México en septiembre

Manuel Alcántara
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México en septiembre

Hay momentos en la historia de un país en los que todo lo que acontece pareciera cobrar un ritmo frenético. Septiembre de 2024 ha sido uno de ellos para México. Acotado entre la toma de posesión del recién elegido Congreso el primero de septiembre y la de la nueva presidenta el primero de octubre el país ha vivido inmerso en un escenario definido por tres actos de naturaleza distinta pero claramente interrelacionados. El primero tiene que ver con el balance del gobierno del presidente saliente en un marco legislativo renovado. El segundo se refiere a la culminación de la agenda política presidencial. Finalmente, se encuentran las expectativas gestadas por la nueva mandataria. Todo ello se da en el marco de una notable polarización que viene erosionando la democracia. La polarización es fruto de factores estructurales, pero también de la actuación del locuaz presidente saliente que día a día en su comparecencia pública no solo ha marcado la agenda sino establecido patrones emocionales que han contribuido a la división social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha caracterizado su mandato de poco menos de seis años bajo una lógica transformadora que él bautizó como de “la cuarta transformación” (4T) consistente en un ambicioso programa de reducción de la pobreza, mitigación de las desigualdades sociales, potenciación de la obra pública en al menos dos ámbitos como son las comunicaciones (un aeropuerto en las cercanías de la Ciudad de México en sustitución de otro cuyas obras estaban iniciadas y un proyecto ferroviario en Yucatán) y la energía (una refinería de petróleo), y cierta austeridad republicana proyectada en la eliminación de oficinas públicas consideradas innecesarias, en el bajo nivel de proyección exterior, así como en la reducción del gasto oficial. Con todo ello, no obstante, el déficit fiscal actual es de casi el 6 % del PIB, el más alto de los últimos 35 años.

Con independencia de una evaluación más detallada del periodo, más de cinco millones de personas han salido de la pobreza y la imagen favorable del presidente saliente la tienen dos terceras partes de la población siendo la más alta de la región de entre los presidentes con andadura democrática. Sin embargo, desde una perspectiva crítica AMLO no llevó a cabo las transformaciones prometidas en cuestiones de corrupción e impunidad y los resultados en la lucha contra la violencia ocasionada por el crimen organizado donde se acumulan ya más de 100.000 desaparecidos son decepcionantes.

14 de las 50 ciudades más violentas en el mundo se encuentran en México, según datos de 2024 de la consultora World Population Review. Tijuana y Acapulco encabezan la lista. Durante el sexenio se han cometido 180.000 asesinatos, 30.000 más que en el de su predecesor Enrique Peña Nieto, y sigue sin esclarecerse la masacre de Ayotzinapa de hace diez años, también en un mes de septiembre, en la que fueron asesinados y desaparecidos los cuerpos de 43 estudiantes. La colisión existente entre las fuerzas de seguridad, el crimen organizado y las élites político-económicas forjada en los sexenios anteriores no ha sido desactivada por AMLO.

Fernando Barrientos ha sintetizado con precisión el paupérrimo balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y  Ernesto Hernández Norzagaray anticipa el posible precipicio al que se dirige el país. En la celebración del 16 de septiembre, conmemoración de la independencia de México, una treintena de sus municipios cancelaron las celebraciones de las fiestas patrias. Detrás no había otra cosa que la violencia. Sin embargo, en la conmemoración principal en el zócalo de la Ciudad de México nadie se acordó de esa circunstancia.

En términos institucionales, la 4T se proyectaba en un ambicioso plan de reforma política que AMLO no pudo desarrollar plenamente por no contar con la mayoría constitucional requerida de los dos tercios en cada Cámara. Ello fue así como resultado de las elecciones legislativas de 2018 y de 2021 en las que si bien Morena, el partido del presidente, resultó vencedor sumando a sus aliados (PT y Partido Verde) no alcanzaban el umbral para propiciar el cambio. Sin embargo, en los comicios de junio de 2024 se alcanzó el mínimo de diputados requerido para la aprobación de las reformas en la Cámara de Diputados pero no de senadores.

Del paquete de 18 reformas constitucionales de gran calado que el mandatario envió en febrero al Congreso, solo tres estarán en su testamento político. Las enmiendas a la Carta Magna que intervienen al Poder Judicial, los derechos de los pueblos indígenas y el control total de la Guardia Nacional al Ejército han sido las únicas aprobadas por ambas cámaras del Congreso y por la mayoría de los congresos estaduales, como prescribe la Constitución, antes del 1 de octubre, fecha de inicio de la nueva Administración federal. El resto se quedarán a la espera. Para ello y dado que el Ejecutivo no tenía la mayoría cualificada en el Senado -a pesar de tener Morena y aliados un contingente sin precedentes de diputados (364 sobre 500) y de senadores (83 de 128) a lo que se une el control de 21 estados de la Federación- hubo de resucitar viejas prácticas para torcer la voluntad de senadores de la oposición.

Así, el senador del Partido de Acción Nacional (PAN) Miguel Ángel Yunes Márquez dio el paso al frente apoyando la primera reforma gubernamental atinente a la Justicia, en clave fundamentalmente de la elección popular de los magistrados, a la que siguieron las otras dos.  Yunes Márquez escenificó la ruptura con su grupo con mayor dramatismo si cabe toda vez que el día de la primera votación solicitó licencia a su escaño, alegando problemas de salud en la columna, y dejó que tomase su lugar su suplente que es nada menos que su padre, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, uno de los más grandes enemigos de AMLO. Tras acudir al escaño, Yunes Linares se enzarzó en una bronca con Marko Cortés, senador y dirigente del PAN, con lo que dejó entrever el distanciamiento de su clan familiar respecto del bloque parlamentario opositor y el acercamiento a Morena a pesar de los severos enfrentamientos que tuvieron en los comicios para la gobernación del estado de 2018 y de 2024.

Septiembre concluyó y da paso a la ascensión a la presidencia de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en la historia de México en alcanzarla gracias al apoyo del 59,7% del electorado en las elecciones de julio superando en 6,5 puntos porcentuales el resultado alcanzado por AMLO en 2018. El propio Yunes Márquez ha pedido a la oposición no promover más el enfrentamiento y en cambio allanar el camino a la Administración de Claudia Sheinbaum, que está por comenzar. “Todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y de armonía”, señaló.

