El miedo de Ortega a las monjitas y un cable premonitorio de WikiLeaks

Carlos Chamorro
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El miedo de Ortega a las monjitas y un cable premonitorio de WikiLeaks

El dictador Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a 18 Misioneras de la Caridad de la orden religiosa de Madre Teresa de Calcuta, después de haber cerrado sus obras de beneficencia y cancelado la personería jurídica de su asociación, porque no se registraron como “agentes extranjeros”.

Esta triple agresión contra la libertad religiosa, el derecho de asociación, y el derecho de los pobres a recibir asistencia social de parte de organizaciones de la sociedad civil, ha provocado un repudio generalizado, incluso entre los partidarios del régimen, y en la opinión pública internacional, que además condena la censura y la persecución desatada contra el diario La Prensa como castigo por cubrir la noticia de la expulsión.

En realidad, no es la primera vez que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lanza un ataque virulento contra representantes de la Iglesia católica. Después de la rebelión de abril, entre 2018 y 2022, asaltaron la basílica de Diriamba; atacaron a balazos la iglesia de la Divina Misericordia, donde mataron a dos estudiantes universitarios; atentaron contra la imagen de la Sangre de Cristo en la catedral de Managua;  provocaron el exilio forzado del obispo Silvio José Báez; expulsaron del país al nuncio apostólico Waldemar Sommertag; asediaron a monseñor Rolando Álvarez y a decenas de sacerdotes en los templos; y encarcelaron al padre Manuel Salvador García.

Y a pesar de estos antecedentes persecutorios, ha causado estupor la expulsión de las hermanas de la caridad, porque ellas solamente se dedicaban a ayudar a los más necesitados con obras de caridad cristiana.

Pero, tampoco es la primera vez que el régimen criminaliza la solidaridad de pueblo a pueblo, y pretende prohibir la ayuda a los más vulnerables en un país lacerado por la pobreza; a los afectados por el hambre y la sequía; a las víctimas de la negligencia oficial ante la pandemia de la covid-19; y a los más desprotegidos por la falta de acceso a los servicios sociales más elementales. La prohibición de la solidaridad está en el ADN dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pretenden implantarse como los únicos benefactores sociales ante los pobres, para que cada vez que la población acceda a un derecho, le dé “gracias al comandante y la compañera”, consagrando un acto de sometimiento político.

Por ello han cancelado ya a más de 950 oenegés, asociaciones médicas y educativas, obras sociales de la Iglesia católica, y sobre todo los proyectos de desarrollo social y comunitario que apuntalan una ciudadanía activa, con el objetivo de instalar un régimen totalitario en el que el Estado-partido-familia encarnado en la pareja presidencial sea el único interlocutor ante la población y especialmente con los más pobres.

Pero aún con toda esa evidencia a la vista, resulta difícil entender la saña contra las monjas de Madre Teresa de Calcuta y quizás la única explicación, que no es justificación, es que ese odio ha estado ahí siempre y se alimenta del miedo profundo que Ortega y Murillo le tienen al pueblo, y al ejercicio de la solidaridad que forma parte de la identidad de los valores democráticos de los nicaragüenses.

Entre los más de 1400 documentos sobre Nicaragua filtrados por WikiLeaks, que están basados en los cables diplomáticos enviados por el embajador de Estados Unidos en Managua a las oficinas del Departamento de Estado en Washington, hay uno fechado el 27 de abril de 2009, hace más de 13 años, por el embajador Robert Callahan, en el que cita un encuentro privado con la entonces primer comisionada de la Policía Nacional Aminta Granera, en el que la jefa policial relata el temor y la paranoia de Ortega provocado por la supuesta amenaza de unas monjitas. Cito textualmente: “La jefa de la Policía Aminta Granera le dijo al embajador Callahan que el presidente Daniel Ortega está completamente loco y representa una amenaza para el país”. Y agregó que, según Ortega, hay “unas monjitas que están rezando para que lo asesinen”.

En este cable diplomático que escribe Callahan, la comisionada Granera no especifica quiénes son las monjitas, a las que teme Daniel Ortega porque supuestamente estaban conspirando en su contra, a través de la oración, para que le quiten la vida.

Según Ortega, se trata de un “grupo de monjitas muy mayores”, que están rezando para que lo maten, y considera que esto es una grave amenaza para la seguridad nacional.

Granera se limita a decir que ella misma se siente “insegura” ante Ortega, porque éste la considera una potencial rival política, y que lo único que le permitía a ella misma mantenerse segura frente a Ortega, era su “creciente popularidad”. Y remata que “la única persona que tiene influencia sobre Ortega es su esposa Rosario Murillo”.

Trece años después de la publicación de este cable premonitorio de WikiLeaks, la paranoia de Ortega y Murillo, el miedo a la ciudadanía y a perder el poder, es lo único que puede explicar la irracionalidad de un régimen totalitario que masacró a su propio pueblo, encarcela y tortura a los que reclaman libertad y elecciones libres, cierra todos los espacios de la sociedad civil, y se siente amenazado por las monjas de Madre Teresa de Calcuta.

*Este texto fue publicado originalmente en Confidencial de Nicaragua.

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La victoria de Petro y los retos de la nueva ola rosada en América Latina

Fabricio Pereira da Silva
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La victoria de Petro y los retos de la nueva ola rosada en América Latina

La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia confirmó una segunda ola rosada en América Latina y según los últimos sondeos, Luiz Inácio Lula da Silva ganará las elecciones de octubre en Brasil.

Las elecciones brasileñas a estas alturas se han polarizado definitivamente entre Lula y Bolsonaro. La pregunta es cómo y cuándo Bolsonaro intentará su golpe. Si será antes o después de las elecciones, y qué alcance tendrá. En cualquier caso, es poco probable que los eventuales disturbios policiales y militares, y las muestras de violencia de los fascistas y milicianos partidarios de Bolsonaro impidan la celebración de las elecciones o la investidura de Lula. Todo indica que los próximos meses serán de angustia y violencia, pero que la democracia saldrá victoriosa. Al menos momentáneamente, porque está claro que el bolsonarismo seguirá vivo.

Así, a principios de 2023, casi toda la región volverá a estar gobernada por partidos y movimientos de la izquierda del espectro político. Esto incluirá a países que no participaron en la primera ola rosada, como México, Colombia y Perú. Es muy posible que más adelante la izquierda vuelva al poder en Uruguay y Ecuador. 

Esta nueva ola, sin embargo, debe entenderse como un nuevo momento -no como una continuación del primero– del ciclo de gobiernos de izquierda en la región durante la década de 2000 y la primera mitad de 2010. Ese ciclo se agotó a mediados de la década de 2010, dando paso a un avance de los gobiernos de extrema derecha y de centro derecha, que ahora termina antes de consolidarse.

Los retos de esta nueva ola

El contexto global que se vive hoy en día es muy diferente al de principios del siglo XXI, marcado por el llamado «boom de las materias primas». Ahora, la situación es de crisis, agravada por la pandemia y la guerra de Ucrania, y una probable recesión el próximo año. La segunda ola rosada fracasará si no hace autocrítica y adaptaciones de la primera, tendrá peores resultados y una corta duración. No puede ser «más de lo mismo» en un contexto peor que se ha transformado considerablemente.

