América Latina no es un cuento de hadas

Francisco Sánchez
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América Latina no es un cuento de hadas

América Latina no es un cuento de hadas, pero Vladimir Propp y su Morfología del Cuento pueden servirnos para entender por qué se va imponiendo entre informadores, expertos y analistas cierto tipo de relato plano para explicar lo que pasa en la región. Se trata de una narrativa circular que recurre a tópicos juntados por líneas de trazo muy grueso que impiden ver la diversidad y complejidad de las causas de los problemas regionales y que, sobre todo, descartan toda aquella información que contradice las personalísimas preferencias de los autores, camufladas en una especie de sentido del “deber ser”. Tal es así que incluso aquellos que se reclaman objetivos desde el “periodismo de datos” no dejan de caer en la tentación de omitir información que les genera disonancia cognitiva o simplemente usan el encuadre adecuado para que sus “números” se ajusten a su visión del mundo.

Sin llegar a las 31 funciones que Propp encontró en las narraciones rusas, en muchos de los relatos informativos o de opinión sobre Latinoamérica identifico al menos tres elementos que explico a continuación y que pueden ir juntos o separados: utopía, caudillo y/o decepción.

Ser territorio de utopías parece lo propio desde que fuimos el Nuevo Mundo que inspiró al mismo Tomás Moro. En el siglo XX la utopía tomó forma de Revolución, siendo Cuba -una isla al igual que la de Moro- la prueba de que otro mundo era posible y que solo hacían falta Fideles y Ches para lograrlo. Chiapas fue el canto del cisne de las utopías revolucionarias latinoamericanas, un rico proceso que tuvo como epílogo la kafkiana transformación del Subcomandante Marcos en Durito. Los “giros a la izquierda” son las utopías del siglo XXI. Por ello, en cada nueva elección buscan al candidato de izquierda que liderará el proceso que solucione las profundas injusticias nacionales esperando, además, que el mismo -que se asume será exitoso- se extienda a toda la región, marcando la vía para superar el neoliberalismo global.

Para algunos no basta con que líderes y organizaciones participen en las elecciones buscando poner en marcha transformaciones que reduzcan la pobreza o rompan estructuras de desigualdad: siempre buscarán indicios que muestren que “esta vez sí será la solución definitiva”. El problema no es que un ideal marque el sentido del cambio, sino que muchas veces estos anhelos responden antes a sueños de ciertas élites que a demandas sociales.

El caudillo es el facilitador de la utopía y porta los deseos del pueblo, encarnando la mística, la épica y la lírica de una masa plebeya más próxima a los personajes de Galeano que a auténticos ciudadanos. Para ello, informadores, expertos y analistas otorgan al caudillo -las tenga o no- virtudes y dones naturales o sobrenaturales que le facultan para transformar el rumbo y el destino de todos, que van desde la capacidad intelectual al heroísmo y que, como contrapartida, lo hacen digno de devoción. Sin embargo, estos relatos siempre olvidan que el caudillo está limitado por instituciones y que las sociedades son plurales, por eso, cuando un país “gira a la izquierda” las personas de derecha no se diluyen por arte de magia, sino que más bien resisten.

La cobertura de las últimas elecciones colombianas son un buen ejemplo de estas construcciones. El relato hegemónico estaba centrado en mostrar que Petro haría posible, finalmente, la utopía del giro a la izquierda en el país, obviando tanto el estancamiento de su candidatura en las encuestas como los gritos de una sociedad polarizada y tan desencantada que había llegado al colmo de votar en contra del proceso de paz.

Como los problemas de la región son tan grandes y complejos, y las expectativas de solución inmediata son tan elevadas, el ciclo se cierra casi siempre con la decepción: ni los caudillos tienen superpoderes ni la utopía triunfa sobre la tozuda realidad. Pasó con Castillo en Perú y sus leyes conservadoras y moralistas, como si alguna vez hubiese ocultado su visión del mundo; está pasando con Boric en Chile, a quien le falta el apoyo de un parlamento más bien conservador o a AMLO en México con la 4T, que no ha sido capaz de cambiar las condiciones de explotación laboral o aumentar significativamente el pago de impuesto de los más ricos, de los más bajos, en uno de los países más desiguales del planeta.

Cuando llegan las críticas falta la autocrítica, los analistas deberían ser conscientes de su responsabilidad en la generación de decepciones por inflar las expectativas sobre la magnitud y la velocidad de los procesos de cambio; porque al fin y al cabo, las hadas no existen.

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La invisibilidad de las madres de hijos desaparecidos en México

Ernesto Hernández Norzagaray
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La invisibilidad de las madres de hijos desaparecidos en México

Las imágenes de una madre semidesnuda en la explanada del zócalo de la Ciudad de México, cargando una lona escrita en la que reclama justicia por la desaparición y muerte de un hijo, hace que el Día de la Madre, anclado en la tradición mexicana y que se celebra cada 10 de mayo, adquiera una dimensión que refleja el dolor que sufren miles de familias que buscan infructuosamente a su desaparecido o desaparecidos entre los más de 90.000 casos que se han acumulado desde 2006, según lo que recientemente informó el subsecretario Alejandro Encinas.

La convocatoria de los grupos de madres con hijos e hijas desaparecidos, para hacer de esta fecha un día por la dignidad y contra la incapacidad de los tres niveles de gobierno para atender el problema, llenó las principales plazas y avenidas del país. Desde Chiapas hasta Baja California, muchas ciudades fueron escenario de protesta de decenas de miles de ciudadanos que no aceptan la realidad que han sufrido sus hijos, y, menos todavía, dejar de exigir justicia a los gobernantes.

Recientemente falleció Rosario Ibarra de Piedra, quizá la figura más conocida de este reclamo que empezó en los años setenta con la Guerra Sucia, cuando cientos de jóvenes que luchaban con armas en mano por un México más democrático, fueron detenidos, y muchos de ellos desaparecidos para siempre.

Jesús Piedra, su hijo, nunca apareció, así como tampoco sus restos, los cuales, probablemente, reposan en una de las fosas clandestinas que pueblan el paisaje nacional o en las aguas de uno de nuestros mares. Pero Rosario nunca abandonó la búsqueda de su hijo, incluso, su liderazgo por el reclamo de los desaparecidos fue tal que llegó a ser candidata presidencial en 1982 y 1988 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y hasta fue postulada en cuatro ocasiones para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Rosario Ibarra de Piedra buscó siempre poner en el centro de la agenda pública el tema de los desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia. Incluso, llegó a ser senadora de la República y, luego, al recibir en 1989 la medalla Belisario Domínguez, su hija transmitió un mensaje en el que este reconocimiento tan simbólico quedaba en resguardo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como un gesto de su lucha irrenunciable.

En la actualidad poco se habla de aquellos desaparecidos. Y es que además de que algunos de aquellos luchadores son parte de los Gobiernos, entre ellos, la misma hija de Rosario Ibarra, existe una nueva generación de desaparecidos producto no de la lucha contra el neoliberalismo, como acostumbra a pontificar el presidente López Obrador, sino por el papel cada vez más protagónico del crimen organizado, que ha logrado someter a Gobiernos y servicios de seguridad.

