La excepcionalidad normalizada

Manuel Alcántara
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La excepcionalidad normalizada

Las pautas de conducta de la política permiten establecer ciclos y a la vez señalar constantes o rupturas. En lo atinente al acontecer en América Latina, a pesar de ser una región más heterogénea de lo que se acostumbra a considerar, sus patrones de comportamiento no son una excepción. A partir de la segunda mitad de la década de 1970, distintos análisis empezaron a categorizar los ciclos políticos en los que buena parte de los países se integraban. Términos como transición, consolidación, gobernabilidad, neoliberalismo y giro a la izquierda sirvieron de guía para entender el acontecer de lo que estaba sucediendo. El contexto era variopinto y en él la senda democrática, con sus variedades, sus éxitos y fracasos, se convirtió en la nota dominante. La situación actual, tras las recientes elecciones colombianas y los augurios en torno al resultado de las brasileñas de octubre permiten plantear, como hace tres lustros se señaló, qué sentido tienen estos cambios y cómo afectan a un escenario dominado por gobiernos progresistas.

Abundando en lo anterior, si hace ya casi medio siglo se dieron singularidades como las de Colombia, Costa Rica o Venezuela, donde la visión transicional era inadecuada para entender estos regímenes políticos cuya evolución desde el autoritarismo se había producido dos décadas antes, el paso del tiempo no solo diluye aquella excepcionalidad, sino que guarda recorridos muy diferentes.

Mientras Venezuela retrocedió hasta el paroxismo autoritario, Costa Rica fue la quintaesencia del continuismo e incluso se asimiló a la tendencia regional de democracias fatigadas al entrar sus históricos partidos políticos en un estado de severo deterioro. Por su parte, Colombia, el caso más desviado del acontecer promedio regional, ha roto su trayectoria diferenciadora, marcada por un pertinaz conflicto armado y por el continuismo de elites política tradicionales, para quedar asimilada a las tendencias latinoamericanas.

Ahora bien, lo acontecido en Colombia, tercer país de América Latina en términos demográficos, sería la evidencia de que una cierta normalidad –dentro de la vorágine ocasionada por las consecuencias de la crisis global– se extiende por la región. Sus elecciones presidenciales del pasado 19 de junio organizadas confiablemente por la Registraduría suponen algo más que el país se integre en el muy publicitado triunfo de la izquierda. En efecto, se dan cabida similitudes acaecidas en otros países de América Latina.

Así, el presidente electo sumaba su tercera candidatura presidencial consecutiva, como ya había acontecido con Lula da Silva y con Andrés Manuel López Obrador. También la segunda vuelta, protagonizada por dos candidatos ajenos a la clase política tradicional asentada a lo largo de toda la historia republicana, homologaba el escenario a situaciones similares acaecidas en países vecinos.

Asimismo, que la campaña electoral resultara agotadora, con un desarrollo larguísimo que incorporó unas consultas interpartidistas irrelevantes, coincide con lo sucedido en Argentina con las PASO, si bien en Colombia se sumaba la circunstancia de que 15 fuerzas políticas integradas en tres coaliciones sólo lograran situar un candidato en la segunda vuelta que, por otra parte, no habría necesitado del veredicto de las urnas para serlo por su liderazgo indiscutible.

Otro factor recurrente ha sido el protagonismo de las redes sociales en la liza electoral, diseñado con primor por profesionales de la comunicación política que saltan de país en país. El intento de tapar la impunidad que mostró uno de los candidatos, al no participar en debate presencial alguno, se asimiló a la moda vigente por doquier, como no podría ser de otra manera. Pero ya Andrés Manuel López Obrador no participó en el debate entre candidatos en las elecciones de 2006 y entonces las redes no existían. El activismo loable de la justicia colombiana, instando al candidato remiso a concurrir al último debate, fue en vano. Sin embargo, es posible que las urnas se cobraran su desidia, algo que es guisa de normalidad democrática.

Cabe añadir que Colombia rompió el techo que tenía de participación electoral en elecciones competitivas, acercándose a la media latinoamericana. Teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio, y que al país le costaba movilizar a más de la mitad de la población censada, la participación del 58% le enfila hacia un comportamiento político de mayor madurez.

Si la violencia a resultas del conflicto armado fue uno de los factores que explicaba el abstencionismo, parece obvio que las secuelas de los Acuerdos de Paz celebrados hace seis años jugaban su papel. En ese sentido, y como un legado simbólico, el hecho de que el candidato ganador recogiera en su hoja de vida haber sido guerrillero, normalizaba una situación ya acontecida en otros países latinoamericanos como Brasil (Dilma Rousseff), El Salvador (Salvador Sánchez Cerén), Uruguay (José Mujica) y, dramáticamente, Nicaragua (Daniel Ortega). Ello es una evidencia de la impronta de un fenómeno que asoló América Latina hace más de 30 años.

Finalmente, el presidencialismo y su vinculación con su vertiente caudillista conlleva dos circunstancias habituales que enmarcan un escenario político que cobrará sentido cuando, dentro de un mes, el nuevo presidente asuma el poder. La fragmentación será la nota dominante en ambas cámaras legislativas, a la que se unirá la exigua cuota que el Pacto Histórico mantiene.

La gestación de mayorías que apoyen la labor presidencial, unida a la configuración de un gabinete con sensibilidades plurales y miembros de procedencia muy diversa, constituirá una prueba para el nuevo gobierno. Por otra parte, la ausencia de un liderazgo opositor claro será un factor de desorientación que es habitual en los regímenes presidencialistas.

La sombra del expresidente Uribe, la presencia del candidato perdedor, Rodolfo Hernández, con un supuesto apoyo de diez millones de votantes pero sin bancada, o la de Humberto de la Calle, del Centro Esperanza, o de David Luna, de Cambio Radical, configuran el posible elenco de candidatos a ejercer el control opositor tan exiguo, por otra parte, en la región.

En este escenario, más allá del relato del triunfo histórico de un candidato que, indiscutiblemente, representa a una izquierda que nunca había alcanzado el poder en Colombia -una anomalía en términos comparados regionales- cabe destacar el nombramiento de Francia Márquez, primera vicepresidenta del país, negra y líder ambiental del Cauca, como una promesa de que la excepcionalidad conduzca a la normalización.

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Joe Biden le devuelve el favor a López Obrador

Ernesto Hernández Norzagaray
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Joe Biden le devuelve el favor a López Obrador

El 10 de noviembre de 1975 el representante de México, Emilio Rabasa, votó en la Asamblea General de la ONU a favor de la resolución 3379 que definía al sionismo como una forma de racismo. A raíz del voto del gobierno de Luis Echeverría, el liderazgo económico judío de Estados Unidos declaró un boicot turístico ―industria que se encontraba en pleno crecimiento― a México, lo que vació las playas de extranjeros.

Echeverría había adoptado como presidente un discurso izquierdista o, mejor dicho, acorde con los tiempos, tercermundista, y abrazaba todas las causas revolucionarias, aunque internamente persiguiera a los miembros de la guerrilla urbana y rural. El concepto de tercer mundo, recordemos, aparecía en medios académicos y políticos en el contexto de la bipolaridad estadounidense-soviética.

El presidente mexicano estaba por terminar su mandato y aspiraba a ser el líder del llamado tercer mundo y, de esa forma, alcanzar la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, lejos estaba de lograr una u otra posición.

