La tendencia hacia los pagos digitales en América Latina

Juan Pablo D'Antiochia
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La tendencia hacia los pagos digitales en América Latina

En 2020, América Latina experimentó cambios impactantes en los canales de pago en medio de la pandemia. Los índices comparativamente más bajos de penetración del comercio electrónico, junto con un mercado de puntos de venta dominado por el efectivo físico, sufrieron un cambio radical que se extendió por toda América Latina. El Covid-19 puso de manifiesto las desventajas del papel moneda y obligó a millones de empresas y consumidores a recurrir a las alternativas de pago disponibles.

El volumen de transacciones de comercio electrónico se ha disparado en la región durante el último año, a pesar de un clima de recesión que ha reducido el tamaño global de la economía. Muchos latinoamericanos recurrieron al comercio electrónico por primera vez durante la pandemia de Covid-19. Para hacernos una idea, más de diez millones de consumidores de esta región hicieron su primera compra digital por la necesidad impuesta por la crisis sanitaria. Y el efectivo en el punto de venta se redujo en un 34,7% como consecuencia de la pandemia; en 2019, el efectivo fue el pilar del comercio latinoamericano, acaparando la mayor parte del gasto en el punto de venta.

Se prevé que las transacciones de comercio electrónico en América Latina superen los 160.000 millones de dólares en 2024, con tasas de crecimiento continuas de dos dígitos en las mayores economías de la región: Brasil (11,9%), México (15,8%) y Argentina (22,3%). La baja penetración del comercio electrónico en la región sugiere además que América Latina ofrecerá un fuerte potencial de crecimiento a lo largo de la presente década.

La ventaja de los pagos a plazos, muy extendidos en esta región, hace que las tarjetas de crédito sigan siendo bastante populares: siguen estando a la cabeza de los medios de pago electrónicos en los seis países latinoamericanos que aparecen, por ejemplo, en el estudio The Global Payments Report 2021, siendo el porcentaje más bajo de la región el 29,1% de México y el más alto el 43,2% de Brasil.

El débito, por su parte, ha crecido un 37% en el último año, pasando del 11,9% (2019) al 16,3%. El aumento de este método de pago se atribuye a la mayor cantidad de compras de pequeño valor, ya que el gasto diario que antes se realizaba en el punto de venta se ha trasladado a Internet. Además, los gobiernos y los bancos también han promovido su uso como alternativa al efectivo físico.

Con una serie de transformaciones que se están produciendo en diferentes segmentos, la pandemia también ha acelerado el crecimiento de los monederos digitales en tres años, superando la proyección anterior a Covid-19 para 2023. Esto significa que el uso de recursos tecnológicos, como los programas informáticos ofrecidos al público en forma de aplicaciones como teléfonos inteligentes, ordenadores y otros medios digitales, para realizar pagos y transferencias se ha vuelto más común en la actualidad.

El análisis de The Global Payments Report indica que se espera que los monederos digitales continúen su sólido crecimiento, superando a las tarjetas de crédito para convertirse en el principal método de pago de comercio electrónico en la región para 2024, cuando se espera que capten el 31,2% de las transacciones de comercio electrónico.

Según el estudio, los monederos digitales y el débito son los únicos métodos de pago del comercio electrónico que se prevé que crezcan hasta 2024. Las tarjetas de crédito, las tarjetas de compra, las transferencias bancarias, el pago contra reembolso y los servicios de pospago, por otro lado, tendrán un descenso gradual de la participación en los pagos del comercio electrónico.

Si por un lado se produjo el crecimiento de los medios de pago alternativos derivados de la pandemia, como las billeteras digitales y las transferencias bancarias, el uso del efectivo mostró un descenso en el comercio en toda la región latinoamericana: 31,3% en Argentina, 24,9% en Brasil y 36,8% en México. El declive del efectivo en el punto de venta ha sido absorbido por las tarjetas, la financiación de los puntos de venta y, sobre todo, los monederos digitales. Todas las formas de pago con tarjeta experimentaron un aumento de la cuota de los pagos en los puntos de venta en la región: las tarjetas de crédito ganaron un 17% en 2019 para alcanzar el 26,1% del gasto en 2020, mientras que las tarjetas de débito ganaron un 37,3% en 2019 para alcanzar el 23, 2%.

Tanto las tarjetas de compra como las de prepago han adquirido una mayor presencia en la región. Las opciones de financiación en el punto de venta alcanzaron un punto de comodidad entre los consumidores latinoamericanos en los planes de pago, incluyendo las soluciones de mercado, los servicios de «compre ahora, pague después» y las ofertas de financiación por parte de los comerciantes. Una nueva categoría analizada este año, la financiación en el punto de venta, captó el 3,7% del gasto en el punto de venta de la región en 2020.

Teniendo en cuenta el periodo que va desde el año pasado hasta 2024, el descenso del efectivo continuará sin contratiempos significativos, sea cual sea la trayectoria de la pandemia. Sabemos que una vez que el consumidor disfruta de una experiencia positiva y segura, no volverá a los métodos y canales del pasado. Y así lo muestran algunas proyecciones, que indican que el efectivo físico caerá otro 36,1% desde los niveles de 2020, abandonando la primera posición en medios de pago en el TPV para 2024.

Las polémicas ciudades modelo en Honduras

Dardo Justino Rodríguez
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Las polémicas ciudades modelo en Honduras

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), —promocionadas como ciudades modelo— aprobadas por ley en Honduras en septiembre de 2013 tras un proceso controvertido, han recorrido un largo camino aletargado para explotar en este año electoral. Tras varios amagues previos de crear estos emprendimientos en Amapala, en el sur del país, en Choloma, al norte de San Pedro Sula u otras zonas de la costa caribeña, parece que esta vez va en serio. En marzo pasado, súbitamente, estallaron protestas en Crawfish Rock, en la isla de Roatán, contra la ZEDE Roatán Próspera, montada por un consorcio de inversionistas internacionales (Honduras Próspera) sin ninguna consulta previa a las autoridades ni a la comunidad.

Previamente, en abril de 2019, se corrió la bola de la construcción de la primera ZEDE en Choloma, departamento Cortés, bajo el nombre de Ciudad Morazán, pero no fue hasta octubre de 2020 cuando trascendieron algunas novedades, cuando se afirmó que el emprendimiento llevaba invertidos unos 90 millones de dólares en la compra de un terreno, viviendas y edificios de oficinas.

Se ignora quiénes son los inversores de Roatán Próspera y de Ciudad Morazán, pero se infiere que serían los mismos capitales. Ahora bien, ¿quién invertiría en proyectos fuertemente criticados por empresarios, políticos, líderes confesionales, académicos, sindicalistas y referentes sociales?

Las quejas contra las ZEDE parten de todos los sectores, excepto de aquellos que todavía permanecen junto al presidente Juan Orlando Hernández (JOH) y defienden sus planes.

