Contradicciones frente al cambio climático

Fabián Echegaray
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Contradicciones frente al cambio climático

Veranos de calor récord. Lluvias interminables arrasando con ciudades y pueblitos. Sequías liquidando economías regionales y proyectos familiares. Tempestades de granizo y huracanes fuera de época o de ruta convertidos en regla y no más en excepción. Nadie duda que los cambios climáticos dejaron de ser un tema especulativo de científicos para convertirse en el pan de cada día. Lo que no estaba tan claro era que los latinoamericanos somos los más preocupados por el asunto en el mundo.

Un estudio de la red mundial de encuestadoras WIN, junto con la consultora Market Analysis, revela que 7 de cada 10 latinoamericanos están totalmente de acuerdo en que el calentamiento global es una amenaza seria para la humanidad. Solo en un puñado de países del sudeste asiático, frecuente y duramente castigados por inundaciones y desastres climáticos (tal es el caso de Indonesia, Vietnam y Malasia), muestran una preocupación mayor, pero como región, América Latina exhibe un grado de alerta incomparable. A diferencia de esto, y a pesar de la abundancia de información y las tragedias recientes, los europeos o norteamericanos parecen menos alarmados.

Si un consenso tan vasto en la opinión pública sirviera para guiar las acciones de los Gobiernos o sus instituciones de peso, se podría esperar que nuestra región se convirtiera en portavoz y agente activo de las negociaciones climáticas, y viéramos un liderazgo nítido de aquí a algunos meses cuando la próxima Conferencia de la ONU sobre Cambios Climáticos  (COP-27) se celebre en el mes de noviembre en Egipto. ¿Será eso lo que veremos en el futuro cercano?  

Como tantas otras urgencias, de la inflación a la criminalidad, del deterioro educativo a la explosión de la drogodependencia, nuestras sociedades son rápidas en manifestar sus preocupaciones, y lentas o inconsistentes en reaccionar pública y colectivamente para intentar remediarlo. No es raro explicar esas brechas, debido a desvíos culturales que tienden a dramatizar ―de manera exagerada― demasiados temas al mismo tiempo y ampararse en la transferencia de responsabilidades a terceros. En otros casos, suelen ser restricciones a las libertades o derechos civiles que impiden manifestarse (como sucedió bajo las dictaduras o durante las duras cuarentenas de 2020). Curiosamente, ninguna de esas alternativas nos ayuda a entender el cuadro actual.

En el caso de la crisis climática, la ansiedad y la sensación de emergencia récord de los latinoamericanos son neutralizadas por un combo paralizador de optimismo inercial, la responsabilidad de cada uno pero de manera exagerada y la exculpación de quienes tienen recursos y responsabilidades por los factores que generaron los cambios del clima. Resultado: un ambiente de opinión pública que deja tan perplejos e inertes tanto a observadores como a quienes toman decisiones, pero desanimando la perspectiva de ver a algún jefe de Estado latinoamericano a la cabeza de algún acto notorio en favor de restricciones a las emisiones.

Optimismo inercial

La angustia por los cambios climáticos no  genera necesariamente un pesimismo sobre el rumbo de nuestras sociedades. Al contrario, los latinoamericanos en general, y los brasileños en particular, se destacan como los más optimistas respecto a la posibilidad de corregir los actuales problemas. Solo el 25% de la población de Brasil está total o parcialmente de acuerdo con que es muy tarde para corregir los cataclismos climáticos en curso, a pesar de las evidencias. Esto los ubica como el país en vías de desarrollo más optimista, superando, inclusive, a los norteamericanos y su naturalizado negacionismo climático.

Mexicanos, paraguayos, peruanos y colombianos también exhiben mayorías que confían en un final feliz, pero sin mucho argumento para defender ese punto de vista, que está amparado en una creencia ingenua, redentora en la ciencia o acciones empresariales, y que desinfla el alarmismo genérico que ha habido sobre el tema.

Ese optimismo larvado contrasta con el escepticismo de las sociedades asiáticas. Dos tercios de la India y 6 de cada 10 chinos y paquistaníes cuestionan abiertamente la idea de que es solo una cuestión de tiempo para que las soluciones eliminen el problema. La desertificación de sus suelos, la contaminación y desaparición de sus fuentes de agua, los diluvios monzónicos y la propagación de plagas, fruto del calor excesivo, recuerdan a casi un tercio de la humanidad allí reunida que el optimismo es la falta de información o de experiencia brutal con los hechos.

La responsabilidad individual y la exculpación de los responsables

La fenomenal individualización de las soluciones al cambio climático (y parcial inocencia percibida de corporaciones y Gobiernos) es otro factor que desmotiva la movilización pública y colectiva o la fiscalización y el cobro de decisiones efectivas por parte de los líderes. Nueve de cada diez brasileños, mexicanos, peruanos, colombianos y paraguayos creen que sus acciones personales pueden hacer una diferencia en la calidad del medio ambiente. Por otro lado, el 80% de los argentinos y chilenos piensan igual.

Esas percepciones están por encima del promedio de los países europeos o norteamericanos donde la legislación y la infraestructura organizacional permiten una asertividad más efectiva de los consumidores sobre empresas y Gobiernos para influir en  acciones responsables. Esa situación sorprende aún más en la medida en que el 50% de las emisiones de efecto invernadero provienen del 10% más rico de la población mundial, que básicamente excluye a casi todos los latinoamericanos.

Si con su impacto sideral por consumo, los europeos o norteamericanos fueran líderes en el reconocimiento de sus responsabilidades, ello sonaría razonable. Un canadiense emite 14 toneladas de CO₂ al año; un finlandés, 9,7; un inglés y un japonés, entre 8,5 y 8,1, respectivamente. Pero que lo hagan los latinoamericanos (que emiten alrededor de 3 a 3,5 toneladas de CO₂ per cápita al año) nos habla de otra cosa.

Sin duda, una sensación de empoderamiento ambiental ayuda a crear ciudadanos más comprometidos, pero también arriesga formar una conciencia falsa de agentes del cambio, especialmente cuando queda reducida a pequeños actos cotidianos individuales e inocuos. Esto ocurre, sobre todo si se compara con el efecto que las decisiones de corporaciones y Estados pueden tener.

Si es verdad que, en promedio, el 60% de las emisiones que afectan el clima surgen del consumo residencial (esto convertiría a los individuos en agentes de peso), son las decisiones que las empresas toman sobre el diseño de productos y de las fuentes de energía usadas o estimuladas por Gobiernos ―o la manera de regular o fomentar cómo movilizarse, consumir, habitar, trabajar o estudiar― las que condicionan el impacto último de los individuos en su gestión del día a día.

Sin embargo, entre los habitantes de la región hay una inclinación mayor a exculpar a corporaciones y Estados (estos cuentan con los recursos y la influencia para moldar la agenda pública a gran escala), pero pasando la obligación a los individuos. Casi un tercio de los latinoamericanos no creen que el principal esfuerzo en pro de la sustentabilidad y el medio ambiente deba venir de las empresas o Gobiernos, y sí de las personas. Entre los individuos de clase media y media baja de Brasil, esta situación asciende al 40%. Ya en Europa, África o Asia, esa creencia es compartida por un cuarto de las personas, como mucho.

