La falacia del daño antropológico en Venezuela

Isaac Nahón Serfaty
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La falacia del daño antropológico en Venezuela

Se escucha y se lee mucho en estos días sobre el concepto de daño antropológico. Esta noción describiría el daño profundo que habría causado el chavismo en sus 25 años de dominación sobre los venezolanos. El concepto es de un analista cubano, Dagoberto Valdés. Pretende explicar ciertos comportamientos de sus compatriotas sometidos al largo calvario de la revolución comunista. Valdés resume el daño antropológico así: “El debilitamiento, lesión o quebranto de lo esencial de la persona humana”. 

¿Tiene algún fundamento este concepto? ¿Sirve para entender las situaciones de dominación que se viven en Cuba y Venezuela? Si nos detenemos en la definición del autor cubano, veremos que él apela a una “esencia humana” que, por contraste con su debilitamiento, lesión o quebranto, sería originalmente “buena”. Es decir, los cubanos o los venezolanos antes de la era revolucionaria habrían sido muy buenos en el sentido moral, pero fueron pervertidos por los regímenes totalitarios o autoritarios que se viven en Cuba (ya hace 65 años) y en Venezuela (un cuarto de siglo).

¿Es cierto esto? No. Ni Cuba ni Venezuela eran paraísos morales antes de sus respectivas disrupciones sociopolíticas, ni tampoco eran el infierno. Eran sociedades con sus momentos virtuosos y sus momentos oscuros. En todo caso, lo que Valdés pretendió calificar como daño antropológico (una especie de corrupción del ADN moral y psíquico de los cubanos) no es producto de las perversiones inducidas por su régimen corrupto y corruptor. Sería más bien el resultado de una combinación de técnicas de exacerbación de las miserias humanas (que usan los regímenes tiránicos) y de los rasgos propios de la sociedad cubana pre-fidelista. Antropológicamente el ser humano tiene tendencias buenas y malas que estaban allí mucho antes de que llegaran al poder los comunistas cubanos o los chavistas venezolanos. 

Lo venezolano del chavismo

El chavismo es una expresión sociopolítica y cultural muy venezolana. Hugo Chávez, la cúpula chavista y sus seguidores (los de antes y los de ahora, muy reducidos) fueron y son venezolanos, no extraterrestres. Ese es el sustrato que genera un movimiento político con taras muy reconocidas en la psique colectiva venezolana. Una de ellas, tan antigua como las guerras civiles desde la independencia hasta las guerrillas de los años 60 del siglo XX, es el resentimiento, como bien lo ha mostrado Carlos Lizarralde en su ensayo Venezuela’s collapse: The long story of how things fell apart (2024).

Si el resentimiento es el motivador del surgimiento chavista, su complemento perfecto es la violencia, otra característica de la historia venezolana. La irrupción de Chávez en la escena pública fue con la violencia del 4 de febrero de 1992, seguida por la violencia de noviembre de ese mismo año. Después vendrían otros episodios violentos como el 11 de abril de 2002 con su lamentable saldo de muertos, y una serie de asesinatos políticos fuera y dentro del mismo chavismo. También se debe considerar aquí la gran ola de delincuencia que tuvo episodios de convergencia entre criminalidad y control político-social desde los tiempos de Chávez. No se puede tampoco olvidar la reciente violencia policial y militar contra manifestantes y opositores después de las elecciones del 28 de julio. Todo es parte del mismo sustrato antropológico de la sociedad venezolana, su autoritarismo casi congénito y su correspondiente violencia ejercida desde el poder formal del estado y de las bandas irregulares, criminales o guerrilleras.

¿La corrupción? Es otra característica de la sociedad venezolana desde que se consolidó el colectivo que después sería el estado-nación conocido como Venezuela. El chavismo ha construido sobre ese sustrato la etapa más corrupta en la historia de Venezuela. Pero no lo ha hecho produciendo “daño antropológico”, sino exacerbando la base histórico-social corrupta que ya estaba allí.

Valdés apunta que el miedo y la sumisión son parte del daño antropológico inducido por estos regímenes autoritarios. Sin embargo, es bueno acudir a la evidencia histórica para saber que, en Venezuela, la misma sociedad del “pueblo” resentido y respondón, también hemos asistido a momentos en que la sociedad ha preferido el silencio cauto y la aparente sumisión para evitar ser objeto de represión y persecución. ¿Cómo entonces se podría explicar que el pueblo mayoritario que votó por primera vez en elecciones directas y universales para elegir al escritor Rómulo Gallegos como presidente, en diciembre de 1947, no moviera ni un dedo para protestar por el golpe militar contra el autor de Doña Bárbara que se diera solo unos meses después en 1948? El miedo siempre ha estado allí. El chavismo ha sabido cómo generarlo y lograr sumisión. 

Podríamos también considerar una característica muy venezolana que tiene que ver con el humor y con el cinismo, incluso en momentos muy difíciles. He unido los dos rasgos (humor y cinismo), pues no se pueden disociar. Reírse de la tragedia es, en alguna medida, saludable. Un cierto cinismo frente al poder y los poderosos también es deseable. Pero hay un lado perverso en el humor y en el cinismo. Probablemente la muestra más clara es la reciente declaración del adelanto de la Navidad a partir de octubre por parte de Nicolás Maduro ante una población mayoritariamente depauperada. El cinismo de la alegría artificial decretada es la manifestación más clara del poderoso que se burla de la mayoría sufriente, un goce cruel del dictador y su entorno. 

¿Modificar el sustrato antropológico?

Esta pregunta no sirve para mucho, ya que no parto de la falacia del supuesto daño antropológico, sino del reconocimiento de que la gran mayoría de los rasgos problemáticos del venezolano siempre han estado allí. Entonces, ¿se debe ir a la raíz de estas características para modificarlas? Tampoco estoy seguro de que eso sea posible. Eso requeriría una generalización absurda (hay de todo en la viña del Señor), y si se pudiera hacer, requeriría un gran plan de ingeniería social que sería peor que la propia sumisión comunista o chavista. 

Probablemente el cambio más significativo que ha producido el chavismo en la sociedad venezolana sea la gran emigración de millones de sus ciudadanos repartidos ahora por el mundo. Y más que daño antropológico, lo que la emigración de millones de venezolanos ha producido es una conciencia del desarraigo y de ser parte de una diáspora alejada del terruño natal. 

Un buen amigo me preguntó qué podrían aprender los venezolanos de la experiencia judía del exilio. Mi respuesta fue que era difícil que pudieran aprender algo los venezolanos de la vivencia del destierro masivo que es bastante reciente en su corta historia como nación. El pueblo judío ha vivido siglos de exilio. Su conciencia está marcada por el trauma del destierro y por el deseo de redimirse para superar el exilio territorial y espiritual. Lo único que un judío le podría enseñar a un venezolano es que desde el exilio se pueden forjar vínculos de solidaridad. No es cosa fácil para desterrados que ahora (como los venezolanos) tienen que pensar en su supervivencia individual y de sus familias, las que salieron y las que se quedaron en el país.

Probablemente más importante que el exilio sea la conciencia de tener un patrimonio común, inmaterial, trascendente, pero eso no es tan evidente para una nación joven como la venezolana. Habrá solidaridad mientras los venezolanos se consideren un colectivo que merece conservar su patrimonio inmaterial incluso fuera de sus fronteras.

América Latina y Palestina: entre la ambigüedad y la complicidad

Pío García
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América Latina y Palestina: entre la ambigüedad y la complicidad

El genocidio de Gaza permite medir la capacidad de comprensión y asombro de la comunidad internacional. Las afiliaciones previas en la contienda global han dirigido el alinderamiento automático con uno u otro bando. Sin mayores cuestionamientos morales, los regímenes y regiones conformes con el dominio global estadounidense aprueban el apoyo sistemático de Washington a Israel, a lo cual se opone la mayor parte de la comunidad internacional.

