Hezbollah y sus actividades ilícitas en América Latina

Hezbollah, el grupo militante chií libanés, ha mantenido una presencia en América Latina desde la década de 1980 utilizando la región como base para la recaudación de fondos y operaciones terroristas. ¿Cómo operan y cómo se puede abordar esta problemática?

La infraestructura financiera de Hezbollah en América Latina se sostiene sobre actividades ilícitas como el narcotráfico, la falsificación y el contrabando. Estas actividades generan ingresos significativos y proporcionan un medio para el lavado de dinero. Al mismo tiempo, el grupo se integra en sectores económicos legítimos, utilizando empresas fachada y asociaciones comerciales para ocultar sus operaciones ilegales.

El especialista en terrorismo Emanuele Ottolenghi, senior fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias, afirma que “la presencia de Hezbollah en la región ha sido facilitada por la diáspora libanesa, que proporciona una red de apoyo cultural y financiero”. Lugares como la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay se han convertido en focos de actividad para Hezbollah, con consecuencias directas para la seguridad de estos países.

Ottolenghi también señala que el grupo cuenta con apoyo desde las comunidades de su diáspora global para construir redes de lavado de dinero e invertir recursos a través de su iniciativa Dawa Global, que mantiene la lealtad de la diáspora y su apoyo concreto. Estas inversiones incluyen fondos para mezquitas, escuelas, centros culturales, movimientos de jóvenes y asociaciones de beneficencia. La organización envía clérigos, instructores y maestros para liderar estas instituciones, garantizando el adoctrinamiento de las comunidades y su continua lealtad.

Este sistema ha facilitado que algunas comunidades estén culturalmente alineadas con los objetivos de Hezbollah. Se trata de una estrategia multifacética que asegura un flujo constante de recursos y apoyo, y le permite operar con relativa impunidad en la región. Como apunta Ottolenghi, la infraestructura social que sostiene a Hezbollah es fuerte y su influencia es cada vez más expansiva.

La universidad que exporta la Revolución Islámica

El régimen iraní comenzó a ganar terreno en América Latina poco después de la Revolución Islámica de 1979. En 1983, el clérigo Mohsen Rabbani fue enviado a Argentina para dirigir la Mezquita Al-Tawhid en Buenos Aires, marcando el inicio de una influencia profunda en la región que culminó con el atentado de la AMIA en 1994. Tras regresar a Irán, Rabbani estableció el sistema de adoctrinamiento más organizado del régimen en el extranjero, con América Latina como su principal objetivo a través de la Universidad Al-Mustafa, fundada en 2007 en Qom por orden del Líder Supremo Ali Jamenei.

Con un presupuesto anual de 74 millones de dólares, la Universidad Al-Mustafa se ha convertido en un centro de difusión de la ideología del jomeinismo. La institución entrena a clérigos de todo el mundo para propagar la ideología chiíta revolucionaria y sirve como principal centro de reclutamiento y formación para conversos extranjeros. Un departamento específico dedicado a América Latina, el Instituto Cultural Islámico Americano, dirigido por Mohsen Rabbani, selecciona discípulos y distribuye textos en español y portugués. Esta estructura asegura un flujo constante de recursos y mantiene la lealtad de las comunidades mediante inversiones en mezquitas, escuelas y centros culturales.

IranWire  resalta que la estrategia de Al-Mustafa es metódica: con un generoso paquete de incentivos financieros, se atrae a estudiantes internacionales, quienes reciben apoyo económico para sus estudios en Irán y en sucursales en el extranjero. Un gran porcentaje de ellos son latinoamericanos, que luego se encargan de propagar las doctrinas de la Revolución Islámica, creando centros culturales y partidos locales alineados con Hezbollah. Las actividades de Al-Mustafa, que incluyen reclutamiento para milicias extranjeras, han llevado a sanciones por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU., que advierte sobre su papel en la estrategia global de Irán para exportar su ideología y extender su influencia.

No solo se trata de adoctrinamiento. Hezbollah ha sido señalada como responsable de diversos ataques en América Latina, siendo los más conocidos los perpetrados en Argentina durante la década de los 90. 

Operaciones financieras y criminales

La creciente amenaza que representa Hezbollah en América Latina está vinculada a sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Según resalta la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), a través de operaciones como Project Cassandra y Operation Cedar, se ha revelado la profundidad de la participación de Hezbollah en el crimen organizado, utilizando redes complejas para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades internacionales, la operatividad de Hezbollah en América Latina sigue siendo robusta, con incidentes recientes en Brasil que han demostrado su capacidad de planificar ataques terroristas. La colaboración con cárteles de drogas en América Latina ha fortalecido sus capacidades logísticas y financieras, una problemática agravada por la falta de designación como organización terrorista en varios países de la región.

Precisamente, la Triple Frontera se ha convertido en un epicentro del lavado de dinero para Hezbollah. Allí, el grupo aprovecha la porosidad de las fronteras y la debilidad de los controles financieros para blanquear millones de dólares anualmente, utilizando empresas fachada, casas de cambio y casinos para lavar dinero proveniente de actividades ilegales, como el narcotráfico y las extorsiones.

Por su parte, para fortalecer sus redes financieras, Hezbollah ha establecido vínculos con cárteles de drogas mexicanos y grupos terroristas locales, como las FARC en Colombia, colaboraciones que facilitan el tráfico de drogas y armas. De este modo, utilizan rutas de tráfico de drogas ya establecidas en América Latina para transportar cocaína y metanfetamina hacia Europa y Medio Oriente. Las ganancias de estas acciones son incalculables para la organización.

En Venezuela, al mismo tiempo, ha incursionado en la minería ilegal, explotando minas de coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de componentes electrónicos. Esta actividad, otra de las sustanciosas fuentes de financiación de la organización en la región, se beneficia de la corrupción y la falta de control estatal en Venezuela para explotar ilegalmente recursos naturales, según lo expuso la ONU en un informe.

Desafíos y respuestas

La capacidad de los países latinoamericanos para combatir eficazmente las actividades de Hezbollah se ve limitada por la falta de designación del grupo como organización terrorista en muchos países de la región. Solo Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay la han designado oficialmente como una organización terrorista, y esta falta de consenso regional ha dificultado la implementación de políticas efectivas y coordinadas para combatir la influencia del grupo y sus actividades ilícitas en América Latina.

Por tanto, es imperativo que los países de América Latina fortalezcan sus capacidades de aplicación de la ley para detectar, detener, desmantelar y disuadir las operaciones criminales y financieras. Esto incluye mejorar la formación y los recursos de las fuerzas de seguridad y la inteligencia, así como fomentar la cooperación entre las agencias de seguridad de diferentes países.

El cumplimiento de la política criminal local y regional en torno al lavado de activos y la financiación de grupos terroristas puede ser otra fórmula viable para contrarrestar la amenaza de Hezbollah en la región. En la medida en que los países trabajen juntos para crear un frente común contra estas actividades ilícitas, implementen leyes más estrictas y aseguren que se apliquen de manera efectiva, será posible establecer mecanismos de control y sanción que puedan disuadir las operaciones de esta organización y cerrar los canales financieros y logísticos que sustentan sus actividades terroristas.

Si bien Hezbollah ha establecido una presencia robusta en América Latina, utilizando la región como base para financiar sus operaciones globales y llevar a cabo ataques terroristas, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades locales de aplicación de la ley son esenciales para contrarrestar esta amenaza. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado se podrá enfrentar eficazmente la amenaza que representa Hezbollah en la región, garantizando así una mayor seguridad y estabilidad en América Latina.

