¿Se convertirá Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos?

Héctor A. Ríos Maury
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¿Se convertirá Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos?

Estados Unidos tiene, fundamentándose en el artículo 4, sección 3 (Cláusula Territorial) de su Constitución, 16 territorios, de los cuales 5 están poblados: Samoa Americana, Marianas del Norte, Guam, Islas Vírgenes Americanas y, desde 1898, Puerto Rico, que es el único de estirpe latinoamericana, hispanohablante y el que tiene mayores grados de autogobierno, que incluyen una Constitución local. Todos los ciudadanos estadounidenses residentes en los 5 territorios (colonias de acuerdo con interpretaciones del Derecho Internacional) experimentan una situación de inferioridad política en relación con sus pares de los estados. Aunque ostentan la ciudadanía estadounidense, no tienen los mismos derechos civiles y políticos. Por ejemplo, a pesar de que son reclutados para servir en las fuerzas militares, carecen de representación con voz y voto en el Senado y la Cámara Federales (solo tienen un Comisionado, únicamente con voz) y no pueden votar por el presidente de la Unión Federal. 

Puerto Rico es el único territorio con un sector político notable que desde hace décadas aboga por la estadidad, es decir, la integración jurídica y política plena como el Estado 51. Esta opción se convirtió en mayoritaria en 2012 cuando ganó el plebiscito de entonces, y volvió a triunfar en las consultas plebiscitarias de 2017 y 2020. 

Un nuevo plebiscito 

El próximo 5 de noviembre los puertorriqueños acudirán nuevamente a las urnas para votar en sus elecciones generales (las elecciones locales incluirán, además, una consulta simbólica sobre la contienda estadounidense entre Donald Trump y Kamala Harris) y celebrar otro plebiscito (el séptimo), cuyas opciones de estatus son las mismas que se establecen en el Proyecto 8393 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de 2023: la estadidad, la independencia o la libre asociación, que es una forma de independencia en vinculación con la metrópolis, parecida al pacto que en 1990 firmaron Estados Unidos y las soberanas Islas Marshall.

De acuerdo con ese proyecto, si los puertorriqueños optan por la libre asociación, esta fórmula garantizaría por 20 años, a partir de su implantación, durante la transición hacia la separación definitiva, la ciudadanía estadounidense a los nacidos durante ese periodo, y las transferencias de fondos gubernamentales federales, que hoy ascienden a aproximadamente 26.000 millones de dólares al año. El Proyecto 8393 reconoce que la ciudadanía estadounidense y las transferencias federales serían permanentes en la estadidad y se eliminarían en la independencia. Esta legislación, por considerarlo la razón principal de la quiebra gubernamental de 2017, todavía vigente, y de otros problemas de la sociedad puertorriqueña, excluye como alternativa el actual estatuto territorial/colonial: estado libre asociado (ELA), fundado en 1952.

Proyecciones

Algunas mediciones de intención de voto proyectan que la estadidad volverá a obtener una mayoría de alrededor del 55 %, y las dos formas de independencia oscilarán el 45 %. 

Un resultado en ese rango sería una nueva victoria de la estadidad. No obstante, está por verse si tendría toda la contundencia que necesita el movimiento estadista para avanzar en sus cabildeos ante el Partido Republicano de Estados Unidos, que es la entidad en la que más renuencia hay en torno a la integración, por dos razones principales: el liderato republicano bajo Donald Trump no comparte las tesis de exigencia de igualdad de derechos civiles que argumentan los estadistas, y además cree que, de ser admitido, Puerto Rico sería un estado predominantemente demócrata. Por tanto, una probable victoria estadista requerirá de muy efectivos cabildeos si Trump vuelve a la Casa Blanca. 

El diligenciamiento estadista tendría mayor resonancia y eficacia si Kamala Harris gana las elecciones, pues el presidente Joe Biden, en nombre de su administración, ha manifestado su apoyo a la estadidad.

Las elecciones 

La discusión política puertorriqueña gira primordialmente en torno al longevo debate del estatus, que se concentra en precisar cuál debe ser la relación final de Puerto Rico con Estados Unidos. En ese contexto, el sistema de partidos se organiza principalmente acerca de las distintas alternativas. Tiene además vínculos y/o afiliaciones con los partidos estadounidenses. 

En la actualidad Puerto Rico tiene un gobierno compartido. El gobernador, electo en 2020, es Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), entidad que defiende la estadidad, tiene en su seno a republicanos y demócratas y es liberal en el plano económico. Pierluisi no concurrirá a las próximas elecciones porque fue derrotado en junio pasado en las primarias del PNP por la comisionada (congresista) en Washington, Jenniffer González Colón, una republicana no trumpista que respaldó a Nikki Haley. 

En el Parlamento Bicameral el control lo tiene una coalición que permite que los presidentes institucionales sean del Partido Popular Democrático (PPD), que históricamente ha sostenido vínculos y afiliaciones con el Partido Demócrata, y ha sido defensor del statu quo, del ELA. Hoy día el PPD, más partidario del intervencionismo estatal que el PNP, está dividido entre defensores del ELA y de la libre asociación. 

Los otros partidos son: el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ambos separatistas, que tienen relaciones de afinidad con regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. De hecho, el presidente vitalicio del PIP, Rubén Berrios, ha sido asesor del autócrata nicaragüense Daniel Ortega. Y luego está Proyecto Dignidad (PD), ultraconservador y sin una posición determinada sobre el estatus. 

Expectativas electorales 

Las encuestas anticipan una victoria de González Colón, con alrededor del 40 % de los votos, cerca de un 25 % para Jesús Manuel Ortiz, del PPD, otro 25 % para Juan Dalmau, candidato de una alianza entre el PIP y MVC, y un 10 % para Javier Jiménez, de PD.

Conclusiones 

El alcance de la posible victoria de González Colón (si no hay sorpresas) y la estadidad dependerá significativamente de lo que ocurra entre Kamala Harris y Donald Trump, y de cuál sea la composición de la Legislatura puertorriqueña y del Congreso estadounidense. 

Todo parece indicar que el eterno debate sobre si Puerto Rico se mantendrá por largo tiempo en el modelo territorial/colonial, o emprenderá una ruta hacia ser una nueva república latinoamericana o convertirse en el primer estado hispano y latino de Estados Unidos, continuará muy intenso y vivo durante el próximo cuatrienio.

Contra los autoritarismos, sin adjetivos

Armando Chaguaceda
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Contra los autoritarismos, sin adjetivos

Acaba de aparecer, bajo el signo de Akal, «Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales». La obra, del historiador italiano Steven Forti -alguien cuyo trabajo en ese sentido merece una atenta revisión- cubre tanto elementos teóricos como de política e historia reciente, para abordar las amenazas a la democracia procedentes del polo conservador/reaccionario del espectro ideológico y sus concreciones partidarias e intelectuales. Un repaso al índice del volumen permite identificar los ejes, casos y abordajes del mismo.

El libro se suma al creciente conjunto de textos científicos y de divulgación, foros académicos, declaraciones políticas o manifiestos de la sociedad civil que alertan sobre el fenómeno de la derecha «extrema/ultra». Presentándola, en solitario y mayúsculas, como la principal amenaza a las democracias realmente existentes. Una toma de partido muy anclada en contextos, gremios y lecturas de la academia estadounidense y europea y en algunos de sus interlocutores del Sur Global.

Dice Steven Forti, desde Akal «No es momento de divagar ni de confiarse, sino de enfrentarnos al peligro más acuciante en la actualidad. Hoy es incuestionable que las extremas derechas están en auge en todo el mundo y, si no hacemos nada para evitarlo, podemos ser la generación que pierda los derechos conquistados. Nuestras democracias están en peligro de extinción, y sus depredadores gozan de mayor respaldo, tienen una mejor imagen y son más fuertes cada día. En muchas regiones del mundo ya han llegado al poder y, cuando gobiernan, nada es como era: están mutilando la democracia desde dentro hasta transformarla en una autocracia con escaso margen para revertir la situación».