Evidentemente, las sociedades latinoamericanas tampoco son las mismas que las de hace dos décadas. Se caracterizan por más desempleo, subempleo, precarización, «uberización». Están atravesadas por los valores neoliberales, el espíritu empresarial y el consumismo. El avance de las denominaciones religiosas neopentecostales está relacionado con esto, y es de no poca relevancia en este panorama. Sus economías están reprimarizadas y orientadas a la exportación de productos de la agroindustria (o en el mejor de los casos a las «maquiladoras»), con vastas regiones cada vez más entregadas a las actividades económicas ilegales, a los paramilitares, a la devastación y al acaparamiento de tierras.

En este contexto, además de la urgencia de las crecientes y urgentes inversiones sociales, esta segunda ola rosada podría reanudar activamente la integración regional, con mayor énfasis en la integración productiva y el la circulación de personas. Buscar enfrentar conjuntamente temas como la crisis climática, la devastación de la Amazonía, la superación definitiva de la pandemia, incluso temas como la reducción del neoextractivismo y la dependencia en el campo del conocimiento y la tecnología. 

Los movimientos sociales emergentes (mucho más fuertes en la región que hace dos décadas) podrían encontrar en estos gobiernos no agentes para instrumentalizarlos o silenciarlos, sino espacios democráticos para condensar sus múltiples demandas, derivadas de múltiples formas de opresión. En este sentido, estos gobiernos podrían fomentar versiones más radicales y decisivas de la democratización y el reparto del poder.

¿Será posible todo esto? ¿Y sería deseable para estas fuerzas de la izquierda que van a regresar a ocupar los gobiernos? Temo que no. 

La clave está en la movilización popular

Por lo tanto, es difícil imaginar que todo esto pueda ocurrir sin movilizaciones populares. En este sentido, existe un mayor potencial en países donde los ciclos de movilización precedieron a la llegada de la izquierda al poder, como Chile y Colombia.

Aun así, el gobierno de Gabriel Boric comienza a dar señales de retroceso y parálisis en Chile (con la aprobación de la nueva Constitución amenazada). Y no se podría esperar tanto de Petro en Colombia, después de sus movimientos de moderación para llegar como favorito a estas elecciones – profundizados para asegurar su victoria por un corto margen en la segunda vuelta. El gobierno de Petro hará mucho si democratiza la política colombiana -ya ha comenzado a hacerlo al «normalizar» a la izquierda, ahora desvinculada de la guerrilla y de la violencia en el imaginario de ese país-.

La nueva ola en el Brasil de Lula

En Brasil, se puede esperar menos. Un frente amplio se configura en este momento para derrotar al fascismo y a las amenazas reales del derrocamiento definitivo de la democracia brasileña -en proceso de desmantelamiento desde el golpe parlamentario de 2016 que derrocó a Dilma Rousseff-.

Así, en principio, el nuevo gobierno se presentará como un intento de reconstrucción democrática e institucional, y una reanudación de la agenda (en peores condiciones) de reducción del hambre, la pobreza, el desempleo y la reactivación económica, que caracterizó a los primeros gobiernos de Lula.

Algunas novedades podrían venir de las movilizaciones ecologistas, feministas, negras, LGBTQIA+ e indígenas, hoy mucho más fuertes en Brasil que en la primera elección de Lula en 2002. En estos ámbitos habrá que presentar nuevas propuestas y formas de actuar. Pero, de nuevo, la clave está en las calles.

Más allá de las movilizaciones visibles, nunca se puede predecir lo que puede generar una mecha en las movilizaciones callejeras como el estallido social chileno. Al analista social siempre le resultará difícil observar los movimientos subterráneos que conducen a un fenómeno así, hasta que se produzca. 

Sin embargo, sin movilizaciones populares que empujen a los gobiernos, el retorno de la izquierda en Brasil y otras partes de la región será probablemente efímero, configurando un ciclo más frágil que el anterior.

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Las víctimas del calentamiento global no han oído hablar de cambio climático

Duvan A. Caro Tapia
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Las víctimas del calentamiento global no han oído hablar de cambio climático

Coautores Olga L. Hernández, Matías Mastrangelo, Diana C. Moreno

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan el bosque tropical de Montes de María, en el municipio de María La Baja, en el Caribe colombiano, han sido testigos durante las últimas décadas de los cambios en sus diversos cultivos que han pasado a ser monocultivos de palma africana y arroz, la disminución de las aguas que fluyen de la montaña, la desaparición de plantas medicinales y la creciente irregularidad de las lluvias. Los desbordamientos cada vez más frecuentes de los ríos causan inundaciones que traen consigo un sinfín de enfermedades, mientras los incendios no solo arrasan los cultivos de pancoger —cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada—, sino también el bosque tropical que, además, facilita a los habitantes el acceso al agua.

Sin embargo, para Duvan Andrés Caro, quien se dedica a comunicar los problemas de estas comunidades empobrecidas, racializadas y olvidadas, el cambio climático “es un cuento de científicos, de ONG, de las ciudades. De otro mundo”.

Durante décadas, los científicos han depositado sus esperanzas en que la evidencia ayudaría a los políticos a tomar decisiones que reduzcan la vulnerabilidad social y los conflictos ambientales. Cada vez se oye con más frecuencia a los “tomadores de decisiones” del sector público y privado hablando de cambio ambiental y sustentabilidad. Pero, a medida que se multiplican las conferencias internacionales sobre el cambio climático, aumenta de forma exponencial el número de personas que abandonan las zonas rurales, desplazadas por la destrucción de la naturaleza y sus medios de vida. Y es que la desconexión entre los foros internacionales en los que se buscan las soluciones y tanto los territorios como sus pobladores es evidente.

Pero no todo está perdido. En la actualidad, están surgiendo nuevas formas de vincular a la ciencia con los territorios y los centros de toma de decisiones. Y es que si los científicos realmente quieren contribuir a buscar soluciones a los problemas ambientales, deben comenzar a tener en cuenta la voz de los habitantes de esas zonas y abrirse a sus conocimientos.

La producción conjunta, o “coproducción”, entre habitantes, científicos, tomadores de decisiones y otros actores sociales vinculados al territorio es una forma de reconectar esos mundos distantes y distintos, de generar espacios para el diálogo de saberes y generar espacios de negociación entre las partes.

Además, si los datos que se vienen generando en los centros de investigaciones se adaptaran a lenguajes comprensibles para las comunidades, se podría dar un giro de 180º a los procesos de toma de decisiones que afectan a estos territorios y sus moradores. Esto facilitaría los procesos de restauración y conservación de los corredores biológicos, algo cada vez más urgente, ya que de ellos depende la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades.

En este marco, tanto los habitantes de la comunidad colombiana de María La Baja como los del pequeño poblado de Sachayoj (“señor del bosque”, en quichua) en el Chaco argentino ―que ha pasado de ser una de las mayores regiones boscosas del continente a una de las fronteras de deforestación más grandes del planeta en solo 30 años― han participado en un proyecto científico que tuvo resultados promisorios de “coproducción” de conocimientos y capacidades.

El proyecto Resiliencia socioecológica ante el cambio ambiental global en territorios heterogéneos reunió a pobladores, productores, científicos y otros actores sociales para identificar conjuntamente las principales amenazas y oportunidades para el desarrollo local. En Sachayoj, debido a la demanda de los actores del territorio, se está implementando un plan de monitoreo de indicadores ambientales para corregir malas prácticas y evitar mayores riesgos y vulnerabilidades. El monitoreo de polinizadores, por ejemplo, está reduciendo el uso de agroquímicos y favoreciendo la polinización biológica.