Con esas ambigüedades, la agenda pública regional deja un espacio para vaciar el debate ambiental coreografiándolo con retóricas tan alarmistas como carentes de planos ejecutivos. Dados los costos políticos y financieros de curvar el consumo, mitigar el impacto de nuestros estilos de vida, invertir en tecnologías verdes y cambiar los hábitos para neutralizar la crisis climática, será difícil que algún líder regional no vea en ese optimismo inercial, personalización de la responsabilidad e inocencia parcial de Gobiernos y corporaciones, una oportunidad para ocupar la escena notoriamente pero sin tomar decisiones que modifiquen el rumbo del problema. 

El 4 de septiembre Chile decidirá su futuro

Ruben Martinez Dalmau
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El 4 de septiembre Chile decidirá su futuro

“Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir”. La frase la pronunció Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, el día que ganó la elección presidencial. Medio siglo después se podría repetir palabra por palabra en una fecha similar: el 4 de septiembre de 2022, cuando se celebrará el referéndum “de salida” -como es conocido en estas tierras australes- de la primera constitución democrática chilena.

No ha sido un proceso fácil. Ningún proceso democrático lo es. Mientras las constituciones pactadas son negociadas por unos cuantos hombres en despachos privados o reservados de restaurantes de lujo, las democráticas exigen consensos, diálogo, respeto y, en especial, tiempo.

En el caso chileno, el tiempo ha sido sin ninguna duda un escollo. Puede parecer que un año -que será finalmente el plazo que usará la Convención constitucional- es mucho tiempo para redactar una Constitución, pero desde luego no lo es cuando por primera vez todos los sectores sociales del país se convocan para escuchar primero y aprobar después.

Así es como lo ha hecho la constituyente chilena: ha dedicado una parte importante del tiempo a recibir propuestas, atender sugerencias y escuchar a la gente, y ahora está en pleno proceso de acuerdo y aprobación. Todo debe estar listo para la entrega del proyecto de constitución al Presidente de la República dentro de tres meses.

A lo que cabe añadir tres elementos que están permeando el proceso constituyente: por un lado, la gran pluralidad representada en la Convención, que no es otra cosa que la traducción de las diversidades de una sociedad como la chilena. La constituyente es paritaria, es diversa, incluye a sectores ideológicamente opuestos, y está formada mayoritariamente por mujeres y hombres que provienen de movimientos sociales y que han tenido escasa o ninguna trayectoria en partidos políticos.

Cabe tener presente que la constituyente incorpora a los pueblos originarios a través de los denominados “escaños reservados”. Nunca antes en Chile había ocurrido algo igual. Mapuches, Aymaras, Rapa Nui, Atacameños, Diaguitas… pueblos indígenas a los que nunca se les había escuchado están ahora participando en la redacción de una nueva Constitución. “Han estado siempre ahí, pero no los veíamos”, comenta una convencional con tono bajo.

De hecho, han estado ahí mucho antes de que llegaran los procesos de modernización de Chile que excluyó e invisibilizó a los pueblos indígenas. Ahora tienen la oportunidad de argumentar desde sus escaños; toman la palabra en las comisiones, levantan la voz en el pleno, y ponen sobre la mesa conceptos tan avanzados como el reconocimiento de la plurinacionalidad o la consideración de la naturaleza como sujeto de derechos.

En segundo lugar, el procedimiento constituyente chileno es, por garantista, enormemente dilatado en los tiempos y las formas. Cuando se redactaron las normas reglamentarias para el funcionamiento de la Convención se apostó porque no hubiera un solo resquicio a la discrecionalidad y los temas pudieran ser debatidos una y otra vez. No es suficiente con los acuerdos en comisión, sino que todo es susceptible de ser debatido una y otra vez en los diferentes órganos de la constituyente a través de las “indicaciones” y las aprobaciones particulares.

A esto cabe añadir una circunstancia nada menor: la necesidad de que sea un quórum reforzado, los dos tercios del pleno, que tiene la capacidad de otorgar la última palabra en la aprobación. Esta era una gran batalla si una minoría de la Convención se empecinaba en boicotear la constituyente, porque tendrían siempre capacidad de veto ante cualquier aprobación por parte de la mayoría.

Pero, por otro lado, los dos tercios han servido para ampliar el espectro de los acuerdos, buscar propuestas entre diferentes grupos ideológicamente alejados y, en definitiva, redactar una Constitución más consensuada. No creo equivocarme si afirmo que Rousseau estaría muy contento con el procedimiento (no sé si tanto con el resultado).

En tercer lugar, si algo ha caracterizado el proceso constituyente chileno, además de ser profundamente democrático, ha sido su capacidad de innovar. No solo en la propia generación de debates que se producen en la sede de la Convención, el edificio del antiguo Congreso, entre las calles Morandé y Bandera, a una cuadra de la siempre concurrida Plaza de Armas santiaguina y a un tiro de piedra de La Moneda, sino también en lo que respecta a la historia constitucional chilena, que en sus de dos siglos de vida no había experimentado nada semejante.

La nueva Constitución significaría una revolución jurídica necesaria para la transformación social que reivindica el pueblo chileno permanentemente, y que tuvo en el “estallido social” de octubre de 2019, el día que ardió Santiago, su más visible expresión.

En definitiva, hay fecha para que el pueblo chileno decida sobre la actual generación y las generaciones futuras: el 4 de septiembre de 2022. El voto será obligatorio, por lo que se espera una gran afluencia a las urnas. Las chilenas y los chilenos podrán decidir si mantienen la constitución pinochetista de 1980 o avanzan hacia una norma suprema de hondas raíces democráticas. Algunas encuestas poco halagüeñas anuncian la victoria del desapruebo. Por ello, se aceptan apuestas; yo ya hice la mía y posiblemente no me equivoque.

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Aviso para navegantes: marea baja en América Latina

Ariel Sribman Mittelman
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Aviso para navegantes: marea baja en América Latina

Escenario: una cárcel argentina a principios de los años ochenta. Oscura por cárcel, oscura por sórdida, oscura por contexto, oscura por denotaciones, oscura por la atmósfera tormentosa. Hora de las visitas. A un lado de las rejas, el de los libres, Molinuevo; al otro lado, su amigo durante décadas, y durante décadas, socio en una fábrica de botiquines, Bonifatti. 

Conversan. El libre, con la melancólica alegría de los argentinos libres. El preso, con la resignación de quien ha entendido que los pecados han de ser pagados de alguna manera, y aunque los suyos ―la soberbia, el adulterio― suelen ser pagados en dolor, humillación y orgullo, la vida decidió cobrárselos sencilla y cruelmente con rejas.

Se aprecia el reflejo de un relámpago. Segundos después, brama el correspondiente trueno. Molinuevo, el libre, sentencia: “Con una buena cosecha nos salvamos todos”.

Andrés Rivarola, investigador del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, supo captar toda la potencia de aquella frase; las claves idiosincráticas que se esconden tras ella. Y, no menos importante, su rotunda actualidad. En efecto, conserva su valor intacto pese a los 40 años transcurridos desde que Plata dulce llegara a los cines. El contenido de estas líneas es de mi exclusiva responsabilidad, pero le debo al profesor Rivarola que me pusiera en la pista de esa mina de oro contenida en apenas siete palabras.

En todo caso, ¿por qué hablar de todo esto precisamente ahora? Porque los oceanógrafos de la política latinoamericana ya se han puesto a pregonar la llegada de una nueva Marea Rosa: Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, posiblemente Gustavo Petro en Colombia, probablemente Lula da Silva en Brasil… Pregón que resulta muy interesante como inicio de análisis; el problema es que suele ser también su final. El asunto comienza con un buen título, y acaba en nada más que un buen título. Como si la coincidencia de presidentes con características ideológicas similares implicara algo por sí misma. Como si estuviera linealmente atada a unas consecuencias previsibles, incluso irrevocables. Y evidentes, tan evidentes que no haría falta nombrarlas. Por lo tanto, en efecto, no se las nombra. Gran negocio para quien vive de crear titulares; pésimo horizonte para quien aspira a entenderlos.