Ciertos analistas sospechan que es probable que los inversores detrás de estos emprendimientos sean el propio presidente y su círculo más íntimo. No es tan alocada la inferencia. Capital financiero no les faltaría, pues a lo largo de tres administraciones cachurecas —como se conoce a los nacionalistas—, les han llovido denunciadas por corrupción y vínculos con el narcotráfico.

El origen de las ZEDE

Todo comenzó cuando el actual primer mandatario, JOH, era presidente del Congreso Nacional. Su idea era crear ciudades modelo sobre la base de experiencias previas vigentes en diversas partes del mundo. Las primeras menciones sobre estas iniciativas en Honduras surgieron en 2011.

El concepto, originalmente, estaba basado en la idea de «ciudades chárter», desarrollado por el economista Paul Romer, por esos días profesor de la Universidad de Nueva York y  posteriormente economista en jefe del Banco Mundial. Pero el académico, que inicialmente apoyó y hasta asesoró la iniciativa de Hernández, finalmente tomó distancia de los planes de Honduras por no estar de acuerdo con el rumbo que tomaban el proyecto.

En 2012, tras un fallo adverso al primer proyecto presentado sobre las ciudades modelo, cuatro de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron destituidos por el Congreso. La excusa fue que se habían opuesto al proceso de depuración policial, otro controversial proyecto de JOH. Sólo sobrevivió el magistrado Oscar Fernando Chinchilla Banegas, quien había votado a favor de las iniciativas. Como premio a su lealtad, Chinchilla ya lleva dos períodos como Fiscal General del Ministerio Público.

¿Refugios para los corruptos?

Crecen las espeulaciones de que las ZEDE pueden convertirse en refugio, por lo menos temporal, para los ahora funcionarios cuando dejen el poder. Los riesgos de ser denunciados ante la justicia por el nuevo gobierno, incluso si éste también fuera cachureco, son altos. Además, existe el riesgo de ser requeridos por la Justicia de Estados Unidos por sus supuestas relaciones con los carteles de la droga.

Rrecientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó jurisdicciones especiales para las ZEDE, con jueces y tribunales propios, aunque, de acuerdo con la resolución, “sujetos a la Constitución Política de la República”. Según la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, estas zonas son áreas del territorio nacional sujetas a un «régimen especial» en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.

Esto implica, según la ley, que las ZEDE «deben establecer sus propios órganos de seguridad interna (….) incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario».

Las reacciones contrarias

Ante la concreción de un par de ZEDE, con la posibilidad de que sean muchas más, la sociedad hondureña ha reaccionado airadamente de forma casi unánime. Desde el empresariado, el todo poderoso Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), así como las Cámaras de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y de San Pedro Sula (Cortés), las más fuertes en el país, se han pronunciado en contra de estas iniciativas, incluso con argumentos bien fundamentados para justificar su posición.

Asimismo, la Iglesia Católica, comandada por un cardenal afín al oficialista Partido Nacional, por familia y convicción, y la Confraternidad Evangélica de Honduras, un sector cuyos pastores han sido fuerte apoyo de JOH desde hace años, se han pronunciado en contra, aunque con diferentes matices. Y en muchos municipios, se ha llamado a Cabildo Abierto, una figura constitucional que permite a la población opinar y decidir sobre temas inherentes a la vida dentro de su jurisdicción. Todos los cabildos concretados se han pronunciado para ser “territorios libres de ZEDE”.

Sin embargo, para el gobierno sólo vale lo que el presidente y sus funcionarios promueven. Con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, que se infiere serán conflictivas, escasamente transparentes y con posibilidades de un nuevo fraude, las ZEDE se han convertido en un punto más de fricción.

China en América latina: el Partido y los partidos

Fabián Bosoer
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China en América latina: el Partido y los partidos

La proyección de China como potencia mundial no es solo económica y geopolítica. Empieza a serlo, también, en la dimensión política e ideológica, en los términos de lo que se da en llamar el “soft power” y las batallas por la hegemonía cultural: cómo influyen las ideas, imágenes y simbologías en el devenir político de los países y en los debates nacionales. La pandemia coloca además otro factor en esta pugna global: la pregunta por los “modelos” más efectivos o «exitosos» para salir de la crisis sanitaria que afecta a la humanidad. 

Así lo mostró la reciente Cumbre del Partido Comunista Chino y los partidos políticos del mundo, un megaevento virtual organizado en el marco de la celebración del centenario del PCCh, del que participaron más de un centenar de dirigentes de más de 160 países, encabezado por el presidente de la República Popular China y secretario general del Comité Central del PCCh, Xi Jinping.  

Allí hubo de todo. Entre ellos, numerosos líderes y dirigentes latinoamericanos: el presidente argentino Alberto Fernández, que es también actualmente el titular del Partido Justicialista, cabecera de la coalición gobernante, el Frente de Todos; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, secretario general del partido comunista cubano; Evo Morales, ex presidente de Bolivia acompañado por una delegación del MAS (Movimiento al Socialismo) actualmente gobernante en su país, representantes de partidos comunistas de varios países de América latina, africanos y asiáticos y referentes de movimientos de izquierda alternativa europeos.  

Estuvieron también presentes desde el presidente sudafricano y líder del Congreso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa,  y el ex presidente de Rusia y viceministro del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvedev, hasta líderes con dudosas credenciales democráticas como Nursultán Nazarbáyev, ex jefe de estado de Kazajistán entre 1990 y 2019 y Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas que gobierna con ley marcial y ejecuciones sumarias. Prácticamente no se vieron mujeres entre los participantes. 

La novedad es que en esta etapa de su “ascenso pacífico”, la República Popular China, al tiempo que aboga por el principio de no injerencia en el escenario internacional, adopta un mayor activismo en cobijar, alentar y promover a fuerzas políticas desencantadas, críticas o manifiestamente adversas a la democracia liberal, tal como esta ha sido concebida, establecida y alcanzada en el mundo occidental y expandida en el mundo entero a lo largo del último siglo.  

Tras la tercera ola de democratización, así definida por Samuel Huntington, que acompañó el fin de la Guerra Fría (1974-1990) y la cuarta ola democratizadora que impulsó otras tantas movilizaciones y avances en la conquista de derechos, entrados en las primeras dos décadas de este siglo XXI, hace tiempo que se vienen observando indicadores que mostrarían la entrada en un ciclo de reversión, recesión o retroceso de la democracia, los que afectan tanto a países centrales con democracias maduras como del mundo emergente, con democracias más recientes. 

Un desafío claro al liderazgo alicaído de los EE.UU. en la materia, que puede ser leído de dos maneras: como una reedición de la bipolaridad Este/Oeste, en la que Beijing ocupa el lugar que tuvo Moscú en tiempos de la Guerra Fría, o como un aliento de la multipolaridad y el multilateralismo, tendencias ambas que pueden ser concurrentes o divergentes y conflictivas. En esta cumbre, el anfitrión Xi Jinping señaló que “el juicio sobre si un país es democrático o no debe hacerlo su propio pueblo, no un puñado de otras personas”. 

