al “marketing agresivo” que han desarrollado las armeras durante las dos últimas décadas, principalmente en relación a las armas de asalto. Pero nada dijo de los efectos vinculados al tráfico ilícito. Normas jurídicas que determinen mayores controles a las fabricantes, seguimiento a las compraventas, limitaciones a la publicidad, o la obligatoriedad de incluir sistemas de seguridad también tendrían efectos positivos en suelo estadounidense (y mexicano). Sin limitaciones o mayores controles a las armeras, las ideas presentes en el discurso de Biden se vuelven ambiguas.

Derechos humanos y empresas

Dentro de los Principios Rectores sobre derechos humanos y empresas de la ONU, el número 13 indica con claridad que las empresas deben evitar que sus prácticas “provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan”. Conforme a datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, entre el 70 y 90% de las armas incautadas en actividades criminales, fueron introducidas ilegalmente de Estados Unidos a México. Las demandadas comercializan el 68%, esto es, más de 340 mil de dichas armas.

La responsabilidad de las empresas también está bajo la lupa en otras áreas: por ejemplo en materia de salud se ha cuestionado a las tabacaleras por la epidemia de tabaquismo o el papel que juega la industria de alimentos y bebidas envasados en los entornos alimentarios saludables. Incluso en Estados Unidos se encuentra un antecedente con similitudes a la demanda mexicana: el National Prescription Opiate Litigation en la Corte de Distrito de Cleveland, Ohio. Ciudades y condados de West Virginia así como grupos indígenas reclamaron la responsabilidad, por un lado, de empresas farmacéuticas por tergivesación de los riesgos del consumo de opioides recetados y, por otro, de las distribuidoras por negligencia en el control de pedidos sospechosos. A fin de que el litigio no continuara, el 26 de julio de este año, tres de las distribuidoras demandadas (AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson) anunciaron un acuerdo que ronda los 400 millones de dólares.

En suma, ¿las fabricantes de armas son responsables?

México se embarcó en un litigio histórico: demandar a once fabricantes de armas estadounidenses ante un tribunal del Estado de Massachusetts. El tráfico ilícito desde Estados Unidos tiene un impacto directo en territorio mexicano (seguridad nacional, aspectos fiscales, turismo), pero también en los derechos fundamentales de aquellos que han sido asesinados con las armas de fuego traficadas. ¿Las fabricantes son responsables? Quien lee este texto, seguramente, ya tenga una respuesta.

Reelección inmediata en la nueva Constitución: de innovación, poco 

Rocío Sáez-Vergara
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Reelección inmediata en la nueva Constitución: de innovación, poco 

Mucho se ha discutido sobre la innovación constitucional de la nueva Constitución de Chile en distintos temas, y el poder presidencial no ha quedado al margen. La reelección presidencial se ha planteado como una novedad más de la nueva Constitución, lo que ha despertado incomodidades respecto a la concentración del poder. Ante esto, es importante hacer algunas precisiones para tomar decisiones fundamentadas.

La reelección presidencial en Chile ya existe. Es importante despejar el mito de su inexistencia. A menudo, cuando se discuten las limitaciones del poder presidencial nos olvidamos de que esta se trata de la posibilidad de que quien haya sido presidente pueda volver a presentarse a una elección para el cargo. La reelección tiene dos grandes modalidades: la reelección inmediata, que suele hegemonizar el debate, y la alternada o diferida como la que tenemos en Chile desde el retorno a la democracia, en la que un expresidente puede presentarse a la reelección con al menos un período de alternancia. Gracias a esta disposición, durante cuatro períodos, la Presidencia de Chile alternó de la siguiente manera: Bachelet-Piñera-Bachelet-Piñera. Entonces ¿cuál es la novedad de la propuesta constitucional? La novedad en estricto rigor es cambiar de modalidad de reelección.

La propuesta constitucional plantea que Chile cambie de modalidad de reelección, desde una alternada a una inmediata. Es decir, que el presidente/a pueda postularse a un nuevo período y, así, prolongar su presidencia por otros cuatro años. ¿Cuáles son los pros y contras de la reelección alternada e inmediata?

Una desventaja de la reelección inmediata es que es un tipo de reelección que se ha asociado a la concentración y abuso del poder presidencial. Esto ha sucedido en casos extremos como Nicaragua o Venezuela donde la reelección no solo es inmediata, sino que es por tiempo indefinido, por lo que no hay límites para presentarse a una reelección. Pero en el caso de la propuesta constitucional en Chile, la reelección estaría limitada a una sola vez.

Otra desventaja de esta modalidad tiene que ver con que el presidente cuenta con toda la publicidad y el poder del Estado para afrontar la campaña electoral. Esto supone condiciones desiguales entre los candidatos. Mientras, en la reelección diferida de los candidatos, sean o no expresidentes, estos no se encuentran en el poder en el caso de una nueva campaña.

Por otro lado, una desventaja de la reelección alternada es que el presidente en funciones no tiene la posibilidad de ser juzgado durante su presidencia. Con los años, la inercia generada en el electorado durante la presidencia se debilita, por lo que frente a una nueva elección, la potencial ventaja se debilita. Por otro lado, los expresidentes, ya sea que hayan tenido un buen o un mal desempeño, tienen ventaja ante una nueva elección por el solo hecho de haber ocupado la primera magistratura.

Por lo tanto, diremos que, si bien la reelección inmediata es una competencia desigual, no podríamos decir que la alternada se acerque a un juego en igualdad de oportunidades. Entonces ¿por qué elegimos la reelección?

Juzguemos ahora desde la maximización del beneficio en la política mediante dos componentes: la oferta y la demanda. Los presidentes no logran la reelección solo por la existencia de una norma; recordemos el caso de Frei Ruiz-Tagle. Y es que quienes deciden son, por una parte, las coaliciones y, por otra, (lo más importante) el electorado, que es quien deliberará en las urnas.