Sheinbaum, una relevante tecnóloga que estuvo al frente de la Ciudad de México es la candidata apoyada sin reservas por AMLO y ha sido clara en su intención de implementar lo que ella denomina el “segundo piso de la Cuarta Transformación”. Una apuesta de continuismo con matices. De momento ello se ve reflejado en la composición del gabinete que asume el 1º de octubre que mezcla a servidores leales de AMLO con caras más afines a Sheinbaum.

Por otra parte, en septiembre también Morena ha realizado su congreso quedando patente la sombra del fundador en la elección de su cúpula. Los tres dirigentes más relevantes tienen en común la juventud y la proximidad con él. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación saliente, es la nueva presidenta del partido, el segundo de los cuatro hijos del presidente saliente, Andy López Beltrán, ocupa la secretaría de organización y la secretaría general está reservada para Carolina Rangel, exfuncionaria del gobierno de Michoacán.La tensión entre la autonomía y la dependencia de la nueva presidente con respecto a su predecesor será el hilo conductor del populista guión presidencial instalado sólidamente en México. Con la sucesión, parece que en septiembre se ha ratificado el predominio de la dependencia. Así lo indica la posición común con respecto al “asunto español”. El uso del rey Felipe VI como chivo expiatorio del malinchismo une a ambos. La rabieta del populista locuaz AMLO condenatoria del “orgulloso colonialismo español” ha sido avalada con entusiasmo por la tecnopopulista Claudia Sheinbaum que tampoco parece querer distinguir las funciones de un jefe de Estado del papel que juega un Gobierno en un régimen parlamentario. Aun a pesar de la siempre ponderada amistad entre el pueblo español y el mexicano.

Milei: la política de lo imposible

Diego M. Raus
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Milei: la política de lo imposible

Hay ciertos detalles en política que tienen un gran impacto. Así se puede entender, y analizar, la aparición que hizo el domingo 15 de septiembre a las 21 horas el presidente Milei para presentar en el Congreso el Presupuesto Nacional 2025. En la Argentina el gobierno en funciones presenta el presupuesto del año siguiente a finales de septiembre a fin de que se discuta en su totalidad en el Congreso. Luego este organismo, tras enmiendas, cambios y agregados, lo tiene que aprobar, ya que es Ley Nacional, por lo que no se puede alterar cuando se ponga en funcionamiento.

Ese domingo hubo dos novedades en este acto político tradicional y rutinario: el día y hora de su presentación por cadena oficial, y el hecho de que lo presentara el presidente cuando lo normal, en cuanto acto económico, es que lo presentara el ministro de Economía.

El presidente señaló al comienzo del acto la razón por la cual lo presentaba él y no su ministro. En esa razón se encuentra tanto el núcleo de la cuestión como el problema: el presidente anunciaba que en ese presupuesto va a residir la estrategia innegociable de su gobierno, a la vez que agregaba que esa estrategia cambiaba 120 años de historia económica y política de la Argentina.

La estrategia es el déficit fiscal cero. El objetivo es privilegiar absolutamente el pago de deudas. El instrumento es un superávit fiscal primario que garantice ese pago de deudas. El costo es que cualquier otro tipo de gasto público está condicionado por esa estrategia.

Traducido a la vida cotidiana, es decir, condiciones y expectativas de vida de la población, quiere decir, y el presidente así lo aclaró para que no quepan dudas (después no digan que no les avisé), que toda erogación estatal va a estar supeditada a que haya fondos fiscales luego de reservar lo necesario para el pago de deudas. Da igual que sea inversión pública, salud, educación, ciencia y tecnología, programas sociales para la pobreza, seguridad o sistema previsional. La ecuación es simple: si el estado tiene recursos luego de pagar deudas, habrá políticas públicas. Si los recursos disminuyen, disminuirán en idéntica proporción esas políticas.

En una economía que hasta estas alturas del año registra un 94 % de inflación anual, con caída abrupta de los salarios públicos, con casi un 55 % de la población bajo la línea de pobreza y un 20 % bajo la línea de indigencia, con el gasto en educación, ciencia y tecnología achicado a límites mínimos, con regiones del país pauperizadas, proponer una profundización del ajuste económico suena hasta casi irreal. A la vez, el presidente exigió a las gobernaciones provinciales un recorte de gastos para 2025 por 60.000 millones de dólares, cuando hay provincias que ya no pueden sostener mínimas prestaciones en salud y educación.

El canon libertario (economía austríaca) pregona la retirada del estado, sobre todo económica, y el pase de toda necesidad social al mercado. En el extremo de ese planteo, toda política impositiva —es decir, recursos para el gasto público— es moralmente violatoria de la propiedad de las personas. Dijo este domingo el presidente que si la economía creciera no se aumentaría el gasto público sino que se recortarían impuestos. Obviamente, sin mencionarlo, a las empresas y grandes patrimonios.

Alguien escribió que la política es el arte de lo imposible. No sabemos si esa frase es poesía o una realidad de tiempos históricos pretéritos. Hoy día, en cualquier país del mundo, la política es apenas el arte de hacer mínimas cosas si existe un contexto de posibilidad que permita implementarlas.

La propuesta de Milei, encorsetada en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025 pero entendida como instrumento de una estrategia política de ajuste por shock, es una política de lo imposible. En el estado socieconómico de la Argentina, proponer un achicamiento de los servicios públicos esenciales asoma como una provocación que solo puede desencadenar un ciclo de protestas y conflictos sociales de altísima intensidad.

La victoria retrasada de la clase obrera gracias a la IA

Frank Lehrbass   |   Johannes Kranz
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La victoria retrasada de la clase obrera gracias a la IA

Durante las últimas décadas, nuestros padres insistían en que sus hijos evitaran oficios manuales y buscarán más bien carreras universitarias. La aspiración era clara: convertirse en profesores, psicólogos, redactores o curas. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial (IA) y, en particular, los modelos de lenguaje grande (LLM) como Chat GPT, está comenzando a poner en duda la relevancia de estas profesiones. Este ensayo argumenta que la IA, de manera inesperada, tiene el potencial de reemplazar una gran parte de tareas de «cuello blanco», mientras que todavía enfrenta limitaciones significativas para reemplazar a los oficios manuales y personalizados, lo que puede conllevar a una tardía pero inevitable reivindicación de la clase obrera en el mercado laboral del futuro.

