Los historiadores del futuro tendrán mucho que decir sobre cómo el trumpismo, una forma extrema de populismo de derecha, acercó el populismo al fascismo y a la dictadura, pero también cómo y por qué fue rechazado a fines del 2020. Joe Biden fue votado por un número récord de estadounidenses, más de 81 millones de ciudadanos, unidos por su rechazo al trumpismo.
Para citar al escritor Jorge Luis Borges, no los unía el amor, sino el espanto. La pregunta actual que aplica al presente de EE. UU., y al futuro de países como Brasil o Hungría, es: ¿se puede hacer política solo con el miedo al pasado imperfecto?
Por un lado, Biden se enfrenta a una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Por otro lado, el presidente electo tiene que resolver una crisis política que, en ciertos sentidos, ya se vio en el pasado.
¿Cómo reconstruir la democracia y generar apoyo en un frente electoral popular que lo eligió por no ser Donald Trump? A Biden no le alcanzará con ser honesto, no ser racista y discriminador o simplemente con evitar el escándalo permanente, la mentira constante y la manipulación total del paisaje mediático electrónico (Twitter, en particular) y la demonización de los medios de comunicación.
Biden necesita ampliar la democracia»
Biden necesita ampliar la democracia, mejorar las condiciones de vida, de salud, y de educación, para representar a sus votantes y no volver a la inercia del pasado.
En muchos casos el antitrumpismo advirtió sobre el peligro dictatorial y el riesgo del fascismo representado por el trumpismo, pero muchas veces la crítica se propuso un mito alternativo, una versión idealizada del excepcionalismo histórico, la idea de una normalidad antes de Trump que nunca fue tan normal. Sin embargo, un cordón sanitario, como lo demuestra, por ejemplo, el caso de Francia con las candidaturas de Le Pen, no es suficiente para mantener el apoyo a largo plazo.
La era pre-Trump también tuvo elitismo, un papel predominante de la tecnocracia, la mano dura policial de Bill Clinton y la desregulación de Wall Street y los bancos, o la falta de acción o, incluso, la adopción de medidas a veces regresivas de la administración de Barack Obama con respecto a los inmigrantes, el descontrol con las armas, la continuidad de la represión policial y las tasas pantagruelescas de encarcelamiento de minorías, el confinamiento de la educación publica y tantos otros problemas que alejaron a muchos ciudadanos del partido demócrata.
Si piensa al trumpismo como un mero paréntesis, la flamante administración de Biden verá una merma del gran apoyo obtenido. Si no apoya el trabajo de la justicia en la investigación de las posibles acciones criminales del líder saliente, puede pasar lo mismo.
La misma vara se aplica a su futura política exterior y su relación con líderes democráticos y autoritarios. Es predecible un acercamiento con la Comunidad Europea, pero qué pasará con los cómplices de Trump a escala global ¿Cuál será su política con el trumpismo tropical de Jair Bolsonaro en Brasil? ¿Cómo será su comportamiento con respecto a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela o el reino de Arabia Saudita?
Siempre está la posibilidad de que Donald Trump no desaparezca de la escena»
No hacer nada no es una opción viable. Pero siempre está la posibilidad de que Donald Trump no desaparezca de la escena y, con ello, recordarle a una mayoría de ciudadanos los fracasos de su gobierno. Solo un presidente norteamericano, Grover Cleveland, perdió su reelección en 1888, pero luego derrotó al presidente Harrison que lo había derrotado y volvió a la Casa Blanca después de cuatro años. Pero a diferencia de Trump, Cleveland ganó la mayoría del voto popular en sus tres elecciones presidenciales, mientras que Trump siempre fue un presidente rechazado por la mayoría.
En cualquier caso, Trump le puede brindar a Biden algunos meses, un respiro, para no comenzar a hacer lo que es necesario.
El mismo hecho de que en este momento Trump, y, en medida decreciente, el Partido Republicano, nieguen los resultados democráticos debería ser una advertencia contra la urgencia para declarar los últimos cuatro años como un paréntesis en una democracia por lo demás saludable. La democracia americana debe ser mejorada y ampliada en términos sociales, económicos y políticos.
Después del fin de las dictaduras latinoamericanas de la Guerra Fría, como había sucedido en Europa después del fin de los regímenes fascistas en 1945, estas posiciones presentadas por muchos, incluyendo a intelectuales de alto perfil, resultaron equivocadas e ingenuas a medida que continuaban y continúan surgiendo diferentes formas de autoritarismo y xenofobia a ambos lados del Atlántico.
Pensar en el fascismo o el autoritarismo populista como una aberración, y no como expresiones de fuertes tendencias locales y globales, puede presentar una fuerte barrera al trabajo de reconstrucción democrática necesario para desarraigarlos.
La historia estadounidense, como cualquier otra historia, presenta patrones de continuidad y cambio nacionales y globales. Recordar nuestras historias de democracia y la de aquellos que quieren minimizarla o destruirla es una tarea clave para defender la democracia y cambiarnos a nosotros mismos.
Los partidos políticos son necesarios para la democracia, pero, a la vez, pueden provocar antipatía en la ciudadanía. Para los afamados politólogos Levitsky & Ziblatt (2018), estos son los guardianes de la democracia estadounidense, sin embargo, en América Latina la confianza en ellos llega solo al 13% (Latinobarómetro 2018). Este sentir de los ciudadanos del sur del continente hacia los partidos políticos preocupa, debido a la importancia de estos para la conservación de la democracia representativa.
¿Qué dice la literatura académica? Para Santano, Barbosa y Kozicki (2015), “es un hecho que dichas organizaciones generan una dualidad de percepciones. Parece ser que, si hay política, hay partidos, pues su existencia es necesaria para cualquier régimen democrático. Sin embargo, también están directamente vinculados al lado más nebuloso de las instituciones públicas, ostentando quizá la posición más incómoda dentro de la arena pública”. Mientras tanto, para el politólogo Manuel Alcántara (2019): “Los partidos políticos desde hace un siglo constituyen un elemento central en la operatividad democrática”.
Los partidos políticos son necesarios para la democracia representativa porque alguien tiene que ser electo mediante una organización política para gobernar»
Indudablemente, los partidos políticos son necesarios para la democracia representativa porque alguien tiene que ser electo mediante una organización política para gobernar. Por ejemplo, en el año 2018 se aprobó en Bolivia la Ley de Organizaciones Políticas —en el momento de su aplicación se consideró apresurada y favorable al oficialismo (MAS)— para regular la actividad de las agrupaciones políticas. Un elaboración institucional necesaria y pertinente cuando la personalidad política se impone a la organización partidaria y los militantes no tienen muchas chances para decidir.
Equidad de género, democracia interna, financiamiento y elecciones primarias son aspectos que contiene la norma para mejorar el sistema de partidos boliviano. Sin embargo, por ahora, el pragmatismo táctico de los políticos sigue prevaleciendo: la democracia interna de los partidos políticos está supeditada a lo que popularmente se conoce como dedazo (imposición de candidatos desde la cúpula hacia las bases), por tanto, solo fungen como instrumentos que buscan ganar elecciones para administrar el Estado y otorgar cargos públicos a su militancia.
De acuerdo al Latinobarómetro 2018, el país con mayor confianza en Latinoamérica es Uruguay, con 21%, mientras que el apoyo en Venezuela es de 14%. Esta diferencia, de apenas siete puntos, es muy preocupante, debido a las grandes diferencias en términos cualitativos entre ambos países. Mientras en Uruguay funciona la alternancia en el Gobierno, como síntoma de que se respetan las reglas de juego, en Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gana todas las elecciones, debido a la manipulación institucional.
Esta desconfianza hacia los partidos políticos es una constante que, por el momento, parece que seguirá vigente, ya que la corrupción, el corporativismo, la desigualdad y la ausencia de nuevas narrativas en un contexto de polarización política se mantendrán a mediano plazo.
Los partidos son necesarios para acceder al Gobierno. Son el instrumento idóneo de determinados liderazgos y personalidades gravitantes en el espacio público para obtener la legitimidad del voto popular y, así, constituirse en representantes de una mayoría electoral que, cuando la institucionalidad pública y los partidos políticos son débiles, deciden sobre la cosa pública en función de sus pasiones personales y los intereses de las facciones que dirigen.