Ahí están, como resultado, las imágenes de esta semana de sometimiento y persecución vergonzosa de militares por parte de grupos criminales mientras se multiplica el número de desapariciones y homicidios dolosos por todos los rincones del país.

Mientras tanto, el presidente ha decidido no dar la cara ante las madres de hijos e hijas desaparecidos, siguiendo la táctica “a quienes no veo ni oigo”, que aplicó en su momento Carlos Salinas contra sus adversarios políticos, especialmente a los del PRD.

¿Será que el presidente se ha creado una realidad paralela? Salinas y otros presidentes también lo hicieron y, como ese tipo de representación tiene sus fijaciones, códigos, interlocutores y verdades, todo lo que se sale de ese marco es ignorado o se lo reduce a un mensaje rutinario, como el que emitió AMLO este 10 de mayo. Ahí felicitó a las madres y a “…quienes están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos”, para luego, inmediatamente, volver a la rutina de sus conferencias mañaneras, insumo paradójico del periodismo oficialista.

Es esa propaganda política la que termina por compensar el imaginario obradorista y se convierte en un insumo de la falta del sentido crítico, la sumisión, el fanatismo e insolidaridad contra todos aquellos que, tal como las madres de hijos desaparecidos, tocan fibras sensibles que afectan a su gobierno.

Estemos claros en que los buenos Gobiernos hacen lo que manda la ley y saben que su aplicación está sujeta a la rendición de cuentas; para ello, no necesitan incentivos políticos. Pero en los casos en los que impera la idea de que “no me vengan con que ‘la ley es la ley” y esta se refrenda en apoyos sociales y políticos, tal como hoy lo perfilan las encuestas de intención de voto, ¿qué obligaría a cambiar el rumbo del Gobierno, incluyendo la falta de atención a las víctimas? Nada.

Hay antecedentes de Gobiernos que se han visto obligados a cambiar sus agendas ante la realidad. Ahí está el movimiento del 68, que devino en la liberalización del régimen político; el fraude de 1988, que aceleró las reformas institucionales de tipo electoral, lo que llevó a la creación del IFE, o el movimiento zapatista, que devino en el reconocimiento de derechos a los pueblos originarios.

Sin embargo, los movimientos como el de las madres con hijos desaparecidos que ponen en aprietos a Gobiernos que están bajo el acecho y control del crimen organizado no han logrado la implementación de nuevas políticas públicas y presupuestos. Estos movimientos no son atendidos por un Estado democrático que debería evitar imágenes como la de esa mujer, que, en un acto de desesperación, se quitó la ropa en la principal plaza del país para visibilizar su drama, el drama de las madres de hijos e hijas desaparecidos.

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Ecuador y la nueva Ley sobre el uso legítimo de la fuerza

Carina Vance
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Ecuador y la nueva Ley sobre el uso legítimo de la fuerza

El 7 de junio, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó, con mayoría absoluta, la ley para el uso legítimo de la fuerza. La postura de varios analistas es que «no cambia nada» o hasta «mejoran las cosas» en cuanto al uso progresivo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, en relación a la normativa vigente. Más allá de ese debate, considero que el verdadero fin de la ley, no es cambiar la norma, sino enviar un mensaje.

El mensaje dirigido a la policía y militares es que la ley los protege. Esto ocurre después de que han pedido insistentemente poder hacer mayor uso de la fuerza como lo exhibieron de manera cruenta en octubre de 2019, sobre todo en la ciudad de Quito. Se dice que con esta ley, ahora sí, se respetarán sus derechos. Ya no estarán «de manos atadas» frente a la delincuencia.

Para la ciudadanía el mensaje es que ahora sí se ocuparán efectivamente de la inseguridad. El actual gobierno ecuatoriano trabaja con una estrategia comunicativa que sostiene que los actuales problemas de seguridad del país se deben a los supuestos lazos entre el “correísmo” y las mafias del narcotráfico. Sin embargo, según el Observatorio de Homicidios del Instituto Igarapé, en el periodo 2008-2017, es decir, durante el gobierno de Rafael Correa, el país registró avances históricos en materia de seguridad, posicionándose como uno de los destinos más seguros de América Latina.

Al contrario de esta tendencia, en los últimos seis años, la tasa de homicidios se duplicó, sumando casi 400 muertos en las cárceles del país. Como resultado, la perversidad de la violencia que experimenta el país llegó a niveles inimaginables, al grado que la población tiene miedo a salir de sus casas. En este contexto, en el que los robos violentos se han generalizado, la administración de Guillermo Lasso busca posicionar la idea de que ahora sí habrá “mano dura” con «los delincuentes».

Diversos analistas, contra toda evidencia, argumentan que la actual situación de inseguridad se debe a las políticas implementadas durante el denominado gobierno de la Revolución Ciudadana. Desde esta narrativa, la ley simboliza un «virar página» para que por fin Ecuador pueda recuperarse de los supuestos males del “correísmo” que desataron la inseguridad que se vive en el país.

En este contexto, el apoyo mayoritario a la ley sobre el uso legítimo de la fuerza por parte del bloque legislativo de la Unión por la Esperanza (UNES) conformado por la Revolución Ciudadana, termina pareciendo un “mea culpa”. Tras la aprobación de la ley, y frente a cuestionamientos sobre el apoyo que le dieron, voceros de la UNES indicaron que no quieren «dar excusas» al presidente Lasso para no afrontar de forma efectiva la inseguridad. Sin embargo, lo que ha pasado es que no han tenido la capacidad política de efectivamente contrarrestar el entramado que se ha creado en contra del “correísmo”.

¿Tendrá esta ley algún efecto sobre los índices de inseguridad? Según datos de instituciones como la CEPAL, no. Lo que sí podría tener un efecto en la violencia sería la reducción de los índices de pobreza en la que está sumida la población y la desesperanza en gran parte de la juventud ecuatoriana. Actualmente, tenemos un sistema educativo desmantelado, la educación técnica y tecnológica destruida, jóvenes que entran a las universidades a cuenta gotas y un pueblo que pasa hambre. Son las consecuencia de las políticas neoliberales de los gobiernos de Moreno y Lasso, sumadas a un complejo contexto mundial marcado por la pandemia, la crisis económica y la guerra.

Además, de acuerdo con entidades como el Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, los países que han aplicado mano dura han fracasado en reducir el delito. Lo que sí disminuirá los índices de inseguridad y violencia es incrementar el presupuesto público bien invertido en un sistema de rehabilitación social.

A contramano de un enfoque social y de derechos humanos, imperativo en situaciones como las que experimenta el país, me temo que esta ley envalentonará a las fuerzas «del orden» y se incrementarán las violaciones a los derechos humanos de personas definidas como «delincuentes» o «narcos», e incluso de todos aquellos que se involucren en la protesta social o se opongan a las políticas del gobierno.

