El impacto económico para América Latina del conflicto en Ucrania

Carlos Domínguez Avila
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El impacto económico para América Latina del conflicto en Ucrania

El conflicto en el este de Europa ha causado consecuencias directas en el dinamismo de la economía global, e indirectas en las economías latinoamericanas. Dependiendo de la magnitud e intensidad del conflicto en el futuro cercano, es posible proponer escenarios prospectivos y sus desdoblamientos. De momento, ya se prevé un impacto negativo de un punto porcentual en el producto mundial, según proyecciones de organismos internacionales. 

Antes del inicio de las hostilidades, la economía mundial adolecía de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, debido a la interrupción de numerosas actividades productivas. Esto, a pesar de los sucesivos paquetes de estímulos económicos impulsados por casi todos los países del mundo. 

Dichos estímulos fueron necesarios tanto para mantener alguna protección social y sanitaria como para reactivar los aparatos productivos de muchos países. Sin embargo, dichos paquetes económicos, que llegaron a los 9,0 trillones de dólares (11% del producto mundial), también acabaron generando presiones inflacionarias significativas.

A partir de la invasión rusa a Ucrania y de la inmediata imposición de sanciones económicas de parte de algunas potencias occidentales al Gobierno de Moscú y a su entorno de simpatizantes y colaboradores ―incluyendo al régimen de Minsk―, se constató una aceleración de las presiones inflacionarias preexistentes. 

El aumento de los precios fue bastante claro en el caso de bienes exportados por Rusia, Ucrania y Bielorrusia al mercado internacional, particularmente en el ramo de la energía (petróleo, gas natural, carbón), alimentos (maíz, trigo), insumos (fertilizantes) o minerales estratégicos (neón, paladio, aluminio, titanio). 

En el campo logístico, además del ataque a la infraestructura de Ucrania (puertos, carreteras, puentes, centrales nucleares, fábricas, zonas residenciales), hubo un notorio incremento en los precios de los fletes y seguros de cargueros en el mar Negro, así como también crecientes obstáculos en el transporte terrestre y aéreo entre Europa central y oriental. 

Se calcula que, en el primer mes de las operaciones militares, los costos económicos para Ucrania han sido superiores a cien mil millones de dólares. Muchos recursos han sido también asignados por el Gobierno de Moscú para financiar su esfuerzo bélico. En este sentido, y sin olvidarse del sufrimiento humano, vale preguntarse: ¿quién pagará por esa destrucción masiva de la economía de Ucrania (reparaciones de guerra)? 

Desde la perspectiva de los estudios en seguridad económica internacional, se sabe que las sanciones impuestas por ciertos Gobiernos occidentales contra la economía rusa han comenzado a generar consecuencias como la pronunciada depreciación del rublo, la desconexión de redes digitales y del sistema de intermediación financiera, o la elevación de las tasas de interés básica en aquel país. Se supone que estas serán cada vez más incisivas y costosas para el Gobierno de Moscú. 

Sea como fuere, el Gobierno ruso, aunque ha reconocido algunas implicaciones de la “guerra económica” de potencias hostiles, mantiene las operaciones militares contra su vecino. Al mismo tiempo, el Gobierno de Kiev ha recibido ayuda humanitaria, económica y militar de parte de numerosos países, con el propósito de mantener a flote su aparato productivo y esfuerzo bélico. Todo ello genera implicaciones locales, bilaterales y globales a medio y largo plazo.

¿Y en los países latinoamericanos?

El conflicto en el este de Europa abre oportunidades, incentivos, riesgos y amenazas. De partida, por la distancia geográfica, la guerra no ha causado consecuencias vitales en América Latina. Sin embargo, la situación podría cambiar considerablemente en el caso de una escalada de las tensiones y operaciones bélicas dentro y fuera de Ucrania, incluso con el uso de armamento no convencional o la eventual incorporación de otros actores estatales y no estatales de seguridad.

En términos operativos y pragmáticos, la retracción de las exportaciones ucranianas, rusas y bielorrusas de ciertas materias primas y bienes industrializados podría hasta crear oportunidades y demandas adicionales a empresas exportadoras latinoamericanas, principalmente en el caso de las denominadas economías emergentes (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú). 

Por otro lado, una recomposición de la alicaída industria petrolera venezolana podría ser considerada, especialmente si es acompañada de una gradual suspensión de las sanciones estadounidenses y europeas, y de un esfuerzo de reconciliación y redemocratización del país. 

Por lo tanto, las exportaciones latinoamericanas podrían substituir una parte significativa de la producción de los países beligerantes, principalmente en el mercado de Estados Unidos, la Unión Europea y ciertos países africanos y asiáticos.  

Sin embargo, las oportunidades comerciales deberán ser confrontadas con el acelerado proceso de inflación global, de turbulencia, de incertezas y de encarecimiento de las importaciones. Vale reiterar que, dentro de lo que es la recuperación económica pospandemia, el conflicto militar puede retardar aún más la reanudación del crecimiento y de la transformación productiva con equidad entre los países latinoamericanos. Asimismo, algunos analistas ponderan acerca de las implicaciones de una posible desglobalización, del resurgimiento de presiones proteccionistas y del neopopulismo.

A pesar de las visitas de Alberto Fernández (centro-izquierda) y de Jair Bolsonaro (derecha populista) a Vladímir Putin poco antes del inicio de la guerra, lo más probable es que el conjunto de los países de la región procure la diversificación de socios externos. Además, muchos buscarán construir algún tipo de equilibrio y equidistancia en el contexto de la competencia entre potencias mundiales que se avecina, incluso en lo tocante a la gobernanza económica global. Ello incluye un esfuerzo para evitar la internalización o importación de conflictos extrarregionales a la ya delicada coyuntura pospandemia de COVID-19. He aquí los trazos de un “nuevo nuevo normal”.

La evolución reciente de las negociaciones para encontrar una salida pacífica sugiere algunos avances parciales y hasta autorizan la manifestación de un cauto optimismo. Naturalmente, casi toda la comunidad internacional y nuestra región respalda una salida negociada al conflicto. Ello se vio reflejado en la votación de la mayoría de los países latinoamericanos en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para exigir el fin de las hostilidades. 

Este posicionamiento se fundamenta en la identidad internacional, en la experiencia histórica de la región ―objeto de numerosas embestidas comparables desde EE. UU. y países europeos que en su momento fueron catalogadas como imperialistas―, en la cultura diplomática predominante, contraria a las guerras expansionistas y al uso de la fuerza en la política internacional, y en la madurez y la calidad democrática de muchas de nuestras sociedades. Dicho esto, parece pertinente insistir en la necesidad de construir un orden internacional de pueblos libres.

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Costa Rica se enfrenta a sí misma

Enrique Gomáriz Moraga
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Costa Rica se enfrenta a sí misma

A días de la elección de este domingo 3 de abril, cuando los costarricenses acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, el escenario de la campaña presenta algunos cambios. Las encuestas siguen dando como vencedor al exministro Rodrigo Chaves frente al expresidente José María Figueres, pero la distancia se ha acortado apreciablemente. El sondeo de la Universidad de Costa Rica, que a principios de marzo otorgaba a Chaves una ventaja de 11 puntos, en su último sondeo lo ubica a solo 4 puntos por delante. 

No obstante, los sondeos de otras encuestadoras (Opol, Idespo, Enfoques) siguen dando a Chaves la cómoda ventaja inicial. Lo que sí ha aumentado es el porcentaje de electores que rechazan a ambos candidatos y de indecisos que ascienden del 15% al 18%. Incluso, han surgido grupos que llaman abiertamente a la abstención o al voto nulo.