No obstante, aquel voto en contra de los intereses judíos trajo daños graves a la industria mexicana como consecuencia de una advertencia de viaje (travel advisory) a los estadounidenses que pretendían hacer turismo de invierno en México. Fue relativamente sencillo, pues, simplemente, los llamados tour operadores (muchos gestionados por empresarios judíos) insertaron en los sistemas de venta una falsa ocupación total en la hotelería mexicana, vaciando, así, los principales destinos turísticos del país. Ello representó una de las peores crisis para nuestra actividad turística.

¿Un remake de la crisis turística de los setenta?

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador reventó la llamada Cumbre de las Américas al advertir que de “no invitarse a todos los países de la región, él no asistiría”. Lo siguieron otros mandatarios y el canciller Marcelo Ebrard remató el gesto en Los Ángeles reafirmando la posición de López Obrador. El cónclave terminó siendo un fiasco y, tras días de reuniones, no se llegó a ningún gran acuerdo político en los temas esenciales.

A pocos días del desplante de México, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una dura ofensiva contra el Gobierno mexicano a través del llamado a sus connacionales para que evitaran viajar a México, y, si lo hacían, llamó a que tomaran medidas de seguridad por el entorno violento.

El llamado es por un tiempo indefinido, dada la situación de violencia que se vive a lo largo y ancho del país, dice el documento, con excepción de los estados de Campeche y Yucatán, que tienen mayores garantías. Sin embargo, para llegar a ellos, es inevitable pasar por zonas de riesgo, y para no ir más lejos basta con ver la violencia en Quintana Roo y Chiapas.

No le faltan razones al Departamento de Estado estadounidense para advertir a sus ciudadanos del peligro que existe cuando se transita por el país, dados los constantes actos de violencia y la escasa capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad del Estado como consecuencia, en parte, de una política de seguridad disuasiva de “abrazos, no balazos”.

Pero ante el desaire del presidente, es inevitable imaginar que el Gobierno de Estados Unidos está respondiendo al Gobierno mexicano, y la primera medida explota precisamente la pata de palo de este Gobierno: la inseguridad.

No obstante, más allá de señalar las debilidades del Gobierno, la medida afecta la actividad turística, una de las fuentes más importantes de ingreso de divisas. Y no sería raro que, si esa es la lógica de la reacción por el desaire, muy pronto nuevas medidas pudieran afectar otras áreas, por ejemplo, las cuantiosas remesas que los connacionales envían a México y que el presidente agradece, como si se tratara de un apoyo a su proyecto político de la 4T.

¿Hasta cuándo durará esta advertencia de viaje?

Que el Departamento de Estado estadounidense haya emitido esta advertencia de viaje complica la situación, pues mete miedo a los potenciales turistas de su país que hacen planes para los próximos meses y, de esta manera, podrían terminar volcándose hacia destinos más seguros.

Esta medida se enmarca en un contexto en el que, incluso, una fuerte campaña que el Gobierno de Estados Unidos está haciendo desde hace años intenta disuadir a los estadounidenses de que dejen de viajar al extranjero y solidariamente lo hagan en su país para mantener esas divisas dentro de sus fronteras.

Por otro lado, la economía de Estados Unidos ya muestra signos de debilidad (falta de crecimiento y una inflación galopante) y esto trae aparejado la contracción del consumo. Ante estas circunstancias, uno de los gastos que más rápidamente cae es el del turismo.

En definitiva, el desdén del presidente López Obrador y su interés por el liderazgo político en América Latina (como hace cincuenta años lo intentó Echeverría Álvarez entre los países del llamado tercer mundo) tiene consecuencias. La primera de ellas es la alerta de viaje, que, ante un contexto global complejo, podría desestimular a muchos estadounidenses de viajar a México, por lo que afectaría gravemente la industria turística nacional. A su vez, con el pasar de los meses el Gobierno estadounidense podría tomar nuevas medidas que afecten la economía mexicana.

De momento, en los círculos del Gobierno no se está haciendo la lectura correcta y se interpreta esta nueva medida como una decisión injusta “entre amigos”. Incluso el alcalde morenista del destino turístico de Mazatlán ha llegado a reprochar que “Estados Unidos tiene más violencia”. Esto nos demuestra una vez más que los presidentes deben leer mejor los mensajes de los adversarios y, sobre todo, escoger bien sus batallas.

En conclusión, en política no suele haber casualidades. Por lo general, una acción causa una reacción y, más aún, cuando esa acción es una disputa por el espacio de un liderazgo poderoso. La historia de México lo demuestra y casi siempre hemos perdido cuando se trata de jugar unas “venciditas” con nuestro vecino del norte.

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Ciencia y conocimientos en plural: entre el activismo y la academia

Ana Luisa Muñoz-García
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Ciencia y conocimientos en plural: entre el activismo y la academia

Coautora Rebecca Lund

Chile, a pesar de ser el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos invierte en ciencia y de contar con una formación avanzada en capital humano, pero con escasa absorción en el sistema productivo del país, ha logrado algunos avances que lo posicionan como modelo exitoso en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en América Latina. Como resultado de una demanda histórica de la comunidad científica chilena, el país cuenta con un ministerio que coordina las políticas públicas del sector. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Mincyt), y la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación fue construida de forma colaborativa con representantes de la ciencia nacional y la sociedad civil.

Recientemente, frente a problemas estructurales como la base extractivista del modelo productivo chileno o las desigualdades de género, el gobierno de Gabriel Boric ha prometido duplicar el presupuesto nacional para el área de ciencia y tecnología, ofreciendo respuestas frente a la brecha de género y la necesidad de transversalizar la agenda ambiental y climática.

Más allá de los avances y retos de Chile en materia de ciencia, tecnología e innovación, el reciente Proceso Constitucional ha permitido también discutir las ideas generalizadas sobre el concepto de conocimiento, desafiando las percepciones naturalizadas de los saberes académicos. Uno de los aspectos de estas discusiones ha sido el papel del activismo y su articulación con el conocimiento científico y académico.

De hecho, el activismo y el conocimiento académico son aspectos que constantemente dialogan entre sí. Los debates sobre esta relación han estado en el centro de las discusiones dentro de la epistemología feminista y la teoría decolonial durante décadas. En este contexto, debemos abordar cómo se negocia la construcción del conocimiento desde la mirada de quienes navegan espacios más allá de los muros de la universidad y se mueven entre los activismos feministas y la producción académica de conocimiento.

En general, el activismo se presenta como una forma de transgredir los saberes académicos y relacionados con el bien social o ecológico. Sin embargo, en este sentido, la producción de conocimiento también brinda herramientas para el compromiso de los activistas y viceversa. Los estudios de activismo en espacios académicos se han centrado en las formas en que la producción de conocimiento académico conectado explícitamente a una agenda activista puede dar forma a la toma de decisiones políticas o, en última instancia, ser un catalizador para la transformación social dentro y fuera de la universidad. Sin embargo, también se ha señalado que las agendas activistas tienden a perder el foco, despolitizarse e intelectualizarse cuando ingresan a las instituciones académicas. En las discusiones desarrolladas en el marco de dos proyectos sobre conocimiento y feminismo (Finlandia y Chile), argumentamos que cuando se trata de conocimiento no existe una división del todo clara entre el activismo feminista y el trabajo académico.

Las reflexiones críticas se centran en las prácticas cotidianas del trabajo académico que desafían los límites de lo que cuenta como conocimiento propio o, en palabras de la socióloga feminista portuguesa María Do Mar Pereira, “logran un estatus epistémico.” Se refiere a la forma en que nuestras actividades diarias en la academia, amplían los límites de lo que se considera académicamente relevante y creíble.