En el caso de Chile, la fórmula Bachelet-Piñera demuestra que el electorado los eligió por encima de otras opciones. El primer gobierno de Piñera no salió con una aprobación positiva, sin embargo, la ciudadanía (la no abstenida) lo volvió a elegir. Lo más sorpresivo de esto es que si mantenemos esta reelección (que no la asumimos como tal), podríamos tener otro período de Sebastián Piñera y otro de Michelle Bachelet. Una situación que no podría estar más lejos de las demandas de desconcentrar el poder y renovar la política.

¿Por qué sería un error no aprobar la reelección inmediata?

Atendiendo a los segundos períodos presidenciales de Bachelet y de Piñera, el desgaste de la política y los escasos mecanismos de rendición de cuentas hacia los Gobiernos, deberíamos considerar seriamente la reelección inmediata. Con los años, Chile ha vivido un desgaste de la renovación de la política, y las coaliciones políticas no han logrado posicionar a nuevos líderes políticos.

Una medida para afrontar esta realidad es que si un presidente/a logra concluir un periodo con buena aceptación, tanto del electorado como de su coalición, pueda continuar gobernando. Consideremos lo breve del mandato de cuatro años para instaurar un programa de gobierno, un ingrediente adicional a la dificultad de implementar un programa de gobierno a largo plazo. Otra alternativa que entra en juego es un período más extenso de gobierno, pero creemos en la oxigenación que provee la “prueba” de las elecciones entre períodos cortos. Además, una vez concluido un período exitoso, se evaden los costos de desmantelar la administración pública, más aún si ese presidente va a retornar un período más tarde.

¿Por qué desaprovechar tal capital político? Y, en sentido contrario, si un presidente sale en malos términos de aprobación o de respaldo partidario, también puede exponerse a la vara de las elecciones, y ser castigado con un voto en contra. Una derrota electoral puede ser letal para la futura carrera de un político, a diferencia de lo que sucede en las elecciones diferidas. La reelección diferida implica que la administración y un programa de gobierno se interrumpirá cuando el presidente vuelva de todas formas al poder.

El llamado así es a sincerar las posiciones; primero, la reelección presidencial existe en Chile. Aceptando esto, lo mejor es sopesar las modalidades de ambas, de acuerdo a la realidad política del país. Entre tener períodos cortos entre oposiciones, lo mejor es aprovechar a estos presidentes en el largo plazo, de lo que se benefician tanto la administración del Estado como la propia política, y dando más tiempo para el desarrollo de nuevos liderazgos. La construcción de capital político es de largo aliento. Cuando existe, lo mejor es aprovecharlo, siempre que exista la venia de la ciudadanía, que puede expresarse en las urnas a través de la reelección presidencial.*Esta columna se basa en un capítulo del libro Presidencialismo. Reflexiones para el debate constitucional en Chile. Fondo de Cultura Económica/ Ediciones UC Temuco.

Izquierda y medioambiente en Latinoamérica

Alejandro García Magos
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Izquierda y medioambiente en Latinoamérica

Una característica de las izquierdas latinoamericanas que la separa de las europeas y norteamericanas es su clara apuesta por la explotación de recursos naturales como palanca de desarrollo. Es llamativo ver cómo una vez en el poder, los dirigentes de izquierda redoblan la apuesta por materias primas para financiar sus proyectos sociales. De esta forma, mientras que en Washington, Londres y París los progresismos discuten energías verdes y reducción de emisiones contaminantes, en Ciudad de México, Buenos Aires, Caracas o La Paz siguen hablando de minería y combustibles fósiles. Si acaso, lo que vemos son piruetas semánticas entre líderes de izquierda que por un lado rechazan sin cortapisas la ortodoxia neoliberal de derecha, pero por otro se juegan su resto en industrias de alto impacto ambiental. Tanto da: para los cerros y las selvas que se desmontan, la semántica es irrelevante. Cabe entonces preguntarse qué hay detrás de este vínculo entre izquierda y explotación de recursos naturales, y el porqué de la orfandad política de la agenda medioambiental en Latinoamérica. Ofrezco en estas líneas una hipótesis: el cruce de la mitología nacionalista del siglo diecinueve con el impulso revolucionario del veinte. Pero vayamos por partes, empezando por los datos.

De acuerdo a un reporte publicado por Naciones Unidas titulado “State of Commodity Dependence 2021”, los países latinoamericanos son en general altamente dependientes de la exportación de materias primas. Un país sería dependiente cuando más del 60 por ciento de sus exportaciones totales de mercancías están compuestas por productos básicos, lo cual es el caso de Bolivia 94%, Ecuador 93%, Perú 90%, Chile y Paraguay 87%, Venezuela 80%, Uruguay y Colombia 79%, Brasil 66%, y Argentina 64%. Respecto a los países del istmo centroamericano y el Caribe, vemos también que varios de ellos rondan el 60%. La excepción a la regla sería México que cuenta con un porcentaje relativamente bajo (15%).

Dicho lo anterior, la presente administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsa proyectos de alto impacto ambiental. Me refiero en particular a la refinería de Dos Bocas en su estado natal de Tabasco, y el Tren Maya en las selvas del sureste mexicano. Se trata de dos multimillonarios proyectos de infraestructura que son francamente indefendibles desde el punto de vista del medio ambiente, pero que confirman que el tema no es una prioridad para AMLO. En este respecto no es muy diferente de otros líderes regionales como el finado Chávez, Morales, Correa, los Kirchner, e incluso Lula, que lograron posicionar una narrativa en donde la explotación de recursos naturales es un acto de justicia social y de redistribución del ingreso.

¿Qué hay detrás de esta narrativa común a los líderes de izquierda? El cruce de nacionalismo y pensamiento revolucionario. Empecemos por el primer elemento: el nacionalismo político.

