Una región, todas las voces

Los BRICS pueden ser la kriptonita de Donald Trump

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El presidente Trump acaba de amenazar con imponer aranceles del 100% a los miembros de los BRICS, por su propuesta de socavar la supremacía internacional del dólar. Este podría ser el primer gran error en la nueva política exterior de la administración republicana. Sin una justificación real, la arremetida de Trump en contra de los BRICS parece una admisión de debilidad frente al bloque multipolar.

Para Washington, la hegemonía del dólar ha constituido, desde la Guerra Fría, la herramienta más eficaz de soft power. Los poderes de la Reserva Federal y del Departamento de Tesoro, capaces de virtualmente fijar el precio de los bienes globalmente, dependen del respaldo internacional del dólar.

Sin embargo, el grupo de los BRICS, que ha descartado crear una moneda común, cuenta con mecanismos para negociar en sus divisas locales para abaratar costos, lo que promueve la desdolarización del comercio internacional. Además, mediante su Nuevo Banco de Desarrollo, los países BRICS proponen una alternativa al sistema de Bretton Woods de préstamos internacionales y ayuda a los países del Sur Global, procurando competir con entidades como el Fondo Monetario Internacional.

Esta potencial desdolarización del comercio internacional pone en peligro el poder de Estados Unidos, cuyo peso se refleja en la dolarización, completa o de facto, de tres economías latinoamericanas: Ecuador, El Salvador y Panamá. Adicionalmente, sin la hegemonía del dólar no podrían existir sanciones ya que la funcionalidad de las sanciones se basa en que la prohibición para una compañía, Estado o individuo, de utilizar dólares le lleve a la exclusión del sistema económico mundial. Por ende, la desdolarización de los BRICS inhibe la capacidad coercitiva de Estados Unidos.

Amenazas de aranceles

En este contexto, el presidente Trump sostiene que los aranceles son una eficaz medida de disuasión, o amenaza, en sus relaciones bilaterales con las demás naciones del mundo. Pero imponer tarifas a los diez países integrantes de los BRICS podría conllevar graves repercusiones para Estados Unidos. La economía estadounidense, vulnerable a la mera idea de imponer aranceles en Norteamérica, sufriría el peso de no poder comerciar fluidamente con los principales motores económicos del Sur Global. Además, las represalias de los BRICS generarían un terremoto en rubros como la energía fósil, es decir el petróleo, y las materias primas de naturaleza agrícola.

En sus recientes declaraciones Lula, quien ocupa la actual presidencia de los BRICS, ha rechazado las demandas de la Casa Blanca. El presidente brasileño aseguró que habrá aranceles recíprocos hacia Estados Unidos, en caso de que Trump confirme dicha medida.

El tablero geopolítico mundial empieza a presentar una brecha aún más profunda. Los conflictos comerciales entre Trump y los BRICS representan un riesgo para eventuales acercamientos entre el Norte y el Sur Global y desafíos a problemas todavía irresueltos como la lucha a la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. De hecho, ante las políticas cuestionables del gobierno Trump hacia América Latina, sobre todo alrededor de las deportaciones, es previsible que a futuro la región reaccione con nuevos lazos Sur-Sur.

Desde una mirada internacionalista, la crisis de la hegemonía estadounidense seguiría la misma ruta del ‘splendid isolation’, que resultó en el declive final del imperio de británico. Y es que Trump parece repetir los mismos fallos de su poderío anterior: falta de inversiones en el Sur Global, militarización del discurso político y demonización de polos alternativos.

No obstante, las medidas de Trump sugieren una revitalización de la Doctrina Monroe en América Latina con alcances a escala global, que buscan perseguir y contrarrestar la influencia china en el mundo. De hecho, la estrategia de Trump para Latinoamérica se basa en atacar las inversiones chinas, como es el caso del Canal de Panamá.

La entrada oficial de Bolivia y Cuba a los BRICS evidencia que algunos países de la región se están sintiendo atraídos por la idea de unirse al bloque. Ambas naciones, con relaciones dificultosas con Estados Unidos, han encontrado en los BRICS una oportunidad de desdolarizar sus operaciones financieras y en su Banco un potencial sostén a sus complejas situaciones económicas.

Mientras tanto, el gobierno de Colombia, luego de la controversia entre Trump y Petro, ha empezado a diversificar sus exportaciones, acercándose a la iniciativa china de la Franja y la Ruta. De esta manera, el principal aliado histórico que ha tenido Estados Unidos en América Latina podría seguir profundizando sus relaciones con el Sur Global a través de los BRICS.

La multipolaridad en las relaciones internacionales ha traído cambios sin precedentes. Los aranceles y demás amenazas de Trump a las naciones del mundo van en sentido contrario de una política exterior acorde a los tiempos actuales. Y en ese marco, los BRICS pueden llegar a convertirse en la kriptonita de Donald Trump.

El cripto-escándalo y la supervivencia política de Javier Milei

El viernes 14 de febrero, Javier Milei, el excéntrico presidente de Argentina, promocionó en su cuenta de X (ex Twitter) una nueva criptomoneda que prometía altos rendimientos y que, poco después, terminó desplomándose en un esquema típico de “rug pull”, dejando a miles de inversores con pérdidas totales. No importó que Milei borrara el tuit y luego se desdijera de su original promoción. La oposición peronista se inclinó rápidamente a solicitar un proceso de juicio político para destituirlo en medio de un escenario en el que incluso partidarios de Milei lo han criticado por el escándalo.

La pregunta que se hacen muchos analistas en Argentina y en el mundo es qué impacto tendrá este escándalo en la estabilidad del gobierno de Milei. Después de todo, el contexto para la supervicencia en el cargo de Milei lucía muy oscura al inicio de su mandato. Con los meses, este se ha consolidao en el cargo, pero el escándalo ciertamente es un golpe a la línea de flotación de la credibilidad de Milei.

El escándalo:  Milei no sale a flote

Más condimento se sumó a la polémica al conocerse la versión completa de una entrevista que dio el mandatario a un medio argentino en la que su defensa se veía desdibujada. No solo eso. El creador de la criptomodena, Hayden Mark Davis, reconoció haber pagado a Karin Milei, hermana del presidente, una suma considerable de dinero, e incluso presumía este vínculo entre sus inversores para convencerlos de poner dinero. En las últimas horas, el caso tomó aún más relevancia tras la denuncia del empresario Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum, quien dió a conocer que algunos de los líderes detrás de $LIBRA le habrían pedido dinero a cambio de facilitarle una reunión con Milei, según lo dio a conocer el medio argentino La Nación.

Con su estilo frontal, Milei concedió una entrevista al politólogo y periodista Jonatan Viale. Sin embargo, el problema no radica solo en sus declaraciones, sino en lo que ocurrió detrás de cámaras: uno de sus asesores solicitó eliminar una parte de la conversación antes de su emisión. La filtración de este pedido generó aún más controversia, dejando en evidencia un intento de control sobre el contenido. Independientemente de qué se haya eliminado, la duda sembrada imposibilitó que Milei pudiese sortear la crisis con rapidez.

Supervivencia de Milei en el cargo

La literatura politólogica sobre la estabilidad presidencial, sugiere, en primer lugar, que la existencia de una mayoría legislativa que respalde al presidente emerge como un elemento crítico, ya que le permite gobernar sin obstáculos significativos y reduce el riesgo de una salida prematura del cargo. En segundo término, la ocurrencia de protestas masivas, especialmente cuando son violentas y dirigidas específicamente contra el presidente, y de recesiones económicas han demostrado ser un factor desestabilizador que incrementa significativamente el riesgo de una salida anticipada del poder.