El curso de la campaña muestra cada vez con más nitidez la diferencia entre las marejadas de superficie y los movimientos gruesos del mar de fondo. En la última semana, diferentes sucesos han afectado la imagen de ambos candidatos, los cuales han sido utilizados por ambas partes para llenar de invectivas personales y poco edificantes la contienda electoral. 

La campaña de Figueres ha cometido errores gruesos como el viaje del candidato a República Dominicana, que fue pagado por un conocido empresario, o la emisión de un impresentable video que mostraba a varios jóvenes saltando al vacío desde la terraza de un edificio, para escenificar que votar a Chaves representa un salto al vacío.

De parte del candidato Rodrigo Chaves, que no logra desprenderse del recuerdo de la acusación de acoso cuando trabajaba en el Banco Mundial, el problema más grave es el procesamiento que lleva adelante el Tribunal Supremo de Elecciones acerca de un financiamiento ilegal de su campaña. Esto se habría realizado mediante un fideicomiso creado antes de presentar oficialmente su candidatura pero que supuestamente continuó operando después. Es una interrogante saber si el Tribunal emitirá sentencia antes de las elecciones y las consecuencias que tendría para Chaves si este o miembros de su equipo son encontrados culpables. 

Bajo estos movimientos de superficie, los cuales pueden resultar decisivos, el mar de fondo que agita al país centroamericano presenta menos novedades. Antes del inicio de la primera vuelta, cerca del 80% del electorado rechazaba el statu quo económico y político. Sin haber salido del todo de la depresión productiva por la pandemia de la COVID-19, una serie de casos de corrupción y la percepción de que las élites políticas no han sabido o querido cambiar las cosas, provocaron una extendida molestia social. Esta situación, agravada por los bajos niveles de confianza mutua, impidió que se llegara a consensos básicos sobre el desarrollo nacional. 

Ante este panorama, buena parte de la población ha buscado soluciones fuera del statu quo y, por ese camino, encontró a Rodrigo Chaves. Este candidato no solo procedía de fuera de la clase política, sino que además proponía una forma de actuar que rompía con las trabas institucionales que impidieran actuar para superar la crisis.

El enorme apoyo que concitó esta propuesta guarda relación con el nudo gordiano que el país no ha conseguido superar. Se ha dicho que Costa Rica se ha enfermado gravemente de su propio éxito. El país estaría padeciendo las consecuencias del desarrollo exitoso logrado en décadas anteriores, que compactó instituciones y grupos sociales que hoy son verdaderos obstáculos en el siglo XXI, algo que se refleja particularmente en el propio Estado. 

La configuración de un Estado fuerte, de aspiración social y que cubre su pequeño territorio, parece haber extendido la administración pública a un ritmo mayor que el aumento de su eficiencia. Ello se aprecia en la formación de sectores corporativos en su interior, los cuales frenan cualquier intento de modificación que pueda dotar de mayor flexibilidad al aparato público para adaptarse a las nuevas exigencias. Como resultado, el Estado ha comenzado a funcionar para sí mismo sobre la base de sus propios intereses funcionariales, más que para satisfacer los intereses de la sociedad. 

Así, cuando Chaves señala a los monopolios internos, a las entidades ineficientes o a las pensiones de lujo que cobran determinados funcionarios, está aludiendo a problemas reales que proceden de esa enfermedad y son reconocidos por gran parte de la ciudadanía.

Desde el campo contrario, se señala que el hiperpresidencialismo que propone Chaves pone en riesgo la institucionalidad del país. Y la acusación parece bien fundada. El problema es que ese riesgo interesa menos a una mayoría ciudadana que lo que exige es atacar de una vez los problemas de fondo. Esta mayoría, según los sondeos, percibe que la candidatura de Figueres está formada por el propio statu quo, apoyada también por un sector de la población que añora la Costa Rica exitosa del pasado.

Por otra parte, los temores que genera Chaves todavía no parecen suficientes para superar la división que muestran las otras fuerzas políticas, movidas por un rechazo vengativo hacia el candidato José María Figueres. Según el estudio de la UCR, una proporción elevada de socialcristianos y de votantes del PAC, actual partido del Gobierno, estarían más dispuestos a votar por Chaves que por Figueres. Todo indica que el resultado del domingo dependerá en buena medida de la persistencia de este rechazo rencoroso, en medio de la rebelión de la gente común contra las élites tradicionales.

Pareciera que en estas elecciones Costa Rica se enfrenta a sí misma. Algo que hace prever un mandato complejo, sea cual sea el candidato que se haga con la silla presidencial el próximo domingo.

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Gustavo Petro, ante una oportunidad histórica

Jerónimo Ríos Sierra
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Gustavo Petro, ante una oportunidad histórica

Colombia ha sido uno de los países con mayor tradición conservadora de todo el continente. Desde la conformación de mayorías monocolor, tanto del Partido Conservador (1886-1930) como del Partido Liberal (1930-1945), la endeble democracia colombiana se ha erigido desde un bipartidismo que, de facto, y también de iure, especialmente desde la configuración del Frente Nacional (1958), ha cercenado cualquier expresión política proveniente de la izquierda.

La concurrencia electoral de partidos progresistas  comenzó, stricto sensu, en 1972, con unas elecciones legislativas en las que diferentes expresiones como el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), el Frente Popular Colombiano o el Partido Comunista Colombiano ―creado en 1930― consiguieron casi 800.000 votos. Sin embargo, los sucesivos comicios fueron dejando diferentes intentos de adhesión, con su posterior ruptura, que hicieron que la izquierda transitara sin ninguna relevancia política.

Hubo que esperar hasta el comienzo de los noventa, y en concreto, a la aprobación de la Constitución de 1991, para que la izquierda tuviera algún tipo de protagonismo, pues  en muchas ocasiones, debido al conflicto armado, esta quedó reducida a la connotación insurreccional que abanderaban las guerrillas. Así, la ADM-19, heredera de la recién desmovilizada guerrilla del M-19, obtuvo en los comicios de 1990 una decorosa tercera posición, con algo más de un 10% de los votos en favor de su candidato, Antonio Navarro Wolff. 

Desde entonces, las expectativas de un giro progresista, espoleadas por la desmovilización de varios grupos guerrilleros o el cambio que supuso el avanzado orden constitucional de 1991, se dio de bruces con la realidad. La superación de la extemporánea Constitución de 1886, a la vez que reconocía inconmensurables posibilidades para la transformación y modernización de un precario Estado social como el colombiano, consolidaba un modelo neoliberal, aperturista y desregulador como pocos en el continente. Tanto, que pocas cosas hicieron más daño a la recién nacida Constitución de 1991 que el “Consenso de Washington” de 1989.

La violencia  por el conflicto también hizo de las suyas para socavar las posibilidades de cualquier atisbo de progresismo en Colombia. Primero, en los ochenta, agitando un genocidio político a la militancia y dirigencia del partido Unión Patriótica. Una formación surgida en 1985 tras los Acuerdos de La Uribe con las FARC-EP, y que debía posibilitar un tránsito hacia la vida democrática de parte de la izquierda que aspiraba al sueño de la revolución social. 

El paramilitarismo, en connivencia con agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública, perpetraron una violencia política dirigida y sistematizada que se tradujo en miles de muertes, incluyendo la de candidatos presidenciales como Jaime Pardo Leal o Bernardo Jaramillo, y a la que se sumarían otros como Carlos Pizarro Leongómez (comandante del M-19 y primer máximo dirigente de su partido político). 