Dicho en otras palabras: puede que concurran en el tiempo un número de mandatarios con propuestas convergentes; ¿y entonces qué? ¿Qué cambia que sean tres, siete o quince? ¿Acaso esa concurrencia incrementa espontáneamente el vigor con que persiguen sus objetivos? ¿Es que cada presidente cogobernará en todos los demás países que dibujen la línea cotidal? ¿Existe siquiera un plan, un documento, una hoja de ruta para actuar conjuntamente? Y si no lo hay, si la coincidencia no cristaliza en constelación, ¿qué interés tiene como mero asterismo?

De todas las anteriores, quedémonos con la pregunta inicial, que es la más abierta: ¿y entonces qué? Entonces, que igual que Molinuevo lo fiaba todo a esa única cosecha, los publicistas de la Marea Rosa 2.0 parecen fiarlo todo al asterismo: “Con una nueva Marea Rosa nos salvamos todos”.

Es la cultura del milagro: que una lluvia bendiga nuestra cosecha y nos haga ricos de una vez para siempre; que un caudillo enderece mágicamente nuestro destino político; que una coyuntura internacional luminosa multiplique el precio de nuestro petróleo, nuestra soja, nuestro litio; que una Marea Rosa corrija para siempre el rumbo de nuestra economía, el estatus de nuestra pisoteada identidad regional y nuestro peso específico geopolítico en el escenario global. Ahí es nada.

No es que no se sepa exactamente cómo operará la nueva Marea Rosa para alcanzar sus objetivos; es que ni siquiera parece tener interés: lo que importa es que coincidan muchos presidentes del mismo signo político. Como si lo importante fuera exhibir el poder simbólico de la cantidad, y resultara irrelevante la articulación efectiva de esa capacidad.

Hagamos, no obstante, tres suposiciones que nos permitan saltar directamente hasta el final de una Marea exitosa de diez o quince años.

Primera suposición: que los heraldos de la Marea 2.0 tienen vía libre para un optimismo integral porque no tomaron nota de lo que ocurrió con la versión 1.0. De los obstáculos que se encontraron sus presidentes integrantes tanto dentro de cada país como fuera. De la falta de capacidad y la falta de voluntad política. De la aparición de efectos colaterales inesperados que obligaron a paralizar ciertas reformas, a revertir otras, a limitar las terceras a discurso y maquillaje. De la ambición de poder, las disputas internas, las traiciones y los intereses —que los hay en torno a los presidentes de la Marea Rosa, igual que alrededor de cualquier otro jefe de Estado—. De la distancia entre las promesas de campaña y la política real. Supongamos, pues, que no habiendo apuntado nada de esto, es posible recibir la nueva Marea con expectativas intactas.

Segunda suposición: que, una vez instalados en el poder, todos los presidentes de la nueva ola realmente tuvieran intereses compartidos y que consiguieran llegar a acuerdos concretos para materializarlos.

Tercera suposición: que, tras dos o tres lustros de Marea Rosa II, las economías afectadas florecen, las identidades nacionales y regionales se yerguen orgullosas ante el mundo, y América Latina se ha transformado en una pieza clave del tablero político global.

¿Qué ocurriría después de esos diez o quince años? A medida que nos acercamos a la respuesta se nos va poniendo cara de Molinuevo. Demos un pequeño rodeo para explicarlo.

Lo normal, lo esperable, lo deseable en una democracia es que tras dos o tres Gobiernos de un determinado color político, la alternancia lleve al poder a uno de signo opuesto. Utilícense las etiquetas que se quiera: izquierda y derecha, progresismo y conservadurismo, socialismo y (neo)liberalismo… en un sistema democrático, se turnan en el ejercicio del poder. Hay una alternativa, naturalmente: que en lugar de Molinuevo se nos ponga cara de Daniel Ortega. En ese caso, puede un presidente permanecer en el poder vitaliciamente y que sus políticas se mantengan intactas.

Pero en el caso de las democracias liberales, que es el que nos interesa, la alternancia en el poder permite la radical transformación, derogación y retracción de las políticas del Gobierno anterior. Solo hay un mecanismo para que esto no suceda: que las medidas de gran calado, las que definen el futuro nacional, sean pactadas por los principales grupos políticos del país. 

Que los grandes temas se aborden mediante políticas de Estado, que vayan a ser respetadas por la oposición cuando deje de ser oposición. Que vayan a ser respetadas porque no le fueron impuestas por la fuerza de la mayoría de un determinado momento, sino que participó ella ―la oposición― en su elaboración. Que vayan a ser respetadas porque esas normas recogen también algunos de sus puntos de vista, algunas de sus reivindicaciones. Que vayan a ser respetadas por lo caro que le saldría, una vez en el poder, dinamitar los grandes puentes tendidos en el pasado.

¿Empieza el lector a hacerse una idea de cómo es la cara de Molinuevo? Es cara de “con una buena Marea Rosa nos salvamos todos”. Cara de quien espera que lo que la nueva Marea Rosa haga, nunca más nadie lo deshaga.

Pero eso no puede ser, y además es imposible: esperar que una Marea Rosa nos salve es tan disparatado como esperar que lo haga una Azul, Gris o Verde. No es cuestión de color político; el problema consiste en esperar de esos Gobiernos la imposición de determinadas políticas, en lugar de esperar la consecución de acuerdos a largo plazo con el resto del arco político nacional. Si ocurre lo primero, el resultado está escrito: tales medidas durarán lo mismo que el Gobierno.

Como diría un oceanógrafo: no olvidemos que a una corriente de flujo, siempre, siempre, siempre le sigue una corriente de reflujo.

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La crisis de los refugiados ucranianos: una ventana a la opresión global contra los venezolanos desplazados

Allison B. Wolf
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La crisis de los refugiados ucranianos: una ventana a la opresión global contra los venezolanos desplazados

Más de 3,6 millones de ucranianos han huido de su patria desde el 24 de febrero (además de los 6,5 millones de desplazados que han sido calculados en su propio país), principalmente a Polonia, Bielorrusia, Rumanía, Moldavia, Hungría y Eslovaquia. La reacción internacional hacia los que huyen ha sido de un apoyo asombroso con la reducción de los controles fronterizos y requisitos de entrada, la gratuidad del transporte y las comunicaciones telefónicas, además de los voluntarios que les ofrecen comida, ropa, agua, medicinas e incluso cochecitos de bebé. 

Algunos países les permiten entrar sin pasaporte y la Unión Europea les ha concedido un derecho general de estancia, trabajo y acceso a vivienda, tratamiento médico y educación en los 27 países miembros durante un máximo de tres años. El apoyo va más allá de Europa. Estados Unidos admitirá a 100.000 ucranianos. Por estas razones, estoy de acuerdo con el informe de Refugees International que califica la respuesta a la situación ucraniana de «generosa y sin precedentes». 