Ecuador ya experimentó duros momentos de violaciones y abusos por parte de la policía con casos como la desaparición de los hermanos Restrepo, desaparecidos durante el gobierno de León Febres Cordero. Frente a los actuales índices de inseguridad del país, muchos piensan que «los derechos humanos son para humanos derechos», una postura aberrante, pero que se percibe cada vez más y que llega al extremo de generar alegría en algunos ciudadanos por cada nueva masacre en las cárceles.

En este contexto, cabe alertar que el presidente Lasso recientemente firmó un convenio de cooperación con Israel en materia de seguridad y en el marco de la Cumbre de las Américas le propuso al presidente de los EE. UU. la implementación de un “Plan Ecuador” al estilo del “Plan Colombia” que por dos décadas ha contribuido al desangre de ese país, so pretexto de la lucha contra las drogas.

En Ecuador ya se cometen atropellos a los derechos humanos por parte de las “fuerzas del orden”. ¿Qué nos espera ahora con esta señal inequívoca de que se recrudecerá el “orden estatal”?

Mercosur: es momento de consolidar la integración

Juan E. Notaro
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Mercosur: es momento de consolidar la integración

A pesar de los vaivenes políticos, las tormentas económicas, la pandemia de la COVID-19 y otros desafíos, los latinoamericanos tenemos vocación integradora. Tenemos la intención, el espíritu, los mecanismos, las instituciones, tenemos, incluso, resultados importantes y muy admirables en algunas áreas. Lo único que nos falta es concretar efectivamente la integración.

Según un informe elaborado por el BID, el INTAL y Latinobarómetro, más del 70% de las personas en América Latina ven con buenos ojos la integración económica y están conscientes de sus beneficios. El porcentaje es incluso más alto entre la gente joven. También es alentador que más de la mitad de los habitantes de la región, el 53%, la consideren positiva y necesaria de acuerdo con el estudio La opinión de los latinoamericanos sobre democracia, instituciones e integración regional realizado por las mismas organizaciones.

De los mecanismos de integración que tenemos en la región, el más efectivo, y con mayor número de habitantes, es el Mercosur, que cuenta con una población de cerca de 300 millones de personas y más de 1.200 millones de dólares de PIB (2020), considerando solo sus cuatro miembros activos (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). El bloque tiene, además, un Parlamento que representa a la ciudadanía de los Estados miembros, y permite la libre circulación de personas entre países, aunque con algunas diferencias en los detalles específicos.

Con todo este equipaje a su favor, el Mercosur ha servido en sus más de 30 años de historia como el mejor escenario posible para la cooperación y acercamiento entre países, y está, a mi juicio, en capacidad de dar el paso hacia la siguiente etapa: la integración plena y efectiva. Y para lograrlo, apelo a lo que fue, sin duda, una inspiración para el Tratado de Asunción de 1991: la Unión Europea. Pero no como un manual de instrucciones, o un dibujo que hay que calcar, sino como un mapa de las posibilidades y oportunidades que se presentarán en el futuro.

Los éxitos que ha logrado hasta ahora Europa en su proceso pueden atribuirse a que los países fundadores trabajaron en establecer tres asuntos fundamentales: qué cosas debía hacer cada uno, qué cosas podían conseguir juntos y, finalmente, qué cosas tenían necesariamente que hacer juntos. En la primera categoría, cada Estado miembro legisla y regula temas como la salud pública, el deporte, la industria, el turismo, la educación, la protección civil y la cultura, a veces con apoyo de la UE.

Entre las cosas obtenidas en el marco de la UE se cuentan logros como la moneda común, la unión aduanera, la homologación de certificaciones académicas y el apoyo a los miembros menos desarrollados del bloque. Las actividades que requieren un gran desarrollo tecnológico, una masiva inversión de capital, o con impactos más allá de cada país, como el programa espacial, la política humanitaria y la protección del ambiente, se inscriben en aquello que necesariamente se debe hacer en conjunto.

No pretendo, en absoluto, hacer una simplificación excesiva del tema, ya que, de hecho, los desafíos no son menores. A pesar de sus muchos logros, el Mercosur no tiene aún un ordenamiento jurídico conjunto. También hay diferencias entre sus miembros en cuanto al indispensable requisito de la supranacionalidad, es decir, el concepto de que para avanzar de forma efectiva hacia un modelo como el europeo se debe aceptar que, en muchos asuntos, los intereses comunes tendrán más peso que los intereses nacionales particulares.

Advierto que la supranacionalidad no se trata necesariamente de diferencias de criterio, sino de que, en algunos casos, las propias Constituciones de estos países no la aceptan como concepto. De manera que hay un camino por recorrer, pero también hay una bastante exitosa historia detrás del Mercosur, una serie de logros innegables y, sobre todo, una sólida vocación integradora entre la ciudadanía.

Hasta ahora hemos transitado coyunturas de mayor acercamiento en temas de integración económica y comercial, intercaladas con períodos de menor interés en la búsqueda de objetivos comunes. No obstante, lejos de frustrarnos, debemos perseverar y buscar aquellos espacios de integración donde prevalezca el interés común ―que no siempre es necesariamente lo comercial― para seguir concretando hitos de integración que beneficien globalmente a nuestros ciudadanos.

Lo que se requiere es continuar el esfuerzo y fomentar la voluntad política para que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como todos los países que se sumen en el futuro, hagan evolucionar al Mercosur de la cooperación bienintencionada a la integración efectiva.

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Los científicos pueden ayudar a reconstruir la confianza en… ¡la ciencia!

Laila Sandroni
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Los científicos pueden ayudar a reconstruir la confianza en… ¡la ciencia!

En los noventa, el pueblo Tuninambá de Olivença, en el sur de Bahía, Brasil, presentó un reclamo por reconocimiento étnico que fue conferido oficialmente recién en 2001. Sin embargo, el proceso de demarcación de su territorio nunca se concretó. Simultáneamente, un grupo de científicos y ONG comenzaba a presionar al Gobierno para ampliar las áreas protegidas en esa misma región debido a la deforestación. En 2007, los conservacionistas consiguieron implantar un Refugio de Vida Silvestre sobre parte de las tierras indígenas que, sin la aprobación del Ministerio de Justicia, carecía de seguridad jurídica. Y así, las tierras de los tuninambás, aledaño a la reserva biológica, se convirtieron en refugio, especialmente para el tamarino león de cabeza dorada​, una especie de primate, mientras las prácticas ancestrales del cultivo a través de la tala y la quema comenzaron a ser multadas por las autoridades. Mientras que esto pasaba, a escasos kilómetros de la reserva, grandes empresas seguían abriendo enormes cráteres en la selva para la extracción de arena.

La mayoría de los datos utilizados para apoyar decisiones como la de crear un Refugio de Vida Silvestre proceden del uso de imágenes satelitales y de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estas nuevas tecnologías han proporcionado imágenes detalladas de los cambios en el uso del suelo, lo que ha permitido a la humanidad ser más consciente de los procesos de deforestación.