La vulnerabilidad de las profesiones intelectuales

En la era de la IA, profesiones que antes se consideraban seguras y prestigiosas están siendo transformadas. Los modelos de lenguaje grande, entrenados con vastas cantidades de datos discursivos, pueden generar respuestas sorpresivamente adecuadas a preguntas cada vez más complejas, lo que sugiere que una parte considerable de las tareas repetitivas en la enseñanza, la psicología aplicada, en los lectorados y agencias de publicidad y otros campos basados en el lenguaje podrían ser automatizadas pronto. Además, la tecnología DeepFake permite crear avatares que imparten clases pregrabadas de alto nivel, eliminando la necesidad de que los profesores repitan el mismo contenido cada año.

Hoy por hoy, la interacción compleja entre profesor y alumno sigue siendo un desafío para la IA, además que los LLM solo pueden manejar diálogos predecibles. Sin embargo, en la medida que los LLM mejoren su ventana de contexto para ganar complejidad y la adaptabilidad de una conversación humana auténtica, ponen en riesgo, cada vez más, la relevancia de muchas profesiones intelectuales, mostrando su vulnerabilidad ante la automatización.

Resiliencia y reivindicación de los oficios manuales

En contraste, los oficios manuales y personalizados, como la plomería y la partería, todavía parecen más robustos para sobrevivir en el mercado laboral, por lo menos a mediano plazo, ya que presentan desafíos únicos que la IA y la robótica actualmente está lejos de superar. Reparar un tubo roto o asistir en un parto son tareas que requieren habilidades manuales de motricidad fina, intuición y adaptabilidad — capacidades que tanto en la IA como también la robótica aún son insuficientes.

Incluso en entornos donde se han implementado robots, como en residencias de ancianos en Mannheim, Alemania, las experiencias indican que aunque los robots pueden manejar conversaciones simples para entretener y consolar, no reemplazarán el cuidado humano en tareas de enfermería más complejas. Esto subraya la importancia y resiliencia de los oficios manuales.

Desafíos y oportunidades para la IA – y para los humanos

Uno de los principales desafíos de la IA es su tendencia a comportarse – todavía y más que todo – como loros probabilísticos (stochastic parrots), una crítica planteada por Noam Chomsky, entre otros. Los LLM replican respuestas probables basadas en datos entrenados, pero carecen de la capacidad de pensamiento original y creativo necesario para desarrollar nuevas teorías científicas o soluciones innovadoras. Esto representa tanto un desafío como una oportunidad para mejorar los algoritmos de IA y entrenarlos de manera más efectiva, minimizando sesgos y mejorando su capacidad para manejar situaciones complejas.

Aunque la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar muchas profesiones de «cuello blanco», su capacidad de reemplazar a los trabajadores humanos está limitada por la naturaleza de las tareas manuales y personalizadas. A la luz de los impresionantes avances de la IA en la generación de discursos convincentes, las aspiraciones posguerra de evitar los oficios manuales parecen ahora desfasadas. Y los mismos oficios más prácticos, se mantienen – por el momento – firmes frente a la automatización. Los padres de hoy podrían por ende aconsejar a sus hijos que se enfoquen en profesiones que requieran habilidades robustas: plomero, electricista, partera o jardinero.

Es irónico que 150 años después de las grandes revoluciones sociales en Europa, y debido a una revolución precisamente tecnológica, sean las clases obreras las que salgan reivindicadas en el mercado laboral, donde sus habilidades por el momento siguen siendo esenciales e irremplazables.

¿Cuánto cuesta el kilo de pan? La percepción de la realidad en el mundo político

Camilo Filártiga   |   Gastón O. Alvear Gómez
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¿Cuánto cuesta el kilo de pan? La percepción de la realidad en el mundo político

La dramaturga alemana Theresia Walser publicó su obra «Soy como ustedes, me encantan las manzanas» en la que retrata la vida pública y privada de tres primeras damas, incluyendo a Imelda Marcos, esposa del dictador filipino Ferdinand Marcos, quien gobernó entre 1965 y 1986. 

La obra explora la percepción que estas mujeres tenían de sí mismas y la desconexión con la realidad de sus respectivos países, encapsulada en la anécdota famosa de los 3,000 pares de zapatos de Marcos mientras Filipinas cruzaba una crisis económica. Este tema de desconexión y distorsión de la realidad no es exclusivo de épocas pasadas o figuras exóticas; es una constante en la política contemporánea, especialmente en nuestra región.

Una pregunta habitual en las entrevistas a políticos, ya sean candidatos o autoridades electas, es sobre el costo de vida de los ciudadanos. Las respuestas a menudo revelan una notable desconexión con la realidad de gran parte de la población. Este fenómeno se conoce como «sentido de la realidad,» que se refiere a la capacidad de una persona para percibir y comprender objetivamente el mundo que la rodea, basándose en hechos concretos en lugar de percepciones distorsionadas por prejuicios, ideologías o deseos personales.

Ligado a esta falta de sentido de realidad, se encuentra otro concepto: la «obstinación doctrinaria.» Este término se refiere a la inflexibilidad ideológica y emocional de ciertos políticos, quienes defienden una determinada doctrina o ideología incluso cuando existen evidencias claras que sugieren lo contrario. Esta obstinación impide la búsqueda de soluciones pragmáticas y la cooperación con otros actores políticos, afectando la efectividad y credibilidad de la clase política.

La ausencia de sentido de realidad y la obstinación doctrinaria se manifiestan especialmente durante épocas electorales. Es común ver a políticos ofreciendo soluciones simplistas a problemas complejos, sin considerar las implicaciones prácticas o los recursos necesarios. También se observa una desconexión con las preocupaciones diarias de los ciudadanos, priorizando disputas partidistas o la imagen pública sobre la resolución de los verdaderos desafíos que enfrenta la sociedad.

En América Latina, hemos sido testigos de ejemplos claros de esta desconexión. Durante la pandemia del COVID-19, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se refirió a la enfermedad como una «gripecita» en medio de una crisis sanitaria global. En Chile, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera en 2019, el Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Luis Castillo, afirmó en un programa radial que las personas iban a los consultorios médicos a «hacer vida social.» Ese mismo año, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al celebrar una variación de 0.0 en el Índice de Precios del Consumidor, invitó a los «románticos a regalar flores» ya que su precio había descendido un 3,7%. Estas declaraciones, aunque anecdóticas, reflejan una falta de conexión con la realidad que resulta preocupante.

