La obesidad y el impacto de una crisis en aumento

Por

4 marzo, 2025

El 4 de marzo marca el Día Mundial de la Obesidad, una fecha para reflexionar sobre una de las crisis sanitarias más alarmantes de nuestro tiempo. La obesidad es un problema de salud pública con consecuencias devastadoras. En América Latina, las cifras siguen en ascenso, impulsadas por sistemas alimentarios desiguales, políticas ineficaces y un mercado que prioriza el lucro sobre la salud. Es momento de exigir respuestas contundentes.

La Epidemia Silenciosa: Datos que Alarman

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la obesidad se ha triplicado desde 1975. En nuestra región, uno de cada cuatro adultos vive con obesidad. En los niños, la situación es igual de grave: América Latina tiene una de las tasas más altas de obesidad infantil del mundo. La transición nutricional, marcada por el abandono de dietas tradicionales en favor de productos ultraprocesados, ha agravado esta crisis. Las bebidas azucaradas y la comida chatarra inundan mercados y hogares, mientras que los alimentos frescos siguen siendo inaccesibles para muchas familias.

El sobrepeso y la obesidad están asociados a enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, más allá de la carga individual, la obesidad genera un impacto económico colosal. El costo en atención sanitaria y la pérdida de productividad por enfermedades relacionadas con el sobrepeso representan una amenaza para el desarrollo de nuestros países.

Políticas Públicas: Avances y Retrocesos

A pesar de la magnitud del problema, las respuestas políticas han sido insuficientes. Algunos países de la región han implementado etiquetados frontales de advertencia en los productos ultraprocesados. Chile, México y Ecuador son ejemplos de avances en la regulación de la industria alimentaria. Sin embargo, el poder de los lobbies empresariales sigue frenando muchas medidas que podrían marcar la diferencia.

Las políticas fiscales, como los impuestos a las bebidas azucaradas, han mostrado ser efectivas en la reducción del consumo de estos productos. Sin embargo, aún existen barreras para implementar estas estrategias de manera masiva. Los intereses comerciales chocan con el derecho a la salud, y la industria alimentaria invierte millones en desinformación para evitar regulaciones más estrictas.

Desigualdad y Obesidad: Un Vínculo Innegable

La obesidad es también un reflejo de las desigualdades socioeconómicas. En las comunidades más vulnerables, el acceso a alimentos saludables es limitado. Los ultraprocesados suelen ser la única opción asequible. Mientras algunas políticas priorizan la economía sobre el bienestar, millones de personas ven su salud comprometida por un sistema alimentario que perpetúa la obesidad como una consecuencia de la pobreza.

La educación nutricional sigue siendo un privilegio. Sin acceso a información clara y a precios justos en los alimentos saludables, la población sigue atrapada en un círculo vicioso. La salud pública no puede depender de elecciones individuales cuando el entorno alimentario está diseñado para promover el consumo de productos nocivos.

El Rol de la Sociedad Civil

La sociedad civil ha tomado un papel fundamental. Organizaciones locales e internacionales han presionado por políticas más estrictas y han impulsado campañas de concienciación. El activismo ha logrado cambios significativos, pero la lucha está lejos de terminar. La exigencia de regulaciones más firmes debe continuar.

Es necesario fortalecer las redes comunitarias y los programas de educación alimentaria en escuelas y centros de salud. La participación ciudadana es clave para revertir esta crisis. Se trata de transformar sistemas alimentarios que sean sostenibles desde las comunidades.

Mirando Hacia el Futuro: Soluciones Urgentes

La obesidad no se resolverá con discursos retoricos ni con recomendaciones genéricas. Se requieren políticas agresivas para reducir la influencia de la industria alimentaria y fomentar sistemas alimentarios sostenibles. La inversión en producción local de alimentos saludables, la promoción de la agroecología y el control estricto sobre la publicidad engañosa deben ser prioridades.

El Día Mundial de la Obesidad debe ser un llamado a la acción. Es hora de desafiar a los responsables políticos, a la industria alimentaria y a las estructuras de poder que perpetúan esta crisis. La salud de las futuras generaciones depende de lo que hagamos hoy.

¿Qué es la conservación inclusiva?

Por

Micaela Camino

3 marzo, 2025

Estamos ante una crisis ambiental y climática sin precedentes. Gran parte de los ecosistemas naturales que quedan en el mundo están en territorios de Pueblos Indígenas y comunidades locales (PICL). Sin embargo, la conservación ha excluido históricamente a los PICL, ignorando sus conocimientos y saberes, así como el manejo del territorio que sostuvieron por generaciones. Al centrarse en especies y ecosistemas amenazados, la conservación se reduce a un ejercicio biológico, sin considerar las dinámicas económicas, políticas o culturales que determinan el futuro de los ecosistemas.

Li visión indígena de la naturaleza

Nuestra percepción de la naturaleza está moldeada por la cultura y la cosmovisión. En la visión indígena, cultura y naturaleza no están separadas. El territorio, con sus ecosistemas y biodiversidad, es parte de la identidad, historia y prácticas cotidianas, sociales, de subsistencia y espirituales de las comunidades. No es solo un recurso por explotar, sino un espacio de vida donde se tejen relaciones de reciprocidad y respeto, donde los humanos son parte de un todo interconectado. Este conocimiento y sus prácticas de manejo se expresan de diversas maneras y están tan amenazados como la biodiversidad y los ecosistemas.

Desde el inicio de la historia, las sociedades humanas interactúan y moldean su entorno y los ecosistemas a través de sus prácticas culturales. Así, paisajes que hoy consideramos prístinos han sido o son modelados por PICL. En el Chaco, por ejemplo, los pastizales nativos, altamente amenazados, eran mantenidos en el pasado, en gran medida, por prácticas culturales y de subsistencia de pueblos indígenas. Asimismo, los movimientos seminómadas de estos pueblos influían en la dinámica del paisaje y, al establecerse provisoriamente, modificaban las poblaciones de especies cazadas y recolectadas. Aún más importante, mantenían aguadas, permitiendo que el agua superficial persistiera incluso después de su partida. En una región con una estación seca prolongada, sin esta intervención, las aguadas desaparecen rápidamente. Así, los paisajes, su dinámica y diversidad estaban integrados a las prácticas de los pueblos indígenas. Por tanto, pensar en conservación considerando que los PICL no forman parte de la naturaleza es un error.

A pesar de la creciente evidencia sobre la importancia de los PICL en la conservación, la visión dominante ha invisibilizado su rol e impuesto modelos excluyentes, causando conflictos sociales, medidas autoritarias e incluso violaciones de derechos humanos. En el mundo, más de un millón de personas han sido expulsadas de sus hogares para crear áreas protegidas. En Argentina, por ejemplo, el Parque Nacional El Impenetrable fue creado sobre territorios de la comunidad Wichí Nueva Población. Al no tener tenencia formal de sus tierras, la comunidad perdió el libre acceso al área y la posibilidad de practicar caza de subsistencia, agravando su inseguridad alimentaria y erosionando su herencia cultural.

Caben las preguntas entonces ¿Para quién practicamos conservación? ¿a costa de quién o quiénes? ¿con qué autoridad y en base a qué saberes?

Priorizando modelos de conservación que excluyen PICL, vulneramos derechos y perpetuamos la concentración de poder y el extractivismo en los territorios. Asumir que el único método válido de conocimiento es el de la ciencia dominante invisibiliza conocimientos y saberes ancestrales, aliados clave para enfrentar la crisis ambiental.

Algunas prácticas de los PICL pueden ser insustentables pero la solución no es excluirlos ni reproducir narrativas que contribuyen a su marginalización. La solución es que científicos, gobiernos, decisores, ONGs y otros actores idóneos trabajen junto a ellos, horizontalmente, dando a los pueblos indígenas participación real, significativa y vinculante. Esto no quiere decir que los PICL tienen que asumir, solos, la responsabilidad de la conservación. Así, tomando el ejemplo anterior, la comunidad de Nueva Población no debería ver sus prácticas prohibidas unilateralmente, sino participar en la generación y análisis de datos para decidir junto a los otros actores la mejor manera de evitar la extinción de especies.