Xi destacó, además, el papel de “los partidos políticos como una fuerza importante para impulsar el progreso de la humanidad” para continuar afirmando que estos “deben trazar el camino correcto a seguir y asumir la responsabilidad histórica de garantizar el bienestar del pueblo”. Esa es la diferencia sustancial: hay quienes creen que “el camino correcto” ya está escrito y transitado en el pasado y solo cabe tomar esa senda fijada, reprimiendo o despreciando a quienes se aparten de ella, y hay quienes creen que tal camino es aquel que se define garantizando que los pueblos se puedan expresar, elegir y decidir libremente su destino. 

Bienvenido entonces este reconocimiento desde la República Popular China a la importancia de “los partidos políticos”, así puesto: en plural. Aunque en China, partido hay uno solo, claro. Podría estar evidenciando un mayor acercamiento y comprensión de los líderes chinos a la experiencia histórica de la modernidad occidental, de la que forma parte, con sus particularidades, América latina. Desde las primeras luchas por la emancipación en el siglo XIX, los pueblos latinoamericanos se agruparon en partidos políticos para alcanzar su autodeterminación, libraron cruentas guerras civiles, sufrieron dictaduras y encontraron en la democracia pluralista el menos malo de los sistemas políticos para resolver sus conflictos y convivir en paz.  

Por eso, quienes rinden alabanzas al «modelo chino» o pretenden replicar la “democracia de partido único” como una supuesta alternativa a la democracia pluralista, están errando el camino. No creen que la verdadera democracia deba garantizar elecciones libres y competitivas. No les interesa mucho la importancia fundamental de la libertad de expresión y el derecho a la crítica y la protesta, cualquiera fuera el signo del gobierno o los contenidos de sus políticas. No creen que la alternancia en el poder entre distintas fuerzas políticas sea algo beneficioso para las sociedades. Justifican la licitud de censurar, prohibir, perseguir o reprimir a quienes cuestionan que un gobierno pueda controlar todos los resortes de la vida de un país.  

Deberían reconocer que lo que en realidad están reivindicando es alguna forma de dictadura. Por las razones y justificativos que fueran. No lo hacen porque no pueden sostener de manera creíble los supuestos beneficios de una dictadura. Es más fácil, entonces, sembrar la prédica sobre los defectos de las democracias. China, mientras tanto, observa expectante. Y proyecta a escala planetaria su visión del mundo que viene.

*Este texto es una versión ampliada de un texto publicado originalmente en Clarín, Argentina.

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La política contemporánea y los antagonismos feroces

Diego M. Raus
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La política contemporánea y los antagonismos feroces

Jacques Ranciere, filósofo político francés, escribe que la política existe porque existe el desacuerdo. Porque el desacuerdo es constitutivo de la vida humana y social. Y, de ahí, la necesidad de la política. No para anular el desacuerdo, aunque eso también es política, la política dictatorial, sino para llegar a arreglos mínimos que nos permitan vivir en el desacuerdo. En este sentido, hace ya décadas se fue instituyendo y perfeccionando el sistema electoral como la manera más óptima de representar en un gobierno las decisiones, producto de los debates pertinentes, que nos incumben a todos. El desacuerdo formalmente instituido e instituyente.

Las elecciones, entonces, fueron un campo de batalla de ideas, posiciones, representaciones sobre la vida social. Arena política que entraba en ebullición en los momentos electorales para que, pasado ese fragor, con vencedores y vencidos democráticos, las cosas volvieran a un cauce tal que permitiesen el despliegue de la vida cotidiana. Los ánimos exacerbados en la contienda electoral dejaban paso a las incumbencias y preocupaciones personales, grupales y sectoriales. Ni la paz celestial ni la pax romana. Simplemente seguir viviendo y esperando la próxima batalla.

La política de los últimos años

La política de los últimos años está mostrando otras características: un antagonismo material y simbólico feroz, dialéctica e ideológicamente violento, que sobrevive a las contiendas electorales. Una división —no necesariamente en dos— social, política y hasta filosófica que pervive a las elecciones y, lo más significativo, que recrudece luego de éstas. Un cuadro social en el que se mantienen en calidad de confrontación las posiciones políticas más allá del resultado electoral. Sociedades fragmentadas sin que la política electoral genere los bálsamos necesarios para unificar ciertos criterios y decisiones respecto a las políticas a seguir.

Es necesario aclarar: no sobreviven los ánimos confrontativos en virtud de las opciones electorales que acaban de competir, es decir de los partidos políticos que se presentaron. Perviven enfrentamientos y antagonismos sustentados en representaciones de la vida política y social, representaciones que los partidos en competición electoral más o menos asumieron programáticamente. Las elecciones, más allá de ganadores y perdedores, no difuminan las posiciones sociales ideológicamente instituidas.

La última elecciónen EE.UU. es un paradigma de ello. Ya no es la clásica contienda demócratas vs. republicanos. Quizás ni siquiera entre Trump y Biden. Se trata de una feroz batalla ideológica, cultural y simbólica entre dos maneras de representar los valores de una correcta vida humana y social en el contexto de la globalidad contemporánea. Visiones absolutamente contrapuestas e irreconciliables. Imaginarios que apuestan por una institucionalidad social compuesta de valores absolutamente confrontados, de mutua exclusión. Y esa división no la diluye el resultado electoral; por el contrario, quizás la recrudezca.

El escenario en América Latina

El mismo escenario se libra ya, desde hace década y media en América Latina, entre las posturas comunicacionalmente definidas como populistas y republicanas, complejizadas ahora por la división entre populismos de derecha y de izquierda. En Europa entre populismo y liberalismo filosófico-político. O entre nacionalismo y cosmopolitismo cultural. En algunos países asiáticos entre un autoritarismo definido como necesario pues mantiene las tradiciones ante la disolvencia de valores culturales y las opciones más occidentalizadas. Ni hablar en los sistemas políticos teocráticos.

En la contemporaneidad latinoamericana esta polarización social se observa nítidamente en los últimos sucesos políticos. La reciente elección en Perú puede leerse como problemática, no solo por el casi empate electoral sino porque refleja una aguda e irreconciliable división en la población entre dos proyectos antitéticos de futuro. La resolución definitiva de la Junta Electoral, que previsiblemente reconocerá el triunfo de Pedro Castillo, exacerbará, cabe especular, el enfrentamiento al interior de la sociedad peruana.

La constituyente chilena, más allá de su heterogénea composición, se resume claramente entre quienes quieren una reforma estructural del modelo vigente desde hace 40 años y quienes solo aceptarán retoques cosméticos al texto constitucional heredado del pinochetismo.

El conflicto colombiano es tan divisorio que los análisis políticos prevén una próxima contienda electoral en donde el potencial triunfo de Gustavo Petro implique el fin del uribismo. Lo mismo en Brasil donde los traspiés, por decirlo elegantemente, de Bolsonaro, son directamente proporcionales a la suba en las encuestas de Lula. Las próximas elecciones de medio término en Argentina observan el mismo componente: confrontación y división tajante de la sociedad en dos opciones casi excluyentes, al menos en la aceptación social.