Sin embargo, es difícil no observar los contrastes. Mientras que los ucranianos han sido acogidos, los residentes ucranianos, por ejemplo, de origen africano y de Medio Oriente, junto con los ucranianos negros y morenos, se enfrentan a la discriminación, la violencia y la obstrucción cuando intentan salir de Ucrania. Y hay una marcada diferencia entre cómo el mundo está tratando a los refugiados ucranianos y cómo ciertas naciones han respondido a otros grupos recientes de refugiados, como los de Siria o Afganistán. Sin embargo, me quiero centrar en el flagrante contraste con la respuesta a los más de seis millones de venezolanos desplazados que ilumina la opresión en el sistema global de refugiados.

El éxodo venezolano se ha convertido en el segundo mayor desplazamiento externo del mundo. La mayoría se ha ido a Colombia (se calcula que 1,8 millones), que está haciendo lo posible para ayudarles, ofreciéndoles el Estatuto de Protección Temporal durante un máximo de diez años. Pero Colombia no puede satisfacer sus necesidades por sí sola. La respuesta del mundo para ayudar a los venezolanos ha sido, en el mejor de los casos, tibia. 

Los países vecinos, como Perú, Chile y Ecuador, han impuesto estrictos requisitos de entrada, que la mayoría de los venezolanos no pueden cumplir. Estados Unidos ha dificultado la llegada de los venezolanos, denegando la mitad de las 30.000 peticiones de asilo en 2018 y concediendo recientemente a los venezolanos un estatus de protección temporal por apenas 18 meses. Y, aunque la Unión Europea declara sistemáticamente que los países miembros deberían aceptar a los venezolanos desplazados, debido a la distancia y a los recursos necesarios para llegar a Europa desde América Latina, solo dicen haber recibido unas 18.400 solicitudes. 

No obstante, los problemas no acaban ahí. Los países desarrollados han ofrecido una asistencia financiera lamentablemente inadecuada para ayudar a los venezolanos desplazados. De hecho, «solo una fracción de la asistencia internacional dedicada a otras grandes crisis se ha dedicado a ayudar a los venezolanos». Según la Brookings Institution, mientras los donantes han aportado una media de 1.500 dólares de ayuda por refugiado sirio, la cantidad destinada a cada venezolano es de apenas 125 dólares, lo que los lleva a tildarla de»la mayor y más infrafinanciada crisis de refugiados de la historia moderna». Y a pesar de que las Naciones Unidas estimó recientemente que se necesitan 1.790 millones de dólares, Europa ha prometido apenas 162 millones y EE. UU., 336 millones.  

Hay varias razones por las que esta incongruencia debería preocuparnos. Una de ellas es el hecho de que esta discrepancia refleja la opresión global contra los venezolanos y las naciones de América Latina. La opresión global se refiere a un conjunto sistémico de estructuras, normas y políticas que se unen para colocar a las naciones y a sus miembros en un doble vínculo por el solo hecho de ser miembros de esa nación o sociedad. En consecuencia, sus víctimas no pueden emprender acciones en su favor. 

Esto es precisamente lo que se revela en las diferentes respuestas a los ucranianos desplazados frente a los venezolanos; las diferentes respuestas revelan cómo el sistema internacional de refugiados funciona para colocar a las naciones y pueblos de ciertas partes del mundo (por ejemplo, América del Norte y Europa) en posiciones privilegiadas, y a otros (los de América Latina, África y Medio Oriente) en dobles vínculos perjudiciales solo porque provienen de esas naciones.  

Por ejemplo, el primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov, dijo recientemente sobre las personas procedentes de Ucrania: «Estos no son los refugiados a los que estamos acostumbrados. (…) Estas personas son europeas. (…) Esta gente es inteligente, es gente educada. (…) Esta no es la oleada de refugiados a la que estábamos acostumbrados, gente de la que no estábamos seguros de su identidad, gente con pasados poco claros, que podrían haber sido incluso terroristas». Esto indica que muchas naciones europeas están respondiendo de esta manera, simplemente porque se les considera europeos, lo cual se ve reforzado por el hecho de que muchas de estas mismas naciones se han resistido a admitir a refugiados de otras naciones en el pasado. 

Parece que vemos cuestiones similares en EE. UU., donde la administración Biden está dispuesta a levantar los topes de refugiados para acoger a ucranianos, pero no para acoger a centroamericanos y venezolanos. Más allá de esto, en lugar de reevaluar sus propias políticas, EE. UU. pone la mayor parte de sus esfuerzos en intentar que Colombia y las naciones vecinas acepten más ciudadanos venezolanos, y que México endurezca sus políticas para que los venezolanos no lleguen a la frontera sur de EE. UU., donde puedan pedir refugio.

Esto refleja problemas más amplios con el sistema global de refugiados. Tal como señala Serena Parekh (entre otros), la mayoría de los refugiados y desplazados, como los de Venezuela, se consideran inmediatamente «problemas» para el sistema. Y, aunque los Estados occidentales se pintan a sí mismos como los salvadores (potenciales) de los refugiados, contribuyen simultáneamente a un sistema de refugiados injusto, ya que «han tolerado, apoyado, financieramente e incluso fomentado una situación en la que la gran mayoría de los refugiados no pueden acceder efectivamente al refugio».  

De hecho, los Estados occidentales mantienen activamente este sistema injusto mediante la aplicación de políticas para mantener a los refugiados lejos de sus costas a través de «regímenes de disuasión», acciones que en gran medida están respaldadas por diversos acuerdos internacionales, como la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951. Esta exige a los Estados que sigan el principio de no devolución (no enviar a las personas a una nación donde corren peligro), pero no les exige que acojan a refugiados de otros lugares. Y lo que es peor, las opciones que ofrece la comunidad internacional para los refugiados ―campamentos, asentamientos urbanos y migración para buscar asilo en Occidente― son terribles y peligrosas.  

La reacción ante los refugiados ucranianos nos muestra lo que es posible cuando el mundo tiene voluntad. Pero las respuestas dispares que vemos hacia los (blancos) que huyen de Ucrania y los venezolanos desplazados también nos muestran que la opresión global sigue operando en el sistema mundial de refugiados. Por ello, debemos tomar las circunstancias actuales de Europa del Este, no simplemente como un modelo de ayuda a los refugiados (en el caso de los ucranianos blancos), sino también como un llamamiento a cambiar el sistema global de refugiados para garantizar que todos los desplazados reciban la ayuda que necesitan.

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Oficialismo y oposición, las dos caras del Gobierno argentino

Diego M. Raus
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Oficialismo y oposición, las dos caras del Gobierno argentino

El gobierno encabezado por Alberto Fernández, de Frente de Todos, que asumió el 10 de diciembre de 2019, emergió en el marco de una estrategia política para vencer al entonces oficialismo de Juntos por el Cambio, encabezado por Mauricio Macri. Dicha estrategia, pergeñada por Cristina Fernández de Kirchner, constituyó al nuevo Gobierno, no como una coalición de gobierno, sino como una coalición de poder.

Se entiende como coalición de gobierno al acuerdo entre dos o más fuerzas políticas en torno a un programa político relativamente consensuado y que guarda aspectos considerados fundamentales por las fuerzas que componen la coalición. En cambio, una coalición de poder estriba en el acuerdo de dos o más fuerzas o espacios políticos con el único objetivo de ganar una elección.

La elección presidencial de 2019 en Argentina tuvo esas características: un acuerdo entre el kirchnerismo y sectores del peronismo territorial no kirchnerista, que se aliaron entendiendo que el espacio mayor de la coalición, el movimiento liderado por Cristina Fernández, no podía ganar la elección por sí solo. Tan es así que la líder natural del espacio se relegó a sí misma al cargo de vicepresidenta en la fórmula electoral. Si bien el triunfo fue claro, también se vislumbraban cuatro años de gobierno no tan consensuados.