El poder central y sus opositores

Estados Unidos cuenta con aliados irrestrictos en el G 7 y la OTAN. Esos países se autoproclaman gestores de un mundo libre y democrático; sin embargo, desempeñan un dominio militar, económico, político e ideológico. Aquel que ose salirse de esos límites pasa a ser renegado y puede llegar, dependiendo del caso, en objeto de sanciones comerciales, cerco militar o, simplemente, se lo ocupa y destruye hasta convertirlo en Estado paria.

Los países más afectados por dominio militar y económico estadounidense fueron los primeros en unirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el 29 de diciembre de 2024, por el crimen de genocidio en violación del Convenio de 1948. Asimismo, estos países apoyan la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de defensa Yoav Gallant, emitida por la Corte Penal Internacional.

La respuesta de las diferentes regiones

Muchos organismos regionales condenan el genocidio en forma reiterada. La Organización de Cooperación del Golfo, la Organización de la Conferencia Islámica y la Organización de Cooperación de Shanghai han pedido a Israel parar la guerra, facilitar la ayuda humanitaria y respetar la integridad del pueblo palestino. En cambio, la declaración del G 7, en mayo, empezó por condenar los ataques iraníes contra Israel, sin mencionar el ataque israelí a la embajada iraní en Siria. En julio, la cumbre de la OTAN en Washington recalcó la necesidad de seguir elevando el gasto militar para contener a Rusia, China, Irán y Norcorea, sus principales antagonistas.

De los 193 países en la ONU, 145 reconocen el Estado Palestino. El 75 %. El tercio restante corresponde a Estados Unidos y sus aliados, excepto España, Irlanda, Noruega y Suecia. Por regiones, los 55 miembros de la Unión Africana defienden los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación, obstruida por la ocupación israelí. Por eso, secundaron en masa la demanda sudafricana ante la CIJ.

En Asia, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, una vez iniciado los ataques por parte de Israel, pidió la intervención del Consejo de Seguridad para detener la guerra y asegurar el ingreso de Palestina como miembro pleno de la ONU. Y la Organización de Cooperación de Shanghai, que reune 26 países, condenó la intolerancia religiosa, racista y xenofóbica y la destrucción de Gaza por el ejército israelí y pidió parar la guerra y reconocer el Estado Palestino. En términos similares se pronunció la Organización de la Conferencia Islámica.

¿Qué pasa con América Latina?

En América Latina y Caribe, el genocidio profundizó la fractura política regional ya que los representantes de los países no han tenido una posición uniforme de condena a los ataques de Israel.

Quienes se solidarizan con Palestina y denuncian la barbarie tienen claro por lo menos cuatro cosas. En primer lugar el levantamiento y la violencia desde Palestina es la reacción a un regimen de ocupación y colonización violenta iniciada desde el siglo XIX por parte de migrantes judíos, posteriormente, armados por Gran Bretaña, para escalar la eliminación de la población local.

En segundo lugar, que la reacción desmedida israelí a los atentados de octubre de 2023, va más allá del típico genocidio, y se trata de un exterminio como lo define la Comisión de la ONU. En tercer lugar, Israel puede emprender guerras simultáneas en Palestina, Líbano y Yemen porque cuenta con el respaldo militar, financiero y mediático de Estados Unidos y sus aliados. Y finalmente, la única vía para detener los ataques es debilitar la posición de Israel, mediante el aislamiento económico y político, y por medio del involucramiento de Naciones Unidas en el conflicto. 

La solidaridad hacia Palestina, el reconocimiento de su Estado soberano y la condena a la brutal ofensiva israelí ha sido enarbolada por dos países de la región: Brasil y Colombia, a los cuales se suman los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ambos recabaron el pronunciamiento colectivo de CELAC, en marzo; sin embargo, solo 19 de los 33 países miembros aprobaron la carta del Secretario de la ONU pidiendo la aceptación del Estado Palestino como miembro de pleno derecho.

Los países con una posición ambigua justifican su ambivalencia con el argumento de la neutralidad, aunque en el fondo guardan sus temores a incomodar al capital bancario y corporativo transnacional. Son los casos de México y Chile. La solidaridad mexicana con la causa palestina data de 1947, en 2012 votó a favor del ingreso a la ONU como Estado Observador, No Miembro. Y en 2024, si bien López Obrador respaldó a Sudáfrica en la demanda ante la CIJ, se negó a formalizar el reconocimiento del Estado palestino y a calificar la ofensiva israelí de genocidio. Por su lado, Boric en Chile habla de una neutralidad, a todas luces ficticia, porque desconoce el plan expansionista israelí. Mientras que Argentina y Paraguay se han opuesto al llamado de la Asamblea General de la ONU al cese al fuego.

La reacción desproporcionada de Israel al ataque de Hamás en octubre de 2023 motivó medidas contrastantes de los países y organizaciones regionales que revelan la fractura política que sufre la comunidad internacional. Los países llamados centrales, muy alineados con el poder hegemónico estadounidense, avalan el genocidio palestino, bajo el argumento de la defensa legítima; en tanto que la mayoría de países asiáticos y africanos y sus organizaciones regionales condenan la ocupación de Palestina y abogan por su reconomiento pleno en la ONU. En América Latina prima la polaridad, con medidas que van desde el rompimiento de relaciones diplomáticas hasta el aplauso a la arremetida israelí.

La elección del odio

Federico Finchelstein
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La elección del odio

Una de las paradojas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es que uno de los candidatos, cuyo fuerte entre los votantes es la economía, piensa que este no es el tema principal de la elección. Por primera vez, en un acto electoral, Trump dijo en voz alta lo que venía comentando a sus principales asesores, que la inmigración es el principal tema, “supera a la economía”. Pero no solo esto, Tump afirmó que “Estados Unidos es ahora un país ocupado. Pero el 5 de noviembre de 2024 será el día de la liberación en Estados Unidos”.

¿País ocupado? ¿Liberación? Estas ideas conspirativas y apocalípticas nos recuerdan a las de dictaduras latinoamericanas como la de Jorge Rafael Videla en Argentina o Augusto Pinochet en Chile. Y yendo más atrás, a discursos fascistas como los de Adolfo Hitler y Benito Mussolini.

Si Pinochet escribía un libro sobre la libertad cuando la destruía por completo en su país, demonizando y asesinando adversarios, Trump promete deportaciones masivas y una dictadura efímera para el primer día de su gobierno: “la dictadura del día 1”. Y como si fuera poco, el ex presidente afirma que los inmigrantes no deberían ser considerados personas y que contaminan el ser nacional, pues “envenenan la sangre de nuestro país”, algo que recuerda las palabras de Hitler en su libro Mein Kampf: “Todas las grandes culturas del pasado perecieron porque las razas originalmente creativas se extinguieron por envenenamiento de la sangre.”

La relación entre crimen y deshumanización, explotada por líderes como Bolsonaro en Brasil y Bukele en El Salvador, forma parte de una ideología extremista que la precede. La violencia extralegal es presentada como una solución absoluta a los problemas de la gente. Y en este marco, la economía y la desigualdad pasan a un segundo plano, mientras que la política del entendimiento y el diálogo democrático desaparece por completo.

Un discurso repetido en la región

Ya a mediados del siglo pasado, el líder político fascista brasileño Plinio Salgado, entendía que la violencia era parte de la lucha por el alma de la civilización y que salvaría a la nación de la extinción al destruir a aquellos que consideraba diferentes. En su opinión, no se podía ser imparcial en la batalla entre “el bien y el mal” y había que actuar contra «degenerados y criminales».

Para los fascistas argentinos de las primeras décadas del siglo XX, la confluencia de democracia, inmigración y socialismo creó más criminales y representó una gran amenaza a la “seguridad nacional”. El famoso escritor fascista argentino Leopoldo Lugones, afirmaba que gran parte de los inmigrantes eran “anormales” y “criminales viciosos” y que su presencia era “intolerable”.