La disputa y el enfrentamiento es atemporal

Lo interesante es notar que lo que parecen ser contiendas electorales reñidas lo son en tanto representan divisiones sociales muy fuertes, violentas en algunas etapas, irreconciliables, al punto que constituyen los vectores reales de la disputa político-electoral.

Generalmente, las disputas electorales en los sistemas políticos representativos traen consigo debates y enfrentamientos que tienen el tono y el tiempo de lo que duran esos momentos. Hoy, pareciera estar aconteciendo lo inverso: la disputa y el enfrentamiento son atemporales, residen en el seno de la sociedad. Las elecciones solo son amalgamas muy parciales de diferencias, rabias y odios.

La política electoral ya no cumple la promesa democrática de ser catalizadora de las pulsiones sociales y, en su resolución, generar caminos sinuosos pero progresivos, generadores de visiones de futuros posibles. La política electoral se ve actualmente rebasada por desacuerdos personales y sociales, entroncados en concepciones vitales de la vida social. Una modalidad de desacuerdo que excede a la democracia representativa. Una estructura del desacuerdo que es incluso disruptiva de la forma democrática de validar la vida en sociedad. Esa forma democrática a la que Winston Churchill consideraba “el menos malo de los sistemas políticos” conocidos hasta ahora.

Foto de Presidencia de la República Mexicana

¿Está en peligro la democracia argentina?

Santiago Leiras
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¿Está en peligro la democracia argentina?

A partir del conflicto del año 2008, comenzó a incrementarse en Argentina la violencia simbólica. Hubo un retorno de la confrontación que trajo aparejada la emergencia de una serie de expresiones tendientes a la descalificación del adversario y a la exacerbación de divisiones (pre) existentes en la sociedad argentina. Aparecieron términos de dudosa capacidad explicativa, pero de indudable eficacia persuasoria como la categoría de “destituyente” o metáforas como “la grieta” para dar cuenta de conflictos y fracturas que parecían (y algunos parecen) existentes desde tiempos inmemoriales.

La crisis de la democracia a nivel global

Uno de los grandes debates contemporáneos en el ámbito internacional está sin duda relacionado con la crisis de la democracia a nivel global, como así también con el surgimiento de alternativas “iliberales” a la democracia. De esta manera, el hasta hace poco tiempo atrás inevitable y arrollador avance de la democracia liberal a escala mundial se ha visto desafiado por nuevas alternativas competitivas durante las primeras décadas del siglo XXI.

No estaríamos aquí en presencia de un desenlace resultado del “Backslading” o la “Regresión democrática”, tampoco del clásico “Breakdown” o “Quiebre” de las democracias resultado de la proliferación de golpes de carácter cívico-militar entre la segunda y tercera oleada democrática. Nos encontraríamos frente a una lenta erosión de la democracia mediante una serie de cambios que, amparados en procedimientos legales, socavan la democracia en un proceso de creciente autocratización.

En este marco, un régimen político puede ser definido como democrático si cumple con al menos tres condiciones básicas. Primero, un proceso de elecciones razonablemente libres, competitivas y transparentes. Segundo, un resultado electoral que cuente con la aceptación o por lo menos la tolerancia del mismo por parte de los perdedores. Y por último, excluye el uso de la violencia (física o simbólica) en la disputa política.

¿Cómo se ha desarrollado la democracia en Argentina desde 1983?

La democracia argentina ha dado sobradas muestras de resiliencia a lo largo de las últimas tres décadas, debiendo hacer frente a las crisis militares entre 1987 y 1990, económica de 1989/1990 e institucional y social del año 2001/2002. Todas estas pruebas fueron en mayor o medida superadas de manera satisfactoria. Al mismo tiempo, un largo ciclo de emergencia tiene lugar desde el año el año 1989 hasta la fecha con algunos breves interregnos entre 1999-2001 y 2015-2018. La Argentina se encuentra (casi) en emergencia permanente.

El retorno de la democracia en 1983 trajo aparejada la emergencia de un conjunto de prácticas políticas más bien acordes con un estilo consensual, aún con un proceso de instauración del nuevo régimen político caracterizado por la ausencia de pactos consociativos entre las élites políticas como aquellos producidos en Venezuela y Colombia durante la década de 1950 o España durante los años setenta.

La unidad partidaria frente a la sublevación militar de semana santa en 1987, los acuerdos que hicieron posible la reforma constitucional de 1994, la experiencia cuasi coalicional de Eduardo Duhalde y la conformación de la Mesa de Diálogo auspiciada por la Iglesia Católica en el marco de la crisis social del 2001/2002 constituyen algunos emblemáticos ejemplos de una mayor inclinación al compromiso, independientemente del juicio de valor que puedan merecer esas iniciativas de “unidad en la diversidad”.

El conflicto entre un novel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las organizaciones agropecuarias en los primeros meses del año 2008 sobre la “Resolución 125” constituyó una bisagra, en la medida en que reinstaló una dinámica de confrontación prácticamente abandonada desde el retorno de la democracia en 1983.

¿Cómo impactó el conflicto con el sector agropecuario de 2008?

Retornando a la definición sobre la democracia y sus atributos básicos, el proceso electoral en Argentina es razonablemente libre, transparente y competitivo, dando lugar en los últimos años a una competencia entre dos principales coaliciones electorales, Juntos por el Cambio y Frente de Todos.

Este escenario, que se desarrolla a nivel nacional, convive con la persistencia de regímenes sultanísticos u oligárquico-competitivos en el ámbito subnacional con escasa o nula alternancia o posibilidad de rotación efectiva de las élites políticas. La designación de figuras polémicas como la del juez Alejo Ramos Padilla en la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires ha despertado preocupación en sectores de la oposición con respecto a las necesarias garantías del proceso electoral y sus resultados.

Los resultados electorales cuentan con la aceptación o por lo menos tolerancia de los perdedores, aunque se han advertido algunas situaciones que merecen especial atención. La ausencia de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la ceremonia de asunción presidencial de Mauricio Macri fue leída como un gesto de desconocimiento de la legitimidad del resultado electoral del 2015. Y las denuncias realizadas desde el entonces espacio Unidad Ciudadana en las elecciones legislativas de 2017 representan una señal de advertencia sobre el resquebrajamiento del consenso sobre la tolerancia hacia un resultado electoral desfavorable.

A pesar de dichos antecedentes, la exclusión del uso de la violencia política, así como la existencia de un consenso en torno a la necesidad de la resolución pacífica de la disputa política han sido características a destacar desde el 10 de diciembre de 1983. Sin embargo, el incremento de la violencia discursiva representa una amenaza al consenso existente desde 1983.

¿Qué futuro espera a la democracia argentina?