Conservación con inclusión social

La conservación con inclusión social es un enfoque que reconoce a los PICL como actores centrales y está ganando fuerza en las últimas décadas. Por ejemplo, en 2003, la UICN creó una nueva categoría de áreas protegidas que permite que los PICL las ocupen y/o manejen. Hoy, mide el éxito de las áreas protegidas no solo por su impacto en la biodiversidad, sino también por su respeto a los derechos y el buen vivir de los PICL dentro y fuera de ellas.

Muchos organismos dan cada vez mayor prioridad al bienestar de los PICL, desde la plataforma IBPES hasta Naciones Unidas o el Convenio de Biodiversidad. De hecho, un estudio muestra que 86 iniciativas de conservación lideradas por al menos 68 pueblos indígenas en 25 países generaron beneficios socioculturales, políticos y ecológicos, incluyendo mejoras en los medios de vida, fortalecimiento de la gobernanza y recuperación de especies y hábitats. Los pueblos indígenas establecieron áreas protegidas de forma autónoma o mediante alianzas, a veces con apoyo estatal.

Pese a los avances, la conservación inclusiva enfrenta grandes desafíos, como leyes restrictivas y basadas en el paradigma de exclusión, intereses privados, corrupción e ignorancia en organismos gubernamentales, financiamiento limitado y discriminación estructural. Es necesario reformar leyes y trabajar para la equidad en la conservación. Los PICL no deben ser relegados a roles subalternos que se limiten a brindar servicios de ecoturismo, cocina para turistas o recolección de datos para científicos. Los PICL son los dueños de vastos territorios donde aún se conservan los últimos ecosistemas naturales, poseen conocimientos y saberes únicos y construir junto a ellos puede ser la salida a la crisis ambiental.

Conclusiones

Además de la crisis ambiental, la humanidad enfrenta nuevos desafíos, como líderes mundiales y sectores con apoyo popular que niegan esta crisis y la evidencia científica, y el retroceso en derechos de mujeres, inmigrantes, diversidades, entre otros colectivos. En este contexto, la conservación debe avanzar con urgencia hacia un desarrollo basado en la integración, el respeto, la ciencia y, también, los conocimientos y saberes de los PICL. De lo contrario, estaríamos reforzando un paradigma de exclusión que gana terreno a nivel global.

Así, la conservación no puede ser definida por la comunidad científica, organizaciones no-gubernamentales o gobiernos, debe construirse colectivamente, con la justicia ambiental y los derechos territoriales como ejes centrales. En este contexto, los PICL deben ser reconocidos como protagonistas legítimos en la gestión de sus territorios. La ciencia y práctica de la conservación deben asumir la complejidad de los sistemas socioecológicos, la sostenibilidad no depende solo de manejos ecosistémicos, sino también de factores políticos, sociales, culturales y económicos.

Por ello, es fundamental adoptar un marco ético en la conservación, donde los PICL sean integrados desde el inicio y en condiciones de igualdad, sus saberes, conocimientos, prácticas y derechos son esenciales para la protección de la biodiversidad. La integridad de los ecosistemas no puede asegurarse sin considerar a quienes los habitan y dependen de ellos. La conservación también se trata de empatía y de respeto a la diversidad cultural y los derechos.

Para garantizar nuestra propia supervivencia, debemos replantear nuestra relación con el entorno y reconocer que la diversidad biológica y cultural son interdependientes. A fin de cuentas, cada uno de nosotros también es naturaleza.

Lecciones de un mes frenético

Por

Manuel Alcántara

2 marzo, 2025

El nuevo orden comenzado a sacralizarse el pasado 20 de enero en el discurso de toma de posesión del presidente Trump, y en sus decretos presidenciales frenéticamente emitidos, así como en los sucesivos días, supone un trascendental cambio histórico mundial. El impacto de lo acontecido tiene carácter global y por ende las repercusiones en América Latina no andan a la zaga. Se trata de una gran transformación que tiene en esa fecha su momento más emblemático, pero que venía pergeñándose tiempo atrás y expresándose en diferentes formas de democracia fatigada en sociedades cansadas en el marco del ascenso rampante del anarcocapitalismo.

Por una parte, se encuentra el carácter emblemático de Estados Unidos y su correspondiente efecto demostración para con la región asentado en siglo y medio de relaciones que pronto adquirieron un sentido vertical, dependiente y casi excluyente hasta llegar al modelo imperial luego abandonado. Las sucesivas etapas del “América para los americanos”, “gran garrote”, “destino manifiesto”, “buena vecindad” y “alianza para el progreso” dejaron una huella profunda que definió buena parte de la política vernácula latinoamericana y que ahora se reinventa con el MAGA (Make America Great Again) de Trump.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la inmediatez y el generalizado y vertiginoso alcance a amplios sectores sociales de la revolución digital. Su desarrollo irrestricto y exponencial ha impuesto un escenario de hiper comunicación individualizada por el que los diversos contenidos llegan de modo vertiginoso al último rincón del hemisferio. Pero a la vez han significado un profundo vuelco en la economía mundial con la aparición de un sofisticado complejo tecnológico financiero-industrial

De entre los numerosos ámbitos que se ven afectados en el escenario recién inaugurado, y dejando de lado las implicaciones que pudieran darse para cada caso nacional de forma diferenciada, hay tres en el orden político que llaman mi atención por encima de todo y que requieren una reflexión más profunda. Se sitúan en niveles diferentes, pero claramente conectados. Van de lo estrictamente individual a lo normativo pasando por las opciones precisas tomadas en cuanto al perfil innovador en el diseño de numerosas políticas públicas.

Impulsado ciertamente por el esquema que dibuja el presidencialismo, en la gran mayoría de los países de las Américas hoy los círculos de poder de la política están cada día más centrados en torno a personas aisladas habiendo quedado marginado el universo partidista que fue central en el pasado. Ello supone, y es el primer nivel de los tres recién enunciados, un peso desmesurado de cuestiones ligadas al comportamiento íntimo de los individuos donde se produce una combinación del imperio de la subjetividad con factores psicológicos particulares. Pareciera que el momento presente es proclive a modificar los límites de la locura, así como a posibilitar definir la realidad a gusto de cada quien; elevar a niveles máximos la pulsión egotista ilimitada; abrir espacios para que actúe la impostura y permitir comportamientos atrabiliarios hasta hace poco inaceptables.

De entre los múltiples ejemplos que podrían aportarse para avalar este estado de las cosas hay uno particularmente oportuno por su aparente ingenuidad referido a las declaraciones del presidente Milei cuando al calor de la promoción de una moneda digital que terminó en fraude, posible estafa y denuncias penales en su contra, afirmó: “Yo no lo promocioné, yo lo que hice es que lo difundí”.

En un escenario social de individualismo incesante y de vanidad adocenada donde la desconfianza se alza frente a la solidaridad y la justicia, en el líder triunfa la jactancia permanente, la confianza ilimitada en sí mismo, sin restricciones, libre para proponer lo que le venga en gana y decir lo que se le ocurra. Así aconteció en la conferencia de prensa de Trump con Netanyahu del 4 de febrero cuando aquel al referirse a Gaza tuvo la ocurrencia de plantear que pudiera ser la Riviera de Oriente Medio. El legado de esta forma de comportamiento en la sociedad no puede sino comportar un ejemplo de consecuencias nefastas.

Ciertos líderes, cuyo capital es fundamentalmente de índole publicitario, creen firmemente en la acción y en el lenguaje maximalistas. Se trata en su mayoría de hombres blancos fuertes que se comportan como instrumentos contundentes e inflexibles para demostrar nuevos límites tanto al poder como a lo que es posible. Ven la masculinidad de forma bastante similar: expresiones insensibles, acciones machistas, irreverentes, groseras y, con frecuencia, impasibles ante lo emocional, la empatía o la moderación. Utilizan sus apariciones públicas y sus mensajes en las redes sociales para intimidar e insultar a quienes los critican en la esfera pública. El adversario político, los medios críticos y los actores independientes en el mundo de la cultura deben ser marginados si no directamente eliminados. Se burlan de los llamados a la humildad y a la compasión cuando detentan el poder que se impulsa en gran medida por la venganza y el rencor. Finalmente, su quehacer monetariza sus inventivas como sucede con la mercadería ingeniada en torno a MAGA puesta a disposición del consumismo más banal en gorras y camisetas.