Una radiografía sociológica de Venezuela tras 25 años de chavismo

El cuadro socio-demográfico de Venezuela, que se ha ido modificando en los últimos 25 años por la devastadora obra del chavismo, nos ayuda a entender el comportamiento de los venezolanos, incluyendo el destierro hacia España del presidente electo, Edmundo González Urrutia (EGU). Esta devastación ha producido varios fenómenos como el empobrecimiento de la clase media; la emigración de millones de venezolanos -muchos jóvenes- con el consiguiente envejecimiento de la población; el nacimiento de nuevos ricos al amparo de la corrupción; la dependencia creciente de los pobres del asistencialismo del gobierno; y el surgimiento de la clase militar como casta privilegiada.

Hagamos un poco de historia

El grueso de la oposición al chavismo desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999 la compone la clase media. Todo empezó con aquel primer movimiento en 2001 bajo el lema “con mis hijos no te metas” contra la reforma de la educación. Siguió con el levantamiento de los empleados gerenciales de PDVSA en 2002, quienes sufrieron despidos, persecución y humillaciones. Después con la derrota de Chávez en el referéndum constitucional de 2007 (“victoria de mierda”, la calificó el fallecido mandatario). Y continuó con los jóvenes que salieron a protestar en 2007 (año del cierre de la televisora RCTV) y 2017 contra las políticas de censura, hambre, y represivas de Maduro. La clase media se echó ese peso encima con su trágico saldo de asesinados, presos y exiliados.

Se estima que unos ocho millones de venezolanos han dejado el país (casi un 27% de la población) desde que Chávez llegó al poder, con un aumento exponencial bajo el gobierno de Maduro. Las diferentes olas migratorias son el síntoma de un descontento generalizado que atraviesa a todos los grupos sociales.

El resultado electoral del 28J

Una mayoría de electores, harta de la pésima gestión de gobierno, la represión y la corrupción durante la nueva etapa del chavismo encabezada por Maduro votó por un cambio. El 29 de julio una primera reacción indicaba descontento ante lo que ya parecía un abierto fraude perpetrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Provenientes de los barrios de Petare, la gran zona pobre del este de Caracas, los venezolanos más afectados caminaron por avenidas para protestar por el robo del resultado electoral.

En varias partes del país, jóvenes y no tan jóvenes tumbaron estatuas de Chávez y destruyeron pancartas gigantes con el rostro de Maduro. Miles fueron apresados y acusados de terrorismo e incitación al odio, entre ellos, cientos de menores de edad. Una veintena de personas perdieron la vida durante las protestas.

Después vinieron algunas concentraciones pacíficas convocadas por María Corina Machado (MCM) en Caracas y en algunas ciudades del interior del país. El régimen de Maduro desplegó a guardias nacionales y policías, y sacó a sus simpatizantes motorizados para impedir el paso de los protestaban. La campaña represiva ha seguido, ahora enfocada en apresar a dirigentes opositores.

En este clima de terror, las convocatorias de MCM ya no son tan masivas. En los barrios populares el sistema de control social a través del llamado “poder comunal” y los comités de alimentación CLAP que distribuyen comida subsidiada, ha tenido un impacto en la campaña de miedo. Los “sapos” (soplones) han estado muy activos acusando a vecinos que fueron testigos electorales y a quienes expresan descontento por el fraude.

La “normalidad” bajo Maduro

La mermada clase media, que todavía representa el corazón de la débil protesta contra el robo electoral, tiene que volver a sus labores para sobrevivir. Otros piensan en salir del país, lo que ya se comienza a ver en las fronteras con Colombia y Brasil. El desgaste físico y psicológico ha sido brutal para quienes tenían esperanzas de que las presidenciales del 28 de julio abrirían las puertas a una transición democrática. Los pobres, más dependientes de los subsidios y dádivas del régimen de Maduro, y muchos más expuestos al sistema de delación y vigilancia de los comisarios chavistas, no tienen otra opción que ir pasando por el aro de la “normalidad”.

La base de consumo que soporta la actividad económica depende mucho de varios factores que se han ido instalando bajo el amparo y los intereses de personas cercanas al régimen y sus cómplices. No hay que olvidar el papel de la legitimación de capitales en la economía venezolana. Si bien no es posible cuantificarlo -pues ese dinero no pasa por los controles fiscales-, es obvio que muchos comercios y servicios funcionan como lavadoras de dinero proveniente de la corrupción y del delito (tráfico de droga, venta ilegal de oro, tráfico de personas, entre otros).

Una clase de nuevos ricos, asociados directa e indirectamente con el estamento político-militar dominante, invierte y consume en un país que se ha convertido en un coto cerrado del que no pueden salir sin ponerse a riesgo de ser arrestados por sus vínculos con el crimen y las violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, ha surgido una nueva clase media, compuesta de funcionarios medios del aparato burocrático chavista en un contexto donde el Estado se ha convertido en el principal empleador del país. Allí se encuentra el núcleo duro del apoyo a Maduro en las recientes elecciones (parte del 30% de los votos que obtuvo). Aunque sus salarios no son altos, sus posiciones en el enjambre “revolucionario” les da acceso a las migajas que dejan los grandes negocios que se hacen al amparo de los jerarcas del gobierno. A su manera y con sus posibilidades, esta clase media emergente también contribuye a la apariencia de una normalidad económica.

La clase militar y los “apellidos”

En la nueva estratificación de la sociedad venezolana hay que incluir a la clase militar, especialmente a la cúpula del alto mando y otros oficiales superiores. La Fuerza Armada Bolivariana es, además del aparato represivo de Maduro, una fuente de ingresos para militares de todos los rangos. Los de arriba tienen acceso a los grandes negocios que pasan por las aduanas, contratos de compras de armas, venta legal e ilegal de oro, y el narcotráfico. La aspiración de muchos oficiales medios es ascender y llegar a cargos más altos para poder obtener su trozo del pastel. La minoría de oficiales y suboficiales que no ha aceptado la corrupción en el ejercito están presos, han muerto torturados o se han ido del país.

Tampoco se puede obviar el papel de los “apellidos” (así los llama Maduro) de las familias tradicionalmente ricas. Algunos optaron por convivir con el régimen e integrarse a sus políticas, como Alberto Vollmer (Ron Santa Teresa) y Horacio Velutini (presidente de la Bolsa de Valores de Caracas). Otros, como los Cisneros, han seguido haciendo negocios en Venezuela con un perfil más bajo. Mantienen el canal de televisión Venevisión, mermado en rating y con una cuidadosa política informativa que no moleste al Gobierno.

Los llamados “bolichicos”, muchos de “buenas familias” de la rancia burguesía, han tenido que instalarse fuera del país después de que se enriquecieron en operaciones multimillonarias, especialmente con la compra de plantas de generación eléctrica. Otros se han convertido en flamantes empresarios de medios de comunicación al servicio de la propaganda chavista.

Y el multimillonario venezolano más famoso de todos, el dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, ha logrado expandir las marcas de su corporación por el mundo debido a la inmensa diáspora venezolana. Algunos ricos se han hecho más ricos gracias al chavismo, ya sea por asociarse con él o por haber explotado económicamente las consecuencias del chavismo. Es el socialismo del siglo XXI en su apogeo.

Las paradojas revolucionarias 

El chavismo ha terminado por reivindicar a una dirigente política que viene de clase alta caraqueña, como lo es MCM. Contra todo pronóstico, después de un intenso trabajo en el terreno, ganó las primarias de la oposición y logró convencer a la mayoría que había una oportunidad de cambiar la situación el 28 de julio. Una mujer blanca, rica, que no representa a la mayoría de las venezolanas, pobres y mestizas, supo conectarse con la gente y transferir sus votos a un desconocido como lo era el diplomático retirado Edmundo González Urrutia (EGU).