Estamos frente a un futuro incierto. Sin el peligro de la regresión democrática o del quiebre institucional, pero con un riesgo cierto de autocratización hay hoy en Argentina un contexto electoral con debilitamiento de las garantías de transparencia e imparcialidad, una disminución de la tolerancia hacia resultados electorales adversos, un debilitamiento del consenso acerca de la exclusión de la violencia como recurso (por el momento solo en el plano simbólico) y el retorno de las “fantasías priistas” en el oficialismo gobernante.

Estos elementos representan indicios de un complejo escenario de desarrollo de la democracia argentina. No obstante, nuestro compromiso es mantener el pesimismo de la inteligencia, pero al mismo tiempo un optimismo de la voluntad.

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Foto de Ryan Poole en Foter.com

La vacunación amaina la tormenta en Ecuador

César Ulloa
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La vacunación amaina la tormenta en Ecuador

Ecuador se encuentra en medio de una tormenta que viene azotando a la región inclusive antes de la pandemia. Pero la vacunación se ha convertido para el gobierno en un muro que viene conteniendo las demandas de los diferentes sectores sociales, quienes están demostrando poca paciencia ante la resolución de sus exigencias.

A casi dos meses de la asunción de Guillermo Lasso, la principal oferta de su campaña —nueve millones de personas inoculadas en cien días— se va cumpliendo. La diplomacia de la vacuna ha funcionado porque el gobierno ha conseguido que millones de dosis de distintas marcas lleguen al país. Y su alianza con la empresa privada está siendo efectiva en términos de logística y acompañamiento. De esta manera, el presidente ha ganado oxígeno frente a un escenario que comienza a ponerse difícil por la complejidad de la crisis económica.

En menos de dos meses Lasso ya enfrentó el primer intento de paralización por parte del sector agrícola, específicamente de los arroceros, quienes han visto caer el precio del quintal de 100 libras a menos de USD 30, mientras que el arroz que entra de contrabando desde Perú se vende a mejor precio en el mercado.

Otro frente que el Gobierno no puede perder de vista si piensa en la gobernabilidad a mediano y largo plazos es la nueva dirigencia de los pueblos y nacionalidades indígenas que recayó en el liderazgo de Leonidas Iza, quien representa al ala más radical. El antecedente más cercano y que dimensiona la capacidad de movilización del movimiento indígena es su protagonismo durante la protesta social de octubre de 2019. Lasso y Leonidas Iza se encuentran en los polos opuestos en temas de economía, conducción del Estado y medioambiente.

Manejo político, relaciones exteriores y pragmatismo

Todavía no se conoce cómo funcionará el equipo político del Gobierno por diversas razones. El principal protagonista y que fungía como ministro de Gobierno, César Monge, fue reemplazado por Alexandra Vela, debido a motivos de salud que lo tienen alejado de la esfera pública, lo cual ha levantado una ola de especulaciones. Las diferencias entre el Gobierno y sus aliados—Pachakutik e Izquierda Democrática—para elegir a las autoridades de la Asamblea comienzan a evidenciar la falta de una agenda programática. Y el Gobierno busca encontrar el equilibrio interno entre el ala más neoliberal y un equipo más moderado con tinte social.

Simultáneamente a la vacunación, el Gobierno ha apuntalado sus esfuerzos para combatir la desnutrición crónica infantil que mantiene a Ecuador en uno de los peores puestos de la región. La consigna del mandatario es un país libre de desnutrición. Alrededor de este objetivo se han aglutinado diversos sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y asesores en la materia. Sin embargo, de momento no hay una arquitectura institucional definida para llevarlo adelante.

Ante la crisis económica y los sucesos en la vecina Colombia, el gobierno está siendo muy cauteloso a la hora de tomar cualquier decisión. Ha detenido el envío de un proyecto de Reforma Tributaria y tampoco se conoce de ninguna medida polémica. Si bien aún no enfrenta una crisis e intenta acercarse a distintos sectores, no cuenta con los recursos que puedan satisfacer las múltiples demandas. De ahí que el gobierno no haya encontrado resistencias a su acercamiento a los organismos multilaterales de crédito para resolver necesidades inmediatas.

En materia de relaciones exteriores, el gobierno ha definido claramente su postura. Hay un total distanciamiento con Venezuela y Nicaragua, y ha optado por mantener una relación protocolaria, pero no cercana, con los gobiernos de orientación ideológica a la izquierda, del estilo de Bolivia y Argentina. El presidente ha manifestado preocupación por lo que sucede en Colombia y no ha hecho espacio en sus comentarios a la situación política de Perú. No obstante, juega al multilateralismo para conseguir las vacunas, pues ha dicho que estas no tienen ideología. Pasos pragmáticos, antes que ideológicos.

En ese mismo sentido, en la línea que combina el pragmatismo y la identidad de un hombre de Estado, el presidente ha dado un singular paso con la creación de la Subsecretaría de Diversidades y ha dicho que respeta el criterio de la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto en casos de violación, pese a sus posiciones conservadoras y su adscripción al Opus Dei. Lasso se ha granjeado el respeto de los colectivos por la diversidad, los que han puesto expectativas sobre posibles políticas públicas que los puedan favorecer.

Los menos de dos meses del gobierno han transcurrido en relativa calma, sobre todo teniendo en cuenta que el país sufre una severa crisis económica, y atravesó una severa crisis política que se inició inclusive antes de la pandemia. Sin embargo, si los diferentes sectores sociales no tienen respuestas efectivas a sus demandas, pese a que de momento no hay recursos, el país podría ser testigo de un nuevo estallido social.

Foto de la Asamblea Nacional de Ecuador

El gobierno central obstaculiza la descentralización chilena

Sebastián Carrasco   |   Camila Carrasco
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El gobierno central obstaculiza la descentralización chilena

La elección democrática de la figura del gobernador regional es una de las principales medidas de descentralización política que ha tomado Chile para que las decisiones no se sigan tomando exclusivamente en la capital. A partir del 14 de julio, estas autoridades encabezan los gobiernos de las 16 regiones del país. Sin embargo, desde el gobierno central se han realizado distintas acciones que obstaculizan el proceso, intentando retener las cuotas de poder que se han construido a través del tiempo.

Este hito histórico se instaura en medio de un complejo e incierto contexto. Además de las dificultades económicas y de salud pública producidas por la pandemia del COVID-19, el sistema político chileno se encuentra en una importante crisis de legitimidad, marcado por una intensa movilización social y que, recientemente, ha dado inicio al funcionamiento de una convención constitucional para escribir su nueva constitución.

En este sentido, hay que considerar que los cambios y problemas políticos no sólo se dan en la esfera nacional, sino que también, están cada vez más presentes a nivel subnacional, ya que las y los gobernadores electos, llegarán a sus cargos en medio de indefiniciones legales, escasez de competencias, sin lugar de funcionamiento e intentos de disminución de los recursos financieros para el ejercicio de sus funciones.

Gobernadores supervisados

Si bien los gobernadores son autónomos del gobierno central, su gestión seguirá siendo dependiente en muchos sentidos de los designios de este nivel. Junto con la figura del gobernador, existirá un delegado presidencial regional, autoridad representante del presidente en la región, que tendrá atribuciones de gobierno interior, ejecutando las políticas del gobierno central en el territorio y supervigilando los servicios públicos.