Coincidiendo con la alerta sobre el problema de fondo, tomo distancia de la definición del mismo que hace Forti. La que discuto por razones que enumero a continuación, de forma simplificada -espero tener la oportunidad de hacerlo en extenso, con el autor u otros colegas, en otro momento y lugar- en los párrafos a continuación.

Derecha e izquierda no son categorías normativas, sino adscriptivas y/o analíticas. No clasifican el Bien o el Mal políticos, sino que identifican una diversidad de sujetos, genealogías, alianzas y agendas que tienen, en su origen, dos siglos de vida mutante. Y eso, después de 1917, 1933 y toda la experiencia totalitaria del siglo XX, nos debería recordar que ninguno de los polos políticos puede adjudicarse la coherencia democrática. Tampoco podríamos, por ende, adscribir a los extremos de uno u otro el monopolio de la identidad y deriva autoritarias.

No pueden seguirse usando las coordenadas ideológicas como si fueran coincidentes con las fronteras de los regímenes políticos. Han habido -y presumiblemente habrán-ideas y praxis autoritarias tanto en la izquierda como en la derecha; también en identidades y contextos más fluidos -en especial lejos de Occidente- que difícilmente encajen en nuestras clasificaciones al uso.  Las amenazas a la democracia deben ser claramente contextualizadas y ponderadas, en cada lugar, momento y tema.

Pongo ejemplos. Si bien hoy las principales amenazas de populismos y/o autoritarismos electorales en Europa y EEUU provienen fundamentalmente de liderazgos y movimientos de la extrema derecha, en Latinoamérica -esa otra mitad de Occidente, mestiza con el Sur Global- el fenómeno es diferente, mucho más plural. De hecho, en nuestra región por cada candidato diestro a dictador como Bukele hay en activo, tres autócratas de siniestra extrema (Díaz Canel, Ortega, Maduro) cuyo origen, tradiciones políticas y redes globales los inscriben en una izquierda autoritaria cuyas raíces se remontan a 1917 y 1959.

Pero incluso en países que no han involucionado plenamente al autoritarismo se aprecia esa amplitud del fenómeno. En México (potencia económica y la mayor nación de habla hispana del mundo) la actual reforma judicial regresiva, criticada por buena parte de la academia liberal progresista… es impulsada por un gobierno/partido hoy celebrado por muchos, en la academia y política socialdemócrata europeas, como «progresistas. Para no dejar de mencionar el veloz ascenso y agenda del partido de izquierda populista de Sahra Wagenknecht, contrario al consenso democrático europeísta y liberal, en una nación central como Alemania.

Si miramos más allá de Occidente, no queda claro si las fronteras de lo «conservador» o lo «iliberal» remitan claramente a los clivajes Izquierda/Derecha. Con V. Putin, al estar Rusia en cierto modo en la órbita geo cultural de Occidente, puede que coincidan un poco las caracterizaciones basadas en lo ideológico, aunque luego el Kremlin recupere prácticas y símbolos autoritarios del periodo soviético y aunque sus aliados se reparten entre las extremas izquierdas y derechas globales. Pero con Modi o Erdogan, cuyas sociedades, disputas y programas responden a otras cosmovisiones y conflictos, no estoy seguro que sea así.

En resumen: es oportuno y urgente que en una academia digna de tal nombre se reconozca que las amenazas iliberales o, de plano, antidemocráticas, no pueden ser adjudicadas, en modo simplificado, a las ‘ultras derechas’ de este mundo. Pues estas amenazas corresponden a posturas autoritarias extremas que abarcan todo el arco de posiciones (geo)políticas ideológicas, en Occidente y Sur Global. Tener esa mirada más auténticamente global del fenómeno ayudaría, en sentido intelectual y práctico, a su comprensión y combate en estas horas oscuras cuyas urgencias alerta Forti en el prólogo de su obra.

Los “osos polares verdes”: la extinción silenciosa

Eloisa Lasso De Paulis
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Los “osos polares verdes”: la extinción silenciosa

Hace millones de años, un meteorito acabó con el 75% de las especies del planeta, incluyendo los dinosaurios. Hoy estamos en medio de otra extinción masiva, pero esta vez el meteorito somos nosotros: los humanos.

Una extinción masiva ocurre cuando un gran número de especies de distintos reinos desaparecen en múltiples regiones en un corto tiempo geológico. Actualmente, la tasa de extinción es mil veces mayor de lo que sería sin la intervención humana.

Cuando pensamos en especies en peligro, rápidamente visualizamos osos polares, jaguares o ballenas. Pero, ¿alguna vez pensamos en plantas? Probablemente no, y esto tiene un nombre: “ceguera vegetal”. Esta incapacidad para ver y conectar emocionalmente con las plantas ―no son peluditas ni nos miran con lindos ojos― nos hace ignorar que ya ha desaparecido casi el doble de especies de plantas que de mamíferos o aves. Es hora de cambiar la narrativa y reconocer a los “osos polares” del reino vegetal, antes de que sea demasiado tarde.

Los servicios esenciales de las plantas que pasan desapercibidos

¿Por qué deberíamos preocuparnos? Sencillo: imagina un mundo sin chocolate o café. Imagina una fiesta sin tequila o ron. Piensa en un paisaje sin plantas. ¡O sin música! Sí, el material del que están hechas las guitarras, maracas y tambores viene de plantas. Imagina quedarte sin comida, o, más grave aún, sin oxígeno. Todo eso sería un mundo sin plantas. Y muchas de ellas, como el cacao, ya están en riesgo debido al cambio climático y la deforestación. 

Esta tormenta de extinción no solo amenaza con eliminar alimentos y productos que valoramos, como el chocolate o el café, sino que también provocará una homogeneización de la flora mundial. Esto resultará en la pérdida de ecosistemas y de servicios esenciales que nos proporcionan.

Las plantas, a menudo sin que lo notemos, nos proveen de una vasta cantidad de servicios. Los bosques de manglares, por ejemplo, nos protegen de huracanes y tormentas. Los árboles de los bosques absorben agua del suelo y la transpiran en forma de vapor; liberan miles de litros diarios, creando los llamados “ríos voladores” que transportan el agua necesaria para que llueva en nuestros cultivos, lagos y reservas. Además, las flores sustentan a comunidades de polinizadores, sin los cuales no podríamos producir los frutos y vegetales que consumimos. Las raíces de las plantas retienen el suelo, reduciendo la erosión, y sus hojas nos proporcionan sombra y absorben CO2 de la atmósfera, regulando el clima.

Realmente solo conocemos la punta del iceberg porque solo entendemos bien las especies que usamos, y estas representan solo una octava parte de las aproximadamente 400.000 especies de plantas que han sido descubiertas. Sin mencionar las especies que no hemos descubierto aún y están viviendo en el silencio de los bosques, y quizás desapareciendo antes de que las conozcamos. Algunos científicos han estimado que habría alrededor de 100.000 especies por descubrir. Algunas podrían tener el potencial de curar el cáncer, o incluso ser claves para sobrevivir en otros planetas, pero corremos el riesgo de perderlas sin siquiera saberlo.

La Lista Roja de la UICN: un barómetro de la biodiversidad 

Saber cuántas se han extinto o cuántas están en peligro es un desafío monumental. Muchas especies solo han sido colectadas un par de veces; están en herbarios y por eso sabemos que existen. Pero poco sabemos sobre su estado en la naturaleza o sobre su vulnerabilidad ante el cambio climático, o sobre el estado de las otras especies de las que dependen. En estos momentos, una retroexcavadora podría estar destruyendo los últimos individuos de una especie vegetal única. Es una carrera contra el reloj.

Aquí es donde entra la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), que funciona como un barómetro de la biodiversidad. Así como un barómetro mide los cambios en la presión atmosférica para predecir tormentas, esta lista mide el estado de las especies del planeta, alertándonos cuando la presión de la extinción está aumentando. Sin embargo, hasta ahora solo se han evaluado unas 71.000 especies de plantas de las casi 400.000 que hay en el planeta. Es decir, ¡solo el 18 % ha sido evaluado! De ese pequeñísimo grupo de plantas evaluadas, unas 27.000, el 38 %, está bajo alguna categoría de amenaza. O sea, el barómetro nos indica que ya estamos en medio de la tormenta.