En la Amazonía, mientras la emergencia climática exige aumentar los esfuerzos de conservación, la selva está siendo devastada. La red Xingu+ demostró un aumento de la deforestación del 1.857% entre 2020 y 2021 en la tierra indígena Ituna-Itatá en el estado de Pará, en el norte del país.

En esta línea, la iniciativa Mapbiomas, un conjunto de institutos científicos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil que analiza los datos sobre la cobertura del suelo en Brasil, muestra que la Amazonía perdió casi 200.000 kilómetros cuadrados de bosque en los últimos 34 años, una superficie superior a la de Uruguay.

Es evidente que el grado y ritmo de destrucción de ecosistemas como la Amazonía se está acelerando a pesar de los innumerables avisos de la comunidad académica sobre los efectos catastróficos de la deforestación para la economía, los medios de vida y el clima. El problema es que estos datos se han utilizado para recomendar y aplicar políticas de forma injusta, como demuestra claramente el caso de las tierras de los tupinambás.

Pero este no es un caso aislado. En el municipio colombiano de Guasca, a unos 60 km de Bogotá, la toma de decisiones sobre políticas de conservación, influenciadas por fundaciones privadas, ONG y científicos con base en datos ecológicos, se ha traducido en enjuiciamientos y castigos económicos a campesinos por desarrollar actividades de agricultura y ganadería tradicionales.

La distancia entre las máquinas y los humanos

La increíble distancia entre las máquinas que sobrevuelan a cientos de miles de kilómetros para hacer fotografías y el territorio que habitan las personas genera una enorme desconexión, que se materializa en ocasiones en políticas deshumanizadas. Esto ha creado una enorme desconfianza en amplios sectores de la sociedad hacia la ciencia.

A esto hay que sumarle que, en esta era de la «posverdad», la interpretación científica de la realidad está siendo tan cuestionada que se ponen en duda hechos obvios como la deforestación a gran velocidad que se está produciendo en todas las selvas brasileñas.

Desde la academia, la tendencia es señalar a aquellos que buscan activamente deslegitimar la ciencia a través de la difusión de noticias falsas, la creación de teorías conspirativas, la desinformación y la información engañosa. ¿Pero sería correcto señalar a quienes están del «otro lado» de las barricadas de la verdad como únicos responsables del lío en el que nos hemos metido?

Una parte menos visible del problema es que quienes cuestionan la ciencia basan sus reclamos en un defecto bastante real de la propia producción de conocimiento. Y es que los científicos tienden a considerarse dueños de la única verdad, presentada recurrentemente al público como una “caja negra” inviolable.

En la conservación de la biodiversidad, las decisiones sobre dónde y cómo instalar áreas protegidas se basan normalmente en datos ecológicos científicos, que, aunque son rigurosos, no representan toda la realidad. Esas decisiones suelen dejar de lado las perspectivas de quienes viven en las áreas que deben ser protegidas, incluyendo las poblaciones indígenas que durante siglos vivieron en estos ecosistemas y que no tienen acceso a las vías institucionales, a diferencia de las agencias ambientales, para garantizar sus propios derechos.

Esta arrogancia causa muchas veces problemas reales para las comunidades que habitan los territorios. Por ello, las políticas y acciones medioambientales basadas únicamente en recomendaciones científicas generan muchas veces rechazo y sensación de exclusión entre los afectados. Este escenario repetido, a su vez, fortalece el cuestionamiento de las instituciones científicas, y de esta manera la comunidad científica en su totalidad también termina siendo afectada.

La necesidad de una “nueva ciencia transdisciplinar”

Entonces, ¿cómo podemos los científicos ayudar a recuperar la confianza en la ciencia? ¿Cómo podemos utilizar la enorme cantidad de datos que nos ofrece la tecnología para intentar frenar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, pero también para mejorar la vida de las personas? ¿Cómo puede contribuir la ciencia a construir un mundo más justo desde el punto de vista social y ecológico?

Para encontrar una salida al problema de la posverdad, la ciencia debe empezar por cuestionarse a sí misma. Y si bien el rigor del análisis científico y el afán de objetividad son cruciales para avanzar hacia un futuro más sostenible, gritar y vociferar que los científicos tienen la única verdad o seguir insistiendo en que la ciencia es la única fuente legítima para la toma de decisiones medioambientales no nos ayudará.

Los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad en materia medioambiental están llenos de riesgos e incertidumbres que deben ser abordados desde diferentes perspectivas que compongan un panorama más amplio y dejen espacio al diálogo. Es necesaria una transición hacia una ciencia más abierta que aprenda a relacionarse con otros tipos de conocimientos como la práctica de la elaboración de políticas y los conocimientos indígenas.

Esta nueva perspectiva de cómo hacer ciencia, denominada «ciencia transdisciplinar», es un proceso de producción y circulación de conocimiento que a su vez reúne diversas visiones del mundo y tiene como objetivo llegar a soluciones dialogadas a problemas reales de diferentes escalas. La difusión de este tipo de ciencia puede ayudarnos a recuperar la legitimidad y la confianza en los esfuerzos científicos, pero no a través de compromisos tecnocráticos sino democráticos.

Los científicos tenemos que aprender a trabajar con la diferencia y reconocer nuestro lugar como intermediarios de la diplomacia y el pensamiento crítico sobre problemas complejos para construir soluciones junto a la gente y para la gente.

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La desaparición de Dom Phillips, Bruno Araújo y la democracia en Brasil

Rafael Rezende
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La desaparición de Dom Phillips, Bruno Araújo y la democracia en Brasil

Desde que Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales de 2018, muchos analistas, casi siempre con razón, han señalado las crecientes amenazas a la democracia en Brasil. Sin embargo, incluso antes de que el ex militar de extrema derecha llegara al poder, el proyecto democrático brasileño ya mostraba importantes debilidades. Dos de ellas volvieron a perseguir al país tras la desaparición del periodista británico Dom Phillips y del activista indigenista Bruno Araújo: la persecución de periodistas y el genocidio de los pueblos indígenas. Esto último está estrechamente relacionado con el ecocidio en curso en lo que queda de los biomas de Brasil.   

Dom y Bruno viajaban en barco por el interior del estado de Amazonas, cerca de una región conocida como el Vale do Javari. El periodista de The Guardian estaba recogiendo material para un libro sobre la selva amazónica cuando él y un antiguo empleado de la Fundación Nacional del Indio fueron declarados desaparecidos. Posteriormente, salieron a la luz las amenazas que Bruno sufría por parte de mineros y cazadores que solían invadir las tierras indígenas para explotar sus riquezas. Con mucho retraso y poco interés, el Gobierno Federal afirmó haber movilizado a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la búsqueda de ambos ciudadanos, que aún no han sido encontrados. 

Hasta ahora, no es posible saber qué ha pasado con Dom y Bruno, pero hay verdaderos motivos de preocupación. Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, desde 1993 han sido ejecutados 52 periodistas en Brasil. En América Latina, sólo México tiene más periodistas asesinados en el periodo mencionado. Ni siquiera en Colombia, un país que intenta superar un largo y sangriento conflicto armado, han muerto tantos profesionales. Por si fuera poco, la propia UNESCO afirma que la mayoría de los casos en Brasil están sin resolver.  