La pandemia de la COVID-19, que surgió apenas se asumió el gobierno, generó otro escenario político, y la gestión de esta permitió la centralidad de la figura presidencial de Alberto Fernández. El Frente de Todos seguía siendo un frente común, pero bastó que pasaran los meses y que los Gobiernos se vieran obligados a gestionar no solo la crisis sanitaria, sino también la crisis económica por el encierro y la caída de la actividad, para que surgieran las diferencias dentro de la coalición. 

Los desencuentros se fueron sucediendo: la vuelta a la educación presencial, la continuidad de la política sanitaria, las necesidades fiscales, la relación con los distritos gobernados por la oposición o la inflación progresiva, al tiempo de la recuperación del consumo atrasado. En fin, cuestiones que agitaron la agenda gubernamental y que empezaron a hacer crujir el acuerdo electoral.

Sin embargo, el tema que condujo a la fractura actual ―poco explícita― fue la necesidad de encarar lo que en tiempos de pandemia se había podido dilatar: la negociación con el FMI para el refinanciamiento del vencimiento de la deuda, una deuda, en gran parte, contraída en el gobierno de Macri, que ni el gobierno ni la economía argentina estaban preparados para afrontar.

El acuerdo con el FMI exigía, tal como siempre ha sucedido, un ajuste fiscal importante que, en un contexto inflacionario como el que atraviesa el país y recesivo como consecuencia de la pandemia, era difícil de sostener desde una perspectiva electoral, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales del año que viene.

El aviso fue la derrota electoral del oficialismo en las elecciones de término medio de noviembre de 2021 que le permitió a la oposición equiparar fuerzas en el Congreso.

La fisura que se había abierto antes de la firma del acuerdo con el FMI había ido dividiendo a los socios principales de la otrora coalición de poder: el kirchnerismo, por un lado, y el “albertismo”, más la mayoría de los gobernadores peronistas, la CGT ―la principal confederación de sindicatos― y las principales organizaciones sociales, por el otro. 

En la vereda de enfrente, la oposición de Juntos por el Cambio, que supo ser una coalición de gobierno entre 2015 y 2019, y que se sostiene como acuerdo programático más allá de sus distintas procedencias políticas, comenzaba a festejar en silencio. 

Pero la división dentro del Gobierno se oficializó con el tratamiento parlamentario de la ley que el presidente derivó para aprobar el acuerdo con el FMI. La aprobación parlamentaria, que no fue solicitada por el Fondo, fue probablemente enviada por el presidente para medir definitivamente fuerzas. El acuerdo se aprobó en el Congreso con los votos del “albertismo” y de la oposición, y el rechazo del kirchnerismo, el otro socio del Frente de Todos. 

Lo que ha seguido a la aprobación parlamentaria es una guerra mediática entre los exsocios, cada día más enconada, para beneplácito y cálculo electoral de la oposición. 

La política actual, sobre todo en América Latina, se compone básicamente de acuerdos entre distintas fuerzas políticas y sociales cuyo objetivo principal ―legítimo― es ganar elecciones. No obstante, la realidad está mostrando (Lenín Moreno, Jair Bolsonaro, Alberto Fernández, Pedro Castillo y quizás también AMLO), que tras el triunfo electoral hay que gobernar y sin cimientos ni acuerdos programáticos sólidos, esos triunfos electorales se transforman en victorias pírricas. 

El problema es que quienes sufren esos desacuerdos y el impacto de las peleas internas en los Gobiernos no son sus protagonistas sino las sociedades.

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Lo efímero de una promesa: el financiamiento verde

Leonardo Stanley
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Lo efímero de una promesa: el financiamiento verde

Coautor Francisco E. Castañeda

Tras la última reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tuvo lugar en Glasgow, Escocia, a fines de octubre del año pasado, uno de los puntos que más esperanza generó entre los países en desarrollo fue el compromiso de cumplir con el Acuerdo de París de 2015: otorgar fondos para el cambio climático. El financiamiento externo es un aspecto clave para garantizar la transición energética en los países en desarrollo. Por ello, los líderes del mundo desarrollado se comprometieron en Glasgow a destrabar los fondos otrora prometidos. 

Pero el entusiasmo no se quedó ahí, sino que se amplió al sector privado, de donde se prevé provendrán los mayores aportes para la transición. Mark Carney, pionero en reconocer el problema climático al presidir el Banco de Inglaterra; cofundador, con Michael Bloomberg, del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), y que actualmente lidera un consorcio de 450 firmas financieras (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), destacaba el alineamiento del sector financiero para cumplir con los objetivos climáticos. Pero, sobre todo, en lo relativo a la búsqueda del objetivo de emisiones netas cero para 2050. 

En definitiva, unos y otros prometían financiamiento de fondos a largo plazo para el logro del bien común. Sin embargo, la apuesta de los mercados financieros por el cambio climático puede que dure menos de lo esperado. Recientemente, Larry Fink, CEO de BlackRock y uno de los hombres más poderosos del mundo financiero, declaró que la guerra de Ucrania estaría marcando el fin de la globalización. La irrupción de la pandemia de la COVID-19 atisbó el debate respecto al reshoring, la tendencia a la relocalización de las cadenas globales de valor, algo que ya ha estimulado el creciente poder tecnológico de China.

La invasión de Ucrania ha generado una disrupción entre los líderes occidentales, y de golpe, desapareció la cándida visión que muchos tenían sobre el régimen de Vladímir Putin. Ante la imprevisible respuesta militar, muchos decidieron imponer sanciones económicas a Rusia. No obstante, más allá de los efectos sobre el devenir del conflicto, las medidas adoptadas pueden estar marcando el fin de la globalización financiera y comercial. 

Sin embargo, las consecuencias financieras pueden ser mayores, y, sin duda, lo serán. Paradójicamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede resultar muy afectado si China decide no continuar comprando masivamente los bonos de la Reserva Federal. Pekín  también puede pensar en acelerar el proceso de internacionalización del yuan, obligando a sus socios a abandonar al dólar en sus transacciones, tal como lo exige la ahora sancionada Rusia a sus compradores de hidrocarburos.   

La invasión rusa ha obligado a la Unión Europea a repensar su estrategia energética, marcando  inequívocamente una aceleración en la transición verde. Para afrontar estos costos, se requieren masivas fuentes de nuevo financiamiento, pero esto trae iniciativas disímiles en este campo en lo que concierne a nuestra región. Para la mayoría de los países latinoamericanos el fin de la actual estructura de globalización financiera y comercial (tal como la hemos conocido hasta ahora) terminará retardando el proceso de transición. Amén de ello, la creciente inflación a escala internacional aumenta el costo financiero y desestimulará el financiamiento a largo plazo. 

La guerra no solo puede implicar una involución en la actual globalización financiera y comercial, sino que también afectará las estructuras multilaterales que han distribuido el poder desde el fin de la Guerra Fría. Un menor acceso al financiamiento externo afectará la transición energética, al tiempo que el aumento en el precio del petróleo otorga mayores incentivos a la exploración de crudo.  

Sin embargo, lo anterior no solo implica una menor disponibilidad de fondos para la transición, sino que también quedará en evidencia un reencaminamiento hacia fondos que buscan rentabilidad a corto plazo. En lugar de avanzar con la transición, un barril por encima de los 100 dólares empujará a nuevas rondas de licitación petrolera. Por otra parte, el incremento en las cuentas de consumo energético por parte de las familias obligará a los países de la región a aumentar los subsidios energéticos, pero reaccionando con mayores niveles de deuda pública y fragilizando las ya deterioradas finanzas públicas luego de la pandemia.

