Violencia contra los periodistas: ¿prioridad para Claudia Sheinbaum?

Garantizar la libertad de expresión e información y acabar con la violencia contra los profesionales de los medios debe ser una prioridad de la presidenta de México. ¿Qué es lo que Claudia Sheinbaum hará para garantizar el pleno ejercicio periodístico? Su próximo sexenio representa una oportunidad única para detener la violencia contra los periodistas. 

En el sexenio que está por terminar, más allá de una ideología o tendencia partidista, no hubo avances significativos para los periodistas, lo cual es lamentable toda vez que en los últimos 30 años 156 periodistas han sido asesinados, y 31 se encuentran desaparecidos a fecha de 17 de abril de este año, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), sin sumar los casos de los últimos meses. 

Por ejemplo: el 21 de agosto, Ariel Grajales Rodas, periodista y editor, fue baleado dentro de su vivienda en el Barrio de Esquipulas, en el estado de Chiapas. En el mismo mes, el periodista Alejandro Martínez Noguez, administrador de noticias en Facebook, fue asesinado en Celaya, Guanajuato. 

En julio, el periodista Víctor Alfonso Culebro Morales, director del portal de noticias Realidades, fue asesinado. El periodista Federico El Wero Hans, del medio Art. 7mo. El Observador, sufrió un ataque en la puerta de su domicilio mientras subía a su auto en Caborca, Sonora, y, 24 horas antes, César Guzmán, del medio Código Rojo, fue atacado en Cancún, Quintana Roo. 

En dos meses, cinco periodistas fueron atacados: tres fueron lesionados y dos perdieron la vida. Estos hechos suceden cada 14 horas en nuestro país, de acuerdo con el Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información del organismo Artículo 19 México y Centroamérica.  

“El organismo destaca que este sexenio los periodistas han sido blanco de diversos tipos de agresiones. 880 han sufrido hostigamiento (un 25,82% del total de los periodistas del país), 682 han recibido amenazas (20,01%) y 432 han sido víctimas del uso ilegítimo del poder público (12,68%). En total, más del 58,51% del colectivo han sido víctimas de estas prácticas”

El informe integra las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como “mañaneras”, y reporta 179 agresiones que se replicaron en 20 entidades de la República repitiendo 62 veces el discurso estigmatizante mediante frases tales como “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí”, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara” y “corruptos”. 

Esta narrativa coincide con los datos de RSF que señalan que, en la región de las Américas, los líderes políticos estigmatizan cada vez más a los periodistas y a los medios de comunicación en sus discursos. Esto, junto a las campañas de desinformación, las acciones judiciales abusivas y la propaganda estatal, fomenta la desconfianza hacia la prensa y favorece la polarización.

Ante este panorama, todos perdemos. Pierde la sociedad su derecho a estar informada, a contar con medios plurales e independientes del poder del estado; pierde el periodismo al limitar su función en la búsqueda, la verificación y la comunicación de la verdad; pierde la democracia al tener una esfera pública débil en donde el debate y la deliberación se restringe. Por ello es crucial la pregunta: ¿será prioridad para Claudia Sheinbaum la violencia contra los periodistas

La reforma tributaria brasileña y la construcción de una política fiscal más sana, justa y sostenible

0

Brasil está discutiendo una nueva Reforma Tributaria. La reforma, que ahora se tramita en el Senado, debería aprobarse recién después de las elecciones municipales, enfrentando desafíos similares a los de la Cámara y requiriendo ajustes para garantizar una reforma positiva para la población y el medio ambiente.

Sin duda, la aprobación de una nueva Reforma Tributaria es un logro histórico. Durante décadas, Brasil ha sido rehén de un sistema cuya alta complejidad obstaculiza las prácticas de transparencia, alimenta políticas fraudulentas y contribuye a la concentración de la riqueza. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de reorganizar la política tributaria y poner la justicia fiscal en la agenda.

La tributación del consumo puede constituir una política pública, ya que trabaja para fomentar el consumo de productos y servicios que son beneficiosos para la población o el medio ambiente, y para desalentar aquellos asociados, por ejemplo, con enfermedades y la crisis climática. Los instrumentos movilizados en esta reforma tienen el potencial de calificar y modernizar el sistema tributario y mejorar la relación del Estado con las entidades federativas.