El gobernador regional tendrá competencias para asignar fondos de desarrollo regional, aunque será el delegado regional el encargado de coordinar los servicios públicos desconcentrados que, muchas veces, ejecutan estos fondos en los territorios.

En esta línea, cualquier estrategia regional conllevará a la necesidad de establecer un proceso de negociación con los representantes del presidente para que sus funciones sean efectivas. Por lo tanto, la figura del delegado se transforma en un símbolo del centralismo, de la relación de control y vigilancia que se ha perpetuado por décadas. Con todo, se puede observar un cierto paternalismo desde el gobierno central hacia las regiones, como si no tuviesen la madurez o la capacidad suficiente para administrar, gobernar y, en el fondo, tomar decisiones de manera autónoma.

Otra dificultad que enfrentarán las y los gobernadores es la poca precisión respecto a las competencias que tendrán. A fines de mayo de este año se aprobaría una “ley corta de descentralización” para traspasar competencias desde el gobierno central a las autoridades regionales. Sin embargo, la ley no se promulgó, a pesar de que la instalación de las y los gobernadores ya es un hecho, y bajo una realidad donde los datos indican el aumento de la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad en las regiones de Chile.

El gobierno central bloquea la descentralización

Las y los gobernadores electos comenzarán su mandato con importantes y preocupantes problemas de recursos. A días de asumir, se les informó que desde la Dirección de Presupuestos (DIPRES) se les recortaría el presupuesto para su funcionamiento. Más que una simple disminución de fondos, la jugada del gobierno consistió en transferir estos recursos financieros hacia los delegados regionales presidenciales. Cabe señalar, que la elección de los gobernadores constituyó una importante derrota electoral para el gobierno: de los 16 nuevos gobernadores, solo uno adhiere a la coalición del presidente.

Ante la presión de las nuevas autoridades, y de la opinión pública, el gobierno tuvo que dar pie atrás a esta decisión. Aun así, el traspaso de recursos desde los gobernadores hacia los delegados tenía un profundo sentido político, donde se intentaba debilitar a las nuevas autoridades que serán opositoras a un gobierno con escasa legitimidad. Tal como se ha visto en otros contextos, las autoridades políticas regionales pueden ser un importante contrapeso al poder ejecutivo. Con estas medidas, el gobierno da cuenta de los temores que levantan las nuevas autoridades; después de todo, la descentralización implica que los territorios obtengan cuotas de poder en desmedro del centro.

A pesar de todas las dificultades anteriormente descritas, las y los nuevos gobernadores inician un nuevo ciclo político con una legitimidad democrática que nunca habían tenido las autoridades regionales. Sin duda, su elección constituye la mayor reforma de descentralización política desde el retorno a la democracia. Así, a partir de esta legitimidad, hay que avanzar hacia una institucional, y eso será cuando las personas vean cambios y que la elección de esta figura no es una pérdida de tiempo o una cuestión testimonial.

La descentralización como herramienta para el desarrollo regional

La descentralización no puede ser un fin en si mismo, debe ser considerada una herramienta política que podrá ser efectiva en la medida que se limiten bien sus instrumentos, se fortalezca la autonomía política, financiera y administrativa. Es decir, entregar poder real y no con lógica gatopardista, porque el objetivo debe ser avanzar más decididamente en los múltiples problemas que aquejan a los territorios y que deben ser resueltos desde allí.

En Chile, las políticas públicas centralistas han mostrado, sistemáticamente, su fracaso para hacer frente a la diversidad territorial existente. El caso de La Araucanía es uno de los más emblemáticos, tanto por los conflictos históricos que se han suscitado entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, como también, porque es reconocida como una de las regiones más pobres del país. Por lo tanto, miramos con esperanza el inicio de este nuevo ciclo político, donde las y los gobernadores podrán hacer un cambio en las dinámicas de poder y en las políticas regionales, a pesar de los esfuerzos por dinamitar el proceso.

En el corto plazo, la clave será la coordinación entre los distintos gobernadores y la capacidad de negociación con otros actores del sistema político para consolidar su legitimidad institucional. En el largo plazo, será central la consolidación legal de competencias y recursos bien definidos. El proceso constituyente actual se abre como una ventana de oportunidad para plasmar esto último a nivel constitucional.

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El «descubrimiento» de Machu Picchu y el duelo de relatos

Philippe Raposo
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El «descubrimiento» de Machu Picchu y el duelo de relatos

Machu Picchu (originalmente conocido como Patallaqta) fue un antiguo pueblo inca situado en la jurisdicción peruana de los Andes, a ochenta kilómetros de Cusco y a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Los documentos indican que el pueblo se construyó en el siglo XV, pero no hay consenso en cuanto a las razones de su construcción. Algunos sostienen que fue un refugio campestre para el emperador Pachacútec (1408-1471), en un contexto de expansionismo del Imperio Inca. Otros sugieren que la ciudadela se construyó como base para gestionar la plantación de alimentos en la región.

Durante la colonización española (1532-1824), Machu Picchu fue abandonada paulatinamente por los lugareños, lo que le valió la reputación de «ciudad perdida de los incas». Aunque no estaba oficialmente ocupada, hay pruebas de que era conocida por los españoles. Sin embargo, la montaña permaneció aislada de la vida económica y social, condición que continuó incluso después de la independencia de Perú en el siglo XIX.

La historiografía norteamericana sostiene que Machu Picchu fue «descubierto» el 24 de julio de 1911 por el profesor y explorador estadounidense Hiram Bingham (1875-1956) en un viaje de exploración acompañado por algunos colegas de la Universidad de Yale. Por recomendación del profesor Albert Giesecke (1883-1968), rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad en Cusco, Hiram Bingham fue presentado a Melchor Arteaga, un campesino peruano encargado de guiar a Hiram Bingham a Machu Picchu, que ya era conocido por un número desconocido de campesinos locales. 

Bingham no fue el primero en visitar las ruinas. El campesino peruano Agustín Lizárraga, en busca de tierras para la agricultura, habría desbrozado Machu Picchu y registrado su propio nombre en una piedra del Templo de las Tres Ventanas, el 14 de julio de 1902, aproximadamente diez años antes de que los exploradores de Yale llegaran al sitio. Cuando Bingham llegó a Machu Picchu en 1911, encontró la piedra en la que estaba escrito, en carbón, «A, Lizárraga 1902», que anotó en su diario. Sin embargo, Bingham omitió esta información en los relatos oficiales de la expedición que se publicarían.

Armado con una cámara Kodak, Bingham tomó cientos de fotografías en su primera visita a las ruinas, el 24 de julio de 1911. Tras regresar a Estados Unidos, consiguió el patrocinio para otra expedición en 1912, acompañado de un grupo más estructurado de geólogos, arqueólogos, ingenieros y topógrafos. Con la difusión de sus investigaciones y sus informes, Bingham pasó a ser conocido como el «descubridor» de Machu Picchu, fama que sigue viva, incluso en Perú, donde la historia suele divulgarse a los turistas interesados.