Como otras regiones en desarrollo, la “esperanza verde” de América Latina se asociaba a la llegada de flujos de capitales, y varios líderes volvieron de Glasgow convencidos del poder del mercado para acelerar la transición. Sin embargo, este optimismo se ha diluido ante las nuevas restricciones globales que avizoran una economía mundial más ralentizada y con mayores costos para los Gobiernos. Habrá, por tanto, menos excedentes para invertir en esta ineludible transición energética.

Francisco E. Castañeda es economista (Universidad de Chile), con un PhD en Loughborough University (UK) y MSc en la Universidad de Birmingham (UK). Sus intereses de investigación abarcan el área de macro-finanzas y política industrial. Además es miembro del Comité Científico de Economía Pública de CIRIEC-Liege University. 

La Costa Rica profunda eligió al desafiante Chaves

Enrique Gomáriz Moraga
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La Costa Rica profunda eligió al desafiante Chaves

Finalmente, las encuestas acertaron y el exministro Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, resultó elegido como nuevo presidente de Costa Rica. Chaves ha obtenido el 52,9% de los votos frente al 47,1% de José María Figueres, del Partido Liberación Nacional. Pese a las llamadas de atención acerca de los comportamientos confrontativos de Chaves, la mayoría de la población, molesta con el statu quo, ha considerado que sus modos desafiantes tienen más probabilidad de cambiar la situación del país.

El exministro ha conseguido algo más de un millón de votos y ha superado a su oponente en más de cien mil. La abstención se ha situado en un 42%, sólo un 2% más que en la primera ronda de estas elecciones. Al observar la distribución territorial, Figueres ha conseguido superar ligeramente Chaves únicamente en las provincias de San José y Cartago, mientras que éste ha ganado holgadamente en las cinco provincias restantes. Ello guarda relación con la percepción de que el candidato rupturista ha captado claramente la rebelión de la gente común contra las élites que los estudios registraban en los últimos años.

Desde luego, el resto de las fuerzas políticas podían haberse unido para conjurar contra el riesgo de la victoria del candidato confrontativo, pero su rencor hacia José María Figueres se los ha impedido. De hecho, ninguno de los partidos que han conseguido llegar al Parlamento llamaron a votar por Liberación Nacional. Ello, aunque en la última semana una cantidad apreciable de personalidades políticas de distinto signo hicieron declaraciones contra Chaves.

Todo indica que las bases electorales no les han hecho caso, como se desprende del hecho de que, en las dos provincias portuarias, Puntarenas y Limón, donde Chaves había obtenido un bajo resultado electoral en la primera ronda, ahora haya obtenido sus mejores resultados. Parece evidente que los votantes de los otros partidos se han inclinado claramente por Chaves en esta ocasión.

La victoria de Rodrigo Chaves ha provocado inmediatas reacciones de desasosiego en sectores de la clase política costarricense. Encabezando un partido de reciente creación, sin equipo de gobierno conocido y dispuesto a superar las trabas institucionales que impiden actuar para enfrentar la crisis, se percibe al nuevo presidente como encarnación de la incertidumbre.

Por su parte, el movimiento feminista no perdona las acusaciones de acoso sexual que enfrentó Chaves cuando era funcionario del Banco Mundial. La víspera de la jornada electoral, ese rechazo logró reflejarse en varios diarios importantes de Estados Unidos. Chaves responde que eso le sucedió hace 14 años, que nunca fue condenado formalmente, que ya ha sacado las lecciones pertinentes y, sobre todo, que no es justo a que lo condenen para siempre. En todo caso, es evidente que la mayoría de hombres y mujeres, a la hora de emitir su voto, han dado menos peso a ese señalamiento que a su percepción de que Chaves sí será capaz de enfrentarse al estatus quo.

Incluso hay observadores que señalan que la insistencia en este asunto ha terminado por beneficiar al candidato. La conocida periodista, Pilar Cisneros, actual diputada electa por el partido de Chaves, incluye este cuestionamiento como uno de los muchos ataques personales que ha enfrentado el economista. Por otra parte, un segmento importante de la Costa Rica profunda, formado por los sectores religiosos, parece haber expresado con su voto el resentimiento que muestra respecto de la llamada “ideología de género”.

No obstante, para muchas voces en medios culturales y políticos esta cuestión daña el prestigio internacional de Costa Rica, como país abanderado de diversas causas humanistas. Sin embargo, la Costa Rica profunda parece tener otras preocupaciones más prosaicas, además de evidenciar un hígado que se ha ido inflamando con el tiempo. Por eso han optado por el candidato que parecía entender sus molestias más claramente.

El otro asunto pendiente que enfrentará el nuevo presidente guarda relación con la investigación que sigue el Tribunal Superior de Elecciones sobre un paquete de financiación no declarada de su campaña electoral. Si al concluir esa investigación el TSE ve indicios de delito, deberá pasar el caso a la justicia ordinaria, quien iniciará un proceso que podría eventualmente inhabilitar a Chaves o a algunos de sus colaboradores. Algo poco probable pero no imposible.

Tras conocerse los resultados, en su primer discurso de agradecimiento, Rodrigo Chaves ha cambiado apreciablemente el tono de su intervención, subrayando la necesidad de atenerse a la normativa vigente y destacando la colaboración y el consenso con el resto de los actores políticos. Un tono que contrasta con el de algunos de sus seguidores en esa misma noche electoral, mucho más partidarios de una confrontación en distintos campos.

Es indudable que el nuevo presidente va a transitar por un camino tortuoso y lleno de presiones que, si se maximizan, pueden llegar a poner en riesgo la estabilidad de su gobierno. Pero, al escuchar su primer discurso, pareciera que el presidente electo es consciente de ello. Habrá que ver si es cierta su frase de cierre: ¡Costa Rica, lo mejor está por venir! Sobre todo teniendo en cuenta que buena parte del país piensa lo contrario.

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La crisis humanitaria en Europa afecta la frontera México-EEUU

José María Ramos
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La crisis humanitaria en Europa afecta la frontera México-EEUU

La invasión de Rusia a Ucrania está tensionando las fronteras europeas, lo cual ha llevado a la implementación de ciertos cambios institucionales, sobre todo en los países de Europa del Este y Europa Occidental. En este marco, Estados Unidos también se ha solidarizado con el país invadido y ha anunciado que aceptará a cien mil refugiados ucranianos y donará miles de millones de dólares al país. Mientras tanto, sigue pendiente de concretarse la ayuda comprometida por Washington para el desarrollo de Centroamérica.

Una crisis migratoria en Europa

La crisis actual en Ucrania implica una masiva movilización de refugiados, principalmente en Europa, que de momento son cerca de 3.5 millones, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Esta nueva crisis, evidencia la necesidad de promover una mayor inclusión y el respeto de los derecho humanos de los refugiados, en un contexto donde los migrantes del mundo sufren todo tipo de abusos como la trata, la prostitución y las violaciones sexuales.

Esto ha llevado a que el Consejo de la Unión Europea decidiera activar por primera vez la directiva 2001/55/CE, por la cual los ucranianos podrán vivir, trabajar y estudiar legalmente durante un año en la UE, prorrogable a tres años, sin tener que pedir protección internacional. Esto refleja un cambio en la situación jurídica y otra manera de gestionar el enorme flujo de refugiados, que se estima llegue a los cerca de 6.5 millones. Esta Directiva fue aprobada en el año 2001 y en sus 21 años de existencia nunca había sido activada. 

