¿Por qué las tierras indígenas son clave para conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático?

Pedro Laterra
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¿Por qué las tierras indígenas son clave para conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático?

La conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático han adquirido un carácter prioritario en la agenda global, impulsando la creación de nuevas áreas protegidas y fuertes inversiones en proyectos ambientales. Sin embargo, el modelo actual de conservación está marcado por una profunda paradoja: a la par de esas prioridades e inversiones, no se toma suficientemente en cuenta el deterioro y la pérdida progresiva de territorios indígenas, así como la violencia, la desigualdad y la falta de reconocimiento de los derechos de quienes han convivido con la naturaleza durante siglos.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios representa soluciones “basadas en naturaleza” efectivas y justas, ya que promueven tanto la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, como el bienestar de los pueblos originarios. Debido a la integridad que generalmente caracteriza a los ecosistemas dentro de estos territorios, se mantienen sus capacidades de almacenamiento de carbono.

Pero esas contribuciones de los territorios indígenas a la salud planetaria están vinculadas a las cosmovisiones, valores y modos de vida de sus pueblos. Ese es el caso del buen vivir del pueblo quechua (Sumak Kawsay) en distintos países andinos, o del buen vivir del pueblo guaraní (Teko Porâ) en Paraguay, sur del Brasil y norte de Argentina, así como la cosmovisión Mapuche en el sur de Chile y de Argentina, y el de numerosos pueblos originarios amazónicos.

De hecho, no es casual que la desintegración social y cultural de los pueblos indígenas y de la integridad ecológica de sus territorios ocurren a la par, tanto en nombre del desarrollo como por intereses económicos (legales e ilegales), o por presiones desde poblaciones pauperizadas (indígenas o no indígenas). Más allá de los exterminios o desplazamientos forzados en tiempos coloniales, la desposesión de los pueblos indígenas de sus tierras sigue avanzando en distintos países de Latinoamérica. Los Maya en México, los Awajún y los Wampís de la amazonia peruana, los Miskitu en Nicaragua, los Mbä-Guaraní en Paraguay y en Brasil, los Mapuche de Chile y Argentina entre muchos otros, luchan por defender sus territorios ancestrales. A pesar de avances legales como la adquisición de títulos de propiedad colectiva, los medios de vida de estos pueblos siguen amenazados y cediendo paso a la expansión de industrias extractivas. 

Desposesión y degradación

La desposesión de los indígenas de sus tierras también puede ocurrir en nombre de la conservación, fenómeno conocido como acaparamiento verde (green grabbing), conservación excluyente o de fortaleza (fortress conservation), o conservación colonial. En América Latina, estas tensiones pueden encontrarse en casos como el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, el Parque Nacional del Manu en Perú, la Reserva de la Biosfera Maya en México o el Parque Nacional Lanín en Argentina. 

Los desplazamientos de pueblos indígenas por desposesión y la consiguiente transformación de ecosistemas naturales o seminaturales por campos de pastoreo, cultivos y forestaciones son apenas la punta del iceberg. Y es que la degradación de la integridad geográfica, ecológica, cultural y social de sus territorios son tan frecuentes como poco visibles. Esta no solo impacta la dignidad de los pueblos indígenas, sino también genera un círculo vicioso de pobreza, deterioro ambiental y bloqueo al acceso a fondos de financiación.

No todo está perdido

Los territorios indígenas aún contienen una porción sustantiva de los paisajes y ecosistemas menos modificados del planeta, y sabemos que muchos pueblos indígenas profesan un respeto por la naturaleza que va mucho más allá de nuestros mejores discursos conservacionistas. Según investigaciones como la liderada por Stephen Garnett, publicada en la revista Nature Sustainability, y otras que se fueron sumando en la misma línea, los pueblos indígenas gestionan o tienen derechos sobre más de un cuarto de la superficie terrestre del planeta, lo que representa un porcentaje significativamente mayor que el de otras tierras protegidas, y la tercera parte de los Bosques Intactos del mundo se encuentran dentro de tierras indígenas. Esto las convierte en áreas cruciales para la mitigación del cambio climático ya que las tasas de pérdida de bosques siguen siendo significativamente más bajas en tierras indígenas que en otras tierras, aunque con amplias variaciones entre países.

¿Por qué la inversión en conservación en tierras indígenas no es proporcional al rol clave que juegan en la conservación de la biodiversidad? La falta de inversión se debe a una serie de limitantes que varían caso a caso: débiles estatus legales de tenencia de las tierras; desvíos de los fondos a otros destinos; conflictos con las políticas de desarrollo; administración ineficiente de fondos; restricciones en el acceso a programas de ayuda y compensaciones; falta de mecanismos de control para evitar la explotación ilegal de recursos y la invasión de tierras indígenas; y sobre todo desconfianza, en ambas direcciones.

Hacia soluciones basadas en justicia territorial indígena

Es esencial establecer nuevas formas de colaboración entre las comunidades indígenas, y otros actores locales y globales, para que los reclamos territoriales indígenas y las inquietudes globales por las pérdidas de biodiversidad y el cambio climático converjan.

Para ser viables y sustentables, esas soluciones basadas en “justicia territorial indígena” necesitan diferenciarse de las viejas fórmulas asimétricas, donde los pueblos y territorios indígenas aparecen en los acuerdos como párrafos políticamente correctos, pero que en la práctica suelen quedar relegados al ámbito discursivo, sin materializarse en acciones concretas. La mayor parte de los esfuerzos por identificar y desarrollar oportunidades de negocios capaces de impulsar soluciones basadas en naturaleza se basan en lógicas, idiomas y cuerpos técnicos que no necesariamente atienden a estas realidades.

Alrededor del mundo, se han desarrollado experiencias valiosas que se podrían recuperar, sistematizar, mejorar y adaptar a distintos contextos. Un ejemplo es el Proyecto Kayapó en Brasil, que en asociación con ONG internacionales y el gobierno brasileño, ha permitido que el pueblo Kayapó implemente programas de monitoreo forestal y manejo sostenible de recursos naturales. Otros ejemplos son el pago por servicios ambientales que impulsa el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal en beneficio de pueblos originarios y los Planes de Vida impulsados desde el gobierno de Colombia para los U’wa y otras comunidades indígenas, e incluso se han aprendido valiosas lecciones de proyectos REDD+ (Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques) de la FAO.

Pero para incorporar estas soluciones de manera efectiva y sustentable, se requiere fortalecer los mecanismos de protección de los derechos indígenas, garantizar su participación en la toma de decisiones y asegurar una distribución equitativa de los recursos destinados a la conservación.

Aún existe una brecha significativa entre los derechos reconocidos y la realidad que viven en sus territorios. Si bien la titulación de tierras indígenas son un primer paso, no siempre garantiza la protección efectiva de sus derechos. En muchos casos, la participación de estos pueblos se limita a la consulta, a la información o a la firma de acuerdos, cuando son fundamentales para la retroalimentación de conductas y compromisos.

Para cambiar esta realidad, es necesario reducir las desigualdades de estas comunidades en el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la justicia, a tecnologías básicas y a las autoridades. Y así como las inequidades de género están ganando espacio dentro de los programas de apoyo internacional, es importante que una proporción de los fondos se destinen a financiar soluciones basadas en justicia territorial indígena.

Consideraciones finales

El reconocimiento y respeto de esos territorios, significa mucho más que una fórmula para reducir grandes transformaciones y el reemplazo de ecosistemas biodiversos. Si realmente se quiere integrar a los pueblos indígenas en las agendas de conservación, es crucial evitar caer en estereotipos reduccionistas que los limitan al rol de «guardianes de la naturaleza». Estas miradas, aunque bienintencionadas, pueden invisibilizar las complejidades de las culturas indígenas y en definitiva fracasar al separar las “soluciones basadas en naturaleza” de las soluciones “basadas en naturaleza y justicia territorial indígena”.