En el transcurso de las expediciones, miles de piezas y reliquias arqueológicas incas fueron trasladadas a Estados Unidos para su estudio e investigación en la Universidad de Yale, con el permiso temporal del gobierno peruano. Bingham y su equipo se apropiaron de unas cincuenta mil piezas arqueológicas incaicas para su investigación en Estados Unidos, entre ellas oro, plata, madera, hueso, piedra y cerámica, lo que provocó sucesivas protestas del gobierno peruano en el siglo XX.

Parte de este material sólo fue repatriado a Perú en 2012, un siglo después del «descubrimiento» de Bingham, como resultado de un acuerdo entre el gobierno peruano y la Universidad de Yale. Se estima que todavía existe una amplia colección de reliquias incas en museos norteamericanos y europeos.

¿Por qué se conoce a Hiram Bingham como el «descubridor» de Machu Picchu?

La respuesta está en la capacidad de difusión de los hechos que tenía el norteamericano en ese momento. Los registros de Bingham fueron objeto de una edición completa de National Geographic, en abril de 1913, hecho que le dio a conocer en la comunidad académica internacional, especialmente en Estados Unidos.

Desde la perspectiva de Bingham, su viaje tenía fines exploratorios y científicos, ya que la región era considerada territorio virgen para aventuras, investigaciones y exploraciones, lo que contrasta con la visión de Lizárraga, para quien Machu Picchu era una zona de siembra, sin razón para su divulgación internacional.

Sería injusto infravalorar el éxito de Hiram Bingham, que estudió a fondo la región y que, de hecho, se aventuró en las montañas andinas en busca de Vitcos, la región donde se refugiaron los últimos incas tras la invasión española, así como de Nusta Isppana. Como resultado de esta misión, llegó a Machu Picchu. Fue uno de los responsables de hacer visible Machu Picchu al mundo a principios del siglo XX. Sin embargo, no fue definitivamente el descubridor pionero de la región.

Sería igualmente injusto ignorar que el «descubrimiento» de Machu Picchu fue una hazaña transnacional en la que participaron norteamericanos, peruanos e investigadores de otros países que conocían la existencia de las ruinas, y que registraron informes y testimonios mucho antes de la llegada de Bingham, en 1911. Ejemplos de ello son los alemanes Rudolph Berns y Hermann Göring, el franco-austríaco Charles Wienner y el italiano Antonio Dell’Acqua, entre otros.

Según consta en la página web oficial del Parque Nacional de Machu Picchu, «la ciudad nunca se perdió, ya que fue visitada y habitada ocasionalmente», lo que contrasta con la narración de Bingham sobre su declarado «descubrimiento» de la región.

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La alternativa a la izquierda del PT

Ronaldo Nado Teixeira
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La alternativa a la izquierda del PT

La serie de sketches de la obra de Miguel Magno “¿Quien le teme a Itália Fausta?”, inspirados en la actriz brasileña más importante de la primera mitad del siglo XX, fueron fundamentales para recuperar a la mujer que inició la modernización del teatro nacional, sacándolo del marasmo y la falta de creatividad en que se encontraba. Itália Fausta, en una época adversa al feminismo, se enfrentó al establishment y contribuyó a la evolución del teatro. La izquierda brasileña, en el espectáculo programado para 2022, o bien evoluciona sin miedo hacia una nueva etapa, o se mantendrá estancada en el guión ya conocido, sometido al establishment.

El Partido de los Trabajadores (PT) parece querer repetir el camino recorrido. Lula, tras ser reincorporado al juego político por el Supremo Tribunal Federal, visitó al ex-presidente José Sarney, recibió al líder del PSD, Gilberto Kassab, señaló una aproximación con los senadores Renan Calheiros y Eunício de Oliveira del MDB, que comandaron el impeachment de la ex-presidenta Dilma, y escuchó, en silencio, a su amigo, el senador y ex-gobernador de Bahia, Jacques Wagner, declarando que siempre ha sido un político de centro.

En un contexto en el que la extrema derecha está en el poder y la sociedad ha recuperado su identidad conservadora como consecuencia del ciclo petista, el debate sobre la izquierda preocupa a sus actores, porque divide las fuerzas, resalta los errores y cuestiona su representatividad. A diferencia de lo que Lula (PT) imaginaba, la candidatura de Ciro Gomes (PDT) complica sus planes para ser ungido como la única alternativa al bolsonarismo.

Dos disputas en la próxima elección

En la próxima elección se dibujan dos disputas: por un lado la izquierda ante la extrema derecha, y por otro, la «izquierda de la tradición» ante la «izquierda de la diferencia». Para simplificar los conceptos, defino a la primera como la izquierda de tradición marxista-leninista-trotskista, que no convive con sus pares sin ser hegemónica, representada por el PT. Y la segunda es la izquierda laborista, o centro-izquierda, que tiene en la democracia su génesis, representada por el candidato del PDT. Agrego una previsión: el centro político, que busca articularse, no reunirá fuerzas para el choque que se avecina con dos polos claramente definidos.

Y es en la segunda de esas disputas donde radica la dificultad de Lula. El petismo viene orientando el «nosotros contra ellos» desde 1994, cuando logró caracterizar al PSDB como una agremiación de derecha. La polarización es la estrategia del lulopetismo, en la victoria y en la derrota. En 1989, para aglutinar fuerzas en el campo que pretendía liderar, acusó sin miramientos a Leonel Brizola de gastar en exceso en la construcción de los Centros Integrales de Educación Popular (CIEPs), por ejemplo.

La historia se repite como nos enseñó Hegel. Por lo tanto, el reto del PT, ahora, será confrontar, en un primer momento, a Ciro Gomes y su nuevo laborismo. ¿Podrá hacerlo con éxito? ¿Lula defenderá, una vez más, la política de financiación del BNDES a las grandes empresas brasileñas? Si la lucha de clases es un concepto de la izquierda de la tradición, he aquí un buen ejemplo de la renuncia del PT al concepto marxista.

¿Pasará Lula ocho años más sin proponer reformas políticas, fiscales y educativas? Los dos mandatos del ex presidente podrían clasificarse como una mezcla de, liberal en lo económico sin dejar de ser patrimonialista y, democratizador en lo político, sin dejar de ser asistencialista. Salvo la creación del FUNDEB, el fondo para la educación básica, no hubo ninguna otra política estructural que pueda ser entendida como de izquierda.

Lula fue el propio «pacto social»

Como bien acuñó el ex-presidente José Sarney, Lula fue, en su momento, el propio «pacto social». Por un lado, hizo las concesiones necesarias para conciliar con el gran capital. Y por el lado de la izquierda, en la práctica, las políticas compensatorias se combinaron con un vigoroso discurso emancipador. Un talento político envidiable el de Lula, ya que consiguió la sumisión de la izquierda a una socialdemocracia coja, con el apoyo de intelectuales, artistas y militantes.