Benedict Anderson señala en su obra clásica “Comunidades imaginadas” que el nacionalismo es un fenómeno que surge primeramente en el Nuevo Mundo, concretamente en Estados Unidos y más tarde en los países americanos de habla hispana. Ese aliento nacionalista sería fundamental para el nacimiento de los modernos Estados latinoamericanos, pues habría dado origen a las revoluciones hispanoamericanas que crearon una nueva geografía política sobre los vastos virreinatos y capitanías del Imperio Español en América. Es importante señalar que la emergencia de los actuales países latinoamericanos no fue un proceso lineal ni predestinado como sugieren los libros de texto. Todo lo contrario. La geografía política latinoamericana de hoy es una de muchas combinaciones que se probaron durante buena parte del siglo diecinueve.

Para otro gran teórico como Charles Tilly, la región puede ser vista incluso como un “cementerio de Estados” (considérese las malogradas repúblicas de América Central, Gran Colombia, Río Grande, Liga de los Pueblos Libres, Yucatán, etc.). Quien sienta curiosidad por esos otros Estados y geografías políticas que nunca llegaron a ser, remítase al libro de Sebastián Mazzuca “Latecomer State Formation”, en donde explica la debilidad de los Estados modernos latinoamericanos en base a la particular geografía de la región.

El nacionalismo decimonónico de nuestra América, autóctono de acuerdo a Anderson, se fundirá en el siglo veinte con el pensamiento revolucionario marxista tal como sucede a las claras en Cuba en las figuras de José Martí y Fidel Castro. Pero no son el único caso. En México esa fusión es también evidente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dominó buena parte del siglo pasado como partido hegemónico. Fundado en 1929 como una federación de caudillos revolucionarios, su nombre original deja pocas dudas de su orientación política: Partido Nacional Revolucionario (PNR). En su caso, fue en el gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando nacionalismo y pensamiento revolucionario se funden en una clara apuesta por la explotación de recursos naturales como palanca de desarrollo.

En efecto, el 18 de marzo de 1938 Cárdenas decreta la expropiación del petróleo en México, entonces explotado por empresas extranjeras asentadas en el país. La expropiación tuvo gran repercusión en el continente, y en general en el mundo en desarrollo, ilustrando como un gobernante de izquierda podía hacerse de los recursos naturales de su país para incrementar el gasto público y fortalecer al Estado.

Hoy en pleno siglo veintiuno, la izquierda latinoamericana se sigue sintiendo cómoda en ese espacio donde se superponen el nacionalismo y el pensamiento revolucionario. En este sentido, la explotación de recursos naturales por parte de gobiernos progresistas logra obtener legitimidad política y popular a pesar del altísimo impacto ambiental de algunas de sus iniciativas. Pero estamos empezando a ver cambios. Por ejemplo, vemos hoy en el discurso del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro o el presidente chileno Gabriel Boric un intento desde la izquierda de recoger la bandera medioambiental en Latinoamérica.

En semanas pasadas, Boric promulgó una “Ley Marco de Cambio Climático” y en su discurso pareciera intentar tomar el liderazgo en materia de energías renovables en la región: “como dice nuestra ministra de Medio Ambiente no tenemos tiempo que perder, no estamos hablando del futuro, no estamos haciendo un acto de generosidad a las generaciones que vendrán, estamos hablando de nuestra propia supervivencia”. En efecto, el tiempo apremia, pues la degradación ambiental en la región avanza inexorable.

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La reconstrucción de la política exterior de Brasil y sus relaciones con América Latina

Marcelo Viana Estevão de Moraes
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La reconstrucción de la política exterior de Brasil y sus relaciones con América Latina

En la actualidad, además del conflicto por delegación entre la OTAN y Rusia en territorio ucraniano, el escenario más amplio apunta a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China en la disputa por la hegemonía mundial. Esta tendencia supone un reto para Brasil, que se encuentra en el hemisferio americano, bajo la influencia geopolítica directa del hegemón, pero cuya economía depende cada vez más de las relaciones comerciales con China. Un panorama de riesgos y oportunidades exige perspicacia y habilidad en la conducción de la política exterior en defensa del interés nacional.

El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró en una conferencia en la Universidad George Washington que China representa el desafío más serio a largo plazo para el orden internacional: sería el país que no sólo pretende reformar este orden, sino que además posee los recursos de poder para hacerlo. La propia guerra de Ucrania podría no haber ocurrido si Rusia no se hubiera fortalecido debido a la asociación estratégica firmada con China, que funciona como un vector fundamental para la integración económica y logística de Eurasia, especialmente la BRI (Belt and Road Initiative).

En este escenario, el desafío para Brasil es retomar el principio rector de su política exterior activa y propositiva, evitando alineamientos geopolíticos automáticos con potencias o bloques, y basándose en una agenda ecuménica de paz y desarrollo en la perspectiva del Sur Global, privilegiando la interlocución con América del Sur y América Latina para el logro de una estrategia regional colectiva, a través de la recuperación de la Unión de Naciones Suramericanas – Unasur y el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Celac.

Dar prioridad a América Latina, y especialmente a América del Sur

Brasil, por sus dimensiones económicas, territoriales y poblacionales, parafraseando a Paulo Nogueira Batista Júnior, no cabe en el patio trasero de nadie. Una estrategia colectiva sudamericana y latinoamericana aumenta su poder de negociación.

El gran juego geopolítico brasileño despliega su proyección sobre su entorno en círculos concéntricos de influencia. El primer círculo, y el más importante, es la región platina, la zona económica más poblada de Sudamérica. El segundo círculo incorpora los demás países del subcontinente, especialmente el bioma amazónico, y el Atlántico Sur, por donde pasa casi todo el comercio exterior brasileño. El tercer círculo abarca toda América Latina y el Caribe, así como la Antártida y la costa occidental de África. Estos tres círculos forman el entorno geoestratégico de Brasil, una región en la que su presencia activa es vital para su desarrollo y seguridad, y que debe servir de plataforma de proyección al mundo.