El funcionamiento de los ecosistemas depende de la interacción de muchas especies. Perder algunas puede desencadenar extinciones en cadena si otras plantas o animales dependen de ellas. Pretender salvar solo una especie, o unas pocas, es como intentar salvar a un paciente solo cuidando el corazón y los riñones, pero dejando morir el hígado y los pulmones. A largo plazo, esa estrategia no funcionará.

El cocobolo: una especie al borde de la desaparición por la sobreexplotación y el tráfico ilegal

En América Latina solo se ha evaluado una pequeña fracción de la flora. En países como Argentina y Chile, menos del 10 %; en la mayoría de países, menos del 25 %. Incluso así, varios países tienen más de 1.000 especies amenazadas . Es imperativo acelerar los estudios para conocer qué otras especies están en peligro.

Un ejemplo en la región es el del cocobolo (Dalbergia retusa), cuya madera rojiza y veteada se ha utilizado para fabricar muebles finos, artesanías y hasta instrumentos musicales. Debido a la alta demanda de su valiosa madera ―un árbol puede costar hasta 10.000 dólares―, el cocobolo ha sido explotado intensamente. Además, la expansión de la agricultura y la ganadería ha reducido significativamente su hábitat, el bosque seco. Se estima que se ha perdido más del 80 % de las poblaciones de cocobolo. Si no tomamos medidas urgentes, esta especie podría desaparecer.

En un esfuerzo por evitar la sobreexplotación del cocobolo, esta especie fue catalogada como en peligro crítico en la Lista Roja de la UICN y protegida bajo el Apéndice II de CITES, lo que regula su comercio. Esto significa que se requiere un permiso especial para exportar su madera. Sin embargo, la tala y comercio ilegal sigue amenazándola. Por ejemplo, en Panamá hay redes criminales dedicadas a su tráfico. Solo entre 2020 y 2022 se decomisaron unas 3.000 tucas (trozos de madera) de cocobolo, en el 2023, 300, y hace un par de meses se incautaron 4 contenedores con madera ilegal. Quién sabe cuántos árboles más se trafican sin ser detectados. Es claro que siguen vaciándose los bosques de cocobolo.

Salvemos a los “osos polares verdes” antes de que sea demasiado tarde

Ante la crisis de extinción que estamos enfrentando, es evidente que necesitamos una combinación de estrategias para garantizar la preservación a largo plazo de nuestros “osos polares verdes”. En el caso de especies de uso comercial, es fundamental regular su explotación y comercialización. Para especies que no conocemos o no usamos, la investigación científica es urgente. Los botánicos deben explorar áreas poco estudiadas para registrar o descubrir especies que aún desconocemos, y contribuir a censar las que conocemos. El estado debe protegerlas. Los ecólogos debemos estudiar sus necesidades y relaciones con otras especies para entender cómo conservarlas. 

La preservación de especies en jardines botánicos y bancos de semillas, nuestras “arcas de Noé”, es clave para restaurarlas si desaparecen. Sin educación, investigación y apoyo comunitario y gubernamental no podremos revertir la extinción. Está en nuestras manos decidir si seguimos siendo el meteorito o si nos convertimos en guardianes de la biodiversidad.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Las criptofinanzas: ¿un campo virtual minado?

Henry M. Rodríguez
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Las criptofinanzas: ¿un campo virtual minado?

El crecimiento exponencial de las criptomonedas ha marcado un punto de inflexión en el sistema financiero global, y ha transformado tanto las oportunidades de inversión como sus riesgos asociados. 

Mientras algunos ven en ellas un medio para acceder a nuevas formas de intercambio y almacenamiento de valor, los problemas ligados a su uso indebido vienen generando gran preocupación. Al facilitar transacciones rápidas y anónimas, las criptomonedas se han convertido en una plataforma ideal para la proliferación de actividades ilícitas como el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo, entre otras. 

Tan vertiginoso ha sido su auge que los marcos regulatorios existentes no han podido seguirle el ritmo. Como es de esperar, ante la ausencia de una legislación global coherente, los esquemas fraudulentos y las ciberestafas también han ido en aumento. Según la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), en 2023 se reportaron más de 69.000 denuncias de fraudes relacionados con criptoactivos, con pérdidas estimadas de más de 5.600 millones de dólares. Estas estafas suelen incluir esquemas piramidales, ofertas iniciales de monedas fraudulentas y plataformas de inversión falsas que prometen ganancias extraordinarias a los inversores, quienes terminan perdiendo sus fondos sin posibilidad de recuperarlos. 

Por su parte, de acuerdo con un informe de la Financial Crime Academy, en 2022 se enviaron alrededor de 24.000 millones de dólares en criptomonedas a destinaciones ilícitas, lo que refleja la magnitud del desafío que representa el uso de estos activos en actividades criminales.

Es un desafío de fondo. La falta de transparencia y los vacíos regulatorios asociados con el uso de criptoactivos están incrementando los riesgos, tanto para los inversores como para las instituciones financieras. Por su parte, el anonimato que proporcionan estos activos digitales facilita que las organizaciones criminales y estafadores hagan transferencias sin necesidad de intermediarios y que circulen fondos ilícitos sin dejar un rastro claro.

Este fenómeno supone una amenaza latente para la seguridad global, pues los delincuentes logran mover fondos a través de múltiples jurisdicciones sin ser detectados. Al mismo tiempo, los instrumentos regulatorios actuales resultan insuficientes para procesarlos judicialmente. Además, la falta de conocimiento sobre medidas de seguridad por parte de los usuarios de criptomonedas los expone a ataques, lo que permite a los criminales acceder a sus claves y apropiarse de sus activos.

En este contexto, la negligencia individual es solo una parte del problema. La verdadera amenaza radica en la ausencia de una regulación más estricta, en la falta de cooperación internacional para mitigar los riesgos asociados a la expansión del mercado de criptoactivo, y en la poca preparación en el entendimiento de estas dinámicas.

Por ende, es necesario priorizar la comprensión general de las criptomonedas, con todas sus repercusiones. La estabilidad y seguridad del sistema financiero, tanto público como privado, dependen de asumir un enfoque proactivo para mitigar los efectos, directos e indirectos, de esta actividad. De no adoptar decididamente medidas preventivas adecuadas, podríamos quedarnos rezagados en un escenario económico en rápida evolución, en el que la innovación tecnológica está redefiniendo las reglas del intercambio financiero y, al mismo tiempo, aumentando la vulnerabilidad ante las amenazas emergentes.

Por qué las criptomonedas generan tanta preocupación

A diferencia de los instrumentos financieros tradicionales, como las acciones o los bonos, las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno ni institución financiera, lo que aumenta su inestabilidad. Además, la posibilidad de perder el acceso a los fondos si se olvida la clave de una cartera digital añade otro nivel de riesgo para los usuarios. Estos elementos, junto con la falta de un marco regulatorio sólido, han creado el ambiente perfecto para que estafadores y ciberdelincuentes operen sin consecuencias claras.

Una de las estafas más comunes relacionadas con las criptomonedas es el esquema Ponzi, en el que los estafadores prometen altos retornos a los primeros inversores, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagarles. Este esquema es insostenible a largo plazo, y cuando colapsa, deja a miles de víctimas sin sus ahorros. Otras tácticas incluyen la creación de plataformas de inversión falsas que imitan a sitios legítimos, engañando a los usuarios para que transfieran fondos. Además, las aplicaciones de citas se han convertido en un terreno fértil para los estafadores, quienes se hacen pasar por interesados románticos para manipular emocionalmente a sus víctimas y persuadirlas de invertir en criptomonedas.

Pero el uso de criptomonedas no solo es atractivo para los delincuentes que buscan individuos incautos; también ha captado la atención de actores gubernamentales que buscan utilizar estos activos para evitar sanciones económicas. Casos como el de Corea del Norte han puesto de manifiesto cómo algunos gobiernos están explotando la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para financiar programas ilícitos, como el desarrollo de armas nucleares. Esta realidad subraya la necesidad de que los gobiernos internacionales cooperen en la creación de políticas públicas que puedan rastrear y bloquear el uso ilícito de los criptoactivos.