En María La Baja, por otro lado, la comunidad local y los científicos codiseñaron piezas comunicativas sobre la vida y diversidad en el territorio, memoria y alimento, y acciones de bienestar y revitalización del territorio en el contexto de conservación del bosque seco tropical. El proyecto además ha impulsado y fortalecido las dinámicas socioecológicas sobre monitoreo de fauna, flora y producción agrícola, para superar las vulnerabilidades de la región.

Estos avances en dos comunidades marginadas de América Latina confirman que realizar procesos de coproducción, cocreación y hacer llamados al trabajo comunitario al hacer investigaciones medioambientales en territorios concretos es de suma importancia. Los logros alcanzados a través del mayor acercamiento y participación entre los investigadores, los miembros de las comunidades y los centros de investigación ayudan, además, a poner en medio de la discusión el futuro de los recursos naturales, algo muy importante al tomar decisiones que tengan que ver con políticas que afecten a los espacios de relevancia biológica. 

Y es que mientras en el centro de las grandes ciudades y en los países más poderosos del mundo las personas buscan temporalmente “aislarse” de los conflictos ambientales, las familias y comunidades rurales de Latinoamérica y el Caribe viven permanentemente expuestas a sus consecuencias. Por ello, según Duvan, “los habitantes de las comunidades necesitan con urgencia que sus prácticas ancestrales de conservación, cuidado de la naturaleza y de entender la naturaleza sean avaladas y tenidas en cuenta a la hora de generar información sobre el territorio”.

Es hora de consolidar el cambio. Mientras los científicos hemos apostado por una estrategia ineficaz e ingenua para contribuir a la solución de los problemas ambientales, los pobladores rurales en las fronteras del extractivismo en América Latina y el Caribe sufren desproporcionadamente las consecuencias de la destrucción de la naturaleza.

Estamos a tiempo de cambiar esta situación. Pero, en lugar de seguir depositando nuestras esperanzas en influir en los tomadores de decisión, debemos comprometernos a trabajar de igual a igual con todos los actores sociales que habitan y actúan sobre el territorio. Para hacer frente a la crisis ambiental, que se manifiesta cada vez con mayor fuerza sobre las regiones más empobrecidas, hace falta llevar adelante procesos más democráticos en los que se tengan en cuenta las diferentes formas de conocimiento.

Olga Lucía Hernández-Manrique es bióloga e investigadora con doctorado en biodiversidad: conservación y gestión de especies y sus hábitats, de la Universidad de Alicante, España. 

Matías Mastrangelo es biólogo e investigador con doctorado en Estudios Ambientales, de la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda. 

Diana C. Moreno es investigadora adjunta del Instituto Humboldt en Colombia. Zootecnista y doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.

¿Un pacto migratorio para las Américas dictado por Estados Unidos?

Leiza Brumat
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¿Un pacto migratorio para las Américas dictado por Estados Unidos?

La Cumbre de las Américas, el foro multilateral de más alto nivel sobre las Américas, se celebró recientemente en Los Ángeles. La cumbre estuvo marcada por la adopción de una declaración sobre migración y protección, propuesta por el Gobierno estadounidense y firmada por los Gobiernos de 20 países. ¿De qué trata esta declaración? ¿Por qué la propuso el Gobierno estadounidense y por qué algunos Gobiernos latinoamericanos la respaldaron? ¿Podemos decir que se trata de un “pacto migratorio” para las Américas?

La IX Cumbre de las Américas fue auspiciada por el Gobierno de Estados Unidos, que también propuso los principales temas que se iban a tratar en la reunión. La movilidad humana ocupó el primer lugar en la agenda, probablemente debido a las preocupaciones que existen en el seno de la política interna de Estados Unidos. Actualmente, hay una campaña política en EE. UU. para las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán a principios de noviembre, y el Gobierno de Joe Biden quería enviar un mensaje fuerte y una imagen de liderazgo a su electorado nacional sobre este asunto tan delicado. Pero esto no es algo nuevo. Estados Unidos ha presentado históricamente propuestas de normas y políticas panamericanas como forma de proyectar su poder e intereses al resto de la región.

Muchas veces, Latinoamérica ha resistido y rechazado estas propuestas, ya que la resistencia a la dominación del más fuerte es una preferencia profundamente arraigada en la región. Siguiendo esta línea, en esta ocasión muchos mandatarios no asistieron, y muchos otros criticaron abiertamente al Gobierno de EE. UU. por no haber invitado a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la reunión.

La cumbre fue polémica incluso antes de su inicio. El gobierno de Biden no invitó a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela debido a “la preocupación por la falta de democracia y respeto a los derechos humanos” en esos países, trazando, así, una línea ideológica y divisoria en uno de los espacios multilaterales de diálogo y cooperación más relevantes del hemisferio.

Sin embargo, al mismo tiempo, se invitó a países como Haití, donde existen importantes problemas de legitimidad de los procesos electorales, o Colombia, donde se producen graves violaciones de los derechos humanos. Estas contradicciones han despertado la preocupación por el doble rasero de la administración Biden hacia América Latina. La ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, tres de los principales países de origen de la migración de la región, también supone una importante limitación para cualquier acuerdo multilateral hemisférico sobre migración.

La no inclusión de las voces y perspectivas de los principales países de origen de la región disminuye la legitimidad de cualquier acuerdo en materia migratoria y, al mismo tiempo, aumenta las enormes asimetrías que caracterizan las relaciones internacionales interamericanas.

De manera similar a los pactos globales de migración y refugio, la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección es un acuerdo no vinculante en el que los Estados signatarios adoptan algunos puntos de acción bajo los principios de “migración segura, ordenada, humana y regular” y “respetando la soberanía de los Estados”. Migración “segura, ordenada y regular” es un principio que ha sido adoptado y fomentado por los pactos globales, pero esta declaración agrega el aspecto “humano”, lo cual probablemente viene del plan de la vicepresidenta Kamala Harris de gestión “humana” de las fronteras.

La declaración de Los Ángeles tiene cuatro pilares principales: asistencia financiera para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno; promoción de vías regulares para la migración y protección internacional; promoción de la “gestión humana de la migración” y de una “respuesta coordinada ante emergencias”. Se incluye un fuerte énfasis en el intercambio de información en las áreas de seguridad y migración irregular.

Este énfasis en la seguridad y la migración irregular se origina en el interés de EE. UU. en adoptar un acuerdo en el ámbito hemisférico con el objetivo de contener los flujos migratorios en dirección hacia el norte, reforzar los controles fronterizos, el intercambio de información con objetivos de control y seguridad, mientras al mismo tiempo se fomenta una retórica humanitaria.

Dicha retórica tiene probablemente como objetivo poner a la norma más en línea con la tradición latinoamericana de gobernanza migratoria liberal y progresiva, y reducir la resistencia y oposición latinoamericanas a las políticas restrictivas y seguritistas de EE. UU. Los pilares de asistencia a los países de origen y destino fueron incluidos a pedido de Colombia y Panamá. El Gobierno de EE. UU. ya se comprometió a proveer 314 millones de dólares en asistencia humanitaria y para el desarrollo como parte de este acuerdo. Esto probablemente incremente la cooperación entre algunos países latinoamericanos y EE. UU. en áreas de interés para el país financiador.

En resumen, respondiendo a las preguntas del principio de este artículo, la declaración de Los Ángeles es un acuerdo jurídicamente no vinculante que define cuatro líneas principales de actuación en el ámbito de la migración y el refugio. Estados Unidos lo propuso principalmente para responder a las preocupaciones de política interna en un momento electoral, pero este tipo de propuestas tienen raíces históricas de más tiempo.