Durante la campaña electoral, las figuras de MCM y EGU contrastaron con un Nicolás Maduro que comunicó la imagen de un hombre de pueblo. MCM, una mujer de hablar claro y duro, con un acento típico de clase pudiente, ha sido frontal en su discurso como lo hizo en su momento en la Asamblea Nacional ante el propio Hugo Chávez en 2012, a quien acusó directamente de ladrón por sus expropiaciones. Mientras que EGU es un hombre de hablar pausado, que camina lentamente y mide sus palabras.

Por otra parte, Maduro, el desaforado “revolucionario”, quiso asumir la imagen de un bravo gallo de pelea (“gallo pinto”), pero sus fracasos como gobernante y la corrupción de su régimen lo mandaron al foso electoral. Los venezolanos optaron por un cambio para salir de la trampa chavista, pero el gran esfuerzo de movilización y de organización para defender los votos no se ha traducido todavía en un regreso a la democracia. Más bien ha reforzado el comportamiento tiránico del régimen.

La mayoría de la oposición, hoy compuesta de una clase media disminuida y pobres, ha optado por la espera arropada por el miedo. Después de tantos muertos y presos, el bravo pueblo (como menciona el himno nacional venezolano) ha preferido la cautela. Y probablemente será todavía más cauteloso después del destierro del presidente electo EGU. Sin embargo, hay un dicho venezolano que advierte a quien se cree triunfante desde el abuso y la arbitrariedad: “te espero en la bajadita”. Todo lo que sube, cae.

*Debido a la situación política en Venezuela, el autor ha decidido publicar el texto bajo un seudónimo

¿Una inteligencia artificial al servicio de nuestras democracias?

Las oportunidades y desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) y sus impactos en las más variadas áreas de la actividad humana son motivo de debates en todas partes del mundo. Los países latinoamericanos no están al margen de la ola. En Chile se ha presentado una propuesta de ley que busca regular la IA y fomentar su desarrollo ético y responsable; la Corte Constitucional de Colombia ha emitido un fallo en el cual advierte que la IA no puede sustituir a un juez; y el nuevo Plan Brasilero de IA prevé la inversión de 4.100 millones de dólares hasta 2028 para desarrollar infraestructura tecnológica propia.

En Argentina, la IA también viene adquiriendo cada vez mayor relevancia en la discusión política. En mayo el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos y se reunió con algunos de los empresarios tecnológicos más poderosos del mundo. A su regreso, el presidente sostuvo que quiere convertir a la Argentina en el cuarto polo de IA a nivel global, junto con China, Estados Unidos y Europa. Las ventajas que tiene Argentina, según él, son recursos humanos calificados, energía disponible y las bajas temperaturas que se necesitan para refrigerar los grandes centros de datos.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad argentino anunció la creación de una Unidad de IA destinada a “la prevención, detección, investigación y persecución del delito”. La nueva Unidad de IA tendría entre sus funciones vigilar las redes sociales, sitios de Internet y otras aplicaciones, procesar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real mediante reconocimiento facial y analizar datos históricos de crímenes a través de algoritmos de aprendizaje automático.

¿A contracorriente?

Según la resolución del Ministerio de Seguridad, en muchos países que están a la vanguardia en la integración de estas tecnologías, la IA se emplea con estos fines. Lo que la resolución olvidó u omitió señalar es que estas mismas funciones también están siendo prohibidas por algunos de los mismos países que menciona. La ley de IA que acaba de ser aprobada por la Unión Europea, por ejemplo, prohíbe el uso de sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos con fines de seguridad, salvo en determinados contextos muy bien detallados.

También en la Argentina, en el ámbito parlamentario, la Cámara de Diputados de la Nación organizó en junio una Cumbre Regional de Parlamentarios sobre IA para “crear marcos regulatorios apropiados y promover la innovación responsable, protegiendo al mismo tiempo los derechos y valores fundamentales”. La Cumbre sirvió de antesala para los diversos proyectos de ley relacionados con la regulación y promoción de la IA que comenzaron a discutirse en el mes de agosto.

El hecho de que la discusión sobre el desarrollo de la IA y su impacto en la sociedad haya llegado al ámbito parlamentario podría ser una buena noticia, en tanto y en cuanto la coloca bajo la órbita de la deliberación democrática. Lo inquietante es que el debate esté siendo impulsado con cierta premura y superficialidad por un pequeño grupo de líderes y funcionarios públicos, sin incluir a sectores más amplios de la ciudadanía y sin fomentar las negociaciones y consensos previos que requiere un tema de este calibre.

Las limitaciones de la visión libertaria

Al igual que en muchos otros ámbitos, el gobierno argentino postula que para crear un entorno favorable al desarrollo de la IA en el país se debe evitar cualquier tipo de intervención estatal. Sin embargo, la idea de que la regulación va en contra de la innovación, particularmente en el campo de las tecnologías digitales, es bastante simplista. Hoy en día la mayor parte de los especialistas coincide en que la regulación, entendida de manera amplia, bien diseñada y en el momento oportuno, sirve de incentivo a la innovación, entre otras razones porque proporciona mayor certeza sobre las reglas de juego.

Si partimos de la base de que algún tipo de regulación es necesaria, la pregunta entonces ya no sería si regular o no, sino cómo regular una tecnología que es mucho más compleja (y a la vez mucho menos abstracta) de como se la suele plantear. Luego de una primera fase en la que los gobiernos prefirieron dejar la regulación en manos de las empresas tecnológicas, hoy la mayor parte de los países entiende que la autorregulación no funciona si no se la acompaña por algún tipo de intervención estatal.

Décadas de un entorno digital desregulado permitieron que unas pocas empresas acumularan un poder sin precedentes en la historia. Vivimos en un mundo en el que la capitalización bursátil combinada de los principales gigantes tecnológicos es mayor al PIB de algunos de los países más ricos del mundo y que de continentes enteros. Se trata de un poder económico que se sustenta en la creciente extracción, acumulación y procesamiento de enormes cantidades de datos. Pero también de un poder político que surge de la importancia cada vez mayor del mundo virtual en tanto arena en donde se dirimen las cuestiones públicas; y es este poder el que le permite a Elon Musk, por ejemplo, comportarse a nivel internacional como auténticos jefes de Estado.  

El avance de la IA sobre todos los ámbitos de nuestras vidas no es, como muchos afirman, algo inevitable a lo que haya que “acoplarse”. La manera en la que se desarrolle y se despliegue esta tecnología dependerá de la dirección que se le quiera dar. Esta dirección la pueden elegir las juntas directivas de unas pocas empresas que dominen el mercado global, o bien la ciudadanía, sus representantes políticos y las instituciones democráticas, incluyendo y canalizando las voces de la sociedad civil, las inquietudes de medios de comunicación, periodistas e investigadores del ámbito académico, y los intereses del sector privado involucrados, entre otros actores fundamentales.

Crear un entorno favorable para la IA puede significar proveer ventajas comparativas para que las grandes compañías tecnológicas encuentren un espacio ideal en donde expandir sus operaciones, o bien desarrollar las políticas públicas y los marcos de gobernanza necesarios para orientar ese desarrollo tecnológico hacia prácticas que sirvan al bien común. Pensar la IA en el ámbito de nuestras democracias implica, en definitiva, dar lugar a un debate abierto, inclusivo y plural sobre la tecnología y el modo en que la entendemos y queremos que impacte en nuestra sociedad.

La mitad de los cubanos creen que habría que abandonar el modelo socialista

Recientemente, el proyecto Cubadata presentó los resultados de las encuestas de su segundo panel multidimensional Explorando futuros posibles para la democratización en Cuba. Estas encuestas se realizaron entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 y se centraron en la capacidad de respuesta de las personas ante las difíciles situaciones que atraviesan día a día. El objetivo de este estudio fue determinar si existe un proceso de transformación político-cultural de los cubanos y generar evidencia objetiva y trazable que ponga a prueba varios mitos sobre la situación política y social en el país. 