En América Latina no es extraño que el presidente electo por el voto popular sea más importante y determinante que el partido»
En América Latina no es extraño que el presidente electo por el voto popular sea más importante y determinante que el partido (ahora su instrumento) en los procesos políticos. Por ejemplo, Jair Bolsonaro, Nicolás Maduro y, en su momento, Evo Morales, son políticos que representan una determinada corriente político-ideológica y encarnan el presidencialismo como personalidades políticas gravitantes que muchas veces han estado por encima de las leyes y del respeto al sentido común.
Se trata de personalidades que alcanzan el poder, gracias al voto popular como efecto de su sintonía con las demandas de determinados sectores de la sociedad. Su contracara es la anemia institucional de los partidos políticos y la desconfianza ciudadana hacia su papel de intermediación y representación. En términos gramscianos, su condición de primera célula en la que se sintetizan los gérmenes de la voluntad colectiva que tienden a devenir en lo universal ya no va más. Simplemente son útiles como instrumentos legales que sirven de escalera, pero no como estructuras legítimas que generan identidades, relatos y compromisos.
Estar con y contra los partidos políticos parece un oxímoron, pero es parte de la realidad sociopolítica latinoamericana. Además, los partidos vienen sufriendo un desfase con las transformaciones sociales como efecto del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, y no han prestado atención seria y respuestas contundentes respecto al cambio climático, entre otros problemas. Sin embargo, estos son los guardianes de la democracia a pesar de su débil institucionalidad y la gran desconfianza ciudadana.
Los partidos políticos son, sin duda, las herramientas de acceso al ejercicio del gobierno para liderazgos carismáticos que se esfuerzan para ser escuchados, queridos y votados. Pero su condición de estructuras democráticas ha caducado. Con todo, estos antiguos vehículos aún funcionan, ya que la democracia representativa ha resistido las inclemencias del tiempo. Sin embargo, han quedado reducidos en el espacio porque ya no expresan la voluntad colectiva.
Si hay algo que no se le puede achacar a Jair Bolsonaro es su falta de coherencia al tratar la crisis sanitaria por el coronavirus de la COVID-19. Si ya desde el comienzo de la pandemia integró junto a Donald Trump, Boris Johnson o Andrés Manuel López Obrador, el grupo de gobernantes que negaban la necesidad del distanciamiento social, hoy, con el primero al final de su mandato y los otros, seguidores, con la fe del converso, de distintos programas de vacunación, el presidente de Brasil es el único que continúa poniendo en duda las recomendaciones de la comunidad científica internacional.
Ser coherente, sin embargo, no es lo mismo que ser consecuente. Al margen del terrible costo en vidas humanas que esta actitud está suponiendo para Brasil, el hecho de que el presidente se oponga a liderar la lucha contra la pandemia en su país, tema central de la agenda política mundial, puede ser una estrategia equivocada sobre la maximización de sus opciones de ser reelegido en 2022. El negacionismo puede servir para afianzar a los votantes más radicalizados, pero estos son a todas luces insuficientes para repetir los resultados de 2018.
Cuando, quien debería tomar el liderazgo, renuncia a su responsabilidad, surgen inmediatamente candidatos alternativos para ocupar su lugar»
La negativa de Bolsonaro a adoptar una actitud decidida en contra de la pandemia, en un primer momento evitando medidas de distanciamiento social y posteriormente renunciando a dirigir una campaña de vacunación, ha dejado un enorme hueco político. Sin embargo, en la esfera pública esos vacíos se llenan rápidamente, de tal forma que, cuando, quien debería tomar el liderazgo, renuncia a su responsabilidad, surgen inmediatamente candidatos alternativos para ocupar su lugar.
El denominado efecto rally´round the flag podría definirse como “el fenómeno de agruparse detrás de la bandera” en circunstancias excepcionales como una guerra o una crisis de grandes magnitudes. Este efecto se ha visto durante la crisis del coronavirus, en la que se puede observar cómo los ciudadanos suelen brindar su apoyo de forma masiva al Gobierno.
Sin embargo, dado que Bolsonaro, en lugar de tomar una actitud de estadista y dirigir a la nación, se dedicó una vez más a sus guerras culturales, culpando unas veces a la comunidad científica, otras veces a China y otras veces a gobernadores y alcaldes, la bandera de la lucha contra la pandemia, que estaba en el suelo y pisoteada, acabó siendo levantada por otros. La oportunidad empezó a ser aprovechada ya desde los meses de confinamiento por distintos gobernadores que tuvieron que hacerse cargo de la situación. El más destacado fue João Doria en el estado São Paulo.
Si Bolsonaro pretendía escabullirse así de su responsabilidad y transferirla a los niveles inferiores de gobierno, el caso es que la jugada no le ha acabado saliendo como esperaba»
Pero si Bolsonaro pretendía escabullirse así de su responsabilidad y transferirla a los niveles inferiores de gobierno, el caso es que la jugada no le ha acabado saliendo como esperaba. Doria, el gobernador de uno de los estados más importantes del país, enseguida se hizo con un gran espacio mediático para presentarse como el gobernante que lideraría la lucha contra la pandemia.
La proyección mediática de Doria, desde el estado de São Paulo hacia el resto del país, empezó a producirse una vez que, tras el lanzamiento de las distintas vacunas, comenzó a vislumbrarse en el horizonte la salida de la crisis. Sin embargo, su éxito se consolidará, siempre y cuando se inmunice masivamente a la población.
Por otro lado, Bolsonaro, además de desentenderse de las medidas de aislamiento social, trató la provisión de vacunas de forma ideológica. El presidente se negó a garantizar el suministro de aquellas que provenían de China, al tiempo que, negligentemente, era incapaz de garantizar la prioridad en el abastecimiento de las desarrolladas en Europa y Estados Unidos.
Aprovechando la oportunidad, el estado de São Paulo se ha garantizado, a través del Instituto Butantán (centro de investigación dependiente del Gobierno paulista), la producción de la vacuna china que hizo Coronavac. Así, el gobernador Doria se encuentra actualmente en condiciones de hacer una campaña de vacunación no solo para su estado, sino también para el conjunto del país.
De cumplirse las expectativas de Doria, este se convertiría en la autoridad que dirija la salida de la crisis sanitaria frente a la actitud obstruccionista de un presidente que, por dejación voluntaria, incapacidad, o ambas, ha sido más un problema que una solución en esta crisis.
De esta forma, la campaña de vacunación, además de ser un extraordinario esfuerzo para restituir las condiciones de salud pública en Brasil, se convierte en el primer episodio de las elecciones de 2022. Por ello, el gobierno de Bolsonaro está intentando frenar las aspiraciones del plan de Doria para vacunar a toda la población brasileña, lo que le convertiría en un líder a escala nacional, ya sea intentando subirse al rebufo de la campaña e intentar centralizarla, o desprestigiando la eficacia de las vacunas y desincentivando su uso por parte de la población.
No obstante, el hecho de que Doria pueda, por mérito propio y por ineptitud presidencial, convertirse momentáneamente en el portador de la bandera de la vacunación nacional no le garantiza, ni mucho menos, una posición de salida ventajosa en los próximos comicios. Dado que todavía faltan dos años para la cita electoral, lo cual es una eternidad en la política brasileña, en este momento de lo único que se puede hablar es de que Doria ha presentado sus credenciales.
Para convertirse en un candidato por tener en cuenta, en primer lugar, el eje de la confrontación debe salir de la dinámica “Lula frente a Bolsonaro”, en la cual el presidente se encuentra bastante cómodo. Esto exigiría la más que improbable renuncia del Partido de los Trabajadores a presentar un candidato fuerte en 2022. A su vez, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, de centro-derecha y al cual pertenece Doria, debería mejorar su penetración electoral en todo el territorio, actualmente circunscrita en el sureste, en específico, en el estado de São Paulo.
Bolsonaro decidió apostar por la postura negacionista»
Sea como fuere, lo que sí está claro es que en las circunstancias actuales, el factor fundamental para explicar el ascenso o la caída de los distintos liderazgos políticos en todo el mundo es la forma en la que se ha tratado la pandemia. Bolsonaro decidió apostar por la postura negacionista en Brasil y, fiel a su estilo, optar por la confrontación frente a enemigos imaginarios en lugar de tratar de gestionar la crisis.