Sin embargo, es en Venezuela donde la desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana se hace más evidente. El régimen de Nicolás Maduro ha construido narrativas para intentar justificar los estragos que su gobierno ha causado en el país, negando lo que es evidente para cualquier observador imparcial: que Venezuela se encuentra bajo un régimen autoritario que oprime las libertades fundamentales de su pueblo. De cara a las elecciones presidenciales de 2024, la comunidad internacional cuestionó seriamente la percepción que tiene Maduro y sus adherentes sobre la situación del país y los resultados electorales frente a la realidad vivida por los venezolanos.

Para abordar estos problemas, los propios políticos y partidos pueden tomar medidas concretas. En primer lugar, es crucial fomentar el diálogo y el debate constructivo, reconociendo que la ideología puede ser la base de las propuestas políticas, pero entendiendo que el adversario puede tener visiones válidas y diferentes. La colaboración y la cooperación son fundamentales para negociar y llegar a acuerdos que realmente mejoren la vida de las personas.

En segundo lugar, es necesario invertir en proyectos de desarrollo político, pensamiento crítico y análisis de datos para comprender mejor los problemas complejos. Esto permitiría a los políticos diseñar políticas más efectivas y alineadas con la realidad. Finalmente, se debe promover una cultura del aprendizaje, donde se reconozca que los políticos pueden cometer errores y aprendan de ellos para adaptarse a nuevos contextos. Este enfoque no solo mejorará la calidad de las decisiones políticas, sino que también aumentará la confianza pública en las instituciones democráticas.

En conclusión, la falta de sentido de realidad y la obstinación doctrinaria no solo afectan a los políticos, sino también a la sociedad en general y, en última instancia, a la calidad de la democracia. Esta reflexión busca destacar la importancia de estar conscientes de nuestra realidad y la de quienes nos rodean, entendiendo que la política es un trabajo conjunto y que la democracia, como ideal, no debe ser abandonada.

Lo que ocurre en Venezuela debe servir de lección para nuestros países, sobre la manera en que vemos y hacemos política. Mientras más nos alejemos de la realidad y nos cerremos en nuestras propias ideologías, mayor será la desconfianza hacia la política y la desafección con la democracia.

México, el viaje al precipicio autoritario

Ernesto Hernández Norzagaray
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México, el viaje al precipicio autoritario

El pasado 2 de junio se celebraron elecciones constitucionales en México para elegir al presidente de la República y a los integrantes del Congreso de la Unión, además de casi una decena de gobiernos estatales, congresos locales y miles de alcaldías. Los estudios socioterritoriales del voto realizados por Willibald Sonnleitner en el Colegio de México arrojaron que el apoyo de los votantes, si bien mayoritariamente favorecieron a la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, no fue unánime, como lo demuestra que esta suma de anagramas alcanzó el 56% ante el 44% que obtuvo la oposición PRI-PAN-PRD, organizada en la coalición Fuerza y Corazón Por México, y el partido Movimiento Ciudadano, que compitió solo. Desde entonces se han acumulado cinco momentos cruciales que nos llevan a justificar el título de este artículo. 

Al día siguiente de las elecciones

Cuando todavía no había resultados definitivos del Instituto Nacional Electoral (INE), Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, convocó a la prensa para anunciar inopinadamente cómo quedaría integrado el Congreso de la Unión bajo el sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional, señalando que la coalición de su gobierno, Sigamos Haciendo Historia, de acuerdo a una interpretación gramatical no literal, sistemática y funcional del artículo 54 constitucional, había obtenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estaba a tres votos de lo mismo en la Cámara de Senadores.  

Aprobación del INE 

Siete de los once consejeros electorales del INE votaron en la dirección de lo que la Secretaria de Gobernación había anunciado y la resolución la controvirtió la oposición ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde cuatro de los cinco magistrados electorales refrendaron lo que habían acordado la mayoría de los consejeros electorales. Los magistrados desecharon ipso facto los recursos de reconsideración que la oposición había interpuesto en contra de la sobrerrepresentación del oficialismo.  

Reformas constitucionales 

Con esa sentencia definitiva se instaló la Cámara de Diputados con 364 legisladores oficialistas y 136 de la oposición y, en ese momento, se puso en marcha la aprobación de las 20 reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador, entre las que destaca la del Poder Judicial, que pretende sustituir el sistema meritocrático por el de la elección popular directa de jueces, magistrados y ministros, lo que ha provocado un paro nacional y movilizaciones masivas en todo el país de empleados y funcionarios judiciales, estudiantes y académicos, además de segmentos de la sociedad civil organizada en la Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional.  

Reacción internacional 

Esto ha provocado, además, reacciones en contra del gobierno de Estados Unidos y los grandes medios de comunicación internacional por el daño que provoca en las reglas del juego del Tratado de Libre Comercio, en la ONU por su significado para las instituciones de la democracia y en los riesgos de la instalación de un sistema dictatorial.   

Eso ha significado un triple efecto negativo en términos políticos, económicos y jurídicos que ha provocado una devaluación del peso del orden del 15% desde el día de las elecciones constitucionales.   

No obstante, los trabajos de la reforma judicial continuaron y ya es ley constitucional. Para ello han logrado los votos que les faltaban en el Senado de la República para tener la mayoría calificada, proviniendo dos de ellos del PRD y otro más del PAN mediante presiones y amenazas sin necesidad de pactar con la oposición. 

Alineamiento de Sheinbaum 

Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, que habrá de tomar posesión de su cargo el 1 de octubre, está plegada a la postura de los jacobinos de Morena y aliados encabezados por el presidente López Obrador. Y en ningún momento se ha salido del guión contra el Poder Judicial y, en especial, contra ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han sostenido una posición indeclinable de defensa de la Constitución.  

En suma, instituciones fundamentales de la transición a la democracia están bajo amenaza, y con ello las bases de sustentación de un largo periodo de estabilidad social, económica y política, y se puede entrar en un cambio de régimen o, mejor, llevar a restablecer el modelo de sistema de partido hegemónico priista sin oposición que permaneció buena parte del siglo XX.

Ecuador y China: De la diplomacia exploratoria al TLC

Valeria Puga Álvarez
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Ecuador y China: De la diplomacia exploratoria al TLC

Hasta hace un poco más de dos décadas, el intercambio comercial entre Ecuador y China distaba de los volúmenes actuales. Según el Banco Central del Ecuador, en 2002 las exportaciones al país asiático apenas bordeaban los 24 millones de dólares y las importaciones se elevaban por los 290 millones. Hoy esas cifras, contrastan con el rol protagónico que juega China en la economía ecuatoriana como principal socio comercial no petrolero y como primera fuente de financiamiento externo bilateral.