Análisis previos de la academia y el activismo han mostrado las formas en que las condiciones contemporáneas del trabajo académico crean dificultades para articular un conocimiento académico autónomo y crítico. Dentro de este espacio a veces se piensa que las prácticas activistas “contaminan» y deslegitiman el trabajo de las académicas feministas.

Sin embargo, el activismo para las académicas feministas también puede ser parte de su construcción de conocimiento de una manera que les permita cumplir con los requisitos de la academia contemporánea, como elaborar nuevas y emocionantes vías de investigación. También pueden usar el privilegio de una plataforma académica para hacer contribuciones importantes a las discusiones públicas, beneficiando las agendas activistas, así como su propia carrera y reconocimiento académico.

Sin embargo, ser una feminista que desafía las estructuras sexistas y la discriminación no solo en la sociedad en general, sino también en los espacios académicos, puede tener un alto costo emocional, trabajo emocional que ha sido documentado en la literatura, por ejemplo, por Sarah Ahmed.

Criticar las propias estructuras y prácticas de desigualdad de las universidades puede resultar en el silenciamiento y la marginación de las investigadoras feministas porque se las percibe como «problemáticas» y «la causa de sentimientos incómodos.» Por lo tanto, cuando las académicas feministas consideran qué tipo de conocimiento producen sobre la sociedad, pero también sobre la universidad, tienen que evaluar los riesgos que conlleva «agitar demasiado el bote.»

Esta es una frase utilizada por una de las participantes en nuestros estudios y captura la experiencia que muchas académicas feministas enfrentan a diario. Pero también ilustra un punto clave que queremos señalar, que es cómo el trabajo de nombrar y desafiar las estructuras y prácticas que dan forma a nuestra vida cotidiana es clave en los esfuerzos intelectuales y políticos feministas. Para las académicas feministas, el activismo y el conocimiento académico no pueden separarse fácilmente.

Existe una discusión histórica desde la epistemología feminista sobre lo que cuenta como conocimiento en los espacios académicos, donde una de las principales preocupaciones ha sido las implicaciones sociales y políticas de la producción de conocimiento y el papel de quién conoce en ese proceso. Sin embargo, el activismo es un espacio de construcción de saberes que dialogan constantemente con los saberes académicos para quienes se mueven entre ambos espacios.

No quiere decir que el conocimiento surja más de un espacio que de otro. Más bien se superponen y se apoyan mutuamente. Desde las preguntas de investigación que hacemos, las tensiones que revelamos en nuestra investigación empírica o conceptual, y las implicaciones del conocimiento que se vuelve relevante para nuestras sociedades en general.

El reciente proceso constitucional chileno ha permitido abordar esta discusión de forma amplia. Esperamos que estas ideas pronto puedan extenderse a otros países de América Latina y alcancen otras latitudes.

*Este texto fue escrito en el marco de la campaña #ciêncianaseleições, promovida por el Instituto Serrapilheira, que celebra el Mes de la Ciencia. En julio, los textos publicados por la campaña reflexionan sobre cómo la ciencia debe participar en la reconstrucción de Brasil.

Rebecca Lund es profesora e investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación de Género (STK) de la Universidad de Oslo. Doctora en Estudios Organizacionales por la Tema Genus Linköping Universitet y Máster en Ciencia Política por la Aarhus University.

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De los BRICS al G7 y a la OTAN: los dilemas del sur global

Andrés Serbin
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De los BRICS al G7 y a la OTAN: los dilemas del sur global

En el transcurso de las dos últimas semanas se realizaron las cumbres de los BRICS, la del G7 y la de la OTAN. Las dos cumbres que se hicieron en Europa consolidaron la alianza transatlántica y la unidad de Occidente en torno al apoyo a Ucrania y a la amenaza de Rusia a la seguridad europea.

El nuevo concepto estratégico aprobado por la OTAN le dio otro sentido a la organización, con Rusia como inminente y principal amenaza, y China como un desafío estratégico creciente. Aún quedan asperezas y desacuerdos por limar en el marco de la Alianza ―particularmente sobre a dónde fue a parar la “autonomía estratégica” de la Unión Europea―, pero es evidente que el gobierno del presidente Joe Biden logró revertir los desajustes causados por Donald Trump en la relación con sus aliados, restaurar los vínculos con estos y atraer a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelandia con miras a la confrontación eventual con China en el Indopacífico.

En resumidas cuentas, con la realización de las dos cumbres, Washington logró la articulación del bloque occidental y se esforzó por incorporar a nuevos aliados.

Mientras tanto, en otro lugar del planeta, las potencias emergentes siguieron avanzando en la articulación de un bloque alternativo. Más allá del cuestionamiento de la OTAN por su papel en generar la crisis en Ucrania, China sumó sus críticas a la organización, mientras que ―en el contexto de la creciente convergencia estratégica entre ambos países― se consolidaba el entramado institucional euroasiático.

No solo por el papel de la Iniciativa de la Franja y de la Ruta, impulsada por China, sino también por su armonización con la Unión Económica Euroasiática, la creciente centralidad de la Organización de Cooperación de Shanghái en el ámbito regional, la reafirmación de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva impulsado por Rusia, y la más reciente reunión del Consejo del Caspio que incluye a Irán.

Hemos hecho un seguimiento detallado a estos procesos en dos libros ―Eurasia y América Latina en un mundo multipolar, de 2019 (posteriormente traducido al ruso) y, más recientemente, en Guerra y transición global, ¿cómo se gestó la guerra en Ucrania y cómo nos afecta?, que se publicó hace poco.

El parteaguas de la guerra de Ucrania y del efecto boomerang de las sanciones occidentales contra Rusia sobre la economía internacional evidencian no solo un punto de inflexión en el proceso de transición del sistema internacional hacia una nueva configuración de las relaciones de poder mundial, sino también la decantación de tendencias definidas en la conformación de bloques en pugna por el predominio global.

Sin embargo, la conformación de estos bloques da pie, asimismo, a la necesidad de sumar aliados y socios en el sur global. Así, se potencia y se reactiva el grupo de los BRICS concentrado en temas de cooperación económica, generación de acuerdos de libre comercio y, por iniciativa de Rusia, profundización de un proceso de desdolarización de las economías emergentes, de incipientes avances en Eurasia. A esto se suma la ampliación del grupo con la incorporación de Argentina, Irán y otros aspirantes.

En su conjunto, estos complejos procesos abren interrogantes sobre el no alineamiento de algunos actores (India, Asean) en la eventual confrontación entre bloques y sobre la periferización de otros (África, parte de América Latina) bajo el impacto conjunto de las amenazas de una crisis alimentaria y energética, de la inflación creciente y de una eventual recesión económica ante una creciente confrontación entre bloques.

El actual contrapunto entre el G7 y la OTAN, por un lado, y los actores euroasiáticos y los BRICS, por el otro, no configura un pronóstico alentador para la paz y la estabilidad mundial. El esfuerzo occidental por excluir a Rusia de la próxima reunión del G20 en Indonesia tampoco configura un buen augurio para la gobernanza global.

* Texto publicado originalmente en Clarín de Argentina

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¿Hay que elegir entre energía y medioambiente?

Guilherme Marques
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¿Hay que elegir entre energía y medioambiente?