Si bien es pronto para decir si esta estrategia le puede hacer perder el mandato en 2022, lo que sí está claro es que con sus errores ha permitido el surgimiento de candidatos alternativos en el campo de la derecha. Parece, por tanto, que en los próximos comicios electorales habrá nuevos contendientes, y que el “eje petismo-antipetismo” no será el único relevante. En estas circunstancias, João Doria podrá presentarse como el candidato que encabezó la lucha contra la pandemia en Brasil.
Desde el 18 de octubre de 2019 (18-O), Chile pasó de ser uno de los países más estables —“un verdadero oasis en una América Latina convulsionada” en palabras del presidente Sebastián Piñera (9 de octubre de 2019)— a uno cuyo Gobierno lucha periódicamente por mantenerse a flote. Desde 1990, ninguno de los presidentes chilenos había vivido una situación en la que se dudara si podría completar su periodo presidencial.
Ni siquiera las masivas protestas callejeras de 2011 llegaron a desestabilizar a Sebastián Piñera (primera administración, 2010-2014) a tal punto. Las demostraciones que demandaban reformas profundas del sistema de educación tuvieron un impacto serio en la popularidad de Piñera. Pero en ningún momento se escuchó un llamado generalizado para que renunciara. Tampoco en el Congreso se había intentado una acusación constitucional (juicio político) en contra de un presidente en la era pos-Pinochet.
Creciente inestabilidad presidencial
No obstante, ese patrón cambió drásticamente luego del 18-O, pues se ha hecho frecuente la discusión y peticiones de término anticipado de la administración Piñera. Las masivas protestas —especialmente durante octubre-diciembre de 2019— en contra de la clase política y del presidente, exigiendo su renuncia, han sido habituales. Adicionalmente, en diciembre de 2019 se intentó acusar constitucionalmente a Piñera, iniciativa que, sin embargo, fracasó. Esta petición de acusación constitucional fue la segunda en contra de un presidente en ejercicio en toda la Historia de Chile (el primer presidente en ser acusado constitucionalmente fue Carlos Ibáñez en 1956, aunque dicha iniciativa no avanzó).
Para Piñera, el riesgo de ser forzado a dejar el cargo fue mucho mayor a finales de 2019. Sus intervenciones públicas declarando que Chile se encontraba en “guerra” en contra de un “enemigo poderoso” se contraponían a la necesidad de ofrecer una salida política a la crisis. El uso brutal de la represión policial que causó daño ocular temporal o permanente a cientos de personas ilustró cómo la administración Piñera no tenía mucho que ofrecer para salir de la crisis.
Afortunadamente, y tal como suele ocurrir en los países que poseen partidos relativamente fuertes y con visión de mediano-largo plazo, el 25 de noviembre de 2019 los partidos del oficialismo, junto a los de la oposición de centroizquierda e izquierda, acordaron firmar un acuerdo que puso en marcha un proceso para decidir si cambiar la Constitución de 1980. Esta salida temporal a la crisis dio un respiro a Piñera.
Elecciones anticipadas: ¿una solución a la crisis?
Varios analistas han indicado que el gobierno de Piñera terminó el 18-O, pues desde ese momento solo le queda administrar al país en una situación de crisis sociopolítica y, ahora, de salud pública. Las reformas del programa de Piñera, si las tuvo, no se aplicarán. A los llamados desde la “calle” a que deje el cargo (aunque de grupos cada vez más reducidos), se suma la reciente propuesta de algunos diputados de izquierda para adelantar las elecciones de presidente y del Congreso.
Existen varios problemas vinculados al hecho de que el presidente actual no termine su periodo constitucional. Primero, la petición de los diputados no tiene mucho sentido, pues solicitan hacer elecciones presidenciales y legislativas en abril de 2021, a pesar de que las elecciones generales están programadas para noviembre del mismo año. Es decir, el adelantamiento es —en el mejor de los casos— simbólico y, con ello, se beneficiaría principalmente a quienes lo solicitan por el protagonismo mediático, y no al país.
Segundo, la crisis que vive Chile se solucionaría con la salida anticipada de Piñera si tuviera su origen en la propia gestión presidencial. En América Latina, varias crisis presidenciales se han resuelto con la remoción del presidente cuando este ha estado directamente involucrado en escándalos de corrupción o ha intentado subvertir el orden constitucional. Sin dudas, el desempeño del presidente Piñera ha sido deficiente. Pero Chile no vive una crisis de gobierno, sino de la política por años de desconexión de los partidos con la ciudadanía, mientras mantenían una relación insana con los grandes grupos económicos. Destituir al presidente no soluciona el problema.
Tercero, el término prematuro del gobierno de Piñera no significa en sí una salida de la crisis. Lo sería solamente si existiera una coalición lo suficientemente organizada y con fuerte apoyo electoral. Lamentablemente para el país, aunque, por fortuna para Piñera, eso no existe. Lo que más caracteriza a la política chilena hoy es una creciente anarquía. Se observa un vacío de poder en la conducción política en manos del Ejecutivo y una creciente indisciplina, radicalismo, cortoplacismo y personalismo en el Congreso. Por otra parte, no existen liderazgos con amplio apoyo popular que puedan reemplazar a Piñera, puesto que solo un par de políticos supera el 10% de intención de voto como presidente en las encuestas.
El cargado calendario electoral de 2021 puede ayudar a que Sebastián Piñera logre terminar su periodo, ya que concentrará la atención de la ciudadanía y la energía de los partidos. Eso no significa que el presidente escapará de las responsabilidades políticas de su gestión. Es perfectamente posible que la oposición considere prudente permitir que complete su periodo presidencial, y que luego busque acusarlo constitucionalmente una vez que deje el cargo, hecho similar a lo ocurrido con los expresidentes Carlos Ibáñez en 1931 y Arturo Alessandri en 1939.
¿Tiempos mejores post-Piñera?
Por otra parte, Chile debe estar alerta al surgimiento de potenciales liderazgos personalistas y antipartidos a partir del vacío de poder que mostró Piñera. Sin embargo, siendo optimistas, aun hay tiempo para que las coaliciones y los partidos se organicen con respecto a las elecciones de 2021. Además, estos mismos partidos demostraron pragmatismo y visión de largo plazo cuando suscribieron el acuerdo por una nueva Constitución en noviembre de 2019.
Finalmente, las recientes primarias, las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2021, así como los comicios de abril 2021 para elegir alcaldes y concejales a escala municipal, gobernadores y consejeros a escala regional, y a quienes integrarán la Convención Constitucional, deberían permitir que los partidos se organicen y piensen de manera más estratégica. Esta es una oportunidad para reconectarse con sus militantes e intentar volver a encantar a una ciudadanía que quiere ser escuchada.
Foto de Vocería de Gobierno em Foter.com / CC BY-SA
La semana pasada nuevamente una persona sufrió la pérdida de un ojo en el marco de una protesta en Santiago de Chile. Un fotoperiodista, que se encontraba realizando registros de las manifestaciones, se suma a la vergonzosa lista de centenares de víctimas oculares desde el inicio de la revuelta de octubre de 2019. Esto sucede poco después del regreso del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, quien se paseó por distintos países de Europa intentando lavar la imagen internacional que ha dejado el gobierno de Sebastián Piñera. Loas al proceso constituyente, la inevitabilidad de estallidos sociales en países que “progresan” y la imagen positiva del país en el exterior fueron parte de la batería discursiva desplegada por el Canciller. Demás está decir que los cuatro informes sobre violaciones a los derechos humanos acaecidas en el país en el último año no fueron parte central de su periplo.