Aparte de lo anterior, desde 1993 ―bajo las siglas Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU)― y desde 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el paramilitarismo alcanzaba sus mayores niveles de violencia contra la sociedad. Activistas sociales, líderes comunitarios y sindicalistas fueron objeto de una violencia desmedida, traducida en cientos de masacres y varios miles de muertos. 

Cualquiera de los anteriores era sinónimo de simpatizante de la guerrilla y, por ende, para el paramilitarismo, simplemente debían ser eliminados. De igual manera, las FARC-EP o el ELN, con sus crímenes y acciones contra la ciudadanía, y su intromisión en el narcotráfico durante los años noventa terminaron por desnaturalizarse, perdiendo cualquier atisbo de simpatía por los sectores más vulnerables de un país que, por si fuera poco, encontraba en las guerrillas un problema adicional, nada baladí, a una vida de carestía y falta de oportunidades.

A este panorama se sumaba un sistema político profundamente corrupto y al servicio de unas élites tradicionales que han tendido a patrimonializar el Estado y tejer todo tipo de relaciones clientelares, en donde la izquierda democrática no podía sino tener serias dificultades para concurrir a las elecciones con unas mínimas posibilidades de éxito. Igual sucedía con otros factores adicionales como la proximidad al código geopolítico estadounidense, la militarización del espacio público producida por las políticas de mano dura en materia de seguridad ―como sucedió con las presidencias de Álvaro Uribe (2002-2010)― y una cultura política fuertemente parroquial y desafecta, sobre todo, en el entorno rural.

Mientras todo esto se ha ido yuxtaponiendo a lo largo de las décadas, la izquierda democrática ha estado imbuida en disputas internas y alianzas coyunturales después desdibujadas por personalismos y desavenencias ideológicas. Asimismo, la movilización social ha tendido a funcionar más bien a golpe de estallido de rabia, y en muchas ocasiones, carente de toda brújula, pues por muchas décadas, y por desgracia para la izquierda democrática, la guerrilla se atribuyó el papel de único interlocutor capaz para enarbolar la bandera de la transformación social a través de su confrontación con el Estado.

Empero, los mismos factores que por mucho tiempo han dificultado la concurrencia electoral de la izquierda, ahora mismo soplan a favor del cambio político. La firma del Acuerdo de Paz ha liberado un espacio para la izquierda al difuminarse los ejes guerra/paz que por tanto tiempo dominaron la concurrencia electoral colombiana. Esta difuminación ―lo que no supone que la violencia armada no siga siendo un problema que resolver― permite visibilizar, problematizar y politizar aspectos, problemas y cuestiones de orden social (vivienda, educación, salud, empleo) que dotan de un nuevo significado a la propuesta programática de la izquierda. 

Aparte, aunque lejos todavía de una relativa capacidad de estructuración, las movilizaciones sociales de 2019 y 2021 contra el gobierno de Iván Duque también muestran un cambio de repertorio en los mecanismos de protesta y reclamo político de los que se sirve la ciudadanía. Se trata de un reclamo que, cada vez menos, se acepta desde la idea preconcebida de parte de las élites del país en concebir la democracia como algo carente de conflicto y como estricta concesión de derechos. El conflicto social, la capacidad de la democracia como institucionalización de dicho conflicto, y entender los derechos como conquista son una parte novedosa que la ciudadanía colombiana debe descubrir. 

No se puede obviar, finalmente, que el modelo neoliberal dominante sobre un orden constitucional que ofrece muchas posibilidades encuentre en lo anterior un escenario idóneo para arrojar y dar a luz a multitud de contradicciones y tensiones todavía por resolver. De este modo, la izquierda ha encontrado en Gustavo Petro, antiguo miembro del M-19, además de reconocido senador y exalcalde de Bogotá, el tipo de líder que necesitaba. 

Se trata de un candidato que ha conseguido aglutinar a casi la totalidad de movimientos, plataformas y formaciones de izquierda. Ya en 2018 obtuvo el mejor resultado de la historia por parte de la izquierda democrática en Colombia, llevando la disputa electoral sobre los ejes izquierda/derecha. Ahora, cuatro años después, y encabezando el Pacto Histórico Nacional, ha sido la fuerza más votada en el Senado y la segunda más votada en la Cámara de Representantes. Además, la consulta interna que debía espolear a Petro como candidato de la formación, y en la que ha irrumpido el nombre de su vicepresidenta, Francia Márquez ―mujer negra, abogada, activista y víctima de la violencia― se han acompañado de altísimos niveles de participación que permiten afirmar que tanto uno como otra se encuentran ante la oportunidad histórica de llevar a Colombia al primer gobierno de izquierdas de su historia. Ojalá nada lo impida.

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Crimen organizado, extractivismo y ausencia de Estado de derecho en Guatemala

Manuel Alcántara
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Crimen organizado, extractivismo y ausencia de Estado de derecho en Guatemala

Guatemala es un país en el que el débil Estado ha sido capturado desde hace décadas por una alianza entre el empresariado y el crimen organizado, por una parte, y la clase política configurada tanto por diputados como por miembros del Ejecutivo, por otra, en una clara interconexión. Esta situación se ha exacerbado durante la pandemia de la COVID-19 al decretarse estados de sitio en zonas ocupadas por empresas mineras para perseguir líderes comunitarios y en áreas de conflictividad social. 

En este sentido, pueden citarse varias situaciones acerca de la persecución del gobierno del presidente Alejandro Giammattei a actores de la rama judicial que tienen como misión algunas labores relacionadas con actos de corrupción o de protección de violaciones de derechos humanos, así como sobre la consolidación de la impunidad con la que el Gobierno arropa los desmanes medioambientales de los que son beneficiarios empresas mineras transnacionales en connivencia con la élite nacional. 

En el primer ámbito, el desmantelamiento de oficiales del Poder Judicial incómodos y que han mantenido una actitud independiente ha sido una nota dominante en los últimos tiempos. Así, Juan Francisco Sandoval Alfaro, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que ya estaba siendo perseguido por el aparato estatal desde el gobierno del presidente anterior, Jimmy Morales, al destapar el caso de la Alfombra ―que llevaron empresarios mineros rusos a la casa presidencial y en la que había fajos de billetes de miles de dólares―, activó el detonante para su partida al exilio, primero a El Salvador y luego a Estados Unidos. 

En la misma dirección, el 9 de marzo la magistrada Erika Aifán siguió la misma ruta que Sandoval Alfaro, integrando, así, una lista de 15 operadores de justicia que han dejado recientemente el país. Aifán abandonaba una carrera judicial de casi veinte años en la que había abordado casos por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico a decenas de los empresarios, políticos o capos criminales más poderosos de su país hasta llegar al propio presidente Giammattei. 

Como último jalón, hasta el momento, de este sombrío escenario y en una dirección similar, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el 22 de marzo al juez anticorrupción Pablo Xitumul, conocido por su combate contra la corrupción y el manejo de casos en los que se encontraban involucrados altos cargos de las Fuerzas Armadas.

En el segundo ámbito, en octubre de 2021, fuerzas policiales y del Ejército entraron en un par de comunidades de El Estor, un pueblo cerca de la costa caribeña, usando como escudo legal el decreto de estado de sitio establecido para ese municipio en el contexto de la pandemia. 