La verdadera inclusión implica respetar la diversidad de visiones y permitir que los pueblos indígenas sean los protagonistas de su propio desarrollo, sin imponerles modelos de conservación. La conciliación entre la justicia territorial indígena y las soluciones basadas en la naturaleza depende de la construcción de vínculos libres y virtuosas que garanticen el respeto de sus derechos y su papel fundamental en la gestión de sus territorios.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Esclavitud moderna: la trata de personas en América Latina

Henry M. Rodríguez
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Esclavitud moderna: la trata de personas en América Latina

La trata de personas es uno de los crímenes más atroces y dramáticos, con efectos devastadores para sus víctimas. Más allá de la explotación sexual y laboral, el alcance de la trata se ha extendido a la explotación infantil, el tráfico de órganos y otras formas de abuso que han cobrado mayor visibilidad en las últimas décadas, revelando la multidimensionalidad de esta problemática. Si bien es un flagelo que afecta a personas de todo el mundo, América Latina se ha mostrado particularmente vulnerable debido a una convergencia de factores sociales, económicos y políticos.

A nivel global, las estimaciones para 2022 revelan una cifra alarmante de alrededor de 50 millones de víctimas de trata, lo que representa aproximadamente a una de cada 125 personas en el mundo. Y en América Latina, la situación no resulta menos preocupante, dado el incremento constante en el número de víctimas detectadas en las últimas décadas. Y a pesar de los esfuerzos desplegados por diversos países para erradicar la trata de personas, el desafío persiste.

El problema persiste porque existen factores estructurales como la pobreza, la desigualdad socioeconómica, la inestabilidad política y la corrupción que permea a las instituciones, que han contribuido a la perpetuación de este ciclo de explotación. Además, la cooperación internacional es limitada y hay escasa voluntad política lo cual ha obstaculizado la implementación de estrategias más integrales y eficaces para abordar esta especie de “esclavitud moderna”.

Una región vulnerable

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en América Latina, la trata de personas se concentra principalmente en el trabajo forzoso y la explotación sexual. Las mujeres constituyen casi la mitad de las víctimas, de las cuales el 87% son explotadas sexualmente, siendo más de una de cada diez niñas. Por su parte, los hombres representan el 57% de las víctimas de trabajo forzoso. La mayoría de los casos de trata en la región ocurren a nivel doméstico y afectan en un 90% a personas de países sudamericanos o a víctimas dentro de sus propios países.

Varios países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, México y Colombia continúan funcionando como punto de origen, tránsito y destino para víctimas de trata, tanto para fines de explotación sexual como laboral, cuyos grupos más vulnerables siguen siendo los niños, niñas y adolescentes. La compleja situación económica y social de la región han incrementado los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a la trata, siendo los victimarios en su mayoría personas del núcleo familiar o del entorno social cercano a las víctimas.

La pobreza estructural de la región es uno de los factores determinantes, que actúa como motor principal detrás del tráfico humano. En muchas ocasiones, las familias que viven en condiciones de extrema pobreza caen fácilmente en las trampas de los tratantes, quienes les prometen empleos falsos o mejores oportunidades educativas para sus hijos. Entre los métodos de captación y sometimiento, los delincuentes incluyen el enamoramiento, las falsas promesas de mejorar la calidad de vida, la retención de documentos, las amenazas de denunciar irregularidades migratorias y la facilitación de dinero, hospedaje o comida.

Las personas más vulnerables son víctimas fáciles de las redes de tráfico. No obstante, es un delito que no discrimina fronteras, edades, ni estratos sociales, porque las situaciones de vulnerabilidad de los países latinoamericanos son transversales y convergen en una «tormenta perfecta» que reduce drásticamente las opciones de muchas personas, lo cual lleva a que sean explotados.

Países como Venezuela han experimentado crisis económicas y políticas que han obligado a millones de personas a huir en busca de un futuro mejor. Sin embargo, muchos de estos migrantes, al carecer de estatus legal o protección adecuada en los países receptores, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema que facilita su explotación. Según la UNODC, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, muchos de los cuales han caído en manos de traficantes que aprovechan su precariedad.

Desafíos para la respuesta institucional

Conscientes de la magnitud del problema, algunos países latinoamericanos han adoptado legislaciones que cumplen con los estándares internacionales establecidos por el Protocolo de Palermo, principal tratado internacional para combatir la trata de personas. A su vez, se han conformado iniciativas como la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), una instancia de colaboración informal entre Ministerios Públicos Fiscales en investigaciones transfronterizas. O, incuso, el proyecto Track4Tip, que ha intentado unir a varios países de la región en torno a esta problemática. Sin embargo, la lucha frontal contra la trata parece ser insuficiente.

En México, por ejemplo, aunque la legislación es sólida, son enormes los desafíos en términos de coordinación institucional y recolección de datos sobre las modalidades del delito. La situación es similar en otros países como Ecuador y Colombia, que han desarrollado programas ambiciosos, pero cuyo impacto real aún está por demostrarse.

La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales es otro de los obstáculos para la lucha contra la trata de personas. En varios países de la región, funcionarios públicos suelen ser cómplices de las redes de trata. En otros casos, la falta de recursos, la escasa capacitación de las fuerzas del orden y la ausencia de una estrategia institucional coherente, han contribuido a la perpetuación del delito.

La cooperación internacional, mecanismo esencial para combatir eficazmente la trata de personas, es otro de los retos apremiantes, al tratarse de un delito que trasciende fronteras. Ante este panorama, es prioritario establecer una estrategia integral, que no solo atienda la creación y el fortalecimiento de unidades especializadas policiales y fiscales para la prevención, investigación y atención a víctimas, sino que también tenga un enfoque centrado en la víctima, así como en la cooperación interinstitucional efectiva, tanto a nivel nacional como transnacional, siguiendo las recomendaciones del Quinto Diálogo Técnico de Trata de Personas.

La trata: un problema de todos

Se requiere de voluntad política y un compromiso firme para que la trata de personas sea considerada como prioridad en la agenda pública. Se requiere de una mayor asignación de recursos, de una intensificación de políticas públicas preventivas y de un enfoque integral para abordar el desconocimiento generalizado sobre la magnitud y las dimensiones de este delito.

No solo se trata de un desafío legal o policial. Se trata de una crisis humanitaria que interpela a toda la sociedad y que demanda un cambio cultural, en virtud de la dignidad humana por encima del lucro económico. Para ello, es clave promover una conciencia colectiva sobre la importancia de erradicar este flagelo. Solo con un compromiso decidido y una acción coordinada será posible evitar que los esfuerzos sigan siendo fragmentados e insuficientes.

Acerca del acuerdo Mercosur-Unión Europea: el peso de las asimetrías

Marcelo Halperín
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Acerca del acuerdo Mercosur-Unión Europea: el peso de las asimetrías

Ante la reciente declaración sobre la exitosa conclusión de las negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), ya circulan apreciaciones sobre los costos y beneficios atribuidos a las concesiones que se acordaron. Los analistas suelen seguir los criterios de evaluación aplicados a compromisos similares entre países de distinto nivel de desarrollo y bajo el formato de los acuerdos de libre comercio denominados “de última generación” (TLC).

Sin desmerecer dichos enfoques, quizás resulte útil también una aproximación preliminar pero diferente, de tipo sistemático. En tal sentido, habría que priorizar la importancia o el peso de los diversos ordenamientos regulatorios adoptados unilateralmente por unos y otros países con anterioridad al acuerdo de que se trate para proteger sus mercados a título de sanidad, seguridad, calidad y exigencias de rendimientos o desempeño. Estas distinciones sobre las modalidades y grados de protección suelen denominarse genéricamente “asimetrías” y se suman a las disparidades e insuficiencias estructurales que señalan una inclinación predeterminada del campo de juego.

Pero aun advirtiendo esas disparidades y asimetrías, debería reconocerse que los países en desarrollo –como los integrantes del Mercosur–se benefician cuando formalizan sus TLC  con países de mayor desarrollo económico relativo. El beneficio consiste en disponer de numerosas alternativas para obtener compensaciones frente a una vulneración o erosión de concesiones. En efecto, dada la extensión y minuciosidad de la materia negociada en estos tratados, se van forjando lazos de interdependencia que, para las partes de menor desarrollo relativo, facilitan la búsqueda de propuestas destinadas a contrarrestar prácticas restrictivas o intrusivas adoptadas en su perjuicio.