El segundo nivel es el paroxismo del fin del orden basado en normas. Trump lo manifestó explícitamente en Truth Social y en X el 16 de febrero al sostener que “el que salva a su país no viola ninguna ley”. En otro orden, el vicepresidente Vance sostuvo en Múnich que “los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”. Un exabrupto con el que quiso explicar el programa de la Casa Blanca con respecto a Europa en la línea de trabajar proactivamente para poner fin al cordón sanitario establecido entre las fuerzas democráticas del país y lograr el regreso al poder de la extrema derecha en Alemania después de ochenta años. Algo que se resiste a pesar del apoyo que se aproxima a una quinta parte del electorado alemán.

En términos institucionales, los fundamentos del gran consenso occidental basados en los valores de la Ilustración, reflejados en sus inicios en las dos grandes revoluciones del último cuarto del siglo XVIII en Estados Unidos y en Francia, están profundamente cuestionados. Las normas constitucionales son papel mojado y su implementación ha sido socavada desde su interior. Cualquier intento de reforma para adaptarse a los nuevos tiempos es bloqueado y tildado de satisfacer los intereses de una casta. Hoy la fuerza pareciera hacer el derecho.

El tercer y último nivel se relaciona con la anomia social impuesta a caballo de la revolución digital que ha transformado profundamente un panorama donde se enseñorean los grandes consorcios tecnológicos que lideran las bolsas de valores. La economía de la vigilancia, donde las empresas tecnológicas compiten por la atención a través de sus variadas ofertas, es su gran compañera. El estado de derecho con su división de poderes al igual que la garantía de derechos fundamentales, la democracia y la libertad están hoy amenazados por el proyecto imperial del nuevo Silicon Valley, ahora instalado en el corazón de la Casa Blanca. Si la plutocracia siempre fue un riesgo hoy es una evidencia.

De ello surge un nuevo formato en el diseño y elaboración de las políticas públicas que estuvo vigente a lo largo del último siglo. Los poderes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) a la hora de desmantelar partes sustantivas del estado norteamericano son abrumadores haciendo realidad la famosa imagen de la motosierra popularizada por Milei. En otro orden, las acciones desarrolladas en favor de la seguridad, la identidad y una visión peculiar de la libertad en clave de tecnocracia libertaria se alinean con las ideas asentadas desde hace tiempo del orden neoliberal y confrontan a las políticas del último cuarto de siglo orientadas a la defensa de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI).

En todos estos extremos pueden verse rasgos con diferentes niveles de intensidad del acontecer político actual de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Paraguay (y los hubo durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil) lo que supone la tercera parte de los países latinoamericanos. En puridad en este escenario encaja difícilmente el estrafalario consejo de ministros colombiano retransmitido en directo el 4 de febrero, pero, aun así, toda persona atenta a la realidad del país encontrará más de una coincidencia con los aspectos aquí abordados.

Así fue cómo el neoliberalismo entregó el Canal a Panamá

Por

Carlos A. Gordón B.

1 marzo, 2025

La narrativa sobre la reversión del Canal de Panamá y el traspaso de su administración a manos panameñas —tras 74 años de ocupación estadounidense— se ha sostenido en base a tres influencias principales. Primero, las demandas históricas de soberanía y compensaciones económicas que emergieron desde la firma del Tratado Hay-Bunau Varilla (1903), acuerdo celebrado entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos para la construcción del Canal. Segundo, el movimiento antiimperialista que surge en las excolonias del Sur Global luego de la derrota norteamericana en Vietnam. Y tercero, la estrategia diplomática del dictador panameño Omar Torrijos, que resultó clave al consolidar el respaldo de organismos como el Movimiento de Países No Alineados, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que llevó a Estados Unidos a reconocer la necesidad de negociar y poner fin a la disputa por la soberanía del Canal.

Un papel menos conocido en las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter (1977), que reemplazaron el Tratado Hay-Bunau Varilla, fue el de la Comisión Trilateral, una organización fundada por David Rockefeller en 1973. El rol de esta comisión, y de los grupos económicos de poder de los Estados Unidos, en la firma del acuerdo fue documentado en varias publicaciones de la época, que utilizaremos de referencia para explicar cómo el neoliberalismo entregó el Canal a manos panameñas. Entre estas publicaciones se encuentran The Treaty That Wall Street Wrote (El Tratado que Wall Street escribió) (1977), del economista norteamericano Murray N. Rothbard; Diez tesis sobre los Tratados del Canal de Panamá (1979), del jesuita y economista español Xabier Gorostiaga; Carter y la Trilateral (1979), de Paulo Canabrava, periodista brasileño, y Efectos del régimen de Torrijos en la estructura económica (1982), del economista panameño José E. Torres.

La Comisión Trilateral era un ente conformado por líderes políticos, empresariales y académicos de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón —a la sazón los tres ejes de poder occidental en esa época—, que buscaban un restablecimiento del poderío norteamericano, bajo una visión de un mundo multipolar, en el cual se requería de acciones coordinadas para mantener la estabilidad del sistema capitalista en una época de surgimiento de la transnacionalización de las economías latinoamericanas.

Uno de los elementos más relevantes de esta Comisión Trilateral era su conformación y la participación e influencia que tenían sus miembros tanto dentro del tejido empresarial de los Estados Unidos como en el aparato de gobierno del presidente Jimmy Carter. Entre estos actores estaban Sol Linowitz, nombrado negociador del Tratado Torrijos-Carter (1977), quien era director del Marine Midland Bank; el secretario del Tesoro W. Michael Blumenthal (1977-1979), expresidente de Bendix Corporation (1969-1977), y Peter Peterson, presidente de Lehman Brothers (1973-1984) y miembro de la Comisión Linowitz. Además, también estaban el secretario de Estado Cyrus Vance (1977-1980) y el asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski (1977-1981), este último uno de los principales arquitectos de la Comisión.

La relación de Carter con la Comisión Trilateral comenzó en 1972, cuando participó en una cena organizada por Zbigniew Brzezinski en la que se encontraría con David Rockefeller. En esa reunión, Brzezinski y Rockefeller acordaron que Carter era el candidato idóneo para respaldar, de manera que sería incorporado como miembro fundador de la Comisión Trilateral.

El rol de Carter en las negociaciones de los tratados canaleros sería el de un apaciguador, más que el de un promotor del reconocimiento de las reclamaciones panameñas. En el artículo Jimmy Carter’s Ruinous Neoliberal Legacy (El ruinoso legado de Jimmy Carter), publicado en este 2025, el norteamericano especialista en política económica Jonathan Schlefer señala: “Carter impulsó a la nación, e incluso al mundo, hacia el oscuro lugar en el que nos encontramos hoy. Girando bruscamente hacia el neoliberalismo, convirtiendo los mercados en armas”. Bajo este paradigma de impulsor del neoliberalismo, Carter formuló un tratado que era tan ambiguo que Torrijos se vio forzado a aceptar un acuerdo imperfecto, bajo el cual Estados Unidos mantenía el control del uso del Canal y Panamá quedaba “bajo el paraguas del Pentágono”.

La conjunción de intereses económicos norteamericanos y occidentales que respaldaba las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter tenía como finalidad lograr la firma de un tratado que, a) “desechara los últimos vestigios de un imperialismo estadounidense ingenuo y desfasado, remanente de la inocente pero torpe arrogancia de Theodore Roosevelt”; b) evitara un conflicto más agudo con Panamá que desembocara en una guerra de guerrillas; y, por último, c) que asegurase el derecho de uso del Canal a través de la garantía del mantenimiento de la neutralidad y el derecho permanente de paso expedito a los buques de guerra de los Estados Unidos.

La verdad es que la firma de los tratados se vino tejiendo desde muy temprano en la década de 1970 —a inicios del gobierno de Torrijos—. Es así como la devolución del Canal de Panamá fue considerada en 1971 como un paso crucial para garantizar la estabilidad de las inversiones estadounidenses en América Latina. Esta estrategia, liderada por David Rockefeller, coincidió con la reforma bancaria de 1970, promovida por Omar Torrijos, la cual convirtió a Panamá en un centro financiero sin regulaciones fiscales.

Como resultado, grandes instituciones como el Bank of America, el Chase Manhattan Bank y el First National City Bank ingresaron al mercado panameño con activos que superaron los 8.000 millones de dólares, al tiempo que facilitaron préstamos al gobierno panameño. La deuda externa de Panamá creció exponencialmente: pasó de menos de 200 millones de dólares en 1968 a 1.800 millones en 1977, asegurando el dominio de la banca internacional en la economía panameña.