El desafío regulatorio

Sin embargo, las criptomonedas no son inherentemente malas. Su tecnología subyacente, conocida como blockchain, tiene un inmenso potencial para transformar múltiples industrias, incluidas las finanzas, la salud y la logística. Esta tecnología permite transacciones transparentes y seguras, y tiene la capacidad de reducir costos y mejorar la eficiencia en diversas áreas. No obstante, el riesgo de abuso es real, y sin la intervención adecuada de los gobiernos, los delincuentes seguirán explotando estas plataformas.

Es por ello que la creación de un marco regulatorio que permita el desarrollo seguro y responsable de las criptofinanzas es urgente. Tanto los gobiernos como las instituciones financieras requieren implementar acciones colaborativas para desarrollar soluciones que puedan rastrear transacciones sospechosas, prevenir el lavado de dinero, identificar patrones irregulares, o alertar a las autoridades sobre posibles actividades ilícitas. Al mismo tiempo, es primordial educar al público sobre los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas, para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y evitar caer en estafas.

Aunque no sea un reto fácil de abordar, sí es imperativo que las criptomonedas sean vistas como un tema de riesgo público, tan serio como para ameritar su inclusión en la agenda pública. Más que sofocar las características de innovación y practicidad de las criptomonedas, lo que se debe garantizar es que se utilicen de manera segura y responsable. 

Estamos hablando de una adopción de políticas públicas que protejan tanto a los consumidores como a las instituciones. Estamos hablando de una necesidad inaplazable. En última instancia, solo un enfoque multilateral y coordinado podrá mitigar los riesgos asociados a las criptomonedas y permitir que su potencial transformador se despliegue de manera positiva en la economía global.

Finalmente, el desarrollo de políticas efectivas tendrá que basarse en la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y la industria tecnológica. Una colaboración integral que permita cerrar las lagunas jurídicas y ofrecer un marco regulatorio adecuado, enfocado en favorecer la transparencia y la seguridad en el uso de criptoactivos. 

Reconozcámoslo. Las criptomonedas, más que una moda pasajera, son un avance tecnológico que ha llegado para quedarse, pero es responsabilidad de los gobiernos asegurarse de que su impacto sea positivo y seguro para todos los actores involucrados.

Uruguay rumbo a un balotaje reñido e incierto

Daniel Supervielle
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Uruguay rumbo a un balotaje reñido e incierto

La primera vuelta de las elecciones nacionales (27 de octubre) dejó el camino hacia el balotaje y al descubierto la existencia de dos bloques políticos bien definidos y en pugna por el futuro de un país que parece rechazar las polarizaciones extremas y la violencia política.

Con una participación superior al 90%, los uruguayos reafirmaron su tradición democrática. No hubo denuncias de incidentes ni actos de violencia durante la jornada, lo que consolidó una vez más la imagen de estabilidad política que caracteriza al país.

Sin embargo, lo más interesante de este ciclo electoral no son las figuras en competencia —dos candidatos de perfil moderado y con dilatada trayectoria pública—, sino lo que cada uno representa en términos de modelos de gestión y visión de país.

Uruguay, fiel a su pragmatismo, se volvió a dividir entre dos bloques sólidos electoralmente: por un lado, el Frente Amplio, que aglutina a la izquierda bajo una bandera unificada; por otro, la Coalición Republicana, un conglomerado de partidos de centroderecha que busca continuar el rumbo trazado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Fórmulas de función pública

El balotaje del 24 de noviembre no será una disputa entre un candidato outsider y otro del sistema, sino entre dos hombres con amplia experiencia política. Tanto Orsi como Delgado han recorrido un largo camino en sus respectivos partidos. Orsi, como intendente del departamento de Canelones, se ha consolidado como una figura de destaque en el FA. Delgado, por su parte, fue senador y ocupó el cargo de secretario de la Presidencia bajo la administración de Lacalle Pou, convirtiéndose en uno de sus hombres de mayor confianza.

La campaña ha sido relativamente tranquila, sin grandes sobresaltos, y ambos candidatos han mantenido un perfil bajo en los medios. Sin embargo, el verdadero trasfondo de esta elección va más allá de sus personalidades. Lo que está en juego es la continuidad o el cambio del modelo de gestión que ha prevalecido en los últimos cinco años. La ciudadanía deberá decidir si ratifica el rumbo que ha seguido el país con la CR o si opta por regresar a un gobierno del FA, que estuvo en el poder entre 2005 y 2020.

Coalición Republicana

En la primera vuelta, la CR sumó el 47,3% de los votos, mientras que el FA obtuvo el 43,9%. Esto marca una recuperación de más del 4% para la izquierda en comparación con las elecciones de 2019, pero no fue suficiente para alcanzar la mayoría que esperaban. Por otro lado, los resultados evidencian un reacomodo dentro de la Coalición Republicana, ya que Cabildo Abierto, uno de sus partidos aliados, perdió sus tres bancas en el Senado, mientras que el Partido Colorado recuperó dos.

Este cambio en la configuración de fuerzas dentro de la CR tiene consecuencias importantes para la forma de negociar y el liderazgo de Delgado, quien deberá gestionar nuevas dinámicas si logra acceder a la presidencia: su principal interlocutor serán los colorados.

A pesar de estos ajustes internos no menores en la CR, Delgado ha quedado bien posicionado para el balotaje, con un respaldo significativo gracias a la gestión de Lacalle Pou, que mantiene una popularidad superior al 50%.

Por su parte, la votación de Gustavo Salle, un candidato antisistema que creó el partido Identidad Soberana, caracterizado por oponerse abiertamente a la agenda 2030 y a las vacunas del COVID-19, generó sorpresa. Su performance le valió dos escaños en Diputados, lo que podría complicar la aprobación de futuras leyes. Salle ya ha adelantado que votará anulado en el balotaje, lo que refuerza la incertidumbre sobre los resultados finales.

Poco clima de cambios

En las generales de Uruguay también se votaban dos plebiscitos. Uno contra la reforma de la seguridad social realizada por la administración de Lacalle Pou y otro para aprobar la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos en las casas bajo orden de un juez. Ambos no lograron el 50% para ser aprobados. Más allá de las cifras, el contundente rechazo al plebiscito sobre la derogación del actual sistema de pensiones celebrado fue un indicador claro de hacia dónde parece inclinarse la mayoría del país. El revés con más del 60% de las voluntades en contra de la derogación impulsada por la central obrera y los sectores más radicales de la izquierda refuerza la idea de que los uruguayos prefieren mantener la estabilidad del rumbo.

Este plebiscito representó una clara victoria para Lacalle Pou, quien defendió una reforma a todas luces impopular pero necesaria, que incluyó entre otras cosas el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 años.

La izquierda

A pesar de que el oficialismo con Delgado a la cabeza salió bien parado de la primera vuelta, no es ni por asomo garantía de triunfo en noviembre. El FA cuenta con una base electoral sólida, y su líder, Yamandú Orsi, tiene el apoyo explícito del expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular, José “Pepe” Mujica, quien sigue siendo una figura influyente en la política uruguaya.

El FA logró asegurarse 16 bancas en el Senado. Esa mayoría simple le otorga una capacidad de veto sobre decisiones clave, como el nombramiento de embajadores o el ascenso de generales en el Ejército, lo que no es menor.

Ambos bloques enfrentan un desafío mayor hacia el balotaje: movilizar a los votantes del otro bloque o a los que votaron en blanco o anulado en la primera vuelta. Estos electores tendrán la llave para definir el resultado en noviembre.

Por otro lado, Delgado cuenta también con la ventaja de representar a un gobierno que, en general, es bien valorado por la mayoría de la opinión pública. También a su favor la percepción de que no hay un ambiente de cambio en el país. Orsi, por otro lado, deberá convencer de que su proyecto de gobierno representa una renovación, pero sin caer en los discursos radicales populistas tan tentadores por estos días en América Latina.

Cuatro semanas decisivas

Las próximas semanas hacia el balotaje serán decisivas. La capacidad de ambos candidatos para captar votos fuera de sus bases tradicionales, sumada a un debate obligatorio al que deben acudir los dos candidatos, marcará el rumbo y el destino de la campaña.