En contraposición a este beneficio, hay potenciales riesgos derivados de la escasa transparencia de la última fase de la negociación entre la UE y el Mercosur, cuando las presiones políticas apuraron la culminación del proceso. En este sentido, la fórmula single-undertaking implica que, una vez concluida la negociación, el TLC pasa a constituir un compromiso único e indivisible, de modo que ya no puede dar lugar a segmentaciones para justificar el desconocimiento de algunas de sus reglas. Este criterio resulta difícil de sobrellevar para los cuerpos legislativos que deben aprobar el tratado, cuando sus integrantes o bien los representantes de actividades económicas o miembros de la sociedad civil no han tenido la oportunidad de intervenir o ser informados oportunamente en el “cuarto adjunto” sobre las tratativas en curso. Si en este marco de falta de transparencia finalmente se convienen determinadas reglas susceptibles de ocasionar daño, entonces aquella fórmula del single undertaking puede tener derivaciones insalvables, pues los cuerpos legislativos deben aprobar o rechazar el TLC in totum, sin margen alguno para segmentar o parcializar su pronunciamiento.

Asimetrías interregionales en nombre de bienes públicos globales

Es sabido que los TLC entre países con diferente nivel de desarrollo relativo tienden a consolidar las relaciones comerciales y económicas preexistentes, en principio debido a las prioridades asignadas por cada una las partes para expandir sus exportaciones “tradicionales” y resguardar sectores y productos “sensibles”.

Pero en los últimos años se agregan otros motivos por los cuales los países de mayor desarrollo relativo –y la UE es un ejemplo paradigmático de ello– procuran, a través de compromisos internacionales, convalidar asimetrías preexistentes a su favor.

El fundamento de rigor es el imperativo de la época: combatir los agudos procesos de degradación ambiental y de la biodiversidad. Con tal motivo se han ido superponiendo a las disciplinas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) otras reglas emanadas de distintos acuerdos y que remiten a la necesidad de proteger “bienes públicos globales”. Sin embargo, la extraordinaria significación atribuida a estos valores contrasta con la incapacidad o desinterés de los países de mayor desarrollo cuando se ha intentado concertar vías institucionales adecuadas para su resguardo. En consecuencia, invocando tales “bienes públicos globales” la UE se arroga el derecho de fijar unilateralmente estándares de protección ambiental que, bajo el principio de trato nacional, aplican tanto a la producción interna como a sus importaciones.

Asimetrías interregionales propias de la dependencia tecnológica

Las disrupciones tecnológicas van ensanchando la brecha entre los reglamentos técnicos vigentes en países con distinto nivel de desarrollo. Esta brecha facilitaría la penetración en el Mercosur de materiales, insumos y bienes terminados que ya están desvalorizados por su rezago tecnológico en la UE.

Por similares motivos, hasta tanto los países del Mercosur logren regular adecuadamente los mercados y servicios digitales, sus sociedades seguirán expuestas ante productos digitales emitidos en la UE aunque su oferta en territorio de la UE ya haya sido prohibida o restringida. Sin embargo, en una cuestión hoy día tan sensible como es la inteligencia artificial generativa (IA), debe tenerse en cuenta que la propia legislación interna de la UE prevé, para el caso de adoptarse en el extranjero reglas similares a ella (cláusulas espejo), la posible concertación de acuerdos de reconocimiento mutuo sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad a las respectivas reglas. De ese modo se evitaría la intromisión, en el Mercosur, de sistemas y contenidos digitales ya prohibidos o catalogados como de alto riesgo en la UE por sus aplicaciones de manipulación y control discriminatorio sobre las personas en ámbitos donde puede comprometerse su seguridad, la inserción laboral y educativa y el acceso a prestaciones de asistencia social.

Asimetrías intrarregionales

Durante largos años fue minimizada la importancia de no haberse afrontado la tarea de armonizar las políticas macroeconómicas entre los estados parte del Mercosur. En este aspecto, dicha insuficiencia no tuvo un impacto sistémico sino que solo generó crisis ocasionales. Ello se debió a las limitadas aspiraciones exhibidas por los sucesivos gobiernos con respecto a la conformación de un mercado común, así como la escasa predisposición para concertar TLC con países de mayor desarrollo relativo.

Pero el TLC con la UE obliga a focalizar el análisis sobre tan delicada cuestión, en especial atendiendo a las ostensibles diferencias en el tamaño de las economías y los sistemas productivos del Mercosur. Si bien los distintos estados parte han presentado nóminas particulares para diferentes concesiones otorgadas a la UE, ha de tenerse en cuenta que en principio el régimen vigente entre los Estados parte del Mercosur garantiza la libre circulación de bienes. Por lo tanto gravitará la elección del punto de ingreso al Mercosur de bienes originarios de la UE, ya sea como estrategia comercial o bien como asentamiento de inversiones directas para la producción o ensamblaje de mercaderías destinadas al mercado ampliado.

Es así que por el solo hecho de no haber avanzado en la armonización de políticas macroeconómicas, las asimetrías intra-Mercosur tenderían a potenciarse ante un caudal significativo de importaciones originarias de terceros países de mayor desarrollo relativo. Y en este sentido la conclusión de las negociaciones Mercosur-UE constituye un llamado de atención.

Trump y el nuevo desafío feminista: lecciones para América Latina

Susana Reina
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Trump y el nuevo desafío feminista: lecciones para América Latina

La reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha generado preocupación en el movimiento feminista, anticipando posibles retrocesos en los derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Razones para temer hay y muchas.

Durante su primer mandato (2017-2021) Trump promovió acciones que fueron percibidas como perjudiciales para el avance de la igualdad de género. Entre algunas de las políticas más representativas de su corte antifeminista durante su primer mandato reactivó la Global Gag Rule, que prohíbe a las organizaciones internacionales que reciben financiamiento de EE. UU. realizar, promover o informar sobre abortos como derecho sexual y reproductivo. Esto afectó significativamente el acceso a servicios de salud  para mujeres en países en desarrollo.

También nombró jueces conservadores, como Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, consolidando una mayoría ideológica que posteriormente permitió la anulación de Roe v. Wade (protección constitucional a la mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales). Aunque esto ocurrió en 2022 después de su mandato, la base fue sentada durante su administración.

Durante su mandato hubo recortes presupuestarios y cambios en las prioridades afectando programas de protección y apoyo a víctimas de violencia machista y agresión sexual. La administración Trump también detuvo una regla de la era Obama que requería a las grandes empresas recopilar datos salariales desglosados por género y raza, dificultando así los esfuerzos para abordar la brecha salarial.

Además, se eliminaron regulaciones que protegían a las empleadas de empresas federales contra el acoso sexual y la discriminación. La administración no promovió leyes para licencias pagadas por maternidad o paternidad, a pesar de las promesas iniciales en su campaña.

Durante su mandato, Trump hizo múltiples comentarios misóginos y despectivos hacia mujeres, tanto en público como en privado. Esto contribuyó a crear una atmósfera de hostilidad hacia los movimientos feministas y derechos de las mujeres. Hubo Recortes al acceso a Medicaid y Planned Parenthood que dificultaron que mujeres de bajos ingresos accedieran a servicios esenciales de salud, incluidos chequeos médicos, anticoncepción y servicios relacionados con el embarazo.

Y finalmente, las políticas migratorias de «tolerancia cero» separaron a familias migrantes, afectando principalmente a madres e hijos que huían de la violencia en sus países de origen.

El primer mandato de Trump, en general, estuvo marcado por una retórica divisiva y políticas que intensificaron las tensiones raciales, de género y de clase. Su reelección, a pesar de haber sido declarado culpable por abuso sexual y otros comportamientos delictivos contra mujeres, representa un aval de su base de apoyo más conservadora, que ve en él a un líder capaz de contrarrestar los avances progresistas en los derechos de las mujeres y la justicia social.

Este respaldo evidencia una creciente fractura en la sociedad estadounidense donde grandes sectores perciben las conquistas feministas como una amenaza a los valores tradicionales. De hecho, los influencers de derecha o la “manósfera” como se le conoce, aprovecharon la victoria presidencial de Donald Trump en noviembre 2024 para incrementar las amenazas misóginas en internet: “Vuelvan a la cocina” , “Derogar la 19ª” (en referencia a la enmienda constitucional que otorgó a las mujeres el derecho al voto), “Tu cuerpo, mi elección” y otras consignas contra las luchas feministas que se viralizaron en muy corto tiempo.