La Canasta Básica, los Regímenes Diferenciados y el Impuesto Selectivo pueden contribuir a la promoción de prácticas saludables y sostenibles, influyendo no sólo en la elección del consumidor, sino también en otros eslabones de la cadena productiva. Este puede fomentar, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías limpias que, con el paso de los años, sustituyan el consumo de combustibles fósiles. Además, este nuevo modelo puede generar recursos que se dirigirán a programas de salud pública e iniciativas ambientales.

El texto presentado por el Poder Ejecutivo introdujo una Canasta Básica Nacional alineada con la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, con foco en alimentos frescos y mínimamente procesados, respetando criterios de salubridad y regionalidad. El texto aprobado por la Cámara de Diputados amplió la lista original, que incluía hortalizas, frutas, legumbres y granos, para incluir otras siete categorías. Entre ellos, la polémica inclusión de una enorme variedad de carnes: vacuno, cerdo, cordero, cabrito, aves y pescado, y la inclusión de quesos, entre los que se incluyen productos ultraprocesados.

Aquí surge un problema relevante. Desde la discusión de la Propuesta de Modificación a la Constitución (PEC 45/2019), han quedado claras las intenciones de la industria alimentaria de ampliar la lista de productos exentos en la Reforma Tributaria, a través de sus asociaciones y contando con la fuerza política del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) y el Frente Parlamentario para el Emprendimiento (FPE) en el Congreso. La exención de la carne y los alimentos ultraprocesados ​​fue defendida con el llamamiento a una lucha contra el hambre completamente disociada de cualquier noción de salud, seguridad alimentaria y protección del medio ambiente.

Estos sectores utilizaron argumentos falaces y evidencias falsas para justificar la dependencia de los alimentos ultraprocesados ​​por parte de las capas más vulnerables y una supuesta viabilidad fiscal, que no es sostenible. El presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Alimentaria (ABIA), João Dornelas, incluso negó los riesgos asociados a productos embutidos. También se formó una coalición denominada Sindicato de la Cadena Productiva de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (UNCAB) para intensificar su influencia en la Reforma Tributaria.

El texto prevé una reducción fiscal del 60% para todos los pesticidas, lo que perpetúa un modelo productivo centrado en el monocultivo y la exportación de materias primas como la soja, el maíz, la caña de azúcar y el trigo. Este modelo provoca degradación ambiental y compromete la salud pública, priorizando el mercado de ultraprocesados, derivados de estos commodities. Como resultado, se limita la viabilidad de las prácticas orgánicas y agroecológicas, que priorizan los alimentos frescos y mínimamente procesados, respetan los biomas y las culturas alimentarias y se centran en el mercado interno para promover políticas de lucha contra el hambre, la seguridad y la soberanía alimentaria.

Hay que considerar, por tanto, que el agronegocio vuelve a estar a la cabeza en términos de beneficios y competitividad. Vale recordar, por ejemplo, que la mayoría de alimentos sociobiodiversos, como los frutos secos y los aceites vegetales, no reciben ningún tipo de incentivo. Los privilegios prevalecen sobre un modelo de producción cuyo impacto ambiental tiene consecuencias catastróficas, traducidas en una alta contaminación del suelo, el agua y el aire. Además, crea barreras físicas, políticas y fiscales para la implementación de prácticas de producción más sostenibles y equitativas.

Impuesto selectivo

El proyecto suma una herramienta con una importante función social: el Impuesto Selectivo (IS). Este impuesto, ya implementado en varios países, tiene como objetivo disuadir el consumo de determinados productos y es el único en la EC que aplica recargos. Por eso, sobre él residen las mayores disputas en el Congreso.

Actualmente, la lista de productos objeto del Impuesto Selectivo incluye vehículos, aeronaves, embarcaciones, productos de tabaco, bebidas alcohólicas, bienes minerales y refrescos. Debemos celebrar la inclusión de estos elementos, entendiendo sus impactos negativos. Sin embargo, es fundamental tratar con más seriedad los productos ultraprocesados ​​y los pesticidas. El consumo de alimentos ultraprocesados ​​genera 57 mil muertes evitables al año, y costos millonarios en salud pública reflejados en el tratamiento de la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

La inclusión de refrescos únicamente en el IS es muy tímida, especialmente considerando el espíritu pionero de la Guía Alimentaria y de la ciencia brasileña al acuñar el término ultraprocesados, y las contribuciones para comprender la epidemia del consumo de esos alimentos. La ampliación del selectivo sobre bebidas azucaradas ya es una realidad en varios países.