Coautora Ana Paula Dalcin

La cuenca del río Paraná, la segunda más grande de Brasil y la principal en generación de energía hidroeléctrica, cuenta con más de 60 hidroeléctricas que abrigan 40% de la capacidad de producción de electricidad en todo el país y responden a la mitad de la capacidad de almacenamiento de agua. Pero la operación de los embalses, necesarios para controlar la generación de energía hidroeléctrica, afecta las funciones de reproducción, alimentación y refugio de diferentes especies acuáticas. Esta pérdida de diversidad lleva años perjudicando no solo a los pescadores que ven cómo se reduce su sustento de vida, sino al conjunto de la cuenca, ya que el impacto en la biodiversidad afecta el ecosistema acuático del río Paraná.

La cuenca de este río presenta cierta vulnerabilidad para garantizar la seguridad hídrica, energética y alimentaria, algo que ha quedado en evidencia por la sequía que azota la cuenca en los últimos años. A medida que aumenta nuestra demanda de agua, energía y alimentos, el agua se vuelve más escasa, y satisfacer las necesidades de la sociedad sin comprometer la calidad del medioambiente para las generaciones futuras se vuelve más difícil.

Afrontar y superar este reto no solo depende de un uso más eficiente del agua, sino sobre todo de cómo compartimos este recurso con las distintas demandas existentes, entre ellas el propio medioambiente. El agua de los ríos, lagos y embalses también es necesaria para mantener vivos los ecosistemas que proporcionan recursos valiosos para la sociedad: desde alimentos, como los peces, hasta actividades recreativas e incluso la propia limpieza del agua, realizada por los organismos que viven en ella.

Por otro lado, para las comunidades que viven cerca de los ríos, la importancia de estos recursos va mucho más allá, ya que el río es una fuente de sustento e identidad cultural que se transmite de generación en generación.

Sin embargo, gran parte de nuestro proceso de desarrollo usa los recursos naturales con un conocimiento todavía limitado de cómo podrían verse afectados los ecosistemas. En varias regiones de América Latina y del mundo, este proceso ha ido acumulando impactos que ya comprometen al medioambiente. El agua se contamina, las poblaciones de peces disminuyen y se pone en riesgo la capacidad del medioambiente en su conjunto para sostener la vida.

En este contexto, las comunidades pesqueras de la cuenca del río Paraná vienen señalando desde hace años la merma de la cantidad de peces y su impacto en el sustento de las familias que viven de esta actividad. Los pescadores informan que a menudo es necesario buscar pescado en zonas más lejanas para complementar sus ingresos, lo que también acaba aumentando los costes de combustible y el agotamiento físico de los pescadores.

Condiciones como esta hacen que muchas familias abandonen la pesca y busquen el sustento en otras actividades. De los casi 1.200 miembros que reportaba la asociación de pescadores de la ciudad de Puerto Rico, de Paraná, en 2010, esa cifra ha bajado a solo 384 miembros en 2019.

La misión más importante de la gestión de los recursos hídricos

Corresponde a los organismos que gestionan el agua, a los organismos de planificación y a los comités de cuenca implicar a la sociedad para debatir, negociar y llegar a un consenso a fin de buscar soluciones que permitan alcanzar los objetivos comunes. El resultado de este trabajo participativo es la base sobre la que deben crearse políticas públicas eficaces.

En este sentido, el proyecto de investigación transdisciplinario, Improving the governance of the floodplain in over-built river basins, coordinado por la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil, ha identificado una extensa cadena de relaciones causales entre los recursos hídricos de la cuenca del Paraná y los múltiples usos energéticos, ecosistémicos, pesqueros y recreativos, y creó métodos y soluciones que ayudarán a construir caminos de adaptación, reconciliando, así, los diferentes usos del agua y el medioambiente en beneficio de la sociedad.

Estos usos del agua inciden positivamente en la sociedad: desde las comunidades locales que dependen de la pesca para su subsistencia hasta los millones de personas en Brasil y Paraguay que consumen energía gracias a un sistema interconectado a escala nacional de producción de energía.

Los resultados del estudio demuestran que en sistemas complejos como el Paraná no hay una solución única, sino un universo de posibilidades y resultados diferentes. Es posible combinar distintos patrones de caudales liberados por los embalses y seguir satisfaciendo las demandas de los peces, reduciendo, así, el impacto sobre ellos.

Como cada combinación también refleja la cantidad de energía producida por los embalses, es posible explotar este resultado para encontrar soluciones alternativas de asignación de agua que satisfagan tanto la demanda local de pesca, turismo y ocio, como las necesidades de protección de la biodiversidad en la cuenca del Paraná, y las necesidades nacionales de energía limpia y asequible.

Además, al disponer de un mayor número de soluciones alternativas, el proceso de negociación se vuelve menos conflictivo, lo que aumenta las posibilidades de alcanzar soluciones eficaces para la recuperación medioambiental de la cuenca sin un coste energético muy elevado.

Las soluciones a estos problemas son urgentes y requieren de estrategias a largo plazo para que la cuenca se adapte. De hecho, según el mismo estudio, las posibles situaciones del cambio climático indican una reducción media de los caudales de entre 7% y 40%, por lo que también disminuiría la generación de energía, lo que se traduciría en menos agua disponible para las demandas de los peces.

La sequía de 2020-2021 en la cuenca del Paraná corroboró esta preocupación en la medida en que los caudales liberados de algunos embalses fueron reducidos para preservar el almacenamiento y mantener la generación hidroeléctrica en un período de bajo stock de energía en el país.

Pero si el funcionamiento del sistema se ajustara según los resultados de los estudios, las poblaciones de peces podrían recuperarse a largo plazo, haciendo que el ecosistema fuese más resistente para soportar el impacto de la próxima sequía cuando se modifique el funcionamiento de los embalses para mantener la seguridad energética del país (esa es la principal prioridad).

Estos resultados podrían ser utilizados, asimismo, para apoyar políticas energéticas que exploren otras fuentes de generación y almacenamiento de energía, y aminorar, con ello, la presión sobre las cuencas fluviales.

En conclusión, los embalses son infraestructuras clave para nuestra adaptación a los cambios causados por el clima y el ser humano. Aunque su construcción y funcionamiento han conllevado impactos ambientales, muchos de los cuales aún tenemos que mitigar, proporcionan una importante capacidad de almacenamiento de agua que será fundamental para ayudarnos a proteger los ecosistemas de los efectos del cambio climático que hacen que el agua sea más escasa, incierta y variable.

Es posible optimizar el funcionamiento de los embalses para disminuir los riesgos para la producción de energía y crear oportunidades a fin de mantener los caudales requeridos por los peces durante los meses importantes de su reproducción.

Sin embargo, para ello es necesario coordinar las políticas de agua, medioambiente, energía y sociales, ya que necesitamos el agua para mantener la vida en los ríos, generar electricidad, suministrar alimentos a las ciudades y a las comunidades locales. También necesitamos energía para producir alimentos y ampliar las oportunidades de desarrollo de las regiones económica y socialmente vulnerables.

Esta fuerte conexión entre los diferentes factores deja claro que una política tendrá éxito en uno de estos ámbitos solo si se integra para tener éxito también en los demás.

Ana Paula Dalcin es candidata al doctorado en el Programa de Postgrado en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental IPH/UFRGS.

La alternancia política llega a Colombia

Andrés Londoño Niño
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La alternancia política llega a Colombia

Colombia ha elegido a un nuevo gobierno que será dirigido por Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes asumirán el cargo el próximo siete de agosto. Esta victoria inédita de la izquierda representa un logro importante para la democracia colombiana y constituye un evento histórico con influencia en América Latina.

Las limitaciones de la democracia colombiana

Las élites gobernantes y ciertos medios de comunicación han insistido en que Colombia tiene la democracia más estable de la región. Esto debido a que el país no tuvo, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, largos periodos de dictadura militar con excepción del golpe militar de 1953 del general Gustavo Rojas Pinilla que gobernó hasta 1957.