Los intereses de EE. UU. estaban centrados en la contención y la seguridad, y los países latinoamericanos la apoyaron porque la declaración incluía algunas de sus peticiones de financiación y apoyo internacional para los países de origen y de acogida, y también, probablemente, porque los aspectos más securitarios y restrictivos, a los que frecuentemente se resisten los Gobiernos latinoamericanos, se diluyeron bajo una retórica “humana”.

El hecho de no incluir las preferencias de los principales países de origen resta legitimidad al documento final. En consecuencia, la declaración no constituye un pacto migratorio integral para las Américas. Es un acuerdo internacional amplio y flexible que, al igual que los pactos globales sobre migración y refugiados, consiste en compromisos políticos y líneas de acción cuya implementación dependerá en última instancia de las prioridades de cada país.

La negociación de la declaración de Los Ángeles nos ofrece un ejemplo ilustrativo de las dinámicas más amplias que dominan la gobernanza migratoria global y regional, incluyendo a los poderosos países receptores que tratan de impulsar su agenda de contención y las diversas estrategias adaptativas, emulativas y de resistencia que utilizan los países más pequeños y medianos para que sus preferencias sean incluidas en las normas y los estándares regionales y globales.

Ahora que se ha firmado este acuerdo, es probable que surjan dinámicas de poder más complejas durante su aplicación. ¿Qué preferencias prevalecerán?

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Polarización y bipolaridad en el gobierno de Alberto Fernández

Sandra Choroszczucha
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Polarización y bipolaridad en el gobierno de Alberto Fernández

Es de público conocimiento, que, en Argentina, como en otras latitudes, se atraviesa por un proceso prolongado de polarización política, que enfrenta partidos o coaliciones de partidos y confronta sociedades muchas veces de manera descarnada. Pero, probablemente, para los ciudadanos de otras naciones, cueste comprender que la polarización que está poniendo en jaque al gobierno argentino está operando de modo implosivo al interior de la coalición oficialista.

Empecemos por el principio: el peronismo, realineado como Frente para la Victoria (o kircherismo) desde 2003, comenzó a confrontar con la coalición que nació en 2015 bajo el nombre Cambiemos, monopolizada por el Pro de Macri, pero constituida por el Pro, el partido centenario la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, y dicha coalición venció en las urnas en 2015.

En 2019, tras el fracaso del gobierno de Macri, el kircherismo de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) pretendió volver al poder, pero el caudal electoral de CFK no alcanzaba para llegar a conquistar la presidencia y así fue que convocó a Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de su difunto marido, Néstor Kirchner (desde 2003 a 2007), y de ella misma por un año (hasta 2008).

Luego de abandonar al kirchnerismo de Cristina, Alberto Fernández pasó largos años criticando de modo tajante el accionar político y la ética de CFK a través de medios de comunicación y redes sociales. El actual presidente llegó a vincular a la ex presidenta con la muerte dudosa del fiscal de la Nación Alberto Nisman y con el encubrimiento al atentando a la mutual judía Amia en Argentina.

Sin embargo, en 2019, CFK necesitaba reunir electorado para ganar la elección, y argumentan los mal pensados y no los no tanto, que la intención de Cristina de volver al poder, respondía a la necesidad de obtener fueros e intervenir todo lo posible ante la Justicia para poder salir ilesa tras una decena de causas judiciales en su contra. Así, para poder contar con chances de ganar la elección convocó al peronista, en aquel entonces “moderado”, Alberto Fernández, quien pudo atraer votos y así el nuevo Frente de Todos venció en las urnas.

Los primeros meses de mandato el presidente contó con una excelente imagen a partir de ese estilo “moderado” que parecía imponerse frente a una dirigencia político-partidaria muy polarizada y peleada. Pero como resultado de la pandemia del Covid-19, Argentina sufrió la cuarentena más larga del mundo decretada por un presidente, además de que el país heredaba de Mauricio Macri preocupantes desajustes económicos, financieros y sociales.

En este marco, Alberto Fernández se vio desacreditado tras proclamar decretos que ni él ni sus familiares y amigos respetaron como con las fiestas vip o los vacunatorios vip para los propios. Además, la gestión del presidente que apostó a un encierro ciudadano interminable implicó un desmadre del gasto público, una continua emisión monetaria, un endeudamiento creciente, una devaluación que no paró y no para de escalar, un aumento de precios que parece no tener fin, un deterioro severísimo del salario real, una industria que se desmorona y un índice de pobreza que lastima.

Durante el primer año de gestión, la vicepresidenta se mantuvo en silencio como suelen mantenerse los vicepresidentes en Argentina. Pero mientras callaba ante la opinión pública, se ocupaba de colocar en agenda la reforma de la Justicia, tema que la inquietaba e inquieta, tras las numerosas causas penales que comprometen su libertad.

Pero de repente, la vicepresidenta junto a su núcleo duro, congregado en la agrupación La Cámpora liderada entre otros por su hijo Máximo, comenzaron a manifestar con alto parlante la cruzada “anti Alberto” con burlas y agravios constantes y públicos contra el presidente y ministros y secretarios albertistas.

Esto volvió a ocurrir el 2 de julio cuando, mientras CFK ninguneaba en un acto al presidente y al ministro de Economía, Martín Guzmán, este último presentaba su renuncia en tiempo real por Twitter. A partir de entonces, funcionarios albertistas que según CFK “son funcionarios que no funcionan” empezaron a renunciar mientras la Cámpora cristinista, sigue controlando institutos claves del gobierno.

Luego de los impiadosos agravios de CFK y la renuncia de Guzmán, Alberto Fernández afirmó que no hablaría más con la vicepresidenta y tuvieron que intervenir intermediarios para convencerlo de retomar el diálogo. En el correr de una semana sólo se supo que el presidente finalmente se reunió con CFK, pero sin que se diera a conocer los temas tratados en la reunión.

Más tarde el presidente se hizo presente en el acto de asunción de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis (quien fue elegida con la venia de CFK) en una ceremonia que duró 6 minutos. Y trascendió que existió una reunión secreta entre el presidente, la vicepresidenta y el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa (negada por la portavoz del gobierno y luego admitida por el mismo gobierno) en un clima de hermetismo total. Esto generó una enorme incertidumbre ante los mercados y ciudadanos desinformados.

Así, continuó la escalada del dólar, del riesgo país, de los precios, el descenso de las reservas y el empobrecimiento de los argentinos. Mientras, la vicepresidenta continúa presionando para que se trate ya mismo una reforma de la Corte Suprema de Justicia para aumentar su número de miembros, ya que, con la composición actual, no puede lograr el apoyo que necesita para quedar libre de culpas y cargos.

Se esperaba con nerviosismo y preocupación que en el acto por la conmemoración de la independencia argentina del sábado 9 de julio el presidente se pronunciara sobre lo acontecido, pero una vez más, Alberto Fernández volvió a someterse a la vicepresidenta que lo maltrata y boicotea su gestión (gestión que el mismo ya se viene encargando de lapidar), y así pronunció un discurso en el cual llamó “profetas del odio” a sectores de la oposición.

Cabe destacar que frente a la negociación con el FMI para evitar default, la oposición le dio el apoyo con 96% de los diputados votando a favor, mientras su propia fuerza, Frente de Todos, arengada por Máximo Kirchner, quien votó en contra de lo que necesitaba el presidente, le brindó solo un apoyo de un 65% de sus integrantes.