Entonces, una familia de activistas comunitarios en defensa del medio ambiente, perseguidos por el Estado y por la minera, fue retenida por las fuerzas policiales que secuestraron computadoras y material resguardado en una radio católica/comunitaria. 

Como muchas otras, se trató de personas sumamente expuestas y sin ningún tipo de apoyo o protección por su lucha contra la empresa suizo-rusa Solway, propietaria de una mina de níquel a cielo abierto. Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, ubicados en el occidente del país, son también áreas conflictivas que además están tomadas por el crimen organizado.

Este escenario, que en definitiva tuvo sus prolegómenos más recientes cuando la exfiscal general Thelma Aldana fue bloqueada en su carrera presidencial con el Movimiento Semilla y que tuvo que exiliarse en Estados Unidos en 2019, está, por otra parte, acorde con el desempeño del país en otros indicadores. Así, el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann para 2022 ubica a Guatemala como el cuarto peor país en desempeño en la región superando únicamente a Nicaragua, Cuba y Venezuela, algo que ya señaló el índice de The Economist Intelligence Unit para 2021. 

Ambas mediciones confirman la situación arriba indicada y que también está en línea con el puesto 150 que ocupa el país de un total de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción que lleva a cabo Transparencia Internacional. El informe subraya que el caso pocas veces citado de Guatemala, cuyo nivel de ingresos de las remesas de sus emigrantes lo coloca en segundo lugar de toda América Latina tras México (11.000 millones de dólares), sitúa al país en la cola del desempeño político latinoamericano. Su carácter de Estado semifallido se combina con un alto deterioro de su institucionalidad democrática que lo lleva al borde del autoritarismo.

El pasado 24 de marzo, António Guterres, secretario general de la ONU, mostró ―al albur de la persecución que desde el Estado están sufriendo fiscales y jueces― su preocupación por este problema y señaló la importante contribución que los funcionarios judiciales guatemaltecos han tenido en el combate contra la impunidad y la corrupción, una tarea que durante años se vio apoyada por el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), desmantelada, sin embargo, con oprobio en septiembre de 2019.

La izquierda latinoamericana y su visión de la guerra de Ucrania

Esteban Caballero
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La izquierda latinoamericana y su visión de la guerra de Ucrania

Desde la perspectiva del derecho internacional, la agresión de Rusia a Ucrania no tiene cómo excusarse. Sin embargo, si bien ningún país latinoamericano votó en contra de la condena a Rusia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, países como Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Cuba se abstuvieron, y Venezuela estuvo ausente. En este sentido, el posicionamiento de algunos actores políticos de la izquierda latinoamericana genera consternación.

Para la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, el voto de su país vino a definir una postura oficial que finalmente “tomó el rumbo correcto, como producto del trabajo de la misión de México ante la ONU”. Fue la corrección a las ambigüedades del discurso de Andrés Manuel López Obrador, quien, según la propia embajadora, estaba siendo empujado a tomar distancia de una condena clara y contundente de la invasión por el ala más ortodoxa de su propio partido, Morena. 

La ambigüedad inicial del Gobierno de México es sintomática de una dificultad que han tenido ciertos Gobiernos y fuerzas políticas de la izquierda latinoamericana para posicionarse en esta nueva coyuntura política internacional. 

El Grupo de Puebla, que reúne a líderes del progresismo latinoamericano, también se limitó en sus declaraciones tanto de fondo como de forma. En su declaración del 24 de febrero hizo un llamado “cordial a las partes involucradas, para mantener la paz y la seguridad de Ucrania abandonando la vía de la intervención militar y de las sanciones económicas unilaterales contra Rusia”, pero sin mencionar las palabras “invasión” o “agresión”. Dos días después, sin embargo, sacó una segunda declaración condenando “el uso unilateral de la fuerza y las graves consecuencias humanitarias”. 

La lectura de la coyuntura internacional que hizo y sigue haciendo parte de la izquierda latinoamericana está influenciada por diferentes factores. Algunos de ellos son evidentes. Para Cuba, Venezuela y Nicaragua, la cuestión es mantener una buena relación con los Estados que representan un contrapeso a EE. UU., y a los cuales pueden recurrir para sobrellevar las sanciones y enemistades que tienen con el vecino del norte. Eso implica no solamente hacerle un guiño a Rusia, sino también mantener cierta sintonía con China, que  está evitando, asimismo, condenar la agresión de Vladímir Putin. 

Este posicionamiento geopolítico es similar pero no igual a aquel que busca guardar distancias de cualquier tipo de acción agresiva hacia Rusia, como las que han implementado los miembros de la OTAN y la Unión Europea. Aquí también priman los intereses comerciales y de expectativa respecto a una posible inversión directa extranjera, sobre todo de parte de China. En este grupo, no solamente se encuentran países que se autodefinen como de centroizquierda, como Argentina, sino también Gobiernos de derecha, como es el caso del de Jair Bolsonaro. 

Pero lo que uno más lamenta es que existen narrativas que denotan una perspectiva ideológica que aún persiste en la región a pesar de sus limitaciones: el “antimperialismo ingenuo”. Este aún cree en el discurso oficial de los aparatos de Estado de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y está dispuesto a subordinar un posicionamiento progresista coherente al maniqueísmo ortodoxo en el que todo lo que hace EE. UU. es contrario a los intereses del espíritu revolucionario. 

En el marco de ese burdo maniqueísmo, se ha querido presentar la guerra en Ucrania como un episodio más del hegemonismo americano, que utiliza a la OTAN para lograr sus objetivos. Hay una pregunta paradigmática que se plantea en el medio Prensa Latina: “¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos de defender a un gobierno no muy popular tan alejado de sus costas?”. Desde esa posición, esta izquierda ha hecho una serie de contorsiones conceptuales, que básicamente justifican la invasión de un país soberano por un poder militar mayor, algo inaceptable cuando se trata de América Latina. 

En el artículo “El antiimperialismo ingenuo y el westplaining que indignan a la Europa Central y Oriental”, se plantea cómo la izquierda polaca ha quedado sorprendida por la parálisis en la toma de posición de sus compañeros de ruta a escala global, pero mencionando particularmente a América Latina y España. 

Lo que se critica es que desde el antimperialismo ingenuo se presenta el proceso de “expansión” de la OTAN como una voluntad unilateral de EE. UU., cuando la ampliación no fue una incorporación unilateral de los países de la extinta Unión Soviética por parte de EE. UU., sino un proceso mediante el cual se aceptaban solicitudes para integrar al club. Cada uno de los ingresos se basó en una decisión soberana de naciones independientes que buscaban ampararse bajo el paraguas defensivo de la OTAN. Estos países lo hacían justamente por el temor al impulso imperial de Rusia, que tras la caída de la Unión Soviética no parecía probable, pero que con Putin ha quedado en evidencia. 

En el Memorándum de Budapest de 1994, Rusia, EE. UU. y Gran Bretaña accedieron a la incorporación de Ucrania al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por el cual Ucrania se deshacía de todo su arsenal nuclear. En ese mismo documento, Rusia se comprometía a respetar la independencia e integridad territorial de Ucrania, y fue curiosamente presentado al secretario general de la ONU por el entonces embajador de Rusia ante el organismo, Serguéi Lavrov, actual ministro de Relaciones Exteriores de ese país. 