Este vínculo entre criminales, enemigos absolutos e ideología fue fundamental para la ideología fascista. En Mein Kampf, Hitler escribió que los enemigos “no viven en este mundo como representantes del honor y la sinceridad, sino como campeones del engaño, la mentira, el robo, el saqueo y la rapiña”. Esta deshumanización de los adversarios hizo que fuera más fácil des victimizarlos. Los siguientes pasos fueron la deportación, los campos de concentración y el exterminio.

¿Pero qué pasará en Estados Unidos?

Muchos expertos se preguntan cómo haría Trump, en caso de ganar las elecciones, para cambiar el sistema político ya que la democracia estadounidense cuenta con un complejo sistema de contrapesos y trabas legales y societarias. No obstante, los planes autoritarios figuran incluso por escrito. En particular debemos recordar el Project 2025 de la Heritage Foundation, prologado por su candidato a vicepresidente, J. D. Vance. Una idea es recatalogar a una infinidad de empleados estatales como nombramientos políticos para reemplazarlos por trumpistas. Es decir, se propone la erosión de las diferencias entre las instituciones, el líder y la constitución de un Estado que estaría absolutamente sujeto a sus caprichos.

La preocupación ante una posible victoria de Trump y su relación con el fascismo, apareció recientemente en la portada de The New York Times. Incluso la candidata demócrata Kamala Harris afirma que la opción que representa Trump puede ser considerada como fascista.

Trump es “fascista hasta la médula”, dijo el general retirado Mark Milley en el nuevo libro del reconocido periodista Bob Woodward. El exjefe del Estado Mayor Conjunto agregó que Trump es “la persona más peligrosa para este país.” Los dichos de Milley confirmaron lo que muchos piensan. La política de Trump basada en el odio, las mentiras, la idealización de la violencia y la represión y las aspiraciones dictatoriales se parecen demasiado a las formas clásicas del fascismo.

Trump tiene una comprensión muy básica e intuitiva de la política y no tiene fundamentos teóricos más profundos para sus tendencias fascistas, más allá de apoyo superficial a las ideas que ya son populares entre su base de extrema derecha. Al igual que Bolsonaro, Trump ve la política de extrema derecha ante todo como una vía hacia el avance personal.

En este sentido, la negativa de Trump a aceptar el veredicto del sistema democrático tras perder las elecciones de 2020 combina sus impulsos antidemocráticos con temores personales, la misma combinación que ha marcado a los totalitarios y fascistas durante décadas. El ex y quizás futuro presidente sigue el manual de Hitler al proyectar sobre sus enemigos todos sus odios, fantasías y aspiraciones.

Estados precarios

Manuel Alcántara
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Estados precarios

A lo largo de la historia de la Humanidad un elemento constante ha sido el control del territorio por parte de un determinado grupo de individuos articulado según patrones de actuación muy diversos. En el relato más reciente y dominante asentado sobre el pensamiento de Maquiavelo y de Bodino, dos de los autores más clásicos en este ámbito, es esencial la figura del estado con el papel del ejército propio para delimitar las fronteras y para asumir el control de la violencia legítima, en los términos acuñados tres siglos más tarde por Weber. La consolidación del estado moderno se lleva a cabo bajo esa premisa a la que se unen, al menos, la capacidad de acuñar moneda y de cobrar impuestos, así como el reconocimiento por parte de otros entes similares. Sobre estos supuestos y a la par de la procelosa construcción-invención de la nación se gesta una forma política de indudable éxito hasta el presente.

Desde el inicio, la articulación entre los estados fue un asunto complejo que derivó con frecuencia en enfrentamientos bélicos a la par que se creaban mecanismos de convivencia que en algunos casos concluyeron en instancias de coordinación e incluso de cooperación. El comercio, el trasiego de personas e ideas constituyeron factores que impulsaron la evolución del orden político mundial casi nunca armonioso. La explosión demográfica y los procesos de urbanización, en consonancia con revoluciones significativas en el terreno del conocimiento, de la energía, de las comunicaciones y de la medicina, cambiaron dramáticamente la faz de la tierra a lo largo del último siglo.

Con sus peculiaridades nada de eso fue ajeno a los países de América Latina, pioneros en el mundo no solo en la configuración de sus estados sino también manteniendo una capacidad de resiliencia indudable. Así, por encima de cualquier otra consideración, es destacable su continuidad en el tiempo. Dos siglos después del comienzo de la andadura estatal las viejas cuestiones que estuvieron en los procesos fundacionales continúan vigentes.

Los países latinoamericanos en la actualidad se ven afectados por tres azotes peculiares con diferentes intensidades para cada caso que se vinculan con capacidades estatales deficitarias en clave de los principios generales señalados más arriba. Se trata, en primer lugar, de integrar una región con los índices de desigualdad más altos del planeta lo que evidencia un fracaso en las políticas de inclusión y de redistribución.

Los dos individuos latinoamericanos más ricos han aumentado su fortuna en un 70% desde el inicio de la pandemia y su riqueza es similar a la de la mitad más pobre de la región. En segundo término se encuentra el crimen organizado que provoca la peor percepción ciudadana de seguridad según el Informe Anual de Seguridad Global de Gallup. Por último, se registra la existencia de movimientos migratorios transnacionales, originados en la propia región, como consecuencia del fracaso de regímenes como el de Cuba o el de Venezuela que expulsan a millones de sus gentes al resto de la región en búsqueda de mejores condiciones de vida o suscitados por la atracción estadounidense.

Sin duda el epítome más significativo de todo ello lo constituye el caso de Haití que integra a los tres asuntos y, en segundo término, la región del Darién por su capacidad de asumir dos de los tres referidos azotes. Desde la independencia de Panamá de Colombia en 1903, ninguno de estos dos estados tomó posesión efectiva de una frontera perfectamente definida contribuyendo a un vacío estatal notorio sin puestos fronterizos que ampararan una vía de comunicación mínima.

Las razones esgrimidas a lo largo del tiempo en favor del mantenimiento de un cinturón sanitario que detuviera plagas (aftosa) o que generara un cinturón de seguridad en torno al canal de Panamá, tuvieron como contrapartida que, ante la ausencia del estado, grupos delictivos fueran allí soberanos para sus operaciones primero de contrabando y luego de santuario o de territorio de descanso de la insurgencia así como del narcotráfico. En la actualidad cientos de miles de emigrantes a pie cruzan esa frontera habiendo apenas generado una precaria respuesta de los estados afectados.

La ausencia de estado, o si se prefiere la precariedad en su capacidad a la hora de delimitar su territorio y de ejercer su soberanía de acuerdo con las obligaciones asumidas en tratados internacionales, es notoria. Hoy ese vacío en Europa, no sin críticas sonoras, empieza a ser cubierto por la creación de centros de deportación de inmigrantes en países terceros externalizando la gestión de la inmigración irregular.

En la peculiaridad latinoamericana se da alas para que las funciones no desempeñadas por los estados sean cubiertas por otros actores ya plenamente institucionalizados como lo reafirma el término mayoritariamente asumido de crimen organizado. La extensión de este en tiempos recientes a diferentes zonas de México y de Ecuador muestra las debilidades del estado incapaz de gestionar, no solo el monopolio de la violencia legítima, sino la libertad de mercado por el desarrollo de mafias que, mediante la extorsión, impiden su ejercicio. La respuesta salvadoreña equívocamente exitosa a cambio del quebranto del estado de derecho nunca puede ser tomada como la vía a seguir salvo que se asuma el fracaso del estado democrático.

El tercer agujero negro en el deteriorado desempeño de la actividad estatal se relaciona con su ineficiencia fiscal, cuyas consecuencias en las políticas enfocadas a disminuir la desigualdad tienen efectos devastadores. No solo se trata del incremento de la presión fiscal en cuanto al porcentaje que supone con relación al PIB y que puede ser siempre discutible, sino de aspectos que son soslayados con frecuencia.

La evasión fiscal en conjunción con la práctica habitual de la corrupción no se aborda y el desajuste en las prioridades de la agenda en las políticas públicas supone un incremento de la convicción de la gente de que los problemas de cada día no se confrontan. El resultado es el aumento de la desconfianza, de la pérdida de identidad política y de la opción por fórmulas no democráticas.