A la luz de lo anterior, lo primero que se debe considerar es que Milei se encuentra en una posición sin mayoría en el Congreso. Además, más allá de las pugnas internas y dificultades actuales, el peronismo –conocido por sus profundos vínculos con la sociedad civil y su capacidad para movilizar protestas– representa un desafío significativo para la presidencia de Milei. Sin el respaldo de una estructura partidaria fuerte, Milei se encuentra vulnerable a los ataques desde el legislativo como a las protestas callejeras.  La situación económica, por su parte, tampoco juega a favor del presidente argentino.

Lo anterior, sin embargo, no representa todos los obstáculos que debe enfrentar el presidente argentino.

El 14 de febrero y el criptogate: Otro factor de riesgo

Hasta el 13 de febrero, el aspecto que más jugaba a favor de la supervivencia de Milei era el hecho de que no se había visto envuelto en escándalos. De hecho, la literatura especializada identifica a los escándalos presidenciales como un factor clave para explicar el término anticipado de una presidencia. Abdalá Bucaram (Ecuador), Fernando de la Rúa (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay) y Pedro Pablo Kuczynsky (Perú) son claros ejemplos de presidentes “fallidos” (o fracasados) cuyas administraciones fueron golpeadas por escándalos importantes.

Estos escándalos hace que los presidentes encuentren problemas para que sus aliados políticos lo respalden, haciéndolo más vulnerable a intentos de destitución. Este es precisamente el caso del presidente argentino.

¿Por qué este no es un escándalo más para Milei?

El escándalo de la criptomoneda golpea a Milei en los dos pilares sobre los que construyó su candidatura: su crítica a la corrupción causada por la “casta” y su supuesta pericia económico-financiera. Si promovió conscientemente un esquema fraudulento como $LIBRA, traicionó su promesa de luchar contra la corrupción y desenmascarar a la “casta”. Si, en cambio, fue engañado, su cercanía con un fraude de esta magnitud expone una preocupante falta de criterio.

Como economista que se jacta de su conocimiento financiero, resulta alarmante que no haya detectado los riesgos de la inversión que impulsó. Sea por deshonestidad o incompetencia, Milei ha erosionado su propia credibilidad y socavado la base de confianza que lo llevó al poder. De cierta forma, Milei validó que los mercados no se regulan solos, demostrando en fracción de minutos que menos de 280 caracteres fueron capaces de destruir riqueza de cientos de inversores.

La oposición ha manifestado su intención de iniciar un juicio político en contra del presidente. Sin embargo, según la historia reciente, no es probable que este sea el mecanismo para desalojar a Milei. En Argentina, los dos presidentes “fallidos” en la era post-dictadura dejaron el cargo por presiones populares y en medio de una importante crisis sociopolítica; no por juicio político. Este proceso usualmente se activa en contra de jueces, no en contra de primeros mandatarios.

No obstante, esto no quiere decir que un escándalo como este sea inocuo. La historia latinoamericana está llena de presidentes que vieron su mandato truncado por escándalos que erosionaron su legitimidad. Bucaram y Kuczynski fueron rápidamente forzados a dejar el cargo luego de conocerse escándalos que los involucraban; mientras que en los casos de Lugo y De la Rúa, los escándalos generaron una pérdida progresiva de apoyo hasta que otra crisis política los dejó sin salida.

El caso de Milei aún está en desarrollo, pero la pregunta es inevitable: ¿será este escándalo el detonante de una implosión rápida, al estilo Bucaram o Kuczynski, o el primer golpe de un desgaste más lento que termine socavando su poder, como ocurrió con De la Rúa y Lugo? La fragilidad de su coalición y la creciente presión de la oposición definirán su destino.

Reflexiones finales

A la luz de los hechos y la historia política reciente de Argentina, es posible que Milei logre sortear esta crisis. Sin embargo, su poder se verá debilitado, ya que depende en gran medida de la percepción pública sobre su capacidad para administrar la economía del país. Su popularidad se ha basado en su manejo de la inflación, pero en cuestión de minutos quedó en evidencia que tal como tiene una receta para reducir la inflación, también tiene una receta para sacar a la luz brechas de mercado.

La impostergable responsabilidad de un nuevo liderazgo para Venezuela

Venezuela
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Ante la incertidumbre generada en las primeras semanas de 2025, en las que las esperanzas de cambio político en el país se ven debilitadas ante la poca movilización ciudadana producto de la represión y los presos políticos, existe un panorama desalentador para quienes apoyan la reconstrucción de la democracia en Venezuela. 

Además, los cambios en la geopolítica liderada por Estados Unidos bajo Donald Trump, que han sacudido el orden liberal global y han propiciado que se establezca un canal de comunicación entre el chavismo y el gobierno estadounidense, tampoco parecen contribuir a la causa democrática.

Ante este escenario, resulta necesario plantear hacia dónde y quiénes serán los líderes de la nueva etapa que enfrenta Venezuela, especialmente desde el pasado 10 de enero, con la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato. 

Más allá del contexto autoritario y de represión en el que de forma evidente vive toda la sociedad venezolana en su conjunto, existe un deseo de cambio y de renovación del liderazgo que exige el país, incluyendo a las filas del chavismo. Luego de 26 años de un proceso histórico liderado por Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, la necesidad de renovación es una exigencia impostergable, y esto es válido para oficialistas y opositores por igual.

Elecciones como momentos de legitimidad y cambio

Dentro de esta coyuntura, que está lejos de ser ideal para cualquier actor democrático, se vuelven a presentar unas elecciones en Venezuela. El próximo domingo 27 de abril se pretende elegir a diputados para los concejos legislativos de los estados, así como también a diputados para la Asamblea Nacional y más de 24 gobernadores, incluyendo un gobernador para el nuevo estado del Esequibo.

María Corina Machado afirmó que hasta que “no entre en vigor” la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 el sector político que ella representa no puede participar en ninguna elección futura.

Por su parte, el oficialismo tiene la intención de renovar el liderazgo en sus cuadros. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, convocó para la última semana de enero la celebración de asambleas populares para identificar, en conjunto con las bases del partido, las propuestas de candidatos para las elecciones de la Asamblea Nacional, alcaldes y gobernadores. Esto parece un intento de disminuir la discrecionalidad en la elección de los candidatos, algo que ha caracterizado al oficialismo desde la época de Hugo Chávez.

En este sentido, el panorama político venezolano apunta a repetir un escenario parecido a las elecciones parlamentarias de 2020, en las que la oposición reconocida internacionalmente no participó. 

Los tiempos exigen evitar otro “día de la marmota”

En un escenario como este, no se puede negar la sensación de estancamiento en el liderazgo político. El país parece estar como en la película Groundhog Day, en un bucle temporal en el que siempre se vuelve al mismo momento: quienes ostentan el poder son los mismos rostros, solo que envejecidos desde los inicios de la Revolución Bolivariana, mientras que, en el lado opositor, a pesar de los fracasos, derrotas y errores, también siguen los mismos rostros, solo con algunas variaciones. 

En ambos casos se puede reconocer a estos grupos, un claro elemento de voluntad propia para correr los riesgos de mantener o enfrentar el poder, algo que otros dirigentes de la sociedad venezolana no están dispuestos a hacer. Pero se trata de una situación que resulta imposible de mantener por más tiempo: la renovación es impostergable. 

Sin embargo, la disyuntiva principal no la tienen los cuadros medios o bajos del PSUV que, bajo las estructuras de su partido (democráticas o no), abordaran cómo facilitar (o no) la renovación de sus liderazgos. La disyuntiva real se encuentra del lado de la oposición, quienes, al no participar en esta elección, corren el peligro de quedar invisibilizados en el panorama político del país, bajo un clima mucho más autoritario.