Actualmente, gracias a la movilización popular, el país se ha involucrado en un proceso Constituyente de características inéditas. Existen y continuarán surgiendo, como es de esperar, discusiones que hegemonizan el debate público como quiénes podrán participar del proceso; cómo se elegirán los constituyentes; la implementación de la paridad, cupos reservados para indígenas, la elección de las candidaturas, formación de coaliciones y alianzas, entre muchos otros tópicos.
no deja de ser llamativo, que en pleno siglo XXI las características distintivas de la respuesta estatal sea la utilización de la violencia
Sin embargo, a pesar de este tránsito democratizador que busca cambiar la Constitución, parece no sólo necesario, sino que imperativo, aprender de nuestro pasado reciente. Que la derecha heredera del pinochetismo niegue, banalice o invisibilice violaciones a los derechos humanos no es nuevo. Pero no deja de ser llamativo, que en pleno siglo XXI las características distintivas de la respuesta estatal sea la utilización de la violencia y las violaciones a los derechos humanos.
El extensivo uso de prácticas represivas se creía cosa del pasadado. Al menos para el común de la población quien consideraba que las actuaciones policiales que dejaron un triste saldo de muerte, tortura, mutilación y represiones masivas se habían erradicado y eran incongruentes con la democracia. Esto para la mayoría, ya que hace varios lustros que las comunidades y organizaciones mapuche activas políticamente vienen denunciando el acoso, militarización, criminalización y racismo que sufren sistematicamente por los Carabineros.
En la guerra imaginaria contra el enemigo interno, también imaginario, que declaró el presidente Piñera el 21 de octubre de 2019, no se han escatimado recursos en proteger de manera vehemente y violenta el statu quo, recurriendo a las Fuerzas Armadas, a la Policía de Investigaciones, pero principalmente a Carabineros como institución a la cabeza de la represión. El actuar éticamente reprochable o directamente delictivo de la policía, no obstante, no es nuevo y ha resultado en un progresivo y lapidario descrédito ante la ciudanía.
Tampoco son nuevos los conceptos y las prácticas ideológicas de la guerra y el enemigo interno que ya usara la dictadura y que tuvo como resultante una miríada de asesinatos, desapariciones y torturas.
Pese a ello en la transición que se pactó con la dictadura, poco de justicia hubo. Gran parte de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por los organismos de seguridad quedaron impunes y utilitariamente en el olvido, dejando para el recuerdo transicional frases como “justicia en la medida de lo posible” del expresidente Patricio Aylwin. O las advertencias acerca de la imposibilidad de investigar las torturas ocurridas en dictadura, como afirmaba el entonces Ministro, José Miguel Insulza.
Sin embargo, gracias al persistente trabajo y dedicación de organizaciones que eran parte del entonces fuerte movimiento por los derechos humanos, el estado se vio presionado a realizar dos importantes aportes a la memoria histórica del país. El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) que abordó ejecuciones, desapariciones y violencia política después del golpe militar. Y el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech) que abordó las abyectas torturas y tratos degradantes que llevaron a cabo agentes de la dictadura durante sus 17 años.
Ambos informes fueron relevantes, pues desnudaron muchas de las falsedades construidas desde la dictadura para justificar los horrores cometidos. Empero, ninguno de los informes entregó datos sobre los autores de las violaciones, esto pese a los numerosos testimonios recogidos. Hubo verdad parcial, pero no justicia. Hubo memoria, pero no justicia.
Es de vital necesidad intervenir a Carabineros,
En un país que lleva décadas mostrándose como epítome de calidad democrática, la reincidencia discursiva negacionista acerca de la violación a los derechos humanos y la omnipresente posibilidad de impunidad de los crímenes cometidos no es aceptable. Es de vital necesidad intervenir a Carabineros, institución que según la encuesta CEP ha pasado de tener niveles de confianza institucional relativamente altos (57% en 2015), a ser una de las que más desconfianza produce (17% en diciembre de 2019).
Esto se debe a la exposición mediática del millonario caso de corrupción que involucró a altos mandos de la institución, donde un grupo de fuerzas especiales intentó ocultar el asesinato de un comunero mapuche en 2018 y el montaje para incriminar a ocho dirigentes mapuche apresados con pruebas falsas, en 2017. Esto sumado a la actuación de la institución en el marco de las protestas desatadas desde octubre, en las cuales para el 88% de los chilenos Carabineros violó los derechos humanos.
Esto nos lleva a preguntarnos ¿en qué momento estas situaciones dejan de ser “sólo casos aislados”, como se argumentan desde el gobierno, y no son sino representativos de un mal sistémico? O, dicho de otra manera ¿No debería Carabineros ser intervenido urgentemente por el poder civil o ser directamente refundado? Posiblemente esta sería la única forma de que la institución, u otra que la suceda, goce de legitimidad ante la ciudadanía.
El miércoles 14 de diciembre un periodista sorprendió al presidente Piñera preguntándole: ¿cómo se puede seguir gobernando con un 7% de aprobación? Más allá de los iterativos lugares comunes de su respuesta cabe preguntarse si no son los balines, el gas y la represión de Carabineros. Todo lo cual es inaceptable en una democracia de calidad.
El Reino Unido hizo recientemente dos anuncios de importancia central con respecto al período de pospandemia: el comienzo de la vacunación contra la COVID-19 y un posicionamiento más enérgico en relación con la agenda de tipo climático. Si bien la vacunación ha estado acompañada de la esperanza de una posible vuelta a la normalidad, la defensa de un mayor pragmatismo en el establecimiento de metas y objetivos «verdes» por parte del anfitrión de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Glasgow, 2021) indica el deseo de profundizar en la llamada recuperación verde.
En los últimos meses ha habido una mayor integración de las principales economías en la búsqueda de una recuperación económica más sostenible que abarque el aumento de inversiones bajas en carbono, la adaptación o crecimiento de infraestructuras más resilientes y la ecologización de la economía mundial. Este apoyo político al asunto verde puede atribuirse, en parte, a la experiencia vivida en 2020 y al protagonismo ambiental que terminaron impulsando la agenda ambiental.
La pandemia nos ha anticipado al futuro y ha despertado ideas fuertemente sedimentadas que den lugar a nuevos horizontes»
Así pues, en cierto modo, la pandemia nos ha anticipado al futuro y ha despertado ideas fuertemente sedimentadas que den lugar a nuevos horizontes para negocios que hasta ahora se consideraban inviables, ya sea por los costos estimados o por las proyecciones de beneficios.
La posición del Reino Unido no es única y hay otras potencias apuntando hacia el mismo lado. Alemania y Francia, además de formar parte del plan «verde» europeo, han presentado propuestas nacionales de inversión que se basan en sectores de bajo o nulo consumo de carbono. En Asia, países como China y Japón también han anunciado medidas de descarbonización, mientras que el mundo espera que el gobierno de Joe Biden vuelva a incluir a los Estados Unidos en el Acuerdo de París y avance en su transición energética y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los riesgos para la vida y la economía de no tomar medidas para combatir el cambio climático se presentan a menudo como algo demasiado alejado, lo cual no ayuda a comprender la magnitud del problema. Gran parte de los efectos del calentamiento global ya están presentes, lo que supone grandes pérdidas.
En comparación con la era preindustrial, la temperatura media mundial ha aumentado 1,2 grados. En los últimos años ha habido sucesivos registros de temperatura que han causado y acentuado la fuerza de los desastres naturales. Los denominados fenómenos meteorológicos extremos (principalmente huracanes, inundaciones, sequías e incendios) son una realidad que suscitan mucha preocupación en medio de grandes pérdidas económicas y muertes.
Las regiones más pobres son las más vulnerables al cambio climático»
La edición más reciente del Índice de Riesgo Climático Mundial indica que alrededor de 495.000 personas murieron entre 1999 y 2018 como resultado directo de eventos climáticos extremos. En el mismo período, las pérdidas contabilizadas fueron del orden de 3,5 billones de dólares. Puerto Rico, Birmania, Haití y Filipinas fueron los países más afectados, lo que confirma lo ya sabido: las regiones más pobres son las más vulnerables al cambio climático.
Sin embargo, estos cambios parecen ser tan drásticos que ya se están viendo afectadas algunas de las naciones más ricas que tienen una excelente infraestructura. En 2018, por ejemplo, Japón sufrió fuertes lluvias que causaron 1.282 muertes y daños equivalentes al 0,6% de su producto interno bruto. En Alemania, la fuerte ola de calor causó casi 1.500 muertos y trajo daños estimados en 5 mil millones de dólares.