En Brasil, las amenazas a los periodistas son constantes y provienen de políticos, empresarios, terratenientes, mineros, narcotraficantes y milicianos. Incluso los hijos del actual presidente utilizan sus redes sociales para fomentar la violencia contra los profesionales de los medios de comunicación, llegando a burlarse de las brutales torturas sufridas por una conocida periodista durante la dictadura militar brasileña. Crear un entorno en el que los profesionales de la comunicación puedan ejercer su profesión sin miedo es indispensable para la democracia.

Esperamos que Dom Phillips y Bruno Araújo sean encontrados con vida y puedan volver pronto a sus actividades. Lamentablemente, esto no es lo que le ocurrió a Eranildo Ribeiro da Cruz. Hace poco menos de un año, el periodista y activista social fue encontrado muerto y con signos de tortura en el estado de Pará, vecino de Amazonas, donde Dom y Bruno están desaparecidos. Eranildo cubría la política local y las actividades de los movimientos sociales de la región. Posiblemente porque no era ciudadano europeo y no trabajaba para ningún medio de comunicación importante, su asesinato apenas tuvo repercusión fuera de Pará.

Se ha hablado mucho del genocidio de los pueblos indígenas en América, pero es habitual que este proceso se trate como un conjunto de acontecimientos perdidos en un pasado lejano. Lo que observamos a diario en Brasil es que sigue en plena vigencia y se asocia a la destrucción del medio ambiente y a un modelo económico que reproduce las desigualdades históricas. 

Buscadores de oro, madereros, latifundistas y grandes empresas mineras avanzan sobre la selva amazónica y el Cerrado, explotando sus recursos, dejando un rastro de destrucción y muerte. Todo ello, a menudo con el apoyo o la negligencia de las autoridades. El propio Presidente de la República es un notorio defensor de la explotación de actividades económicas en tierras indígenas y se enorgullece de no haber demarcado ninguna reserva en sus cuatro años de mandato. 

Los problemas económicos, políticos y sociales de Brasil son innumerables, pero algunos de ellos están en la base de toda una cadena que impide la realización del proyecto democrático y de la ciudadanía prometidos por la Constitución de 1988. En este sentido, la elección y el gobierno de Jair Bolsonaro no deben ser interpretados como meros puntos fuera de la curva, sino como la punta de un iceberg que no podrá ser sorteado con la elección de tal o cual candidato en los comicios que tendrán lugar en el segundo semestre de este año. Brasil debe afrontar los obstáculos a su democracia, como la persecución de periodistas y el genocidio de los pueblos indígenas. 

En definitiva, la desaparición de Dom y Bruno nos lleva a preguntar: ¿es posible hablar de una verdadera democracia mientras se silencia por la fuerza a periodistas y activistas cuando se atreven a molestar a los poderes establecidos? ¿Es plausible hablar de ciudadanía mientras pueblos enteros son exterminados al antojo de quienes consideran la naturaleza como una fuente de beneficios y no de vida? Necesitamos más democracia para superar el violento proyecto colonial que fundó y ordenó Brasil explotando la naturaleza, aniquilando a los pueblos indígenas y silenciando las voces disidentes. 

Trampas para Washington en la Cumbre de las Américas

Mariana Kalil
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Trampas para Washington en la Cumbre de las Américas

En febrero de 2022, China y Rusia publicaron una declaración conjunta en la que proyectaban una visión del mundo compartida. En ese momento, argumentaban, el mundo dejaría de ser unipolar, es decir, Estados Unidos dejaría de concentrar la mayor parte del poder mundial. El mundo sería policéntrico, y Rusia y China serían algunos de esos centros. En marzo de 2021, la administración Biden, en su Estrategia de Seguridad Nacional, ya señalaba dos tendencias: China sería el único país capaz de reunir un poder económico, diplomático, militar y tecnológico que podría amenazar la hegemonía de Estados Unidos, mientras que Rusia aparece como un país capaz de desestabilizar la influencia de Washington D.C. en el mundo. En este contexto, está teniendo lugar la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos.

La Cumbre de las Américas es una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas que se celebra aproximadamente cada tres años desde 1994 para debatir los retos comunes, afirmar los valores compartidos y comprometerse con acciones nacionales y regionales conjuntas para hacer frente a los nuevos y persistentes desafíos. Desde su puesta en marcha, las Cumbres suelen caracterizarse por la ausencia de liderazgo y el abordaje de temas controvertidos.

En 2018, por ejemplo, Donald Trump no asistió a la Cumbre de Lima. Tampoco es raro ver Cumbres en las que las declaraciones no se adoptan por consenso, y los temas controvertidos suelen quedar fuera de las reuniones. También son frecuentes las polémicas sobre la amenaza de boicot a la Cumbre por la exclusión de países como Cuba. La diferencia este año es que Estados Unidos ha revertido la posición que había tomado en 2015, cuando Cuba fue invitada a participar en las Cumbres de las Américas.

Es el país anfitrión el que elabora la lista de invitados y, en 2022, Estados Unidos dejó fuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En un escenario en el que China es el principal socio comercial de los países sudamericanos, estos tres países forman una troika que introduce la influencia de Rusia en los márgenes de poder de Estados Unidos. Si, históricamente, Estados Unidos considera las Américas como un territorio para los (norte)americanos, la geopolítica del siglo XXI ofrece nuevos retos en la región que, sin embargo, corren el riesgo de adquirir soluciones antiguas ante las lentes utilizadas por los responsables estadounidenses.

En el siglo XX, Washington D.C. instrumentalizó a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que apoyaran a los regímenes pro estadounidenses, aunque no tuvieran ningún compromiso con la democracia y los derechos humanos. Entonces, como ahora, el discurso de Estados Unidos era que Occidente representaba el lado democrático y capitalista de una guerra en la que se oponía al autoritarismo y al socialismo. Sin embargo, los países latinoamericanos, mientras estuvieron alineados geopolíticamente con Estados Unidos, tuvieron sus prácticas de falta de respeto a la democracia y los derechos humanos aceptadas por Washington D.C. -con la excepción, hasta cierto punto, de la Administración Carter.

La exclusión de la troika de la Cumbre de las Américas revela una selectividad similar, ya que países como El Salvador tienen una democracia cuestionable y no respetan sistemáticamente los derechos humanos, pero fueron invitados. Según el índice de libertad de Freedom House, el principal think tank occidental que mide estos índices en todo el mundo, en América Latina no sólo Nicaragua, Venezuela y Cuba no son libres, sino también Haití, invitado por Estados Unidos a la Cumbre. Además, entre 2020 y 2021, hubo una tendencia a la baja en los índices de democracia en la región, incluyendo países como Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador y México. En este sentido, acoger la Cumbre y firmar declaraciones que celebren los valores democráticos compartidos por los países de las Américas podría significar legitimar a gobiernos que, aunque geopolíticamente cercanos a Estados Unidos, están lejos de ser campeones de la democracia y los derechos humanos.