Al cierre de la noche de la primera vuelta hubo alegría en filas coalicionistas y caras preocupadas entre los opositores del FA. Unos festejaron con cautela, otros respiraron hondo y se dedicaron a analizar los números finos que tampoco son malos. El final es incierto y define un electorado no cautivo muy volátil e impredecible. Los dados no están echados. En estos momentos se agitan nerviosamente en el vaso.Lo que parece quedar claro es que, gane quien gane en noviembre, Uruguay seguirá demostrando al mundo su compromiso con la democracia y la estabilidad institucional.

La falacia del daño antropológico en Venezuela

Isaac Nahón Serfaty
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La falacia del daño antropológico en Venezuela

Se escucha y se lee mucho en estos días sobre el concepto de daño antropológico. Esta noción describiría el daño profundo que habría causado el chavismo en sus 25 años de dominación sobre los venezolanos. El concepto es de un analista cubano, Dagoberto Valdés. Pretende explicar ciertos comportamientos de sus compatriotas sometidos al largo calvario de la revolución comunista. Valdés resume el daño antropológico así: “El debilitamiento, lesión o quebranto de lo esencial de la persona humana”. 

¿Tiene algún fundamento este concepto? ¿Sirve para entender las situaciones de dominación que se viven en Cuba y Venezuela? Si nos detenemos en la definición del autor cubano, veremos que él apela a una “esencia humana” que, por contraste con su debilitamiento, lesión o quebranto, sería originalmente “buena”. Es decir, los cubanos o los venezolanos antes de la era revolucionaria habrían sido muy buenos en el sentido moral, pero fueron pervertidos por los regímenes totalitarios o autoritarios que se viven en Cuba (ya hace 65 años) y en Venezuela (un cuarto de siglo).

¿Es cierto esto? No. Ni Cuba ni Venezuela eran paraísos morales antes de sus respectivas disrupciones sociopolíticas, ni tampoco eran el infierno. Eran sociedades con sus momentos virtuosos y sus momentos oscuros. En todo caso, lo que Valdés pretendió calificar como daño antropológico (una especie de corrupción del ADN moral y psíquico de los cubanos) no es producto de las perversiones inducidas por su régimen corrupto y corruptor. Sería más bien el resultado de una combinación de técnicas de exacerbación de las miserias humanas (que usan los regímenes tiránicos) y de los rasgos propios de la sociedad cubana pre-fidelista. Antropológicamente el ser humano tiene tendencias buenas y malas que estaban allí mucho antes de que llegaran al poder los comunistas cubanos o los chavistas venezolanos. 

Lo venezolano del chavismo

El chavismo es una expresión sociopolítica y cultural muy venezolana. Hugo Chávez, la cúpula chavista y sus seguidores (los de antes y los de ahora, muy reducidos) fueron y son venezolanos, no extraterrestres. Ese es el sustrato que genera un movimiento político con taras muy reconocidas en la psique colectiva venezolana. Una de ellas, tan antigua como las guerras civiles desde la independencia hasta las guerrillas de los años 60 del siglo XX, es el resentimiento, como bien lo ha mostrado Carlos Lizarralde en su ensayo Venezuela’s collapse: The long story of how things fell apart (2024).

Si el resentimiento es el motivador del surgimiento chavista, su complemento perfecto es la violencia, otra característica de la historia venezolana. La irrupción de Chávez en la escena pública fue con la violencia del 4 de febrero de 1992, seguida por la violencia de noviembre de ese mismo año. Después vendrían otros episodios violentos como el 11 de abril de 2002 con su lamentable saldo de muertos, y una serie de asesinatos políticos fuera y dentro del mismo chavismo. También se debe considerar aquí la gran ola de delincuencia que tuvo episodios de convergencia entre criminalidad y control político-social desde los tiempos de Chávez. No se puede tampoco olvidar la reciente violencia policial y militar contra manifestantes y opositores después de las elecciones del 28 de julio. Todo es parte del mismo sustrato antropológico de la sociedad venezolana, su autoritarismo casi congénito y su correspondiente violencia ejercida desde el poder formal del estado y de las bandas irregulares, criminales o guerrilleras.

¿La corrupción? Es otra característica de la sociedad venezolana desde que se consolidó el colectivo que después sería el estado-nación conocido como Venezuela. El chavismo ha construido sobre ese sustrato la etapa más corrupta en la historia de Venezuela. Pero no lo ha hecho produciendo “daño antropológico”, sino exacerbando la base histórico-social corrupta que ya estaba allí.

Valdés apunta que el miedo y la sumisión son parte del daño antropológico inducido por estos regímenes autoritarios. Sin embargo, es bueno acudir a la evidencia histórica para saber que, en Venezuela, la misma sociedad del “pueblo” resentido y respondón, también hemos asistido a momentos en que la sociedad ha preferido el silencio cauto y la aparente sumisión para evitar ser objeto de represión y persecución. ¿Cómo entonces se podría explicar que el pueblo mayoritario que votó por primera vez en elecciones directas y universales para elegir al escritor Rómulo Gallegos como presidente, en diciembre de 1947, no moviera ni un dedo para protestar por el golpe militar contra el autor de Doña Bárbara que se diera solo unos meses después en 1948? El miedo siempre ha estado allí. El chavismo ha sabido cómo generarlo y lograr sumisión. 

Podríamos también considerar una característica muy venezolana que tiene que ver con el humor y con el cinismo, incluso en momentos muy difíciles. He unido los dos rasgos (humor y cinismo), pues no se pueden disociar. Reírse de la tragedia es, en alguna medida, saludable. Un cierto cinismo frente al poder y los poderosos también es deseable. Pero hay un lado perverso en el humor y en el cinismo. Probablemente la muestra más clara es la reciente declaración del adelanto de la Navidad a partir de octubre por parte de Nicolás Maduro ante una población mayoritariamente depauperada. El cinismo de la alegría artificial decretada es la manifestación más clara del poderoso que se burla de la mayoría sufriente, un goce cruel del dictador y su entorno. 

¿Modificar el sustrato antropológico?

Esta pregunta no sirve para mucho, ya que no parto de la falacia del supuesto daño antropológico, sino del reconocimiento de que la gran mayoría de los rasgos problemáticos del venezolano siempre han estado allí. Entonces, ¿se debe ir a la raíz de estas características para modificarlas? Tampoco estoy seguro de que eso sea posible. Eso requeriría una generalización absurda (hay de todo en la viña del Señor), y si se pudiera hacer, requeriría un gran plan de ingeniería social que sería peor que la propia sumisión comunista o chavista. 

Probablemente el cambio más significativo que ha producido el chavismo en la sociedad venezolana sea la gran emigración de millones de sus ciudadanos repartidos ahora por el mundo. Y más que daño antropológico, lo que la emigración de millones de venezolanos ha producido es una conciencia del desarraigo y de ser parte de una diáspora alejada del terruño natal. 

Un buen amigo me preguntó qué podrían aprender los venezolanos de la experiencia judía del exilio. Mi respuesta fue que era difícil que pudieran aprender algo los venezolanos de la vivencia del destierro masivo que es bastante reciente en su corta historia como nación. El pueblo judío ha vivido siglos de exilio. Su conciencia está marcada por el trauma del destierro y por el deseo de redimirse para superar el exilio territorial y espiritual. Lo único que un judío le podría enseñar a un venezolano es que desde el exilio se pueden forjar vínculos de solidaridad. No es cosa fácil para desterrados que ahora (como los venezolanos) tienen que pensar en su supervivencia individual y de sus familias, las que salieron y las que se quedaron en el país.

Probablemente más importante que el exilio sea la conciencia de tener un patrimonio común, inmaterial, trascendente, pero eso no es tan evidente para una nación joven como la venezolana. Habrá solidaridad mientras los venezolanos se consideren un colectivo que merece conservar su patrimonio inmaterial incluso fuera de sus fronteras.