El simbolismo de su regreso en la Región.

La reelección de Donald Trump, tras un interludio de gobierno demócrata, marca un punto crítico no solo para la política de Estados Unidos, sino también para el panorama global de los derechos humanos y las luchas por la igualdad en toda Latinoamérica.

Este regreso al poder representa el fortalecimiento de las fuerzas conservadoras y populistas en un contexto de creciente polarización política y refleja una clara resistencia a los cambios sociales progresistas ya que muchas de sus políticas están orientadas a revertir avances recientes en derechos reproductivos y laborales.

Más aun, su victoria refuerza a líderes y movimientos conservadores en todo el mundo, especialmente en América Latina, donde se han adoptado posturas similares en contra de los derechos de las mujeres y donde el movimiento feminista ha enfrentado una reacción muy conservadora, desde restricciones al aborto hasta la persecución de activistas en algunos países.

La figura de Trump, con su conocida retórica populista, sirve como modelo e inspiración para líderes de la Región que comparten agendas similares, como Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Eduardo Bolsonaro, diputado federal brasileño y para los representantes de sectores conservadores en México y Colombia.

Trump ha establecido vínculos con movimientos religiosos conservadores internacionales, algunos de los cuales tienen presencia significativa en América Latina. La celebración de conferencias como la Cumbre Conservadora de las Américas, que reúne líderes de derecha para coordinar agendas contra el aborto y los derechos LGBT, son una muestra de que el discurso y las políticas de Trump no operan en el vacío; su influencia en América Latina podría consolidar las posturas anti derechos y debilitar los avances logrados por los movimientos feministas a la fecha.

Este clima político global refleja una lucha entre dos fuerzas: los avances hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el resurgimiento de ideologías tradicionales que buscan mantener el statu quo.

Resistiendo al retroceso

Este nuevo, pero ya conocido escenario, subraya la necesidad de un feminismo más articulado y global que sea capaz de anticipar y enfrentar estas amenazas mediante solidaridad, estrategias inteligentes y narrativas poderosas para defender los derechos conquistados y avanzar hacia la igualdad sustantiva en el menor tiempo posible.

Trump representa una prueba crucial para demostrar la capacidad de adaptación y resistencia feminista frente a este entorno político hostil.  En efecto, su reelección ha generado una respuesta significativa por parte del movimiento feminista estadounidense, caracterizada por la movilización y la adopción de nuevas estrategias de resistencia. Se han organizado protestas, campañas de sensibilización y acciones comunitarias para defender los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género en un entorno político cada vez más adverso.

Como ejemplo, diversas organizaciones feministas han instado al Congreso de Estados Unidos a blindar la igualdad de género en la Constitución antes de que Trump asuma el cargo, promoviendo la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) para garantizar la protección contra la discriminación por razón de género, sin resultados positivos a la fecha.

El feminismo latinoamericano y el estadounidense, aunque enfrentan contextos distintos, comparten luchas esenciales en torno a los derechos humanos de las mujeres y la resistencia al retroceso de esos derechos. Las luchas feministas, aunque locales, están interconectadas y esa solidaridad transnacional puede traducirse en apoyo moral, financiero y estratégico. El feminismo estadounidense ha demostrado resiliencia y su capacidad para resistir y adaptarse es una fuente de aprendizaje para América Latina, donde muchas veces los contextos políticos son aún más adversos.

La buena noticia es que el feminismo latinoamericano tiene una larga tradición de lucha y resistencia. Para prevenir los retrocesos en los derechos de las mujeres y fortalecer los logros alcanzados, es esencial seguir construyendo alianzas, presionar por el avance de la legislación en la materia y utilizar estrategias innovadoras que permitan resistir las amenazas de los movimientos conservadores. La clave está en la unidad, la vigilancia constante y la educación a la población para contrarrestar los discursos y políticas regresivas que intenten frenar la igualdad.

El regreso de Trump es un recordatorio de la fragilidad de los derechos conquistados y de la necesidad de una vigilancia constante. Para el movimiento feminista es una oportunidad de reforzar alianzas y desarrollar estrategias legales y políticas bien estructuradas, que no solo respondan a los retrocesos en la Región, sino también a las tendencias globales que los facilitan.

Balance electoral 2024: más desinformación y menos capacidad de combatirla

Jesús Delgado Valery
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Balance electoral 2024: más desinformación y menos capacidad de combatirla

El año 2024 estuvo marcado por la gran cantidad de contiendas electorales que se celebraron. Más de la mitad de los habitantes del planeta estaban convocados a participar en algún proceso electoral debido a que muchos de los países con mayor población, como Brasil, México, Estados Unidos, Rusia o India celebraron sus comicios. Esto evidenció el deterioro de la integridad informativa en el contexto electoral. La narrativa del fraude no es un fenómeno nuevo, lo que sí resulta novedoso son las herramientas que se usan para tal fin.

Los actores interesados en afectar las elecciones cuentan con un abanico de opciones que ahora son mucho más accesibles, económicas y masivas, de manera que las autoridades se enfrentan con una suerte de hidra de mil cabezas; a medida que se discute legislación para combatir la desinformación, surgen nuevas formas que vuelven el tema inabarcable.

Aunque se ha avanzado notablemente en mecanismos para enfrentar la desinformación, ya sea a nivel de medidas preventivas o de mecanismos judiciales para identificar y castigar a los responsables, estos esfuerzos son aún insuficientes. Y más allá de las penalidades impuestas luego de largos procesos judiciales, lo cierto es que la confianza en las instituciones y los actores que han sido desprestigiados difícilmente se recupera.

Las elecciones de Paraguay de abril de 2024, por ejemplo, estuvieron marcadas por las denuncias de fraude de un sector significativo del electorado, lideradas por Paraguayo Cubas, ( Cruzada Nacional) quien obtuvo el 22% de los votos. A través de las redes sociales, Cubas aseguraba que debido a la implementación de un mecanismo de votación electrónico (Boleta Única Electrónica) se había incurrido en un fraude que favorecía al oficialista Partido Colorado. Cientos de personas salieron a las calles y causaron daños a la infraestructura pública.

En la India, casi mil millones de personas estaban habilitadas para votar en las elecciones al Parlamento, que comenzaron el 19 de abril y culminaron el 1 de junio. Estos comicios estuvieron marcados por el uso de tecnologías sofisticadas de deepfake, con las que, por ejemplo, se falsificaron mensajes de personas famosas apoyando a ciertos partidos o candidatos. También se manipularon videos reales, incluso del propio Primer Ministro, atribuyéndole declaraciones falsas con el propósito de perjudicarlo.

Las elecciones del Parlamento Europeo, en el contexto de la agresión rusa a Ucrania, revestían una especial importancia. De acuerdo al Observatorio Europeo de Medios Digitales, mayo fue el mes en el que se registró el récord de desinformación contra la Unión Europea en plataformas online. Ya en febrero de 2024 el Parlamento aprobaba una resolución en la que condenaba los esfuerzos continuos de Rusia para erosionar la democracia. El documento señala que el Kremlin reclutó a algunos parlamentarios y financió a partidos europeos para influenciar la agenda parlamentaria y exacerbar la polarización. Finalmente, el Parlamento Europeo exigió la profundización de las sanciones a los medios rusos que difunden desinformación (RT y Sputnik).

Otro caso de desinformación a través de la interferencia rusa se ha registrado en las elecciones de Georgia. El partido oficialista “Sueño Georgiano”, que tiene afinidad con Putin, promueve una teoría de conspiración que sostiene que occidente está controlado por el “partido de la guerra”, una élite que controla las instituciones y que busca abrir un nuevo frente bélico en territorio georgiano. Esta, por su parte, ha sido acusada de falsificar posters de Sueño Georgiano con mensajes de sumisión hacia Rusia. Atlantic Council informó que Meta debió eliminar una campaña impulsada desde Rusia que criticaba las protestas de los grupos proeuropeos y daba apoyo a “Sueño Georgiano” a través de distintas webs de “noticias” y otras plataformas.

Las elecciones de los Estados Unidos, quizá las más importantes del mundo por su relevancia e impacto, tampoco decepcionaron. El candidato que resultó electo, Donald Trump, ya había hecho denuncias injustificadas de fraude electoral en el año 2020, y sometió al sistema electoral y de justicia a un estrés institucional nunca visto en el país.