A principios de este siglo, entre otras iniciativas, Brasil lideró la creación de Unasur y CELAC. La Unasur fue una organización internacional creada por los doce estados sudamericanos en 2008 con el objetivo, entre otros, de articular las acciones de los distintos países en diversos ámbitos de las políticas públicas, y debe funcionar como un denso instrumento de gobernanza de este espacio regional bioceánico. La CELAC, creada posteriormente en 2010, también fue impulsada por Brasil con la celebración en Salvador en 2008 de la primera cumbre autónoma de países latinoamericanos y caribeños, sin la tutela de los países anglosajones e ibéricos. Su vocación es la concertación política y la cooperación al desarrollo.

El abandono del gobierno de Bolsonaro de la Unasur y la CELAC significó un retroceso para la política exterior brasileña. La Unasur y la Celac fueron golpeadas por una campaña psicológica adversa sobre una supuesta Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina – Ursal, un enorme despropósito que se hizo viral con noticias falsas.

Este contratiempo no fue un hecho aislado. Hubo la subordinación de la política exterior a un americanismo ideológico radical de extrema derecha -el trumpismo- que compromete el diálogo con el actual gobierno de Estados Unidos, y el desmantelamiento del Itamaraty, órgano que siempre funcionó como referencia de excelencia burocrática para la administración civil brasileña.

Brasil es indispensable para el éxito de la integración porque es un multivector en el espacio regional: el proyecto regional se articula con el objetivo nacional de Brasil de consolidar su integración territorial interna; permite potenciales sinergias entre los sistemas nacionales en todos los ámbitos (productivo, comercial, logístico, etc.) al asociar el acceso al Pacífico, a través de corredores interoceánicos, con la marcha hacia el oeste de Brasil; favorece la institución de una doctrina estratégico-militar regional que avanzó en el Consejo de Defensa Sudamericano, fundamental para el control del entorno oceánico vital de la gran «balsa de piedra» sudamericana, la seguridad de la extensa frontera terrestre brasileña y la cooperación en torno al desarrollo sostenible de la Amazonia.Sin embargo, la eventual reelección del actual presidente mantendrá al país como un paria, en el punto más bajo de su reputación internacional: como un problema para el mundo más que como un portador de soluciones. Sólo un liderazgo internacionalmente respetado y probado en el arte de la política y la administración podrá marcar la diferencia deseada y aprovechar el entorno regional favorable a la reanudación de los proyectos de integración.

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Costa Rica, la institucionalidad en almoneda

Manuel Alcántara
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Costa Rica, la institucionalidad en almoneda

Los primeros cien días de gobierno constituyen un lapso clásico ante el que gobernantes, fuerzas opositoras y analistas se centran para evaluar lo andado. Se trata de un ejercicio que se sitúa a medio camino de la rendición de cuentas y de la propaganda. También sirve para constatar si lo que se avizoraba tras el triunfo electoral y el momento de salida, una vez configurado el nuevo gobierno, ha consolidado las proyecciones realizadas. Pero, así mismo, es útil para contrastar lo acaecido en un determinado país con las dinámicas gestadas en el vecindario. ¿Se consolidan tendencias regionales? ¿En qué medida es cierta la idea de que cada país es excepcional?

En el ámbito latinoamericano, Costa Rica es un país que llama poco la atención y que mantiene tres características que hacen de él un caso insólito. Su democracia es la más longeva de la región puesto que durante siete décadas elige periódicamente a sus gobernantes de manera ininterrumpida. Desde 1949, tras una breve guerra civil, no cuenta con Fuerzas Armadas. Y, de manera constante, los diferentes índices que evalúan la calidad de la democracia lo sitúan entre los países más avanzados de América Latina. No obstante, sus últimas elecciones trajeron consigo la convalidación de pautas del quehacer político comunes en la vecindad.

En el marco de democracias fatigadas, definidas por el malestar de la sociedad con la política y la galopante crisis de la representación que se ceba sobre todo en el desempeño de los partidos políticos cada vez más numerosos, volátiles y con identidades múltiples y discontinuas, Costa Rica constituye un caso que, al romper con ciertas prácticas del pasado, como era el bipartidismo y la pervivencia de una clase política tradicional, se engarza plenamente con los nuevos tiempos de la política. Una época en que, además, el denominador común y exponencial de lo digital configura escenarios novedosos que han roto los marcos relativamente estables existentes hasta hace apenas un par de lustros.

Hay cuatro elementos que componen una pauta que cada vez es menos ajena en una región en la que hay una clara constante que es el presidencialismo como forma de gobierno. En primer lugar, el candidato vencedor es alguien ajeno a la vida política habitual del país, con una experiencia muy reducida en los manejos del Estado y con habilidades políticas por demostrar. Este puso en marcha un gobierno y una administración pública en lo relativo al millar aproximado de cuadros de confianza, reclutando al personal mediante criterios de cooptación nada claros.

En segundo término, la relación del nuevo presidente con el universo partidista es lejana y puramente instrumental. Primero porque el partido político que en su momento fue un mecanismo necesario para articular la candidatura, se convierte en una camisa de fuerza de la que poco a poco el nuevo mandatario se aleja. Y, después, porque la muy reducida fuerza parlamentaria del partido en cuestión resultado del tímido impulso electoral recibido en la primera vuelta de la elección presidencial -hubo 25 candidatos- le aleja de constituir una mayoría parlamentaria. Tras la toma de posesión, el presidente, gracias a los recursos del poder con que cuenta, comienza a construir un grupo de apoyo sobre la base de adhesiones individuales.

En tercer lugar, la clase política tradicional, que cuenta en su haber con años acumulados de desprestigio como consecuencia de un rosario de corruptelas, impunidad e incapacidad de conectar con las nuevas generaciones, suministra inconsciente argumentos para que el nuevo Poder Ejecutivo pueda construir un discurso alternativo. Además, el refugio de aquella en los medios de comunicación tradicionales y, en ocasiones, su connivencia con elites intelectuales contribuye a que el nuevo relato se nutra de una lógica “popular” que no deja de verse acompañada con sectores empresariales afines al gobierno.

