La pandemia ha expuesto a los gobiernos a una serie de dilemas inexistentes en tiempos normales. ¿Priorizar la economía o la salud? ¿Respetar las libertades civiles o el control social? ¿Privilegiar la salud en términos amplios de bienestar o reducida a un blindaje antiviral?

Esos dilemas van más allá de una elección entre caminos alternativos e interpelan a las autoridades sobre su capacidad para navegar las contradicciones y concebir una noción moderna de sociedad saludable y sostenible. Líderes de Europa Occidental y de países vecinos como el Uruguay han sabido pilotarlas. Han flexibilizado las cuarentenas y revisando su postura en casos de rebrotes y se han responsabilizado por el testeo masivo de sus poblaciones en lugar de mantenerlas reprimidas o confinadas. Han movilizado a los ciudadanos para adoptar una ética de prevención sin abdicar de su rol de garantizar efectivamente la salud colectiva.

En contraste, una parte de la dirigencia de Europa Oriental y América Latina parecería haber naufragado delante de aquellas disyuntivas o, peor aún, habría convertido a la intensificación de esas contradicciones en una forma de gobernar.

Entre los naufragios aparece uno obvio. Fruto del aislamiento social y una política sanitaria anclada en el miedo al contagio, los gobiernos empeoran la salud colectiva cuando se planteaban preservarla. Ello ocurre donde el confinamiento anti-infección dio lugar a un aumento del sobrepeso, las dietas a base de alimentos procesados con serias consecuencias cardiológicas y la atrofia muscular. En esos contextos se disparan los casos de depresión infantil y adulta, ansiedad generalizada, insomnio y síndromes de pánico y hacen explotar el consumo de psicotrópicos, drogas ilícitas y bebidas alcohólicas.

Ese combo, más la postergación de exámenes y tratamientos de problemas médicos, ciertamente no augura una victoria para la salud bajo cuarentenas larguísimas. Si a ello, como en los casos argentinos, peruano, colombiano o ecuatoriano, se les suma una aceleración de los casos por Covid, el naufragio parece muy claro.

Uno de los caminos más impensados ha sido el de convertir las contradicciones en una forma de gobierno.

Uno de los caminos más impensados ha sido el de convertir las contradicciones en una forma de gobierno. Cabalgando sobre la recuperada centralidad del estado delante de la pandemia, dirigencias como la de Argentina promovieron una peculiar intensificación de los antagonismos sobre cómo gobernar una crisis. Estos fueron ampliando su intervencionismo en ámbitos desvinculados a la gestión del virus mientras le transferían a los individuos la responsabilidad por el ejercicio de un autocontrol disciplinante de su propia salud.

La pandemia revela la miopía de un modelo neoliberal que desfinancia al sistema de salud pública bajo el argumento de la mayor eficiencia privada. Sin embargo, los gobiernos populistas que retóricamente encarnan un modelo alternativo de intervencionismo propiciador del bienestar colectivo, abdican en la práctica de su papel de agente de cambio, repasándole los compromisos y las culpas a los individuos. De esta manera reproducen la cartilla neoliberal.

Lejos queda la presencia de un estado eficaz frente a la pandemia cuando, como en el caso argentino, no se ejecuta ni la mitad del presupuesto para la emergencia sanitaria, se omite a realizar testeos y distribuir kits en una escala próxima a la necesaria o se permite que 1/3 de las clases altas embolsen la ayuda de emergencia. Una sumatoria de ineficacias a la que se le suman los casos de negocios paralelos y compras sobrefacturadas.

Esa contradicción consagra un culto de constante auto-gestión individual de la propia salud, que le transfiere al individuo la responsabilidad y la culpa por la vigilancia personal

La distribución de subsidios de emergencia, la absorción de costos laborales parciales de empresas o los salvatajes sectoriales discrecionales simulan un rescate del estado de bienestar. Esto ocurre —paradójicamente— en paralelo a la omisión en la gestión efectiva de la salud pública, al delegársele al individuo el papel central para mantener los procedimientos y obtener los resultados. Esa contradicción consagra un culto de constante auto-gestión individual de la propia salud, que le transfiere al individuo la responsabilidad y la culpa por la vigilancia personal y eventuales fallas a la profilaxis anticontaminante.

Si crecen los números de contagio, muertes y la sensación de descontrol de la pandemia, no es porque el gobierno fracasó en proveer testeos a gran escala o porque no adquirió los equipamientos a tiempo o los compró con fallas sin supervisión. Es fruto de las personas que flaquearon en asimilar la cuarentena. Curiosamente, a mayor retórica en favor de un estado fuerte, más intensa la prédica que transfiere compromisos al individuo.

El giro neoliberal del intervencionismo populista se apoya en cuatro pilares. El primero es la reducción de las nociones de salud y bienestar al blindaje viral vía confinamiento. El segundo la transferencia discursiva al individuo de capacidades y responsabilidad por ejecutar dicho blindaje. El tercero, la diseminación de un mantra profiláctico individual anclado en rituales de higiene y limpieza. Y el último, la asignación de culpa a las personas y no al Estado o sus dirigentes por los eventuales fracasos en el control de la pandemia.

Repitiendo el credo neoliberal, la arenga gubernamental insiste que el auto-control disciplinado, autónomo e informado del propio cuerpo lleva a la emancipación. Ese “empoderamiento” de los individuos no genera un debilitamiento del estado, sus autoridades continúan controlando los recursos pero los usan discrecionalmente mientras le endosan la responsabilidad por los resultados a otros.

No es la primera vez que autoridades entusiastas de más intervencionismo estatal acaban neoliberalizando la administración de graves problemas. La gestión del cambio climático sigue la misma cartilla. Allí, campañas y políticas públicas ponen a la auto-regulación del consumidor como principal eje de transformación rumbo a la meta de una menor huella ecológica, estimulando la reforma del consumo individual (su reverdecimiento), responsabilizando y culpando al individuo por eventuales incumplimientos con los objetivos de descarbonización.

el estado se auto-exime de ejecutar políticas que afecten intereses establecidos o cambiar el funcionamiento del propio sistema.

Así, el estado se auto-exime de ejecutar políticas que afecten intereses establecidos o cambiar el funcionamiento del propio sistema. De esta manera, preserva su financiamiento fácil a base de impuestos al consumo de combustibles o de la propiedad de coches y evita el trabajo de largo plazo de crear, por ejemplo, una nueva matriz energética enteramente renovable. Como con el Covid-19, ese empoderamiento del consumidor, más que debilitar al estado, convierte al primero en chivo expiatorio y libra al segundo de presiones sectoriales.

La contradicción entre intervencionismo estatal con relación a los recursos y promoción de la auto-gestión individual, como solución a las crisis, surge como una forma de gobierno, más que como un dilema a ser resuelto. Más que guerrear entre sí, son abordajes que se complementan, proponiendo un ordenamiento de la sociedad a partir de una regulación a la vez ejercida desde arriba (las políticas de Estado de cuarentena, medidas de emergencia económica y asistencialismo) y desde la misma población (el auto-control disciplinante).

En el seno de la paradoja de ver gobiernos intervencionistas que privatizan la responsabilidad por sobrevivir a la actual crisis anidan tensiones de largo plazo. ¿Aceptarán los ciudadanos el fardo de cuidar de su propia solución personal sin cuestionar el propósito del estado que promueve dicha transferencia? ¿Dada la escasez de recursos, no se tentará el estado en ampliar esa exención y transferencia de responsabilidades a otros ámbitos?

_{*Translation from Spanish by Emmanuel Guerisoli}

_{Foto de Gustavo Minas en Foter.com / CC BY}