La teletragedia de la cual estamos siendo testigos los argentinos demuestra que la “grieta” al interior del gobierno supera con creces al enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Este enfrentamiento está noqueando a la Argentina, pero el presidente de los argentinos no ve, no escucha y no gobierna.

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La excepcionalidad normalizada

Manuel Alcántara
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La excepcionalidad normalizada

Las pautas de conducta de la política permiten establecer ciclos y a la vez señalar constantes o rupturas. En lo atinente al acontecer en América Latina, a pesar de ser una región más heterogénea de lo que se acostumbra a considerar, sus patrones de comportamiento no son una excepción. A partir de la segunda mitad de la década de 1970, distintos análisis empezaron a categorizar los ciclos políticos en los que buena parte de los países se integraban. Términos como transición, consolidación, gobernabilidad, neoliberalismo y giro a la izquierda sirvieron de guía para entender el acontecer de lo que estaba sucediendo. El contexto era variopinto y en él la senda democrática, con sus variedades, sus éxitos y fracasos, se convirtió en la nota dominante. La situación actual, tras las recientes elecciones colombianas y los augurios en torno al resultado de las brasileñas de octubre permiten plantear, como hace tres lustros se señaló, qué sentido tienen estos cambios y cómo afectan a un escenario dominado por gobiernos progresistas.

Abundando en lo anterior, si hace ya casi medio siglo se dieron singularidades como las de Colombia, Costa Rica o Venezuela, donde la visión transicional era inadecuada para entender estos regímenes políticos cuya evolución desde el autoritarismo se había producido dos décadas antes, el paso del tiempo no solo diluye aquella excepcionalidad, sino que guarda recorridos muy diferentes.

Mientras Venezuela retrocedió hasta el paroxismo autoritario, Costa Rica fue la quintaesencia del continuismo e incluso se asimiló a la tendencia regional de democracias fatigadas al entrar sus históricos partidos políticos en un estado de severo deterioro. Por su parte, Colombia, el caso más desviado del acontecer promedio regional, ha roto su trayectoria diferenciadora, marcada por un pertinaz conflicto armado y por el continuismo de elites política tradicionales, para quedar asimilada a las tendencias latinoamericanas.

Ahora bien, lo acontecido en Colombia, tercer país de América Latina en términos demográficos, sería la evidencia de que una cierta normalidad –dentro de la vorágine ocasionada por las consecuencias de la crisis global– se extiende por la región. Sus elecciones presidenciales del pasado 19 de junio organizadas confiablemente por la Registraduría suponen algo más que el país se integre en el muy publicitado triunfo de la izquierda. En efecto, se dan cabida similitudes acaecidas en otros países de América Latina.

Así, el presidente electo sumaba su tercera candidatura presidencial consecutiva, como ya había acontecido con Lula da Silva y con Andrés Manuel López Obrador. También la segunda vuelta, protagonizada por dos candidatos ajenos a la clase política tradicional asentada a lo largo de toda la historia republicana, homologaba el escenario a situaciones similares acaecidas en países vecinos.

Asimismo, que la campaña electoral resultara agotadora, con un desarrollo larguísimo que incorporó unas consultas interpartidistas irrelevantes, coincide con lo sucedido en Argentina con las PASO, si bien en Colombia se sumaba la circunstancia de que 15 fuerzas políticas integradas en tres coaliciones sólo lograran situar un candidato en la segunda vuelta que, por otra parte, no habría necesitado del veredicto de las urnas para serlo por su liderazgo indiscutible.

Otro factor recurrente ha sido el protagonismo de las redes sociales en la liza electoral, diseñado con primor por profesionales de la comunicación política que saltan de país en país. El intento de tapar la impunidad que mostró uno de los candidatos, al no participar en debate presencial alguno, se asimiló a la moda vigente por doquier, como no podría ser de otra manera. Pero ya Andrés Manuel López Obrador no participó en el debate entre candidatos en las elecciones de 2006 y entonces las redes no existían. El activismo loable de la justicia colombiana, instando al candidato remiso a concurrir al último debate, fue en vano. Sin embargo, es posible que las urnas se cobraran su desidia, algo que es guisa de normalidad democrática.

Cabe añadir que Colombia rompió el techo que tenía de participación electoral en elecciones competitivas, acercándose a la media latinoamericana. Teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio, y que al país le costaba movilizar a más de la mitad de la población censada, la participación del 58% le enfila hacia un comportamiento político de mayor madurez.

Si la violencia a resultas del conflicto armado fue uno de los factores que explicaba el abstencionismo, parece obvio que las secuelas de los Acuerdos de Paz celebrados hace seis años jugaban su papel. En ese sentido, y como un legado simbólico, el hecho de que el candidato ganador recogiera en su hoja de vida haber sido guerrillero, normalizaba una situación ya acontecida en otros países latinoamericanos como Brasil (Dilma Rousseff), El Salvador (Salvador Sánchez Cerén), Uruguay (José Mujica) y, dramáticamente, Nicaragua (Daniel Ortega). Ello es una evidencia de la impronta de un fenómeno que asoló América Latina hace más de 30 años.

Finalmente, el presidencialismo y su vinculación con su vertiente caudillista conlleva dos circunstancias habituales que enmarcan un escenario político que cobrará sentido cuando, dentro de un mes, el nuevo presidente asuma el poder. La fragmentación será la nota dominante en ambas cámaras legislativas, a la que se unirá la exigua cuota que el Pacto Histórico mantiene.

La gestación de mayorías que apoyen la labor presidencial, unida a la configuración de un gabinete con sensibilidades plurales y miembros de procedencia muy diversa, constituirá una prueba para el nuevo gobierno. Por otra parte, la ausencia de un liderazgo opositor claro será un factor de desorientación que es habitual en los regímenes presidencialistas.

La sombra del expresidente Uribe, la presencia del candidato perdedor, Rodolfo Hernández, con un supuesto apoyo de diez millones de votantes pero sin bancada, o la de Humberto de la Calle, del Centro Esperanza, o de David Luna, de Cambio Radical, configuran el posible elenco de candidatos a ejercer el control opositor tan exiguo, por otra parte, en la región.

En este escenario, más allá del relato del triunfo histórico de un candidato que, indiscutiblemente, representa a una izquierda que nunca había alcanzado el poder en Colombia -una anomalía en términos comparados regionales- cabe destacar el nombramiento de Francia Márquez, primera vicepresidenta del país, negra y líder ambiental del Cauca, como una promesa de que la excepcionalidad conduzca a la normalización.

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Joe Biden le devuelve el favor a López Obrador

Ernesto Hernández Norzagaray
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Joe Biden le devuelve el favor a López Obrador

El 10 de noviembre de 1975 el representante de México, Emilio Rabasa, votó en la Asamblea General de la ONU a favor de la resolución 3379 que definía al sionismo como una forma de racismo. A raíz del voto del gobierno de Luis Echeverría, el liderazgo económico judío de Estados Unidos declaró un boicot turístico ―industria que se encontraba en pleno crecimiento― a México, lo que vació las playas de extranjeros.

Echeverría había adoptado como presidente un discurso izquierdista o, mejor dicho, acorde con los tiempos, tercermundista, y abrazaba todas las causas revolucionarias, aunque internamente persiguiera a los miembros de la guerrilla urbana y rural. El concepto de tercer mundo, recordemos, aparecía en medios académicos y políticos en el contexto de la bipolaridad estadounidense-soviética.