Evidentemente, ese compromiso se ha venido resquebrajando hasta el punto de que hoy nos encontramos ante bombardeos a civiles desarmados. La invasión rusa de Ucrania debería llevar a esas izquierdas tradicionales latinoamericanas que han caído en el peligroso camino del negacionismo a reconsiderar sus posturas. ¿Dónde está el fascismo si no en aquel terrible enunciado de Putin en el que declara estar “convencido de que esa necesaria y natural auto purificación [sic] de la sociedad fortalecerá a nuestro país, nuestra solidaridad, nuestra cohesión y nuestra capacidad para responder a cualquier desafío?”.

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Mujeres, independencia y revolución en América Latina: Manuela Sáenz

Lília Maria Silva Macêdo
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Mujeres, independencia y revolución en América Latina: Manuela Sáenz

En la historia latinoamericana, más allá de los modelos de esposa y madre, el papel de la mujer ha sido tradicionalmente invisibilizado o reducido a una posición sentimental, patriótica o religiosa. Muchas mujeres, figuras destacadas en la historia de la Independencia de la región, han sido olvidadas durante años, condenadas al ostracismo o devaluadas por su género: uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Manuela Sáenz.

Se la considera una de las protagonistas de una especie de revolución femenina que tuvo lugar a principios del siglo XIX, en medio de las revoluciones independentistas en los territorios latinoamericanos bajo dominio colonial de los países europeos.

Trayectorias como la suya demuestran que los procesos de emancipación colonial y de formación nacional albergaron innumerables sueños que superaron los límites establecidos por la élite criolla, esa clase social que intentó, y en gran medida logró, mantener el curso de las transformaciones bajo su control.

Manuela Sáenz nació en 1797 en Quito. Durante su infancia vivió el ambiente de rebeldía del movimiento que en 1809 destituyó al presidente de la Real Audiencia y formó la primera Junta de Gobierno Soberano, que fue rápidamente reprimida. En 1817 se casó, cumpliendo un destino casi inevitable para las mujeres de su mismo entorno social acomodado. Se trasladó a Lima, donde su trabajo con las fuerzas independentistas le valió la condecoración de la orden de «Caballereza del Sol», otorgada por San Martín.

De vuelta a Quito en 1822, participó en los preparativos de la Batalla del Pichincha y conoció a Simón Bolívar. Compartían el sueño de integrar los territorios liberados en una confederación de Estados, la Gran Colombia, que hiciera frente a los retos que las jóvenes naciones latinoamericanas afrontarían en el marco de la geopolítica mundial para mantener su independencia y soberanía.

Al regresar a Perú, se incorporó al Estado Mayor Bolivariano y se hizo responsable de los archivos de la campaña de liberación. Aquí comenzó su carrera militar: ingresó en el ejército como húsar y en 1824, a raíz de la batalla de Junín, alcanzó el grado de «capitán». En la Batalla de Ayacucho fue elevada a «Coronel». Impulsó la creación de la República de Bolivia, que tuvo lugar en 1825, y también es posible que estuviera en esa región colaborando directamente con el proyecto.

En 1827, sufrió los embates del derrocamiento de los poderes bolivarianos en Perú, y fue detenida y obligada a abandonar el país. En 1828 se trasladó a Bogotá, donde estuvo al lado de Bolívar durante el periodo en que éste fue elegido directamente presidente de Colombia. Aquí su influencia política se dejó sentir en varios aspectos y fueron famosos los episodios en los que descubrió y ayudó a frustrar algunos atentados contra la vida del aclamado Libertador, que se enfrentaba a grupos de oposición.

En 1830, aún con su renuncia y exilio, permaneció en la capital colombiana, ayudando a articular una nueva arremetida contra el poder que lo llevaría nuevamente al gobierno. Sin embargo, esto no sucedió. La muerte de Bolívar a finales de ese año fue un capítulo más en el desmantelamiento de los audaces planes de erigir una «patria grande».

Las campañas difamatorias y la persecución política contra Manuela se intensificaron. En 1834, fue desterrada y, tras pasar una temporada en Jamaica, su intento de regresar a Ecuador también fue embargado, por lo que tuvo que permanecer en un remoto pueblo de la costa peruana, donde murió en 1856, en medio de la pobreza y de la angustia por el aislamiento político.

Una utopía colectiva

Su trayectoria rebelde -aunque no impidió que cayera, una y otra vez, bajo las riendas de la represión moral, la cosificación sexual y la sumisión amorosa- ejemplifica un coraje y una rebeldía que fueron colectivos. Recuperarla nos ayuda a hacer más visible la situación de las mujeres de diferentes grupos étnicos y sociales que, al participar en la campaña libertadora, desafiaron la jerarquía de las relaciones de género que limitaba su experiencia tanto en la esfera privada como en la pública.

Estas mujeres instrumentalizaron de forma creativa los elementos que conformaban el sistema de su propia opresión para actuar en la lucha y crear vías de escape. Eran las organizadoras de las reuniones en las que se articulaban las conspiraciones; daban refugio a los fugitivos; ayudaban a propagar las nuevas ideas en sus redes familiares; actuaban como espías y mensajeras, obteniendo y transmitiendo información.

Fuera del espacio de sus hogares, participaron en protestas y colaboraron con la prensa, haciendo también aportaciones intelectuales al movimiento. Pusieron a disposición recursos materiales, especialmente a través de su mano de obra, para apoyar a los ejércitos liberadores, además de acompañar o unirse directamente a las tropas cuando fue posible. Corrían el riesgo de sufrir represalias violentas, como humillaciones públicas y agresiones sexuales, además de la hostilidad que podían sufrir por parte de algunos de sus propios compañeros de lucha.

Es como si la revolución, al sacudir algunas estructuras del antiguo régimen colonial, hubiera desencadenado fuerzas que no eran inéditas, pero que habían sido represadas. La subversión del orden, aunque pretendía limitarse a la esfera política, inauguró un periodo excepcional de la vida en sociedad y dio pie a que se admitiera y, hasta cierto punto, se fomentara la suspensión de las normas en otras esferas.

Cuando el caos revolucionario abrió la posibilidad de la proyección imaginaria de otros mundos, las mujeres no eran simples objetos manipulados por las clases dominantes. Soñaban no sólo con liberar su patria, sino también con liberarse a sí mismas, constituyendo en gran medida -junto con una población negra e indígena sobreexplotada- la fuerza depositaria de la radicalización que pretendía transformar la revolución política en una revolución social.

Con el cierre del ciclo revolucionario, el nuevo orden establecido bajo la égida criolla reprimió y expulsó no sólo de la lucha política, sino también de la memoria histórica, las revoluciones de las mujeres y de los pueblos negros e indígenas. Se presionó a las mujeres para que se readaptaran a los roles de género tradicionales, reconvirtiéndolas en la figura de apoyo y apaciguamiento de las «madres de la patria», hechas a medida para expresar amor y sacrificio, pero no para tematizar las desigualdades y la discriminación de género.

Imposible de ser retratada en estos términos, Manuela Sáenz entró en la historia inicialmente como una de las más ilustres amantes de Bolívar y durante mucho tiempo ocupó el espacio de una simple anécdota en las aventuras románticas del Libertador.

En su utopía emancipadora, expresa la sutil convergencia entre los proyectos de liberación nacional y la liberación de la mujer, señalando una de las tareas inconclusas de los procesos de independencia en América Latina. Por tanto, nos sitúa ante movimientos insurgentes que se constituyeron mutuamente.

Más de 150 años después, la insurgencia femenina que floreció en aquella época puede considerarse pionera de los movimientos feministas y de las mujeres latinoamericanas, representando un precioso legado que debe ser rescatado.