Esta es una política necesaria en un marco donde las fronteras de Polonia, Eslovaquia y Rumania con Ucrania se han convertido en regiones con una dinámica humanitaria, social, sanitaria y cultural de gran intensidad. Polonia ha recibido más de la mitad de los refugiados procedentes de Ucrania, alrededor de 2,17 millones, lo que refleja un gran sentido humanitario y de apoyo a poblaciones vulnerables.

¿Cuáles son las lecciones para la gestión de la frontera México-EE.UU.?

Tras el inicio del conflicto armado en Ucrania, el 3 de marzo el gobierno de EE.UU. otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los ciudadanos de Ucrania que ya se encontraban en el país. El gobierno estadounidense ha anunciado que además acogerá a un máximo de 100.000 refugiados ucranianos y de otras nacionalidades que hayan huido de Ucrania tras la invasión rusa y la prioridad es acoger a aquellos migrantes con familiares en Estados Unidos. 

Para ello, se incluirá un programa de admisión de refugiados, los permisos humanitarios y los visados de inmigrante y no inmigrante. Además, según un vocero del gobierno, la Casa Blanca no tendrá que pedir al Congreso que amplíe el actual tope anual de refugiados, que actualmente es de 125.000 personas.

Previo a la guerra, los migrantes de Ucrania y Rusia arribaban a EE.UU. por México ya que este país no requiere visa a dichos ciudadanos, si no sólo una autorización electrónica de viaje la cual se tramita por internet y les permite una estancia como turista por 180 días. Por ello, en 2020, antes del inicio de la crisis, llegaron a México con el objetivo de seguir a EE.UU. más de 12.000 ucranianos, en 2021 fueron más de 28.000 y en enero de este año, a semanas del inicio de la guerra, ya podia observarse un considerable aumento con la llegada de seis mil ciudadanos de Ucrania. 

Es probable que en los próximos meses la llegada de migrantes ucranianos se vaya incrementando. Sin embargo, estas cifras seguirán representando un proporción menor de los migrantes que escapan de sus países como pueden para intentar llegar a EE.UU por la frontera sur.

Por ello, ante los anuncios del gobierno de Biden, el presidente López Obrador ha criticado que se esté priorizando la llegada de ucranianos y que se esté relegando a los migrantes centroamericanos y al Plan de Desarrollo para Centroamérica, en un contexto donde la migracion continental ha generado una crisis humanitaria. Solo en el año fiscal 2020-2021, EE.UU. detuvo a cerca de un millón setecientos mil migrantes de los cuales casi el 40 % eran mexicanos y un 35% centroamericanos.

La invasión rusa de Ucrania ha determinado que el gobierno estadounidense priorice la crisis humanitaria en el este de Europa por sobre la migración proveniente del sur del continente.  Sin embargo, esta debería ser una oportunidad para que sus autoridades promuevan una política inclusiva, humanitaria y laboral hacia poblaciones migrantes de otros países, en especial del Triángulo Norte. 

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La oposición peruana fracasa en su intento por derrocar al presidente

Carlos Ugo Santander
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La oposición peruana fracasa en su intento por derrocar al presidente

El presidente Pedro Castillo se libró de ser destituido por el Congreso de la República del Perú por medio del sistema de rendición de cuentas interinstitucional que incorpora mecanismos de control político del sistema parlamentarista. La diferencia con el Presidencialismo es que este sistema se ejecuta por la vía del impeachment, algo que se asemeja a un proceso judicial donde los ritos y procedimientos son semejantes y además se circunscriben a delitos claramente tipificados y del cual se presume el presidente cometió durante su gestión.

En Perú, el proceso de destitución es sumario tiene más un componente político que judicial, donde los adversarios -según las reglas- necesitan alcanzar 87 de 130 votos y fundamentar su iniciativa de acuerdo a una de las figuras establecidas en la Constitución como la “incapacidad moral”. Esta es una figura jurídica subjetiva, y por cierto ambigua, que se ha convertido en un elemento secundario en los actuales pedidos de vacancia, dado que la “incapacidad moral” puede estirarse conceptualmente a interés de quien la promueva.

En esta coyuntura, la oposición apenas alcanzó 55 de los 87 votos necesarios, placar bastante previsible, lo que constituye una derrota para la oposición de centro-derecha arrastrada por la cotidiana radicalización de una minoritaria extrema derecha. En todo caso, la inestabilidad deliberadamente agitada por una minoría opositora ha llevado a que el gobierno haya tenido que nombrar cuatro gabinetes ministeriales en seis meses, así como sufrir la censura del congreso a dos ministros -uno recientemente- como también la renuncia voluntaria de otros.

¿Qué significa esta derrota?

El continuo deterioro de la democracia. El diseño institucional de las relaciones Ejecutivo-Legislativo inducen a una serie de dinámicas semejantes al dilema del prisionero, dilema propio de la teoría de los juegos que establece que en una situación hipotética, cada jugador (prisionero) hará, de forma independiente y sin importarle la decisión del otro, lo necesario para aumentar su ventaja o beneficio.

En teoría la mejor solución sería cooperar, sin embargo, la desconfianza entre los jugadores lleva generalmente a la traición. Como menciona el experto Guillermo O´Donnell en su celebre artículo sobre la “Democracia Delegativa”, el dilema del prisionero sería exactamente lo opuesto a las condiciones que promueven las instituciones democráticas sólidas.

Desde el punto de vista de la coyuntura, el gobierno viene mejor articulando y ha demostrado una clara habilidad para crear una coalición de parlamentarios independientes que van más allá de la bancada que lo llevó a la Presidencia. Parece que Castillo y sus aliados han aprendido cuál es la fórmula para evitar la caída del gobierno. Y el ala más radical del partido se ha moderado y han entendido que el poder es disperso y se distribuye de forma heterogénea en distintas fuerzas, con perfiles, discursos e intereses diferentes y que para obtener alguna ventaja, una condición es la de mantener a su socio como presidente.

Los parlamentarios independientes que apoyan al gobierno han hecho sus cálculos políticos. Es mejor un gobierno débil del que puedan servirse que vacar al presidente lo cual podría poner fin tempranamente a sus carreras políticas, dado que no existe la re-elección inmediata.

Los aliados del presidente son consientes de los límites de una agenda que enfatice los cambios radicales. Y Castillo, más allá de haber abandonado su discurso radical también ha entendido que es necesaria la prudencia y moderación. Esta moderación, de alguna forma ha contribuido a atenuar cierta resistencias, dado que no se ha producido una “venezuelización” de la economía, ni se está erigiendo un régimen “comunista” de acuerdo con los delirios insistentes de sus opositores ultraderechistas.

La derrota de la oposición es una nueva señal hacia los sectores políticos conservadores de derecha y, sobre todo, a aquellos con cierta inclinación autoritaria que se oponen a cualquier expansión de la ciudadanía y la ampliación de derechos. Lo curioso es que las fuerzas extremas coinciden pero por motivos diferentes. Para el oficialista Perú Libre, el movimiento popular son un medio a ser instrumentalizado y no un fin en sí, mientras que para la extrema derecha, son quienes ponen en riesgo sus arraigados privilegios.