El presidente mexicano estaba por terminar su mandato y aspiraba a ser el líder del llamado tercer mundo y, de esa forma, alcanzar la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, lejos estaba de lograr una u otra posición.

No obstante, aquel voto en contra de los intereses judíos trajo daños graves a la industria mexicana como consecuencia de una advertencia de viaje (travel advisory) a los estadounidenses que pretendían hacer turismo de invierno en México. Fue relativamente sencillo, pues, simplemente, los llamados tour operadores (muchos gestionados por empresarios judíos) insertaron en los sistemas de venta una falsa ocupación total en la hotelería mexicana, vaciando, así, los principales destinos turísticos del país. Ello representó una de las peores crisis para nuestra actividad turística.

¿Un remake de la crisis turística de los setenta?

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador reventó la llamada Cumbre de las Américas al advertir que de “no invitarse a todos los países de la región, él no asistiría”. Lo siguieron otros mandatarios y el canciller Marcelo Ebrard remató el gesto en Los Ángeles reafirmando la posición de López Obrador. El cónclave terminó siendo un fiasco y, tras días de reuniones, no se llegó a ningún gran acuerdo político en los temas esenciales.

A pocos días del desplante de México, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una dura ofensiva contra el Gobierno mexicano a través del llamado a sus connacionales para que evitaran viajar a México, y, si lo hacían, llamó a que tomaran medidas de seguridad por el entorno violento.

El llamado es por un tiempo indefinido, dada la situación de violencia que se vive a lo largo y ancho del país, dice el documento, con excepción de los estados de Campeche y Yucatán, que tienen mayores garantías. Sin embargo, para llegar a ellos, es inevitable pasar por zonas de riesgo, y para no ir más lejos basta con ver la violencia en Quintana Roo y Chiapas.

No le faltan razones al Departamento de Estado estadounidense para advertir a sus ciudadanos del peligro que existe cuando se transita por el país, dados los constantes actos de violencia y la escasa capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad del Estado como consecuencia, en parte, de una política de seguridad disuasiva de “abrazos, no balazos”.

Pero ante el desaire del presidente, es inevitable imaginar que el Gobierno de Estados Unidos está respondiendo al Gobierno mexicano, y la primera medida explota precisamente la pata de palo de este Gobierno: la inseguridad.

No obstante, más allá de señalar las debilidades del Gobierno, la medida afecta la actividad turística, una de las fuentes más importantes de ingreso de divisas. Y no sería raro que, si esa es la lógica de la reacción por el desaire, muy pronto nuevas medidas pudieran afectar otras áreas, por ejemplo, las cuantiosas remesas que los connacionales envían a México y que el presidente agradece, como si se tratara de un apoyo a su proyecto político de la 4T.

¿Hasta cuándo durará esta advertencia de viaje?

Que el Departamento de Estado estadounidense haya emitido esta advertencia de viaje complica la situación, pues mete miedo a los potenciales turistas de su país que hacen planes para los próximos meses y, de esta manera, podrían terminar volcándose hacia destinos más seguros.

Esta medida se enmarca en un contexto en el que, incluso, una fuerte campaña que el Gobierno de Estados Unidos está haciendo desde hace años intenta disuadir a los estadounidenses de que dejen de viajar al extranjero y solidariamente lo hagan en su país para mantener esas divisas dentro de sus fronteras.

Por otro lado, la economía de Estados Unidos ya muestra signos de debilidad (falta de crecimiento y una inflación galopante) y esto trae aparejado la contracción del consumo. Ante estas circunstancias, uno de los gastos que más rápidamente cae es el del turismo.

En definitiva, el desdén del presidente López Obrador y su interés por el liderazgo político en América Latina (como hace cincuenta años lo intentó Echeverría Álvarez entre los países del llamado tercer mundo) tiene consecuencias. La primera de ellas es la alerta de viaje, que, ante un contexto global complejo, podría desestimular a muchos estadounidenses de viajar a México, por lo que afectaría gravemente la industria turística nacional. A su vez, con el pasar de los meses el Gobierno estadounidense podría tomar nuevas medidas que afecten la economía mexicana.

De momento, en los círculos del Gobierno no se está haciendo la lectura correcta y se interpreta esta nueva medida como una decisión injusta “entre amigos”. Incluso el alcalde morenista del destino turístico de Mazatlán ha llegado a reprochar que “Estados Unidos tiene más violencia”. Esto nos demuestra una vez más que los presidentes deben leer mejor los mensajes de los adversarios y, sobre todo, escoger bien sus batallas.

En conclusión, en política no suele haber casualidades. Por lo general, una acción causa una reacción y, más aún, cuando esa acción es una disputa por el espacio de un liderazgo poderoso. La historia de México lo demuestra y casi siempre hemos perdido cuando se trata de jugar unas “venciditas” con nuestro vecino del norte.

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Ciencia y conocimientos en plural: entre el activismo y la academia

Ana Luisa Muñoz-García
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Ciencia y conocimientos en plural: entre el activismo y la academia

Coautora Rebecca Lund

Chile, a pesar de ser el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos invierte en ciencia y de contar con una formación avanzada en capital humano, pero con escasa absorción en el sistema productivo del país, ha logrado algunos avances que lo posicionan como modelo exitoso en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en América Latina. Como resultado de una demanda histórica de la comunidad científica chilena, el país cuenta con un ministerio que coordina las políticas públicas del sector. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Mincyt), y la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación fue construida de forma colaborativa con representantes de la ciencia nacional y la sociedad civil.

Recientemente, frente a problemas estructurales como la base extractivista del modelo productivo chileno o las desigualdades de género, el gobierno de Gabriel Boric ha prometido duplicar el presupuesto nacional para el área de ciencia y tecnología, ofreciendo respuestas frente a la brecha de género y la necesidad de transversalizar la agenda ambiental y climática.

Más allá de los avances y retos de Chile en materia de ciencia, tecnología e innovación, el reciente Proceso Constitucional ha permitido también discutir las ideas generalizadas sobre el concepto de conocimiento, desafiando las percepciones naturalizadas de los saberes académicos. Uno de los aspectos de estas discusiones ha sido el papel del activismo y su articulación con el conocimiento científico y académico.

De hecho, el activismo y el conocimiento académico son aspectos que constantemente dialogan entre sí. Los debates sobre esta relación han estado en el centro de las discusiones dentro de la epistemología feminista y la teoría decolonial durante décadas. En este contexto, debemos abordar cómo se negocia la construcción del conocimiento desde la mirada de quienes navegan espacios más allá de los muros de la universidad y se mueven entre los activismos feministas y la producción académica de conocimiento.

En general, el activismo se presenta como una forma de transgredir los saberes académicos y relacionados con el bien social o ecológico. Sin embargo, en este sentido, la producción de conocimiento también brinda herramientas para el compromiso de los activistas y viceversa. Los estudios de activismo en espacios académicos se han centrado en las formas en que la producción de conocimiento académico conectado explícitamente a una agenda activista puede dar forma a la toma de decisiones políticas o, en última instancia, ser un catalizador para la transformación social dentro y fuera de la universidad. Sin embargo, también se ha señalado que las agendas activistas tienden a perder el foco, despolitizarse e intelectualizarse cuando ingresan a las instituciones académicas. En las discusiones desarrolladas en el marco de dos proyectos sobre conocimiento y feminismo (Finlandia y Chile), argumentamos que cuando se trata de conocimiento no existe una división del todo clara entre el activismo feminista y el trabajo académico.