Finalmente, alentado por el manejo de un protocolo de comunicación en manos de expertos, el presidente desarrolla una agenda mediática donde destaca el manejo de la polarización afectiva en una lógica de amigo-enemigo favorecida por el presidencialismo. Para ello, la gestión de las redes sociales es fundamental así como, en su caso, el uso de cuentas ficticias que ayudan a alcanzar elevadas tasas de popularidad. Por otra parte, la comparecencia semanal tras las reuniones del gabinete en las que no suelen permitirse segundas preguntas o peticiones de aclaración a las respuestas iniciales marca la agenda política semanal

El presidente Rodrigo Chaves, alejado del país durante tres décadas y hoy con una tasa de aceptación del 70%, es una imagen vívida de los primeros cien días de la política actual de Costa Rica que proyecta un estado de cosas identificado con los aspectos señalados más arriba. Pero no lo es menos su pareja política de hecho, la durante años muy popular comunicadora Pilar Cisneros, hoy diputada estrella de la Asamblea Legislativa. Esta le aportó un enorme caudal de votos gracias a su notoriedad, y que, incapaz de manejar espontáneamente la oratoria parlamentaria, usa en sus intervenciones congresuales un teleprompter adquirido con fondos propios.

Todo ello constituye un escenario similar al existente en otros países latinoamericanos que se aboca hacia el peligroso estadio de fatiga crónica, acentuado en la región tras la pandemia y la presente crisis económica, y que puede ser antesala de una dramática desinstitucionalización. Un orden político al borde del precipicio dominado por el extremo personalismo de líderes narcisistas, el desdibujamiento de los partidos en un ámbito societal de identidades múltiples, así como de paroxismo individualista, y el desarrollo exponencial de la sociedad digital con sus nuevas formas de interacción, de acceso a la información y de imperio del algoritmo.

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Despertando la voz de los demócratas

Fabián Echegaray
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Despertando la voz de los demócratas

Señal de los tiempos, vivimos un aluvión de debates y publicaciones sobre la crisis de la democracia. Pero, más allá del modismo editorial, persisten las lecciones de estudiosos clásicos del quiebre institucional y el advenimiento del autoritarismo propio de los años 1970 y 1980, previo a la llamada tercera ola democrática. Entre sus figuras más destacadas sobresale el profesor español Juan Linz, quien fuera catedrático de la Universidad de Yale, para quien el fracaso de los regímenes liberales, pluralistas y representativos siempre se explicó mejor por el silencio de los demócratas que por el ruido de los autoritarios.

Ese aprendizaje parece explicar fenómenos como las movilizaciones del pasado 11 de agosto en Brasil en torno de la llamada “Carta en Defensa del Estado Democrático de Derecho Siempre!”, auspiciada y promovida por una constelación tan amplia cuanto impensada de actores sociales, personalidades y celebridades cubriendo todo el arco ideológico. Desde ex−presidentes como Fernando Henrique Cardoso y Lula, antiguos y duraderos rivales en elecciones, hasta agentes tan contrapuestos como las centrales sindicales y las confederaciones empresariales. De igual forma, se sumaron individuos y colectivos de los mundos académicos, artísticos y deportivos, movimientos sociales y asociaciones profesionales diversas. En común, su adhesión a una iniciativa de bajo perfil lanzada por autoridades y alumnos de abogacía de la octogenaria Universidad de São Paulo, convirtiéndola en un fenómeno de masas.

En pocos días, un documento pensado para congregar posiciones internas en el ámbito universitario proyectado para no más de 300 personas se transformó en el catalizador de un consenso a favor de la institucionalidad por parte de cerca de un millón de brasileños que firmaron, dejando en claro la inaceptabilidad de los devaneos autoritarios enunciados por el Ejecutivo en torno de denunciar como fraude y rechazar eventuales resultados adversos para el oficialismo en las próximas elecciones presidenciales de octubre de este año.

Esa capacidad de generar una convocatoria de tono moderado pero claro, enfocada en valorizar las instituciones representativas y pluralistas y los fundamentos republicanos del orden público (más que en políticas u objetivos partidarios), congregando izquierda, centro y derecha, muestra cómo se defiende la democracia  en la sociedad más populosa de la región. Y lo hace priorizando un abordaje que suma voluntades centrípetamente, alrededor de consensos tan ponderados como esenciales, en lugar de ambicionar apoyo para una posición potencialmente conflictiva y disgregadora de posibles acuerdos.

Quizá sea ese uno de los secretos mejor guardados de la mayormente exitosa democracia brasileña. A pesar del sospechoso impeachment de la ex−presidente Dilma Rousseff, del cuestionable encarcelamiento del ex−presidente Lula, de los excesos reguladores y de prácticas corruptas del PT en el gobierno y de la elección de un ex−militar mediocre y defensor de la tortura y dictadura, Jair Bolsonaro, como presidente de la nación, el Brasil se ha mantenido delante de la inmensa mayoría de países latinoamericanos en materia de calidad institucional y progreso democrático.

Según el ranking de democracia de The Economist, el país inició el nuevo siglo en cuarto lugar (sobre un total de 20 países) con un índice de 6.48 en el año 2000. En 2022, aún con las amenazas presidenciales contra el poder judicial y los resultados electorales, los asesinatos de militantes sociales y ambientalistas, la retórica pro-violencia fustigada desde la cabeza del Ejecutivo, la militarización creciente del Estado y las expresiones represivas por parte de la maquinaria pública, el Brasil mejoró su guarismo llegando a un índice de 7.18, quedando atrás de tan sólo Uruguay, Costa Rica, Chile y Panamá en calidad de su democracia.

Con ciudadanos de a pie en las calles pero también con sus elites que se la juegan públicamente en contra de los desvíos autocráticos y sectarios y contrarrestan un discurso de demonización del otro, el pasivo silencio de los demócratas que tantas veces pavimentó el camino hacia el abuso del poder y la entronización autoritaria es reemplazada por la articulación consensuada, efectiva y disuasiva de los partidarios del estado de derecho. Con ello, aumentan los costos del aventurerismo populista y autocrático, revelando cómo neutralizar con éxito las típicas tentaciones tiránicas de los liderazgos de nuestra región. 