Además, el panel de Cubadata proporciona una visión multidimensional de 360°, lo que permite visualizar cómo se interrelacionan diversos aspectos personales, sociales, económicos, políticos y culturales. Esta visión integral y el monitoreo dinámico a lo largo del tiempo dotan a dicho panel de un notable poder de observación e inferencia, y facilitan un entendimiento profundo de las dinámicas y transformaciones en la sociedad cubana. Una de las encuestas de Cubadata recopiló información sobre legitimidad política y el futuro de la Revolución socialista en Cuba (2023).

En este artículo presentaré algunos de los aspectos de esta encuesta y sus similitudes o diferencias con los presentados por otras investigaciones sobre los mismos temas en América Latina. Debo precisar que tomé en cuenta algunos indicadores que me parecieron relevantes. Según la investigación de Cubata, los cubanos creen que los dos fracasos mayores de la Revolución cubana son la dependencia económica (31,4 % de los encuestados) y la centralización del poder y la falta de mecanismos de participación ciudadana (23,0 %). Además, la mayor parte de los encuestados manifestaron que el estado del socialismo en Cuba es declinante o en declive (31,9 %) o, al menos, contraproducente (24,9 %).

Hasta este punto, los datos confirman dos tendencias que desde varias organizaciones de la sociedad civil y la academia se han expuesto con anterioridad. La primera es que el régimen político derivado del triunfo revolucionario de 1959 no favoreció la expansión de la participación política y concentró el poder en una élite totalitaria. Asimismo, mantuvo el patrón de dependencia económica previo a partir de sus relaciones con la Unión Soviética y el resto de los estados socialistas y, más adelante, con China, Rusia, Venezuela, Vietnam y otros países. La segunda es la pérdida de legitimidad del socialismo. La percepción ciudadana es que cada vez existe menos socialismo en Cuba o, cuando menos, lo que se identifica como tal por las autoridades no se corresponde con la cotidianidad las personas.

En este sentido, otros datos muy reveladores se vinculan con las oportunidades de influencia de los ciudadanos en el futuro de Cuba y su confianza en la justeza de las leyes del país. Respecto al primero de estos temas prima la percepción de que lo mejor es cambiar tanto el sistema de gobierno como el modelo socialista (50,4 %). Mientras, la opinión mayoritaria sobre la segunda temática es que no se confía en que las leyes sean justas (49,1 %). Los cubanos tampoco confían en el sistema de administración de justicia (49,9 %), ni en que el Partido Comunista de Cuba (PCC) responda a las necesidades del pueblo (56,5 %).

Específicamente en lo referido a la producción legislativa y la calidad democrática de las leyes y demás disposiciones normativas, el Observatorio Legislativo de Cuba ha señalado que solo responden a la necesidad de la élite política de cumplimentar lo dispuesto en la Constitución de 2019. Con ellas no se pretende mejorar la protección de los derechos humanos desde una perspectiva más plural. La pretensión no es construir un estado de derecho, sino estructurar un estado por derecho, donde la ley y las instituciones se utilizan para legitimar las acciones arbitrarias del régimen político.

Esto último se complementa con otros datos de la encuesta de Cubadata. Por ejemplo, el 50,6 % de los encuestados cree que la burocracia cubana no garantiza el derecho a la libertad, el 49,6 % considera lo mismo respecto a la igualdad ante la ley y el 55,2 % acerca de la libertad de expresión. Lo mismo ocurre con los derechos económicos, sociales y culturales, esos que durante más de sesenta años fueron un baluarte de la retórica y un elemento fundamental del gobierno de Cuba. El 37,7 % de los encuestados opina que las autoridades no son capaces de garantizar el derecho a la salud. Lo mismo juzga el 44,1 % respecto a la tutela del derecho al trabajo digno.

Este orden de cosas demuestra que un número cada vez mayor de cubanos han dejado de respaldar el régimen político imperante en Cuba. Sin embargo, mientras que en este país poco a poco se impone un criterio sobre la necesidad de democratizar el régimen político, al parecer la tendencia en América Latina marcha en un sentido contrario. Según las investigaciones del Latinobarómetro, el debilitamiento democrático es visible a lo largo de los últimos 13 años (2010-2023), inclusive en aquellos países con tradición democrática.

Las democracias en América Latina han cedido gradualmente su lugar al populismo y el autoritarismo. La recesión se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia, en el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, en las preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, en el desplome del desempeño de los gobiernos y en una pésima imagen de los partidos políticos. Este panorama se refleja en el decreciente apoyo ciudadano a la democracia en América Latina: apenas el 48 % en 2023. El declive es sostenible si se lo compara con el 63 % de apoyo ciudadano alcanzado en 2010, es decir, un decrecimiento de 15 puntos porcentuales en 13 años.

Aunque la disminución del apoyo a la democracia en América Latina se deba a su ineficiencia para generar más igualdad ante la ley, justicia, dignidad y distribución de la riqueza, el caso cubano debe servir como reflejo de que el autoritarismo no las provee tampoco. Por el contrario, las suprime hasta hacerlas inexistentes. Si la percepción de la ciudadanía en Latinoamérica es que sus niveles de vida no han experimentado mejoras significativas viviendo en democracia, deben saber que el régimen autoritario cubano, e incluso el nicaragüense y el venezolano, los han deteriorado más. 

Los datos recopilados por Cubadata deben servir, aunque sea mínimamente, para evitar el respaldo ciudadano a comportamientos autoritarios y populistas que proponen demoler las instituciones democráticas a cambio de resolver problemas sociales. Al final, no ocurre ni lo uno ni lo otro, y después puede ser demasiado tarde. La actualidad de Cuba, Nicaragua y Venezuela lo demuestra a diario.

Liturgia, martirio y redención en el 11 de septiembre chileno

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El 11 de septiembre es el día más sagrado para algunos sectores de la izquierda chilena, una fecha que trasciende lo político para adquirir una dimensión casi religiosa. La conmemoración del golpe de Estado de 1973 evidencia que, más que un simple recuerdo histórico, esta fecha representa una verdadera liturgia donde se rinde homenaje a mártires y santos de una narrativa que ha consolidado una visión muy dolorosa de la historia reciente de Chile.

Como en toda religión, la liturgia del 11 de septiembre tiene sus símbolos sagrados. Las víctimas de las atrocidades de la dictadura ocupan un lugar comparable al de los santos en el cristianismo: figuras que encarnan la pureza del sacrificio y la lucha por una causa justa. Los desaparecidos, en particular, tienen un lugar de especial reverencia, ya que la imposibilidad de cerrar el duelo mantiene viva la dolorosa herida abierta de su ausencia. Y Salvador Allende es el mártir por excelencia, cuya figura ha sido santificada, un ícono indiscutible del sacrificio personal en defensa de un ideal de construir un país mejor. Al igual que en las ceremonias religiosas, el sufrimiento compartido une a los fieles, quienes se congregan cada año para recordar a los caídos y mantener su memoria presente.

Sacerdocio sin Dios o pecado

Aunque esta liturgia no tiene a Dios en su centro, cuenta con líderes que ofician como sacerdotes. Los oradores, figuras emblemáticas de la izquierda, guían a la comunidad con ferviente convicción en una especie de recital donde las palabras de esperanza y lucha se elevan como plegarias. La victoria del «pueblo unido», que «jamás será vencido», tantas veces entonada, se presenta como una tierra prometida: siempre visible, pero inalcanzable, como el horizonte. O el paraíso cristiano, cuya promesa constante mantiene viva la esperanza.