Sin embargo, en 212 años de historia republicana el país ha sido gobernado por un pequeño número de dinastías familiares que durante el siglo XIX y XX se aferraron al poder a través del partido liberal y conservador. A pesar de que en el siglo XXI estos partidos perdieron importancia por la irrupción de nuevas fuerzas políticas, continuaron siendo determinantes en las elecciones y siguen dominando la vida política en varias regiones del país.

Por ello, Gustavo Petro no es solo el primer presidente de izquierda que tiene Colombia, es además el primer presidente que no dependió del apoyo de los partidos tradicionales y cuyo triunfo se debió en gran medida al apoyo de las bases sociales, en especial de los jóvenes, las mujeres y la población que vive en la periferia del país y que ha sido la más afectada por el conflicto armado.

Y es que hasta estas elecciones la democracia colombiana no había tenido una verdadera alternancia del poder, contrario a otros países latinoamericanos en donde el cambio de fuerzas políticas en el poder ya se había logrado.

Sin duda, la victoria de Petro es histórica, considerando que la izquierda en Colombia no tuvo posibilidades reales de llegar al poder hasta hace muy pocos años. Entre 1987 y 1995 fueron asesinados cinco candidatos presidenciales, cuatro de ellos de izquierda. El partido Unión Patriótica, producto del acuerdo de paz de 1985, fue exterminado y más de 4.000 militantes y políticos de ese partido alternativo fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos.

La violencia política ha sido el recurso utilizado por los grupos armados, pero también por las élites políticas para impedir la llegada de fuerzas alternativas al poder. Por ello, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 avanzó en discutir garantías, no solo para la participación política de la guerrilla, sino de otras fuerzas políticas históricamente excluidas, así como el papel de la oposición.

El factor Francia Márquez y la importancia de las periferias

En segundo lugar, las élites gobernantes en Colombia, así como la de la mayoría de los países latinoamericanos ha excluido, desde la formación de la República, a los pueblos indígenas y negros. Con excepción de algunos cargos públicos, como ciertos ministerios, la población indígena y afrocolombiana no ha hecho parte de la dirección del Estado. Además, el racismo institucional e institucionalizado, no está disociado del machismo que ha dominado la política en el país.

Por eso, si bien en las elecciones de 2018 Colombia tuvo por primera vez en su historia a una mujer en el cargo de vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, que en esta ocasión el puesto lo vaya a asumir una mujer afrocolombiana, Francia Márquez, es un hecho histórico. Y es que Márquez, a diferencia de Ramírez, no pertenece a la élite política y económica del país, pues proviene de un pueblo minero y entró a la política por el activismo social y ambiental que ejercía en su territorio.

Además, la vicepresidenta electa, a diferencia de la saliente, se ha reconocido como feminista y ha defendido los derechos de las mujeres. Por eso, muchas mujeres colombianas que hacen parte de grupos excluidos se sienten representadas en la figura de Márquez. La vicepresidenta electa representa también a diversos sectores sociales excluidos que, citando el poema de Eduardo Galeano, hacen parte de “los nadies”. Es decir, mujeres pobres, afrodescendientes, indígenas, campesinos, población LGTBIQ+, entre otros.

En elecciones pasadas la figura de la vicepresidencia no había tenido tanta importancia. Tampoco la tuvo en las demás fórmulas vicepresidenciales actuales. Por eso, gran parte de la victoria de Petro se debe a la figura de Márquez quien, precisamente, ha confrontado la élite masculina, blanca y urbana que ha gobernado al país, lo cual abre espacios de participación a las mujeres excluidas de la política, no solo en Colombia sino en América Latina.

En tercer lugar, el centralismo político y económico ha restringido la democracia en gran parte del territorio nacional. La diferencia entre las grandes ciudades y la periferia suele ser abrumadora en términos de garantía de derechos y acceso a servicios básicos.

Los departamentos de Colombia donde ganó Petro corresponden a la periferia del territorio nacional. En su mayoría, son departamentos fronterizos, con excepción de aquellos que limitan con Venezuela de donde provenía el contrincante Rodolfo Hernández. Incluso, los votantes de Petro de varios de estos territorios son los mismos que votaron por el sí al plebiscito por la paz en 2016, donde por una pequeña diferencia ganó el no, liderado por el uribismo.

En ese sentido, una gran parte de Colombia que no ha sido tenida en cuenta en la toma de decisiones del país y en donde la democracia no funciona igual que en el centro, fue decisiva para el triunfo de Petro. Pero concretar el programa de gobierno orientado a la justicia social y ambiental, la transición energética y la búsqueda de reducción de la desigualdad social no será una tarea fácil, teniendo en cuenta que la élite política y económica del país deberá renunciar a ciertos privilegios.

Por ello, es esperable que surjan problemas de gobernabilidad debido a la oposición de dichos sectores, tal y como sucedió con Fernando Lugo en Paraguay o Dilma Rousseff en Brasil. Sin embargo, Petro ha llamado un gran acuerdo nacional y, hasta el momento, ha logrado convocar a varias fuerzas políticas al diálogo.

Colombia está conociendo por primera vez lo que es la auténtica alternancia en el poder y esto implica un paso importante para replantear su democracia. Pero este cambio afectará además la agenda de otros países latinoamericanos, que también tienen la necesidad de ampliar espacios de participación a “los nadies”, los excluidos, aquellos que se ha considerado históricamente que no pueden dirigir el Estado.

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Dejemos el petróleo en el subsuelo, transformemos las instituciones

Leonardo Stanley
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Dejemos el petróleo en el subsuelo, transformemos las instituciones

La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al gobierno en Colombia ha sido un shock para muchos no solo en Colombia, sino en el resto de la región, incluidos los Gobiernos en los que, partiendo de posiciones de izquierda, se piensa el desarrollo a partir del extractivismo. Y es que, con el fin de terminar con la actual dependencia del petróleo para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, Petro propuso prohibir nuevos proyectos de exploración, así como la explotación de yacimientos no convencionales, detener los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. Esto implicará un enorme desafío tanto económico como institucional para el nuevo Gobierno.

Prohibir nuevos proyectos de prospección petrolera no resulta novedoso, tampoco irracional desde una perspectiva económica. Como mínimo, la actividad debería prohibirse donde afecta la biodiversidad, tal como lo hizo el Gobierno de Belice cuando decidió proteger la barrera de coral de la exploración offshore. Costa Rica prohibió directamente toda actividad petrolera en su territorio para afianzar, así, su objetivo de emisiones cero para el año 2050.

Además, se observan medidas similares en Dinamarca, España, Portugal, Francia e Irlanda, en una Europa donde la transición energética es una cuestión estratégica. Más allá de las medidas excepcionales anunciadas para acotar los faltantes a corto plazo, la invasión a Ucrania confirma lo irremediable del cambio.

Las prohibiciones también surgen del otro lado del Atlántico. El gobernador del estado de California decidió no otorgar nuevos permisos de fracking y descontinuar para el año 2045 toda actividad petrolera. En Canadá, la provincia de Quebec no solo avanzó con la prohibición de toda actividad de exploración en su territorio, sino que también decidió que la banca pública no siguiera financiando a la industria.

Estos ejemplos muestran un nuevo tipo de política frente a la transición, política que los economistas denominan de “oferta”, las cuales se complementan a menudo con políticas que actúan sobre la tecnología. Esto, debido a que toda inversión en fósiles debería evitarse para impedir el bloqueo tecnológico (technological lock-in). El desarrollo no puede basarse en invertir en procesos y productos del pasado.