La inclusión de la carne en la Canasta Básica generó un desequilibrio fiscal que incrementó enormemente la tasa de referencia, creando un nuevo y enorme desafío para los senadores. Una forma de lograr este equilibrio es ampliando el alcance del Impuesto Selectivo, actuando como contrapeso en la balanza. Los senadores tienen la oportunidad de trabajar para reducir el consumo de productos más nocivos, por ejemplo, ampliando la lista de productos ultraprocesados, incluidos pesticidas, armas y municiones y envases de plástico.

Por tanto, la fiscalidad de los productos de alto consumo debe ir asociada a la promoción de nuevos entornos que permitan la adaptación a un patrón de consumo más saludable, más justo y más sostenible. De ahí la importancia de los incentivos fiscales a los alimentos frescos, mínimamente procesados ​​y procesados, la sociobiodiversidad, los bioinsumos, la agricultura familiar y los recursos energéticos sostenibles. La justicia social en la Reforma también permea la expansión del cashback y el retorno total de las necesidades básicas. Es posible una reforma tributaria saludable, solidaria y sostenible, y esta tarea ahora recae en los senadores de Brasil.

Un viejo video pone en jaque al gobierno hondureño

Desde hace años, algunos sectores de la oposición al zelayismo en Honduras, acusan a Carlos Zelaya Rosales, hermano del ex presidente Manuel, de estar relacionado con el narcotráfico. Muchos nunca lo han creído y uno de los argumentos era que, si desde Washington no surgían imputaciones ni rumores, era porque no había motivos para ello.

El inicio de la ofensiva de Washington

Pero Estados Unidos suele guardarse las cartas para cuando lo cree oportuno. Tras la asunción de Xiomara Castro, con la designación de Laura Dogu como embajadora en Tegucigalpa, experta en intervenir en los asuntos internos de los países donde ha sido destinada, Washington pareció dar el primer paso.

Las declaraciones de la embajadora la enemistaron rápidamente con la Cancillería hondureña y con sectores de la administración Castro. Y más tarde, la presidenta anunció la cancelación del acuerdo de extradición que justificó debido a las amenazas de intervención de Dogu.

Sin embargo, el escándalo estalló cuando el ahora famoso video, grabado para las elecciones de 2013, fue presentado por uno de los participantes de esa reunión, el ex jefe del cartel de Los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga, al tribunal que lo juzga en Manhattan por delitos relacionados con el narcotráfico. Era una “carta” que el ex Cachiro tenía guardada para mejorar su situación procesal.

El estallido

Las imágenes de reuniones, a priori nones sanctas, entre el ahora ex diputado Carlos Zelaya Rosales -hermano del ex presidente- y otros dirigentes del Partido Libre, con connotados narcotraficantes hondureños, ha desatado un escándalo político en Honduras.

Un dirigente de DDHH, quien ha solicitado expresa reserva, afirma que el caso se venía “cocinando en silencio” en la Embajada estadounidense en Tegucigalpa. Y es que el rol de Laura Dogu siempre ha sido complicar a los gobiernos no afines al Departamento de Estado. “Las cosas no salieron a la luz debido a las confesiones y el video entregado a las autoridades de la Justicia estadounidense por el ‘Cachiro’ Rivera Maradiaga”, “dentro del gobierno, nadie con verdadero poder… ignoraba que esa reunión había tenido lugar”, afirma la fuente.

Ya hace cierto tiempo que la idea de denunciar y derogar el acuerdo de extradición venía siendo considerada. Y es que son varios los altos mandos de Libre, el partido oficialista, que podrían verse involucrados. Entre ellos, Carlos y José Manuel Zelaya; Carlos Muñoz, ex diputado suplente de ex presidente, actualmente cónsul en Miami; Adán Funez, alcalde de Tocoa; y Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre en el Congreso, entre otros.