Si bien la democracia peruana seguirá sufriendo tensiones, existe un amplio rechazo a cualquier movimiento autoritario o de ruptura del orden constitucional, y también se instala la indignación acumulada en un movimiento que demanda el ¨que se vayan todos¨ dada la inoperancia del gobierno. Aún así, con Pedro Castillo en el poder, continúa abierta la puerta para la promoción de potenciales cambios, como también veremos en el otro extremo tentativas de frenar cualquier proceso de emancipación. En todo caso, las elites económicas que hoy se encuentran lejos del poder les queda, o sacrificar la democracia, o convertirse en una alternativa electoral. Pero para ello, deberán esperar cuatro años.

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Chile, transitando hacia un Estado plurinacional

Victor Tricot
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Chile, transitando hacia un Estado plurinacional

Esta semana la Convención Constitucional solicitó formalmente una prórroga para poder trabajar durante tres meses más en el borrador del texto constitucional. Esto no sorprendió a nadie; ya desde los planes iniciales de trabajo dicha petición entraba en cualquier cálculo. Lo que sí fue más sorprendente esta semana fue que el pleno de la Convención aprobó por 115 votos a favor, es decir, el 75%, y 34 en contra, es decir, el 25%, que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado” (extracto del artículo 4 sobre el sistema político, Gobierno, Poder Legislativo y sistema electoral).

Además, en la misma sesión se aprobó que “los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales” (extracto del artículo 5 sobre el sistema político, Gobierno, Poder Legislativo y sistema electoral).

Dicho reconocimiento no es baladí. Viene a dar cuenta de décadas de lucha de parte de organizaciones indígenas que desde distintos ámbitos han bregado por visibilizar la situación de desprotección y subordinación en la que se encuentran. Este reconocimiento formal de la plurinacionalidad del Estado vendría a ser un golpe directo a aquel colonialismo interno que tan claramente graficó Pablo González Casanova hace unas décadas para describir la situación de los pueblos indígenas del continente. 

Ya desde su conformación, la Convención Constitucional representó un cambio cualitativo en cuanto a la forma de representación política del país, instituyendo que debía ser paritaria, es decir, que debía tener la misma cantidad de hombres y mujeres, y que debían existir escaños reservados para pueblos indígenas.

Independientemente de lo tardía de la ratificación de los curules reservados o que estos no representan necesariamente el porcentaje de la población indígena censada en el país, lo cierto es que 17 representantes indígenas de todos los pueblos fueron electos para representar de forma directa a su población, siendo incluso una de ellas la representante mapuche Elisa Loncon, electa presidenta de la Convención Constitucional. 

Dicha situación es diametralmente opuesta a toda la historia republicana de Chile, donde, solo en contadas ocasiones, representantes de los pueblos indígenas pudieron llegar a puestos tanto designados como electos de relevancia, pues siempre fueron relegados a un papel secundario, por lo que ello fue una clara muestra de una relación asimétrica en la que la inclusión de sus demandas, necesidades o cosmovisiones no forman parte del Estado-nación chileno.

Aún queda camino por recorrer y el proceso constitucional no ha finalizado. La plurinacionalidad, luego de ser aprobada en comisión, pasó al pleno y se aprobó. Ello le permite a este articulado pasar a ser parte integral del borrador que será presentado ante el país para su aprobación en lo que se conoce como el plebiscito de salida, que debe hacerse aproximadamente 60 días después de haberse acabado el texto final.  

El consenso en la Constituyente con respecto a este nuevo paradigma fue bastante amplio y logró superar con claridad los dos tercios exigidos como mínimo para que el pleno apruebe cualquier artículo. Sin embargo, las críticas desde las fuerzas conservadoras ―tanto dentro como fuera de la Convención― no han disminuido. Con argumentaciones muchas veces plagadas de falsedades, pretenden influir, ya no para eliminar este tipo de artículos del borrador, sino para  que se rechace el texto en el plebiscito de salida. 

De forma sencilla, el derrotero de las estrategias de la derecha conservadora se ha caracterizado por, entre otras cosas, negarse a la conformación de la Convención (votar en contra en el plebiscito que dio pie al proceso); defender a rajatabla el quorum de 2/3 porque había sido aprobado en la elección; llevar a cabo un trabajo disruptivo de sus convencionales electos; usar la falacia como táctica política; plantear mediáticamente que la Convención está hegemonizada por la izquierda, pero sin dejar lugar al disentimiento; asegurar que el quorum de 2/3 es demasiado bajo; plantear la posibilidad de agregar una nueva alternativa en el plebiscito de salida, alterando, con ello, lo acordado y aprobado electoralmente.

Cuando se busca criticar la plurinacionalidad se suele hacer con argumentos que se basan en falacias, ignorancia o en ambas. La participación de representantes indígenas y la aprobación de distintos articulados que consagran sus derechos colectivos como pueblo han llevado a plantear que se estaría escribiendo un texto constitucional para parte de una minoría o que esta nueva carta magna será una de tipo indigenista, más allá de la ignorancia supina que implica utilizar como argumento un concepto que remite a aquella corriente presente en la América Latina del siglo XX, donde los Estados se hacían cargo de los indígenas pero sin ellos. 

Lo cierto es que el reconocimiento de plurinacionalidad del Estado de Chile va precisamente en la dirección contraria. Este deja de lado los paternalismos y la relación colonial que ha establecido el Estado de Chile con los pueblos indígenas, y elabora, en conjunto, una nueva Constitución que se haga cargo de lo anterior. Se trata de una Constitución en la que el Estado no hace un favor al reconocer a las instituciones o pueblos indígenas, sino que estas hacen parte integral de él, por lo que las diferentes instituciones del país se deben adaptar a este nuevo paradigma.

Otra de las recurrentes acusaciones que se han hecho como parte del debate convencional con respecto a la plurinacionalidad y la autonomía de los pueblos indígenas es que lo que se pretende es dividir al país, crear un Estado paralelo o directamente la secesión. Sin embargo, este nuevo Estado pretende ser una contrapartida al Estado-nación decimonónico chileno, construcción teórica y empírica en la que únicamente se imagina la posibilidad de un Estado y una nación, siendo, en este caso, los pueblos indígenas una serie de naciones cuyas culturas, idiomas, cosmovisiones, historias y subjetividades están dominadas e invisibilizadas o, en el mejor de los casos, folklorizadas. 

En otras palabras, lo que se pretende es una comunidad imaginada, donde todos estén presentes con sus diferencias y autonomía pero tal como señaló la convencional Rosa Catrileo durante el debate en la Convención: “Dentro de los márgenes del Estado”. 

Por otro lado, a estas alturas resulta innegable que la revuelta social de 2019 remeció los cimientos de la anquilosada política chilena. Pese a errores propios y estertores conservadores, el trabajo de la Convención Constitucional sigue en un sentido similar, agenciando en el borrador del texto constitucional ciertos cambios sustantivos como la paridad y perspectiva de género, la protección del medio ambiente y, por cierto, la plurinacionalidad. 

Esto último, probablemente no sea una solución mágica a todos los problemas o conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas. Empero, puede representar un inicio para solventar la endémica prosopagnosia del país, donde solíamos mirarnos al espejo y reconocer ascendencia europea, mientras, consciente o inconscientemente, olvidábamos nuestra raíz indígena. 

Queda por verse cómo se materializará la plurinacionalidad, toda vez que la libre determinación y lo que señalan ambos artículos debe concretarse, y ello encontrará resistencia dentro del mismo Estado uninacional y unicultural que ha dominado por dos siglos.

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