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China y América Latina: ¿hacia una era de relaciones win-win?

Sérgio Braga
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China y América Latina: ¿hacia una era de relaciones win-win?

Si bien aún son inciertas las ramificaciones a largo plazo de la guerra en Eurasia, existe cierto consenso entre los analistas de que surgirá, precisamente por ese problema, una nueva configuración internacional.

Si un conflicto bélico no es generalizado, la diplomacia y las negociaciones para la consecución de la paz prevalecen sobre la fuerza bruta, o más probablemente el nuevo escenario internacional se caracterice por un mayor multilateralismo mediante el fortalecimiento de bloques geopolíticos alternativos, además de los tradicionalmente predominantes en Occidente.

De darse esta situación, será compatible con viejos lineamientos de la política exterior de China que va desde los tiempos en que sus pilares fueron fijados por parte del primer ministro Zhou Enlai, especialmente desde los hechos que ocurrieron a finales de los sesenta y que culminaron en la histórica visita de Richard Nixon a ese país en febrero de 1972. Este fue uno de los eventos diplomáticos más importantes del siglo pasado, que celebró su 50 aniversario en febrero de este año.

Es cierto que el mundo ha cambiado mucho desde aquel hecho, pero China continúa siguiendo (como parte de su política exterior) las pautas básicas de dichos lineamientos. Entre estas pautas están el respeto a la soberanía económica de los pueblos y su derecho a decidir autónomamente sobre sus destinos y su sistema político, sin imponer regímenes políticos por la fuerza contra la voluntad y las características culturales de estos pueblos.  

También están el predominio de las negociaciones pacíficas y diplomáticas sobre el uso de la fuerza militar para la solución de conflictos internacionales, y, en materia de relaciones comerciales entre países, la defensa consecuente del multilateralismo mediante la construcción de bloques económicos diversos y soberanos, incluso en el tercer mundo a través de la profundización de “relaciones win-win” en lo que respecta al comercio exterior.

La posibilidad de concretar esta situación futura mediante el continuo crecimiento de la economía china en los próximos años y sus lineamientos de ganancias económicas mutuas y el respeto a la soberanía de los pueblos, representa una serie de desafíos países latinoamericanos para los países lationamericanos.

Dichos desafíos están orientados hacia la optimización de las oportunidades que significa el surgimiento de nuevos bloques económicos y un escenario de creciente multilateralismo, sin que ello implique la adhesión exclusiva y unilateral a ninguno de ellos, pero manteniendo, eso sí, buenas relaciones con varios países que traen estímulos económicos a la región.

Así, los recientes acuerdos comerciales entre Argentina Argentina y China son muy prometedores, sumándose el primero a la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que abre el camino para un crecimiento de los BRICS si estos acuerdos generan un nuevo ciclo de progreso económico continuo y una mayor inclusión, también económica, en el continente.

El caso de Uruguay y el inicio formal de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre este país y China es otro ejemplo del avance de las relaciones chino-latinoamericanas.

Si bien Brasil aún no ha avanzado tanto como Argentina o como podría llegar a ocurrir en Uruguay (en términos de acuerdos comerciales y políticos) con China (aunque este ya es su mayor socio comercial), hay varias iniciativas importantes en marcha en el país que apuntan hacia un escenario prometedor para el desarrollo político, cultural y el intercambio comercial entre ambos países (esto, pese a algunos pequeños incidentes ocurridos recientemente, que podrían ser superados en un futuro próximo).

Vale destacar, en particular, la construcción actual del puente entre Salvador e Itaparica, dos de los principales centros económicos y turísticos del noreste de Brasil, que en este momento es su mayor proyecto de infraestructura. Este caso es un excelente ejemplo de la realización de “relaciones win-win” en la medida en que los dos socios de la relación se benefician de las inversiones y obras previstas para comenzar próximamente.

Por un lado, ganan los brasileños, ya que se atienden demandas históricas de la población por mejorar la calidad de los servicios de viaje entre las dos localidades, un viejo cuello de botella en los flujos comerciales y turísticos de la región. Por otro lado, ganan los chinos, ya que dan visibilidad y acrecientan su negocio en infraestructura en lo que a América Latina se refiere, difundiendo un modelo más avanzado de gestión económica en todo el mundo, que se basa en ganancias mutuas entre los países, el desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente. Con ello también suma a Brasil a otros países que ya se benefician de inversiones en infraestructura que crearán externalidades positivas en sus respectivas economías, así como beneficios para las empresas y los empresarios chinos.

Es evidente que un emprendimiento de esta magnitud puede ir en contra de intereses bien establecidos, especialmente de aquellos que se vieron favorecidos por la situación anterior de déficit crónico en inversión en cuanto a infraestructura, y con lo que, sin embargo, obtuvieron ganancias extraordinarias y desproporcionadas con medios de transporte, precarios y arcaicos, para la población. De ahí la necesidad de un esfuerzo constante y diario por parte de los socios involucrados en este proyecto, a fin de aclarar a la opinión pública los impactos positivos de la obra en la región, que ayudará en gran medida a la población local en su conjunto.

Finalmente, es posible afirmar que la intensificación de los vínculos diplomáticos y comerciales entre Brasil y China en un futuro próximo, basándose en los principios de respeto mutuo tanto de la soberanía como de las especificidades culturales de los pueblos y en «relaciones win-win», puede servir como un prometedor contrapunto a las perspectivas de futuro que ofrecen quienes, en el siglo XXI, desean restaurar la mentalidad arcaica de «guerra fría» y «choque de civilizaciones», llevando, sin embrgo, al mundo al cierre de una guerra entre superpotencias.