El rol de Ramón Sabillón

Al inicio de la administración Castro, Ramón Sabillón, ex jefe de la Policía Nacional durante parte del mandato de Juan Orlando Hernández (JOH), fue ministro de Seguridad de Xiomara. Durante el período anterior Sabillón había sido despedido como director general de la Policía Nacional, tras operar contra el cartel de los Valle-Valle sin avisar previamente al presidente, quien era “socio” de los hermanos Valle. Se especula que Sabillón actúa bajo el mandato de la DEA.

Bajo el gobierno de JOH, Sabillón debió autoexiliarse, incluso saliendo del país de forma clandestina. Desde ese momento y hasta la asunción de Xiomara, estuvo desaparecido y es de suponer que desde esos días trabaja de cerca con Washington, por ello, se supone que se opuso a la idea de cancelar el tratado de extradición. En 2023 fue despedido por Xiomara volviendo al anonimato y la excusa fue la masacre de más de 40 reclusas en la cárcel de mujeres de Támara.

El anuncio de cancelación del acuerdo

Que la cancelación del acuerdo de extradición haya sido anunciado hace tan solo un par de semanas, se debe, de acuerdo a fuentes cercanas al palacio de gobierno, a que se sabía que la embajadora Laura Dogu actuaba para que la Justicia de EEUU abriera nuevos expedientes contra funcionarios y ex funcionarios de Libre.

Ante la posibilidad de ser denunciados públicamente, el gobierno se adelantó y anunció la cancelación del acuerdo de extradición, lo cual se hizo pocos días antes que trascendiera el ahora famoso video. Para minimizar el daño, Carlos y su hijo renunciaron de inmediato, a efectos de facilitar las investigaciones, según sus propias declaraciones. Lo mismo hizo Rafael Sarmiento y se espera que lo haga Carlos Muñoz, a quienes, con el pasar de los días, podrían sumarse otros.

El rol del Ministerio Público

El Ministerio Público, por su parte, actuó de inmediato por orden del fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez, quien instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para que investigue el caso. Pero no es esperable que la fiscalía general lleve adelante una investigación independiente y honesta. Será cuestión de ver hasta dónde el Departamento de Estado y la embajadora Dogu están dispuestos a llegar.

Todo indica que, a pesar de los numerosos problemas que enfrenta la administración Castro, y de la gran cantidad de promesas incumplidas, por ahora su candidata a sucederle, Rixi Moncada, sería electa en las próximas elecciones.

¿Es conveniente para Washington sacar a Libre del juego?

Ni los dirigentes ni las políticas de este partido le resulta simpático al gobierno de Estados Unidos, pero no hay alternativas creíbles. Por ello, quizás a Washington le convenga un gobierno poco amistoso pero factible de ser condicionado, que una administración afín pero que no pueda manejar las crisis del país. Y es que no hay en la oposición un precandidato con una imagen positiva sólida como para hacerle frente a la candidata oficialista. Mientras, Xiomara intenta disimular el escándalo apelando a que los funcionarios que aspiren a un cargo electivo deben renunciar.

Cadena nacional para retomar la iniciativa

La noche del 3 de septiembre, la presidenta Castro, junto a varios de sus principales colaboradores, incluyendo la novel ministra de Defensa, Rixi Moncada, defendió su gobierno por cadena nacional y atacó sin miramientos a Estados Unidos y su embajadora Laura Dogu. “Después de las amenazas de la embajadora de Estados Unidos, acusando al jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas y al ministro de defensa de narcotraficantes, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo”, sentenció la presidenta.

Respecto al video publicado por la revista InSight Crime, Castro condenó todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos, pero afirmó que no permitirá que se instrumentalice selectivamente el tratado vigente con Estados Unidos para derrocar a su gobierno.

Ahora habrá que ver cómo responden las bases del Partido Libre. Por el momento, no hay atisbos de rebeliones internas ni de diásporas. Si la dirigencia de Libre logra sortear la tormenta, aunque sea sacrificando algunos peones, Rixi seguirá teniendo posibilidades de ser electa como sucesora de Xiomara Castro.