De acuerdo con los citados autores, “los tratados han negociado, más que el propio Canal, la presencia moderna de Estados Unidos en Panamá, asegurando así la estabilidad de la plataforma de servicios transnacionales, esencial en la era de transnacionalización de las economías latinoamericanas”. Estos tratados sometían ya no solo a la franja canalera al dominio norteamericano, sino al conjunto de la economía panameña.

Estos académicos también dejan entrever cómo la reforma del sistema bancario realizada por Torrijos en 1970 “proporcionó un paraíso favorable, libre de impuestos y regulaciones onerosas para los bancos extranjeros en Panamá, de la misma manera que Panamá había proporcionado durante mucho tiempo una bandera de conveniencia para la navegación mundial”. Los intereses de Rockefeller y el grupo conformado por la Trilateral se extendían más allá del sector financiero e incluían el interés de proteger la operación de la aerolínea Pan Am, que tenía su hub en Panamá.

Como elemento narrativo, la evidencia aportada en los artículos citados en este escrito explica con claridad que la devolución del Canal a Panamá no fue solo un asunto de presiones antiimperialistas, sino que tuvo un componente importante de reconfiguración del poderío político, militar y, sobre todo, económico y financiero, concertado y coordinado por parte de las élites empresariales y financieras de los Estados Unidos, quienes veían en una ocupación dura del Canal un obstáculo para la expansión transnacional de sus empresas y bancos en los países en desarrollo.

Cuando la política es un proyecto de pareja

Por

Sebastián Godínez Rivera

28 febrero, 2025

En política se considera que los sentimientos quedan fuera cuando de ejercer el poder se trata. Sin embargo, el cine ha retratado el ejercicio del poder compartido por personajes como Margaret y Dennis Thatcher, el matrimonio de John y Jacqueline Kennedy o Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Pero estas no son las únicas parejas que han tenido relevancia.

Latinoamérica ha sido tierra fértil para las parejas que ejercen el poder de forma conjunta, desde autocracias o sucesión en la presidencia hasta candidaturas para alcanzar los máximos cargos de dirección. El objetivo de este texto es abordar algunos ejemplos de parejas que marcaron la historia de la región por sus proyectos políticos, pero que no ocultaron sus sentimientos.

Argentina es uno de los países más emblemáticos si de parejas presidenciales se habla: no solamente el matrimonio de Perón con Evita y su proyecto nacionalista es muestra de ello. Durante los primeros años del siglo XXI, Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Férnandez (2007-2015) gobernaron la nación a través del justicialismo, una ideología que busca reducir las brechas de desigualdad, y el peronismo. No obstante, ambos se plantearon como herederos del peronismo y encarnación de la primera pareja.

Kirchner y Fernández no ocultaban sus muestras de cariño en público, además de que muchas veces emularon el famoso abrazo de la lealtad de Perón y Evita. Por otro lado, cuando murió su esposo, Cristina no reparó en rendir culto a su persona y, con imágenes similares a las del fallecimiento de Eva Perón, los seguidores del peronismo salieron a las calles para despedir a Néstor.

Por otro lado, Venezuela es uno de los casos paradójicos de la cuestión que nos ocupa, ya que el matrimonio Nicolás Maduro (2012-actual) y Cilia Flores ejercen el poder de forma conjunta. El primero es el líder del chavismo, mientras que la segunda se identifica con el sobrenombre de “la Primera Combatiente”. Siempre se los ve juntos en los eventos con la militancia chavista, en ruedas de prensa y movilizaciones.

No obstante, su cariño va más allá del romanticismo: es sabido que Cilia Flores tiene un papel decisivo en la designación de personajes en el Poder Judicial. La historia amorosa de Maduro y Flores se remite a la militancia con Hugo Chávez, la fundación del Movimiento Quinta República y su paso por diversos cargos políticos. La pareja venezolana emula el romanticismo revolucionario que, disfrazado de un régimen autoritario, promete el devenir de la justicia, el desarrollo y el bienestar de la nación.

La historia del romanticismo revolucionario perdura en Nicaragua de la mano de otra pareja que ejerce un férreo control sobre el país y que se dice heredera de los ideales sandinistas. Me refiero a Daniel Ortega (2006-actual) y Rosario Murillo, quienes gobiernan desde 2006 y transformaron el país de una democracia imperfecta a una autocracia electoral. Ortega fue uno de los guerrilleros que combatió el régimen sultanístico de Anastacio Somoza Debayle y encabezó el gobierno revolucionario en los 80. Murillo era poetisa y guerrillera y siempre estuvo a lado del líder sandinista.

El comandante es el presidente desde 2006, pero su esposa ostenta los cargos de primera dama y coordinadora de Comunicación. Desde 2017 ocupa la vicepresidencia de la república y en 2023 se autoproclamó presidenta del Poder Judicial, y con ello inició una purga de jueces que aún eran independientes. Nicaragua es muestra de que en regímenes autoritarios los matrimonios son como depositarios del poder y base del control político.

En la misma región, en 2011 Guatemala presenció uno de los episodios más extraños de su política. La entonces primera dama, Sandra Torres, se divorció del presidente Álvaro Colom (2012-1016); el motivo, aspirar a la candidatura presidencial, ya que la Constitución guatemalteca establece que los matrimonios y familiares tienen prohibido aspirar a un cargo público. En una carta que fue publicada por los medios de comunicación, Torres declaraba que su amor por el pueblo era mayor al de su esposo y, por lo tanto, se optaba por el divorcio.

La pareja se divorció y Torres pudo ser candidata, pero el Tribunal Superior Electoral estableció que su separación era una forma para evadir la ley y rechazó su candidatura. Sus aspiraciones continuaron para las elecciones de 2015, 2019 y 2023; en los tres comicios perdió.

Al este, Honduras se suma a la lista de parejas presidenciales, con una historia marcada por la política, el amor y la resistencia. En 2009 el presidente Manuel Zelaya (2006-2009) era destituido y el país daba paso a la polémica presidencia de Juan Orlando Hernández. Este evento estuvo marcado por la resistencia encabezada por la entonces primera dama, Xiomara Castro (2022-actual), quien hoy es presidenta del país.

El matrimonio ha cobrado relevancia desde 2022, cuando Castro asumió el poder, mientras que Zelaya ha fungido como primer caballero y consejero del gobierno. Esto muestra que gobernar no necesariamente es cuestión de una persona, sino que los matrimonios son una fuente de apoyo, más si ambos han residido en la Casa Presidencial.

En el norte, en México, una pareja vio truncados sus sueños cuando el país se encontraba en los albores de la alternancia en el poder. Vicente Fox Quesada (2000-2006) fue el primer presidente de oposición del país, y en 2001 contrajo nupcias con su entonces vocera, Martha Sahagún. Específicamente en 2004, tras las elecciones intermedias, el nombre de la primera dama cobraba fuerza para suceder a su esposo; en las filas del Partido Acción Nacional (PAN) era una posibilidad la selección de Sahagún.

Incluso se llegó a mencionar que era la esposa del presidente quien ejercía el poder; a su vez, la primera dama cobró relevancia en la opinión pública y se la veía en diversos eventos. A pesar de su promoción, Martha Sahagún vio truncados sus sueños cuando en una entrevista el presidente Fox declaró que, al terminar su gobierno, ambos se retirarían a su rancho, ubicado en el estado de Guanajuato. Con esta declaración las aspiraciones presidenciales de la “Sra. Martha”, como la llamaba el ejecutivo, se esfumaron.

En conclusión, los matrimonios pueden ser vistos como fuentes del poder político para instaurar gobiernos autoritarios. En algunos casos, esposos y esposas se suceden en el poder en aras de promover un proyecto político, aunque, por otro lado, las aspiraciones pueden verse truncadas por la ley o los factores de poder.

¿Qué está en juego en las elecciones primarias de Honduras?

Por

Cecilia Rodríguez Balmaceda

27 febrero, 2025

El próximo 9 de marzo de 2025 dará inicio el proceso electoral hondureño con la celebración de las elecciones primarias. Este proceso electoral reviste una importancia crucial, ya que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral, las elecciones presidenciales se definen en primera vuelta mediante una mayoría simple. Esto convierte a las primarias en un pulso de carácter político en el que los partidos miden sus fuerzas de cara a las elecciones generales.