A diferencia de las religiones tradicionales, esta liturgia carece de un elemento esencial: la culpa. Las religiones monoteístas como el cristianismo, judaísmo e islam también conmemoran trágicos desastres y sufrimientos, pero en ellas el reconocimiento del pecado propio es fundamental para alcanzar la redención. En la liturgia del 11 de septiembre, sin embargo, los pecados pertenecen exclusivamente al enemigo: el fascismo, el imperialismo, la derecha política y los militares opresores. Si bien la autocrítica ha emergido en otros contextos políticos, en la liturgia del 11 de septiembre generalmente no se plantea una reflexión sobre los errores internos que también pudieron contribuir a la tragedia de 1973.

Este vacío en la narrativa es quizás lo más inquietante. El dolor compartido une a la comunidad, pero la falta de reflexión sobre la responsabilidad colectiva limita las posibilidades de superar el trauma. Como alguien que ha crecido en este entorno, me pregunto si esta omisión no nos impide a todos—incluidos quienes compartimos muchos de estos ideales—de hacer un examen honesto sobre nuestro rol en la historia, reconociendo que los errores no solo fueron cometidos por el otro, sino también por nosotros mismos. Sin esta reflexión, seguimos atrapados en un ciclo de dolor y acusación mutua, incapaces de avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional, sanación emocional o maduración ética.

Una liturgia en evolución

La liturgia del 11 de septiembre es más que una simple conmemoración política: es un culto que sigue vivo, evolucionando con los tiempos, pero anclado en los mismos pilares de dolor, resistencia y lucha. Si bien ha unido a generaciones en torno a una causa común, incluso de ayuda mutua en los duros retos del exilio, la falta de autocrítica podría convertirla en un culto estancado.

Comparar el 11 de septiembre de 1973 con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 es revelador en cuanto a cómo ambas derrotas han sido procesadas y recordadas. Ambas fechas representan duros fracasos para la izquierda chilena, pero la diferencia esencial radica en la responsabilidad. La narrativa del golpe de Estado de 1973 permite a la izquierda evitar una autocrítica profunda sobre los errores de gestión, la radicalización y las divisiones internas del gobierno de Allende. El enemigo externo actúa como un escudo que desvía la atención de cualquier responsabilidad interna, consolidando la idea de una lucha justa aplastada por un poder antidemocrático, una narrativa que el culto del 11 de septiembre mantiene viva.

En contraste, la derrota en el plebiscito de 2022 no ofrece un enemigo externo claro sobre el cual descargar la responsabilidad. Fue una decisión democrática tomada por el pueblo chileno, que rechazó claramente una propuesta de Constitución elaborada principalmente por sectores progresistas y de izquierda. Buena parte de la responsabilidad recae en las decisiones políticas propias, y en la desconexión entre la propuesta y las expectativas de una mayoría de votantes. Se desperdició una oportunidad histórica para avanzar hacia un país más justo, dejando intacta la Constitución neoliberal impuesta bajo la dictadura.

El peso del error en la memoria colectiva

Mientras que el 11 de septiembre sigue siendo una fecha cargada de simbolismo por su conexión con el dolor y la violencia del golpe, el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 es una herida más reciente. Por ahora, es una fecha ignorada por la izquierda chilena, cuya significación histórica está aún en desarrollo. Su relevancia dependerá de la disposición para reconocer que fue una derrota causada en buena parte, aunque por cierto no completamente, por errores propios, y no por la imposición de una fuerza externa por sobre la voluntad del “pueblo”. Al contrario, fue el pueblo mismo quien se expresó a través de un plebiscito democrático. La autocrítica es indispensable para que este evento no sea solo una derrota política pasajera, sino un momento de aprendizaje y renovación.

Al final, la pregunta es si el culto del 11 de septiembre puede evolucionar hacia una reflexión nacional auténtica o si permanecerá como un ritual que repite, año tras año, una narrativa inmutable donde la culpa siempre recae en el otro. El error del plebiscito de 2022 lo convierte en una derrota más difícil, pero también en una oportunidad para asumir una lección valiosa si se está dispuesto a enfrentarla con madura robustez y honestidad. Aceptar que el pueblo jamás estuvo unido, como lo demostró el plebiscito de 2022, es un paso duro pero necesario para la redención política y moral. Los pueblos pueden a veces aprender a convivir aún a través y no a pesar de sus diferencias. Lo hacen sin demonizaciones, asumiendo que sus propios errores y falencias los convierten en más, no menos, humanos.

La herencia de López Obrador

«Querer cambiarlo todo es lo mismo que destruirlo todo» —Vincenzo Cuoco, 1801

En México se comete en promedio un asesinato cada 15 minutos, es decir, 95 al día. 14 de las 50 ciudades más violentas en el mundo se encuentran en este país, según datos de 2024 de la consultora World Population Review. Tijuana y Acapulco encabezan la lista, con más de 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno mexicano reportó que entre 2018 y 2024 se cometieron 180.000 asesinatos: son 30.000 más que en el sexenio de Enrique Peña, 60.000 más que durante el gobierno de Felipe Calderón y más del doble que en el gobierno de Vicente Fox. Solo en junio de 2024 se cometieron 2.673 homicidios. Seis entidades concentran el 50 % de los homicidios dolosos: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. 

A septiembre de 2024 se calcula que en México hay 116.000 personas desaparecidas, aunque esta cifra solo se contabiliza desde 2006. En 2022 se registraron 52.000 personas fallecidas sin identificar, y actualizar las cifras es complicado, pues los servicios forenses son insuficientes. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene la responsabilidad de coordinar acciones para la localización e identificación de personas desaparecidas, los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71,7 % de los cuerpos no identificados. 

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, creada en 2017, preveía el Banco Nacional de Datos Forenses, pero no se ha concretado. Estos números son la base de una situación que podría ser peor. En 2018, unos meses antes de que López Obrador asumiera la presidencia, en el estado de Jalisco se encontró un camión refrigerante “abandonado” con 273 cuerpos en descomposición. Al inicio se pensó que el crimen organizado lo había dejado, pero no. Resultó que el mismo gobierno del estado lo estaba utilizando, pues la morgue, con una capacidad máxima para 200 cuerpos, ya no podía albergar más. 

Ante la incapacidad del estado mexicano de enfrentar este problema y detener la espiral de violencia, se han creado diversos colectivos, prácticamente todos encabezados por mujeres madres de las personas desaparecidas. Las Madres Buscadoras son más de 60 organizaciones que desde 2019 han logrado encontrar a más de 1.230 personas en fosas clandestinas y a 1.300 personas con vida en diversos estados del país e incluso en Centroamérica. Pero su actividad se ha vuelto igualmente peligrosa, pues han matado a más de diez madres buscadoras, algunas en frente de los edificios gubernamentales, y López Obrador abiertamente las ignoró durante su gobierno a pesar de su promesa de apoyarlas.

Populismo neoliberal

Durante este gobierno se crearon 14 programas sociales del “bienestar”. Siete de ellos son asignaciones directas, tales como: pensión a adultos mayores, becas para educación básica, media y superior, a personas con discapacidad y madres solteras. Entre 2019 y 2024 el gobierno erogó en estos programas 2,73 billones de pesos y, según sus propios datos, el 79 % de los hogares en el país recibe al menos uno de estos apoyos. Esto explica por qué, a pesar de los graves índices de inseguridad e impunidad, el partido oficial no tuvo voto de castigo en las últimas elecciones. Empero también explica por qué, según datos del Banco de México, el déficit fiscal es de casi el 6 % del PIB, el más alto de los últimos 35 años.