Las razones sobran para que todos aquellos que están en el espectro político de la oposición decidan no participar. Mientras se escriben estas líneas, todavía hay más de 1.200 presos políticos en el país. Además, la represión y la vigilancia, lejos de terminar, en algunos casos se han intensificado. Pero dejar a la población sola y que la respuesta se limite a las redes sociales o al silencio por varios días no es razonable ni es lo que espera una ciudadanía habida de esperanza.

Los nuevos liderazgos no pueden esperar más

¿Cómo se brinda esperanza en medio de la persecución? La respuesta es con una renovación de liderazgos que permita seguir manteniendo una sociedad organizada y con aspiraciones democráticas. Pero, ante la persecución imperante, cuyas consecuencias han sido comunidades totalmente acéfalas de liderazgos (la mayoría se encuentran presos o el exilio) y el desgaste notorio de estos últimos años, se vuelve necesario brindar espacios a nuevos dirigentes, jóvenes, mujeres y perfiles alternativos que en los espacios locales y regionales sean capaces de movilizar a sus comunidades.

Las próximas elecciones del 27 de abril no se avizoran como unas elecciones libres, transparentes o democráticas, pero sí pueden representar una oportunidad para legitimar el nuevo liderazgo opositor al aprovechar una actividad pública y que implica la movilización de la sociedad para mantener una organización ciudadana e inclusive generar espacios de diálogo y resistencia que permitan crear otro momento histórico en el futuro próximo.

Además, hay liderazgos que durante los últimos 5 o hasta 10 años han construido una base social y comunitaria basada en el trabajo colectivo y autogestionado, normalmente sin recursos, que hoy identifican una oportunidad ante las carencias que representan los liderazgos tradicionales.

Una decisión individual basada en una voluntad colectiva

A pesar de las razones a favor o en contra de esta oportunidad de renovación, la decisión de participar será individual, de cada dirigente comunitario y líder local, en función de su situación personal y en el marco de las posibilidades políticas reales. No se trata de que estas elecciones sirvan para ocupar un espacio en la institucionalidad del Estado, ya que está claro que está controlado por el oficialismo y no hay disposición de compartir el poder o respetar las reglas de juego. Se trata de no perder relevancia y capacidad de incidir en la agenda pública, en el medio de la incertidumbre, mientras se vuelve a construir otro momento histórico que pueda derivar en una transición hacia la democracia.

Es importante advertir que, bajo un escenario de penumbra en el que la comunidad internacional, de forma paulatina, vuelve a perder interés en la causa venezolana, la indiferencia y la inacción dentro del mismo país no parece ser hoy la decisión correcta ante un régimen que parece fortalecido y una población mucho más vulnerable políticamente que en años pasados.

Ahí están las elecciones de la historia. Por ejemplo, en Corea del Sur, durante las décadas de 1950 y 1960, hubo una serie de elecciones no democráticas marcadas por fraude y represión. Pero estos momentos sirvieron como catalizador para el auge de líderes de la oposición como Kim Dae-jung y Kim Young-sam, luego figuras fundamentales para la construcción de la democracia. El mismo caso se aplica para las elecciones de 1989 en la Polonia comunista, donde se gestionaron unas elecciones no libres pero que sirvieron para movilizar y articular el Movimiento Solidaridad.

El camino para alcanzar la democracia está lleno de obstáculos. Los retrocesos son parte del proceso de la lucha política. En la misma historia de Venezuela se encuentran lecciones como las experiencias de Rómulo Gallegos y luego la reivindicación de Rómulo Betancourt, quien tardó 31 años en ver consolidado un régimen democrático en el país bajo su presidencia. Tampoco se puede olvidar el sacrificio de Jóvito Villalba y su partido Unión Republicana Democrática (URD) en las elecciones de 1952 contra la dictadura militar.

No hay opciones fáciles bajo un régimen autoritario: tanto la presencia como la ausencia del espacio público tienen un alto costo. Pero dejar a la ciudadanía sola, sin rutas y acciones claras, no parece ser la decisión correcta. Hay que seguir buscando las condiciones para generar un nuevo momento histórico, y toda elección puede representar una nueva oportunidad para conseguirlo.

Elecciones en Ecuador: ¿continuidad o retorno del correísmo?  

El próximo 13 de abril Ecuador volverá a las urnas para elegir un binomio presidencial entre dos propuestas contrapuestas: el socialismo del siglo XXI representado por Luisa González, de la Revolución Ciudadana y heredera del expresidente Rafael Correa, versus el partido de derecha Acción Democrática Nacional (ADN), liderado por Daniel Noboa Azín, hijo del multimillonario bananero y excandidato a la presidencia Álvaro Noboa. Es la primera vez en la historia republicana que hay un resultado tan estrecho en primera vuelta: 44,16% para Noboa y 43,99% para González.

Si bien es la primera vez desde el año 2007 que la Revolución Ciudadana irá a segunda vuelta sin partir en primer lugar, superó su techo de votación, y eso la ubica en un momento distinto en su desempeño electoral. Por su parte, el presidente y candidato Noboa ha logrado mantenerse como preferencia electoral pese a un año de administración caracterizado por problemas de todo tipo, pero principalmente de inseguridad, violencia y desempleo. Enero fue el mes de más muertes violentas. Se reportaron 750, lo que representa un 45,04% más que en el mismo periodo de 2024.

Las dos candidaturas dibujan un clivaje regional en la votación. La región Costa favorece históricamente al partido de Rafael Correa, la Sierra ha votado por alguien que represente el anticorreísmo y el Oriente está dividido. Los dos finalistas buscan acercamientos con Leonidas Iza, líder del movimiento indígena que obtuvo el 5,3% en estas elecciones, es decir, 525.885 votos, una cifra nada despreciable para desempatar la segunda vuelta, pese a que en Ecuador el voto no es transferible. A excepción de Andrea González, que obtuvo un 2,7%, los demás candidatos no llegaron ni al 1% de votación. 

Como antecedente, cabe mencionar que Leonidas Iza ha sido el protagonista de las manifestaciones con más densidad del país, tanto en octubre de 2019 como en junio de 2022. Su capital político simboliza la resistencia al capitalismo, la lucha contra los multilaterales de crédito, la defensa del medio ambiente, el cobro a los deudores de los impuestos y la promoción de la economía popular y solidaria. En primera instancia, estas tesis no concuerdan con ninguno de los dos candidatos, de ahí que las conversaciones que pudieran surgir con este líder indígena serán de alta complejidad.   

La segunda vuelta pondrá en confrontación dos tesis distintas en varias materias. En las relaciones exteriores se enfrentan el integracionismo latinoamericano y la cercanía con los gobiernos autodenominados progresistas de la región, por parte de Luisa González, versus la cercanía del gobierno con Donald Trump por parte de Noboa. En economía se oponen el papel central del Estado en materia de regulación y control frente a una propuesta de alianzas público-privadas por parte del presidente. En seguridad, la mano dura de Noboa versus una idea de combate al crimen organizado con políticas sociales.   

Los principales ejes del discurso de Noboa han sido la lucha contra el crimen organizado y la vieja política, encarnada, según su narrativa, en los partidos y líderes tradicionales, mientras que Luisa González ha enfocado su propuesta en un proyecto social con grandes dosis de evocación al gobierno del expresidente Correa. Pese al posicionamiento de estas dos perspectivas, se avizora un giro de mensajes en los dos candidatos porque a ninguno le alcanzó los votos para hacerse con la presidencia en la primera vuelta. Además, han dicho que reforzarán el trabajo en las localidades de manera presencial en complemento con la inversión que hagan sus equipos en las redes sociales.