Como ya he señalado, el cansancio de las sociedades que viene también animado por el impacto de la revolución digital exponencial incrementa el nivel de fatiga de las democracias que se deterioran paulatinamente. El actual caso argentino es dramático. La pobreza crece afectando ya a más de la mitad de la población y la insensata opción en contra de políticas de bienestar con una reducción superior al 30% del presupuesto nacional de 2024 no avizoran nada positivo por el brutal incremento de la desigualdad que todo ello acarrea.

Qué es el ‘síndrome del bosque vacío’ y por qué nos debe preocupar

Inty Arcos
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Qué es el ‘síndrome del bosque vacío’ y por qué nos debe preocupar

La pérdida de diversidad de fauna y flora y la fragmentación de los ecosistemas han desencadenado el fenómeno conocido como síndrome del bosque vacío o bosque silencioso. Se refiere a los bosques que en apariencia parecen intactos pero que, sin embargo, han perdido gran parte de su fauna, lo que afecta a procesos ecológicos como la polinización y la dispersión de semillas, vitales para su supervivencia. Esta pérdida de biodiversidad es un fenómeno extendido en América Latina y el mundo, y en la actualidad sigue avanzando, en gran medida, debido a la expansión de la industria detrás de las “energías renovables”.

El artículo Evidencia de una crisis de dispersión de semillas en Europa, publicado recientemente por la revista científica Science, afirma que, si los animales frugívoros desaparecen, el colapso de los bosques sería inevitable, ya que más del 85 % de las especies de árboles en las selvas tropicales dependen de ellos para dispersar sus semillas. En nuestra región, investigaciones como Estudio del síndrome de bosque vacío, de Iván Bladimir Morillo, demuestran que en regiones de América Latina como el Chocó Andino ―bosque nublados en el noroccidente del Ecuador― más del 90 % de los vertebrados medianos y grandes han desaparecido. Y en toda América Latina hasta el 88 % de los bosques tropicales enfrentan la amenaza de defaunación, lo que tiene efectos colaterales no solo en las comunidades humanas que dependen de la fauna para su subsistencia, sino también en la capacidad de los bosques para almacenar metano y carbono y mantener su integridad ecológica.

El exterminio de la fauna ha sido provocado por el reemplazo de bosques por pasturas para la ganadería, la apertura de vías sin tomar en cuenta la conectividad ecosistémica, la caza y la expansión urbana. Pero sobre todo por la deforestación para la expansión de cultivos como maíz, soja y otros necesarios para la producción de biocombustibles, la construcción de represas hidroeléctricas, los incendios forestales y la explotación de minerales requeridos para el cambio de matriz energética del Norte Global. 

Frenar el cambio climático a costa de la biodiversidad

La fragmentación y desertificación de los bosques es un proceso iniciado hace décadas, mucho antes de la aparición de las energías renovables, y es consecuencia de un modelo extractivista y el mal llamado desarrollo. La minería y los monocultivos han ido aislando las áreas naturales, creando islas de bosques, o cauces de ríos aislados, incapaces de sostener poblaciones saludables de fauna y flora. Además, infraestructuras como carreteras, urbanizaciones e hidroeléctricas subdividen ecosistemas, lo que bloquea el flujo de especies y fragmenta los hábitats.

Pero, en los últimos años, la minería en los bosques y selvas de la región ha pasado de ser una actividad artesanal de bajo impacto a convertirse en una industria de escala, mientras que los monocultivos para la producción de biocombustibles se expanden sin control. Esta actividad no solo destruye grandes extensiones de bosque, sino que también fragmenta ecosistemas y contamina ríos con mercurio, ácido sulfúrico y otros químicos tóxicos, lo que afecta gravemente a la biodiversidad y las comunidades locales que dependen de estos recursos.

En este contexto, el concepto de “energías limpias”, aunque se presenta como una solución al cambio climático, no resuelve los problemas subyacentes de la explotación de los bienes comunes del planeta, mal llamados “recursos naturales”. Las energías renovables mantienen una lógica extractivista y siguen afectando a nuevas zonas. 

Según la organización MiningWatch Canada, el auge de la demanda de cobre podría incrementarse entre un 200 % y 300 % para 2050, impulsado principalmente por la electrificación de vehículos y energías renovables. Y gran parte de las reservas de cobre no explotadas se encuentran en regiones de alta biodiversidad, como los bosques tropicales de la Amazonía y del Chocó. 

¿Qué se está haciendo?

Las consecuencias del síndrome del bosque vacío han sido hasta ahora poco investigadas. No obstante, en respuesta a esta crisis, han emergido diversas iniciativas regenerativas, que pueden ser alternativas para conectar los ecosistemas. Por ejemplo, la permacultura y la agricultura sintrópica buscan, junto con otras estrategias, no solo la sostenibilidad, sino la regeneración integral de los ecosistemas degradados. Estas propuestas apuntan a restaurar la biodiversidad y las funciones ecológicas perdidas, promoviendo un equilibrio más armónico entre las actividades humanas y la naturaleza.

La agricultura sintrópica, desarrollada por Ernst Götsch en Brasil en la década de 1980, es un sistema agrícola regenerativo que imita los procesos naturales de la sucesión ecológica para restaurar suelos degradados y aumentar la biodiversidad. Este método que promueve la fertilidad del suelo y mejora la biodiversidad está siendo replicado en diversas regiones de Brasil y América Latina como una alternativa regenerativa a la agricultura tradicional.

La permacultura, como se conoce el sistema de cultivos sostenible que busca armonizar la producción de alimentos y el entorno, imitando los patrones de la naturaleza, ha sido adoptada en varias regiones para restaurar tierras degradadas por la minería y los monocultivos. En Colombia, la Fundación Permacultura Colombia ha regenerado más de 100 hectáreas en Antioquia afectadas por la minería de oro, y en Brasil el Instituto de Permacultura y Ecovillas del Cerrado recuperó más de 50 hectáreas en Goiás tras años de monocultivo de soja.

Otra manera de combatir esta problemática es la resistencia comunitaria. En la Amazonía, pueblos indígenas han establecido territorios autónomos para conservar sus recursos naturales, como Pueblo de Sarayaku, conocidos por su firme resistencia frente a la explotación petrolera, y en Ecuador los colectivos ciudadanos Quito sin Minería y Yasunidos han promovido y ganado sendas consultas populares que plantean un nuevo paradigma social y económico basado en los derechos de la naturaleza.

Pero una de las respuestas más efectivas al extractivismo ha sido la gobernanza local. A través de acuerdos voluntarios de conservación, las comunidades han liderado iniciativas que protegen los corredores biológicos esenciales para la fauna, basados en procesos democráticos a nivel local y nacional.

Conclusiones

Ante esta crisis ambiental y civilizatoria, es necesario ir más allá de acciones que busquen revertir el daño. Se debe replantear el concepto de energías limpias y cuestionar la lógica del extractivismo verde, que, bajo la promesa de soluciones tecnológicas para mitigar el cambio climático, sigue explotando los recursos del planeta. Es necesario un cambio de paradigma que deconstruya la lógica extractivista y abrace una visión regenerativa de la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

El síndrome del bosque vacío es un recordatorio de que los ecosistemas no son solo recursos a explotar, sino sistemas vivos que requieren cuidado y respeto. Las soluciones a la crisis ambiental deben basarse en el decrecimiento, la desaceleración, la restauración de los ecosistemas, la regeneración de la biodiversidad, la revalorización de la vida y la defensa de los derechos de la naturaleza.

En lugar de promover energías limpias que no son ambientalmente sostenibles ni socialmente justas para las comunidades, y que perpetúan la explotación, debemos invertir en modelos regenerativos que respeten los ciclos naturales y promuevan la justicia ecológica y la paz, que actualmente es un bien escaso en la humanidad.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

El culto a la fecundidad y sus implicaciones en la autonomía de las mujeres

Susana Reina
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El culto a la fecundidad y sus implicaciones en la autonomía de las mujeres

A parir, las mujeres a parir… Queremos más bebés…Que se ponga de moda tener mucha descendencia…Estamos a favor de la familia para que crezca la Patria… Necesitamos familias más numerosas…son expresiones que reflejan una suerte de culto a la fecundidad pronunciadas recientemente en discursos de jefes de Estado.