Recientemente Estados Unidos ha sufrido enormes incendios, así como los huracanes Hanna e Isaías, que nos traen recuerdos de las enormes sequías conocidas como Dust Bowl y, más recientemente, el huracán Katrina. En América Central, las pérdidas estimadas por los recientes huracanes Eta y Iota alcanzan los 10.000 millones de dólares (40% del PIB) solo en Honduras. En Guatemala, más de 5 millones de personas se vieron afectadas, lo que aumenta la presión migratoria hacia EE. UU., debido a la ola de refugiados climáticos. Y unos meses antes, los «gemelos» Laura y Marco habían causado grandes pérdidas en la isla de La Española, que aún no se recupera del paso del huracán Matthew, que causó 900 muertes en Haití.
Brasil, por otro lado, aparece como el 79.º país más afectado por fenómenos climáticos extremos. Además de sufrir en 2004 los daños causados por Catarina (considerado el primer huracán en el Atlántico Sur), el país ha tenido pérdidas por sequía o inundaciones, las cuales han acarreado repercusiones directas en la agricultura, la vivienda y la infraestructura urbana.
Además de los recursos necesarios para la reconstrucción/reparación de las zonas afectadas, los efectos de los fenómenos climáticos en los diferentes sectores de la economía son cada vez más evidentes. Los riesgos para la agricultura —la calidad del suelo, la extinción de los polinizadores y los cambios en los regímenes de agua y de precipitaciones— están más extendidos, al igual que la necesidad de financiar y poner en marcha infraestructuras económicas y sociales que sean, a la vez, más resistentes a estos fenómenos y que combatan el calentamiento global. Sin embargo, los efectos de este tipo de eventos extremos en el sistema financiero todavía son poco conocidos.
Se considera que el sector financiero es fundamental para cualquier proyecto más amplio de descarbonización y crecimiento ecológico. Y dado que los aspectos de sostenibilidad desempeñan un papel importante en el riesgo del sistema de financiación y en la fijación de precios, esencial para todos los mercados, se les está prestando mayor atención.
Así, es evidente que las inversiones en plantas productivas ricas en carbono pueden no ser una opción de inversión ventajosa, considerando tanto la posible duración del proyecto en una economía descarbonizada como los factores y variables que están relacionados, desde los costos del aire contaminado hasta la salud de los trabajadores, pasando por la percepción y el interés de los inversores y los consumidores. Posiblemente, una cartera que contenga empresas en las que se puedan cuestionar o incluso boicotear las prácticas ambientales puede convertirse en un quebradero de cabeza o en un menor rendimiento.
El clima y el medio ambiente se incorporan cada vez más a los modelos de cálculo de riesgos»
Otro punto interesante se refiere a las compañías de seguros. El clima y el medio ambiente se incorporan cada vez más a los modelos de cálculo de riesgos, lo que puede implicar un gran aumento de los costos de las operaciones aseguradas o la imposibilidad de proteger los bienes y las operaciones en las regiones donde el «riesgo climático» es elevado.
Pensemos en los retos de la industria y sus consumidores en los estados de California y Oregon. Los riesgos y los costos de las pólizas de seguros de propiedad y de automóviles en estos dos estados tienden a incrementarse considerablemente, al igual que las regiones afectadas por huracanes. Las inversiones aseguradas en plantas productivas en ciudades costeras o propensas a las inundaciones pueden resultar muy costosas, lo que tal vez lleve a la decadencia de los principales centros económicos mundiales. Los eventos climáticos extremos son ahora el principal factor de inseguridad para una vasta cantidad de personas y bienes.
Foto da Policía Nacional Colombiana no Foter.com / CC BY-SA
El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la cual permite el aborto legal hasta la semana 14 de gestación, será discutido en el Senado argentino entre el 29 y 30 de diciembre. Después de que el pasado 11 de diciembre la Cámara de Diputados aprobara el documento por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, el texto se encuentra ya en el Senado, donde está siendo discutido en las comisiones de Banca de Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud. Si obtiene el dictamen positivo de los senadores que integran las citadas comisiones, sólo quedará un último obstáculo: su aprobación en sesión plenaria.
El proyecto, redactado por el Ejecutivo de Alberto Fernández, reintroduce en la agenda política el debate sobre los derechos reproductivos. Y es que no es la primera vez que los legisladores argentinos discuten sobre esta cuestión. En 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), se trató de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y derogar así la actual legislación, vigente desde 1921, según la cual sólo se permite el aborto en los supuestos de violación o riesgo de vida para la madre. Pese a conseguir la aprobación del Congreso con 129 votos a favor y 125 en contra, al llegar a la Cámara Alta el proyecto fue rechazado por 38 votos negativos frente a los 31 positivos.
parece que el debate va a ser menos tenso que hace dos años y que los números están más ajustados en el Senado
Pese a que en esta ocasión parece que el debate va a ser menos tenso que hace dos años y que los números están más ajustados en el Senado, nadie da por segura la aprobación de la ley. Los bloques están divididos y los votos necesarios para la aprobación penden de un hilo.
En esta cámara, mucho mas conservadora y donde se representan los intereses de las provincias del interior, muchos de los senadores se amparan en sus creencias religiosas y en la necesidad de salvar vidas para justificar su negativa a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, desde los sectores partidarios de la ley el debate no se plantea en términos de “aborto sí o no”, sino en torno a la disyuntiva de aborto legal o clandestino.
La realidad es que la decisión de considerar la interrupción voluntaria del embarazo como delito no impide que muchas mujeres sigan llevando a cabo esta práctica. En Argentina, según diferentes estimaciones, entre 350.000 y 450.000 mujeres abortan de manera clandestina cada año. La gran mayoría de ellas en condiciones insalubres, poniendo en riesgo sus vidas, al acudir a médicos no profesionales o haciendo uso de métodos peligrosos como perchas, sondas o agujas de tejer. No se trata, por tanto, sólo de una cuestión moral sino de un problema de salud pública.
Esta situación, visibilizada ahora en el caso argentino por la discusión del proyecto de ley, se hace extensible a toda la región latinoamericana. Sólo Cuba, Uruguay y Guyana permiten la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de una ley de plazos. En el resto, el aborto se considera legal si cumple una serie de supuestos, siendo los más comunes el de violación, malformación del feto y riesgo de la vida de la gestante.
Sin embargo, países como Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Guatemala o Costa Rica únicamente contemplan el aborto terapéutico. Esto es, el que amenaza la vida de la mujer. Ello coloca a las mujeres que desean acabar con un embarazo no deseado en una situación muy complicada que puede acarrear graves consecuencias, tanto en términos de salud como de pérdida de libertad.
Pese a ser una práctica sanitaria relativamente sencilla, el aborto supone un importante problema de salud pública en América Latina
Pese a ser una práctica sanitaria relativamente sencilla, el aborto supone un importante problema de salud pública en América Latina, cobrándose entre cinco mil y diez mil muertes anuales. Pero, además, es un problema político y social ya que ahonda en la pobreza y violencia crónica en la que viven sumidas millones de mujeres y pone en evidencia la falta de autonomía sobre sus propios cuerpos.
Esto se hace especialmente patente en los países más restrictivos en materia de aborto, como los centroamericanos, donde la prohibición de cualquier supuesto de aborto convive con altos índices de violencia sexual contra las mujeres y donde las penas por aborto pueden llegar a duplicar las penas por violación.
Pese a que cada vez son más las voces que claman por la despenalización del aborto, esta cuestión sigue siendo especialmente conflictiva en la región. La desigualdad, el peso de la religión, la inestabilidad política y la debilidad de los mecanismos de protección social actúan como poderoso contrapeso a la hora de hacer progresar iniciativas al respecto.
Pese a los esfuerzos del activismo y la existencia de algunos líderes con un enfoque más progresista en términos de derechos reproductivos y soberanía sobre el propio cuerpo, la despenalización del aborto en toda región aún es una realidad lejana.
Veamos qué depara la experiencia argentina y cuál es la decisión del Senado. En cualquier caso, el hecho de que una ley de este tipo haya vuelto a llegar a la Cámara alta para su discusión supone un paso importante en la defensa de los derechos reproductivos y contribuye a que el aborto deje de ser un tema tabú. Partidarios y detractores se movilizan en las calles, representantes y representados exponen sus posturas y afloran cifras y datos sobre los riesgos asociados a las prácticas clandestinas para interrumpir el embarazo.