En estos comicios, los partidos políticos en contienda seleccionarán a sus candidatos para la Presidencia de la República, tres vicepresidencias, 128 diputaciones con sus respectivos suplentes para el Congreso Nacional, así como 298 alcaldías municipales. Los aspirantes elegidos en esta fase competirán en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025.

Son tres los partidos políticos que participan en las elecciones primarias. En el Partido Nacional, los aspirantes a liderar la institución son el exalcalde Nasry “Tito” Asfura, la ex – primera dama Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, el actual diputado Jorge Zelaya y el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano. En el caso del Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder, los precandidatos son la ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé. Por el Partido Liberal, los aspirantes a la candidatura presidencial son Jorge Cálix, Salvador Nasralla, Maribel Espinoza y Luis Zelaya.

Crisis en el Partido Nacional y el ascenso del Partido Liberal

La crisis del Partido Nacional (PN), hegemónico entre 2010 y 2022, está estrechamente ligada a la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico, que llevaron a la captura y condena del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022). Extraditado y sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, su legado representa una carga para los cuatro precandidatos nacionalistas.

El colapso del PN ha abierto la puerta a un resurgimiento del Partido Liberal (PL), que dominó la política hondureña desde su fundación en 1891 hasta la crisis de 2009. En aquel entonces, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), al intentar modificar la Constitución para habilitar su reelección con el respaldo de Hugo Chávez, fracturó el partido. Su expulsión dio origen a Libre, que se consolidó como el principal rival del PN y llegó al poder en 2022 con Xiomara Castro como presidenta. Ahora, con el PN debilitado, el PL busca recuperar su liderazgo histórico.

Entre los precandidatos liberales destaca Salvador Nasralla, reconocido por su trayectoria como presentador deportivo en un canal de televisión de Tegucigalpa, fue designado vicepresidente en las elecciones de noviembre de 2021 como parte de una alianza entre su partido y Libertad y Refundación (Libre), la fuerza política liderada por Xiomara Castro. Ha sido candidato presidencial en tres procesos electorales consecutivos (2013, 2017 y 2021), compitiendo con distintas formaciones y alianzas, incluidas algunas con Libre.

A pesar de no ser un tradicionalista liberal, Nasralla goza de gran popularidad debido a su presencia mediática y a su estilo de liderazgo populista. Su discurso «anti-casta», que ha promovido desde la fundación del Partido Anticorrupción (PAC) en 2013, lo posiciona dentro de la nueva ola populista global. No obstante, su principal reto será consolidar su aceptación dentro del Partido Liberal (PL), que deberá elegir entre respaldar a un outsider con un fuerte apoyo ciudadano o apostar por un candidato más vinculado a la estructura partidaria, como Luis Zelaya o Jorge Cálix.

Libre: continuidad, corrupción y el narcotráfico

En el oficialista Libre, dos precandidatos disputan la nominación: Rixi Moncada, persona de confianza del matrimonio presidencial (Zelaya – Castro) y Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional. Las encuestas otorgan una ventaja significativa a Moncada, quien representa la continuidad del proyecto de gobierno. Sin embargo, Libre enfrenta acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

En 2024, la publicación de un “narcovideo” por Insight Crime desató un escándalo al revelar una reunión en 2013 entre poderosos narcotraficantes y el político Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara. En el video, los criminales ofrecían 650.000 dólares para financiar la campaña de Libre.

El escándalo desató una profunda crisis política dentro del partido gobernante, resultando en la renuncia de Carlos Zelaya, quien hasta ese momento era diputado y secretario del Congreso Nacional, así como de su hijo José Manuel Zelaya, quien se desempeñaba como secretario de Defensa de Honduras, y de Rafael Sarmiento, líder de la bancada oficialista en el Congreso, señalado por Carlos Zelaya como el responsable de coordinar la reunión. Este escándalo ha reforzado las acusaciones del Partido Liberal (PL), que sostiene que el oficialismo podría estar utilizando fondos provenientes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales.

Factores clave en la campaña

Más allá de la disputa partidaria, la campaña electoral estará marcada por varios temas cruciales, como la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, la crisis económica y las relaciones con Estados Unidos. Un punto de controversia ha sido la reciente propuesta de Xiomara Castro de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola, en respuesta a las posibles deportaciones masivas de hondureños bajo la administración de Donald Trump. Para materializar esta medida, el gobierno de Castro tendría que cancelar el acuerdo de asistencia militar bilateral firmado con Estados Unidos en 1954, lo que pondría en peligro décadas de cooperación y podría generar tensiones diplomáticas, así como sanciones económicas. Esta propuesta ha desatado fuertes críticas de Nasralla, quien acusa al gobierno de acercarse a China y advierte que Libre busca instaurar un modelo autoritario similar al de Venezuela.

Las acusaciones de fraude también jugarán un papel importante en el transcurso de la contienda. Nasralla ha insinuado que Libre podría intentar manipular el proceso electoral, lo que podría derivar en una crisis institucional similar a la ocurrida en 2017, cuando el Partido Nacional (PN) fue señalado de irregularidades en la reelección de Juan Orlando Hernández.

Por último, la violencia electoral sigue siendo un factor de preocupación. El reciente asesinato de un precandidato municipal en Lamaní, Comayagua, a menos de 40 días de las primarias, pone en evidencia el aumento en la polarización y la violencia política, lo que resalta la urgente necesidad de garantizar un proceso electoral seguro, libre y transparente.

Brasil avanza en la construcción de una política nacional para refugiados y migrantes

Por

William A. Clavijo

26 febrero, 2025

La participación social de los refugiados y migrantes se ha convertido en un tema central en los debates sobre las políticas de integración en los países de acogida. Reconociendo que estas personas contribuyen económica, política, social y culturalmente a los lugares donde viven y que muchos tienen la intención de permanecer, es esencial que sus voces, necesidades, experiencias y contribuciones se consideren en las decisiones que afectan sus vidas y las comunidades que las acogen.

No se trata de una participación reducida a una presencia simbólica en espacios de diálogo, sino de la posibilidad de incidir en la toma de decisiones en entornos compartidos con los ciudadanos locales como sujetos activos de los procesos políticos y sociales de los países que ayudan a construir. Las mejores prácticas en integración social resaltan la importancia de incluir medidas que incentiven la participación activa de las personas refugiadas y migrantes en el conjunto de políticas públicas destinadas a promover su plena integración.

En las últimas décadas, Brasil se ha destacado por sus políticas de recepción y protección de migrantes y refugiados. Entre enero de 2010 y noviembre de 2024, más de 1,7 millones de personas recibieron un estatus migratorio regular, más de 146.000 personas fueron reconocidas como refugiados y otras 457.000 aún esperan el análisis de sus solicitudes de asilo. Brasil se ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas en la atención de flujos masivos de desplazamiento, especialmente en el caso de ciudadanos venezolanos, del que es el tercer país receptor en América Latina, con la implementación de programas como la Operação Acolhida en los estados de Roraima y Amazonas.

Sin embargo, una parte significativa de la población migrante y refugiada todavía enfrenta barreras sustanciales para su plena integración a la sociedad brasileña, lo que resulta en condiciones de desempleo, pobreza y exclusión en niveles mucho más altos que los observados entre los ciudadanos locales.

Reconociendo esta situación, durante los últimos dos años, el gobierno federal ha promovido la participación activa de las personas migrantes, refugiadas y apátridas en la formulación de la política nacional dirigida a esta población. Bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, se inició un amplio proceso de consulta a la sociedad a través de la Conferencia Nacional de Migrantes, Refugiados y Apátridas (COMIGRAR). Este mecanismo, previsto en la legislación brasileña, buscó recoger insumos que reflejen sus experiencias, desafíos y propuestas, contribuyendo al desarrollo de políticas más inclusivas y efectivas para la integración a la sociedad brasileña.