Una de las expectativas de los candidatos es movilizar a la mayor parte de la población para que concurra a las urnas en la segunda vuelta, considerando un ausentismo del 17%, sin perder de vista el porcentaje de voto nulo (6,7%) y el voto en blanco (2,6%), según los datos del Consejo Nacional Electoral. En la opinión pública, la campaña electoral opaca lo que sucede en la Asamblea a dos meses de que termine su mandato, así como en las otras funciones del Estado. El sector privado y la sociedad civil también miran con expectativa qué escenario viene con la victoria de cualquier candidato.   

La gobernabilidad para los siguientes cuatro años estará condicionada por la relación entre el ejecutivo y la Asamblea Nacional. Es la primera vez desde la transición a la democracia (1979) que habrá un predominio de dos fuerzas políticas, pese a que ninguna logra mayoría absoluta ni calificada de un total de 151 curules. Quien gane la presidencia tendrá un mayor margen de maniobra para lograr acuerdos con los legisladores de otros partidos y de los independientes para hacerse con la mayoría para la aprobación y reforma de leyes sustantivas en temas de reforma del Estado, generación de empleo y combate al narcotráfico.   

Los retos son enormes para quien gane las elecciones: inseguridad, desempleo y lucha contra la corrupción y la impunidad. En este último aspecto, Ecuador se ubica en el puesto 121 de 180 países, al igual que Angola y Kenia, según el último ranking de Transparencia Internacional. Así, cae dos puntos en relación con el año anterior, además de que este problema ya está entre las cuatro principales preocupaciones, según las encuestas nacionales en los dos últimos años.

La insoportable levedad de la nube

Con la difusión de la computación en la nube en los últimos años, parece que hemos pasado de la modernidad líquida del famoso sociólogo Zygmunt Bauman a la modernidad gaseosa. Datos personales, registros gubernamentales, transacciones comerciales, propiedades industriales y secretos militares, todo parece estar guardado -y seguro- en la llamada “nube”.

La nube, término que sugiere una ligereza diáfana (y que, por eso mismo, encaja perfectamente en la gramática ideológica de las grandes tecnológicas), en realidad demanda una gigantesca red de centros de datos, grandes instalaciones de servidores físicos repartidos por distintas regiones del mundo y conectados a través de internet. Estos centros de datos que conforman la nube se utilizan para almacenar, procesar y distribuir datos y aplicaciones a usuarios, empresas y gobiernos. Para funcionar de manera eficiente, la nube depende de sistemas de refrigeración y energía, además de requerir el uso de aceites y lubricantes derivados del petróleo para el mantenimiento de los equipos, y de minerales como silicio, cobalto, litio y cobre (entre otros) para la construcción de hardware (computadoras, teléfonos inteligentes, etc.).

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) ha incrementado exponencialmente la necesidad de consumo de agua, petróleo y minerales por parte del sector tecnológico, utilizados para alimentar el apetito cada vez más insostenible de la nube. La computación en la nube es esencial para soportar la infraestructura de la IA moderna, y por ello es necesario buscar nuevas soluciones en una industria que se caracteriza por ser innovadora y disruptiva.

Es en este contexto que el recién inaugurado presidente Donald Trump declaró una emergencia energética en Estados Unidos tan pronto como asumió el cargo, repitiendo su mantra “perfora, nena, perfora”. Esta declaración de emergencia nacional permite flexibilizar las regulaciones ambientales en ese país, facilitando la apertura de nuevas áreas para la exploración de combustibles fósiles a través de la perforación y extracción de petróleo (llamado “oro líquido” por Trump) y gas. La solución de Trump para resolver los problemas del siglo XXI, al parecer, es volver al siglo XIX.

Por otra parte, literal y metafóricamente, una empresa china superó a Chat GPT en número de descargas en la App Store. Se trata de la startup tecnológica DeepSeek, con sede en Hangzhou, China, que recientemente lanzó un asistente digital gratuito que utiliza menos datos y cuesta una pequeña fracción (casi 20 veces menos) que los modelos de empresas de inteligencia artificial populares como OpenAI, Google o Meta. La noticia hizo que las acciones de Nvidia, el principal proveedor norteamericano de chips de inteligencia artificial, cayeran en picado, después de haber estado en alza durante los últimos dos años. Meta, Alphabet y Oracle fueron otras de las empresas que vieron caer sus acciones en el mercado debido al buen desempeño de DeepSeek.

Es bueno que la capacidad de China para crear soluciones de bajo costo en el campo de la tecnología digital ayude a presionar a los actuales líderes del mercado en la búsqueda de soluciones tecnológicas menos destructivas para el medio ambiente, además de permitir que startups y empresas más pequeñas de otros rincones del mundo accedan a la IA con una barrera de entrada más baja, aumentando la competencia global. 

Este puede ser el caso de Brasil, quien aprobó durante la V Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el año pasado, el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial 2024-2028. Con una previsión de inversión de alrededor de R$ 23 mil millones en cuatro años, el ambicioso plan brasileño pretende elevar al país al estatus de referencia mundial en innovación y eficiencia en el uso de IA. Para alcanzar este objetivo es necesario, por supuesto, dar preferencia a soluciones tecnológicas más baratas y ecológicamente sostenibles, como las que ha encontrado nuestro importante socio comercial del Este.

Si China, desde la región del sol naciente, puede reducir la demanda mundial de energía y contribuir así a que gran parte de la sólida red de centros de datos se derrita en el aire, la reducción de las nubes podría significar que el futuro de la inteligencia artificial viva días más soleados.

Los prisioneros políticos de Cuba como monedas de cambio

En sus últimos días, la administración de Biden, a través de un acuerdo a puerta cerrada con Cuba mediado por el Vaticano, reactivó varias concesiones controvertidas de la era de Obama. El 14 de enero de 2025 Cuba acordó liberar a 553 prisioneros. A cambio, Estados Unidos eliminó a Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, suspendió el Título III de la Ley Helms-Burton y suavizó las restricciones sobre entidades cubanas vinculadas al ejército.

Al día siguiente, el 15 de enero, en su audiencia de confirmación en el Senado, el nominado a secretario de Estado Marco Rubio reafirmó con contundencia el estatus del régimen cubano como estado patrocinador del terrorismo invocando pruebas irrefutables. Pocos días después, el 20 de enero, el presidente Donald Trump restableció esta designación en su primera orden ejecutiva, anulando varias políticas de la administración Biden. Con esta reclasificación socavó el poder de negociación que Cuba había conseguido con la liberación de prisioneros y señaló su apoyo al terrorismo durante décadas, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos. También reimpuso sanciones a entidades dirigidas por el ejército, reduciendo recursos dedicados a reprimir la disidencia y exportar el autoritarismo.

La historia demuestra que el régimen cubano utiliza recurrentemente a su pueblo como moneda de cambio, como evidencian la Crisis de los Balseros de 1994, el exilio de los prisioneros de la Primavera Negra y la liberación, en 2014, de un contratista estadounidense que fue intercambiado por espías cubanos para aliviar las sanciones contra la isla. El gobierno cubano presenta sus recientes liberaciones de prisioneros como un gesto humanitario hacia el Vaticano, pero el hecho de que Cuba y Estados Unidos lo hayan anunciado el mismo día plantea serias dudas sobre esta afirmación.