Sin duda, tanto la experiencia de 2018 como la actual contribuyen al fortalecimiento de la sociedad civil y a la lucha por los derechos. Obliga a la búsqueda de puntos de encuentro, a repensar posiciones morales, a la búsqueda de alternativas y a sopesar, en los casos en los que haya conflicto, la importancia que se otorga las convicciones y a la salud pública.
Estos debates, más allá de los fines concretos que persiguen, también son una gran oportunidad para hacer funcionar la deliberación democrática y permiten visibilizar, a partir de la experiencia concreta, una deuda histórica con todas las mujeres de la región.
Transcurren hoy dos procesos que nos remiten a banderas importantes del movimiento feminista y de mujeres. Nos referimos al proceso constituyente en Chile y al proyecto de ley para el aborto gratuito y voluntario en Argentina. La constituyente chilena será la primera constituyente del mundo que tendrá una paridad de género total, y el proyecto de ley en Argentina responde al compromiso expresado por Alberto Fernández de remitir al Legislativo una iniciativa que recoge las demandas del movimiento por el aborto libre, gratuito y seguro. Ambos tienen que ver con la política.
La iniciativa del presidente Alberto Fernández, que ya tiene media sanción de diputados, es probablemente la más delicada por tratarse de un tema que despierta una polarización de la opinión pública y oposición de parte de las Iglesias y los movimientos antiderechos (autodenominados “provida”). Ambos, con gran influencia en la sociedad. La paridad de género como concepto no ha generado ese nivel de polarización, pero la normativa creada para la constituyente chilena tiene un carácter inédito, que sorprende.
Ambos procesos calificarían como ejemplos de una “feminización” de la política latinoamericana. Por ello, queremos decir lo siguiente: hay un surgimiento de posicionamientos políticos que recogen temas tratados por el movimiento feminista y de mujeres. Posicionamientos que no se dan con facilidad en las coyunturas electorales y de transición.
A menos que se trate de partidos o movimientos políticos con un posicionamiento institucional claro a favor de la narrativa feminista, las opciones que hacen los partidos y movimientos más de tipo electoralista, atrapatodo o de centro, centro-izquierda, suelen estar teñidas de cálculos costo-beneficio que dependen de la dirección que va teniendo el sentimiento público respecto a estos asuntos.
La capacidad de afectar esos cálculos y opciones siempre ha sido uno de los desafíos de la pragmática política feminista. ¿Hasta dónde se puede llegar? Incluso el presidente Fernández, que nos parece que tiene un compromiso genuino con la iniciativa arriba mencionada, tuvo que ser empujado por el movimiento social. El peronismo, siendo un movimiento político muy plural y variado, no puede ser considerado un actor político, que, con seguridad, se aliaría al feminismo, pero hay actualmente un cierto desplazamiento.
La iniciativa de Chile también refleja la fuerza del movimiento feminista y de mujeres. Su protagonismo en las manifestaciones y protestas sociales tuvo un particular destacamiento. La política chilena, acosada por un fenómeno que ponía en cuestionamiento su propia función representativa, se desplazó hacia este blindaje de la paridad por la presión del movimiento social.
La pregunta que nos hacemos es si estos dos procesos son un heraldo de lo que podría darse en el nuevo ciclo electoral que se avecina, con elecciones en Ecuador, Perú y Chile en 2021 y otras tantas en 2022. Existen países en los que es claramente improbable que una feminización de la política, en la acepción que le estamos dando, surgiera con fuerza.
El Paraguay, quizás uno de los países más conservadores de la región, seguramente no establecerá esos puentes con el movimiento de mujeres. Las elecciones de Perú serán una nueva caja de pandora, pero se puede esperar la entrada en escena de nuevos actores jóvenes que lleven esa bandera. Si las últimas elecciones municipales en Brasil son un indicador, es probable que el tono misógino y neofascista de Jair Bolsonaro decaiga, pero se mantenga un centrismo sin grandes innovaciones en el plano de las políticas de género.
La paleta de opciones que trae aparejada la feminización de la política es bastante amplia»
No obstante, la paleta de opciones que trae aparejada la feminización de la política es bastante amplia. En el ciclo electoral del 2017 al 2019 se vio un giro a la derecha en la región, pero aun así varios temas importantes estaban bien asentados y representaban consensos a lo largo del arco político.
El concepto genérico de igualdad de género y la necesidad de poner fin a la violencia contra las mujeres eran factores que prácticamente nadie disputaba. La igualdad salarial, de oportunidades que otorgen a la mujer una mayor participación en la toma de decisiones en todos lo niveles, así como la corresponsabilidad con el varón en el trabajo doméstico y cuidado de la familia, fueron parámetros relativamente estables.
Un resquebrajamiento de los consensos se dio en torno a asuntos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo, el empoderamiento social y colectivo del movimiento feminista. La famosa “performance” de LasTesis sobre el “violador en tu camino” y el dedo acusador que apunta al Estado y los factores sistémicos son manifestaciones de autonomía y asertividad que hieren el tono concesivo y patriarcal que los liderazgos asumen con respecto a ciertas demandas de las mujeres.
Las desigualdades más de tipo estructural también causaban una oposición importante. Por ejemplo, todo el debate sobre los cuidados y el trabajo doméstico. El llamado a la corresponsabilidad de los géneros en el trabajo doméstico como un asunto privado, resuelto en el seno del hogar, era una cosa, pero otra era la valoración del trabajo doméstico no remunerado y su inclusión en las cuentas nacionales.
La cultura y los valores son otros factores decisivos. El feminismo afecta la masculinidad y las visiones que se tiene sobre ello»
La cultura y los valores son otros factores decisivos. El feminismo afecta la masculinidad y las visiones que se tiene sobre ello, los aspectos más profundos que chocaban con las culturas patriarcales tradicionales o las prácticas de los grupos del crimen organizado que, de alguna manera, organizan la masculinidad violenta para ejercer su dominio en ciertos territorios.
Con base en esta experiencia es que tendremos que observar durante el próximo ciclo electoral si los posicionamientos políticos se desplazan hacia la derecha o la izquierda de esa paleta de opciones que trae consigo la feminización de la política. Evidentemente, ese proceso dependerá mucho del vigor del movimiento social y de su capacidad de articulación con una serie de otras demandas y posiciones que reivindican la igualdad y la inclusión.
Aunque no son aspectos definitorios, no nos cabe duda que el motor del movimiento se verá impulsado de manera importante si la Cámara de Senadores aprueba la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández y si el desempeño del proceso constituyente chileno demuestra que la paridad de género agrega valor.
Se acaban de cumplir cuatro años del Acuerdo de Paz que fue suscrito entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno colombiano. Un acuerdo que se firmaba, no sin dificultades, tras cuatro años de diálogo en La Habana, un día antes de la muerte de Fidel Castro, y a modo de corolario de un largo siglo XX. Con esto se desdijo a Eric Hobsbawm. El conflicto de Colombia, aparte de ser el más longevo de América Latina, es, a su vez, el último remanente de la experiencia guerrillera que, desde mediados del siglo pasado, tuvo lugar en el continente.
La firma de un acuerdo de paz no supone una reducción per se de los niveles de violencia»
La firma de un acuerdo de paz no supone una reducción per se de los niveles de violencia. Centroamérica o el mismo país cafetero nos invitan, con sus realidades violentas, a una reflexión. Un acuerdo tampoco supone necesariamente, como nos muestra la reconocida politóloga Pippa Norris, un avance positivo en la calidad de la democracia. Asimismo, por lo general, en los años posteriores a una confrontación armada no termina por llegar el conocido dividendo de la paz, por el cual, los gastos por un conflicto, al desaparecer este, permiten la reinversión del gasto público en otros ámbitos y necesidades de la sociedad.
Todo lo contrario, los gastos en seguridad y defensa se mantienen estables —como sucede en Colombia— y los procesos de reincorporación a la vida civil no son nunca plenos, ni mucho menos están carentes de disidencias o nuevas movilizaciones hacia la violencia. Al respecto, las experiencias recientes nos hablan de lo natural que es la conformación de disidencias o nuevas estructuras criminales, al menos, entre un 8% y un 14% sobre el total de viejos integrantes de una estructura armada.