Para la estrategia china, Ecuador no era un actor prioritario al lado de economías como las de Brasil, Argentina y México. Por ello, resulta peculiar que de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que China ha firmado hasta el momento con países de la región, ninguno sea con los estados objetivo, sino con economías medias y menores, como las de Perú, Chile, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua.

Para China, los TLCs son instrumentos complementarios al sistema multilateral de comercio, afines a sus propósitos de “apertura al exterior y aceleramiento de las reformas internas”. Así, China ha encontrado en el comercio, y no en la seguridad o en la política, su terreno fértil para ampliar sus relaciones con países de histórica influencia estadounidense como Ecuador.

Consenso ecuatoriano y pluralismo profundo chino

El nexo entre Ecuador y China ha ido in crescendo, a la par que el gigante asiático ha ascendido como potencia mundial, sobre todo, económica desde 2010. Se trata de una asociación sólida que, a pesar de los cambios en la orientación política de los gobiernos ecuatorianos, ha logrado sostenerse en dos pilares importantes: el reconocimiento del principio de una sola China por parte de Ecuador y el fortalecimiento de sus relaciones comerciales.

Si bien esta continuidad refleja el “espíritu geopolítico de la época”, también es el resultado de la convergencia entre la consolidación de un consenso pragmático, a nivel nacional, de que no se puede prescindir de China como socio privilegiado comercial y el precepto armonizador chino de “pluralismo profundo” se fundamenta en “el establecimiento y desarrollo de relaciones entre países con diferentes sistemas sociales”, más allá de lógicas antagónicas.

El concepto de “pluralismo profundo” tiene sus raíces empíricas en la doctrina de “coexistencia pacífica”, vigente en la diplomacia china hace 70 años. Este principio contrasta con el acento universalista de la política exterior estadounidense, que tiende al binarismo confrontativo y es mucho más dependiente de la orientación política del gobierno de la contraparte.

Esta diferencia de aproximaciones ha sido evidente en Ecuador, que después del gobierno del presidente Rafael Correa, se ha realineado con EUA y su agenda, y ha limitado su cooperación con China a lo comercial, intentando apartarse de lo financiero y lo político.

Las bases normativas del TLC

Para dar cauce al vigente Tratado de Libre Comercio (TLC) fue necesario el ingreso del país asiático a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, el establecimiento de una nueva política de diversificación económica y comercial por parte de Ecuador en 2007, y la deliberada adopción de China de una estrategia de acercamiento a América Latina en 2008.  Estos tres eventos configuraron el campo normativo básico para la posterior profundización de los vínculos transaccionales entre ambos países.

La crisis económica y financiera de 2008, que afectó sobre todo a EEUU y a Europa, dejó un importante espacio de maniobra política para que tanto China como América Latina fortalecieran sus relaciones. El primer libro blanco de la política china para la región coincidió con el “giro a la izquierda” en varios países, mayormente de Sudamérica, que intencionalmente optaron por diversificar sus relaciones con socios no tradicionales y antihegemónicos como China.

En el caso de Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2020, estableció como objetivo la ampliación de las relaciones económicas del país con socios de la Cuenca del Pacífico como China, Japón e India. Aquello significó no solo una intensificación comercial, aunque asimétrica, entre China y Ecuador, sino el intento del forjamiento de un nexo conducente a la consolidación de un orden posamericano.

Además, implicó para el gobierno de Rafael Correa, una fuente de financiamiento de un modelo propio de desarrollo, el del “Buen Vivir”. Esta convergencia política, comercial y financiera contribuyó a que China elevara su nexo con Ecuador a “Asociación Estratégica” en 2015, lo que se tradujo, según el Banco Central del Ecuador, en un pico de las exportaciones ecuatorianas al gigante asiático.

Aunque la base de esta asociación se constituyó, en gran medida, alrededor de la agenda compartida de “defensa de los intereses comunes de los países en vías de desarrollo” y de “construcción de un mundo multipolar”, sentó los marcos técnicos para la exploración de “la complementariedad de la economía y del comercio bilateral”.

A pesar del leve peso geopolítico del Ecuador y del tamaño de su economía, el país andino tuvo un rol pivote en el acercamiento de China a la región, a través de su gestión como miembro del cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), de su presidencia pro tempore del organismo y su fomento en la construcción del Foro China-CELAC. Tanto la visita de Xi Jinping, como el elevamiento de la asociación, supusieron un reconocimiento tangible a estos oficios diplomáticos.

Las relaciones comerciales con China, una política de Estado

Si bien la llegada de Lenin Moreno al poder significó un giro político tectónico frente a la administración de Rafael Correa, no prescindió del crédito chino, ni revirtió el rumbo de las relaciones comerciales. En 2018, adhirió al Ecuador, a la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” , a pesar de haber retornado al realineamiento con Washington.

Posteriormente, la firma del TLC con China el 10 de mayo de 2023, bajo la presidencia de Guillermo Lasso, y su ratificación durante el gobierno de Daniel Noboa el 7 de febrero de 2024, confirmaron la consolidación de un consenso pragmático entre las élites políticas y económicas, así como entre sectores de productores agrícolas e importadores de estrato medio sobre el irreversible nexo comercial con China.

Perspectivas

El TLC con China se ratificó con un total de 76 votos de 137. Si bien existe un optimismo generalizado alrededor de las ganancias que se puedan derivar de éste, sobre todo en el rubro de las exportaciones no petroleras, que podrían aumentar entre USD 3000 y USD 4000 millones en los próximos años, queda la cuestión de si el Acuerdo puede ser, más bien, un incentivo para la persistencia del patrón primario-exportador del Ecuador.

Desde una lectura objetiva, es pertinente dimensionar a los TLCs como un instrumento comercial y regulador de normas, perfectible y renegociable en el tiempo, y no como un fin en sí mismo, ni como un reemplazo de las políticas que le corresponden establecer al Estado. Ciertamente, en la era de la economía del conocimiento y la inteligencia artificial, subsiste, en ciertos sectores, la preocupación de cambiar la matriz productiva, aunque ese asunto ya no es parte sustancial, ni eje del ejercicio gubernamental actual.