El discurso de Lula, hasta ahora, se limita a contrarrestar la locura bolsonarista con consignas repetitivas, como “no a las privatizaciones” o “gobierno genocida”. En estos puntos las izquierdas no divergen, pero por obvios resultan insuficientes. Mientras que Lula no presentó aún un proyecto de sociedad y desarrollo nacional, Ciro Gomes ha propuesto un proceso de reindustrialización, desarrollo tecnológico y reconstrucción del ahorro interno. El PT tiene dificultad de afrontar el debate de la izquierda propuesto por el candidato laborista porque no se trata de un debate de «nosotros contra ellos», ni es posible acusarlo de representar a la élite nacional.

De hecho, los burócratas-intelectuales, forjados en las estructuras estatales de los gobiernos del PT, están llamados a oponerse al Proyecto Nacional de Desarrollo, propuesto por la precampaña electoral de Ciro Gomes, —a veces procurando desconstruir el sujeto y no la propuesta— lo cual avergüenza a una parte de la intelectualidad, que reconoce en dicho proyecto la formulación de un plan de país.

En este contexto, Lula y el PT tendrán que decidir cómo enfrentar a candidatura de Ciro Gomes para que el pueblo brasileño no termine encontrando en él una alternativa de izquierda. Lo que generó Itália Fausta en el siglo XIX, al abrir el teatro hacia lo nuevo, incluso subvencionando la crítica de la generación del dramaturgo Miguel Magno en los años 80 del siglo XX, tiene poco parecido con el actual escenario electoral brasileño, salvo en el miedo que provoca el candidato del PDT en el establishment de la izquierda, al subir al escenario y posicionarse en el centro político y al mismo tiempo a la izquierda de Lula.

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La tormenta cubana trasciende el bloqueo

Carlos Ugo Santander
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La tormenta cubana trasciende el bloqueo

Bajo la consigna “Patria y Vida” miles de cubanos salieron a las calles a manifestarse contra el gobierno. Estas protestas son el resultado de un conjunto de variables que trascienden el longevo embargo económico establecido por Estados Unidos y están más vinculadas a la estructura económica, el contexto autoritario y a las decisiones tomadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Políticamente, sólo en un régimen autoritario un presidente puede creer que su país puede ser autosuficiente y controlar la pandemia, a la vez que rechaza todo tipo de acuerdo, ya sea con China, Rusia o la vía del COVAX —acuerdo de la ONU— para acceder a las vacunas. Por el contrario, el gobierno está inoculando a la población con una vacuna nacional en vías de experimentación y sin evidencia de su eficacia. Y si bien el índice de fallecidos por Covid-19 es uno de los más bajos de la región, se debe en buena medida al estricto confinamiento que se aplicó en la isla.

En lo económico, ya los indicadores de 2019 mostraban una desaceleración del PBI de 0,5% y en 2020 la caída fue del 8,5% según la CEPAL. El colapso de la economía ha sido catastrófico, sobre todo en el sector del turismo —contribuye con el 10% del PIB— donde se han perdido más de 200 mil empleos debido a que el turismo en 2020 se redujo a una cuarta parte del registrado en 2019. Y en los primeros cinco meses del 2021 la cifra registró menos del 1% de visitantes del 2019, cuando la isla superó los cuatro millones de turistas a pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos que prohibieron a los cruceros atracar en el puerto de la Habana.

Más allá del embargo

Calcular el impacto del embargo es muy difícil. Puede que haya agravado la crisis, pero existen otros factores que han contribuido a la formación de esta tormenta. Los ingresos de divisas por los servicios médicos prestados internacionalmente han disminuido, como también se ha afectado el acceso a combustible desde Venezuela.

Por otro lado, Cuba continuó una tendencia exportadora de commodities como cigarros y cigarrillos, caña de azúcar y sacarosa, alcohol y metales como el níquel, mientras que importa alimentos y otros productos de alto valor agregado como maquinarias, vehículos o componentes electrónicos. Sin embargo, con la pandemia y la contracción del comercio internacional la situación se tornó dramática a pesar de que, exceptuando a Estados Unidos, la isla mantiene relaciones comerciales normales con casi todos los países del mundo.

La balanza comercial cubana ha sido históricamente muy deficitaria, como la de muchos países. Pero eso no sería un gran problema si la isla dispusiera de una política monetaria saludable y recursos suficientes para corregir las distorsiones y amortiguar los efectos de la crisis.

Si bien Estados Unidos impuso reglas más rígidas para las empresas norteamericanas, lo cual ha encarecido los costos comerciales, y ha restringido el acceso al crédito externo, lo que obliga a los cubanos a pagar en efectivo y por adelantado por medio de entidades bancarias de terceros países, Cuba ha conseguido driblar el bloque.

Los problemas estructurales de la isla

El problema de fondo de Cuba es que el sector productivo, monopolizado por el Estado, no ha conseguido dar un salto cualitativo relevante como para mejorar sus relaciones de intercambio. Cuba es uno de los países con menor sofisticación tecnológica, inclusive por debajo de buena parte de los países de América Latina.

El otro aspecto, son las distorsiones económicas que contribuyen a una mayor especulación y procesos inflacionarios. Para intentar solucionarlo, el gobierno optó por la unificación monetaria a partir del primero de enero de este año. Desde 1994 en Cuba existían tres monedas de curso legal: el Peso Cubano, el Peso Cubano Convertible o CUC y el dólar americano.

Pero una cosa es la política oficial y otro el mundo real. La transición hacia esa corrección monetaria desató un proceso de especulación sin control y se fortaleció el mercado paralelo lo cual llevó a una mayor devaluación del peso cubano. La especulación obligó a los cubanos a refugiarse en el dólar americano, pero ante la ausencia del turismo, el dólar prácticamente desapareció.

Ante la ausencia de dólares, el gobierno se las ingenió para vender mercaderías en dólares en 72 supermercados de las más de 5 mil tiendas que están bajo su control, una medida que benefició a unos pocos cubanos, dado que no son muchos los que reciben remesas desde el extranjero. Y el Estado, ante la falta de divisas para comprar productos esenciales en el exterior, terminó abandonando miles de tiendas donde se compraban productos con pesos cubanos.

En resumen, la crisis del sector exportador cubano, el impacto del embargo impuesto por los Estados Unidos y la corrección monetaria, sumadas el desabastecimiento, el desempleo y el confinamiento, terminaron de asfixiar al régimen autoritario y sobre todo a los cubanos de a pie que ya no aguantan más.

La crisis no tiene visos de resolverse en el corto plazo y la ecuación aparentemente sólo podría ser resuelta con ayuda internacional. Mientras tanto, la insatisfacción ciudadana podrá seguir recorriendo las calles buscando —más que una salida a la crisis sanitaria— evitar que se instale una crisis humanitaria vinculada al severo déficit nutricional.

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