América Latina y Palestina: entre la ambigüedad y la complicidad

Pío García
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América Latina y Palestina: entre la ambigüedad y la complicidad

El genocidio de Gaza permite medir la capacidad de comprensión y asombro de la comunidad internacional. Las afiliaciones previas en la contienda global han dirigido el alinderamiento automático con uno u otro bando. Sin mayores cuestionamientos morales, los regímenes y regiones conformes con el dominio global estadounidense aprueban el apoyo sistemático de Washington a Israel, a lo cual se opone la mayor parte de la comunidad internacional.

El poder central y sus opositores

Estados Unidos cuenta con aliados irrestrictos en el G 7 y la OTAN. Esos países se autoproclaman gestores de un mundo libre y democrático; sin embargo, desempeñan un dominio militar, económico, político e ideológico. Aquel que ose salirse de esos límites pasa a ser renegado y puede llegar, dependiendo del caso, en objeto de sanciones comerciales, cerco militar o, simplemente, se lo ocupa y destruye hasta convertirlo en Estado paria.

Los países más afectados por dominio militar y económico estadounidense fueron los primeros en unirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el 29 de diciembre de 2024, por el crimen de genocidio en violación del Convenio de 1948. Asimismo, estos países apoyan la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de defensa Yoav Gallant, emitida por la Corte Penal Internacional.

La respuesta de las diferentes regiones

Muchos organismos regionales condenan el genocidio en forma reiterada. La Organización de Cooperación del Golfo, la Organización de la Conferencia Islámica y la Organización de Cooperación de Shanghai han pedido a Israel parar la guerra, facilitar la ayuda humanitaria y respetar la integridad del pueblo palestino. En cambio, la declaración del G 7, en mayo, empezó por condenar los ataques iraníes contra Israel, sin mencionar el ataque israelí a la embajada iraní en Siria. En julio, la cumbre de la OTAN en Washington recalcó la necesidad de seguir elevando el gasto militar para contener a Rusia, China, Irán y Norcorea, sus principales antagonistas.

De los 193 países en la ONU, 145 reconocen el Estado Palestino. El 75 %. El tercio restante corresponde a Estados Unidos y sus aliados, excepto España, Irlanda, Noruega y Suecia. Por regiones, los 55 miembros de la Unión Africana defienden los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación, obstruida por la ocupación israelí. Por eso, secundaron en masa la demanda sudafricana ante la CIJ.

En Asia, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, una vez iniciado los ataques por parte de Israel, pidió la intervención del Consejo de Seguridad para detener la guerra y asegurar el ingreso de Palestina como miembro pleno de la ONU. Y la Organización de Cooperación de Shanghai, que reune 26 países, condenó la intolerancia religiosa, racista y xenofóbica y la destrucción de Gaza por el ejército israelí y pidió parar la guerra y reconocer el Estado Palestino. En términos similares se pronunció la Organización de la Conferencia Islámica.

¿Qué pasa con América Latina?

En América Latina y Caribe, el genocidio profundizó la fractura política regional ya que los representantes de los países no han tenido una posición uniforme de condena a los ataques de Israel.

Quienes se solidarizan con Palestina y denuncian la barbarie tienen claro por lo menos cuatro cosas. En primer lugar el levantamiento y la violencia desde Palestina es la reacción a un regimen de ocupación y colonización violenta iniciada desde el siglo XIX por parte de migrantes judíos, posteriormente, armados por Gran Bretaña, para escalar la eliminación de la población local.

En segundo lugar, que la reacción desmedida israelí a los atentados de octubre de 2023, va más allá del típico genocidio, y se trata de un exterminio como lo define la Comisión de la ONU. En tercer lugar, Israel puede emprender guerras simultáneas en Palestina, Líbano y Yemen porque cuenta con el respaldo militar, financiero y mediático de Estados Unidos y sus aliados. Y finalmente, la única vía para detener los ataques es debilitar la posición de Israel, mediante el aislamiento económico y político, y por medio del involucramiento de Naciones Unidas en el conflicto. 

La solidaridad hacia Palestina, el reconocimiento de su Estado soberano y la condena a la brutal ofensiva israelí ha sido enarbolada por dos países de la región: Brasil y Colombia, a los cuales se suman los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ambos recabaron el pronunciamiento colectivo de CELAC, en marzo; sin embargo, solo 19 de los 33 países miembros aprobaron la carta del Secretario de la ONU pidiendo la aceptación del Estado Palestino como miembro de pleno derecho.

Los países con una posición ambigua justifican su ambivalencia con el argumento de la neutralidad, aunque en el fondo guardan sus temores a incomodar al capital bancario y corporativo transnacional. Son los casos de México y Chile. La solidaridad mexicana con la causa palestina data de 1947, en 2012 votó a favor del ingreso a la ONU como Estado Observador, No Miembro. Y en 2024, si bien López Obrador respaldó a Sudáfrica en la demanda ante la CIJ, se negó a formalizar el reconocimiento del Estado palestino y a calificar la ofensiva israelí de genocidio. Por su lado, Boric en Chile habla de una neutralidad, a todas luces ficticia, porque desconoce el plan expansionista israelí. Mientras que Argentina y Paraguay se han opuesto al llamado de la Asamblea General de la ONU al cese al fuego.

La reacción desproporcionada de Israel al ataque de Hamás en octubre de 2023 motivó medidas contrastantes de los países y organizaciones regionales que revelan la fractura política que sufre la comunidad internacional. Los países llamados centrales, muy alineados con el poder hegemónico estadounidense, avalan el genocidio palestino, bajo el argumento de la defensa legítima; en tanto que la mayoría de países asiáticos y africanos y sus organizaciones regionales condenan la ocupación de Palestina y abogan por su reconomiento pleno en la ONU. En América Latina prima la polaridad, con medidas que van desde el rompimiento de relaciones diplomáticas hasta el aplauso a la arremetida israelí.

La elección del odio

Federico Finchelstein
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La elección del odio

Una de las paradojas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es que uno de los candidatos, cuyo fuerte entre los votantes es la economía, piensa que este no es el tema principal de la elección. Por primera vez, en un acto electoral, Trump dijo en voz alta lo que venía comentando a sus principales asesores, que la inmigración es el principal tema, “supera a la economía”. Pero no solo esto, Tump afirmó que “Estados Unidos es ahora un país ocupado. Pero el 5 de noviembre de 2024 será el día de la liberación en Estados Unidos”.

¿País ocupado? ¿Liberación? Estas ideas conspirativas y apocalípticas nos recuerdan a las de dictaduras latinoamericanas como la de Jorge Rafael Videla en Argentina o Augusto Pinochet en Chile. Y yendo más atrás, a discursos fascistas como los de Adolfo Hitler y Benito Mussolini.

Si Pinochet escribía un libro sobre la libertad cuando la destruía por completo en su país, demonizando y asesinando adversarios, Trump promete deportaciones masivas y una dictadura efímera para el primer día de su gobierno: “la dictadura del día 1”. Y como si fuera poco, el ex presidente afirma que los inmigrantes no deberían ser considerados personas y que contaminan el ser nacional, pues “envenenan la sangre de nuestro país”, algo que recuerda las palabras de Hitler en su libro Mein Kampf: “Todas las grandes culturas del pasado perecieron porque las razas originalmente creativas se extinguieron por envenenamiento de la sangre.”

La relación entre crimen y deshumanización, explotada por líderes como Bolsonaro en Brasil y Bukele en El Salvador, forma parte de una ideología extremista que la precede. La violencia extralegal es presentada como una solución absoluta a los problemas de la gente. Y en este marco, la economía y la desigualdad pasan a un segundo plano, mientras que la política del entendimiento y el diálogo democrático desaparece por completo.

Un discurso repetido en la región

Ya a mediados del siglo pasado, el líder político fascista brasileño Plinio Salgado, entendía que la violencia era parte de la lucha por el alma de la civilización y que salvaría a la nación de la extinción al destruir a aquellos que consideraba diferentes. En su opinión, no se podía ser imparcial en la batalla entre “el bien y el mal” y había que actuar contra «degenerados y criminales».