En el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral de 2016, China expresaba su disposición de “(…) fomentar su cooperación hacia la transferencia tecnológica con el objeto de ayudar al Ecuador a acelerar su proceso de industrialización y elevar su capacidad de desarrollo independiente”. En el TLC, se recoge en algunos objetivos, como los de cooperación económica, el fomento a la transferencia tecnológica en áreas de interés mutuo. Sin embargo, corresponde al Estado establecer la política pública que garantice un saldo favorable para el país y aprovechar, inteligente y redistributivamente, el TLC, así como el vínculo que se ha forjado con China en estos 44 años.

*Este texto fue publicado originalmente en la web de  REDCAEM

El Salvador: Un “accidente” mata a tres incómodos “amigos”

Dardo Justino Rodríguez
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El Salvador: Un “accidente” mata a tres incómodos “amigos”

Suelen decir que nadie muere en la víspera… aunque en El Salvador de Nayib Bukele, parece que algunas muertes son tan oportunas que permiten dudar del dicho y pensar que alguien tuerce los destinos y adelanta sus finales.

Tres personajes íntimamente ligados a acciones poco claras del gobierno de Bukele, se transportaban el pasado 9 de septiembre junto a otras 6 víctimas, en un helicóptero que cayó en un sector de Pasaquina, La Unión. La aeronave cayó luego de haber recibido en la frontera El Amatillo al ex gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI), implicado en el desfalco de hasta 35 millones de dólares, Manuel Coto Barrientos. Coto fue entregado por las autoridades hondureñas, que lo habían apresado tras una alerta roja al intentar cruzar a Nicaragua. Las otras dos muertes oportunas para la administración de Bukele, son la del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y la del subdirector de Inteligencia Policial, Douglas Omar García Funes.

El financista que sabía demasiado

Manuel Alberto Coto Barrientos, ex presidente de la cooperativa COSAVI, era un mago de las finanzas, al punto que hizo desaparecer unos 35 millones de dólares de las arcas de esa institución. COSAVI está intervenida desde el mes de mayo de este año y bajo investigación de la Fiscalía por defraudación a la economía pública.

Si bien su pedido de captura internacional estuvo oficialmente fundamentado en la supuesta estafa, lo cierto es que este “genio” de las finanzas sabía demasiado respecto de las andanzas non sanctas de diputados y alcaldes del partido oficialista Nuevas Ideas, fundado por Bukele para acceder nuevamente a la presidencia con una sigla propia.

En un país como El Salvador, actualmente administrado por una familia y algunos compinches sin escrúpulos, tener cierta información suele ser peligroso. Y cuando estallan los escándalos, el peligro es aún mayor.

Un jefe policial con una oscura historia

El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, fue durante años la cara visible de la represión desatada por el régimen de Bukele, amparada legalmente en el régimen de excepción, con el cual se justificaron y se justifican las atrocidades cometidas contra la población civil, involucrada o no, en actos delictivos.

Este era uno de los principales acusados por campesinos y ciudadanos pobres cuya inocencia no puede ser probada debido a un sistema judicial y policial corrompidos. Entre otras complicidades, se le acusa del homicidio de una mujer policía y una larga lista de violaciones a los Derechos Humanos, según organizaciones internacionales.

Con su fallecimiento, el presidente Bukele puede tomar aire sin riesgos de resfríos, pues puede señalar al jefe policial muerto como el único, o al menos principal, responsable de las capturas indiscriminadas, las corruptelas policiales, las torturas y las violaciones a los derechos de los detenidos, fueran o no culpables de algún delito.

Un policía con doble juego

Aunque el subdirector de Inteligencia Policial, Douglas Omar García Funes, fue entronizado en el cargo por Nayib Bukele, venía siendo observado por la DEA desde el gobierno de Elías Antonio Saca González (2004-2009), por sospechas de ser un activo protector de los carteles del narcotráfico, labor en la cual se valdría de elementos corruptos de la Unidad de Reacción Policial.

En este caso, el gobierno de Bukele se ha librado de un potencial chivo expiatorio en el hipotético caso de que a organismos internacionales se les ocurriera profundizar en las complicidades estatales con el negocio narco.

Muy buena suerte la del presidente Bukele, que, en un solo acto, ha visto desaparecer de su futuro, tres sombras que podían haberle generado problemas implicándolo, junto a gran parte de su círculo íntimo, con el narcotráfico y otros negocios poco claros. Un oportuno accidente que quite del camino a tres embarazosos compinches no se da todos los días, pero el presidente parece tener mucha suerte cuando se trata de mantener las impunidades.

Sobre la estrategia para superar la crisis venezolana

Enrique Gomáriz Moraga
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Sobre la estrategia para superar la crisis venezolana

Maduro cuenta todavía con una reducida base social de apoyo; según los resultados de los pasados comicios, le vota un cuarto de los electores, lo que significa una rotunda derrota electoral, pero la capacidad de movilizar gente, sobre todo de militantes encuadrados en destacamentos de choque. También se apoya en unos poderes fácticos (mandos institucionales y cúpula militar) mínimamente cohesionados, sobre todo ante la incertidumbre que supondría la caída del régimen. Por otra parte, disfruta de la herencia ideológica de la fundación del chavismo. Y tiene el apoyo externo de gobiernos autoritarios, de mayor (China y Rusia) y de menor cuantía (Irán, Corea del Norte). La conclusión que se obtiene de este examen es que la caída del régimen de Maduro no es un asunto precisamente fácil.

Por eso, la identificación de los factores de su debilitamiento tampoco es sencilla. Pero antes de avanzar en ello, conviene descartar algunos extremos. En primer lugar, resulta torpe y nociva la idea de que, cuanto más suave sea el trato con el régimen, más posibilidades hay de una transición democrática. Una aceptación suave del gobierno de Maduro conduce inexorablemente a su prolongación en el tiempo. De igual forma, en su extremo opuesto, el rechazo formal -sin más- de su régimen, tampoco permite superar la crisis. Incluso puede conducir a su enquistamiento. Es necesario que el rechazo político vaya acompañado de actuaciones concomitantes.

Si se descarta igualmente una solución violenta, solo queda por delante la perspectiva de una negociación forzada. En tal sentido, no estoy seguro de que sea apropiada la imagen que propone el premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, de que Venezuela es hoy un narcoestado. Sobre todo, si se asocia con lo sucedido con Noriega en Panamá. Calificar el régimen de Maduro como un narcogobierno es reducir mucho la naturaleza de su autocracia. Pero, además, la operación quirúrgica que se practicó en el país del istmo es de un riesgo inasumible en el caso de Venezuela.