El culto a la fecundidad, un fenómeno que estuvo presente en diversas culturas a lo largo de la historia, se centraba en la veneración de la fertilidad como un principio vital a través de rituales y prácticas que celebraban la abundancia de la tierra, los animales y los seres humanos. Este enfoque pareciera tener raíces en la necesidad de garantizar la supervivencia de las comunidades, donde el aumento de la población se asocia con la prosperidad y continuidad cultural.

¿Es posible hoy hablar de un culto a la fecundidad moderno? Varios factores se conjugan para configurar el renacimiento de una cultura a favor del estímulo a la natalidad que, aunque puedan ofrecer ciertos beneficios cuando van aparejadas de apoyo económico a las familias, también plantean serias preocupaciones sobre la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Las razones detrás del culto

En muchas sociedades contemporáneas, la fertilidad y la maternidad son a menudo idealizadas en la cultura popular, la publicidad y las redes sociales. En no pocos mensajes e imágenes se observa una glorificación de la figura de la madre, que muestran experiencias de maternidad idealizadas, generando presión social para que las mujeres se conviertan en madres y cumplan con estándares heteropatriarcales de la reproducción como misión vital.

Adicionalmente, algunos líderes políticos han adoptado un enfoque explícito centrado en el mensaje que impulsa a las mujeres a parir como imperativo social y cultural. Este fenómeno ha resurgido en el contexto contemporáneo a través de políticas promovidas por políticos como Marine Le Pen en Francia, Viktor Orbán en Hungría, Xi Jinping en China, Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump en USA y Putin en Rusia, entre otros. La manera en que se presentan estas políticas está influenciada por narrativas que favorecen ciertos grupos o ideologías, sin considerar los derechos y deseos individuales de las mujeres.

Las explicaciones que sustentan el renacer de estas políticas son variadas. En primer lugar, la preocupación por el envejecimiento poblacional ha llevado a algunos gobiernos a ver el aumento de la natalidad como una solución demográfica y económica.

La tasa de fecundidad (número promedio de hijos por mujer) ha disminuido en las últimas décadas a nivel mundial. Este descenso se ha observado en muchas regiones, especialmente en países en desarrollo. Factores como el acceso a métodos anticonceptivos, la educación de las mujeres, la urbanización y cambios en las expectativas sociales han contribuido con esta tendencia.

A nivel global, la tasa global de fecundidad (TGF) ha caído por debajo de los niveles de reemplazo, que es de aproximadamente 2.1 hijos por mujer y se prevé que continúe disminuyendo en el futuro. Estimaciones y proyecciones de la CEPAL y la División de Población de las Naciones Unidas confirman un crecimiento cada vez menor de la población de la región latinoamericana, a consecuencia de la disminución de la fecundidad. La TGF de América Latina y el Caribe en 2022 se estima en 1,85 nacidos vivos por mujer, cifra que está por debajo del nivel de reemplazo desde 2015. La proyección indica que ésta seguirá bajando y llegará a 1,68 nacidos vivos por mujer en 2100.

A medida que las tasas de fecundidad disminuyen, la proporción de personas mayores en la población aumenta. Esto puede generar desafíos económicos, como una menor fuerza laboral y mayores gastos en salud y pensiones. Por lo tanto, algunos gobiernos ven el aumento de la natalidad como una solución para mantener una economía dinámica.

La maternidad como destino

Además de los elementos demográficos, otros motivos que apalancan el culto a la fertilidad lo constituyen la emergencia de muchos movimientos conservadores que promueven la idea de que la maternidad es el principal rol que debe ejercer la mujer, a menudo en línea con valores tradicionales que defienden el principio de la familia como célula fundamental de la sociedad.

«¡A parir pues, a parir! ¡Todas las mujeres a tener seis hijos! ¡Todas! ¡Que crezca la patria!», exclamó el presidente venezolano Nicolás Maduro en un evento sobre un plan de asistencia a embarazadas. «La mujer fue hecha para parir», aseguró el presidente en 2020, aun cuando Venezuela está sumida en una grave crisis económica desde hace años y el grupo de mujeres en estado de gravidez, en particular, es uno de los más vulnerables, como pudo denunciar la ONG Cáritas al revelar que 48% de las embarazadas evaluadas en seis estados del país tenían desnutrición aguda.

Este es un claro ejemplo de retórica política que usa la maternidad como símbolo de patriotismo o devoción a la comunidad, vinculando la fecundidad con responsabilidad cívica. Pero la intención de estas declaraciones es reforzar el papel de la mujer centrado en la maternidad y el cuidado del hogar. Estimular la fecundidad es parte de una agenda más amplia que se usa para afianzar estereotipos de género.

Más soldados y más bebés

Otra razón que promueve este neo culto, tiene que ver con la guerra. En días pasados, Vladimir Putin desde el Kremlin, decretó el aumento de la natalidad como una prioridad nacional. Analistas políticos unen ese propósito con el agresivo reclutamiento de soldados para cubrir las casi 1000 bajas al día registradas en el enfrentamiento contra Ucrania, que parece alargarse en el tiempo: “Es necesario cuidar a la población, aumentar la tasa de fertilidad”, dijo Putin “poner de moda tener muchos hijos, como ocurría en Rusia en el pasado: siete, nueve, diez personas en las familias”.

En mayo de este año, Putin declaró que uno de los objetivos clave del gobierno era el aumento de la tasa total de fecundidad de Rusia estableciendo como metas 1,6 en 2030 y 1,8 en 2036. En 2023 la tasa fue de 1,41 en Rusia, frente al 1,62 de Estados Unidos. Para ello, está recurriendo a las recompensas económicas para incentivar los nacimientos: las mujeres rusas que tienen su primer hijo reciben un pago único de 6700 dólares.

Implicaciones para las mujeres

Sin duda alguna, estas políticas pueden tener efectos adversos en las mujeres. La presión para ser madres limita sus opciones de vida y puede llevar a la estigmatización de aquellas que eligen no tener hijos. Esta presión crea un entorno donde las decisiones reproductivas se ven influenciadas por expectativas sociales y políticas, generando ansiedad y conflictos internos, especialmente en contextos donde la maternidad se valora como un deber o un objetivo primordial.

Además, la carga de las responsabilidades familiares a menudo recae desproporcionadamente sobre ellas, perpetuando roles de género tradicionales y desigualdades en el ámbito laboral y personal. En este sistema las mujeres son vistas principalmente como reproductoras y cuidadoras, lo que limita su participación en otros ámbitos, como el laboral y el político.

La promoción de la fecundidad obviamente entra en conflicto con el derecho al aborto creando una dicotomía que limita la autonomía de las mujeres. En contextos donde se enfatiza la maternidad como un imperativo social, el aborto es visto como una elección negativa, castigando y criminalizando esta práctica. Las posturas pro-fecundidad de líderes políticos y religiosos que abogan por la defensa de la vida desde la concepción, a menudo refuerzan esta tensión.

Aunque algunas políticas pueden ofrecer recursos a las madres, la falta de un sistema de cuidados y la poca implicación de los padres, la escuela y la comunidad hace que estas medidas sean insuficientes y cargadas de inequidades. La maternidad, en este culto a la fecundidad, es instrumentalizada como una herramienta para promover agendas políticas, lo que despoja a las mujeres de la posibilidad de ver la posibilidad de tener hijos como una elección personal. Esto no es nada nuevo. Históricamente las decisiones sobre la reproducción y la familia han sido dominadas por normas patriarcales, instrumentalizando la maternidad como un valor bajo control masculino. Se trata finalmente de un asunto de poder.