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¿Funcionarán las sanciones contra Rusia? Esto es lo que aprendimos de Venezuela

Benedicte Bull
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¿Funcionarán las sanciones contra Rusia? Esto es lo que aprendimos de Venezuela

Se dice que las sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto a Rusia en la última semana son las más duras de la historia. Pero tenemos experiencias similares con sanciones muy extensas, aunque contra países de mucha menor importancia para la economía mundial.

Desde 2017, Venezuela ha sido objeto de duras sanciones por parte de EE.UU. y la UE. El objetivo era que la presión económica sobre el régimen autoritario de Nicolás Maduro obligaría a elecciones democráticas y cambios en el gobierno. Sin embargo, eso no sucedió.

Las sanciones contra Venezuela comenzaron con un embargo de armas impuesto por Estados Unidos en 2006. La razón fue que Venezuela no contribuyó lo suficiente a la lucha contra el terrorismo. Esto llevó al país sudamericano a recurrir a Rusia, que pronto se convirtió en su proveedor de armas más importante. Tras un rápido desgaste de la democracia y la erosión de los derechos humanos, en 2014 Estados Unidos introdujo sanciones contra personas cercanas al gobierno. Luego, el país fue declarado una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Cuando Maduro hizo caso omiso de la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2017, Estados Unidos prohibió todas las transacciones financieras con el Estado venezolano y también la UE impuso nuevas sanciones.

Luego de una elección presidencial marcada por el fraude, Estados Unidos introdujo en 2019 la prohibición de comerciar con todas las agencias estatales del país, incluida la compañía petrolera estatal, PDVSA, mientras que Reino Unido confiscó las reservas de oro venezolanas en los bancos británicos.

Los ingresos del petróleo constituyen alrededor del 97% de los ingresos de Venezuela. Las sanciones contribuyeron a mermar la producción de petróleo, que ya estaba en declive, y causaron la caída en picado del producto nacional bruto.

La inflación, que ya tenía niveles altísimos, se convirtió en hiperinflación (más del 1.000 por ciento al año) que sí tuvo repercusiones, aunque no las esperadas por la oposición, Estados Unidos y Europa.

Vemos aquí seis lecciones que aprendimos de la experiencia venezolana.

1. Las sanciones a menudo dan en el blanco equivocado

En el caso de Venezuela, así como ahora está pasando en Rusia, los bancos y las empresas privadas se negaron a mantener relaciones comerciales con las empresas venezolanas, aunque, de tenerlas, no se hubiesen infringido las sanciones. Esto que podríamos denominar «cumplimiento excesivo» es una reacción al temor tanto de ser sancionado como de generar una reputación negativa.

De este modo, las sanciones afectaron también a importantes personalidades de la oposición en la comunidad empresarial, que quedaron aislados de los mercados y la financiación en el exterior. La consecuencia fue un aumento de las divisiones dentro de una oposición ya de por sí fragmentada.

2. Los países sancionados encuentran nuevos socios y nuevos caminos

Lo siguiente que ocurrió fue que Venezuela encontró nuevos socios comerciales y nuevas formas tanto de dar como de recibir pagos, ya que el Estado sudamericano fue excluido de los sistemas de pago regulares.

Poco después de que se introdujeran las sanciones financieras en 2017, Venezuela lanzó su propia criptodivisa -el Petro-, desarrollada en colaboración con expertos rusos.

La empresa petrolera rusa Rosneft ya estaba establecida en Venezuela. Su presencia aumentó después de que su principal jefe, Igor Setchin, fuera incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos tras la anexión de Crimea en 2014.

Rosneft ayudó a la petrolera venezolana a sortear las sanciones y a mantener el envío y la venta de petróleo.

También se reforzaron los lazos con los sancionados Irán, Siria y Turquía, a los que se ayudó con la venta de petróleo y las importaciones agrícolas.

Cuando China puso el freno como acreedor, Rusia prestó a Venezuela en total unos 17.000 millones de dólares. En otras palabras, los países sancionados se unen.

Estados Unidos incrementó el uso de las sanciones en un 50% bajo la presidencia de Donald Trump. El aumento ha seguido con Joe Biden en la Casa Blanca, incluso antes de las recientes sanciones contra Rusia.

Cuantos más países sean sancionados, mayor será el grupo de países que se unan para encontrar soluciones comunes y competir en una economía mundial basada en el dólar y controlada por Estados Unidos.

3. Las sanciones se convierten en un chivo expiatorio

Dentro de Venezuela no ocurrió lo que la oposición y sus partidarios en Estados Unidos y Europa esperaban: que estrangular al régimen por dinero llevara al sistema de poder a capitular, y que se presionara a Maduro para que se fuera.

Al contrario, Maduro intentó convencer a la gente -con cierto éxito- de que los problemas económicos se debían a las sanciones. Las sanciones se convirtieron en un chivo expiatorio, y eclipsaron años de corrupción y mala gestión financiera.

4. Las sanciones pueden fortalecer a los líderes autoritarios

Cuando la crisis económica se convirtió en una crisis humanitaria, las sanciones se volvieron tan impopulares que incluso un presidente muy impopular como Maduro logró movilizarse en torno al resentimiento nacionalista y a la lealtad a la patria.

Al mismo tiempo, el régimen se volvió más autoritario y basó su apoyo en un grupo más reducido de militares y élites.

5. Las sanciones refuerzan la economía informal y criminal

Como consecuencia tanto de la crisis anterior como de las sanciones, cada vez más venezolanos se vieron obligados a entrar en la economía informal, y algunos también en la criminal. El crimen organizado internacional también aumentó su alcance, en parte con vínculos tanto con el gobierno como con Rusia.

6. Las sanciones dificultan el abandono del poder

Todo esto contribuyó a que Maduro tuviera cada vez menos incentivos para abandonar el poder. Está acusado en Estados Unidos de narcotráfico y tiene una causa abierta en la Corte Penal Internacional de La Haya. En otras palabras, no tiene un futuro brillante como expresidente.

Estados Unidos tampoco tiene una estrategia clara para reducir las sanciones y de lo que se necesitaría para lograrlo. Para los partidarios de Maduro, las razones para creer que valdría la pena cambiar de bando eran muy pocas.

La prohibición de comprar petróleo a Rusia ha dado un nuevo giro a la historia, ya que la semana pasada representantes de Estados Unidos se desplazaron a Venezuela para discutir una posible flexibilización de las sanciones petroleras para garantizar un suministro algo mayor si se produce un parón de Rusia.

Al mismo tiempo, un modesto aumento de los ingresos petroleros, la liberación del uso del dólar, la liberalización del comercio y las privatizaciones han dado un pequeño impulso económico a Venezuela. Con el precio del petróleo por las nubes, Maduro tiene cartas de negociación más fuertes de las que ha tenido en mucho tiempo.

Está claro que hay muchas diferencias entre las sanciones que intentan detener una brutal guerra de invasión y las sanciones que buscan un cambio de régimen. Y Rusia no es Venezuela.

Pero la experiencia de Venezuela da motivos para pedir cautela con la implementación de medidas que fortalecen la cohesión nacional, las redes criminales y las alianzas alternativas, y que debilitan las fuerzas sobre las que queremos construir una relación con Rusia.

Ni el sentido de la justicia ni el deseo de venganza son buenas brújulas cuando se trata de la política de sanciones.