La contienda se definiría en unos pocos Estados, entre los que Pensilvania tenía una importancia especial. No es casual que precisamente en Filadelfia, su ciudad más poblada, se hayan difundido rumores sobre fallas en las máquinas de votación. Trump publicó el día de las elecciones en su cuenta en TruthSocial: “Se habla mucho de que hay TRAMPAS masivas en Filadelfia. Las fuerzas del orden están en camino”. Luego del cierre de las mesas de votación y la publicación de los resultados en los Estados bisagra que confirmaban la victoria republicana estos rumores fueron disminuyendo hasta casi desaparecer.

El Washington Post analizó el comportamiento de las publicaciones de una comunidad de X llamada “integridad electoral” que fue creada por Elon Musk, ferviente promotor de la candidatura de Trump. El análisis arroja que a medida que se confirmaba la victoria de Trump, las denuncias de fraude electoral fueron mermando.

Aunque en esta ocasión la situación no alcanzó la gravedad de la elección anterior, los procesos judiciales contra medios de comunicación que difamaron a algunas empresas desarrolladoras de tecnología electoral en 2020 siguieron avanzando.

El año pasado, y luego de las denuncias infundadas del equipo de Trump en 2020 que aseguraban que habían sufrido un fraude masivo a través de la manipulación de las máquinas de votación, se conoció que Foxnews llegó a un acuerdo con la empresa Voting Dominion System por US $800 millones para evitar ir a juicio por difamación.

En el caso de los Estados Unidos, algunos de los actores que han difundido desinformación en materia electoral han sido llevados a la justicia y se han visto obligados a llegar a acuerdos con las víctimas de sus bulos y aceptar públicamente su mal obrar.

Finalmente, cerramos el 2024 con el caso de Rumanía. Así como en Georgia, se denunció la interferencia rusa, en este caso burlando los controles de la campaña electoral a través del uso de TikTok. El candidato Georgescu, que en las encuestas no aparecía entre los favoritos, terminaría ganando la elección del 24 de noviembre. Abiertamente proruso y presentándose como garante de la paz (por no enfrentar las pretensiones de Putin), aseguraba que no contaba con fondos para hacer campaña. Sin embargo, después del sorpresivo resultado las autoridades rumanas detectaron un apoyo articulado a su campaña de más de 25 mil cuentas de TikTok cuyas publicaciones fueron coordinadas a través de un canal de Telegram que indicaba cómo evadir el sistema de verificación de contenidos.

En una polémica decisión, el Tribunal Supremo anuló los resultados de estas elecciones y se inició una investigación al círculo más cercano de Georgescu, lo que terminaría en detenciones de personas vinculadas al crimen organizado. Algunos de los influencers que apoyaron su candidatura huyeron del país, y se pudo comprobar los vínculos prorrusos de algunos de ellos. 

Queda claro que el escenario no es alentador. Cada vez las herramientas para atacar la integridad informativa en el contexto electoral son más accesibles, económicas, dañinas y muchas veces no dejan rastros, lo que dificulta identificar y penalizar a los responsables. 

Aunque desde hace años distintas instituciones académicas, gubernamentales, think tanks y especialistas se han abocado a diseñar medidas para combatir la desinformación, los mecanismos para influir en las elecciones son cada vez más sofisticados y se apoyan en una predisposición natural de las personas a confirmar sus convicciones (sesgo de confirmación), independientemente de qué tan ciertas sean estas.

Trump: vocero del enojo

Ottón Solís
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Trump: vocero del enojo

La narrativa de Trump y sus colaboradores cercanos incluye contenidos sustantivos diferenciados sobre temas como la migración, las guerras, los impuestos y China, entre otros. Sin embargo, a la hora de la ejecución habrá límites severos a la materialización de cambios reales. 

Pero el tema relevante para este artículo es el posible impacto de estos incumplimientos en la popularidad de Trump. ¿Se molestarán sus votantes? No. Para comprender esa respuesta debemos primero entender la razón para que populistas como Trump tengan el apoyo de una parte significativa de la ciudadanía.

Los votantes de Trump solo marginalmente están interesados en sus promesas. Este tipo de políticos son populares porque son voceros de los enojos que una buena parte de la población tiene contra todo lo que perciben como causante de su situación. Como esa mayoría no tiene un micrófono o una cámara de TV para expresar su rencor, se desahoga con el agresivo vocabulario de Trump contra las élites de la política, las instituciones, la prensa y los negocios (el establishment). Ese tipo de políticos enamoran, no porque sus votantes esperen cambios significativos en los aspectos sustantivos del desarrollo o de sus vidas, sino porque la función principal esperada de esos políticos es la de “putear” (madrear) al establishment.

A pesar del ruido, el teatro y las pomposas promesas, esos políticos no tienen la más mínima intención de cambiar el Ancien Régime: su objetivo es ser populares. Lo más importante es decir lo que la gente quiere oír, no importa si es una mentira, si es inviable financieramente, si lo impiden la Constitución o los tratados internacionales. Y lo que un buen sector de la gente quiere oír son epítetos vulgares y groseros contra el establishment, no análisis sobre el estado de las cosas, las causas y las posibles políticas para mejorar. La política basada en diagnósticos rigurosos, en programas coherentes, en partidos y en propuestas conceptualmente defendibles, es, para ese amplio sector de votantes, aburrida, irrelevante e innecesaria.

El político populista no recurre a la mentira y la grosería como una herramienta para defender un programa; la grosería es el programa. La insolencia y la vulgaridad, ya de por sí prácticas incorrectas, dejan de ser medios para convertirse en componentes intrínsecos a la política cuando el objetivo de esta es la popularidad. El político populista no puede abandonar su soez lenguaje y su agresividad, pues dejaría de ser la vocería del enojo, medio fundamental para aglutinar a buena parte de sus seguidores (no a todos, por supuesto).

Esos políticos son parte del establishment económico y social de sus países. Habitan en complejos hoteleros de lujo o en mansiones de un millón de dólares y gobiernan para beneficiar a los ricos: con bajos impuestos, contratos a dedo, privatizaciones o flexibilización de regulaciones ambientales. Pero esa contradicción tampoco interesa a sus votantes; lo relevante es que sigan puteando al establishment.

La pregunta que sigue entonces es sobre el origen de un enojo tan prominente que elige y sostiene a políticos que en nada mejoran sus países. Creo que se explica, en primer lugar, por la promesa incumplida que resultó ser el neoliberalismo. Este modelo fue predicado con una descomunal fuerza y constancia. En América Latina contó con el apoyo de sectores interesados en las privatizaciones y las liberaciones de mercado, de la prensa más influyente y de los líderes de la política tradicional. Se hizo un enorme ruido con la supuesta magia de la apertura comercial, las privatizaciones, la liberación de precios y la inversión extranjera. Con el modelo se resolverían los problemas económicos de todo mundo. Quien cuestionaba esa magia se tachaba de comunista, fanático de Hugo Chávez y obstáculo para que su país se subiera al tren del progreso. Fue tal la fuerza y la propaganda impulsora del supuesto milagro, que las expectativas de la gente alcanzaron niveles imposibles de materializar. El milagro no se dio. Un sector de la población ha visto sus esperanzas frustradas y hoy está enojado.

En Estados Unidos, la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética fue también anunciado como el inicio de una nueva era, como el fin de la historia. Supuestamente, el legendario dilema entre libertad y desigualdad había sido resuelto en favor de un sistema que reconciliaría los dos objetivos. Tampoco esta promesa se cumplió: la desigualdad se incrementó, el número de personas viviendo en pobreza creció en un 50 % e importantes sectores industriales fueron avasallados por las políticas del libre comercio. El terreno estaba listo para que las cínicas vocerías del consecuente enojo materializaran sus ambiciones de poder.