Esta situación solo favorece a las grandes empresas del complejo tecnológico-militar y sus simpatizantes, a los políticos financiados por estas empresas, pero excluyen de su lista de prioridades las demandas de la población trabajadora y de los empresarios locales.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

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El narcotráfico y la razón de Estado

Ernesto Hernández Norzagaray
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El narcotráfico y la razón de Estado

Tras los sucesos del 15 de julio en la comunidad de San Simón, del municipio de Choix, en México, que terminaron con la captura del narcotraficante prófugo Rafael Caro Quintero y la caída de un helicóptero que costó la vida de catorce personas, los relatos de los Gobiernos mexicano y estadounidense están plagados de contradicciones. Esto nos permite explorar el argumento de que detrás de todo este tejido abigarrado hay razones de Estado que pretenden hacer de la contradicción una virtud.

La acepción de razón de Estado se asocia generalmente a Nicolás Maquiavelo, pero hay otros estudiosos que la atribuyen al pensamiento político del cardenal Richelieu, quien sería el primero en utilizarla en forma extensiva durante los siglos XV y XVI. Se trata de un resorte del poder de “úsese cuando se necesite” para garantizar la supervivencia de un determinado orden político pero atendiendo a una sospecha o a un interés coyuntural que recomienda no dar a conocer lo que realmente sucedió. Esto, sin considerar la naturaleza ética de los medios empleados.

¿El narcotráfico, o más específicamente la detención de Caro Quintero, es materia de razón de Estado? Sí. El narcotráfico tiene aristas filosas y basta saber que mucho de lo que sucede en ese mundo es desconocido por el común de la gente, incluso para los periodistas que se dedican a investigar y que frecuentemente terminan sacando conjeturas sobre los hechos ocultos detrás de lo evidente.

El caso Caro Quintero tiene una historia de décadas desde que fue detenido en Costa Rica y llevado a México para que rindiera cuentas sobre narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena. Tras aquel hecho pasaría 28 años en prisiones mexicanas pese al pedido de extradición del Gobierno de los Estados Unidos.

La periodista Anabel Hernández se ha dedicado a explicar que el Cártel de Guadalajara, del cual Caro era uno de sus líderes, tenía un pacto secreto con la DEA para intercambiar facilidades para el trasiego de droga al otro lado de la frontera a cambio de financiamiento de la “contra” centroamericana. Esto nunca ha sido rebatido y ni siquiera mencionado.

Pero hay otro argumento sostenido por el sociólogo Luis Astorga, que linda los límites de nuestra sui géneris “razón de Estado” y que tiene que ver con la larga tradición de narcopolítica en México. Una tradición que data de 1914 cuando en Estados Unidos las drogas duras dejaron de poder venderse en farmacias como aspirinas.

Es claro que la operación del cártel señero del narcotráfico mexicano no habría sido posible sin los “permisos” correspondientes del poder de aquel momento. ¿O, acaso, el cultivo de mariguana en cientos de hectáreas con centenares de personas trabajando en el rancho chihuahuense El Búfalo podría haberse realizado sin la anuencia del poder político?

Incluso, Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, responsable de la política interior y hoy director de la empresa Comisión Federal de Electricidad, tendría un expediente en la DEA porque supuestamente estuvo presente en el interrogatorio que terminó con el asesinato de Kiki Camarena como se señaló y en 2014 lo ratificaron dos testigos protegidos ante un juez federal estadounidense.

Ambas explicaciones podrían no ser necesariamente excluyentes, pues obedecen a una misma y poderosa lógica económica. Por un lado, el Gobierno mexicano es beneficiario, hasta la fecha, de una buena parte de las remesas de este tipo de transacciones ilegales, y por el otro, el estadounidense no solo recibe la droga para sus consumidores, sino también una buena parte del dinero. Es decir, estaríamos frente a una empresa multinacional, delincuencia de “cuello blanco”.

Entonces, según esta teoría, las decisiones que se toman a ambos lados de la frontera, fácilmente nos llevarían a concluir que, detrás del discurso sobre la detención de Caro Quintero, se oculta un orden que ha permanecido en el tiempo.Y que seguirá sosteniéndose por un interés que va más allá del honor de una agencia norteamericana.

Esto explicaría por qué al día siguiente que la directora de la DEA, Anne Milgram, informaba que Caro Quintero estaba detenido y felicitaba a los agentes, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, negara diplomáticamente la participación de su país y reconociera a los marinos mexicanos como responsables del arresto. De esta manera, el Gobierno estadounidense actuaba en sintonía con lo dicho por el presidente Andrés López Obrador.

Además de estas contradicciones, tampoco se conocen el nombre y la identidad de los fallecidos en el desplome del helicóptero. Esto alimenta la sospecha de que en la nave podrían haber ido agentes norteamericanos y, que por razones de Estado, no se han dado a conocer sus identidades.

Otra curiosidad del episodio es que la propia DEA haya tenido la bandera estadounidense a media asta en su sede cuando se supo de la caída de la nave mexicana. Y esta teoría toma nuevo vuelo tras la publicación de The Washington Post de que hubo agentes de la DEA en el caserío donde fue capturado Caro Quintero.

En definitiva, tras el corsé informativo sobre lo ocurrido ese mediodía, comienzan a ventilarse hechos que podrían confrontar una razón de Estado a ambos lados de la frontera. En definitiva, el affaire Caro Quintero está abierto con sus claros, pero también con sus zonas opacas, lo que en este caso da fuerza a la hipótesis que desde su origen tiene componentes de razón de Estado para ambos países.

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¿Por qué la defensa de la democracia no es suficiente?

João Roberto Lopes
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¿Por qué la defensa de la democracia no es suficiente?

El Latinobarómetro 2021, la más importante medición sobre la satisfacción con la democracia en América Latina, reveló un amplio descontento entre la población. El informe muestra que en la región existe un rechazo generalizado a la actuación de las élites (el 70% está insatisfecho con la gestión actual de su país), sólo el 22% dice que sus dirigentes se preocupan por los demás y sólo el 17% cree que la distribución de la riqueza en sus países es justa. La encuesta también destacó el deterioro democrático de Brasil bajo la presidencia de Jair Bolsonaro.