Entre septiembre de 2023 y junio de 2024 se celebraron 119 conferencias preparatorias, que reunieron a unos 14.000 participantes, entre ellos migrantes, refugiados, apátridas, representantes de ministerios, gobiernos estatales y municipales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, incluidas instituciones educativas y de investigación, asociaciones de residentes y colectivos locales. La etapa preparatoria resultó en la formulación de 2.151 propuestas, las cuales fueron sistematizadas por el Ministerio de Justicia en 180 propuestas para la etapa nacional. En la segunda etapa, realizada en Brasilia, más de 271 delegados elegidos en las conferencias preparatorias debatieron y votaron enmiendas, seleccionándose las 60 propuestas consideradas prioritarias.

Al hacer un balance de la experiencia, la COMIGRAR logró movilizar a una parte importante de la comunidad migrante, refugiada y apátrida, así como a representantes de entidades públicas y privadas que trabajan en la temática. Este esfuerzo de coordinación destacó las condiciones que enfrenta una población que muchas veces se encuentra en situación de vulnerabilidad, pero que contribuye de múltiples maneras al desarrollo social y económico de Brasil y que, con mejores condiciones, podría contribuir aún más al beneficio del país. Además, la iniciativa permitió formular propuestas pertinentes para la construcción de una política nacional más inclusiva, orientada a remover las barreras que impiden la plena integración de estas personas, cuya trayectoria de vida ya está profundamente conectada con el país.

La experiencia ha generado grandes expectativas sobre la mejora de las condiciones de vida de los migrantes, refugiados y apátridas en Brasil. La efectividad de este proceso como buena práctica dependerá de la continuidad del gobierno federal en la implementación de las 60 propuestas priorizadas, a través de políticas públicas que generen cambios tangibles.

Es importante que el Gobierno considere los insumos que propone la sociedad al momento de formular y aprobar la política y un programa nacional de atención a refugiados, migrantes y apátridas. Entendiendo que esta política debe tener un enfoque transversal entre las diferentes carteras ministeriales, además de incluir a los estados y municipios, es fundamental que el gobierno establezca una estructura de gobernanza adecuada, capaz de dar coordinación a las diversas iniciativas que se implementarán. Además, es fundamental crear incentivos para que los estados y municipios se sumen a la implementación de iniciativas.

También es esencial que la política cuente con recursos financieros adecuados para garantizar una implementación efectiva. Este tipo de inversiones tiene el potencial de generar beneficios significativos para el país, superando ampliamente los recursos inicialmente destinados al tema.

Por otra parte, la implementación de esta política nacional debe contar con el respaldo político necesario para garantizar que el tema permanezca en la agenda de políticas públicas del gobierno. Para ello, será fundamental que los líderes de las comunidades migrantes y las organizaciones de la sociedad civil continúen monitoreando el proceso de implementación de la política pública y trabajen en conjunto con diversos actores políticos para aumentar el apoyo a la iniciativa.

Brasil ha logrado avances significativos en la construcción de una política nacional para refugiados, migrantes y apátridas, pero ahora es fundamental implementar acciones concretas para eliminar barreras y responder a las necesidades de una población que ya forma parte de la sociedad brasileña y contribuye, de múltiples maneras, al presente y al futuro del país.

El rol vital de la diversidad del suelo para una agricultura sustentable

Por

Natalia Pérez-Harguindeguy | Franco Fernández Catinot

25 febrero, 2025

El olor a tierra mojada nos resulta inconfundible y despierta algo en todos los seres humanos. Pero, ¿por qué nos gusta tanto ese olor? Probablemente, porque es más que un perfume: es el aroma de los suelos “activos”, con materia orgánica, fértiles y llenos de vida. Este olor, el de un suelo biológicamente sano, es fruto de la geosmina, un compuesto producido por ciertas bacterias. Incluso con nuestra limitada sensibilidad olfativa, podríamos percibir su aroma si una sola cucharada de geosmina se disolviera en 200 piscinas olímpicas.

Aunque a menudo los imaginamos como simples puñados de tierra inerte, en los suelos sanos habitan millones de organismos. Apenas unos gramos de suelo pueden contener una gran biodiversidad, incluyendo hongos, bacterias, animales, plantas y más. De hecho, los suelos albergan más de la mitad de todas las especies del planeta. La interacción entre estos organismos, sus desechos y los minerales del suelo da como resultado la materia orgánica, el material que sostiene los múltiples beneficios del suelo para las personas.

La materia orgánica permite que las plantas crezcan y nos provean alimento, así como también aporta estructura al suelo y regula los flujos de agua, facilitando la infiltración de la lluvia y evitando que los ríos se sequen durante las temporadas secas. Además, la materia orgánica posee más carbono que la atmósfera y toda la vegetación del mundo combinadas. Por ello, formar nueva materia orgánica es una estrategia clave para combatir el cambio climático. El carbono de la atmósfera que la materia orgánica incorpora al suelo puede quedar atrapado allí durante cientos o miles de años y mitigar el cambio climático. Sin embargo, si esa materia orgánica se pierde, su carbono se libera al aire y contribuye al cambio climático.

Desde los orígenes de la agricultura, hace alrededor de 12.000 años, la actividad humana ha afectado, muchas veces negativamente, los suelos y su materia orgánica. Actualmente, la materia orgánica del suelo de casi todos los rincones del planeta ha disminuido como resultado de la deforestación, la expansión de tierras de cultivo, las prácticas agrícolas y los desarrollos urbanos. Estas transformaciones han provocado la pérdida de aproximadamente 116 mil millones de toneladas de carbono desde el suelo a escala global, una cantidad equivalente a las emisiones de dióxido de carbono que produce todo el mundo a lo largo de 10 años.

Latinoamérica no es una excepción a este patrón. En la región se han registrado pérdidas de materia orgánica que van entre el 5 y el 15% en promedio. Sin embargo, aquellas áreas naturales que fueron transformadas para la producción agraria o ganadera intensiva muestran pérdidas más drásticas, de entre el 40 y el 75%. Este es el caso por ejemplo de la Mata Atlántica y ciertas zonas del Cerrado y Amazonía de Brasil, del Chaco y las Pampas de Argentina (y de Paraguay y Uruguay, respectivamente), o de la zona Andina y del Orinoco en Colombia.

Pero, ¿cómo podemos recuperar la materia orgánica perdida? Para contestar esta pregunta, primero debemos comprender cómo se forma. Hasta hace algunos años, creíamos que la materia orgánica estaba formada fundamentalmente por sustancias muy complejas. Hoy sabemos que está compuesta tanto por sustancias simples, de rápida descomposición (como hojas blandas y raíces finas), como por sustancias complejas, de lenta descomposición (como hojas duras, madera, y raíces gruesas). Las sustancias simples pueden descomponerse y liberar sus nutrientes en cuestión de meses, pero también parte de ellas puede unirse a pequeños minerales del suelo, quedando atrapada por milenios. Así, las sustancias simples aportan nutrientes y estabilidad a corto y largo plazo. Por su parte, las sustancias complejas, al no estar atrapadas en los minerales del suelo, se descomponen en cuestión de años o décadas, aportando nutrientes y estructura al suelo a mediano plazo.

Para recuperar la materia orgánica perdida y tener suelos sanos y fértiles necesitamos, entonces, incorporar al suelo materiales diversos, tanto de descomposición lenta como rápida. Esto implica un cambio en algunos paradigmas de manejo agrícola y, en particular, repensar la agricultura en la que predominan uno o unos pocos cultivos. Hasta hace solo un par de siglos, los agricultores cultivaban múltiples especies en sus parcelas. Desde mediados del siglo XX, la mayor parte de la producción se especializó en los monocultivos (cultivos de una sola especie, como soja, trigo o maíz). Este modelo de agricultura busca una mayor eficiencia y rentabilidad, pero para ello consume de los suelos mucha más materia orgánica (y sus nutrientes) de los que incorpora. Como resultado, muchos suelos se quedaron sin capacidad de producir alimentos o solo pudiendo hacerlo mediante el uso de fertilizantes, herbicidas y otros insumos, porque perdieron la materia orgánica que los hacía fértiles y estables.

En respuesta a esta problemática, en las últimas décadas se han recuperado y revalorizado prácticas tradicionales integrándolas a la ciencia moderna. Tal es el caso de la agroecología, la agroforestería y el uso de los cultivos de cobertura. Estas prácticas permiten que los suelos reciban hojarasca y raíces de distintas especies, las cuales alimentan comunidades de organismos del suelo más abundantes y diversas, formando materia orgánica diversa. Estas prácticas también protegen a los suelos de la erosión y la insolación al mantenerlos cubiertos con vegetación y, con ello, también los protegen frente a los desafíos del cambio climático, fundamentalmente ante temperaturas, lluvias y sequías extremas.