Del 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 registró el asesinato de 167 periodistas, 47 de ellos en el sexenio de López Obrador, igual número que en el sexenio de Peña Nieto. El 2022 fue el año más grave, con 13 periodistas asesinados. Reporteros sin Fronteras considera a México uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para ejercer el periodismo. El sector de las telecomunicaciones está dominado por Telmex; la radio y televisión, por Televisa; mientras que la Organización Editorial Mexicana posee 70 periódicos, 24 emisoras de radio y 44 webs informativas. Durante su gestión, López Obrador nunca compareció ante el Congreso de la Unión —salvo cuando tomó posesión—, jamás se reunió con líderes de la oposición y despreció a diversos colectivos, incluidos los de las madres de personas desaparecidas, pero siempre tuvo las puertas abiertas del Palacio Nacional para los grandes empresarios del país, sobre todo los de las empresas arriba señaladas.

Política sin Estado de Derecho

El gobierno de López Obrador reservó toda la información respecto a las obras más emblemáticas de su sexenio, como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y muchas otras políticas bajo el pretexto de seguridad nacional, con el objetivo de evadir la auditoría ciudadana. Ello explica por qué México ocupó en 2023 la posición 126 de 180 países en el índice de Transparencia Internacional, con niveles de corrupción similares a los de El Salvador, Kenia y Togo, y el peor evaluado entre los países que conforman la OCDE. Si la razón de ser del estado y del gobierno es por sobre de todas las cosas brindar seguridad a su ciudadanía para evitar los horrores del “estado de naturaleza”, podemos afirmar que esta función hace años que no existe en México, y que se agravó entre 2018 y 2024 bajo un gobierno que prometió detener la espiral de violencia con “abrazos y no balazos”.

Por donde se vea, el balance del gobierno de López Obrador es negativo, y esta es la herencia que recibirá su sucesora, Claudia Sheinbaum. Cualquiera que sea el significado que muchas personas le han dado a su triunfo como nueva Jefa de Estado y de Gobierno, queda ensombrecido por su empeño en seguir al pie de la letra lo que dice López Obrador, por no tener una agenda propia y por someterse voluntariamente a los designios de los líderes del partido Morena, para quienes su único proyecto político es demostrar quién es más abyecto ante el presidente saliente.
Pero el presidencialismo mexicano tiene unas reglas no escritas que poco han cambiado, y entre estas hay dos que son inevitables: primero, que el presidente saliente pierde poder inmediatamente, y segundo, que el nuevo, para tener éxito, debe romper con su antecesor, sobre todo si son del mismo partido. López Obrador es consciente de ello, lo que explica la presión a la que ha sometido a los nuevos legisladores de su partido para que aprueben fast track sus reformas que afectan al Poder Judicial y a los órganos autónomos, para que ninguna de estas instituciones lo persigan, ni a sus colaboradores, cuando hayan dejado el gobierno. Como dice el dicho, “el miedo no anda en burro”.

Venezuela y los silencios

Lo verdaderamente importante en la política no es siempre lo que se dice, sino lo que se calla. Son los silencios los que le dan peso a las palabras. Por decirlo de otra manera: es lo que no se dice sobre Venezuela, así como los que deciden no decir, lo que condena a Venezuela.

“No hay fraudes de derecha ni de izquierda. Hay fraudes”, dice acertadamente Sergio Ramírez. Lo dice en un texto que titula “Esa película ya la he visto”. El título no implica solo al autor nicaragüense, víctima de otra dictadura igual o peor que la venezolana, sino a, por lo menos, el resto de latinoamericanos. Porque esa película la hemos visto muchas veces y en muchas partes. No solo la película del fraude y de las tropelías que cometen los dictadores que reaparecen constantemente en esas latitudes, sino la película de los que callan. 

Tal es el caso de los que, si bien han hablado, también han callado tímidamente ante las brutalidades cometidas por Nicolás Maduro y su pandilla, antes, durante y después de las elecciones. Hablo de México, por ejemplo, en donde el presidente López Obrador ha señalado que es necesario aclarar el resultado de las elecciones —como si desconociera las trampas del dictador venezolano—, y ha tratado de evitar a toda costa una condena firme del asunto. Lo mismo con Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador, quien, quien imitando el estilo de este, también se ha negado a reprobar las acciones del tirano. Aboga por no intervenir —aquí calla—, pero López Obrador no tuvo ningún interés en dejar de criticar y cuestionar cuantas veces pudo –aquí habla– al gobierno de Perú, luego de la destitución del presidente Pedro Castillo.

Argentina, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos. Todos ellos hablaron. Por ahora. Si algo comparten esos dos grupos llamados izquierda y derecha son los silencios. Si mañana —porque siempre vuelven— un dictador ahora de derecha comete un acto igual que el de Maduro, seguramente la derecha callará. No hay silencios de derecha ni de izquierda. Hay silencios.

Pero otros han hablado: el presidente chileno, Gabriel Boric (quien en su pasado había alabado al chavismo), condenó las actitudes antidemocráticas de Maduro. Más allá de sus aciertos y errores —más allá de una cuestión ideológica—, habló y condenó, y hay que reconocerlo. Es cierto, también otros han hablado: Evo Morales, por ejemplo, respaldó al tirano venezolano. Díaz Canel, el homólogo cubano de Maduro —entiéndase homólogo en términos de tirano—, como era de esperarse, también lo respaldó. Ellos hablaron. Pero como se señaló en un principio, lo verdaderamente importante en la política no es siempre lo que se dice.

La oposición venezolana ha tenido que callar. No obstante, tal y como han estado acostumbrados, su silencio ha sido trabajado. Por eso, cuando hablan hay que escucharlos. El dictador Nicolás Maduro persigue, encarcela, hostiga, pero Venezuela grita. Y grita así de fuerte, porque le han buscado imponer el silencio. Un silencio del que también son cómplices las instituciones chavistas, como el Centro Nacional Electoral, que ha callado cuando el dictador le ha indicado, y solo hablará cuando el dictador le diga que hable. Silencio del que también gran parte de la comunidad internacional ha sido cómplice, como cuando, más allá de ínfimos reclamos, la líder de la oposición María Corina Machado fue inhabilitada como candidata, y se repitió una vez más la persecución hacia cualquier aroma opositor. Porque la naturaleza propia del chavismo es la imposición.

Desde afuera somos testigos del declive de una nación a causa de bribones que continúan con el asalto democrático al costo que sea. Desde afuera hemos visto el cuerpo enfermo, que había dado una y mil señalas de su enfermedad y que ahora agoniza, y solo entonces ahora, de verdad, se le quiere tratar. Claro, es fácil hablar cuando no se es perseguido. Sin embargo, pase lo que pase con el dictador venezolano, esta ha sido una consecuencia del silencio. Impuesto, decidido, o ignorado. No hay silencios nacionales ni internacionales. Hay silencios.

Solo la historia no callará.

Muere Alberto Fujimori, el último caudillo del Perú

Alberto Fujimori fue el presidente de Perú entre el año 1990 y 2000, período durante el cual cometió graves delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos, por los cuales fue sentenciado a 25 años de cárcel. En el año 2020, el ex presidente obtuvo un controvertido indulto por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien negociaba el apoyo político de un sector fujimorista para evitar su destitución. El indulto a Fujimori se otorgó bajo el argumento de que padecía una enfermedad grave. Sin embargo, tras salir de la cárcel, recuperó su actitud desafiadora de antaño y llegó a declarar que sería candidato a la presidencia en la próxima elección.