En Brasil, X (Twitter) se ha convertido en una alt-tech

Las manifestaciones en la celebración del Día de la Independencia de Brasil, el pasado sábado 7 de septiembre, trajeron a las calles un peculiar personaje que demuestra la radicalización política  de los últimos años en Brasil. Además del desfile oficial en Brasilia, que dio la bienvenida a Lula y a una serie de autoridades, las protestas convocadas por las redes sociales que reunieron al expresidente Jair Bolsonaro, a sus seguidores y simpatizantes, contaron con la participación especial de una entidad fantástica que fue anunciado repetidamente en lemas, pancartas y banderines: el multimillonario Elon Musk. De repente, Musk se convirtió en un ídolo de la extrema derecha brasileña al presentarse como un defensor de la libertad de expresión.

El 30 de agosto, el acceso a X (ex Twitter) fue bloqueado en todo Brasil por orden judicial del ministro del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes. La orden fue motivada por la decisión inoportuna de Musk de cerrar la oficina brasileña hace un año y medio, en enero de 2022. Sin embargo, un hecho que pocos han observado hasta ahora fue la temporalidad de los hechos. 

El anuncio de la multinacional sobre el despido del equipo y el cierre de la oficina que representaba a la plataforma en el país se realizó el pasado sábado 17 de agosto, el día después de que se pudiera transmitir propaganda electoral en el país, incluso de forma digital. En pocas palabras, Musk dejó claro que X/Twitter se había convertido en una alt-tech en Brasil. Así se conoce a las redes sociales y proveedores de servicios de Internet populares entre la extrema derecha por su mayor flexibilidad en la moderación de contenidos que las plataformas convencionales.

El término alt-tech, “tecnología alternativa”, se hizo popular a partir de plataformas extremistas como Gab, Gettr, Parler y Bitchute. El bloqueo de X/Twitter en Brasil tuvo el efecto de una migración masiva de usuarios hacia aplicaciones competidoras, especialmente Threads y Bluesky. Es muy difícil definir un destino definitivo de estos usuarios a estas alturas, y migraciones similares ya se han producido anteriormente, como cuando la plataforma india Koo alcanzó más de 13 millones de usuarios brasileños en un mes. Pero el movimiento de un gran número de influencers parece ahora tener en cuenta el deseo de consolidar un entorno menos tóxico.

La base de usuarios de X/Twitter en Brasil nunca ha sido tan grande, en comparación con otras plataformas como Facebook, pero el perfil de estos usuarios es diferente de los demás, porque Twitter se ha destacado como un espacio de visibilización de temas sociales, discusiones políticas y repercusiones de los acontecimientos recientes. 

Así, la búsqueda de los usuarios se debe al deseo de encontrar una plataforma que ofrezca algo similar a X/Twitter. Bluesky recibió más de un millón de usuarios brasileños en menos de 48 horas. Parece un número absoluto pequeño, pero el volumen corresponde a más de una sexta parte del total de usuarios de la plataforma antes del episodio. Quizás el principal revés sea el hecho de que el clon del antiguo Twitter, también creado por Jack Dorsey, aún no cuenta con una gran base de usuarios internacionales. Threads tiene esta base, además de una integración nativa con Instagram, pero se respira cierta desconfianza en el aire, por tratarse de una nueva herramienta de  Meta. 

En la práctica, los brasileños están probando diferentes opciones, pero la expectativa es que se instalen en un lugar que les permita mantenerse conectados con sus pares y también con el mundo y, al mismo tiempo, que brinde cierta ventana de visibilidad para el debate público, manteniéndolos al día con una agenda social y política.

Mientras tanto, el tráfico en portugués en X/Twitter se ha reducido a aproximadamente el 20% de su pico. Todavía hay usuarios brasileños que acceden a la plataforma desde el extranjero, donde naturalmente sigue estando disponible, o desde Brasil, a través de una VPN. La gran mayoría, sin embargo, son usuarios que suscriben una retórica alineada con la extrema derecha nacional. En este sentido, X se volvió similar a Truth Social, la red lanzada por Donald Trump en Estados Unidos.

La principal diferencia entre estos dos ecosistemas es que en Brasil existe una densa red de comunicación proporcionada por servicios de mensajería privada, especialmente WhatsApp. Allí se encuentran numerosos grupos de discusión política con sesgo bolsonarista cuyo acceso sirve para difundir desinformación, discursos de odio y frecuentes ataques a las instituciones democráticas.