La segunda explicación para los descontentos y enojos tiene que ver con la era de la información. Contrario a la historia humana hasta hace pocas décadas, las herramientas  de información disponibles en la actualidad permiten conocer cómo viven los más ricos. A pesar del incremento en las distancias económicas, hoy hay mayor cercanía e igualdad en cuanto a la información disponible y el acceso a la misma. Hoy se sabe no solo cómo viven los que más tienen sino cómo su riqueza sobrevive aun cuando hayan incurrido en negocios cuestionables. En Estados Unidos es ampliamente conocido que muchos de los magnates del sector financiero que con su avaricia causaron la crisis del 2008 siguieron embolsándose cifras superiores a los $100 millones como remuneración anual y que los entes financieros, lejos de quebrar, de acuerdo a las glorificadas fuerzas del mercado, fueron rescatados con el intervencionismo del Estado.

Las falsas y encumbradas promesas del modelo neoliberal y el amplio acceso a información sobre cómo viven los otros explicarían el enojo de una mayoría. Pero, con razón o sin razón para ese enojo, este, como herramienta para decidir el voto (o sobre cualquier tema), es mal consejero. Escucharlo revela que existe un amplio sector de la población que no ha sido educado para comprender las serias responsabilidades que tiene en un régimen democrático.

Por otra parte, una victoria electoral o buenas encuestas no reivindican como verdad las mentiras ni como éticos los actos de corrupción. Trump y los populistas deberían moderar el animus celebratorio, tomando en cuenta las veces, de acuerdo a ellos mismos, en las que las mayorías se han equivocado. Por ejemplo, si para Trump el establishment político de Estados Unidos (el fango, the swamp) ha cometido serios errores, debe entonces aceptar que una mayoría electoral no redime como correctas las propuestas de quien la obtiene, dado que ese establishment político fue elegido por las mayorías. ¿O es que para Trump y su grupo las mayorías reivindican como correctas sus actitudes y propuestas cuando lo apoyan pero no cuando apoyaron las actitudes y propuestas de otros partidos que también contaron con triunfos electorales y buenas encuestas de opinión?

En fin, los políticos populistas deberían tener cuidado en concluir que la verdad está de su lado por el solo hecho de que las mayorías los apoyan. Y los ciudadanos deberían percatarse de que la solución a sus problemas no está en elegir a personas que los ayuden a desahogar sus  enojos sino a políticos serios, estudiosos y respetuosos de la verdad.

¿El avance en la explotación de hidrocarburos es un riesgo para Argentina?

Leonardo Stanley
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¿El avance en la explotación de hidrocarburos es un riesgo para Argentina?

En estas fechas podríamos rememorar los efectos destructivos que, a lo largo del año, generaron diversos desastres naturales (ciclones, inundaciones, incendios, sequías) cuya magnitud resulta exacerbada por efecto del cambio climático. Un informe reciente, nos alerta de los crecientes peligros que la conjunción de estos fenómenos plantea a la humanidad, como también las amenazas que ello supone (migración forzada, tensiones ante la escasez del agua), todo lo cual degrada la calidad de nuestras democracias. Y así emerge el sálvese quien pueda, poco sorprende el ascenso de la extrema derecha y el negacionismo climático.

Con un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al uso de combustibles fósiles, las concentraciones de carbono y metano baten récords año tras año.  El metano es responsable de más del 30% del aumento en temperatura evidenciada desde el inicio de la revolución industrial. De menor permanencia en la atmósfera, pero mayor capacidad de absorción que el carbono, el efecto nocivo generado por sus emisiones plantea la urgencia dejar atrás la explotación gasífera. Pero ello no impide que el gas natural resulte calificado como “combustible de transición”, toda una contradicción que sostienen muchos en tiempos de creciente negacionismo.

Tampoco se piensa en los crecientes riesgos financieros asociados al exceso de oferta que actualmente se gesta en el segmento de gas natural licuado (LNG), que puede inducir a que un gran número de los proyectos bajo estudio no generen los retornos esperados. También debería destacarse el cambio contractual que conlleva operar en este mercado, donde precios y cantidades pueden alterarse en el corto plazo, volatilidad ajena al mercado tradicional donde los despachos de gas se asociaban a contratos de largo plazo. O considerar los mayores riesgos climáticos la logística de comercialización (ductos, plantas de licuefacción, buques GNL), que a menudo operan en áreas expuestas a eventos extremos tanto como expuestas al aumento en el nivel de los mares.

Tampoco deberían soslayarse los riesgos geopolíticos que comienzan a evidenciarse y amenazan con encarecer, entre otros aspectos del negocio al transporte marítimo. Las terminales de LNG son proyectos capital – intensivos, lo cual plantea importantes inversiones y extensos períodos de amortización, lo cual evidencia su exposición al riesgo de transición. Por ello resulta contradictorio el apoyo que obtienen estos proyectos por numerosos gobiernos, garantizando la rentabilidad en base a subsidios y exenciones, pero desconociendo los compromisos ambientales previamente contraídos, así como costos ambientales (externalidades) que genera esta actividad.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) estima que el pico de los combustibles fósiles arribará antes de terminada la presente década, destacando que mismo en el escenario más pesimista la demanda futura resulta abastecida con los proyectos actualmente en curso.  Año tras año, el informe BP Energy Outlook viene reduciendo los escenarios de demanda futura. De concretarse el objetivo de emisiones netas cero, ninguno de los proyectos hoy en carpeta encontrará mercado cuando quede operativo, pero tampoco se garantizan las compras bajo otros escenarios: la incertidumbre que evidencia el mercado aumenta de manera significativa. Independientemente de las proyecciones, nada garantiza que el mercado asiático mantenga los niveles de demanda de aquí a 10 – 15 años. Mucho menos si los precios de los combustibles fósiles continúan elevados y con la volatilidad de los últimos años. Las inversiones en renovables avanzan tanto en Japón como en Corea del Sur, dos de los principales importadores de LNG. En el ámbito de la UE, la transición avanza aceleradamente: la energía eólica es la segunda fuente en generación de electricidad (superando al gas), al tiempo que aumenta la capacidad instalada de energía solar. Esto implica una fuerte reducción en la demanda de gas, que el plan energético europeo (REPower EU) estima en un 52% para 2030 – respecto a los valores del 2019.  La evidencia, por lo tanto, debería reducir las expectativas que pone el gobierno argentino en este mercado.

A nivel global, las fuentes renovables ya explican el 30 % de la generación eléctrica. Y es que la capacidad de los equipos renovables mejora de manera continua y sus precios están bajando de forma acelerada. Lo mismo sucede con las baterías, lo cual otorga autonomía a la producción renovable. La continua baja de costos y el mayor poder de almacenamiento, sin duda, influirán en la toma de decisiones de los importadores, acelerando la transición.

Todo ello hace que la demanda futura presente una fuerte incertidumbre, al tiempo que aumenta el riesgo financiero de los proyectos. Los proyectos que podrían desarrollarse en territorio argentino recién estarían operables a inicios de la próxima década, lo cual habla de un período extremadamente escaso para recuperar lo invertido si las proyecciones de la demanda resultan verdaderas. ¿A cuánto debería cotizar el LNG (dólares por millón de unidades termales británicas – BTU) para que las exportaciones argentinas sean rentables?

El principal proyecto en discusión se establecería en Punta Colorada, localidad ubicada en el golfo San Jorge de la provincia de Río Negro, área natural que hasta hace poco calificaba como zona protegida. Dicha calificación resultó revertida por el accionar conjunto de los tres poderes de gobierno de Río Negro, convencidos de las bondades del modelo extractivo para transformar la provincia. Dicho entusiasmo se plasmó en la pronta aprobación del nuevo régimen de incentivos a la inversión extranjera (RIGI), al tiempo que decidía acallar a la sociedad civil.

Los fondos que insumirá el proyecto que encabeza Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) resultan cuantiosos, más de US$ 3.000 millones. Se espera que se construyan otros dos, para así poder abastecer la planta de licuefacción de GNL que se instalaría en la citada localidad costera. Esta última inversión sería de entre unos 30 y 50 mil millones de dólares. Referentes del sector destacan que estas inversiones permitirían abastecer a unos 400 barcos al año, lo cual redundaría en exportaciones por US$ 15 mil millones anuales, mayoritariamente destinadas a Europa y Asia.

Se desconoce si se ha tenido en cuenta el riesgo de transición y la eventualidad que los activos pierdan todo valor antes que su amortización haya sido completada. Tal eventualidad podría llevarnos ante una nueva crisis de deuda soberana. Un nuevo fin de año nos muestra como agotamos nuestro presupuesto de carbono, al tiempo que las decisiones de inversión nos alejan de lo acordado en París 2015.