Ciertamente, la perspectiva de una negociación política debe de hacerse desde una posición de fuerza. La base irrenunciable de esa estrategia debe consistir en la exigencia de respetar la trasparencia de las anteriores elecciones, a partir de la comprobación de las actas de mesa. Mientras esa exigencia no se cumpla, no debe haber aceptación plena de la actual presidencia de Maduro.

Esa es la línea roja que mantiene la oposición interna y debe ser el parámetro para los gobiernos democráticos en América y Europa. Estos últimos deben complementar su acción impulsando medidas sancionadoras que se correspondan con esa posición de principios. Desde luego, medidas que deben ser graduables y dirigidas con precisión. Por ejemplo, las sanciones discutidas en el entorno del Gobierno de Biden que afectaría a altos mandos del régimen chavista, tienen la virtud de afectar la cohesión de los poderes fácticos, sin constituir un ataque nacional contra Venezuela.

Sin embargo, todas estas actuaciones firmes, deben formar parte de una perspectiva de negociación. Incluso si esa negociación no fuera de corto plazo: reconocimiento de la derrota electoral y garantías de no represalia. Si tal negociación no fuera posible, también habría que plantearla a mediano plazo: volver a realizar elecciones en uno o dos años más. Lo que resulta decisivo es que la puerta de salida y acceso para una negociación debe de quedar abierta a los ojos de los cuadros chavistas y toda la población venezolana. También debe quedar claro que se trata de una negociación consistente y no un artilugio para mantenerse en el poder o lo contrario: para provocar una inmediata caída del régimen.

En este contexto, también pueden producirse “tiempos fuera”, que signifiquen algún tipo de concesión mutua. A ello responde la salida de Venezuela de Edmundo González, el candidato opositor ganador de las pasadas elecciones, para acogerse al asilo político en España. Como afirma la opositora Corina Machado “estaba en riesgo su seguridad personal” y con su salida se muestra los límites del aparato represivo del régimen. Pero, al mismo tiempo, el gobierno de Maduro se desprende de una papa caliente que le quemaba las manos. Desde luego, ambas partes tratarán de sacar rédito político del penoso hecho, pero si se mantienen con firmeza en sus posiciones, la salida de González no rompe decisivamente el equilibrio de fuerzas actualmente existente.

Ciertamente, esta estrategia orientada hacia una negociación forzada, requiere de mucha coordinación dentro y fuera del país, y de una mano con buen pulso para elegir las medidas que se correspondan con la situación, ni muy conciliatorias (del estilo de Rodríguez Zapatero) ni muy pasadas de tono (como proponen algunos venezolanos en el exilio). Insistiendo, además, en algunas lecciones que se desprende del análisis comparado de otros procesos de democratización: que nadie puede sustituir a la ciudadanía venezolana a la hora de elegir una estrategia atinada y que hay que prestar especial atención a los acontecimientos inesperados.

Un Ecuador fragmentado irá a las urnas 

César Ulloa
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Un Ecuador fragmentado irá a las urnas 

En febrero de 2025 Ecuador volverá a las urnas para celebrar elecciones generales, en las cuales se elegirán un binomio presidencial, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. Es un ciclo atípico, pues antecede a este proceso la muerte cruzada o disolución de la Asamblea que se produjo por decreto ejecutivo en la administración del expresidente Guillermo Lasso en mayo de 2023 y que adelantó las elecciones para un periodo corto. Daniel Noboa fue electo para asumir la primera magistratura y ahora también es candidato. Para ese momento, el nuevo gobierno asumió la peor crisis de inseguridad de la historia democrática, desempleo y fragilidad institucional. Los problemas siguen siendo los mismos de cara a un nuevo sufragio.

Para estas elecciones, 17 organizaciones políticas están habilitadas para presentar candidaturas. Al momento, 16 binomios aceptaron sus postulaciones. Esta cifra resulta extrema si se considera el tamaño de la población, cercano a los 18 millones de habitantes. En este mismo escenario, el país sigue con el arrastre de contar con 290 agrupaciones con registro electoral para inscribir candidaturas locales. Por tanto, el número de aspirantes al poder excede vertiginosamente a los que se eligen para las distintas dignidades. 

Esta situación histórica genera dos fenómenos anómalos para una democracia saludable: fragmentación y volatilidad. En otras palabras, hay un exceso de postulantes, mientras que, por otra parte, los electores no votan por la misma tienda política entre cada elección; en definitiva, no hay fidelización ni ideología, más bien se ha exacerbado la personalización política, los outsiders y el populismo. Otro problema que se agudiza es que los partidos seleccionan a sus candidatos por fuera de los partidos, pues así lo posibilita el artículo 94 del Código de la Democracia. Es decir, no se necesita ser afiliado a un partido para ser candidato. 

Partidos sin candidatos propios

Este contexto pone en discusión la misma realidad de las tres últimas elecciones: partidos sin candidatos y también candidatos sin partidos. Pese a que la Ley Electoral de Ecuador posibilita la inscripción de alianzas, solo se ha registrado una después del intento fallido de los movimientos y partidos de izquierda para sellar un acuerdo programático que incluyera un plan de gobierno y la confección de las listas para el binomio presidencial y la Asamblea. Por primera vez, la Revolución Ciudadana (RC) liderada por el expresidente Rafael Correa busca aliados y reconoce que no tiene la fuerza electoral después de haber perdido por dos ocasiones las presidenciales. Ahora, la RC se junta con un movimiento pequeño, Reto.

Las izquierdas llegan a esta elección más fragmentadas que en ocasiones anteriores, pues varios cuadros disidentes del correísmo corren por cuenta propia, además que el movimiento indígena va solo con el líder de los dos últimos ciclos de protesta nacional como alternativa, Leonidas Iza. Para el caso de las derechas, ocurre lo propio pero sin mayor fragmentación. El tradicional Partido Social Cristiano y el partido del presidente Noboa ADN van por cuerdas separadas, pese a que al inicio del gobierno actual fueron aliados, así como con el correísmo en la Asamblea.