Si bien el reencuentro de los presos políticos cubanos con sus familias es una buena noticia, se trata de excarcelaciones condicionales, no de verdaderas liberaciones. Por ejemplo, algunos líderes destacados como José Daniel Ferrer se enfrentan a la amenaza de volver a ser encarcelados si violan ciertas disposiciones ambiguas de la “legalidad socialista” diseñadas para criminalizar la disidencia. Otros presos, como Donaida Pérez Paseiro, han denunciado amenazas similares. En un sistema carente de independencia judicial, en el que los presos políticos que son víctimas de tortura no pueden recurrir a la justicia para defenderse de sus agresores, las alusiones a las intenciones humanitarias no tienen credibilidad alguna. Esta apariencia de progreso oculta una cruda realidad: la “puerta giratoria de represión” en Cuba no ha dejado de funcionar. De los 553 prisioneros políticos cuya liberación condicional fue anunciada, solo 166 han sido excarcelados, mientras que otros 1.161 siguen tras las rejas, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders.

Si no se hubiera anulado, la orden ejecutiva del presidente Biden para retirar a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo habría debilitado la posición internacional de Estados Unidos. Intercambiar prisioneros por concesiones contradice compromisos adquiridos de Estados Unidos como la Declaración contra la Detención Arbitraria, que lucha contra el uso de vidas humanas como moneda de cambio con fines políticos. Estas negociaciones, revertidas por la administración Trump, habrían sentado un peligroso precedente, ya que habrían alentado a autócratas de todo el mundo a recurrir a los prisioneros como fichas de negociación y amenazado el derecho internacional, la seguridad y los derechos humanos.

La evidencia histórica respalda de manera clara la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Durante más de seis décadas, el país ha dado apoyo a grupos armados y terroristas internacionales, e incluso ha dado refugio a líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización colombiana narcoterrorista involucrada en el tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión. Esto coincide con su estrategia, vagamente disfrazada en las últimas décadas como promoción de la paz.

En 2019, después de que el ELN atentara contra una academia de policía en Bogotá, matando a 22 cadetes, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a los negociadores del ELN alegando protocolos diplomáticos mientras seguía dándoles refugio. Aunque menos evidente que sus vínculos con Venezuela, la relación de larga duración de Cuba con el ELN sugiere que sus líderes aún podrían coordinar actividades desde territorio cubano. Dado el papel del ELN como fuerza paramilitar del régimen de Maduro, financiada por el narcotráfico, la implicación de Cuba en este tema no tiene nada de neutral o pacífica.

El argumento humanitario para retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo ignora el alto costo humano de los grupos a los que respalda. El ELN, con 6.000 miembros, financia al ejército de Venezuela mediante el narcotráfico mientras comete atrocidades. Desde el 16 de enero de 2025, ha lanzado una ofensiva contra disidentes de las FARC en Catatumbo, una zona clave en la producción de cocaína cerca de la frontera con Venezuela. En pocas semanas, este conflicto ha dejado entre 60 y 80 civiles muertos y ha provocado el desplazamiento de más de 48 mil  personas, según la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio de Defensa.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en su momento abogó por retirar a Cuba de la lista del terrorismo y revocó órdenes de arresto contra líderes del ELN, acusa ahora al grupo de cometer crímenes de guerra. En línea con el mandatario, la Fiscalía General de Colombia anunció el 22 de enero que había reactivado órdenes de arresto internacionales contra 31 líderes del ELN, incluidos algunos a los que en distintos momentos Cuba había dado refugio, lo que refuerza aún más la justificación para volver a designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo.

Cuba también da refugio a fugitivos de Estados Unidos como Assata Shakur y William Morales, ambos vinculados al terrorismo, y mantiene estrechos lazos con Irán, con quien intercambia inteligencia a cambio de beneficios financieros. Además, el régimen fortalece redes terroristas globales como Hezbollah y Hamás mediante apoyo diplomático y logístico.

El papel clave del régimen cubano en el fortalecimiento del régimen de Maduro en Venezuela, acusado de crímenes de lesa humanidad y de vender pasaportes a operativos de Hezbollah, resalta aún más su influencia desestabilizadora. De hecho, Cuba ayudó a Venezuela a rediseñar sus fuerzas armadas y el servicio de inteligencia militar, según detalló una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en 2022. Al exportar su modelo de control totalitario, Cuba ha ayudado a Maduro a mantenerse en el poder mediante la represión, consolidando así su condición de patrocinador del terrorismo.

La reinstauración de sanciones por parte de la administración Trump a las entidades controladas por GAESA, el conglomerado militar de Cuba, reintrodujo una política de máxima presión para rechazar estrategias que fortalecían a las autocracias. Entre 2021 y 2023 GAESA desvió el 36% del PIB de Cuba al turismo, descuidando los servicios esenciales y agravando la pobreza, lo que obligó a casi un millón de cubanos a huir. Gracias a unos documentados filtrados se descubrió que GAVIOTA, una subsidiaria de GAESA, tenía 4.300 millones de dólares en cuentas en el extranjero, probablemente destinados a financiar lobbies y generar desestabilización, mientras el régimen afirmaba que necesitaba 339 millones de dólares anuales para alimentos y medicinas. Levantar las sanciones solo habría reforzado el control autoritario y la represión.

La historia muestra que las concesiones a regímenes como el de Cuba refuerzan su control represivo. Así, aunque aumentar la presión puede hacer que se fortalezcan aún más, es la estrategia más eficaz para mermar los recursos que destinan a suprimir la disidencia, exportar el autoritarismo y apoyar el terrorismo. Para contrarrestar su influencia, fomentar la libertad y proteger los intereses de Estados Unidos, esta política debe perdurar más allá de una sola administración, ya que las dictaduras a menudo sobreviven a las presiones democráticas esperando cambios en estas políticas.

Trump y el hemisferio en tensión 

«Ellos nos necesitan más que nosotros a ellos…», declaró Donald Trump desde la Oficina Oval al referirse a América Latina tras asumir la presidencia de Estados Unidos. Esta frase marcó el tono de una administración caracterizada por su nacionalismo y enfoque transaccional en política exterior. Desde el inicio, Trump dejó en claro que la estabilidad y seguridad de la región serían tratadas como asuntos estratégicos alineados con los intereses de Washington.

En este contexto, los gobiernos del hemisferio, incluidos los aliados más cercanos de Estados Unidos, enfrentan una disyuntiva: alinearse con la agenda de Washington o afrontar severas sanciones. Un ejemplo inmediato fue la crisis diplomática de los aviones entre Washington y Colombia, donde en cuestión de horas la administración de Trump proyectó su poder y dejó claro que la cooperación con EE. UU.—en este caso, que Colombia recibiera a los deportados—no era opcional. Las repercusiones no tardaron. Panamá renunció a renovar acuerdos con China sobre el canal interoceánico, el gobierno venezolano liberó sin condiciones a ciudadanos estadounidenses retenidos y tanto México como Canadá reforzaron su cooperación en materia de migración y seguridad.

El mensaje para el resto del continente es que Washington no tolerará la falta de alineamiento. Los países que no cooperen enfrentarán sanciones económicas, incluidos aranceles que afectarían su balanza comercial, sus calificaciones de riesgo y su acceso a mercados financieros. Sin embargo, la realidad geopolítica sugiere una interdependencia mayor de la que Trump ha planteado. Si bien los principales desafíos de seguridad y estabilidad para EE. UU.—como el crimen organizado, el narcotráfico y la migración masiva—tienen su origen en América Latina, también la región posee la clave para su posible solución. Frente a esta realidad, la Casa Blanca haría bien en adoptar una política menos agresiva y más cooperativa, adaptada a la variedad de actores, intereses y situaciones en la región.