Al expresidente se le atribuye la finalización de la violencia política en 1993, originada a inicios de la década de 1980 por las acciones terroristas de Sendero Luminoso y la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, movimientos que asolaron al país por esos años. Sin embargo, nuevas evidencias cuestionan esa tesis, basadas en que supuestamente dichos movimientos tenían pocas probabilidades de vencer a las fuerzas regulares del Estado como también a la implementación de políticas de seguridad y combate implementadas por los gobiernos anteriores.

Antes de que Fujimori disolviera el Congreso en abril de 1992, el destacado politólogo argentino Guillermo O’Donnell lo consideró un caso de «Democracia Delegativa». Se trataba de una democracia deficitaria, donde Fujimori un caudillo se presentaba como un supuesto salvador del pueblo frente al caos. Sin embargo, tras la ruptura del orden constitucional, su gobierno pasó a ser un régimen autoritario.

Poco después, ante la falta de conceptos adecuados para identificar con mayor precisión el tipo de régimen fujimorista, Steven Levitsky lo utilizó como una de las referencias para desarrollar el concepto de «autoritarismo competitivo». Sin importar la ideología, este tipo de régimen combina elementos democráticos con prácticas autoritarias que limitan la competencia electoral real.

La caída de su régimen ocurrió en el año 2000, tras una fraudulenta segunda reelección en la que no logró obtener la mayoría en el Congreso. La oposición democrática denunció al gobierno por comprar congresistas, entre ellos Alex Kouri Bumachar, Enrique Mendoza del Solar, César Acuña. Ante las evidencias, la oposición en el Congreso de la República asumió el liderazgo de la transición hacia la democracia, exponiendo la corrupción generalizada que había asolado al Perú durante la última década, lo que forzó a Fujimori a huir del país.

Dada la naturaleza de la transición peruana, al igual que en Argentina y Uruguay, se permitió que muchos miembros de las fuerzas de seguridad fueran procesados y condenados ejemplarmente por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en Perú también fueron procesados un conjunto de empresarios, funcionarios, ex ministros y militares de alto rango del gobierno de Fujimori por delitos de corrupción.

Ante el colapso de su gobierno, Fujimori intentó postularse al Senado en Japón, donde buscó protección al ser considerado ciudadano japonés. Derrotado electoralmente en Japón, Alberto Fujimori contempló regresar al país en 2005, al considerar que la debilidad de las instituciones y la crisis del gobierno de Alejandro Toledo le brindaban una oportunidad. Sin embargo, fue arrestado en Chile y posteriormente extraditado a Perú. Poco tiempo después, fue condenado en un proceso judicial ejemplar a 25 años de prisión por diversos crímenes relacionados con corrupción y violaciones de derechos humanos.

La herencia más tangible de ese nefasto periodo es el modelo económico neoliberal que dejó profundas huellas desde su implementación en 1992, a través de decretos, y posteriormente consolidado en la Constitución de 1993, que sigue vigente. Dejó como dogma la necesidad de mantener saludables los indicadores macroeconómicos, y el control del gasto fiscal para permitir el pleno desarrollo de una economía de libre mercado. Sin embargo, con el fin del fujimorismo en el poder, se inició una ola migratoria que llevó a más de dos millones de peruanos que abandonaron el país en busca de oportunidades.

El modelo fujimorista cuenta con salvaguardias que dificultan cualquier cambio sustancial en lo económico, a diferencia del modelo heredado en su momento por Augusto Pinochet en Chile, donde el sistema electoral binominal impedía el acceso real al poder de fuerzas políticas que buscaban modificar las estructuras del país. En el Perú, los mecanismos de control establecidos en la década de los 90 aún actúan como candados, limitando la posibilidad de desatar procesos que alteren lo establecido durante ese periodo.

De esa forma, la continuidad y reproducción del modelo se da con base a la exacerbación de la precariedad institucional en todas las dimensiones de la vida y una fuerte ideología de estado mínimo, que se ha traducido en una baja carga impositiva en comparación con otros países de América Latina. Este enfoque, que minimiza el rol del estado, tuvo consecuencias graves, por ejemplo durante la pandemia, ubicando al Perú como uno de los país con mayores tasas de muertes per cápita a nivel mundial. La falta de compromiso estatal en el sector de salud contribuyó significativamente a esta tragedia, evidenciando las deficiencias de un modelo que prioriza la reducción de impuestos sobre la inversión en servicios públicos esenciales.

El fujimorismo hoy es sinónimo de precarización e informalidad en las relaciones laborales. En Perú, la tasa de informalidad laboral se acerca al 80%, y el país presenta uno de los niveles más altos de pobreza cualitativa en América Latina. La mayoría de los peruanos está lejos de contar con un sistema de protección social adecuado, lo que refleja las deficiencias persistentes en el ámbito laboral y social que resultan del modelo económico y político heredado de esa época.

Para los procesos políticos que se desarrollan actualmente en América Latina, el fujimorismo nos advierte sobre cómo las sociedades pueden retroceder hacia el autoritarismo. La prevalencia de la ideología del autoritarismo de extrema derecha busca constantemente nuevas estrategias para expandirse, las cuales pueden generar entusiasmo momentáneo, pero dejan secuelas profundas. Esto pone en cuestión los fundamentos de la sociedad, abandonando un proyecto mínimamente civilizatorio y, con ello, el respeto a los derechos humanos.

Perú rinde honores a Fujimori, el ex presidente sentenciado por crímenes contra la humanidad

Las eternas discusiones sobre el éxito de las medidas económicas y antiterroristas de Alberto Fujimori no acabarán, aunque su vida haya llegado a su fin. Su presencia en la política peruana, desde aquel 28 de julio de 1990 en que sorpresivamente llegó al poder, ha marcado al país andino, que está dividido electoral y socialmente en dos, entre los que son fujimoristas y los que son antifujimoristas.

Más allá de las percepciones y pasiones en torno a su figura, y al indulto humanitario que recientemente le permitió salir de prisión, lo fáctico es que fue condenado por cometer delitos de corrupción, tráfico de armas, malversación de fondos y graves violaciones a los derechos humanos, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Por estos últimos casos, en 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo halló responsable como “autor mediato”, una calificación que se da a quienes sin ejecutar directamente el ilícito, lo realizan a través de intermediarios con perfecto conocimiento e instrumentalización de los medios para perpetrar los hechos.

El tipo penal fue homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado. Durante el juicio, también se estableció que fue responsable del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Ambos estuvieron retenidos en los calabozos del Servicio de Inteligencia.

Tras el fallo, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel. Aquella fue la primera vez en la historia de América Latina que un expresidente era juzgado y sentenciado en su propio país por este tipo de crímenes contra la humanidad, que violan el Derecho Internacional Penal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) calificó el caso Barrios Altos como de graves violaciones a los derechos humanos, y el caso La Cantuta como crímenes de lesa humanidad.

Las matanzas fueron ejecutadas por los miembros del Grupo Colina, un destacamento de inteligencia y escuadrón de la muerte dirigido por el mayor del Ejército Santiago Martín Rivas que, bajo el control y las órdenes de Fujimori, eliminó a civiles sospechosos de ser terroristas en plena guerra antisubversiva, contra organizaciones como Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).

El primero de los hechos, ocurrido el 3 de noviembre de 1991, consistió en el asesinato de 15 personas en una vivienda ubicada en la zona de Barrios Altos, en el centro de la ciudad de Lima, muy cerca de Palacio de Gobierno. Estas personas participaban de una pollada, una festividad familiar o amical que se celebra en Perú en la que se vende platos de comida para recaudar fondos con algún fin en particular, y fueron sorprendidos por individuos encapuchados y armados que irrumpieron en la vivienda. Tras ordenarles que se tiren en el piso, les dispararon sin vacilaciones.