Desde una perspectiva macroeconómica, dejar “el petróleo en el subsuelo” resulta lo más racional. Sin embargo, este tipo de propuesta son tildadas de “infantiles” o, directamente “peligrosas”, no solo por parte de muchos analistas financieros, sino también por sectores de la izquierda latinoamericana que militan en el neodesarrollismo y neoextractivismo. Para unos y otros, Latinoamérica no tiene otra opción sino continuar con el modelo actual.

Las energías limpias resultan competitivas y brindan un servicio limpio, al tiempo que permiten un acceso universal. Las ventajas que presenta son beneficiosas para las mayorías, y perniciosas para las petroleras. Tal como lo planteó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres: En un presente signado por la guerra, el único plan capaz de garantizar la paz y la prosperidad depende de dejar de financiar a la industria petrolera.

Los principales Bancos Centrales han comenzado a instrumentar una serie de medidas que tienden a encarecer el costo del financiamiento. Este tipo de medidas implica que se imponen mayores requerimientos de capital a quienes contaminan. También se penaliza a la industria petrolera en las operaciones de mercado abierto, lo cual termina con la idea de la neutralidad de mercado. Estas políticas monetarias tienen como objetivo evitar que los mercados financieros terminen confrontando variaciones bruscas en los activos que administran e impedir que los inversionistas vean licuar el valor de sus activos de manera súbita.

Si bien se trata de medidas importantes, no son relevantes para la región, dado el subdesarrollo de su mercado financiero. Esto obliga a pensar alternativas. Resultaría más convincente imponer algún tipo de control sobre los flujos de capitales, fijando, para ello, un encaje diferencial sobre los fondos como el implementado por Chile en la década de los noventa. Dicho encaje implicaría una tasa sobre los fondos que llegan para financiar a la industria petrolera y redirigir el tributo al financiamiento de energías limpias.

Obviamente, cualquier intento de introducir un encaje o impedir el financiamiento puede terminar generando un reclamo legal ante los tribunales arbitrales ad hoc, tal como lo prevé el esquema de protección a la inversión extranjera instaurado en los años noventa.

Pese a lo comprometido en materia climática y al creciente riesgo de desastres climáticos, el soberano se halla imposibilitado de actuar. Aun cuando la comunidad científica ha demostrado la necesidad de mantener en el subsuelo a la mayor parte de las reservas, las empresas contaminantes continúan bloqueando la transición con demandas judiciales.

Este tipo de actitud se evidenció en Holanda, cuando el Gobierno planteó avanzar con el cierre de las centrales de carbón. Pero este caso no es excepcional. Recientemente un grupo de diez países europeos ha decidido modificar el Tratado del Capítulo de Energía (ECT, por sus siglas en inglés), mientras que España se convierte en el primer miembro de la Unión Europea en plantear la necesidad de abandonar el tratado por amenazar la transición.

Frente a la crisis climática, cuya gravedad impacta a un número creciente de afectados como lo demuestran los desastres producidos por inundaciones o los desplazados por sequías, “se sigue protegiendo a la industria que lo genera”. Así lo afirmó  un colectivo de jóvenes en su presentación ante la Corte Europea de Derechos Humanos a fin de eliminar el Tratado de Energía.

Los problemas que genera el extractivismo en vastos sectores de la población latinoamericana son evidentes y el activismo da cuenta de ello. Más allá de las muertes por las catástrofes naturales, la región cuenta con el récord de asesinatos de los líderes socioambientales. La gravedad de la crisis climática obliga a actuar, pero también a mirar los conflictos desde una óptica distinta. Por ello, iniciar un cambio institucional es un primer paso.

Lo que ocurra en Europa debería ser seguido de cerca por los Gobiernos latinoamericanos, que deberían iniciar procesos de consultas para comenzar a reformular el andamiaje legal firmado en los noventa. Todo lo anterior debería alertar a los líderes de la región de que hay que evitar que predomine el planteamiento de dejar la transición energética al mercado.

Si Gabriel Boric, en Chile, y Petro, en Colombia, logran llevar adelante sus objetivos de campaña, los progresismos fósiles serán parte del pasado.

La basura guatemalteca afecta la costa hondureña

Dardo Justino Rodríguez
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La basura guatemalteca afecta la costa hondureña

Mascarillas, guantes, gasas, envases y todo tipo de desechos llegan, especialmente en la temporada de lluvias, a zonas costeras y turísticas de Honduras que han sido arrastradas por el río Motagua desde la capital de Guatemala después de haber desembocado en el mar Caribe. Esta basura, ajena, que se acumula en las playas hondureñas y en el fondo del mar, afecta al medio ambiente y al turismo, una de las principales actividades que sostiene a las comunidades locales como las del municipio de Omoa. Durante más de una década, los habitantes de esas zonas han limpiado sus playas manualmente para tratar de evitar las imágenes de sus playas convertidas en basurales, pero para erradicar la basura masiva proveniente del extranjero hacen falta medidas binacionales.

El río Motagua, con una longitud de 486 kilómetros y una cuenca que ocupa más de 12.000 kilómetros cuadrados, nace en el altiplano guatemalteco, y uno de sus afluentes, el río Las Vacas, atraviesa el enorme botadero de basura ubicado en el norte de la capital guatemalteca. Además, los habitantes de los municipios guatemaltecos que limitan con el río Montagua arrojan su basura al cauce del río sin ningún tipo de consecuencia. Sin embargo, los sucesivos Gobiernos hondureños se han limitado a protestar, pero sin tomar medidas concretas.

Recientemente, el alcalde del municipio hondureño de Omoa, Ricardo Alvarado, volvió a poner sobre el tapete la grave contaminación del río Motagua y las playas de su municipio, que ha alejado al turismo, principal fuente de ingresos de la población omoense. Y es que si bien el Gobierno de Honduras habla de crisis, la realidad es que lo que sufren los pobladores de Omoa es una catástrofe ambiental.

Este problema, que lleva más de una década, ha sido motivo de conversaciones entre los Gobiernos de ambos países. Pero la solución definitiva y ecológica, que es crear rellenos sanitarios en los municipios guatemaltecos que cumplan con las normas internacionales, no ha sido tenida en cuenta por los sucesivos Gobiernos de ese país ni ha sido exigida por sus pares hondureños.

La “solución” propuesta por el Gobierno de Honduras en los últimos años fue colocar vallas de bioseguridad en los ríos Las Vacas y Motagua, a lo cual accedió Guatemala. Sin embargo, recientemente fue tal la cantidad de desechos volcados al río que las vallas cedieron y dejaron pasar gran cantidad de basura, la que está llegando a las playas de Omoa, ya gravemente contaminadas.

Si bien las autoridades comunales de Omoa y las empresas privadas trabajan para mantener limpias las playas, ello no es suficiente. Las recientes y abundantes lluvias de “invierno”, como se llama en esta región a la época lluviosa, agravaron el problema, pues al aumentar el curso de los ríos, las vallas que puso la organización The Ocean Cleanup fueron superadas. Por otro lado, el sistema de vallas previsto no está terminado, lo que ha complicado aún más la situación.

Otro agravante de este problema medioambiental es que en el botadero guatemalteco, localizado en el norte de la Ciudad de Guatemala, que es atravesado por el río Las Vacas y tiene una extensión de aproximadamente ocho canchas de fútbol, no se clasifican los desechos. Normalmente el plástico es el principal contaminante, pero con la pandemia de la COVID-19, gran parte de lo que se escurre por los ríos está constituido por desechos hospitalarios contaminados.