Un acuerdo de paz es solo el principio de un proceso de transformación estructural, territorial e institucional de un escenario otrora violento, y que casi siempre es tan imperfecto como complejo. En el caso de Colombia, no hay excepciones, y es necesario partir de estas ideas, aun cuando el acuerdo suscrito con las FARC-EP bien puede ser el más ambicioso y completo de las últimas décadas. Eso sí, con la única y extraordinaria excepción de que es el Gobierno, a diferencia de cualquier otra experiencia comparable, el principal saboteador y el mayor responsable de los incumplimientos, hasta el momento, advertidos.
Sea como fuere, la violencia por el conflicto armado interno y las fuentes de financiación ilícitas de este —narcotráfico, minería ilegal, extorsión, etc.— hoy en día es sustancialmente superior a la de los últimos ocho años. Aunque el país presenta una tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes que es inferior a los 25 homicidios, y que representa el mejor registro de los últimos 25 años, igualmente este dato se duplica de manera amplia en aquellos escenarios que tienen una mayor violencia por el conflicto.
Además, desde la firma del acuerdo en Colombia no solo han sido asesinados más de 700 líderes sociales y 250 exguerrilleros de las FARC-EP, sino que la vieja geografía de la violencia, mayormente periférica, se ha intensificado, producto de un incremento de la disputa territorial de los criminales. Entre otros, el Ejército de Liberación Nacional, las mal denominadas disidencias de las FARC-EP —pues, mayormente están conformadas por nuevas reclusiones— o los grupos criminales de Los Pelusos o el Clan del Golfo protagonizan una disputa por la hegemonía en la que hay decenas de estructuras armadas y un total de miembros en liza que superan las 7.000 personas.
El desarme de las FARC-EP, la falta de ocupación del territorio por parte de las Fuerzas Militares —en un país, tradicionalmente, con más territorio que soberanía— y una ingente disposición de recursos ilícitos —como las más de 150.000 hectáreas cultivadas de coca— han alimentado una geometría variable de la violencia. Esto, en un espacio donde las alianzas y las confrontaciones entre todos estos criminales ha quedado subsumida en una lógica cambiante y oportunista, y en continua transformación.
En primer lugar, es posible identificar una treintena de grupos armados que se consideran continuadores, de un modo u otro, de las extintas FARC-EP. Si bien esta guerrilla tenía una presencia que superaba los 240 municipios a finales de 2012, la actual continuidad de la violencia ya se contabiliza, según la Fundación Ideas para la Paz, en al menos la mitad de estos municipios.
Algunos frentes históricos, como el Frente 1 o el 7, desde los primeros compases de la aplicación del acuerdo, se desmarcaron del proceso y enarbolaron el continuismo de la extinta guerrilla, pues estaban disconformes con los intercambios y las concesiones que habían sido suscritos con el Gobierno. De este modo, es la manera como destacan los grupos comandados por Gentil Duarte o Iván Mordisco.
Frente a estos, los nombres de los dos principales comandantes de las FARC-EP al frente del diálogo de paz de La Habana, Iván Márquez y Jesús Santrich, conforman la estructura criminal Segunda Marquetalia. Esta se erige como continuadora de las FARC-EP, una vez que estos abandonan el proceso de reincorporación a la vida civil en agosto de 2019.
En un principio, los líderes presuponían que el paso natural de reorganización armada debería llevar a un proceso de convergencia, al menos, con las estructuras de Gentil Duarte o Iván Mordisco, más próximas a la esencia guerrillera. Algo nada más alejado de una realidad caracterizada por el enfrentamiento por el control del territorio y de los recursos, especialmente, en el oriente colombiano. Allí concurren todos estos grupos, además de otros no menos importantes, con mayor arraigo en el nororiente (Arauca y Norte de Santander), tal y como sucede con Los Pelusos y, principalmente, con el ELN que tiene cerca de 4.000 miembros.
Por otro lado, en la región Caribe, de Colombia, predomina la concurrencia de grupos posparamilitares, entre los que se destaca el Clan del Golfo, con 1.800 integrantes, y al que hay que sumar el reparto y la confrontación con estructuras del ELN y otras disidencias de las FARC-EP, con especial arraigo en el litoral Pacífico —Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño— o en los departamentos del sur del país, como Caquetá o Putumayo.
Allí, las estructuras armadas herederas o continuadoras de las FARC-EP actúan con un rasgo más flexible y clientelar, sujetos a la correlación de fuerzas y las particularidades del entorno local. Aunque las estructuras de Duarte y Mordisco trataron de coordinar buena parte de los grupos criminales de la región Pacífico, no tuvieron éxito en su intento. Todo lo contrario. El resultado ha sido una guerra de todos contra todos, en parte, por el carácter autónomo de algunas de las estructuras más poderosas, como el redefinido frente Óliver Sinisterra.
Un conflicto mucho más fracturado, complejo y cambiante que el existente cuando operaban las FARC-EP»
El resultado de todo lo anterior, por ende, es un conflicto mucho más fracturado, complejo y cambiante que el existente cuando operaban las FARC-EP en Colombia. Con el objetivo de la hegemonía local, acontecen tres enclaves que hoy en día resultan especialmente violentos. Primero, el sur del Cauca, que se disputan ELN y el Frente Carlos Patiño; después, el sur de Putumayo, que enfrenta a una estructura de Duarte con el grupo Mafia Sinaloa; y, finalmente, Nariño, en donde hay más de diez grupos armados que están enfrentados entre sí. En los tres, el factor común es, además, la ausencia del Estado. Y ello, por no tomar en consideración otros complejos como el Catatumbo —en Norte de Santander— o Chocó.
En conclusión, nos encontramos ante múltiples guerras en el plano local que encabezan y desdibujan una violencia cada vez más difícil de caracterizar, aunque con un inalterado patrón explicativo, que ha resultado irresoluto con el paso de los años. Toda esta violencia sigue aconteciendo en la Colombia olvidada, periférica y cocalera, en donde el Acuerdo de Paz y cualquier atisbo de aplicación siguen siendo hoy una mera quimera.
Desde noviembre se ha confirmado diariamente en América, que es ahora el epicentro de la pandemia, una tendencia creciente en el número de nuevos casos y muertes por COVID-19. El curso letal continúa en la región, que alberga más de la mitad de los casos y muertes del mundo, y los Estados Unidos y Brasil, lamentablemente, lideran esta triste estadística. Desde el comienzo de la pandemia hasta el 12 de diciembre se registraron alrededor de 30 millones de casos y 800.000 muertes. Estas cifras incluyen los 14 millones de casos y 500.000 muertes registradas en América Latina. Brasil está cerca de 200.000 muertes y 8 millones de casos. Pero todas estas cifras, hemisféricas, subregionales y nacionales, son ciertamente más altas, porque el acceso a las pruebas es reducido y muchas muertes aún no han sido confirmadas.
¿Por qué la América Latina ha sido tan intensamente golpeada por la pandemia? En primer lugar, debido a la grave pobreza en la que vive una gran parte de la población. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha estimado que la pobreza, que ha estado aumentando desde 2017, ha pasado de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, lo que supone un incremento de 45,4 millones de personas (Figura 1). Esto significa que hoy en día el 37,7% de la población latinoamericana vive en la pobreza.
Figura 1. Población en situación de pobreza de América Latina (18 países)
2019-2020
Fuente: Cepal (2020)
Además, la misma institución proyecta que el coeficiente de Gini aumentaría entre el 1% y el 8% y que las principales economías de la región mostrarían los peores resultados.
Además de la desigualdad de ingresos, la pandemia de la COVID-19 también abrió otras dimensiones de desigualdad en América Latina: los pobres, los negros, los indígenas, los habitantes de las periferias, los barrios marginales, los quilombos y las aldeas se ven más afectados por la enfermedad que otros. Está muy claro que, con la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad de la población también crece de manera asombrosa: cuanto más pobres, más susceptibles son de enfermarse de COVID-19 y mayor es la fatalidad, es decir, las muertes por caso.