Libre elección

Las feministas hemos alertado que la insistencia en la maternidad como un deber restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, perpetúa roles de género tradicionales y condena a quienes eligen no ser madres, sobre todo porque las políticas pro-fecundidad no toman en cuenta las realidades económicas que enfrentan muchas mujeres, como el costo de la crianza de los hijos y la falta de apoyo en el lugar de trabajo. Es fundamental que las políticas de salud reproductiva se diseñen de manera integral, considerando todas las opciones y derechos de las mujeres.

Las y los líderes políticos deben adoptar un enfoque más equitativo, menos manipulador y más respetuoso hacia la reproducción y la maternidad, que reconozcan y valoren las elecciones de las mujeres sin imponerles roles tradicionales ni limitaciones a su autonomía política. En última instancia, la verdadera liberación de las mujeres implica garantizar su capacidad para tomar decisiones informadas y libres sobre sus vidas y su papel en la sociedad.

Mujeres independientes: ¿la nueva apuesta del electorado en Chile?

Paulina Valenzuela   |   Joao Acharán
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Mujeres independientes: ¿la nueva apuesta del electorado en Chile?

En un giro interesante en el escenario electoral ante los próximos comicios municipales en Chile, las candidatas mujeres independientes parecen estar ganando terreno frente a los perfiles tradicionales, incluso si no residen en las comunas que buscan representar. Un reciente estudio de Datavoz (GPS Ciudadano) revela que los votantes tienden a inclinarse por candidatas que escapan de la maquinaria partidista y que, además, no les preocupa tanto su arraigo territorial.

Este hallazgo desafía la noción de que la cercanía geográfica es clave en la elección de autoridades locales. Tradicionalmente, se ha creído que los electores prefieren candidatos locales, con vínculos territoriales y un conocimiento cercano de las problemáticas de la comuna. Sin embargo, los resultados del análisis de Datavoz sugieren que los votantes están reevaluando sus prioridades, dando más importancia a la independencia y las características personales de las candidatas que a su lugar de residencia.

Las candidatas han sabido aprovechar este contexto. Su imagen, asociada a valores como la honestidad, el trabajo duro y una menor vinculación con los vicios de la política tradicional, está resonando con fuerza en un electorado cada vez más desencantado con los partidos políticos. En este contexto, la independencia partidaria ha emergido como un atributo que otorga confianza en un sistema político percibido por muchos ciudadanos como opaco y alejado de sus verdaderos intereses.

El estudio destaca un dato revelador: las candidatas que no viven en la comuna por la que se postulan no solo no son castigadas, sino que incluso son preferidas. Esto sugiere un cambio significativo en la manera en que los electores comprenden la representación local. La conectividad digital, la visibilidad mediática y una mayor conciencia sobre los problemas nacionales y locales han llevado a los ciudadanos a valorar otros aspectos como la capacidad de gestión, la trayectoria y las propuestas, más allá de si la elegida es vecina de la comuna.

Otro punto relevante que emerge del estudio es la preferencia por candidatas sin afiliación política y menores de 45 años, además de que los votantes parecen inclinarse por aquellas que no tienen experiencia previa en cargos como alcaldesas o concejalas. Este aspecto refuerza la demanda por renovación y liderazgo joven, ajeno a las estructuras políticas tradicionales. Aunque hay sectores menos interesados en la política que valoran la experiencia local, en términos generales el apoyo a mujeres independientes refleja la búsqueda de un cambio profundo en el liderazgo municipal.

Este fenómeno invita a una reflexión más profunda sobre el estado de la democracia local en Chile. Las elecciones municipales, que históricamente se han percibido como menos politizadas que las nacionales, están comenzando a reflejar tendencias que podrían anticipar un cambio más amplio en la política chilena. La preferencia por candidatas independientes y no locales podría ser una señal de que los electores buscan nuevos liderazgos que rompan con las antiguas estructuras, priorizando la innovación y la frescura por sobre el legado y la tradición.

Es interesante notar que este fenómeno no es exclusivo de Chile. En varios países de América Latina se están observando tendencias similares. Los electores en la región están optando cada vez más por candidatas jóvenes e independientes, desencantados con los partidos tradicionales y las dinámicas políticas establecidas. Al igual que en Chile, el uso de plataformas digitales y la mayor conciencia sobre los problemas locales y nacionales han permitido que candidatas sin presencia física constante en los territorios logren conectar con los votantes a través de propuestas frescas y comprometidas.

En toda la región se está gestando una demanda por liderazgos que rompan con las viejas estructuras y que propongan soluciones nuevas y cercanas a la ciudadanía. Esta tendencia podría consolidarse en América Latina, donde los votantes buscan una renovación política que resuene no solo a nivel local, sino también regional, marcando un cambio más profundo en la política latinoamericana.

Resta ver si este respaldo a las mujeres independientes que no residen en las comunas donde compiten en Chile se consolidará como una tendencia a largo plazo, o si es simplemente una respuesta al clima político actual. En cualquier caso, el mensaje del electorado es claro: están abiertos a nuevas opciones, con la esperanza de que estas elecciones traigan consigo los cambios profundos que las comunidades esperan.

La pesca china amenaza la soberanía marítima de Perú

Paolo Benza
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La pesca china amenaza la soberanía marítima de Perú

La pota (calamar gigante) era antes un recurso marino abundante y una fuente barata de proteínas en Perú. La historia es larga, pero fácil de entender. Hasta el cierre del año pasado, Perú era el país que desembarcaba la mayor cantidad de ese recurso en todo el mundo. Por detrás, sin embargo, venía China. ¿Dónde pescan los chinos? Principalmente frente a las costas de América del Sur.

Lo que pasa ahora mismo en Perú debería prenderle una alarma al resto del continente. La armada peruana se ha puesto oficialmente a los pies de los intereses comerciales de China. En vez de proteger los recursos marinos de su país, decidió alinearse con la embajada del régimen comunista para librar de toda culpa a sus barcos, conocidos mundialmente por depredar los océanos sin mayor resquemor.

Testimonios de los pescadores

Antiguos pescadores peruanos cuentan que hace 20 años la flota que llegaba a sacar pota era, más bien, la coreana. La modalidad era muy parecida a la que se observa ahora.

Las imágenes satelitales muestran un manchón perenne de naves extranjeras posicionadas al borde de las 200 millas marítimas que corresponden al Perú. Una zona que hace frontera con aguas internacionales. En teoría, pescan justo fuera del límite, pero todos los hombres de mar saben que no es así.

Hoy se apilan las denuncias de los pescadores peruanos contra barcos chinos por entrar a las 200 millas, prender sus luces de pesca y tirar sus líneas poteras para llevarse el calamar. Es una actividad absolutamente ilegal. Según estas fuentes, los coreanos eran “bebés de pecho” al costado de la flota china. Su operación era pequeña comparada con la del país comunista y la cantidad de pota que sacaban no alteraba la pesca local.

Pero la cosa ha cambiado. Hoy China sí está dejando sin pota al Perú. El kilo de ese producto, que antes costaba cuatro soles, en los últimos meses ha llegado a superar los 24 soles. Significa un golpe a las familias más pobres, porque la pota era una fuente de proteína barata en la mesa peruana. Pero ya casi nadie puede pagarla. Sale más cara que el pollo.

Y todo es por escasez. Desde hace meses que no se encuentra en los mercados. En redes sociales abundan los videos de pescadores quejándose porque se han visto obligados a recolectar conchas de abanico para sobrevivir, ya que no hay pota para pescar. Los han dejado sin trabajo.

Por las aguas latinoamericanas

Expertos del Calamasur están muy preocupados por la supervivencia del recurso en este lado del continente. Es el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante en el Pacífico Sur, que componen pescadores de Chile, Ecuador, México y Perú. Pero ojo: los barcos chinos no solo operan en el Pacífico. Cuando la temporada acaba aquí, se dan la vuelta por el Estrecho de Magallanes hasta la otra cara de América. Y allí pescan frente a las aguas de Argentina y Uruguay.