Omoa sufre los efectos de un fenómeno que hace tiempo debería haber sido asunto de urgente tratamiento por el Gobierno nacional. No obstante, mientras este municipio languidece y sufre un desplazamiento creciente de su población, e incluso de emigración al exterior, de momento no parece que haya una repartición del Estado hondureño lo suficientemente preocupada por el problema como para iniciar negociaciones con sus pares guatemaltecos con el fin de encontrar soluciones definitivas.

Tampoco se advierten intenciones para promover una campaña internacional que dé visibilidad al problema para obtener, incluso, financiamiento a fin de reconvertir los basurales guatemaltecos en rellenos sanitarios.

Y es que esperar que los funcionarios y exfuncionarios hondureños exijan al país vecino soluciones, cuando han dejado inconclusos los proyectos de rellenos de su propio país como los de la capital y San Pedro Sula, es poco alentador.

Ecuador: crónica de una victoria aún inconclusa

Adoración Guamán
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Ecuador: crónica de una victoria aún inconclusa

Coautor Virgilio Hernández 

Ecuador fue sacudido por un nuevo estallido social que durante 18 días mantuvo en vilo al país en una confrontación ente el bloque popular convocado a las calles y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Criticado internacionalmente por el uso abusivo de la violencia física y simbólica contra las manifestaciones, el gobierno de Ecuador se vio forzado a sentarse a una mesa de diálogo nacional que concluyó con la firma de un acuerdo el día 30 de junio. 

Durante los 18 días de Paro Nacional (convocado por las confederaciones indígenas CONAIE, FEINE y FENOCIN) el tiempo en Ecuador transcurrió a una gran velocidad. Lo que comenzó como una protesta popular, con un claro decálogo de demandas para contener las políticas neoliberales, llegó a tomar tintes destituyentes, tanto en el ámbito social como político-institucional. 

El presidente Lasso, que según encuestas recientes goza del 13% de confianza de la ciudadanía y menos del 20% de aprobación de su gestión, apostó desde el inicio por la contestación basada en el uso de la violencia que exacerbó las movilizaciones. El 14 de junio, la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, con un proceso plagado de irregularidades, destapó el descontento popular y generalizó la protesta social, frente a la que el gobierno respondió con represión y militarización.

Los múltiples Estados de Excepción, el discurso belicista, la ocupación policial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (tradicional lugar de encuentro en las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas), los ataques a las universidades convertidas en centros de paz y alojamiento y el uso abusivo de la fuerza policial y militar, se han saldado con media decena de personas fallecidas y centenares de heridas y detenidas. 

Como ya había ocurrido en el año 2019, la estrategia gubernamental se basó en la criminalización de diversos líderes de la oposición. Por un lado, tanto el presidente como diversos ministros centraron en Leonidas Iza una campaña de descrédito que exacerbó las expresiones racistas de una parte de la población y que ha minado la convivencia en el país. Por otro, desde diversos ministerios se ha difundido la idea, sin fundamentos, de que las movilizaciones estaban siendo financiadas por grupos políticos ligados al crimen transnacional y que buscaban la desestabilización, en clara alusión al “correísmo”. 

Mientras escalaba la tensión social y el conflicto se generalizaba en todo el país, la Bancada de la Revolución Ciudadana decidió intentar una salida político-institucional a la crisis, utilizando el mecanismo que la Constitución Ecuatoriana prevé en su artículo 130.2 y que se conoce como “muerte cruzada”.  Así, el 24 de junio, 72 legisladores activaron este procedimiento que prevé tanto la destitución del presidente como la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria, en 7 días, a elecciones anticipadas que deberían realizarse en máximo 90 días.  

Presionado en la vertiente social y en la político-institucional, el gobierno accedió al diálogo que comenzó el 27 de junio y que duró apenas horas. Al día siguiente, tras la muerte de un militar en el escenario de una confrontación entre el Ejército y diversos colectivos en una zona amazónica, el presidente rompía el diálogo y al mismo tiempo, llamaba “golpistas y mafias políticas” a los sectores que esa tarde debían debatir y votar la propuesta de destitución presidencial. Además, la dura arremetida verbal de Lasso en una Cadena Nacional contra Leonidas Iza buscó claramente la ruptura del movimiento indígena, al que llamó a desconocer a su líder. 

Se cerraban así, aparentemente y en un clima de máxima tensión, las vías institucionales y los canales de negociación mientras que en la Asamblea Nacional se procedía a la votación de la propuesta de destitución. La destitución requería 92 votos, sin embargo, las bancadas de la Revolución Ciudadana, una parte de Pachakutik e independientes llegaron a 80 votos a favor frente a los 48 votos en contra del Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y el grupo afín al gobierno. De esta manera, Lasso aseguraba su continuidad en el cargo, al tiempo que se evidenciaba su debilidad en términos de apoyo real en la Asamblea. 

Ante el complejo escenario, incluso se llegó a advertir la posible detención de Leonidas Iza y otros dirigentes del movimiento indígena-campesino. Sin embargo, la dirigencia de las organizaciones convocantes profundizó la llamada a la movilización de las bases y la exigencia del reconocimiento de Iza como presidente de la CONAIE. Esta decisión, arriesgada, fue clave para avanzar en las conversaciones para llegar a una solución, forzando al gobierno, con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a sentarse a dialogar.

El futuro de Ecuador después del Paro Nacional

El 30 de junio se concretó el acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena tras el que se levantó el Paro Nacional y se derogó el Estado de Excepción. Entre los principales acuerdos constan el Decreto 452, que impone a los gobernadores del país intensificar los operativos de control para prevenir y erradicar los procesos especulativos; la declaratoria de emergencia del sector salud; así como el establecimiento de políticas públicas compensatorias para el área rural y urbana y la reducción del precio de los combustibles.

Adicionalmente, la CONAIE logró la derogatoria del Decreto N. 95 en materia de hidrocarburos y la reforma del decreto 151, que contiene el Plan de Acción Minero. Además, se prevé establecer una mesa de diálogo para la resolución de los temas pendientes con una duración de 90 días y en la que deberán participar los diferentes poderes del Estado. 

El cierre del conflicto deja a un gobierno seriamente debilitado. La votación en la Asamblea demostró su debilidad institucional al tiempo que la demora en acceder al diálogo evidenció su incapacidad política para gestionar el país. Seis personas muertas, más de 500 heridas y un fraccionamiento social exacerbado son un saldo imposible de olvidar, más aún cuando diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, como la CIDH, el Comité de Derechos del Niño o Amnistía Internacional han criticado duramente el uso abusivo de la fuerza y las violaciones de derechos humanos. 

Por su parte, el movimiento indígena y en particular su líder, Leonidas Iza, salía reforzado tras mostrar su capacidad de sostener 18 días de movilización y protestas sociales. De hecho, las movilizaciones permitieron el reconocimiento de importantes derechos y avances sociales que beneficiarán al conjunto de las mayorías sociales de Ecuador, más allá del movimiento indígena. 

El escenario sigue abierto y en los próximos días, se verá el corolario de esta movilización. El gobierno puede errar, tal como sucedió en octubre de 2019, y abrir un nuevo momento en la persecución contra luchadores sociales y opositores, entre ellos Leonidas Iza, que tiene su audiencia de juicio el 4 de julio. Pero Guillermo Lasso también podría acertar y asumir un giro trascendental en su línea política para atender las necesidades del país, en lugar de seguir sacrificando a Ecuador bajo los designios de organismos como el Fondo Monetario Internacional. 