Las autoridades sanitarias (y los dirigentes nacionales) de los países están asombradas y a menudo están perdidas y no logran actuar de forma eficaz para mitigar o atenuar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas causadas por la pandemia. En Brasil, y quizás en México, la situación es aún más caótica, con la postura negativa de los respectivos presidentes y la abierta incompetencia del Ministerio de Salud.
No obstante, se están formulando muchas propuestas para hacer frente a esta desastrosa situación de manera heterogénea tanto a escala nacional y regional como en los acuerdos subregionales de los países.
La diplomacia sanitaria regional en las respuestas multilaterales y plurilaterales
Las sesiones especiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) son raras: desde la creación de la ONU en 1945, solo se han celebrado 30 sesiones de este tipo. La sesión número 31 se realizó de forma virtual los días 3 y 4 de diciembre y tuvo como tema la pandemia de la COVID-19. A los debates asistieron el secretario general, António Guterres, los presidentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social, el presidente del Consejo de Seguridad y el presidente del Movimiento de los Países No Alineados, que propuso la sesión. Más de 90 jefes de Estado hablaron durante el debate general.
El segundo día se celebraron tres paneles: 1) la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a la COVID-19; 2) el camino hacia la vacuna contra la COVID-19: un bien público mundial; 3) la resistencia y la recuperación para mejorar la COVID-19. En todos ellos, la figura común era el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. El mensaje central fue que la comunidad internacional debe reforzar la lucha contra la pandemia y buscar la recuperación, que debe provenir del compromiso mundial e individual de los países con la aplicación del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2020: Alcázar, Galvão y Buss, 2020).
En el mismo período, los acuerdos plurilaterales, como el G20 y el Brics, también se reunieron con la COVID-19 como tema prioritario. En el blog del Centro Fiocruz de Estudios Estratégicos (CEE) se publicaron artículos centrados en estas dos cumbres y en los que se detallaban los principales debates y sus conclusiones.
La semana anterior a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea Mundial de la Salud se reunió virtualmente para finalizar la sesión que empezó en mayo de 2020, y obviamente la pandemia de la COVID-19 volvió a ser el tema prioritario del programa, sin dejar de aprobar un importante conjunto de resoluciones sobre otros aspectos del programa mundial. Los Estados miembros reiteraron los términos de la resolución única de la sesión de mayo de 2020 de la AMS sobre la COVID-19 y debatieron la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, sin que, sin embargo, para nuestra sorpresa, se estableciera un proceso para un examen exhaustivo de lo que funcionaba y lo que no funcionaba en relación con lo que se esperaba del reglamento.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reunió el 10 de diciembre a todos los ministros de Salud de las Américas, examinó las formas de hacer que la distribución de vacunas en la región sea equitativa»
El brazo hemisférico de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reunió el 10 de diciembre a todos los ministros de Salud de las Américas, examinó las formas de hacer que la distribución de vacunas en la región sea equitativa, incluyendo el mecanismo del Fondo de Vacunas, que existe desde hace muchos años con una gran eficiencia en la organización.
De forma conjunta, la Cepal y la OPS se manifestaron a principios de julio de este año, con el documento Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y resumir el camino hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Desde entonces, ambas instituciones han señalado que, si no se controlaba la curva de contagio de la enfermedad, no sería posible reactivar las economías de los países y de la región en su conjunto. También indicaron que tanto la lucha contra la pandemia como la reapertura económica requerían un liderazgo eficaz y dinámico de los Estados mediante políticas nacionales que integraran las políticas económicas, sociales y sanitarias. Desde entonces, el documento abogó por un aumento del gasto fiscal para controlar la pandemia y promover la reactivación y la reconstrucción, además de ser más eficiente y equitativo, de modo que el gasto público en salud alcanzara al menos el 6% del PIB.
A continuación se presentaron otras propuestas de la Cepal en el ámbito económico y social, entre ellas el documento de posición presentado a los Estados miembros en el 38.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Período de sesiones de la Cepal: «Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad».
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por su parte, bajo la presidencia de México, trató de colocar el tema de la COVID-19 en la agenda del debate latinoamericano, pero sin mucho éxito. Brasil, por otra parte, player histórico regional, ha renunciado a todas las reivindicaciones de liderazgo en relación con la pandemia en la agenda regional y no ha mostrado ninguna voluntad de participar activamente en la configuración del mundo después de la pandemia. De hecho, Brasil, e incluso México, no han sido los mejores ejemplos en el enfoque de la epidemia en sus territorios.
En un reciente artículo publicado en L21, Nolte hace un análisis muy apropiado de los efectos secundarios de la COVID-19 en la integración de Latinoamérica. Señala que «la crisis de Covid-19 ha expuesto despiadadamente los déficits estructurales del regionalismo latinoamericano. Una crisis también puede ser una oportunidad. Pero esto requiere liderazgo y una agenda común». Para el autor, a diferencia de la Unión Europea, no existe un liderazgo suficientemente fuerte en América Latina (ya sea singular o compartido) que pueda promover proyectos regionales o poner fin a la parálisis que sufren algunas organizaciones regionales.
En el Mercosur, los presidentes Jair Bolsonaro y Alberto Fernández se reunieron a principios de diciembre para recuperar los lazos que se han debilitado por asuntos políticas e ideológicas y priorizar temas de interés común para ambos países. Paralelamente, el 3 de diciembre se realizó la LXVII Reunión de Ministros de Salud del Mercosur, que dio como resultado cuatro declaraciones: 1) sobre la importancia de garantizar la salud ambiental y laboral en el contexto de la pandemia; 2) sobre la asistencia alimentaria a poblaciones vulnerables en el marco de la COVID-19; 3) sobre el control del tabaco y la COVID-19; y 4) sobre el mecanismo COVAX de la OMS.
También alienta el apoyo al mecanismo COVAX de la OMS para garantizar que la capacidad de pago de los países no se convierta en un obstáculo para el acceso a las vacunas contra la COVID-19″
También alienta el apoyo al mecanismo COVAX de la OMS para garantizar que la capacidad de pago de los países no se convierta en un obstáculo para el acceso a las vacunas contra la COVID-19, situación que dejaría a muchos países de las Américas desprotegidos y llevaría a que esta pandemia durara más de lo necesario, y propone una representación de los países del Mercosur en los órganos de gobierno de ese mecanismo. En esa ocasión, Uruguay pasó la presidencia pro tempore del Consejo a Argentina.
El Prosul creó cinco mesas de trabajo para hacer operativos los compromisos establecidos por los presidentes: migración y fronteras; compras conjuntas; acceso a créditos internacionales; epidemiología y disponibilidad de datos; y tránsito de mercancías, que se encuentran en una fase preliminar de acción.
Para la CEPAL (2020; 2020a), a fin de hacer frente a la crisis sanitaria y a sus graves efectos sociales y económicos, «será necesario que una amplia variedad de actores construya pactos políticos y sociales para lograr la protección social y sanitaria universal, reorientando el desarrollo sobre la base de la igualdad y las políticas fiscales, industriales y ambientales hacia la sostenibilidad».
Al fin y al cabo, se trata de una propuesta de «un Estado de bienestar que garantice el acceso universal a la salud, una fiscalidad redistributiva, el aumento de la productividad, una mejor prestación de los bienes y servicios públicos, la gestión sostenible de los recursos naturales y el aumento y la diversificación de las inversiones públicas y privadas». Con ese fin, «la solidaridad regional e internacional debe contribuir a construir sobre valores comunes y responsabilidades compartidas para el progreso de todos».
Como se desprende de lo anterior, todas las organizaciones multilaterales y plurilaterales de América Latina han establecido acuerdos en torno a un enfrentamiento que podría decirse que es parte integrante de la COVID-19. Son excelentes noticias. Con este arsenal de declaraciones y resoluciones, se da la base política necesaria. El poder público tiene responsabilidades intransferibles; solo un Estado transformado, con Gobiernos comprometidos, una gobernanza adecuada y la movilización de la sociedad civil, podrá trascender la retórica de estas manifestaciones y encontrar los mecanismos nacionales y subregionales para llevarlas a la práctica, así como la financiación de medidas sociales, políticas y sanitarias imprescindibles e impostergables.