Desde el 8 de enero, los grupos de WhatsApp que apoyan a Bolsonaro dieron la alarma, cuando Alexandre de Moraes abrió el caso para investigar la invasión de los edificios de los tres Poderes, y envió a prisión a varios partidarios de Jair Bolsonaro que participaron en los hechos. Muchos grupos expulsaron a usuarios sospechosos de espionaje, renovaron sus estrategias de presentación e incluso cambiaron sus nombres. 

Hoy en día, cualquiera que pretenda monitorear este entorno debe saber que es posible que no encuentre canales obvios. Los grupos de Bolsonaro adoptaron apodos falsos como “Pastel de Zanahoria”, “Deportes Saludables” y “Amigos do Bem”. En otras palabras, se enterraron en una capa más profunda de las ya opacas redes privadas.

Con el bloqueo de X en Brasil, este proceso se intensifica. A primera vista, puede parecer positivo que estos miembros de extrema derecha se estén retirando de la esfera pública y volviendo a las cuevas del oscurantismo. Pero lo cierto es que están más extendidos que nunca, aunque ahora fuera de nuestro alcance. 

Musk lo sabe y optó por cerrar la oficina X en plena carrera electoral para permitir que esta red opere por debajo del radar. No sería sorprendente que, después de las elecciones, volviera a sus posiciones. Por ahora, tal vez los funcionarios electorales tengan un desafío mayor que los simples designios de un multimillonario. El peligro para la democracia en el siglo XXI no se limita a una sola persona, sino a las acciones concretas de grupos con tendencia autoritaria.

El encanto costarricense por el “pura vida”

Desde finales de los años 90, la idea de construir una marca-país ha prosperado y se ha expandido en todas las latitudes, inclusive la latinoamericana. Brasil se esfuerza por ser el gigante económico y diplomático asociado a la eterna imagen de “hombre cordial”; Chile, por ser un destino de estabilidad y aventuras; Perú, por su herencia incaica y su combinación de misterio ancestral con paisajes míticos y épicos. En el caso de Costa Rica, la conexión implícita de principal atributo nacional se da no con características geográficas, legado histórico o realizaciones económicas, y sí con la filosofía de vida conocida como “pura vida”.

Los usos del “pura vida” son muchos, desde saludar y despedirse hasta para referirse al estado de ánimo. El “pura vida” se ha vuelto parte del ADN costarricense; sin embargo, no existe un acuerdo acerca de su origen. Algunos investigadores han referido su origen a los primeros habitantes europeos que se radicaron y que usaron esas dos palabras para describir el territorio, al igual que al nombre del país, Costa Rica. Una de las líneas recientemente citadas hace hilo a la película mexicana de 1956 Pura vida, actuada por el actor Antonio Espino Clavillazo, según una investigación del filólogo y lingüista Víctor Sánchez Corrales. Pero, como hemos dicho al principio, no hay un acuerdo común a su origen: simplemente es parte del estilo de vida. 

La consultoría Borge y Asociados, con sede en San José, realizó un estudio preguntando a los costarricenses sobre los valores que reflejaban la expresión e idiosincrasia nacional conocidas como el “pura vida”; el 41 % indicó que representaba “bienestar” y el 10 % “alegría”. Un país próspero no es solo aquel en el que se crea riqueza económica, sino uno en donde su población vive en un estado de bienestar integral. Luego de 1948 Costa Rica ha sido un país pionero en el desarrollo exitoso de políticas públicas que promovieron durante décadas el “estado de bienestar”, lo que dio como resultado la seguridad y confort material y social de sus habitantes

Esa dimensión supraeconómica del bienestar caracteriza la nueva onda de investigaciones sobre los factores de realización personal y colectiva en cada país. Según el National Wellness Institute (NWI) de los Estados Unidos, el bienestar pasa básicamente por “funcionar o actuar de manera adecuada en el entorno en el que vivimos”, pero para llegar a esto se deben fortalecer diferentes aspectos. En el caso del NWI, se plantea enfocarse en seis pilares: el bienestar espiritual, físico, intelectual, laboral, emocional y social. 