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Vemos la invasión de Ucrania y el mundo con ojos prestados

Rubens de Siqueira Duarte
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Vemos la invasión de Ucrania y el mundo con ojos prestados

¿Hasta qué punto es importante ver el mundo según nuestros propios ojos, en lugar de adoptar la lectura de los demás? Con la invasión rusa de Ucrania, los medios y las redes sociales se han visto sobrepasados por el tema. En pocos días, surgieron en la sociedad brasileña y otros países latinoamericanos expresiones de consternación y empatía con los afectados. Los críticos tampoco tardaron en recordar que hay otras guerras que no han recibido la misma atención. Yemen, Siria, la República Centroafricana, así como los conflictos con raíces socioeconómicas en América Latina se utilizaron a menudo como ejemplos de selectividad.

Por supuesto, todo sentimiento de solidaridad debe ser bienvenido, aunque no se produzca en todas las ocasiones. Sin embargo, cabe preguntarse por qué la guerra de Ucrania tiene un mayor impacto en una parte de la sociedad que otros conflictos, incluso de algunos que ocurren a diario dentro de nuestros países o de la región. ¿Vemos el mundo con ojos de Europa o de Estados Unidos?

En comparación con estos conflictos citados, la guerra de Ucrania presenta diferencias evidentes. Sería un error no reconocer los detalles de lo que está ocurriendo. Para empezar, implica a Rusia, que es una potencia militar y nuclear, lo que confiere un mayor potencial destructivo a este choque. La decisión de Vladimir Putin de poner el arsenal nuclear en alerta sugiere que un ataque con armas de destrucción masiva no está tan lejos.

El choque ruso-ucraniano tiene también una gran carga simbólica. Los recientes acontecimientos reavivan el recuerdo de la Guerra Fría, que evidentemente sigue viva en el imaginario colectivo, aunque el colapso de la Unión Soviética tuvo lugar hace más de 30 años. Así, surgen todas las imágenes y lecturas propagandísticas estereotipadas que describen la lucha entre el bien y el mal. Además, el fantasma del comunismo sigue curiosamente latente en las disputas ideológicas de la escena política regional y nacional en el siglo XXI.

Los debates sobre la invasión de Ucrania en el caso brasileño

Las especificidades mencionadas importan y ayudan a entender cómo ven los brasileños el conflicto. Pero sigue siendo insuficiente. ¿Cómo explicar el predominio de los análisis que culpan casi exclusivamente a Rusia de la guerra? ¿O el esfuerzo por demonizar a Vladimir Putin? ¿Y la victimización de Europa? Poco se dice de la acción europea de alentar y fomentar insistentemente a los partidos, instituciones y movimientos que se oponían al acercamiento con los rusos. En diciembre de 2013, cuando el gobierno ucraniano decidió un acuerdo comercial con Rusia, en detrimento de la Unión Europea, las revueltas que se produjeron en el país estuvieron influenciadas por los países occidentales.

Este sesgo también se puede comprobar en los análisis de algunos especialistas. Insistimos en lecturas que afirman que Rusia está aislada, cuando no lo está. Los 35 países que se abstuvieron o los 4 que, además de Rusia (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria), votaron en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba las acciones de Rusia, representan más del 50% de la población del planeta.

Algunos dicen que estamos viendo el fin de un orden mundial. Como sabemos, un orden mundial se compone de valores, principios, normas e instituciones que determinan el comportamiento que se considera apropiado para los actores internacionales. La guerra en Ucrania es el resultado de un patrón de comportamiento ruso que choca con otro patrón de comportamiento: la expansión de la influencia occidental y sus instituciones en la antigua zona de influencia soviética. Así ocurrió en Georgia en 2008, en Crimea en 2014 y ahora en Ucrania. Además, el orden establecido ha sido desafiado otras veces, como en la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, en la proliferación nuclear por parte de países ajenos al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y en numerosos actos y discursos de Donald Trump cuando ocupaba el cargo de presidente de Estados Unidos. Si en estos episodios no se hablaba de un nuevo orden mundial, resulta cuanto menos curioso que se promueva ahora ese cambio.

Tal vez sea hora de recordar que la visión del mundo que predomina en Brasil no es brasileña. Leemos el juego geopolítico internacional según lo que nos han enseñado. Nuestra percepción del mundo, de los principios, de los valores, así como los prejuicios y estereotipos, reflejan una historia llena de influencias externas. Atribuimos mayor o menor importancia a los acontecimientos según el interés de otros países y otras sociedades.

En las Relaciones Internacionales existe una estructura de producción de conocimiento que dificulta la creación de teorías por parte de autores de países con menor poder relativo. Por ello importamos conceptos, metodologías y lecturas pensadas por gente de países poderosos para pensar en su realidad. Con ello, importamos el etnocentrismo, no el nuestro, sino el de los demás. Esto no es nada nuevo, pero nuestra incapacidad para superar esta barrera es sorprendente. En un mundo cada vez más globalizado, el desarrollo de una visión propia del mundo resulta fundamental para la construcción de un proyecto de país. Tenemos que empezar.

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Cuando lo trágico tapa lo urgente

Leonardo Stanley
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Cuando lo trágico tapa lo urgente

La temperatura global aumentará ―supuestamente― para entre los años 2030 y 2052 ese grado y medio que tiene como referencia la era preindustrial y que marcaría una línea roja para la sostenibilidad del planeta.

Así lo afirma el último informe de expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC), en el que se especifica que, de no actuar de forma inmediata, las consecuencias no solo resultan catastróficas, sino irreversibles. Sin embargo, si la ventana de oportunidad se está cerrando para la humanidad, las acciones de los líderes no hacen más que acelerar la debacle. Pocos días antes de que se emitiera el informe, Rusia comenzó la invasión a Ucrania, lo que es un conflicto en gran medida signado por la geopolítica del petróleo y que implicará un retroceso de los avances a corto plazo.

No resulta claro, no obstante, en qué medida la guerra afectará a la transición energética. Recordemos que Rusia provee más del 40% del gas que utiliza Europa, lo cual habla de la magnitud del conflicto. De seguro, la actitud adoptada por Vladímir Putin, si bien implica un gran impulso para la industria petrolera a corto plazo, debido a la necesidad de suplir el vacío de hidrocarburos rusos tras las sanciones, a mediano y largo plazo acelerará los planes de la transición verde que lleva adelante Bruselas. 

Según Frans Timmermans, comisionado europeo para el Pacto Verde, la UE puede incrementar las importaciones de gas licuado, avanzar con la generación limpia y reducir la demanda con medidas de eficiencia. Algunos especialistas concuerdan con tal visión optimista, aun cuando reconocen el desfasaje temporal a corto plazo.

Lamentablemente, el conflicto también ha generado un aumento en el precio de los fósiles, a todas luces exorbitante, pero que ha beneficiado extraordinariamente a la industria. Estos precios inducen a continuar con las tareas de exploración, lo que retarda el cumplimiento de las metas de emisiones netas cero recientemente comprometidas. El conflicto generó también un desplome en el mercado de permisos de emisión europeo.

Más allá de las ganancias extraordinarias, a ambos lados del Atlántico surgen reclamos en pos de gravar dichas rentas. Greenpeace milita activamente por su imposición, visión que es compartida por el líder laborista Keir Starmer (Gran Bretaña) y la senadora del Partido Demócrata, Elizabeth Warren (EE. UU.).