Por ejemplo, en el Amazonas colombiano, el cultivo de cacao integrado con el cultivo de árboles frutales y especies del bosque nativo no solo mantiene suelos más fértiles, sino que puede ser usada como una estrategia para mejorar hasta en un 40% múltiples funciones de los suelos degradados de pastizales. Por su parte, en los sistemas montañosos de Latinoamérica en general, la agroforestería además de conservar la materia orgánica de los suelos, contribuye a la conservación de la biodiversidad de animales y plantas de la región y, al mismo tiempo, permite sostener los modos de vida de productores locales. Incluso en la región de los pastizales pampeanos del sur de Latinoamérica, donde predominan monocultivos como la soja, la incorporación de cultivos de cobertura como la avena permitiría comenzar a recuperar la pérdida de materia orgánica provocada por los monocultivos.

Los suelos son la base silenciosa de nuestras sociedades y definen nuestras culturas. Su fertilidad nos alimenta, y su estabilidad nos protege. Más que un recurso, los suelos son un reflejo de nuestra relación con la naturaleza. Entender su funcionamiento, especialmente el papel esencial de la materia orgánica y los organismos que la conforman, es clave para replantear cómo manejamos los ecosistemas. Solo así garantizaremos que los suelos sigan siendo una fuente de vida y bienestar para las generaciones futuras.

Los aranceles de Damocles

Por

Eduardo Schiappa-Pietra

24 febrero, 2025

Cuenta la leyenda que en el siglo IV a.C., Dionisio, gobernante de Siracusa, hizo que Damocles, uno de sus cortesanos, se sentara en su trono bajo una espada afilada que era sostenida apenas por un hilo de crin de caballo. Ya en el trono, no era el filo de la espada lo que más aterraba a Damocles, sino la incertidumbre sobre cuándo, y si acaso, la espada caería.

Hoy, América Latina (y buena parte del resto del mundo) parece encontrarse en una situación similar: sus economías yacen debajo de una implacable espada arancelaria, sostenida únicamente por el delgado hilo de las órdenes ejecutivas que Donald Trump viene blandiendo desde que asumió el mando.

El primer capítulo de la reciente saga de Trumponomics 2.0 tuvo como protagonista a Colombia y a su presidente Gustavo Petro, quien no permitió que el avión militar estadounidense que transportaba inmigrantes indocumentados aterrizara en su territorio. La respuesta de Donald Trump fue inmediata: aranceles del 25% a las exportaciones colombianas que subirían a 50% al cabo de una semana.

Finalmente, tras una lluvia de vilipendios de variopinta connotación en redes sociales—incluyendo alusiones al coronel Aureliano Buendía y su estirpe (ni Macondo parece estar a salvo de una guerra comercial con Trump)—el gobierno colombiano terminó por ceder y permitió la repatriación de los inmigrantes deportados. La presión de aranceles draconianos sobre una economía ya debilitada fiscalmente resultó insostenible.

El segundo acto del drama tuvo como coprotagonistas a Canadá y México con el anuncio de aranceles de 25% por parte de Estados Unidos. En el discurso público, las amenazas retaliatorias de los países afectados no se hicieron esperar, aunque, detrás del telón, los equipos negociadores, ya sentados en la proverbial mesa de póker geopolítico, estudiaban la mano de cartas disponibles para sus gobiernos y definían estrategias para evitar el desastre económico que implicaban los aranceles en cuestión. Estados Unidos es el destino de aproximadamente el 83% y el 76% de las exportaciones totales de México y Canadá, respectivamente.

Finalmente, viendo el pozo de apuestas tan abultado y anticipando más jugadas temerarias por parte de Trump, México y Canadá, aún con la dignidad casi intacta, decidieron concederle al mandatario estadounidense la victoria política que buscaba. Lo hicieron movilizando tropas hacia sus respectivas fronteras con Estados Unidos para, citando al dueño del circo, “detener la invasión descontrolada de inmigrantes ilegales y fentanilo”. Con esto, la espada de Damocles arancelaria quedó suspendida por 30 días adicionales mientras las negociaciones continuaban.

Hasta este punto en la historia, todo parecía indicar que las movidas de Trump eran más parte de una estrategia de intimidación del nuevo matón del barrio que una política comercial realmente delineada alrededor de repartir garrotazos arancelarios a discreción.

Sin embargo, en el tercer acto del drama, el cual, dicho sea de paso, se viene desarrollando en simultáneo a la redacción de esta columna, la situación se intensificó de manera importante con el anuncio de “aranceles recíprocos” por parte de Estados Unidos. Esta medida implicaría, por ejemplo, gravar con una tasa de 25% a todas las importaciones de acero, las cuales provienen predominantemente de Canadá, pero también de México y Brasil, las dos economías más grandes de nuestra región.

Pero, aun con estos anuncios de nuevos aranceles, si consideramos las implicancias de una guerra comercial generalizada sobre el aumento de precios en Estados Unidos, la repartida indiscriminada de garrotazos arancelarios podría reactivar el trauma inflacionario postpandemia que azotó a los consumidores estadounidenses durante dos años (y que duró hasta hace apenas unos meses).

De las pocas cosas que podrían convertir a un ferviente MAGA fan en un enemigo de Trump, ver un aumento en su costo de vida (otra vez) es probablemente lo primero en la lista. Y no solo por el encarecimiento de bienes y servicios esenciales, sino también por el incremento de las tasas de interés que resultaría del inevitable golpe de timón que la Reserva Federal tendría que hacer para contener la inflación con una posición monetaria más contractiva. Un tremendo desgaste de capital político que Trump difícilmente estará dispuesto a asumir.

Sin embargo, más allá de cuán probable o no consideremos un escenario extremo en el contexto actual, sigue siendo relevante analizarlo: ¿Qué pasaría si las amenazas de mayores aranceles se materializaran en el resto de América Latina y abarcaran un mayor rango de productos? ¿Qué variables económicas se verían afectadas y cómo impactaría esto en nuestros bolsillos?

La primera ronda de efectos de mayores aranceles sobre nuestras exportaciones se sentiría sobre las cuentas externas y el tipo de cambio. La caída de las exportaciones en relación con las importaciones se vería reflejada, en principio, en un incremento del déficit comercial que llevaría a un menor influjo de capitales externos (por ejemplo, menos dólares recibidos por exportadores de manzanas chilenas o de algodón peruano hacia Estados Unidos). Esto se traduciría en una depreciación del peso chileno y del sol peruano frente al dólar (i.e. un aumento del tipo de cambio en estos países) que podría, además, reforzarse por una perspectiva más pesimista sobre el desempeño de estas economías en el contexto de una guerra comercial.

Esta caída en el valor de las monedas locales tendría 3 efectos diferenciados que vale la pena resaltar.

Por un lado, la depreciación del peso chileno o del sol peruano contrarrestaría, en parte, los efectos de mayores aranceles al hacer que las exportaciones chilenas y peruanas sean relativamente más baratas para los importadores estadounidenses. Este efecto positivo funcionaría como una especie de estabilizador automático frente al deterioro de la balanza comercial.

Por otro lado, la depreciación de las monedas locales tendría un impacto en la inflación a través del passthrough del tipo de cambio. Si el peso chileno y el sol peruano valen menos en términos de dólares americanos (i.e. el dólar se fortalece), el precio en moneda local de las importaciones en esos países se incrementaría, lo que, manteniendo constantes otras variables, se traduciría en mayores precios para los consumidores finales de estos bienes (los ciudadanos de a pie).

Finalmente, los países de la región que mantienen importantes niveles de deuda externa en dólares se enfrentarían a una mayor carga de esta deuda que ahora requeriría una mayor cantidad de sus monedas locales para pagar los intereses y el capital. Además de ello, en economías parcialmente dolarizadas como Perú y Argentina, una depreciación perjudicaría no solo las finanzas del gobierno, sino también las de los ciudadanos y empresas que tienen deudas en dólares, sobre todo si reciben sus ingresos en la moneda local.