De hecho, una investigación publicada en La Contra, ubicó que el barco Hong Pu 16 había sido detectado por la armada argentina pescando ilegalmente en sus aguas antes de entrar en los astilleros de la marina peruana, según consta en el registro del portal de periodistas marítimos, The Outlaw Ocean Project. Allí, lo intervinieron y se lo llevaron escoltado al puerto de Bahía Blanca.

A los pies de China

Mediante rastreo de imágenes satelitales, la investigación ubica el ingreso de al menos una decena de barcos chinos a los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA). Es la empresa pública que se encarga de dar mantenimiento a los barcos. Las naves chinas que recibe, que pagan muy bien, son parte de la flota que saca pota ilegalmente de aguas peruanas.

La armada peruana no solo es incapaz de vigilar sus 200 millas de las incursiones extranjeras. También le da servicios de mantenimiento a los barcos que componen la flota china. Y ha decidido defender sus intereses, tanto ante el Congreso de la República como ante la opinión pública. A inicios de septiembre, representantes de la Marina fueron al Congreso en Perú a pedir que no se aprueben mayores exigencias a los barcos chinos. Dijeron que más exigencias podían ser consideradas como “barreras burocráticas”.

A mediados de septiembre, el director de la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina, Rodolfo Sablich, viajó a China para firmar un memorándum de amistad con la guardia costera de China. Las relaciones entre la armada peruana y el partido comunista parecen ir viento en popa. Tanto es así que, ante el escándalo nacional que desató el aumento de los precios de la pota y la asociación con la flota china, la Marina aseguró públicamente que ningún barco chino pesca ilegalmente en aguas peruanas.

El 1 de octubre, el embajador de China en Perú dio una entrevista —una de las pocas que ha dado—al diario Gestión y aseguró exactamente lo mismo: que no hay pesca ilegal de la flota de su país y que lo que denuncian los pescadores es producto de su imaginación. Casi como si se hubiera coordinado una respuesta conjunta de dos socios comerciales. ¿Acaso se guardan las espaldas?

Discurso oficial

Ambos —la Marina y la Embajada de China— alegan lo mismo: que la escasez de pota se debe solo al Fenómeno El Niño. El Niño de este año ha sido mucho más débil que el de años anteriores. Y, además, los pescadores se preguntan por qué estaría afectando solo la pesca de pota, cuando otros recursos estratégicos —como la anchoveta— están registrando cifras saludables de desembarco.

Además, la investigación de La Contra exhibe una lista larga de irregularidades detectadas en la flota china que opera frente a las costas del Perú. Por ejemplo, que los barcos apagan sus radares anticolisión justo cuando están al borde de las 200 millas. También, cuando salen de los puertos peruanos, se les observa avanzando a menos de dos nudos, lo que se conoce en todo el mundo como velocidad de pesca. ¿Por qué en Argentina sí se descubre la pesca ilegal china y en Perú no? ¿Es que justo aquí decidieron respetar las normas de navegación?

Pese a que hay indicios fuertes de que la flota china es responsable de la ilegal depredación del recurso, la armada peruana ha decidido defenderla. Sus barcos le pagan cuantiosas sumas por mantenimiento todos los años. Mientras, los pescadores locales exigen que alguien los defienda.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

La izquierda uruguaya corre con ventaja, pero la historia le juega en contra

Orestes E. Díaz Rodríguez
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La izquierda uruguaya corre con ventaja, pero la historia le juega en contra

Luego de su derrota en 2019, el Frente Amplio no desfalleció y mucho menos se cruzó de brazos. Al contrario, aprovechó el retorno a la condición de principal partido de oposición para trabajar en mantener la unidad, encarar el recambio generacional de su liderazgo, exhibir músculo en el referéndum derogatorio de la Ley de Urgente Consideración aprobada en 2020 y fortalecer sus vínculos con las bases.

El mejor indicador de que semejante esfuerzo pareció rendir frutos es que el Frente Amplio encabeza la intención de voto en las encuestas rumbo a las elecciones generales del próximo domingo y también al balotaje. Sin embargo, ciertas variables, que no suelen recibir la importancia que ciertamente merecen, le juegan en contra en su carrera por alcanzar la presidencia.

La popularidad presidencial

En los últimos 42 años, un total de 37 mandatarios de 14 países de la región, cuyas elecciones tuvieron lugar en un entorno libre y transparente, arribaron a los meses previos al inicio de la campaña electoral con una aprobación positiva. En 29 casos (78%) se produjo una transferencia decisiva de la popularidad del ejecutivo al candidato presidencial oficialista que se tradujo en votos. 

En América Latina, la aprobación positiva del ejecutivo tiende a anticipar de manera razonablemente consistente la continuidad en el poder del oficialismo. Esto sin importar que el candidato presidencial oficialista no sea el propio presidente de turno, que el proceso electoral se desarrolle en dos vueltas o que la contienda se dirima entre coaliciones electorales.

De hecho, la tasa de asociación entre aprobación presidencial y el resultado electoral del oficialismo en Uruguay en las siete elecciones presidenciales celebradas entre 1989 y 2019 es de 85,71%, lo que ubica a Uruguay entre las de mayor consistencia en la región. Sin embargo, en las dos ocasiones en que los presidentes llegaron bien evaluados, Tabaré Vázquez (2005/2010) y José Mujica (2010/2015), hubo continuidad en el siguiente Gobierno.

En el caso de la campaña actual, la percepción ciudadana del desempeño del presidente de centroderecha Luis Lacalle Pou ha sido positiva a lo largo del mandato. Ciertamente, en el segundo semestre de 2022 la aprobación presidencial cayó hasta el 39% asociado con el impacto del “caso Astesiano”, un importante caso de corrupción que afectó al entorno más cercano del presidente, pero a inicios de 2023 la aceptación retomó la senda positiva. Pero lo realmente relevante es que antes del inicio de la campaña electoral la aprobación de la gestión presidencial era de 49%, superando con creces el número de quienes la desaprobaban (32%). 

Las excepciones al caso

Aunque el apoyo a un presidente marca la tendencia de lo que sucede en las siguientes elecciones, existen excepciones. En las elecciones presidenciales de 2009 celebradas en Chile, el candidato de la coalición gobernante Eduardo Frei llegó a la campaña arropado por la alta aprobación de la mandataria Michelle Bachelet (78%). Sin embargo, el candidato de la izquierda resultó derrotado. 

Más recientemente, en las elecciones presidenciales de 2020 en República Dominicana, el candidato presidencial del gobernante partido de la Liberación Dominicano, Gonzalo Castillo, también contendió impulsado por la alta aprobación del presidente de turno, Danilo Medina (56%). Sin embargo, este también fue derrotado. 

Estos ejemplos nos hacen preguntar por qué en unos casos la popularidad presidencial importa y en otros no. La respuesta arrojada por las investigaciones comparativas es que, sin importar que tan alto sea el nivel de aprobación del ejecutivo, la transferencia de la popularidad y su materialización en votos para el candidato presidencial del partido en el gobierno tiende a anularse si el oficialismo encara la contienda electoral dividido. Por lo tanto, una combinación entre aprobación presidencial positiva y cohesión del partido o coalición gubernamental es quien mejor tiende a anunciar la continuidad en el poder del oficialismo en las democracias de la región.

La unidad de la coalición de gobierno

Como regla, ningún evento es más capaz de poner a prueba la unidad del partido gobernante que el proceso de selección interna del candidato presidencial. El partido nacional sorteó exitosamente ese escollo. Su candidato presidencial Álvaro Delgado se impuso en las elecciones primarias del 30 de junio con un contundente 74% ante Laura Raffo, quien de inmediato se pronunció a favor de la cohesión interna de la organización. 

Para esa fecha, el presidente Lacalle Pou había vencido el principal reto que se le presentó durante su administración: conservar unida a la Coalición Republicana, una coalición integrada por partidos de centro derecha, derecha y partidos menores, a lo largo de los cinco años de gobierno. 