El crimen organizado: Una amenaza transnacional

El crimen organizado es uno de los principales desafíos de seguridad en el hemisferio. Las redes criminales no solo controlan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino que también participan en el tráfico de personas, el contrabando de armas y la minería ilegal. En México, los cárteles han evolucionado de simples narcotraficantes a actores que controlan territorios, establecen economías paralelas con fuertes conexiones globales, y desafían al Estado. En América Central, pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 han consolidado redes transnacionales, a pesar de la política de “mano dura” implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo éxito en la reducción de la violencia sigue generando dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo.

En Colombia, lejos de pacificarse tras el acuerdo con las FARC, la crisis de seguridad se ha agravado. La fragmentación de excombatientes y el fortalecimiento de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo han consolidado economías ilícitas que expanden su influencia más allá de las fronteras colombianas. Lo que antes era un problema concentrado en unos pocos países—México, Colombia, Brasil y el Triángulo Norte de Centroamérica—ahora se ha extendido a naciones tradicionalmente consideradas estables. En Chile, los puertos se han convertido en centros clave para el contrabando de drogas, mientras que la violencia asociada a ajustes de cuentas ha aumentado la tasa de homicidios. Costa Rica, históricamente una “isla de paz» en Centroamérica, ha visto un aumento sin precedentes en los asesinatos vinculados a disputas entre bandas locales. Incluso Uruguay, con su reputación de estabilidad, ha experimentado un incremento en el lavado de dinero y la violencia asociada al narcotráfico.

La capacidad de estas redes para adaptarse y penetrar nuevos mercados demuestra que ningún país está exento de su impacto. Esta expansión del crimen organizado resalta la necesidad de respuestas regionales coordinadas. Sin una estrategia conjunta, las organizaciones criminales seguirán expandiendo su influencia, desafiando a los Estados y erosionando la seguridad regional.

¿Mano dura o estrategias integrales?

América Latina ha oscilado entre enfoques represivos y estrategias más integrales en materia de seguridad. El éxito inmediato de las políticas de mano dura en algunos países ha generado interés en replicarlas, pero sus limitaciones son evidentes. El caso de El Salvador bajo Bukele ha demostrado que un régimen de excepción puede reducir drásticamente los homicidios y desmantelar estructuras criminales en el corto plazo. Su alta popularidad parece validar este enfoque, pero las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la centralización del poder plantean dudas sobre su sostenibilidad.

En contraste, países como México y Brasil, con redes criminales más consolidadas y Estados debilitados por la corrupción, enfrentan obstáculos adicionales para aplicar estrategias similares. Sin inversión en desarrollo económico e institucionalidad, las medidas punitivas pueden derivar en un efecto boomerang: la diversificación de actividades criminales y el aumento de la violencia. La represión sin acompañamiento de políticas sociales y económicas tiende a generar reconfiguraciones dentro del crimen organizado en lugar de su desarticulación definitiva.

Diversidad de actores y respuestas desiguales

La política de seguridad en América Latina es heterogénea y la relación con EE. UU. varía según los intereses y alineamientos políticos de cada país. México ha adoptado un enfoque pragmático en migración y seguridad, priorizando la cooperación con Washington a pesar de la retórica soberanista de sus líderes. En el extremo opuesto, Venezuela y Nicaragua han optado por una postura confrontacional, fortaleciendo lazos con China y Rusia como contrapeso geopolítico. Brasil, con su liderazgo en el BRICS, equilibra su relación con Estados Unidos con su influencia en foros internacionales alternativos. Chile, aunque históricamente un socio clave de Washington, ha fluctuado entre estrategias de diálogo y medidas punitivas en materia de seguridad interna, particularmente en el conflicto mapuche.

Este panorama resalta la necesidad de que EE. UU. adopte estrategias diferenciadas según el contexto de cada país. La aplicación de políticas uniformes en áreas como seguridad, comercio o cooperación resultaría ineficaz. En su lugar, una aproximación más flexible, adaptada a las realidades locales, permitiría obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado y en la estabilidad hemisférica.

¿Una sorpresa en el segundo mandato de Trump?

El regreso de Trump a la Casa Blanca coloca al hemisferio en una encrucijada. Su administración podría optar por políticas punitivas y unilaterales, en línea con su retórica inicial, lo que aumentaría las tensiones con gobiernos de la región. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Trump adopte un enfoque más pragmático, reconociendo que la seguridad regional depende de la cooperación con América Latina y que la región no es homogénea. La lucha contra el crimen organizado y la contención de la migración ilegal requieren esfuerzos conjuntos. Una estrategia basada solo en presión sin incentivos de colaboración será contraproducente para los propios intereses de EE. UU.

La relación de América Latina con EE. UU. atraviesa una fase de redefinición, donde la seguridad y la estabilidad regional serán factores clave en el nuevo equilibrio de poder hemisférico. En este contexto, el dilema para los gobiernos latinoamericanos no se reduce a ajustarse a las presiones de Washington o buscar otros aliados geopolíticos. Si las soluciones a los problemas que el propio Trump ha señalado se encuentran en la región, también existen más oportunidades de colaboración pragmática de las que parecen evidentes a primera vista.

La democracia: ¿el peor sistema de gobierno?

En los últimos días y semanas hemos sido testigos más que nunca del valor de la democracia, en un tiempo en el que dominan como nunca los grandes capitales del mundo y los populismos de los dos bandos.  

He aquí la afirmación que alguien sagazmente planteó sobre la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos acompañado de algunos de los hombres y mujeres más ricos del mundo, entre ellos los mexicanos Slim: ¿cuántos millones de dólares habría en las cuentas de esos varios centenares de hombres y mujeres vestidos formalmente que aplaudían o no, como rechazo, las posturas más radicales del enfant terrible de la democracia estadounidense? 

Sin embargo, resulta significativa, simbólica y disruptiva la constante referencia a la democracia como modelo de vida, y no se trata de un dato menor en tiempos de globalización: está demostrado que para este modelo funcione necesita de instituciones para conservar los equilibrios dentro y fuera de un país o un bloque democrático.  

Y ese, el de las instituciones que funcionan para sostener la democracia, es un valor de la democracia que no vemos en las autocracias de China o Rusia. Ese valor está en Estados Unidos, y, también, como se ha visto en las últimas semanas, en Canadá. 

Entonces, exploremos a la luz actual el viejo argumento de Winston Churchill, que alguna vez apostilló: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”. ¿Ha perdido vigencia este postulado y existen mejores sistemas políticos? Nada parece demostrarlo aún, cuando, evidentemente, no estamos hablando de la misma democracia de la segunda posguerra, más interesada en la construcción de instituciones supranacionales capaces de evitar nuevas conflagraciones mundiales que en convertirse en la mejor coartada del principio liberal del laissez faire, laissez passer

La de hoy es una democracia basada superlativamente en el libre mercado, y eso, que es una fortaleza para los agentes económicos, significa una debilidad para las sociedades, que ven crecer impunemente las desigualdades y el surgimiento de todo tipo de populismos de izquierda y derecha. 

Sin embargo, las autocracias que se multiplican por el mundo confiscan derechos e imponen obligaciones en medio de una gran propaganda gubernamental que obnubila realidades en perjuicio de los ciudadanos, que se quedan sin asideros legales para defender lo conquistado en emblemáticas luchas por los derechos civiles. Aun así, las democracias todavía son un pilar de la convivencia en la diferencia entre los seres humanos.  

La experiencia reciente de la renuncia de Pierre Trudeau al cargo de primer ministro de Canadá, por ejemplo, demuestra que el sistema democrático parlamentario es capaz de procesar ordenadamente las crisis políticas.  