A todo esto, los medios locales destacan el desarrollo que generará la inversión, transformando el carácter bucólico de Playas Doradas en un “símbolo de la industria petrolera argentina”, una industria que está destinada a morir. Poco se habla de los riesgos financieros, mucho menos del peligro de extinción que supone seguir apostando por el petróleo.

Panamá: un cuarto de siglo que puede ir al basurero de la historia

Manuel Alcántara
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Panamá: un cuarto de siglo que puede ir al basurero de la historia

No es original pensar la política como una representación teatral. La metáfora funciona porque todo el mundo la entiende. El espectáculo evoluciona según cambia la humanidad, sus artes y técnicas. Lo novedoso está de acuerdo con esas transformaciones y su mayor o menor adaptación está en función de la velocidad y del alcance de los cambios. Hoy la tramoya de lo virtual diseminada por todo el mundo a enorme rapidez depara una forma de hacer política a la que la gente poco a poco se va habituando. Los mensajes breves, apenas de un par de frases que abordan un asunto medianamente conocido, con un fuerte componente emocional y catapultados de modo instantáneo a millones de personas es lo que funciona.

Entre los muchos personajes que han dado forma a la actual Kakistocracia (gobierno de los peores) Donald Trump es sin duda el más relevante por su pertenencia al país hegemónico por excelencia. Se trata de una figura que, cuatro años más tarde en que dejó el poder animando subrepticiamente a una rebelión popular por no reconocer el mandato de las urnas, el 20 de enero volverá a asumir el mando. Su gran argumento para alcanzar el triunfo electoral se articuló en torno a cuatro letras -MAGA- que resumen cuatro palabras -Make America Great Again-. Un sencillo guiño capaz de arrastrar e ilusionar a multitudes alienadas por las distintas crisis económicas y por el devenir socio cultural de los últimos lustros.

Pero no todo es marketing político ni las soflamas son meros estimuladores de las emociones. Detrás del texto siempre hay un relato, un argumento. Quienes pensaron que era simplemente una añagaza no quisieron percibir el significado profundo de la oferta de un proyecto de recuperación de la grandeza imperial. Hoy, de pronto, muchos se dan de bruces con una realidad incómoda y escuchan atónitos las proclamas que leyeron en los libros de historia. ¿No fue el canal de Panamá la prueba más evidente del Destino manifiesto? ¿Es que el lema precedente de América para los americanos no era sino el sello de la entrada en la historia con consecuencias dramáticas para el vecindario? ¿No era el Gran garrote el mecanismo para imponer la voluntad por encima de los acuerdos, de la negociación?

Por otra parte, políticamente hablando, de acuerdo con la lectura realizada por los trumpistas la debilidad de presidentes en apariencia frágiles como el demócrata Jimmy Carter debería ser definitivamente enterrada en la Historia por ignominiosa. De lo que se trata ahora es de recuperar la señal inequívoca del liderazgo global. El rescate del control del canal de Panamá es por excelencia el gran símbolo de ello. Como siempre lo fue y nunca debió dejar de serlo, según sus rezos.

Por qué extrañarse entonces de la reciente amenaza vertida por el presidente electo y más aún si en el mismo contexto se formula la reivindicación de Groenlandia, territorio que a diferencia del Canal nunca fue estadounidense. Cuando el orden internacional lleva socavándose tanto tiempo y su deterioro se ha agravado en los últimos tiempos la presente ley de la selva facilita todo tipo de exabruptos máxime si son proclamados desde el proscenio. El espectáculo mina la confianza y prepara el terreno para lo peor.

Panamá se independizó de Colombia en 1903 tras una más de las numerosas guerras civiles que enfrentaron a liberales y conservadores. No obstante, la intervención de Estados Unidos fue decisiva. Ello se vio reflejado en la firma de un tratado expedito que diera luz verde a la construcción del canal interoceánico dando continuidad a la obra iniciada un par de décadas antes por los franceses, algo que en las condiciones propuestas nunca habría aceptado Colombia.

Poco más de 70 años después el gobierno de Omar Torrijos canalizó el viejo reclamo existente en amplios sectores de la sociedad panameña de la reivindicación de la soberanía del canal y de la franja de seguridad que estaba en manos de Estados Unidos. Torrijos y Jimmy Carter el 7 de septiembre de 1977 firmaron los tratados que entraron en vigencia un año más tarde una vez aprobados por un margen muy estrecho por el Congreso norteamericano.  La consecuencia fue la salida norteamericana del país el 31 de diciembre de 1999 con el consiguiente reconocimiento de la soberanía panameña y de su capacidad para la administración del Canal.

El Canal no fue solo un oprobio para la sociedad panameña sino que durante décadas fungió en el imaginario latinoamericano como un símbolo del poder colonial norteamericano. Intelectuales del primer tercio del siglo XX como José Enrique Rodó, Rubén Darío, José Vasconcelos y Víctor Raúl Haya de la Torre dieron buena cuenta de la situación con una abierta denuncia de esta demandando la retirada norteamericana. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos consolidó más sólidamente su presencia siendo el Canal y su zona aledaña decisivos durante la Segunda Guerra Mundial. El establecimiento allí del Comando Sur y de la Escuela de las Américas tuvo igualmente efectos dramáticos en la expansión de la doctrina de la seguridad nacional en la región y en la consolidación de los regímenes autoritarios que la socavaron entre 1960 y 1980.

Panamá es uno de los eslabones más débiles en la cadena de la globalización cada vez más cuestionada que ahora el MAGA amenaza directamente para conseguir sus objetivos. El nacionalismo sobre el que este se asienta promueve el viejo y conocido imperialismo en el que el intervencionismo de nuevo cuño se presenta como el corolario inevitable. Hoy la excusa es el maltrato a los intereses norteamericanos por las elevadas tarifas a los barcos de su bandera y el supuesto trato de favor que recibe China. Aspectos ambos no contrastados con ningún tipo de evidencia. La fuerza que las redes sociales poseen prepara el terreno para avalar la demanda azuzando el honor patrio. También es una estrategia que sirve para dulcificar el trauma y lograr que las cosas se despojen de todo tipo de dramatismo que la exhibición ya no teatrera sino real pudiera acarrear. Elon Musk, el inseparable y reciente amigo de Donald Trump, facilitará el proceso.

No es tiempo de ser espectadores silentes ni de activismo digital banal. La Historia se escribe cada día y sus eslabones se construyen a veces con pequeños gestos. El silencio suele ser uno de ellos, pero también, en sentido opuesto, la denuncia, el repudio y la manifestación explícita. No solo la soberanía es inalienable sino también los mecanismos muy variados que hacen viable día a día la administración del Canal por manos expertas y profesionales como se ha venido demostrando a lo largo de exactamente el último cuarto de siglo. Es tiempo de orgullo y de repudio a la injerencia impulsada por megalómanos.

Paz y naturaleza: reflexiones desde la imperfección

Gisele Didier   |   Diana Morales
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Paz y naturaleza: reflexiones desde la imperfección

La reciente COP16 celebrada en Cali, Colombia, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, tuvo como lema “Paz con la Naturaleza”. La intención era abordar la relación entre la conservación de la biodiversidad y la construcción de paz, evitando antagonizar entre los dos conceptos y superando un enfoque únicamente racional que deja por fuera los vínculos que tenemos con la naturaleza -obtención de agua y alimento, medicina, conexión espiritual, entre otros-  e invisibiliza nuestra total dependencia de ella para nuestra supervivencia.

A partir de su lema, la COP16 trajo al debate sobre la conservación de la biodiversidad discusiones y reflexiones, aún en proceso de construcción, que han sido abordadas por el campo de estudio denominado “construcción de paz ambiental”. Este se refiere a la integración de la gestión ambiental en los procesos de resolución o transformación de conflictos. El desarrollo de los estudios de construcción de paz ambiental ha hecho evidente vacíos de conocimiento para comprender y diseñar estrategias que aborden la compleja relación entre paz y naturaleza, a saber: la superación de la visión de la naturaleza desde una perspectiva netamente económica; el reconocimiento de las desigualdades y relaciones de poder que originan los conflictos; el impacto de las estrategias de construcción de paz sobre los ecosistemas; y la medición de la efectividad de estos procesos.