Durante el período no faltaron situaciones de extrema tensión como cuando el presidente solicitó la renuncia de la ministra Irene Moreira, perteneciente a Cabildo Abierto, unos de los partidos integrantes de la coalición. Pero finalmente este percance, ni otros, causaron mayores daños a la coalición que llegó fortalecida a la campaña electoral.

Por último, diversas investigaciones coinciden en que el desempeño económico de los gobiernos también influye positivamente en favor del continuismo. Pues bien, los reportes indican que la economía uruguaya tuvo un crecimiento del 3,8% en el segundo trimestre de 2024, en los decisivos meses que anteceden a la celebración de las elecciones. Como resultado, la variable económica también ha terminado por alinearse a favor de un eventual triunfo de la coalición de centroderecha uruguaya.

Por lo tanto, si bien la izquierda uruguaya y su flamante candidato presidencial Yamandú Orsi están bien perfilados para llegar al poder según las encuestas, no deben subestimar estas variables que han demostrado una tozudez más que razonable para anticipar el desenlace electoral en las democracias de la región y que esta vez no le están jugando precisamente a su favor.

¿Tiene razones Petro para temer un golpe de Estado?

José Manuel Rivas Otero
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¿Tiene razones Petro para temer un golpe de Estado?

El gobierno de Gustavo Petro no pasa por su mejor momento. El pasado 8 de octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió iniciar una investigación y presentar cargos contra el presidente por supuestas irregularidades durante su campaña de 2022. El órgano de control acusa a su candidatura de haber excedido los límites legales de gasto y de recurrir a fuentes de financiación no permitidas. Petro reaccionó al anuncio alertando del inicio de un golpe de Estado contra su gobierno y convocó a sus seguidores a manifestarse el próximo 23 de octubre para defenderlo. El ejecutivo alega que el CNE no puede investigar al presidente y que se trata de una maniobra política dirigida por algunos “personajes nefastos” que actualmente integran este órgano.

El proceso abierto por el CNE tiene naturaleza administrativa y si se probara que hubo irregularidades la sanción sería una multa. Este órgano no tiene potestad para destituir al presidente y por el momento no se ha abierto ninguna investigación penal en la Corte Suprema, la cual exigiría la autorización previa del Congreso. Entonces, ¿por qué Petro denuncia un posible golpe?

Según la oposición, su reacción es una “cortina de humo” que tratar desviar la atención sobre la financiación de su campaña y la mala gestión del gobierno durante estos dos años. Sin embargo, el presidente colombiano sí tiene motivos suficientes para temer, no tanto un golpe militar a la antigua usanza, sino una interrupción presidencial o un golpe blando que lo aparte del gobierno. Cuando digo golpe blando me refiero al derrocamiento de un gobierno vigente por elementos del propio Estado sin recurrir a la coacción o la violencia militar, sino haciendo una interpretación forzada de las normas constitucionales y tras aplicar una estrategia de desgaste y deslegitimación contra el gobierno con apoyo de poderes no democráticos como el judicial, el económico y el mediático.

La Constitución de 1991 establece que el presidente sólo puede ser destituido o suspendido por un juicio político ante el Congreso. En este procedimiento, la Cámara de Representantes ejerce la acusación y al Senado le corresponde admitirla o no y decidir sobre la continuidad o destitución del funcionario público electo. Al igual que ocurre en otros países latinoamericanos, en Colombia la acusación no se restringe a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, sino también contempla la “indignidad por mala conducta”, una causa lo suficientemente ambigua para servir de base en un eventual juicio político por financiación irregular contra el presidente. Si bien durante los primeros meses de su periodo Petro contó con el respaldo de la mayoría de diputados en ambas cámaras, a lo largo de 2023 perdió buena parte de este apoyo. De ahí, las dificultades que está teniendo para sacar adelante su programa.

Además de contar con un Congreso hostil, hay otras razones para pensar que la posibilidad de una interrupción presidencial o incluso un golpe blando no es una simple “cortina de humo”, sino un riesgo plausible. Por un lado, la investigación abierta contra Petro, con independencia de la veracidad de los hechos por los que se le acusa, dista mucho de ser imparcial debido a la composición del ente electoral.

La politización del CNE y de otros organismos de control es un problema que arrastra el país de tiempo atrás, pero eso no resta gravedad al asunto. En la actualidad, el órgano está presidido por César Lorduy, excongresista de la oposición, acusado de feminicidio en 1979 y cuyo proceso no terminó en condena, sino que prescribió. Asimismo, la investigación contra Petro fue iniciada por el magistrado Álvaro Prada, exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático (partido del expresidente Uribe), investigado por la Corte Suprema por un delito de soborno de testigos.

La imparcialidad del órgano electoral también queda en entredicho por el hecho de que es la primera vez, desde su creación en 1991, que inicia una investigación contra un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, a pesar de que algunos de sus predecesores, como Ernesto Samper o Iván Duque, también fueron investigados por financiación irregular durante sus campañas.

Otro motivo para sospechar de una interrupción de mandato o golpe blando contra el presidente son los precedentes tanto en Colombia como en la región. Ya durante su etapa como alcalde de Bogotá en 2013, Petro fue destituido de su cargo e inhabilitado para aspirar a cargos públicos por un período de 15 años por la Procuraduría, un órgano de control con capacidad de sanción administrativa que en ese momento estaba bajo el mando de Alejandro Ordóñez, un político ultraconservador enfrentado al entonces alcalde.

Una situación, por ende, con cierto parecido a la actual, pero con dos diferencias sustanciales: la Procuraduría, a diferencia del CNE, sí tiene potestad legal para destituir del cargo al alcalde y no era la primera vez que removía a un alcalde electo. En esa ocasión, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó al presidente Juan Manuel Santos restituir en su cargo a Petro después de que un ciudadano interpusiera una tutela contra la decisión de la Procuraduría.

En julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Colombia por violar los derechos políticos de Petro, alegando que las normas colombianas que facultan a entidades administrativas a imponer sanciones de este tipo a funcionarios electos democráticamente constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Después de que este año se hayan renovado todos los órganos de control con el apoyo de una mayoría transversal en el Congreso, el CNE es el único de todos ellos que puede jugar un papel similar al que tuvo la Procuraduría en 2013.

En América Latina también ha habido varios casos de interrupciones de mandato no violentas y golpes blandos a presidentes, dando pie a que algunos gobiernos y fuerzas políticas de izquierda comenzaron a hablar de lawfare, pero el caso colombiano no encaja bien con este término ya que la oposición a Petro no ha hecho un uso instrumentalizado de la Justicia para atacarlo, sino de los órganos de control.

Por ello, y pese a que las altas Cortes han frenado algunas disposiciones legislativas iniciadas por el gobierno, la semana pasada Petro se equivocó al calificar como traumáticas las relaciones entre la justicia y el ejecutivo porque más que un adversario, la rama judicial podría ser un aliado, como ya lo fue en el pasado, frente a la hostilidad del Congreso y el CNE.

En definitiva, es razonable pensar, como hace Petro, que la investigación por financiación irregular de la campaña podría ser el inicio de una maniobra de la oposición para destituirle: ha perdido el apoyo del Congreso, está siendo investigado por un órgano muy sesgado que nunca se había dirigido contra un presidente en ejercicio y existen precedentes de interrupciones de mandato y golpes blandos tanto en Colombia, contra el propio Petro, como en la región.

No obstante, la estrategia de victimizarse y movilizar a sus simpatizantes en las calles no es la forma más idónea de reaccionar siendo presidente. Esta respuesta defensiva tenía sentido en 2013, cuando fue removido de la Alcaldía de Bogotá, pero en este momento, con una investigación administrativa que no amenaza formalmente su continuidad en el ejecutivo, debería limitarse a recurrir judicialmente la decisión del CNE y centrarse en reconstruir los puentes con sus antiguos aliados en el Congreso (hoy en la oposición) para sacar adelante su programa reformista.

Por suerte para Petro, su posible remoción tiene un sólido muro de contención: la vicepresidenta, Francia Márquez, que le sucedería en el cargo y a la que sus contrarios perciben como una alternativa peor que el presidente.

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