Encuestas: las primeras radiografías

Las encuestas coinciden en los cuatro primeros lugares en intención de voto. La radiografía del momento ubica al presidente candidato, Daniel Noboa, en primer lugar. Le siguen el correísmo de la RC con Luisa González, después Jean Topic, quien se presenta por segunda ocasión, y, en cuarto lugar, el líder indígena Leonidas Iza. Entre el primero y segundo lugares hay un margen que va de los 8 a los 10 puntos, pero ninguno se alzaría con la presidencia en una sola vuelta. Dado que en Ecuador se elige en el mismo día también a los asambleístas, es posible que se conforme un legislativo fragmentado, debido al número de partidos que inscribieron candidatos a nivel local y nacional. Pasamos de una Asamblea de 137 a 151 curules.

En esta contienda, el leitmotiv será una vez más correísmo versus anticorreísmo, pues no se vislumbra todavía una tercera fuerza política como alternativa. La inexistencia del centro político se acentúa. Bajo estas condiciones, el presidente Noboa pretende embanderar el anticorreísmo, y además suma en su caja de mensajes la idea de representar la nueva generación política y un gobierno de mano dura contra la delincuencia y la corrupción. Por el otro lado, se le indilga al actual mandatario improvisación, inexperiencia, una suerte de exceso de juventud para afrontar los problemas más severos y que giran en torno a la inseguridad, el crimen organizado, la narcopolítica y la crisis energética.

En esta contienda, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en la anterior elección enciende las alertas respecto de cómo se desarrollarán las campañas electorales, más aún cuando la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, ha presentado evidencias en varios juicios, algunos con sentencias en firme, acerca del entramado entre política y narcotráfico. La narcopolítica es un tema importante en la lid, pues pone en discusión el financiamiento de la política, las relaciones del narco con la justicia y también su conexión con los partidos políticos.

Entre otros hechos, a diferencia de las anteriores elecciones, la paridad es una realidad y se expresa en la conformación del binomio presidencial hasta las listas para la Asamblea en las dignidades provinciales y nacionales, asimismo la cuota de jóvenes. Esto ha exigido a los partidos y movimientos que reformulen sus procesos de democracia interna en términos de incorporar a mujeres y jóvenes a la vida política. Habrá que ver si la norma, más allá de su aplicación, refuerza el trabajo de las organizaciones políticas en las escuelas de formación de cuadros como establece el Código de la Democracia.

Salud pública: la clave para el futuro de la región

José Julio Villalba
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Salud pública: la clave para el futuro de la región

En América Latina y el Caribe la salud no debería ser un lujo: se trata de un derecho humano que todos los estados deben garantizar. ¿Por qué es tan crucial? La realidad es que la salud de una población refleja su desarrollo económico y social. Es esencial que ciudadanos, profesionales de salud y gobernantes participen en un diálogo constante sobre los sistemas de salud. Este diálogo es imprescindible para reconocer nuestros logros, enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que nos esperan.

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

En las últimas décadas hemos visto avances significativos en salud pública. La cobertura de vacunación ha aumentado, la mortalidad infantil ha disminuido y el acceso a la atención médica ha mejorado. Pero, ¿qué significa esto para ti y para mí? Según Julio Frenk, un experto destacado en sistemas de salud, un sistema exitoso no solo debe ofrecer atención médica de calidad, sino también estrategias efectivas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Estos logros demuestran que, cuando se invierte en salud pública, los resultados pueden ser impresionantes.

¿Cuáles son los desafíos que aún enfrentamos?

La desigualdad en el acceso a la atención médica sigue siendo un problema grave: muchas comunidades vulnerables aún enfrentan barreras significativas para recibir atención adecuada. ¿Por qué sucede esto? La falta de recursos y una infraestructura insuficiente son factores clave. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Los sistemas de salud deben ser flexibles y resilientes para superar estos obstáculos. Es crucial que tomemos medidas concretas para asegurar que todos, sin importar su estatus económico o ubicación, puedan acceder a servicios de salud de calidad. 

¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades?

Invertir en salud pública no se trata solo de bienestar, sino también de desarrollo económico. ¿Por qué es esto tan importante? Una población saludable es más productiva. Disminuir la carga de enfermedades reduce los costos de tratamiento y fortalece una fuerza laboral activa y capacitada. Un sistema de salud bien diseñado puede impulsar el desarrollo económico, generando beneficios significativos para toda la región. Además, enfocarse en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud no solo evita enfermedades costosas, sino que también mejora la calidad de vida, lo que promueve el desarrollo económico.

¿Qué deben hacer los gobernantes?

Los gobernantes deben entender que priorizar la salud pública es crucial para construir sociedades justas. ¿Por qué es tan vital? Un sistema de salud eficiente no solo mejora la vida de las personas, sino que también fortalece la cohesión social y económica. Para lograr esto, los sistemas de salud deben integrar atención médica con estrategias de cambio climático y producción de alimentos sostenibles. Las políticas públicas deben enfocarse en mejorar el acceso y la calidad de la atención médica, así como en crear un entorno saludable. De esta manera, los gobernantes pueden asegurar un futuro más equitativo y próspero para toda la región. 

¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros?

La responsabilidad de mejorar la salud pública no recae solo en los gobiernos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Los ciudadanos deben estar informados y comprometidos con la prevención de enfermedades y el autocuidado. Debemos exigir a nuestros gobiernos políticas y servicios que prioricen la salud. Además, el personal de salud juega un papel vital; debe estar bien capacitado y ser proactivo en educar a la comunidad sobre prácticas saludables. La colaboración entre ciudadanos y profesionales de salud es esencial para construir sistemas de salud más sólidos y efectivos. 

Salud pública: la base para un futuro próspero en Latinoamérica y el Caribe

La salud pública es mucho más que un simple asunto médico; es el cimiento sobre el cual se construye un futuro económico sólido y un bienestar general. Para los jóvenes de nuestra región, entender este concepto es fundamental, ya que la salud pública afecta directamente a nuestra calidad de vida y el porvenir de toda la comunidad. El dinero dedicado a salud pública no es un gasto, sino una inversión en un futuro más saludable, equitativo y próspero. 

Cada uno de nosotros, ya sea como ciudadano, profesional de la salud o gobernante, desempeña un papel crucial en la creación de un sistema de salud que asegure el bienestar y el desarrollo sostenible para las generaciones venideras. ¿Qué acciones tomarás para contribuir a este esfuerzo? La participación activa y el compromiso de todos son necesarios para fortalecer nuestros sistemas de salud.

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