Actuar de este modo genera costes a medio plazo para los propios Estados Unidos, que acaban siendo vistos por los latinoamericanos como un enemigo de la voluntad popular, patrocinando proyectos de poder ajenos a los deseos del pueblo. Frente a la primacía comercial de China en Sudamérica y las iniciativas de la Ruta de la Seda, parece contraproducente que Estados Unidos vuelva a adoptar una estrategia de instrumentalización de los regímenes favorables a sus intereses, legitimando gobiernos que tienden a ser autoritarios y a irrespetar masivamente los derechos humanos sólo porque, a corto plazo, parecen contener la influencia de China y Rusia.

La selectividad de la administración Biden con motivo de la Cumbre de las Américas es, por tanto, una trampa para los propios Estados Unidos. Genera consecuencias negativas para los intereses de Washington D.C. en su zona de influencia inmediata. Esta situación se vuelve aún más delicada ya que la tradición de la política exterior de los países sudamericanos, por ejemplo, se basa en la noción de autonomía, es decir, la noción de que no deben alinearse automáticamente con ninguno de los polos de poder mundial. En estos países, la búsqueda del desarrollo pasa por la diversificación de las asociaciones, el establecimiento de buenas relaciones con todos los polos de poder para generar medios que fortalezcan la economía y promuevan la justicia social en la región.

Ante la interpretación de la administración Biden, que parece similar a la de la Guerra Fría, el retorno de políticas exteriores autónomas por parte de los países de las Américas podría generar la percepción en Washington D.C. de que los países de la región estarían coqueteando con alineamientos con China y Rusia, una percepción errónea que podría generar el apoyo de Estados Unidos a procesos de cambio de régimen y a regímenes autoritarios. Esta actitud comprometería, por tanto, la percepción de que Estados Unidos es un socio de América Latina y el Caribe en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente, todas ellas agendas centrales de la Cumbre de las Américas de 2022.

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Los futuros de Darcy Ribeiro en un mundo sin futuro

Fabricio Pereira da Silva
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Los futuros de Darcy Ribeiro en un mundo sin futuro

Coautor Andrés Kozel

«Estamos condenados a aceptar la necesidad de experimentar con lo humano, asumiendo los riesgos que ello conlleva» y «un error conllevará el riesgo de conducir a toda la supertribu, finalmente unificada, al desastre». A finales de 1973, Darcy Ribeiro, el célebre antropólogo y ensayista brasileño de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en este 2022, dejaba entrever en su texto titulado Venutopías 2003 que para producir los equivalentes culturales de los nuevos inventos tecnológicos habría que desmontar y volver a montar al ser humano. El «hombre nuevo» será un hombre programado: así serán «los nietos de nuestros nietos», abominables desde nuestros parámetros, pero quizá más fuertes y eficaces, más libres y creativos. Por primera vez en la historia, el hombre no será el producto de la necesidad, sino el resultado de un proyecto.

En los años sesenta y setenta varios pensadores latinoamericanos se interesaron por el futuro y, muy en particular, por los impactos de los avances tecnológicos sobre la vida humana. Algunos lo hicieron en un registro muy vinculado a la planificación; otros con ánimo más crítico.

Podemos mencionar el capítulo de la Historia de nuestra idea del mundo de José Gaos, titulado “Tecnocracia y cibernética”, que fue parte de un seminario impartido en el Colegio de México. También podemos mencionar a Óscar Varsavsky y su idea de una futurología constructiva y política, ligada a un proyecto nacional. O el Modelo Bariloche coordinado por Amílcar Herrera, que discutió con gran lucidez el informe Los límites del crecimiento, el cual surgió en la misma época por encargo del Club de Roma.

Desde otro ángulo, recordemos un ensayo como Democracia y autoritarismo en la sociedad moderna, en el que el último Gino Germani formuló interrogantes estremecedores sobre el porvenir de la democracia. Interrogantes que son de tremenda actualidad.

En ese contexto, las numerosas futurizaciones de Darcy Ribeiro, en distintos registros y cultivando acentuaciones diferentes, nos llevaron a relevar sus tentativas, tratar de contextualizarlas, de interpretarlas. Entonces hicimos un libro titulado Os futuros de Darcy, que la editorial Elefante está publicando en este momento.

Básicamente, distinguimos dos Darcys. Un primero más optimista, convencido de la inminencia de la “revolución necesaria”. Un segundo, menos optimista, más perplejo y atravesado por incertezas, cultor de la “pequeña utopía” a corto plazo y bastante más escéptico a largo plazo.

El punto de quiebre puede ubicarse entre los años 1972 y 1976, cuando hubo coincidencia con varias cosas que le fueron pasando. Desde el golpe en Chile y luego en Perú hasta su enfermedad y su retorno a Brasil. Lo interesante es que el desplazamiento no supuso un desmantelamiento masivo de los puntos de vista previos. Desde los estudios de las ideas, la obra de Darcy se presenta como un terreno apto para analizar asincronismos, coexistencias, tensiones: un despliegue extraordinario de trabajo intelectual históricamente condicionado, como todo trabajo intelectual, y con alto valor teórico.

En 1972, Darcy acuña una fórmula rotunda y estremecedora: “el abominable hombre nuevo”. Ahí plantea la pregunta acerca de cómo podrá haber vidas que merezcan la pena ser vividas; a falta de un proyecto de gestión racional de la historia, quizá el hombre no sepa qué hacer ni por qué luchar…

En su texto Venutopías 2003, escrito justo después del golpe de Estado que depuso a Salvador Allende, es decir, a finales de 1973, Darcy retoma estos temas y sugiere que cada vez será más necesario buscar medios artificiales para producir personalidades equilibradas.

También hay en este texto de 1973 una novedad sustantiva: la de proponer para Venezuela una «utopía estética» inspirada en los indios makiritares. Con ello, Darcy «devuelve» a los venezolanos la existencia pastoril «a la que siempre hemos aspirado», el «deseo de belleza» y el «acceso a la sabiduría». Nos parece que esa es la primera vez que aparece esta valoración en su obra. Así, surge un nuevo y fundamental componente que podemos llamar, siguiéndolo de cerca, «utopía pastoril».

En nuestros días, el pensamiento de Darcy podría aproximarse a los planteamientos de una figura como Ailton Krenak. Pero también podría ser comparado, sin duda, a todos aquellos pensadores que trabajan temas asociados al transhumanismo y al poshumanismo, considerándolo un horizonte en parte inevitable, en parte abominable, en parte promisorio.

En la última parte de su ensayo La civilización emergente, de 1984, titulada «Revoluciones culturales», aborda varios de los retos derivados de la revolución tecnológica en curso: el movimiento verde, el movimiento feminista, el movimiento pacifista. Relaciona con el movimiento feminista la «anacronía irremediable» de los constructores básicos de la personalidad y de los organizadores básicos de la conducta humana: quizá estén heridos de muerte, estamos obligados a rehacerlos.