Sin embargo, cuanto más rápido se intente salir de la oferta rusa, mayor será el incremento que se observe en emisiones, y mayor el aumento en los costos económicos, según la Agencia Internacional de la Energía (IEA). En tal sentido, la posibilidad de gravar las rentas extraordinarias permite al Estado apropiarse de las divisas y destinarlas a financiar la transición, tanto como para subvencionar los consumos de los hogares y empresas. Para la UE, ello permitiría, a su vez, reducir la dependencia del gas ruso. 

Avanzar con la transición es un hecho político y, tal como plantea Christian Lindner, ministro de Finanzas de Alemania, “la energía limpia es la energía de la libertad”. De hecho, casi la mitad de la humanidad es vulnerable al cambio climático. De continuar el esquema actual y de agravarse la crisis climática, los costos de mantener la seguridad y la salud de la población resultarán prohibitivos. 

Pero los impactos no terminarán afectando a todos por igual, ya que algunas regiones son más indefensas, y ciertos sectores de la población estarán más expuestos. La vulnerabilidad esconde la profunda desigualdad que caracteriza a nuestras sociedades.

El informe del PICC, del cual participaron unos 270 científicos de 67 países, reconoce la interdependencia del clima, los ecosistemas y su biodiversidad, así como la sociedad, adoptando, a su vez, una visión integradora que considera al hombre y su interrelación con la naturaleza. De continuar el incremento en la temperatura promedio, numerosas partes del planeta se volverán inhabitables y la adaptación no solo devendrá más costosa; puede que se torne inviable. De hecho, si la temperatura promedio se sigue incrementando, el 8% de las tierras actualmente productivas no resultarán aptas para cultivo, lo que pondrá a la seguridad alimentaria en el tope de la agenda.  

Asimismo, el informe destaca, y como bien lo demuestra el contexto actual, que el cambio climático es un problema político cuya solución requiere de una mirada justa y solidaria. Y es político, cuando observamos que el costo de la inacción resulta más caro que iniciar la transición. Esto ha sido históricamente destacado por la comunidad científica y ahora comienza a ganar adeptos entre los hacedores de política. 

Lamentablemente, quienes más tienen no están dispuestos a ceder y, en definitiva, se retrasa la transición. Si sigue la tendencia actual, no solo se producirán más muertes o aumentará el hambre, tal como lo resalta el informe; también se amplificará el nivel de conflictividad. 

Aquellos que en la región apuestan por los fósiles deberían tener una mirada estratégica del conflicto y observar las consecuencias a largo plazo que este puede generar. Tomar decisiones de inversión con base en los precios actuales puede servir de poco, la transición habrá seguido avanzando y la demanda internacional perderá dinamismo para cuando los proyectos en carpeta finalmente maduren. Ello no implica desconocer las posibilidades que surgen en lo inmediato, pero sí evitar que lo trágico no tape lo urgente. 

La vuelta de la izquierda en América Latina… ¿Pero qué izquierda?

Diego M. Raus
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La vuelta de la izquierda en América Latina… ¿Pero qué izquierda?

¿Es la izquierda que está surgiendo en la región un déjà vu de la de comienzos del siglo XXI o es otra izquierda? Ni parecida, ni diferente. Las columnas políticas de los medios de comunicación vuelven a encontrar un cambio político en la región. El triunfo de Gabriel Boric en Chile, la propuesta todavía indefinida de Pedro Castillo en Perú y las victorias de Xiomara Castro en Honduras, Laurentino Cortizo Cohen en Panamá, la vuelta del MAS en Bolivia y los gobiernos ya establecidos de AMLO en México y Alberto Fernández en Argentina, además de las posibles victorias de Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil, que algunos ya dan por seguras, han marcado el viraje. Es decir, una definición amplia y generosa de Gobiernos de izquierda. 

El comienzo del siglo XXI tiñó de izquierda a los nuevos Gobiernos de la región. Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez, José Mujica, Fernando Lugo, Evo Morales, Rafael Correa y algún otro reconfiguraron el mapa político de América Latina. Pero había una novedad: confluían en una izquierda distinta respecto a los idearios de izquierda que se plantearon como alternativas en los sesenta y noventa. 

Aquellas nuevas izquierdas no eran marxistas, por lo que se les adjudicaron diferentes nombres para caracterizarlas: nueva izquierda, progresismo, neopopulismo. Se han escrito bibliotecas para entender la naturaleza de esas izquierdas.

Una nueva nueva izquierda

Actualmente, luego del giro “light” a la derecha, emerge una nueva ola de Gobiernos de izquierda de diferente naturaleza, con programas, objetivos y visiones diversas, aunque dependiendo de la realidad de los países. Esto, por no hablar de su visión del mundo globalizado e interconectado económica y geopolíticamente.

El primer eje para analizar esta nueva nueva izquierda es la evidente heterogeneidad de su naturaleza y sus objetivos programáticos. Más allá del mote “izquierda”, una primera mirada advierte tonos bastante disímiles entre lo que encarna una izquierda representada por Boric y Petro respecto a la izquierda de Castillo y, todos ellos con la muy posible vuelta de una izquierda lulista, siempre considerada icónica en el mapa de la izquierda latinoamericana.

Se podría definir a Boric y a Petro como una izquierda con tintes socialdemócratas, pero intercalada fuertemente con reivindicaciones posmateriales que devienen de nuevas subjetividades sociales. Mientras tanto, la izquierda peruana tiene un discurso, al menos electoralista, de corte marxista, mixturado con cosmovisiones propias de las tradiciones serranas e indigenistas, muchas de ellas muy conservadoras culturalmente. 

El segundo eje de análisis pasaría por advertir los marcos estructurales en que se desplegaría esta nueva izquierda. Parece claro que Boric y Petro recogen las demandas sociales producto de sociedades pujantes económicamente, pero adalides de las inequidades sociales que delinean a la región. Son portavoces de un cambio generacional muy dinámico en sus respectivos países que salió al espacio público a exigir un nuevo “orden de las cosas”. 

Estas nuevas generaciones demandan política pública respecto a lo que debe ser una vida justa: medio ambiente, género, sexualidades, minorías, control de las propias vidas. Es decir, piden libertades. Y eso es nuevo en la historia de las izquierdas de la región. Son libertades liberales y tienen toda la carga que el concepto político de liberalismo tuvo siempre en la izquierda latinoamericana. 

El tercer eje de análisis es el posicionamiento de estas izquierdas con relación al orden económico global, un orden que, pasados casi veinte años de la dominancia de la izquierda latinoamericana en el siglo XXI, se ha consolidado en su enclave de mercado global y capitalismo. 

Si los primeros Gobiernos de izquierda del siglo XXI generaron resistencias al orden económico a través de organizaciones como la ALBA o conceptos como el “socialismo bolivariano” o “buen vivir”, estas nuevas izquierdas emergen en un sistema mundo económico absolutamente encorsetado en los marcos del capitalismo financiero global. Quizás sea por eso que en sus programas políticos se “esquivan” las definiciones económicas, más allá de las proclamas con relación a una mejor y más justa distribución de los excedentes. 

Hay algo nuevo en la política latinoamericana que despierta esperanza si viene a sustituir a las ultraderechas de Jair Bolsonaro, Iván Duque o Nayib Bukele, neoliberales en lo económico y autoritario-represivas en lo político. Como fenómeno político nuevo es necesario entenderlo y definirlo en su visión de las nuevas subjetividades que constituyen la vida social. 

¿Esta nueva nueva izquierda trae consigo novedades? Sin duda. Empezando por el hecho de que han dejado en el olvido los antiguos mitos y se han alejado de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, la resaca de las izquierdas del siglo XXI. 

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