Las reflexiones críticas se centran en las prácticas cotidianas del trabajo académico que desafían los límites de lo que cuenta como conocimiento propio o, en palabras de la socióloga feminista portuguesa María Do Mar Pereira, “logran un estatus epistémico.” Se refiere a la forma en que nuestras actividades diarias en la academia, amplían los límites de lo que se considera académicamente relevante y creíble.

Análisis previos de la academia y el activismo han mostrado las formas en que las condiciones contemporáneas del trabajo académico crean dificultades para articular un conocimiento académico autónomo y crítico. Dentro de este espacio a veces se piensa que las prácticas activistas “contaminan» y deslegitiman el trabajo de las académicas feministas.

Sin embargo, el activismo para las académicas feministas también puede ser parte de su construcción de conocimiento de una manera que les permita cumplir con los requisitos de la academia contemporánea, como elaborar nuevas y emocionantes vías de investigación. También pueden usar el privilegio de una plataforma académica para hacer contribuciones importantes a las discusiones públicas, beneficiando las agendas activistas, así como su propia carrera y reconocimiento académico.

Sin embargo, ser una feminista que desafía las estructuras sexistas y la discriminación no solo en la sociedad en general, sino también en los espacios académicos, puede tener un alto costo emocional, trabajo emocional que ha sido documentado en la literatura, por ejemplo, por Sarah Ahmed.

Criticar las propias estructuras y prácticas de desigualdad de las universidades puede resultar en el silenciamiento y la marginación de las investigadoras feministas porque se las percibe como «problemáticas» y «la causa de sentimientos incómodos.» Por lo tanto, cuando las académicas feministas consideran qué tipo de conocimiento producen sobre la sociedad, pero también sobre la universidad, tienen que evaluar los riesgos que conlleva «agitar demasiado el bote.»

Esta es una frase utilizada por una de las participantes en nuestros estudios y captura la experiencia que muchas académicas feministas enfrentan a diario. Pero también ilustra un punto clave que queremos señalar, que es cómo el trabajo de nombrar y desafiar las estructuras y prácticas que dan forma a nuestra vida cotidiana es clave en los esfuerzos intelectuales y políticos feministas. Para las académicas feministas, el activismo y el conocimiento académico no pueden separarse fácilmente.

Existe una discusión histórica desde la epistemología feminista sobre lo que cuenta como conocimiento en los espacios académicos, donde una de las principales preocupaciones ha sido las implicaciones sociales y políticas de la producción de conocimiento y el papel de quién conoce en ese proceso. Sin embargo, el activismo es un espacio de construcción de saberes que dialogan constantemente con los saberes académicos para quienes se mueven entre ambos espacios.

No quiere decir que el conocimiento surja más de un espacio que de otro. Más bien se superponen y se apoyan mutuamente. Desde las preguntas de investigación que hacemos, las tensiones que revelamos en nuestra investigación empírica o conceptual, y las implicaciones del conocimiento que se vuelve relevante para nuestras sociedades en general.

El reciente proceso constitucional chileno ha permitido abordar esta discusión de forma amplia. Esperamos que estas ideas pronto puedan extenderse a otros países de América Latina y alcancen otras latitudes.

*Este texto fue escrito en el marco de la campaña #ciêncianaseleições, promovida por el Instituto Serrapilheira, que celebra el Mes de la Ciencia. En julio, los textos publicados por la campaña reflexionan sobre cómo la ciencia debe participar en la reconstrucción de Brasil.

Rebecca Lund es profesora e investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación de Género (STK) de la Universidad de Oslo. Doctora en Estudios Organizacionales por la Tema Genus Linköping Universitet y Máster en Ciencia Política por la Aarhus University.

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De los BRICS al G7 y a la OTAN: los dilemas del sur global

Andrés Serbin
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De los BRICS al G7 y a la OTAN: los dilemas del sur global

En el transcurso de las dos últimas semanas se realizaron las cumbres de los BRICS, la del G7 y la de la OTAN. Las dos cumbres que se hicieron en Europa consolidaron la alianza transatlántica y la unidad de Occidente en torno al apoyo a Ucrania y a la amenaza de Rusia a la seguridad europea.

El nuevo concepto estratégico aprobado por la OTAN le dio otro sentido a la organización, con Rusia como inminente y principal amenaza, y China como un desafío estratégico creciente. Aún quedan asperezas y desacuerdos por limar en el marco de la Alianza ―particularmente sobre a dónde fue a parar la “autonomía estratégica” de la Unión Europea―, pero es evidente que el gobierno del presidente Joe Biden logró revertir los desajustes causados por Donald Trump en la relación con sus aliados, restaurar los vínculos con estos y atraer a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelandia con miras a la confrontación eventual con China en el Indopacífico.

En resumidas cuentas, con la realización de las dos cumbres, Washington logró la articulación del bloque occidental y se esforzó por incorporar a nuevos aliados.

Mientras tanto, en otro lugar del planeta, las potencias emergentes siguieron avanzando en la articulación de un bloque alternativo. Más allá del cuestionamiento de la OTAN por su papel en generar la crisis en Ucrania, China sumó sus críticas a la organización, mientras que ―en el contexto de la creciente convergencia estratégica entre ambos países― se consolidaba el entramado institucional euroasiático.

No solo por el papel de la Iniciativa de la Franja y de la Ruta, impulsada por China, sino también por su armonización con la Unión Económica Euroasiática, la creciente centralidad de la Organización de Cooperación de Shanghái en el ámbito regional, la reafirmación de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva impulsado por Rusia, y la más reciente reunión del Consejo del Caspio que incluye a Irán.

Hemos hecho un seguimiento detallado a estos procesos en dos libros ―Eurasia y América Latina en un mundo multipolar, de 2019 (posteriormente traducido al ruso) y, más recientemente, en Guerra y transición global, ¿cómo se gestó la guerra en Ucrania y cómo nos afecta?, que se publicó hace poco.

El parteaguas de la guerra de Ucrania y del efecto boomerang de las sanciones occidentales contra Rusia sobre la economía internacional evidencian no solo un punto de inflexión en el proceso de transición del sistema internacional hacia una nueva configuración de las relaciones de poder mundial, sino también la decantación de tendencias definidas en la conformación de bloques en pugna por el predominio global.

Sin embargo, la conformación de estos bloques da pie, asimismo, a la necesidad de sumar aliados y socios en el sur global. Así, se potencia y se reactiva el grupo de los BRICS concentrado en temas de cooperación económica, generación de acuerdos de libre comercio y, por iniciativa de Rusia, profundización de un proceso de desdolarización de las economías emergentes, de incipientes avances en Eurasia. A esto se suma la ampliación del grupo con la incorporación de Argentina, Irán y otros aspirantes.

En su conjunto, estos complejos procesos abren interrogantes sobre el no alineamiento de algunos actores (India, Asean) en la eventual confrontación entre bloques y sobre la periferización de otros (África, parte de América Latina) bajo el impacto conjunto de las amenazas de una crisis alimentaria y energética, de la inflación creciente y de una eventual recesión económica ante una creciente confrontación entre bloques.

El actual contrapunto entre el G7 y la OTAN, por un lado, y los actores euroasiáticos y los BRICS, por el otro, no configura un pronóstico alentador para la paz y la estabilidad mundial. El esfuerzo occidental por excluir a Rusia de la próxima reunión del G20 en Indonesia tampoco configura un buen augurio para la gobernanza global.