Para los fascistas argentinos de las primeras décadas del siglo XX, la confluencia de democracia, inmigración y socialismo creó más criminales y representó una gran amenaza a la “seguridad nacional”. El famoso escritor fascista argentino Leopoldo Lugones, afirmaba que gran parte de los inmigrantes eran “anormales” y “criminales viciosos” y que su presencia era “intolerable”.

Este vínculo entre criminales, enemigos absolutos e ideología fue fundamental para la ideología fascista. En Mein Kampf, Hitler escribió que los enemigos “no viven en este mundo como representantes del honor y la sinceridad, sino como campeones del engaño, la mentira, el robo, el saqueo y la rapiña”. Esta deshumanización de los adversarios hizo que fuera más fácil des victimizarlos. Los siguientes pasos fueron la deportación, los campos de concentración y el exterminio.

¿Pero qué pasará en Estados Unidos?

Muchos expertos se preguntan cómo haría Trump, en caso de ganar las elecciones, para cambiar el sistema político ya que la democracia estadounidense cuenta con un complejo sistema de contrapesos y trabas legales y societarias. No obstante, los planes autoritarios figuran incluso por escrito. En particular debemos recordar el Project 2025 de la Heritage Foundation, prologado por su candidato a vicepresidente, J. D. Vance. Una idea es recatalogar a una infinidad de empleados estatales como nombramientos políticos para reemplazarlos por trumpistas. Es decir, se propone la erosión de las diferencias entre las instituciones, el líder y la constitución de un Estado que estaría absolutamente sujeto a sus caprichos.

La preocupación ante una posible victoria de Trump y su relación con el fascismo, apareció recientemente en la portada de The New York Times. Incluso la candidata demócrata Kamala Harris afirma que la opción que representa Trump puede ser considerada como fascista.

Trump es “fascista hasta la médula”, dijo el general retirado Mark Milley en el nuevo libro del reconocido periodista Bob Woodward. El exjefe del Estado Mayor Conjunto agregó que Trump es “la persona más peligrosa para este país.” Los dichos de Milley confirmaron lo que muchos piensan. La política de Trump basada en el odio, las mentiras, la idealización de la violencia y la represión y las aspiraciones dictatoriales se parecen demasiado a las formas clásicas del fascismo.

Trump tiene una comprensión muy básica e intuitiva de la política y no tiene fundamentos teóricos más profundos para sus tendencias fascistas, más allá de apoyo superficial a las ideas que ya son populares entre su base de extrema derecha. Al igual que Bolsonaro, Trump ve la política de extrema derecha ante todo como una vía hacia el avance personal.

En este sentido, la negativa de Trump a aceptar el veredicto del sistema democrático tras perder las elecciones de 2020 combina sus impulsos antidemocráticos con temores personales, la misma combinación que ha marcado a los totalitarios y fascistas durante décadas. El ex y quizás futuro presidente sigue el manual de Hitler al proyectar sobre sus enemigos todos sus odios, fantasías y aspiraciones.

Estados precarios

Manuel Alcántara
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Estados precarios

A lo largo de la historia de la Humanidad un elemento constante ha sido el control del territorio por parte de un determinado grupo de individuos articulado según patrones de actuación muy diversos. En el relato más reciente y dominante asentado sobre el pensamiento de Maquiavelo y de Bodino, dos de los autores más clásicos en este ámbito, es esencial la figura del estado con el papel del ejército propio para delimitar las fronteras y para asumir el control de la violencia legítima, en los términos acuñados tres siglos más tarde por Weber. La consolidación del estado moderno se lleva a cabo bajo esa premisa a la que se unen, al menos, la capacidad de acuñar moneda y de cobrar impuestos, así como el reconocimiento por parte de otros entes similares. Sobre estos supuestos y a la par de la procelosa construcción-invención de la nación se gesta una forma política de indudable éxito hasta el presente.

Desde el inicio, la articulación entre los estados fue un asunto complejo que derivó con frecuencia en enfrentamientos bélicos a la par que se creaban mecanismos de convivencia que en algunos casos concluyeron en instancias de coordinación e incluso de cooperación. El comercio, el trasiego de personas e ideas constituyeron factores que impulsaron la evolución del orden político mundial casi nunca armonioso. La explosión demográfica y los procesos de urbanización, en consonancia con revoluciones significativas en el terreno del conocimiento, de la energía, de las comunicaciones y de la medicina, cambiaron dramáticamente la faz de la tierra a lo largo del último siglo.

Con sus peculiaridades nada de eso fue ajeno a los países de América Latina, pioneros en el mundo no solo en la configuración de sus estados sino también manteniendo una capacidad de resiliencia indudable. Así, por encima de cualquier otra consideración, es destacable su continuidad en el tiempo. Dos siglos después del comienzo de la andadura estatal las viejas cuestiones que estuvieron en los procesos fundacionales continúan vigentes.

Los países latinoamericanos en la actualidad se ven afectados por tres azotes peculiares con diferentes intensidades para cada caso que se vinculan con capacidades estatales deficitarias en clave de los principios generales señalados más arriba. Se trata, en primer lugar, de integrar una región con los índices de desigualdad más altos del planeta lo que evidencia un fracaso en las políticas de inclusión y de redistribución.

Los dos individuos latinoamericanos más ricos han aumentado su fortuna en un 70% desde el inicio de la pandemia y su riqueza es similar a la de la mitad más pobre de la región. En segundo término se encuentra el crimen organizado que provoca la peor percepción ciudadana de seguridad según el Informe Anual de Seguridad Global de Gallup. Por último, se registra la existencia de movimientos migratorios transnacionales, originados en la propia región, como consecuencia del fracaso de regímenes como el de Cuba o el de Venezuela que expulsan a millones de sus gentes al resto de la región en búsqueda de mejores condiciones de vida o suscitados por la atracción estadounidense.

Sin duda el epítome más significativo de todo ello lo constituye el caso de Haití que integra a los tres asuntos y, en segundo término, la región del Darién por su capacidad de asumir dos de los tres referidos azotes. Desde la independencia de Panamá de Colombia en 1903, ninguno de estos dos estados tomó posesión efectiva de una frontera perfectamente definida contribuyendo a un vacío estatal notorio sin puestos fronterizos que ampararan una vía de comunicación mínima.

Las razones esgrimidas a lo largo del tiempo en favor del mantenimiento de un cinturón sanitario que detuviera plagas (aftosa) o que generara un cinturón de seguridad en torno al canal de Panamá, tuvieron como contrapartida que, ante la ausencia del estado, grupos delictivos fueran allí soberanos para sus operaciones primero de contrabando y luego de santuario o de territorio de descanso de la insurgencia así como del narcotráfico. En la actualidad cientos de miles de emigrantes a pie cruzan esa frontera habiendo apenas generado una precaria respuesta de los estados afectados.

La ausencia de estado, o si se prefiere la precariedad en su capacidad a la hora de delimitar su territorio y de ejercer su soberanía de acuerdo con las obligaciones asumidas en tratados internacionales, es notoria. Hoy ese vacío en Europa, no sin críticas sonoras, empieza a ser cubierto por la creación de centros de deportación de inmigrantes en países terceros externalizando la gestión de la inmigración irregular.

En la peculiaridad latinoamericana se da alas para que las funciones no desempeñadas por los estados sean cubiertas por otros actores ya plenamente institucionalizados como lo reafirma el término mayoritariamente asumido de crimen organizado. La extensión de este en tiempos recientes a diferentes zonas de México y de Ecuador muestra las debilidades del estado incapaz de gestionar, no solo el monopolio de la violencia legítima, sino la libertad de mercado por el desarrollo de mafias que, mediante la extorsión, impiden su ejercicio. La respuesta salvadoreña equívocamente exitosa a cambio del quebranto del estado de derecho nunca puede ser tomada como la vía a seguir salvo que se asuma el fracaso del estado democrático.

El tercer agujero negro en el deteriorado desempeño de la actividad estatal se relaciona con su ineficiencia fiscal, cuyas consecuencias en las políticas enfocadas a disminuir la desigualdad tienen efectos devastadores. No solo se trata del incremento de la presión fiscal en cuanto al porcentaje que supone con relación al PIB y que puede ser siempre discutible, sino de aspectos que son soslayados con frecuencia.