La crisis en el gobierno liberal rompió la cohesión, lo que llevó a la renuncia de la ministra de Finanzas y a que sectores del Partido Liberal le pidieran a Trudeau que renunciara al cargo para elegir a un nuevo primer ministro. La oposición, en su papel de contrapeso, le exigía que convocara nuevas elecciones para construir una nueva mayoría y contar con un nuevo dirigente político que haga frente a las pretensiones anexionistas de la segunda era Trump. Trudeau renuncia, pero no convoca elecciones porque simplemente son las reglas del juego democrático. La oposición conservadora las acepta y da vuelta a la página para enfocarse en hacer oír su voz con la vuelta de Trump a la Casa Blanca y prepararse para las elecciones de octubre próximo.  

Esta dinámica gobierno-oposición se repite también en Estados Unidos desde el momento en el que Kamala Harris sale a decir a los suyos, como buena demócrata, que reconoce la derrota electoral, y al día siguiente, como es usual en democracia, vuelve a sus funciones de vicepresidenta de la administración Biden. Desde ese momento, toda la escenografía queda al servicio del presidente electo.  

Mejor todavía: Harris, en ese doble carácter de excandidata presidencial y vicepresidenta, asiste a la ceremonia de habilitación de Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos y ocupa un lugar privilegiado al lado del presidente Biden. Algo que, por cierto, no hizo Trump cuando, como candidato derrotado, no asistió a la ceremonia de investidura de Biden ante los representantes de los poderes públicos e invitados especiales, y, en última instancia, ante el mundo, que en esta ocasión seguía expectante un ritual sucesorio cargado de símbolos y mensajes.  

Ese ritual iba desde poner una ofrenda floral en la Estatua del Soldado Desconocido hasta prestar juramento con la mano derecha en alto mientras la izquierda descansaba sobre dos biblias, la suya y otra perteneciente al expresidente Abraham Lincoln bajo el lema “Nuestra democracia duradera, una promesa constitucional”; desde la cena a la luz de las velas con los principales donantes de su campaña hasta la salva de cañones que estremecieron la rotonda del Capitolio; desde la presencia de los ministros de la Corte hasta los miembros del Senado y la Cámara de Representantes con los dueños del dinero y dirigentes religiosos hiperactivos.  

También fuimos testigos de la protocolaria y civilizada foto de despedida con Joe Biden y esposa, que, minutos después de la ceremonia sucesoria, se subieron a un helicóptero y con ese ritual se cumplía la máxima del poder: “Muera el rey, viva el rey”. No menos importante para América latina es la ausencia en el acto de los presidentes Sheinbaum y Trudeau, cargada de malos augurios para el sur, mientras cobra relevancia mediática la invitación a los presidentes de Argentina, Ecuador y El Salvador, que se sella con el discurso de toma de posesión señalando la frontera mexicana como el origen de todos los males de su país. 

En definitiva, el juego democrático demuestra su capacidad para que los ciudadanos se expresen en las urnas y conserven o releven gobiernos al gusto de las mayorías. Unos gobiernos que, en nombre de ellas, toman decisiones públicas que pueden llegar a acabar con la democracia y hasta desatar los demonios en el mundo. Cabe preguntarse: ¿hay algún mejor sistema político que este?  

Petro, Trump y el mundo después de Estados Unidos

La disputa diplomática entre Donald Trump y Gustavo Petro (así como las medidas que ha anunciado el presidente estadounidense desde su asunción del cargo) han puesto el reflector en un aspecto clave de las relaciones internacionales contemporáneas: la acelerada construcción de un mundo pos-Estados Unidos. Esto plantea el monumental reto para Colombia de construir una mayor autonomía política y económica en su relacionamiento internacional. Aunque todavía no son claras las características del mundo que está emergiendo, podemos ver algunos de los aspectos que el país norteamericano va dejando atrás: la defensa a ultranza del libre comercio, las instituciones internacionales, y el ideal de ser el faro global de la libertad y democracia.

Para una parte importante de las élites políticas colombianas (y latinoamericanas) es difícil aceptar esta transición. Lo es también para los medios de comunicación hegemónicos. El imaginario pro-estadounidense aún late fuerte, y es por eso que albergan la esperanza de que el alineamiento político y las buenas formas diplomáticas continuarán protegiéndonos de las andanadas y el matoneo estadounidense.

Nada más alejado de la realidad. Si bien vale la pena evitar, en tanto sea posible, nuevas y prolongadas confrontaciones, ni la más aséptica de las retóricas nos protegerá de Trump ni de las realidades estructurales del mundo que está emergiendo. Ahí es donde se equivocan los adalides de agachar siempre la cabeza. No obstante, eso no significa ser temerarios y colocarnos en la mira cada vez que haya una controversia. Hay que jugar también el juego de largo plazo, bajándole a la grandilocuencia y subiéndole a la diplomacia estratégica.

Táctica y estrategia en un mundo más conflictivo

El panorama internacional muestra una creciente conflictividad que ha llevado a actores como la Unión Europea a querer reducir sus dependencias comerciales y buscar una mayor “autonomía estratégica” en el marco de las confrontaciones económicas entre Estados Unidos y China. El enfrentamiento Trump-Petro, se mostró como un síntoma, no sólo para la clase política sino también para los gremios económicos, de los peligros de una excesiva dependencia del Estados Unidos de Trump.

La tarea que esto plantea no es sencilla, pero es de crítica importancia y urgencia. Es necesario fortalecer los lazos comerciales y políticos con otros actores internacionales (en Asia y África, por ejemplo). Esto implica no sólo un esfuerzo estratégico y diplomático de profundización de relaciones y construcción de nuevas agendas, sino también un apoyo decisivo para que las empresas puedan abrirse a nuevos mercados. Nunca está de más señalar que eso debería pasar también por una transformación productiva aún más ambiciosa, que nos pueda sacar del lastre de que nuestra economía dependa tanto de las materias primas y sus volátiles precios internacionales.

Como lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en diversos informes, uno de los caminos para lograr esto es una mayor integración regional. Si bien parece difícil avanzar mucho en la agenda de integración en el actual contexto de profundos antagonismos políticos internos y regionales, es un imperativo. Quizás las crecientes amenazas estadounidenses puedan ser un nuevo incentivo para profundizar lazos, así la reciente cancelación de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) nos obligue a permanecer cautelosos.

Una de las fórmulas que venimos discutiendo en la academia es avanzar en la integración de manera más segmentada y no con organizaciones que abarquen demasiados temas. Asimismo, se puede apuntar a temas que generen consensos mínimos con varios países de la región. La CEPAL destaca, por ejemplo, la urgencia de construir una mayor autosuficiencia sanitaria (que mostró la pandemia) y alimentaria (que subrayó la invasión rusa de Ucrania).

Imaginar políticamente el día después de Estados Unidos

Además de construir una mayor autonomía nacional, regional y defendernos de los ataques comerciales y políticos de Estados Unidos, es necesario también pensar más radicalmente en el mundo que queremos construir. El avance global de la extrema derecha pretende echar por la borda muchas de las conquistas de derechos logradas en las últimas décadas. Nuestra respuesta no puede ser meramente defensiva y reactiva. Debemos ser capaces también de imaginar políticamente ese mundo más allá de Estados Unidos y construir una agenda concreta para materializarlo.

Desde Colombia se ha apostado por algunas ideas y políticas en esa dirección: la política exterior feminista, el impuesto a los superricos y la apuesta por la transición climática y energética. Es indispensable también: reformar las instituciones de la gobernanza global y avanzar en nuevas instituciones que puedan ser más efectivas y justas; promover un multilateralismo renovado, con enfoques que represente mejor las necesidades del sur global y permita una participación equitativa de todos los actores internacionales; y defender con ahínco que el derecho internacional no se aplique de manera selectiva en conflictos como el de Gaza y Ucrania.