De nuevo, uno se pregunta si seremos capaces de reinventar la propia condición humana. En cuanto a la paz y la guerra, Darcy sostiene que no solo la perspectiva de una guerra terminal es una amenaza; también lo es el advenimiento de una nueva y tétrica pax romana.

También destaca la incapacidad de la economía mundial para implantar la prosperidad general. Esta economía loca, desequilibrada y paranoica genera un enorme ejército de mano de obra excedente. Los lazos de dependencia se refuerzan. Los pueblos del tercer mundo suspiran por una pequeña, modesta e inalcanzable utopía. Su existencia le permite imaginar una revolución de los pobres. Sin embargo, el autor no tarda en reconocer que, abandonado a su suerte, el pauperismo no hace revoluciones sociales.

Una vez descartada la posibilidad revolucionaria, Darcy aborda otra amenaza: el advenimiento de una era de hambre e idiotización en el marco de una civilización obsoleta y de corazón endurecido. Ante este panorama, la vida de los pueblos pobres será una batalla por ideales muy concretos. Una hermosa y ardua batalla. Una vez más, parece haber conjeturado bastante bien.

Muchas de las consideraciones de Darcy, las teóricas, las proféticas y las catárticas, pueden relacionarse con elaboraciones muy actuales que cuestionan el impacto de las novísimas tecnologías en la subjetividad, la política y la cultura. Pensamos, por ejemplo, en Éric Sadin, en Byung-Chul Han, en Yuval Harari. No es exagerado decir que, en varias de sus predicciones, Darcy acertó o estuvo muy cerca de acertar. Al menos en el sentido de localizar, con sorprendente precisión, la mayoría de los temas que, tres o cuatro décadas después, definen las agendas del debate.

Y quizá lo más impresionante de Darcy es que, enfrentado a todas esas tensiones, jamás perdió su increíble fuerza vital. Todos sus escritos, aun sus más sombríos, destilan una combinación muy especial de sabiduría, apasionamiento, entusiasmo y alegría de vivir.

Por veces, catárticamente volvía el Darcy que proyectaba Brasil y América Latina como la “Nueva Roma tropical”, aquella “nueva civilización mestiza y tropical” abierta a todas las razas y culturas, ubicada en la más bella y luminosa provincia de la Terra. Es toda esa complejidad que buscamos traer para el debate con nuestro libro, en una coyuntura marcada por la ausencia de alternativas y por la obsesión con el presente.

Andrés Kozel es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

El desafío de desmontar al Trump colombiano

Esteban Caballero
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El desafío de desmontar al Trump colombiano

Al subir al estrado en el hotel Tequendama de Bogotá, el senador Gustavo Petro se veía seguro de sí mismo. Nos recordó a Jean-Luc Mélenchon cuando subió a la tarima para festejar el excelente performance que casi lo lleva a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales francesas. A partir de ahí, la France Insoumise pasó a ser el centro de gravedad de la nueva coalición de izquierda llamada la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social. Al Pacto Histórico le cabe ahora pasar también a un papel convocante, pero con la mirada puesta hacia el centro.

En su discurso de la victoria, Gustavo Petro dio varios mensajes que iban en la dirección de convocar a un pacto social más amplio, conjugando dos términos claves: la “justicia social” y la “estabilidad”. Así, el candidato bosquejó una propuesta de inversión social incluyente, basada en una política tributaria redistributiva, que permita mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, y al mismo tiempo contribuya a la estabilidad y prosperidad económica del país y al conjunto de la sociedad.  

Norberto Bobbio, en Derecha e izquierda, aborda la aún persistente discusión sobre las derechas e izquierdas en la política, e introduce el concepto del “tercero incluyente”. Lo describe como una alternativa que va “más allá de los dos opuestos (derecha e izquierda), englobándolos en una síntesis superior”. En la Colombia polarizada, ese “tercero incluyente” puede y debe serlo Gustavo Petro.

No son pocos los analistas que consideran que ganaron dos candidatos “antisistema”, lo cual conspira contra la idea de que Gustavo Petro sea visto como un actor articulador. Si bien Petro es un actor “no tradicional”, conoce y tiene experiencia en el manejo del “sistema” político colombiano. Nada más el hecho de haber sido constituyente y su consecuente apego a la Constitución de 1991 dan una fuerte señal de su compromiso con el marco institucional del país.

Petro ha sido senador, concejal y alcalde de la capital. Pero, además, su partido político, el Pacto Histórico, tendrá una bancada importante en la próxima legislatura. Es decir, su discurso de “tercero incluyente” se complementa con el conocimiento, la experiencia y el peso político como para llegar a convertir las alternativas en consensos políticos. Esto lo diferencia profundamente de su oponente que no tiene ni discurso, ni presencia política, ni experiencia, ni conocimiento.

Existen, no obstante, ciertos desafíos. El Pacto Histórico se construyó con una fuerte base en los movimientos sociales. Estos conforman la plataforma que lo sostiene en última instancia. Por ende, su llamado a la justicia social no puede ser menoscabado ni puesto en duda por los seguidores. No olvidemos que uno de los significados del fenómeno Petro como alternativa es el desplazamiento de la seguridad como tema central, marca distintiva del uribismo, a la priorización de la inclusión social, sobre todo de los jóvenes, como legado de las protestas sociales. Pero dicho desplazamiento no tiene por qué estar en riña con el país del sector privado, el mercado y el emprendimiento.

En teoría, este desafío no debería ser tan difícil de superar si no fuese por la confusión, los prejuicios y las malas intenciones. La cuestión es insistir en que Petro no representa una “izquierda radical”. Es el contexto político-social del país y la región lo que lo hace “radical”. Tal como lo ha dicho el candidato en varias entrevistas, en un contexto como el europeo es probable que sus propuestas se enmarcaran dentro del arco social demócrata o hasta de un tipo de liberalismo progresista. Y en esa línea, el candidato ha repetido que no va a “expropiar”.

Al contrario de los intentos fracasados de la coalición de centro, que quisieron atraer a la izquierda y a la derecha a una nueva propuesta, a Petro le toca jalar al centro y a la derecha hacia una comprensión más acabada de los desafíos que enfrenta el país, y desde una perspectiva progresista. El tema es desmontar un estado de negación, en el que los sectores favorecidos por las fuerzas políticas tradicionales no internalizan el hecho de que Colombia debe reducir los niveles de desigualdad, que no puede seguir con el mismo modelo extractivista y que no puede seguir ignorando su pluralidad. Construir un país sin sectores de la población invisibles, «los nadie”, como los ha denominado la candidata a vicepresidenta Francia Márquez.

Sin duda, el más obvio e inmediato desafío que tiene Petro es que se enfrenta a un contrincante distinto. Petro se preparó para competir con “Duque 2”, pero surgió un Bolsonaro-Trump versión colombiana, que se desplazó de Facebook y Twitter a TikTok, y que tiene dos puntales muy conocidos en la región: el discurso de la anticorrupción y el de la antipolítica. El primero es sumamente atendible y, sin duda, una prioridad para hacer el cambio.

