Gabriel Boric, el joven presidente proveniente del movimiento estudiantil de la década anterior, asumió su gobierno encarnando la pulsión por el cambio expresado durante el estallido social de 2019 y aupado por el rechazo a la ultraderecha pinochetista que había triunfado en la primera vuelta de la elección presidencial. Pero ya en su primer año, el gobierno mostró que su línea, de cara a la cuestión Mapuche, sería el continuum de dominación del Estado chileno sobre los pueblos indígenas. De hecho, su período ha estado marcado por las luchas de estos pueblos por abrir espacios de participación política, integrar procesos políticos e institucionales, la entrega de propuestas concretas, ataques racistas, militarización de territorios y la sempiterna desilusión por la falta de resultados.
Para comprender las políticas implementadas desde el Estado durante el gobierno de Gabriel Boric, es necesario profundizar en tres puntos fundamentales: la derrota de la Convención Constitucional y sus consecuencias; el Plan Buen Vivir y el mantenimiento del estado de excepción; y finalmente, la instauración de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
En primer lugar, la derrota estrepitosa en las urnas de la propuesta constitucional elaborada entre 2021 y 2022 por la Convención Constitucional, dejó huellas persistentes. El proceso había iniciado con la ilusión de la inclusión, por primera vez, de escaños reservados para indígenas (7 mapuche), su primera presidente fue Elisa Loncon, dirigente mapuche, y el borrador incluyó muchas demandas de largo plazo de los pueblos indígenas. Pero la ilusión dio lugar a la decepción tras la derrota por un amplio margen en el plebiscito de septiembre de 2022, siendo además las propuestas indígenas, en particular la plurinacionalidad, señaladas como las grandes responsables de la derrota.
Esto fue interpretado desde la derecha como un portazo de los chilenos a las demandas mapuches, con consecuencias claras en cuanto a la presencia e influencia del movimiento indígena, tanto en las calles como en el proceso constitucional ulterior de 2023, donde sólo hubo un representante indígena, quien luego renunció. Este segundo proceso, coincidió con un aumento del apoyo a la derecha y extrema derecha en las encuestas, con la demonización de las demandas mapuche y la normalización del discurso racista y xenófobo, especialmente en redes sociales, del cual la ex presidenta de la convención, Elisa Loncon, fue la principal víctima.
Este contexto golpeó a la izquierda y a los movimientos y organizaciones sociales chilenas, pero sobre todo al gobierno, quien perdió el control de la agenda. Boric había llegado al poder apoyando medidas de reparación territoriales y derechos colectivos de los mapuche, criticando, a su vez, la utilización del estado de excepción en la zona por parte del gobierno de Sebastián Piñera.
Si bien el gobierno entrante no renovó el estado de excepción, a pocos meses de asumir Boric lo volvió a implementar argumentando el incremento de los ataques incendiarios. En la práctica, se trata de la militarización de la zona con presencia de Carabineros, militares, la Armada y el patrullaje de la aviación para controlar el territorio. Los actos de violencia han disminuido, pero la zona lleva ya más de tres años (prácticamente todo el periodo de Boric) bajo control militar. De esta manera, el Gobierno está recurriendo al mismo recurso que se ha utilizado desde la invasión de esos territorios: la represión y la coerción. El Estado de excepción se ha renovado más de 50 veces.
A partir de 2022, el gobierno de Boric implementó lo que se ha bautizado “Plan Buen Vivir”, en referencia al concepto de la cosmovisión indígena, pero que en este caso refiere a un plan de políticas públicas en medio del estado de emergencia. El plan incluye la construcción de caminos, el acceso a agua potable, inversión en infraestructura para comunidades y diálogo territorial.
A nueve meses de finalizar el gobierno de Boric, se ha presentado el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento creado en 2023 con el objetivo de encontrar soluciones a mediano y largo plazo para el conflicto en la Araucanía. La instancia estuvo conformada por ocho miembros, incluido representantes mapuches de largo recorrido en el movimiento y políticos como Francisco Huenchumilla (Senador) y Adolfo Millabur (ex convencional).
Entre las 21 recomendaciones del informe se incluyen promesas ya sempiternas como el reconocimiento constitucional, la revitalización de la lengua o representación política, u otras más novedosas como la reparación de todas las víctimas de la violencia. Estas medidas fueron respaldadas por siete de los ocho miembros de la Comisión, con la particularidad que uno de los votos positivos fue de una miembro del Partido Republicano (extrema derecha) quien acusó presiones de su partido para rechazar el informe. Como consecuencia, esta debió renunciar a su partido.
Las recomendaciones han sido recibidas con moderación y cautela porque plantean demandas históricas como el hacerse cargo de la apropiación de las tierras por parte del Estado, génesis del conflicto. Y es que, a lo largo de las últimas décadas, muchas instancias han generado la ilusión de poner fin al conflicto, pero finalmente han quedado aparcadas en algún escritorio. Además, muchas de estas recomendaciones deben seguir su debido proceso legislativo lo cual termina dependiendo del calendario electoral.
A nueve meses del final del mandato parece ilusorio pensar que estas iniciativas se vayan a poder concretar, sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que en las próximas elecciones se imponga la derecha pinochetista. En este marco, incluso hasta el propio nombre de la Comisión: por la “Paz y el Entendimiento”, en un territorio militarizado parece irónico.
Por lo tanto, podemos decir que las políticas implementadas durante el gobierno de Boric con respecto a los mapuche representan más una continuidad con los gobiernos anteriores, que un verdadero intento por poner fin al conflicto.