La evasión fiscal en conjunción con la práctica habitual de la corrupción no se aborda y el desajuste en las prioridades de la agenda en las políticas públicas supone un incremento de la convicción de la gente de que los problemas de cada día no se confrontan. El resultado es el aumento de la desconfianza, de la pérdida de identidad política y de la opción por fórmulas no democráticas.

Como ya he señalado, el cansancio de las sociedades que viene también animado por el impacto de la revolución digital exponencial incrementa el nivel de fatiga de las democracias que se deterioran paulatinamente. El actual caso argentino es dramático. La pobreza crece afectando ya a más de la mitad de la población y la insensata opción en contra de políticas de bienestar con una reducción superior al 30% del presupuesto nacional de 2024 no avizoran nada positivo por el brutal incremento de la desigualdad que todo ello acarrea.

Qué es el ‘síndrome del bosque vacío’ y por qué nos debe preocupar

Inty Arcos
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Qué es el ‘síndrome del bosque vacío’ y por qué nos debe preocupar

La pérdida de diversidad de fauna y flora y la fragmentación de los ecosistemas han desencadenado el fenómeno conocido como síndrome del bosque vacío o bosque silencioso. Se refiere a los bosques que en apariencia parecen intactos pero que, sin embargo, han perdido gran parte de su fauna, lo que afecta a procesos ecológicos como la polinización y la dispersión de semillas, vitales para su supervivencia. Esta pérdida de biodiversidad es un fenómeno extendido en América Latina y el mundo, y en la actualidad sigue avanzando, en gran medida, debido a la expansión de la industria detrás de las “energías renovables”.

El artículo Evidencia de una crisis de dispersión de semillas en Europa, publicado recientemente por la revista científica Science, afirma que, si los animales frugívoros desaparecen, el colapso de los bosques sería inevitable, ya que más del 85 % de las especies de árboles en las selvas tropicales dependen de ellos para dispersar sus semillas. En nuestra región, investigaciones como Estudio del síndrome de bosque vacío, de Iván Bladimir Morillo, demuestran que en regiones de América Latina como el Chocó Andino ―bosque nublados en el noroccidente del Ecuador― más del 90 % de los vertebrados medianos y grandes han desaparecido. Y en toda América Latina hasta el 88 % de los bosques tropicales enfrentan la amenaza de defaunación, lo que tiene efectos colaterales no solo en las comunidades humanas que dependen de la fauna para su subsistencia, sino también en la capacidad de los bosques para almacenar metano y carbono y mantener su integridad ecológica.

El exterminio de la fauna ha sido provocado por el reemplazo de bosques por pasturas para la ganadería, la apertura de vías sin tomar en cuenta la conectividad ecosistémica, la caza y la expansión urbana. Pero sobre todo por la deforestación para la expansión de cultivos como maíz, soja y otros necesarios para la producción de biocombustibles, la construcción de represas hidroeléctricas, los incendios forestales y la explotación de minerales requeridos para el cambio de matriz energética del Norte Global. 

Frenar el cambio climático a costa de la biodiversidad

La fragmentación y desertificación de los bosques es un proceso iniciado hace décadas, mucho antes de la aparición de las energías renovables, y es consecuencia de un modelo extractivista y el mal llamado desarrollo. La minería y los monocultivos han ido aislando las áreas naturales, creando islas de bosques, o cauces de ríos aislados, incapaces de sostener poblaciones saludables de fauna y flora. Además, infraestructuras como carreteras, urbanizaciones e hidroeléctricas subdividen ecosistemas, lo que bloquea el flujo de especies y fragmenta los hábitats.

Pero, en los últimos años, la minería en los bosques y selvas de la región ha pasado de ser una actividad artesanal de bajo impacto a convertirse en una industria de escala, mientras que los monocultivos para la producción de biocombustibles se expanden sin control. Esta actividad no solo destruye grandes extensiones de bosque, sino que también fragmenta ecosistemas y contamina ríos con mercurio, ácido sulfúrico y otros químicos tóxicos, lo que afecta gravemente a la biodiversidad y las comunidades locales que dependen de estos recursos.

En este contexto, el concepto de “energías limpias”, aunque se presenta como una solución al cambio climático, no resuelve los problemas subyacentes de la explotación de los bienes comunes del planeta, mal llamados “recursos naturales”. Las energías renovables mantienen una lógica extractivista y siguen afectando a nuevas zonas. 

Según la organización MiningWatch Canada, el auge de la demanda de cobre podría incrementarse entre un 200 % y 300 % para 2050, impulsado principalmente por la electrificación de vehículos y energías renovables. Y gran parte de las reservas de cobre no explotadas se encuentran en regiones de alta biodiversidad, como los bosques tropicales de la Amazonía y del Chocó. 

¿Qué se está haciendo?

Las consecuencias del síndrome del bosque vacío han sido hasta ahora poco investigadas. No obstante, en respuesta a esta crisis, han emergido diversas iniciativas regenerativas, que pueden ser alternativas para conectar los ecosistemas. Por ejemplo, la permacultura y la agricultura sintrópica buscan, junto con otras estrategias, no solo la sostenibilidad, sino la regeneración integral de los ecosistemas degradados. Estas propuestas apuntan a restaurar la biodiversidad y las funciones ecológicas perdidas, promoviendo un equilibrio más armónico entre las actividades humanas y la naturaleza.

La agricultura sintrópica, desarrollada por Ernst Götsch en Brasil en la década de 1980, es un sistema agrícola regenerativo que imita los procesos naturales de la sucesión ecológica para restaurar suelos degradados y aumentar la biodiversidad. Este método que promueve la fertilidad del suelo y mejora la biodiversidad está siendo replicado en diversas regiones de Brasil y América Latina como una alternativa regenerativa a la agricultura tradicional.

La permacultura, como se conoce el sistema de cultivos sostenible que busca armonizar la producción de alimentos y el entorno, imitando los patrones de la naturaleza, ha sido adoptada en varias regiones para restaurar tierras degradadas por la minería y los monocultivos. En Colombia, la Fundación Permacultura Colombia ha regenerado más de 100 hectáreas en Antioquia afectadas por la minería de oro, y en Brasil el Instituto de Permacultura y Ecovillas del Cerrado recuperó más de 50 hectáreas en Goiás tras años de monocultivo de soja.

Otra manera de combatir esta problemática es la resistencia comunitaria. En la Amazonía, pueblos indígenas han establecido territorios autónomos para conservar sus recursos naturales, como Pueblo de Sarayaku, conocidos por su firme resistencia frente a la explotación petrolera, y en Ecuador los colectivos ciudadanos Quito sin Minería y Yasunidos han promovido y ganado sendas consultas populares que plantean un nuevo paradigma social y económico basado en los derechos de la naturaleza.

Pero una de las respuestas más efectivas al extractivismo ha sido la gobernanza local. A través de acuerdos voluntarios de conservación, las comunidades han liderado iniciativas que protegen los corredores biológicos esenciales para la fauna, basados en procesos democráticos a nivel local y nacional.

Conclusiones

Ante esta crisis ambiental y civilizatoria, es necesario ir más allá de acciones que busquen revertir el daño. Se debe replantear el concepto de energías limpias y cuestionar la lógica del extractivismo verde, que, bajo la promesa de soluciones tecnológicas para mitigar el cambio climático, sigue explotando los recursos del planeta. Es necesario un cambio de paradigma que deconstruya la lógica extractivista y abrace una visión regenerativa de la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

El síndrome del bosque vacío es un recordatorio de que los ecosistemas no son solo recursos a explotar, sino sistemas vivos que requieren cuidado y respeto. Las soluciones a la crisis ambiental deben basarse en el decrecimiento, la desaceleración, la restauración de los ecosistemas, la regeneración de la biodiversidad, la revalorización de la vida y la defensa de los derechos de la naturaleza.

En lugar de promover energías limpias que no son ambientalmente sostenibles ni socialmente justas para las comunidades, y que perpetúan la explotación, debemos invertir en modelos regenerativos que respeten los ciclos naturales y promuevan la justicia ecológica y la paz, que actualmente es un bien escaso en la humanidad.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

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