* Texto publicado originalmente en Clarín de Argentina

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Hay que elegir entre energía y medioambiente?

Guilherme Marques
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¿Hay que elegir entre energía y medioambiente?

Coautora Ana Paula Dalcin

La cuenca del río Paraná, la segunda más grande de Brasil y la principal en generación de energía hidroeléctrica, cuenta con más de 60 hidroeléctricas que abrigan 40% de la capacidad de producción de electricidad en todo el país y responden a la mitad de la capacidad de almacenamiento de agua. Pero la operación de los embalses, necesarios para controlar la generación de energía hidroeléctrica, afecta las funciones de reproducción, alimentación y refugio de diferentes especies acuáticas. Esta pérdida de diversidad lleva años perjudicando no solo a los pescadores que ven cómo se reduce su sustento de vida, sino al conjunto de la cuenca, ya que el impacto en la biodiversidad afecta el ecosistema acuático del río Paraná.

La cuenca de este río presenta cierta vulnerabilidad para garantizar la seguridad hídrica, energética y alimentaria, algo que ha quedado en evidencia por la sequía que azota la cuenca en los últimos años. A medida que aumenta nuestra demanda de agua, energía y alimentos, el agua se vuelve más escasa, y satisfacer las necesidades de la sociedad sin comprometer la calidad del medioambiente para las generaciones futuras se vuelve más difícil.

Afrontar y superar este reto no solo depende de un uso más eficiente del agua, sino sobre todo de cómo compartimos este recurso con las distintas demandas existentes, entre ellas el propio medioambiente. El agua de los ríos, lagos y embalses también es necesaria para mantener vivos los ecosistemas que proporcionan recursos valiosos para la sociedad: desde alimentos, como los peces, hasta actividades recreativas e incluso la propia limpieza del agua, realizada por los organismos que viven en ella.

Por otro lado, para las comunidades que viven cerca de los ríos, la importancia de estos recursos va mucho más allá, ya que el río es una fuente de sustento e identidad cultural que se transmite de generación en generación.

Sin embargo, gran parte de nuestro proceso de desarrollo usa los recursos naturales con un conocimiento todavía limitado de cómo podrían verse afectados los ecosistemas. En varias regiones de América Latina y del mundo, este proceso ha ido acumulando impactos que ya comprometen al medioambiente. El agua se contamina, las poblaciones de peces disminuyen y se pone en riesgo la capacidad del medioambiente en su conjunto para sostener la vida.

En este contexto, las comunidades pesqueras de la cuenca del río Paraná vienen señalando desde hace años la merma de la cantidad de peces y su impacto en el sustento de las familias que viven de esta actividad. Los pescadores informan que a menudo es necesario buscar pescado en zonas más lejanas para complementar sus ingresos, lo que también acaba aumentando los costes de combustible y el agotamiento físico de los pescadores.

Condiciones como esta hacen que muchas familias abandonen la pesca y busquen el sustento en otras actividades. De los casi 1.200 miembros que reportaba la asociación de pescadores de la ciudad de Puerto Rico, de Paraná, en 2010, esa cifra ha bajado a solo 384 miembros en 2019.

La misión más importante de la gestión de los recursos hídricos

Corresponde a los organismos que gestionan el agua, a los organismos de planificación y a los comités de cuenca implicar a la sociedad para debatir, negociar y llegar a un consenso a fin de buscar soluciones que permitan alcanzar los objetivos comunes. El resultado de este trabajo participativo es la base sobre la que deben crearse políticas públicas eficaces.

En este sentido, el proyecto de investigación transdisciplinario, Improving the governance of the floodplain in over-built river basins, coordinado por la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil, ha identificado una extensa cadena de relaciones causales entre los recursos hídricos de la cuenca del Paraná y los múltiples usos energéticos, ecosistémicos, pesqueros y recreativos, y creó métodos y soluciones que ayudarán a construir caminos de adaptación, reconciliando, así, los diferentes usos del agua y el medioambiente en beneficio de la sociedad.

Estos usos del agua inciden positivamente en la sociedad: desde las comunidades locales que dependen de la pesca para su subsistencia hasta los millones de personas en Brasil y Paraguay que consumen energía gracias a un sistema interconectado a escala nacional de producción de energía.

Los resultados del estudio demuestran que en sistemas complejos como el Paraná no hay una solución única, sino un universo de posibilidades y resultados diferentes. Es posible combinar distintos patrones de caudales liberados por los embalses y seguir satisfaciendo las demandas de los peces, reduciendo, así, el impacto sobre ellos.

Como cada combinación también refleja la cantidad de energía producida por los embalses, es posible explotar este resultado para encontrar soluciones alternativas de asignación de agua que satisfagan tanto la demanda local de pesca, turismo y ocio, como las necesidades de protección de la biodiversidad en la cuenca del Paraná, y las necesidades nacionales de energía limpia y asequible.

Además, al disponer de un mayor número de soluciones alternativas, el proceso de negociación se vuelve menos conflictivo, lo que aumenta las posibilidades de alcanzar soluciones eficaces para la recuperación medioambiental de la cuenca sin un coste energético muy elevado.

Las soluciones a estos problemas son urgentes y requieren de estrategias a largo plazo para que la cuenca se adapte. De hecho, según el mismo estudio, las posibles situaciones del cambio climático indican una reducción media de los caudales de entre 7% y 40%, por lo que también disminuiría la generación de energía, lo que se traduciría en menos agua disponible para las demandas de los peces.

La sequía de 2020-2021 en la cuenca del Paraná corroboró esta preocupación en la medida en que los caudales liberados de algunos embalses fueron reducidos para preservar el almacenamiento y mantener la generación hidroeléctrica en un período de bajo stock de energía en el país.

Pero si el funcionamiento del sistema se ajustara según los resultados de los estudios, las poblaciones de peces podrían recuperarse a largo plazo, haciendo que el ecosistema fuese más resistente para soportar el impacto de la próxima sequía cuando se modifique el funcionamiento de los embalses para mantener la seguridad energética del país (esa es la principal prioridad).

Estos resultados podrían ser utilizados, asimismo, para apoyar políticas energéticas que exploren otras fuentes de generación y almacenamiento de energía, y aminorar, con ello, la presión sobre las cuencas fluviales.

En conclusión, los embalses son infraestructuras clave para nuestra adaptación a los cambios causados por el clima y el ser humano. Aunque su construcción y funcionamiento han conllevado impactos ambientales, muchos de los cuales aún tenemos que mitigar, proporcionan una importante capacidad de almacenamiento de agua que será fundamental para ayudarnos a proteger los ecosistemas de los efectos del cambio climático que hacen que el agua sea más escasa, incierta y variable.

Es posible optimizar el funcionamiento de los embalses para disminuir los riesgos para la producción de energía y crear oportunidades a fin de mantener los caudales requeridos por los peces durante los meses importantes de su reproducción.

Sin embargo, para ello es necesario coordinar las políticas de agua, medioambiente, energía y sociales, ya que necesitamos el agua para mantener la vida en los ríos, generar electricidad, suministrar alimentos a las ciudades y a las comunidades locales. También necesitamos energía para producir alimentos y ampliar las oportunidades de desarrollo de las regiones económica y socialmente vulnerables.

Esta fuerte conexión entre los diferentes factores deja claro que una política tendrá éxito en uno de estos ámbitos solo si se integra para tener éxito también en los demás.

Ana Paula Dalcin es candidata al doctorado en el Programa de Postgrado en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental IPH/UFRGS.

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