Es así como las discusiones sobre paz, ambiente y conflicto han permitido establecer que los conflictos tienen causas sistémicas y estructurales. De ahí la necesidad de comprender su origen, y de entender el rol de la naturaleza en estos contextos. Solo de esta manera se pueden diseñar e implementar estrategias que desescalen la violencia a la vez que permitan transformar las relaciones sociedad-naturaleza en distintos niveles (interpersonal, comunitario, institucional).

Los elementos antes mencionados son clave para contribuir al logro de las metas establecidas en el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (MGB), pues llaman la atención frente a la imposibilidad de avanzar en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad si no se abordan al mismo tiempo las inequidades sociales que generan los conflictos, se abren espacios de participación efectivos y se amplía la visión de aquello que consideramos naturaleza.

La COP16 abrió una puerta para seguir pensando cómo diseñar e implementar estrategias que integren la paz, la naturaleza y convoquen otros sectores a la discusión. Para lo cual es necesario el reconocimiento de las lecciones aprendidas derivadas de las experiencias que tenemos hasta el momento.

En Colombia las reflexiones que se han generado en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, aún en marcha, y a raíz de los diálogos de paz actuales han mostrado el papel relevante que puede tener la naturaleza en el marco de los procesos de reparación, verdad y no repetición; y en la generación de condiciones económicas para la reincorporación de excombatientes y víctimas del conflicto. Así como los daños que ha sufrido la naturaleza por causa del conflicto armado.

Un ejemplo de ello fue el proceso de retorno al territorio de la comunidad del Resguardo Yaguara II, acompañado por el Instituto Humboldt, que puso en evidencia que el proceso de construcción de paz con la naturaleza requiere de enfoques innovadores, centrados en la coexistencia de las personas y la naturaleza, en paz. Otro es el reconocimiento de entes de la naturaleza (territorios o ríos) como víctimas del conflicto en el marco de los procesos de justicia transicional que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP) y la generación de bioproductos o emprendimientos de turismo sostenible por parte de excombatientes.

Estas experiencias han evidenciado la necesidad de armonizar los distintos acuerdos ambientales y generar articulaciones intersectoriales. Por ejemplo, el caso del Acuerdo de Escazú que se constituye como una herramienta para alcanzar las metas establecidas en el MGB busca garantizar el acceso a la información, la participación efectiva, el acceso a la justicia y el reconocimiento y protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Sin la garantía de estos derechos de acceso es imposible desescalar la violencia, construir paz y pensar otras formas de relacionamiento con la naturaleza que redunden en la conservación de la biodiversidad garantizando la vida de quienes la protegen.

La experiencia de Colombia en la búsqueda de la paz evidencia que es fundamental reconocer la interdependencia entre las personas y la naturaleza, construir confianza entre los actores en conflicto y sanar el tejido social. Todo lo anterior implica establecer lazos de colaboración entre múltiples actores, a partir del diálogo entre diversos sistemas de conocimiento. En este contexto, facilitar el acceso a la información se convierte en una herramienta clave para la participación equitativa en la toma de decisiones, reduciendo así asimetrías históricas.

En suma, la “Paz con la Naturaleza” exige un enfoque flexible que evite la trampa de una conservación estricta que excluya a las personas y exacerbe conflictos socioambientales. Se trata de establecer una cooperación efectiva entre el Estado y las comunidades, basada en confianza, respeto y reconocimiento de la diversidad. Recordar los principios de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, como apropiación y gestión orientada a resultados, es vital para trazar una ruta conjunta que promueva la paz ambiental y una visión sostenible y armoniosa del futuro.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Sexo por votos, el nuevo escándalo en el Congreso peruano

Ricardo Monzón Kcomt
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Sexo por votos, el nuevo escándalo en el Congreso peruano

¿Hay congresistas proxenetas en Perú? Es la pregunta que medio país se hace desde el 10 de diciembre, cuando tres sicarios a bordo de motos se abalanzaron sobre el taxi en el que viajaba Andrea Vidal Gómez, de 28 años, para dispararle no una ni dos, sino 70 veces. Dos de esas balas le atravesaron la cabeza.

Según las investigaciones fiscales, tal ensañamiento tendría relación con un objetivo: callarla para que no devele detalles de una red de proxenetismo y prostitución al interior del mismísmo Congreso de la República del Perú, en donde trabajó hasta septiembre de 2024 como asesora en la Oficina Legal y Constitucional, bajo las órdenes de un funcionario de nombre Jorge Torres Saravia.

Vidal murió una semana después, tras una larga agonía en el Hospital Dos de Mayo, en el corazón de Lima, sin poder decir palabra alguna.

Las mismas pesquisas dan cuenta de que Vidal tenía como encargo reclutar a jóvenes mujeres sin experiencia académica ni profesional para que ingresen a trabajar como secretarias o personal administrativo a distintas oficinas del Congreso, con complicidad de los partidos políticos allí representados, para posteriormente ofrecer sus servicios sexuales a parlamentarios a cambio de que estos voten de determinada manera en sesiones clave.

Testigos entrevistados por distintos medios de comunicación locales, quienes han reservado su identidad, han señalado a Jorge Torres como el organizador de esta práctica delincuencial, que se consumaba con encuentros privados luego de fiestas en apartamentos alquilados vía plataformas como Airbnb. Torres habría despedido a Andrea Vidal y dos trabajadoras más del Congreso por imposición de un alto funcionario, aún desconocido.

Una de las jóvenes involucradas, Isabel Cajo Salvador, quien habría participado en las fiestas organizadas por Torres, publicaba contenido en la plataforma para adultos OnlyFans hasta febrero de este año. Inició su carrera en el Parlamento en el área de Administración de Bienes y luego trabajó directamente con Torres, para finalmente moverse a la oficina del congresista Edwin Martínez donde actualmente percibe 7 mil soles (casi 1,900 dólares) al mes, a pesar de no tener ni siquiera el bachillerato completo.

Como es costumbre, la clase política en su conjunto ha intentado desligarse de esta denuncia. El propio Torres rechazó las acusaciones y lamentó la muerte de Vidal. Dijo, además, que él no determinó su despido sino que fue el área de Recursos Humanos del Parlamento, a pesar que un reportaje periodístico del semanario Hildebrandt en sus trece reveló que dos semanas antes del crimen Vidal se reunió con Torres en su despacho, y abandonó el lugar visiblemente afectada.

La crisis ha salpicado al partido Alianza Para el Progreso (APP), que fue el que llevó a Torres al Congreso. Aunque no figura como militante en sus filas, en redes sociales hay varias fotografías suyas participando en actividades proselitistas de esta agrupación, e incluso acompañando a su secretario general, Luis Valdéz, excongresista y brazo derecho del líder del partido, César Acuña. Ambos se han desmarcado de Torres.

Acuña, gobernador de la región norteña de La Libertad, tiene una estrecha relación con la presidenta de la República, Dina Boluarte. En múltiples ocasiones la ha defendido de las críticas ciudadanas y uno de sus alfiles, el médico César Vásquez, es actualmente el ministro de Salud del gobierno desde junio del año pasado. Incluso se ha hablado de un cogobierno entre APP y Boluarte, después de que la encuesta de poder de la revista Semana Económica de septiembre diera como resultado que Acuña y Boluarte poseen prácticamente la misma cuota de poder en el Perú.

Mientras se investiga el asesinato de Vidal y la supuesta explotación sexual en dos carpetas fiscales distintas, la Comisión de Fiscalización del Congreso también ha tomado parte del asunto y ha citado a diversos funcionarios para iniciar las indagaciones del caso. Varias bancadas con sitio en el Parlamento han pedido la renuncia del presidente de este poder del Estado, Eduardo Salhuana, quien también es miembro del partido APP, pero él ha descartado que eso ocurra.

La percepción de que existe un Congreso lumpen es evidente. El proxenetismo se une a la larga lista de gravísimos delitos por los que funcionarios o miembros del Parlamento peruano son investigados por la justicia. En las próximas elecciones, la ciudadanía ya no espera buenos representantes; solo que los nuevos no sean peores que los anteriores.

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