Uno de los asesinados fue un niño de tan solo 8 años. Además de los muertos, otras 4 personas quedaron gravemente heridas. Los pistoleros eran miembros del Grupo Colina, quienes confundieron la reunión con una fiesta secreta de miembros de Sendero Luminoso.

El segundo caso se remonta al 18 de julio de 1992, tres meses después del autogolpe por el que Fujimori disolvió el Congreso e intervino todas las instituciones públicas del país para mantenerse en el poder. Aquel día, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, fueron secuestrados durante la madrugada y posteriormente desaparecidos, también por miembros del Grupo Colina.

Los restos de dos de ellos fueron hallados recubiertos con cal en fosas clandestinas ubicadas en el Cerro Santa Rosa, en el distrito de Lurigancho-Chosica, mientras que el cuerpo del docente Hugo Muñoz Sánchez fue quemado, por lo que se complicó su identificación. Tras una denuncia pública del entonces congresista Henry Pease, se desenterraron los cuerpos para incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas en el distrito de Cieneguilla, apartado de la ciudad. Los restos de cinco víctimas aún tienen paradero desconocido.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada en julio de 2021 durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua para investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre del año 2000 por el Estado y los grupos terroristas, este tipo de ataques fue una práctica sistemática y generalizada de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas como parte de la estrategia antisubversiva.

Fujimori, según la justicia nacional e internacional, fue la mente detrás de estos sangrientos embates. Tras su fallecimiento, el 11 de septiembre a la edad de 86 años, el gobierno actual dispuso rendirle honores, según el protocolo oficial a seguir sobre las exequias de un expresidente.

El tiempo juzgará su lugar en la historia.

Brasil fuera de sintonía con la agenda Mujeres, Paz y Seguridad

Algo extraño está sucediendo en las complejidades de la política exterior brasileña. Una sensación de que, a pesar de las altas expectativas con el avance de las cuestiones de género, algunos debates simplemente no despegan o se borran por falta de fuerza política. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la agenda Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es curioso que gran parte de la población brasileña, incluidos actores gubernamentales y de la sociedad civil, desconozca por completo qué es, para qué sirve y la importancia y calidad de esta agenda.

Para quienes no saben de qué se trata, la agenda Mujeres Paz y Seguridad (MPS) resalta la importancia de incluir a las mujeres en espacios que, durante mucho tiempo, han estado dominados por los hombres, como la resolución de conflictos y la consolidación de la paz. La resolución 1325 (2000) fue la primera en reforzar la necesidad de un papel activo de las mujeres, así como promover acciones de prevención y protección contra la violencia, y defender la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de desarme y seguridad. Los Estados pueden y deben desarrollar políticas nacionales para traducir estos objetivos en sus realidades locales.

Brasil lanzó su primer Plan de Acción Nacional (PNA) sobre Mujeres, Paz y Seguridad en 2017, con avances limitados. En 2023 comenzó el proceso del segundo PAN, más ambiciosa, presentada como “Etapa I” durante la presidencia brasileña del Consejo de Seguridad. Sin embargo, en este documento faltan detalles sobre quién es el responsable, los plazos, la participación ciudadana y el presupuesto. No parece exagerado decir que estamos ante la ausencia de objetivos claros, transparencia, rendición de cuentas, involucramiento de la sociedad civil y la academia, además de otros organismos internacionales, que han estado presentes desde la elaboración del primer PAN.

Es intrigante que estos procesos pasen desapercibidos para los políticos y la sociedad, especialmente considerando los recientes esfuerzos del gobierno de Lula en medidas relacionadas con la agenda MPS y los PAN. En septiembre, Lula aprobó el alistamiento militar voluntario de mujeres, lo que afectó la representación en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esta medida sin precedentes se presentó sin conexión con la agenda MPS y los planes existentes, lo que muestra una desconexión entre la acción gubernamental y las políticas establecidas. El silencio sobre la agenda de MPS en Brasil es tan ensordecedor que, en mayo, el Comité CEDAW expresó su preocupación por la falta de avances con el segundo PAN, especialmente en el contexto de los conflictos territoriales y la crisis ambiental, temas debatidos en esta agenda.

El compromiso con la agenda MPS y la preparación del PAN ofrecen importantes oportunidades para Brasil en el escenario internacional, especialmente durante su presidencia de la Comisión de Consolidación de la Paz (PBC) de las Naciones Unidas. Sin embargo, desde que asumió el cargo, el país ha perdido buenas oportunidades de relacionar sus esfuerzos conl PAN publicadas. Hoy, 108 de los estados miembros de la ONU han adoptado el PAN y reconocen su importancia para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad. Esta tendencia creciente sugiere un compromiso duradero, no una moda pasajera. Si Brasil pretende reafirmar su compromiso con la igualdad de género como elemento crucial para la paz, tanto a nivel internacional como nacional, ¿por qué hay tan poca información sobre sus acciones en este campo?

Si el país continúa descuidando la agenda MPS se prevé dos pérdidas: primero, el debilitamiento del proceso iniciado con el primer PAN. Los obstáculos para producir un segundo documento, más amplio y más coherente con las necesidades brasileñas, indican una falta de fuerza política para una agenda que aborda temas cruciales como género, raza, inseguridad y cambio climático. En segundo lugar, hay un impacto en la imagen que Brasil proyecta en la región y a nivel internacional. Estos fracasos comprometen la posición del país en temas fundamentales para el actual gobierno.

La urgencia de abordar temas como la violencia sexual, los refugiados, los pueblos indígenas, la trata de personas, el cambio climático y las pandemias ha llevado a países como Alemania, Canadá, Guatemala, Reino Unido, Uruguay y El Salvador a adoptar el PAN con medidas específicas. Estas decisiones reflejan compromisos públicos para repensar los procesos internacionales con perspectivas de género interseccionales e inclusivas. Brasil, sin embargo, permanece en un papel secundario en estos debates, a pesar de la grave situación de las mujeres en el país y la expectativa de un mayor protagonismo brasileño. Esta postura contradice la realidad nacional y las expectativas internacionales sobre el liderazgo de Brasil en estos temas cruciales.

Los números no mienten. Brasil es el quinto país que más feminicidios comete en el mundo. Datos del Instituto Igarapé muestran que entre 2000 y 2020 hubo un aumento del 167% en el número de feminicidios de mujeres indígenas. También ganamos protagonismo como el segundo país que comete más asesinatos de defensores de derechos humanos. Además, el 51% de las personas defensoras residentes en la Amazonía dijeron haber sufrido violencia en una encuesta realizada por el Instituto Igarapé. Esto no es sorprendente. Después de todo, sólo en 2023, la Comisión Pastoral de Tierras identificó 2.203 conflictos agrarios en el país.

Justo cuando deberíamos estar discutiendo activamente, en círculos académicos y políticos, cómo utilizar un segundo PAN para combatir estas múltiples formas de violencia, nos parece que los procesos burocráticos son innumerables, hasta el punto de que los pasos hacia su publicación e implementación son pocos y lentos. Es importante saber que los PAN no reemplazan otras políticas nacionales. Como herramientas de planificación estratégica, ofrecen a los Estados la posibilidad de coordinar actividades y monitorear los resultados de la implementación de manera coherente y cohesiva.

El contexto actual es propicio para que Brasil demuestre comprensión y contribuya al avance de la agenda MPS. Con su reconocido desempeño en foros multilaterales, el país puede reforzar su liderazgo a través de un segundo PAN innovador, sirviendo como modelo en foros regionales y globales. Es una oportunidad para demostrar que, a pesar de los datos alarmantes, existe interés y motivación política por decisiones que muevan al país hacia una discusión de género más inclusiva. Este momento permite a Brasil reafirmar su compromiso y liderazgo en cuestiones de género y seguridad internacional.