Durante más de seis décadas, más de medio millón de cubanos han sido detenidos o encarcelados por motivos políticos. El encarcelamiento político en Cuba ha creado una profunda crisis humanitaria, devastando a miles de familias y dejando cicatrices duraderas a lo largo de generaciones. A pesar de esta dura historia, los esfuerzos por promulgar una Ley de Amnistía para liberar a decenas de miles de personas encarceladas injustamente por ejercer sus derechos enfrentan una resistencia tenaz por parte del régimen actual. Irónicamente, este mismo régimen debe su existencia a una Ley de Amnistía: la legislación de mayo de 1955 que liberó a Fidel Castro, Raúl Castro y otros después del violento asalto al Cuartel Moncada. A diferencia de los paramilitares revolucionarios de 1953, los presos políticos de hoy son encarcelados por protestas pacíficas, no por actos de violencia o terrorismo.
En la actualidad, Cuba es el segundo país con más presos políticos en América Latina, después de Venezuela, con 1.117 personas encarceladas, incluidas 120 mujeres y 30 menores. Decenas de miles más están encarceladas bajo cargos arbitrarios como desobediencia penal predelictiva, que se aplica a personas por delitos potenciales percibidos sin que hayan cometido ningún delito. Se desconoce cuántas de estas personas fueron detenidas específicamente por sus creencias políticas.
Las familias de los presos políticos cubanos denuncian condiciones horribles: negación de atención médica, aislamiento, violencia sexual, palizas, desnutrición y tortura. El líder prodemocrático José Daniel Ferrer, detenido arbitrariamente desde julio de 2021, sufre palizas, aislamiento y 20 meses sin visitas familiares por negarse al exilio y optar por quedarse en Cuba para luchar por la libertad.
La detención del periodista José Gabriel Barrenechea Chávez, acusado de liderar las protestas en Encrucijada, Villa Clara, durante el apagón de Cuba, pone de relieve la represión del régimen. Barrenechea, que enfrenta cargos de sedición por disentir, ha iniciado una huelga de hambre para protestar por su detención arbitraria.
La campaña de Latinoamérica21 y otros medios para la liberación de Barrenechea subraya un llamado global para liberar a todos los cubanos detenidos injustamente por ejercer derechos humanos fundamentales, incluida la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica.
Aprovechando este impulso, en un momento en que Cuba tiene más personas detenidas arbitrariamente que en décadas anteriores, la iniciativa de la Ley de Amnistía encabezada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una coalición de organizaciones dentro y fuera de la isla, ofrece una posible solución. Apoyada por líderes pro democracia en prisión y las familias de presos políticos, la iniciativa ofrece una vía legal hacia la justicia.
Anunciada el 24 de febrero de 2022, la iniciativa de la Ley de Amnistía enfrentó retrasos debido a obstáculos legales impuestos por el régimen cubano. El CTDC ahora planea relanzarla el Día de los Derechos Humanos, renovando su llamado a la liberación de los presos políticos. En un país donde las leyes y las prácticas violan las normas internacionales de derechos humanos, la propuesta de Ley de Amnistía ofrece una solución transformadora. Extinguiría la responsabilidad penal, borraría las condenas y limpiaría los antecedentes penales, lo que podría liberar a decenas de miles de personas encarceladas por delitos con motivaciones políticas o cargos predelictivos arbitrarios. La propuesta de la CTDC, que requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, es fundamental para despenalizar la disidencia, afirmar el derecho de la oposición a existir y restaurar los derechos soberanos del pueblo cubano.
Cambiar la ley dentro del sistema totalitario de Cuba es una batalla cuesta arriba. Según la Constitución de 2019, se requieren 10.000 firmas para que se considere un proyecto de ley, pero estas firmas no son vinculantes. Una legislación menos conocida, la Ley 131, exige que los firmantes obtengan certificados de votante del Consejo Nacional Electoral en La Habana. Para la mayoría de los ciudadanos fuera de la capital, los costos de viaje superan con creces el salario mensual promedio, lo que los priva de sus derechos. Estas barreras legales, sumadas a la persecución y vigilancia de la oposición cubana, hacen que la movilización en medio de apagones y escasez severa sea desalentadora. Sin embargo, la difícil situación de los presos políticos y sus familias sigue siendo una fuerza poderosa que impulsa a muchos cubanos a levantarse en busca de justicia.
Históricamente, cualquier legislación impulsada por ciudadanos ha requerido cierta voluntad política de los que están en el poder para su aprobación. En Cuba, esa voluntad está completamente ausente. Cuando el Proyecto Varela de Oswaldo Payá reunió 25.000 firmas para reformas democráticas, el régimen respondió con encarcelamientos masivos y los asesinatos de Payá y Harold Cepero.
A pesar de los desafíos, aprovechar los marcos legales puede ser eficaz en contextos autoritarios. La oposición venezolana expuso el fraude electoral en las elecciones del 28 de julio, demostrando la victoria mayoritaria de Edmundo González a través de registros electorales, reconocidos por la UE y EE. UU. Este éxito, logrado bajo una severa represión, demuestra el poder del activismo organizado y la movilización ciudadana.
Desde la represión del régimen cubano en julio de 2021, que dejó a miles de personas detenidas, la solidaridad internacional con los presos ha crecido. La resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre, que exige la liberación de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos, fue aprobada con un fuerte apoyo, lo que pone de relieve el respaldo mundial. Los activistas cubanos a favor de la democracia deben aprovechar este impulso, instando a la UE a vincular sus acuerdos de cooperación a las condiciones de los derechos humanos. Estados Unidos, con sus políticas de máxima presión, y Canadá, a través de plataformas como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, están bien posicionados para ayudar en estos esfuerzos.
América Latina, marcada por las dictaduras, ha tardado en apoyar el movimiento democrático de Cuba, pero esto está cambiando a medida que las crisis en Venezuela y Nicaragua exponen el legado totalitario de Castro, adoptado por los autócratas en Caracas y Managua. En medio de los reveses democráticos y la retórica antiestadounidense, los llamados a la liberación de los presos políticos cubanos están aumentando desde la sociedad civil, los foros regionales y los partidos políticos. Las transiciones de la región ponen de relieve los riesgos de que los autócratas exploten las leyes de amnistía, lo que ofrece valiosas lecciones para la oposición cubana.
Las últimas dos décadas en Cuba muestran que la presión sostenida es clave para liberar a los presos políticos. Entre 2010 y 2011, 75 presos de la Primavera Negra, condenados a entre 6 y 28 años de prisión, fueron puestos en libertad condicional y enviados al exilio. Su libertad fue resultado de la presión interna y la condena internacional, incluidas las manifestaciones de las Damas de Blanco, que llevaron a negociaciones con Raúl Castro y la Iglesia Católica.
Una ley de amnistía en Cuba no es meramente un objetivo político o legal: es una obligación moral para quienes encarnan el coraje y la resistencia contra la represión. La continua negativa del régimen a atender la voluntad popular y su obstinada insistencia en encarcelar injustamente a miles de personas exigen una respuesta decisiva: el encarcelamiento político es bárbaro e inaceptable. Las naciones democráticas deben situarse del lado correcto de la historia y condicionar las relaciones con Cuba a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, no a través del exilio o el arresto domiciliario, sino como ciudadanos libres con derecho a permanecer y luchar pacíficamente por la democracia.