Frente a las amenazas golpistas de Bolsonaro y sus partidarios, diferentes sectores de la sociedad se han pronunciado públicamente en defensa de la democracia brasileña, incluso señalando en la dirección de una votación plebiscitaria ya en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. Aunque importante y necesaria, se trata de una agenda defensiva, limitada a los contornos de un debate público guiado por la agenda destructiva de Bolsonaro.

Es una defensa de la democracia que no se muestra capaz de dialogar con el deseo de la población de cambios profundos en el país, incapaz de desenmascarar la farsa antisistémica del bolsonarismo. ¿Y por qué? Porque, sencillamente, no afecta a quienes, de hecho, concentran el poder y secuestran cualquier posibilidad de cambio a favor de las mayorías. Es decir, la oligarquía financiera que drena porciones cada vez más grandes de los ingresos de la población, haciendo uso, más recientemente, de las políticas ultraliberales de Bolsonaro.

No por casualidad, estas oligarquías, partidarias del gobierno de Bolsonaro, son también hoy firmantes de manifiestos y pronunciamientos públicos a favor de la democracia. En el debate actual, entre demócratas y bolsonaristas, las oligarquías financieras no sólo están a salvo, sino que a menudo son protagonistas. Por esta razón, la defensa de la democracia, sin cuestionar la hipertrofia del poder de tales oligarquías, corre el riesgo de resultar, como la defensa antisistémica de Bolsonaro, una farsa.

No se trata sólo de responsabilizar a la oligarquía financiera local o de recordar que, según el informe de Oxfam de 2017 «La distancia que nos une«, seis brasileños tienen una riqueza equivalente al patrimonio de los 100 millones de personas más pobres del país y que el 5% más rico tiene la misma cuota de ingresos que el 95% restante.

A nivel global, en las dos décadas del siglo XXI, el dominio financiero dentro de la dinámica capitalista ha ido adquiriendo una magnitud sin precedentes, algo que se aceleró en la crisis posterior a 2008. De hecho, un informe de 2021 del Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G20 para supervisar el sistema financiero internacional en el periodo posterior a la crisis, revela que el valor total de los activos financieros mundiales pasó de 230 dólares en 2009 a más de 400 billones en 2019, alcanzando casi cinco veces el PIB mundial ese año.

Considerada por los liberales, más o menos ortodoxos, sólo un exceso o una falla del mercado, esa lógica rentista-financiera ha dominado, igualmente, la dinámica de nuestro capitalismo periférico y ha hecho avanzar la concentración de la propiedad y de la renta. Un reciente estudio de FONACATE muestra que, en Brasil, en 2020, por cada 1 real destinado a la inversión o a la formación bruta de capital, hay más de 6 reales aplicados en activos financieros (títulos de deuda pública o privada, acciones de empresas, contratos de cambio y commodities).

Hay que democratizar la economía y las finanzas

Pero, ¿de dónde extraen los agentes financieros su enorme rentabilidad? En 2021, el 60% del stock total de activos financieros en Brasil estaba invertido en bonos de deuda pública. Algo que sin duda explica que tengamos el tipo de interés real más alto de la economía mundial, la llamada autonomía del Banco Central y el estrangulamiento del gasto social con el denominado «techo de gasto». Un asalto al ahorro público acompañado de la precariedad de los derechos.

Por otro lado, estos mismos agentes financieros buscan avanzar en sus «inversiones» en políticas sociales (seguridad social, salud, educación, energía y saneamiento). En la privatización de la Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado de Río de Janeiro (CEDAE), que tuvo lugar en abril de 2021, la gran ganadora de la subasta fue Águas do Rio, que pertenece a AEGEA, que a su vez está controlada por instituciones financieras, como el Banco Itaú y el Fondo Soberano de Singapur.

Más recientemente, con la privatización de Eletrobras, el mayor controlador privado de la empresa pasó a ser 3G Capital, propiedad de Jorge Paulo Lemann, el brasileño más rico según Forbes. No habrá mejor manera de apoyar la rentabilidad financiera que accediendo a los servicios públicos con tarifas, captando también las rentas del trabajo.

Esta lógica financiera y especulativa, que tiene sus operadores privilegiados en los grandes bancos y fondos de inversión, también manda hoy en los grandes grupos privados, no financieros, pero que cuentan con instituciones financieras en su estructura societaria – como es el caso de la empresa minera Vale, que tiene al Banco Bradesco como uno de sus controladores. Así, las grandes empresas destinan una parte importante de sus beneficios al pago de dividendos a sus accionistas, a la recompra de acciones propias y a inversiones financieras.

Este comportamiento desalienta la inversión productiva y cambia las prácticas de gestión en favor de la asignación financiera y la rentabilidad, lo que da lugar a la presión de los accionistas, los propietarios, para la máxima extracción de valor del trabajo y la expoliación de la naturaleza. De ahí la legalización del trabajo precario, por la reforma laboral de Michel Temer, y las presiones diarias para flexibilizar los derechos ambientales e indígenas.

Con los ingresos comprimidos, privados de derechos y con la reproducción cada vez más en manos del sector privado, la mayoría de la población es rehén del endeudamiento, que ya alcanza a más del 77% de las familias brasileñas. Estas deudas alimentan aún más la depredación usurera y especulativa de los rentistas.

La oligarquía financiera, que hoy se hace pasar por demócrata es la misma que opera y se beneficia de las políticas macroeconómicas, fiscales, de seguridad social, laborales y de privatización de los últimos gobiernos, verdaderas máquinas de triturar al pueblo.

Antes de la independencia de Brasil, existían los llamados «hombres buenos», grandes terratenientes y personas que se encargaban de la administración local. Después de 200 años, ¿seguiremos siendo rehenes, ahora de una casta financiera, de «nuevos hombres buenos» al mando de toda la República, una especie de intocables, que no rinden cuentas?

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