El segundo es más complicado. Petro ha logrado captar la ira de la gente con respecto a las élites políticas, y parte de su éxito estriba en haber tenido la capacidad de ocupar ese espacio diferenciador. La derecha va a intentar arrebatarle ese posicionamiento optando por el candidato del llamado “populismo de derecha” que vende la ilusión del cambio. El factor central va a ser el comunicacional y, desde un punto de vista racional, el candidato Hernández es efectivamente “un salto al vacío”. Sin embargo, el uribismo, los partidos tradicionales y  sectores del empresariado lo apoyarán aun sabiendo que pondrá en peligro la institucionalidad democrática.  

En este poco tiempo Petro debe seguir insistiendo en que es el que representa el verdadero cambio y quien ofrece un real compromiso con la institucionalidad, resaltando, a su vez, su experiencia en el manejo del sistema, pero acompañado por  una ingeniosa y picante estrategia de comunicación en las redes para desbaratar al Trump colombiano.

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La Cumbre de las Américas de Joe Biden

Jan Woischnik
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La Cumbre de las Américas de Joe Biden

Coautor Johannes Hügel

Bajo el lema «Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo» del 6 al 10 de junio de 2022 tiene lugar la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a los jefes de Estado y de gobierno de América del Norte, del Sur y Central y el Caribe. Para los EUA se trata de una posible redefinición de su relación con los países latinoamericanos. Con confianza, estos exigen una igualdad real, en pie de igualdad, y así meten a Washington en aprietos.

La línea Biden

Joe Biden, que ya actuó como enviado especial para las relaciones con la región cuando fue vicepresidente con Barack Obama, a través de sus numerosas visitas a América Latina, se ha esforzado desde que asumió el cargo por normalizar las relaciones con los países latinoamericanos, descuidadas con el presidente Trump.

La Cumbre en Los Ángeles representa otra oportunidad para que los Estados Unidos fortalezcan su propia presencia en la región y forjen una alianza para la lucha conjunta contra la migración irregular. En ese sentido, la vicepresidenta Kamala Harris fue instruida a enfocarse principalmente en combatir las causas de la migración no regulada, como tema central de la política de Estados Unidos en América Latina.

La política de América first de la administración de Trump en América Latina ya se había centrado en reducir los flujos de migrantes irregulares desde México y Centroamérica y en frenar la importación de drogas. Como medio para lograr sus objetivos, los países solían ser amenazados con consecuencias económicamente tangibles si no cooperaban según la línea dura estadounidense. Se redujeron masivamente las ayudas financieras a los países y se forzaron los acuerdos con terceros países y los consiguientes traslados de migrantes desde Estados Unidos a sus países de origen.

Una política de sanciones máximas se dirigió al cambio de régimen en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y una aplicación de la doctrina Monroe adaptada a las circunstancias se utilizó como base para una política inequívoca hacia el nuevo rival China. Esto también iba a repercutir en los Estados latinoamericanos en su relación con el Reino del Medio.

Aparte de estos momentos de influencia política estratégicos e impulsados ​​por intereses, a Trump le importaban muy poco los asuntos de América Latina. La política latinoamericana de Estados Unidos siguió el principio de negligencia benigna, lo que quedó claro para los homólogos latinoamericanos de Trump, por ejemplo, por su ausencia en la última Cumbre de las Américas.

No se vislumbró una estrategia que abarcara a toda América Latina. En cambio, hubo intervenciones esporádicas en países y regiones de particular importancia desde la perspectiva de los asuntos internos de Estados Unidos.

Nuevos enfoques

El presidente Joe Biden, por el contrario, está dispuesto a adoptar un enfoque diferente para abordar los desafíos persistentes que enfrenta la política de Estados Unidos hacia América Latina, para restaurar su credibilidad y su antigua pretensión de liderazgo en la región.

Los puntos centrales de su agenda política son la migración irregular y el narcotráfico transnacional, la relación con los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la creciente inestabilidad institucional de países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala. A esto se suma el cambio climático, que se está volviendo cada vez más notorio en la región, y lo que se percibe cada vez más como una amenaza: la influencia de China sobre socios democráticos que otrora fueron confiables en el hemisferio occidental.

Con la Cumbre por la Democracia y la Cumbre por el Clima organizadas el año pasado, Biden envió dos señales justo al comienzo de su mandato: quería trabajar junto con personas de ideas afines en la región contra las fuerzas autoritarias y quería combatir las causas del cambio climático y sus diversos efectos.

En ese sentido, la Cumbre de las Américas que ahora organiza EE.UU. en Los Ángeles no es solamente una oportunidad para enmendar la relación con los países de América Latina que había sido dañada por la era Trump. Con miras a las próximas Midterms, las importantes elecciones de medio término del período de gobierno, Biden también se preocupará por convencer a los Estados participantes de un acuerdo regional significativo para combatir la migración irregular y los desafíos de política de seguridad asociados.

Amenazas

Sin embargo, el tiro amenaza ahora con salir por la culata y convertir a la Cumbre en un desastre para los estadounidenses, después de que tanto los presidentes de México y Bolivia como algunos países del Caribe pusieran en duda su participación en caso de que no fueran invitados Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estas dictaduras tampoco habían sido invitadas a la última Cumbre por la Democracia organizada por el gobierno de Estados Unidos.

Una cumbre tan boicoteada alimentaría conflictos ideológicos en el continente y dificultaría alcanzar un tan necesario acuerdo migratorio sostenible y, en lo que respecta a Brasil, el avance de una política amazónica coordinada a nivel regional. Además, socavaría la iniciativa de los EUA de fortalecer la cooperación con los Estados latinoamericanos y, por lo tanto, también para hacer retroceder la creciente influencia china y parcialmente rusa.

Panorama

Un buen año y medio después de asumir el cargo, la promesa de Biden de trabajar por la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho con el apoyo de la cooperación internacional y regional y la formación de alianzas puede evaluarse de dos maneras. Por un lado, los gobiernos de Biden y Harris han logrado marcar un nuevo tono de asociación con muchos países latinoamericanos, derribando gradualmente los muros construidos por Trump e impulsando una nueva estrategia de cooperación entre socios. Sin embargo, el gobierno no está cumpliendo en gran medida sus promesas electorales.

La implementación de la estrategia de América Latina hasta el momento no puede describirse de ninguna manera como un claro cambio de tendencia de la era Trump y sus duras prácticas. No es especialmente innovadora ni ha hecho ningún progreso esencial en la lucha contra el crimen organizado, la migración irregular o el cambio climático.

Los actores internacionales, sobre todo China, observarán de cerca si Estados Unidos logrará enviar la señal que Biden aspira para la cooperación regional en relación a importantes desafíos comunes como la migración, el cambio climático y la seguridad (energética), o si la Cumbre alejará aún más a los países latinoamericanos de Estados Unidos y, por lo tanto, ofrecerá una oportunidad para desafiar a los Estados Unidos en su propio patio trasero.

Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web de la plataforma Diálogo Político.

Johannes Hügel es Coordinador de la Fundación Konrad Adenauer para Perú, el Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, cuestiones especiales y transversales.

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