Sin embargo, es importante reconocer que, más allá de si esta nueva ronda de amenazas termina siendo implementada o no, las expectativas pueden tener un efecto muy importante incluso antes de que algo concreto realmente ocurra. En este caso, la simple expectativa de que los “aranceles de Damocles” puedan desprenderse del pelo que los sostiene y caer agresivamente sobre las economías latinoamericanas, puede ser suficiente para cambiar el comportamiento y decisiones de los agentes económicos (familias, empresas, inversionistas, emprendedores, bancos centrales, etc).

Aunque es cierto que el volumen de reservas internacionales (el cual varía sustancialmente entre países de la región), actúa como un elemento de calma que atenúa las expectativas de depreciación y los movimientos especulativos, en un contexto de aranceles más generalizados como el planteado en este escenario extremo, no resultaría suficiente para contener la depreciación de las monedas locales ni contrarrestar la incertidumbre en los mercados.

Cierro esta columna continuando la invocación a “Cien Años de Soledad” que iniciara Gustavo Petro hace un par de semanas: bajo la sombra de la espada pendulante de estos aranceles ominosos, ni siquiera Melquiades podría hacer una proyección razonablemente precisa sobre el destino de Macondo (o de cualquier país no inventado de nuestra región). Mientras tanto, arrastrado a este embrollo sin siquiera ser consultado, el coronel Aureliano Buendía preferiría enfrentar una vez más al pelotón de fusilamiento antes que lidiar con estos dramas geopolíticos de tan mal gusto…

¿Qué esperar de la administración Trump en América Latina?

Por

Marta Fernández | María Elena Rodríguez

23 febrero, 2025

Bajo la nueva administración de Trump, Estados Unidos parece redescubrir la importancia de América Latina. Pero, ¿qué hay detrás de este movimiento y qué señala sobre las tendencias geopolíticas globales?

Este giro sugiere un redireccionamiento de las prioridades estratégicas de Estados Unidos, desplazándolas del área de influencia de Rusia en Europa del Este hacia su propia esfera de dominio en las Américas. Mientras la guerra en Ucrania se acerca a su tercer año, Trump ha expresado su deseo de desescalarla y ha manifestado su desprecio por la OTAN, a la que considera un instrumento mediante el cual Europa drena recursos estadounidenses. A diferencia de Biden, quien observaba el mundo a través del prisma ideológico de la Guerra Fría, Trump adopta un enfoque más pragmático y basado en la fuerza, sin considerar las normas del orden internacional liberal.

Con la llegada de Trump al poder, parece dibujarse un nuevo escenario geopolítico. La narrativa del enfrentamiento entre democracias y regímenes autoritarios, que justificó el involucramiento de Estados Unidos a través de la OTAN en la guerra de Ucrania, da paso a una lógica más cruda bajo el lema «America First»: Estados Unidos contra el resto del mundo, dispuesto a proyectar su poder de manera unilateral. El instrumento central de esta estrategia no son las alianzas ni las intervenciones militares directas, sino las tarifas comerciales, utilizadas como sanciones económicas y ajustadas según el grado de obediencia de las naciones.

La primera gran prueba de esta estrategia ha ocurrido precisamente en América Latina, con la cuestión migratoria. Ante la amenaza de Estados Unidos de imponer tarifas del 25% a todos los productos colombianos luego de que Colombia prohibiera los vuelos de deportación de migrantes desde EE.UU., el presidente Gustavo Petro cedió, evidenciando el poder disuasorio de estas medidas, especialmente porque Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia y adquiere alrededor de una cuarta parte de sus exportaciones.

Si durante la Guerra Fría la estabilidad global se basaba en la amenaza del armamento nuclear, hoy la principal herramienta de coerción estadounidense son las tarifas unilaterales, que imponen costos económicos arbitrarios a sus socios comerciales y los fuerzan a hacer concesiones bajo la amenaza de mayores pérdidas. Estas medidas se implementan sin respetar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El riesgo de este nuevo juego de presiones es la escalada de represalias, donde los países afectados podrían responder con medidas similares. En un contexto de alta interdependencia económica, esto podría generar una especie de “destrucción mutuamente asegurada” en el ámbito financiero, en el que disputas comerciales descontroladas desemboquen en un colapso sistémico.

América Latina ha pasado a ser un laboratorio para esta nueva política exterior de EE.UU., con un primer gran ensayo en la implementación de una política migratoria de línea dura. Esta estrategia ha expuesto las relaciones de poder asimétricas entre EE.UU. y la región, revelando la visión de Trump sobre América Latina y el Caribe como un territorio de drogas, migrantes, criminales e “indeseables” que debe ser controlado. Este cambio marca una transición: de la indiferencia con la que la región había sido observada, o incluso ignorada, a su consideración como una amenaza, convirtiéndola en un foco de preocupación dentro del discurso estadounidense.

La gran incógnita es si la agenda negativa de Trump para América Latina logrará contener la influencia de China, que se ha convertido en un actor económico clave en la región, o si, por el contrario, incentivará un fortalecimiento de los lazos latinoamericanos con el país asiático.

Ya se especula sobre una reedición de la Doctrina Monroe, esta vez con China como objetivo en lugar de Europa, reflejando la creciente preocupación de EE.UU. por la presencia china en la región. Aunque América Latina no sea la prioridad geoestratégica más urgente para Washington, garantizar un control estricto sobre la región sigue siendo una condición clave tanto para la seguridad estadounidense como para su proyección de poder a nivel global. La influencia china en la región es evidente, sobre todo considerando que 40 países de América Latina y el Caribe forman parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con la inauguración del complejo portuario de Chancay, en Perú, en noviembre de 2024, en presencia del presidente Xi Jinping.

Sin embargo, la atracción de la Nueva Ruta de la Seda para América Latina no puede explicarse solo por el déficit de infraestructura regional o la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales y acceso a financiamiento. También está relacionada con la construcción de una «infraestructura invisible» en el campo de las ideas, que fortalece el soft power chino. La histórica admiración de América Latina por el modelo de vida e instituciones de EE.UU. está dando paso gradualmente a un interés por el modelo de desarrollo chino, que ha demostrado ser eficaz en la erradicación del hambre y la promoción de la inclusión social.

China se presenta como un poder económico capaz de ayudar a otros países a desarrollarse y construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, promoviendo proyectos de infraestructura que mejoran las condiciones de vida y ofreciendo bienes públicos globales. Ejemplos claros de esta estrategia son los inversiones chinas en transición energética, especialmente en energía solar, eólica y vehículos eléctricos en Brasil, que podrían abrir nuevas posibilidades de desarrollo sostenible para la región. Además, China se posiciona como una alternativa frente a la política de Trump, apelando a la comunidad internacional a defender el multilateralismo y un orden internacional basado en reglas. Su discurso enfatiza la soberanía de los países de la región como un pilar fundamental, en contraste con la política más intervencionista de EE.UU., que ahora se perfila explícitamente como la estrategia dominante hacia América Latina.

Es fundamental mantenernos atentos porque, como dice un proverbio africano, cuando los elefantes pelean, la hierba es la que sufre. En este contexto de disputa hegemónica y sus repercusiones en la región, América Latina necesita reconocer su propia agencia y comprender la urgencia de su integración. La cancelación de la reunión de emergencia de la CELAC, convocada a petición del presidente colombiano para discutir la crisis de deportaciones impuesta por EE.UU., es una señal preocupante de la falta de coordinación regional frente a estos desafíos.

Esta necesidad de transformación se vuelve aún más apremiante si consideramos los vastos recursos de minerales críticos que posee América Latina, esenciales para la transición energética global. La región debe unirse para evitar caer en la lógica colonial –compartida tanto por EE.UU. como por China– que la posiciona como un mero proveedor de materias primas. Estos minerales estratégicos representan una oportunidad única para que América Latina redefina su papel en el escenario global. Sin embargo, esto solo será posible si, en lugar de limitarse a exportar minerales para ser procesados con mayor valor agregado en el extranjero, la región exige la transferencia de tecnología y su reposicionamiento en la división internacional del trabajo.

Es crucial que el puerto de Chancay no contribuya a la trágica reprimarización de nuestras economías, sino que se convierta en un punto de transformación. En lugar de exportar solo minerales, América Latina debe generar productos con mayor valor agregado, creando empleos y promoviendo un desarrollo sostenible local y regional.

1...636465...259 Página 64 de 259

Latinoamerica 21Una región, todas las voces