Abogado y Máster en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional de Andalucía y Parlamentario Andino.

Petro y el momento democrático

Guillermo Tell Aveledo Coll
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Petro y el momento democrático

Con la relativamente holgada elección de Gustavo Petro y Francia Márquez Mina como dupla política en la segunda vuelta presidencial colombiana, el comentario general es que se rompen esquemas históricos. La imagen no puede ser más sugerente: tras décadas de insurgencia armada y decidida respuesta estatal, tiene lugar por medios democráticos el ascenso de un movimiento político disidente. Esto incluye no solo a un veterano de esa insurgencia, sino la elección de una figura emergente desde una significativa minoría étnico-cultural, como son los afrocolombianos.

Sin duda, estos aspectos simbólicos son un elemento positivo de la reciente elección colombiana. Así también, la persistencia de la lucha electoral y el reconocimiento expedito y sin incidentes significativos de violencias de una victoria que reta al sistema político, desmintió comprensibles temores hacia un regreso a eras de violencia política que fueron transversales a la institucionalidad de Colombia. Esto parecía imposible hace un par de décadas atrás.

Sin embargo, la impresión de cambio súbito debe ser vista en la trayectoria cambiante del sistema político colombiano. Se sucedió en Colombia una prolongada decadencia del establishment político, y la longeva tradición bipartidista colombiana no se quebró en este último proceso.

Un sistema fragmentado

Desde 1998, con la competencia entre Horacio Serpa y Andrés Pastrana, no ha habido una elección entre los grupos ortodoxos de los partidos tradicionales. Esa misma elección se dió en el contexto de un recrudecimiento de la violencia política, así como el debate sobre la influencia del narcotráfico que mostró el controvertido Proceso 8000.

Las tradicionales candidaturas disidentes liberales o conservadoras, típicas del sistema democrático colombiano desde su restauración en 1958, fueron desplazadas por su más acabada expresión: la amalgama ideológica, regional y carismática en torno a Álvaro Uribe.

El uribismo, y las críticas a este, ha sido el acicate de la política del país en el último cuarto de siglo. Ello en un sistema de partidos crecientemente fragmentado, con preponderancia de maquinarias departamentales de fundamento utilitario, mientras que la capital no ha tenido un alcalde conservador o liberal desde hace casi tres décadas.

Es necesario decir, además, que la propia trayectoria de Petro es la de una heredad histórica peculiar a este largo proceso. Su militancia insurgente en el M-19, originalmente la facción socialista del híbrido nacionalista y antipartidos de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), fue el primer escalón en la forja de un bloque de izquierdas que quizás se consolide en torno al Pacto Histórico, pero que fue antecedido por múltiples intentos infructuosos.

No es Petro el líder de un movimiento aluvional, sino un avezado político que tiene cuarenta años de política electoral. Ha tenido la responsabilidad práctica de gobernar una metrópolis compleja, por lo que ha debido negociar con factores políticos adversarios, trascendiendo para bien y mal su posición original desde la izquierda histórica.

La cuestión democrática

El pivote político logrado por Petro, tras casi década y media de frustrados intentos, puede asomar las posibilidades de la izquierda democrática. En la historia reciente de América Latina, esta izquierda ha podido gobernar sin tener que decaer en los referentes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Durante la marea rosa de comienzos de siglo, figuras del socialismo democrático como Lula, Mujica y Bachelet, emergentes de un pasado antisistema, llegaron al gobierno de manera propia o en coaliciones sin que hubiese un fin de la alternabilidad con fuerzas ideológicas opuestas, o un desmontaje de los controles políticos sobre los poderes ejecutivos. Puede decirse que las marchas y contramarchas del proceso democrático continental no tuvieron en esos gobiernos una causa determinante. Hoy mismo, el resurgir de coaliciones de izquierda no necesariamente presagia un retroceso democrático, al menos más de lo que lo harían figuras personalistas y anti-establishment de otra ubicación en el espectro ideológico.

Retos al proceso

Sin embargo, las limitaciones del modelo de la izquierda democrática retan al prospecto democrático. En primer lugar, en términos de su eficacia intrínseca. Sin tomar en cuenta los escándalos de corrupción que marcaron algunos de estos esfuerzos, los procesos de transformación redistributiva de la sociedad requieren capacidades estatales y asidero fiscal. Pocas economías de la región podrán sostenerlo en un contexto recesivo global que se diferencia de las décadas pasadas.

En segundo lugar, el déficit de participación y representatividad democrático-liberal de nuestros sistemas políticos puede invitar a una experimentación institucional que derive ya en fórmulas populistas o en fórmulas mayoritarias de pretendida democracia popular sin contrapesos. Y, en tercer lugar, la herencia de las luchas, ideología y simbolismo de la izquierda histórica, combina la justicia de muchas consignas con la tolerancia hacia elementos autoritarios que no son mera nostalgia revolucionaria.

En un ambiente regional crecientemente polarizado y autoritario, la crítica actual sobre la legitimidad de los regímenes autoritarios de izquierda puede pasar rápidamente a una actitud de pragmático acercamiento, para terminar en una tolerante apertura. Parte de la carrera política de Petro fue articulada con alianzas y solidaridades de la izquierda latinoamericana finisecular, y, cabe decirlo, del Foro de São Paulo, del cual sigue siendo parte la Unión Patriótica, el socio menor de la coalición del Pacto Histórico.

La tentación hegemónica es un factor que puede ser crucial en el caso colombiano. De no haber un contrapeso opositor importante se desestimularía el hacer maniobras hacia el centro en un entorno fragmentado. Pero esta es también la situación general de la región. Ejecutivos que pueden sentir límites en el desarrollo de sus agendas de gobierno ante la ofuscación centrífuga de múltiples partidos minoritarios con liderazgos personales, y la tentación de redefinirse a la población como un líder que trascienda la molienda faccional. En pocas palabras, el dilema entre ser el atribulado y principista Boric, o el inescrupuloso y audaz Bukele. Si para esta última alternativa puede haber además una solidaridad automática de un reemergente bloque ideológico que mitigue la mala reputación, tanto peor.

Relaciones con Venezuela

Por último, y pasando de lado problemas sensibles como las relaciones con los Estados Unidos, todo presidente colombiano tiene un reto peculiar a su posición: la agenda de relaciones con Venezuela. Diferendos limítrofes, problemas de seguridad, gran complejidad vital en intercambios humanos y económicos, y una importante presencia de migrantes, agudizada por las diferencias ideológicas entre Caracas y Bogotá, que incluye una comunidad importante y vulnerable de exiliados políticos venezolanos en la hermana república. Gustavo Petro ha mantenido hasta ahora el planteamiento de un necesario acercamiento consular y diplomático, sin bajar el tono de sus críticas a las prácticas más autoritarias de Nicolás Maduro no obstante las viejas relaciones entre la izquierda colombiana y el movimiento bolivariano.

El despliegue del propósito transformador de Gustavo Petro presenta retos considerables. Pese a que el nuevo presidente electo ha mostrado una actitud alentadora, mitigando incluso algunos excesos de su campaña, la dinámica política nacional y regional pueden estimular una tentación radical. Parte de ello responderá a la dinámica con que la sociedad colombiana responda a las oportunidades de mejora que presenta el Pacto Histórico, pero también en el reconocimiento del nuevo liderazgo de la herencia institucional que ha permitido su ascenso al poder. La democracia siempre requerirá moderación.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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