Todo lo anterior, debe apuntar también a metas sociales específicas como erradicar el hambre a nivel global -bandera que ha defendido de forma contundente el gobierno brasileño-. Atrevámonos a imaginar un mundo radicalmente distinto y a avanzar con inteligencia, autonomía y diplomacia para materializarlo. La autonomía implica una diplomacia económica activa, un rediseño de las políticas industriales y un fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico. Esta debe ser una apuesta de país construida con las ciudades y regiones, y con todos los actores sociales, políticos y económicos.

Asimismo, la autonomía no es un regalo ni una declaración de intenciones: es una construcción política, económica y cultural que requiere determinación y voluntad política.

El mundo está cambiando; es hora de que Colombia también lo haga.

‘Dark web’: una amenaza oculta y latente en América Latina

El lado oculto de internet, conocido como la dark web, se ha convertido en un entorno propicio para las actividades ilícitas, bajo el amparo del anonimato, que incluyen la venta de drogas y armas, prostitución infantil, ciberdelitos y robo de datos personales, entre otros. Se trata de un fenómeno alarmante que plantea serios desafíos para la ciberseguridad global y que evidencia la necesidad de desarrollar estrategias de defensa más robustas y proactivas, especialmente en Latinoamérica, donde poco o nada conocemos de este tipo de operaciones.

Mientras los ciberdelincuentes avanzan en la sofisticación de sus métodos y utilizan la red oculta para el comercio ilícito, la adquisición y distribución de vulnerabilidades de software, el desarrollo de malware personalizado o la coordinación de ataques contra infraestructuras críticas, las autoridades no han logrado hallar los mecanismos para abordar la problemática en su magnitud. La falta de recursos especializados y la escasa concienciación sobre los riesgos inherentes a este entorno han dejado a los gobiernos en una posición vulnerable frente a las amenazas que emanan de las sombras de la internet.

Muestra de ello es que, a pesar del desmantelamiento de plataformas emblemáticas de mercado negro como Silk Road, las actividades ilícitas en la red oscura no solo persisten, sino que continúan en aumento, dada la naturaleza descentralizada de este entorno digital, que representa una gran dificultad para la implementación de medidas de control efectivas. Al mismo tiempo, la fragmentación de las jurisdicciones ha obstaculizado una acción coordinada contra los ciberdelincuentes, y las medidas preventivas al respecto siguen siendo, francamente, insuficientes. 

Qué es la dark web y sus implicaciones en Latinoamérica

La dark web es una sección de internet accesible únicamente a través de software especializado que se ha consolidado como un espacio propicio para las actividades ilícitas a nivel global. En su entorno, plataformas similares a mercados electrónicos convencionales permiten la proliferación de redes criminales que aprovechan el anonimato y la descentralización para operar sin restricciones. Se trata de un fenómeno que ha sido denominado por algunos expertos como una forma de “globalización desviada”, en la que los actores delictivos trascienden las fronteras y las normativas locales.

Pero además del comercio ilícito, esta red alberga sitios diseñados para vulnerar la seguridad informática, mediante malware y spyware. La dark web también facilita la comunicación anónima en foros y correos privados, utilizados incluso por figuras como Edward Snowden (antiguo empleado de la CIA) para divulgar información clasificada.

Particularmente en América Latina y el Caribe ha demostrado ser un recurso estratégico para el crimen organizado. Un reporte de Insight Incrime señala que los cárteles latinoamericanos han utilizado la red oscura para localizar compradores de envíos de cocaína a gran escala, mientras que pandillas centroamericanas han encontrado en estos foros un medio para coordinar el tráfico transfronterizo. La investigación señala, además, que los narcotraficantes recurren a plataformas subterráneas para adquirir opioides sintéticos provenientes de Asia, lo que evidencia un uso sofisticado de esta tecnología para fortalecer sus operaciones internacionales.

Junto con el tráfico de narcóticos, la dark web también ha sido un canal clave para otras actividades ilícitas, como la distribución de pornografía infantil. Investigaciones internacionales que condujeron al cierre de sitios como Playpen revelaron vínculos directos con arrestos en países como Chile y Perú, mientras que México se ha convertido en un actor relevante en esta industria ilegal. 

Por su parte, a lo largo de 2023 los analistas de SOCRadar identificaron tendencias alarmantes que vinculan a empresas de América Latina con actores de amenazas cibernéticas asociadas a la dark. Durante este periodo, las organizaciones enfrentaron un aumento sostenido de ataques cibernéticos, con 3.561 publicaciones en foros de la dark web atribuidas a 1.331 actores maliciosos. Las industrias más afectadas incluyeron administración pública, tecnología de la información, finanzas y seguros. A su vez, el comercio de datos de usuarios comprometidos ha sido predominante.

En concordancia, informes como los de Kaspersky han subrayado la necesidad de respuestas más robustas y coordinadas por parte de las autoridades internacionales ante la creciente sofisticación de las transacciones realizadas en la dark web. La urgencia de fortalecer las defensas cibernéticas mediante la colaboración entre países, el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas y el fortalecimiento de las capacidades locales es apremiante, pues no solo se trata de un desafío de seguridad sino también de una amenaza creciente para las economías y las sociedades de la región.

El impacto del anonimato

La red oscura ha sido diseñada para proteger la privacidad en línea, enmascarar tanto la ubicación como las actividades de sus usuarios y dificultar el rastreo y la persecución de las actividades ilícitas. Su estructura se apoya en características legítimas de la tecnología moderna, como el cifrado, la anonimización y las criptomonedas, para facilitar transacciones que evadan los controles tradicionales. 

A su vez, el uso de monedas virtuales centralizadas y criptomonedas descentralizadas ha transformado el lavado de dinero y otros delitos financieros en prioridades críticas para los organismos de seguridad. Bajo este modelo de transacciones, que incluye técnicas como el mixing de criptomonedas, la dificultad de rastrear el origen de los fondos es tan compleja como las labores de enjuiciamiento. 

Paralelamente, el empleo de herramientas como Tor ha transformado la forma en la que operan los cibercriminales, ya que les permite navegar de manera anónima y así evadir la detección por parte de las autoridades. El asunto no comienza allí. La proliferación de tutoriales, foros y recursos en línea ha facilitado el acceso de delincuentes emergentes a técnicas avanzadas de hacking y fraude. Incluso en plataformas accesibles es posible encontrar foros, videos y materiales que instruyen sobre la ejecución de ataques cibernéticos o la adquisición de productos ilícitos en la red. Hablamos de un alcance exponencial, que ha permitido y seguirá permitiendo la participación de individuos con y sin experiencia previa, mientras los riesgos asociados a estas actividades son inimaginables.

La amenaza de la dark web trasciende fronteras y es un desafío constante para las autoridades. Si bien algunos países han adoptado medidas legales más estrictas para frenar estas actividades, otros (como los latinoamericanos) enfrentan serias dificultades para comprender y abordar el fenómeno de manera efectiva. Sin embargo, el futuro de la lucha contra los delitos en la dark web dependerá de un enfoque integral, que combine educación para generar conciencia sobre los riesgos, regulación que establezca límites claros y colaboración internacional que permita desmantelar las estructuras delictivas. Es necesario poner el debate sobre la mesa, no solo para mitigar los impactos del presente, sino también para construir un entorno digital más seguro, donde los avances tecnológicos sean utilizados para el progreso y no para la explotación.