Cabe preguntarse, sin caer en ingenuidades: si la omnipresencia del “pura vida” captura la vivencia y aspiración al “bienestar”, ¿por qué ese beneficio o cualidad no es tan palpable en nuestra cotidianeidad? La misma encuesta de Borge y Asociados indica que existe una expectativa de realización personal asociada al plano de la espiritualidad (42 %), seguida de lejos por la satisfacción emocional (19 %). Ya a nivel de país, esa aspiración a la espiritualidad es más alta (49 %), seguida por la relevancia del plano laboral (22 %), para completar la imagen de “bienestar”. 

Dada la importancia de la dimensión de la espiritualidad, el estudio profundizó su entendimiento, buscando saber hasta qué punto esa noción coincide con la trabajada por las investigaciones globales como la del NWI. Para este trabajo, la “espiritualidad” se lee como “cuando una persona aprende a vivir cada día de su vida siendo coherente con sus valores y creencias, así como respetando los valores y creencias de los demás”. En definitiva, una noción muy terrenal de reciprocidad respetuosa como: “Tratar a los demás como me gustaría ser tratado”.

Según el sondeo, más de 8 de cada 10 costarricenses se sienten plenos en el aspecto espiritual, atribuyéndole un grado alto de realización. Enseguida viene el plano intelectual, donde 7 de cada 10 costarricenses se autoperciben como satisfechos, dejando transparente la vigencia de ese aspecto de su vivencia de bienestar. A continuación, le siguen las dimensiones emocional y social, donde poco más de dos tercios de los nacionales entrevistados se sienten plenos. En un distante último lugar, con tan solo mitad (menos del 54%) de la población expresando satisfacción, surge la dimensión laboral. 

La vigencia de los aspectos materiales viabilizadores de la realización en ámbitos más abstractos como el emocional, intelectual o espiritual no puede ser descartada. La noción de “pura vida” podrá tener un componente filosófico y de estilo de vida o modo de mirar y reflexionar sobre la realidad circundante, pero eso no deja de enraizarla en una base material facilitadora de vivencias plenas como la que otorga la posibilidad de estar incluido en el mercado laboral-profesional.

El mensaje para los líderes nacionales es muy claro. Los costarricense huyen de la retórica incendiaria y polarizadora de sus vecinos gracias a la entronización de una lectura espiritual e intelectual de sus vidas, pero no por ello son inmunes a sentirse incómodos y preocupados con aspectos más palpables de sus existencias como el ocupacional. La necesidad de equilibrar los varios aspectos relevantes para una vida plena sigue vigente.

Latinoamérica, condenada a repetir su historia

0

Pocas naciones logran aprender lecciones de su trayectoria para cambiarla

En Guatemala, un prolongado conflicto armado interno que costó miles de vidas se cerró definitivamente en 1996 al completarse la firma de una serie de acuerdos, entre el gobierno y la guerrilla, que delineaban el perfil de una nueva sociedad. Menos discriminatoria y más justa, en esa sociedad no debía volver a ocurrir un enfrentamiento trágico como el que se prolongó durante décadas.

Fui testigo del esfuerzo que se hizo en favor de ese cambio desde la Misión que Naciones Unidas estableció en el país para supervisar los acuerdos de paz. Un amigo con quien trabajé me escribe esta nota:

“A Julio Ariz Leiva —47 años, entrenador del club San Pedro de Guatemala— lo llamaron por celular el domingo pasado, al mediodía. Almorzaba con el plantel en el restaurante Texas, de Huehuetenango. Salió a la puerta. Hombres con chalecos policiales se bajaron de un auto. Lo acribillaron de 15 disparos. Una hipótesis de la investigación indica que se había negado a arreglar el partido que San Pedro jugaría horas más tarde ante La Democracia por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la segunda división de Guatemala. Otra, que había seducido a una mujer «prohibida» de una familia del narcotráfico. Ariz Leiva acostumbraba a decir: «El fútbol me cambió la vida». Acaso también lo llevó a la muerte”.

En la Guatemala de hoy nunca será posible saber con certeza qué lo llevó a la muerte. El sistema de justicia, que tratamos en vano de “fortalecer” en el país, es hoy en día absolutamente ineficaz, mucho peor que aquel de un cuarto de siglo atrás. Ilusamente, creímos entonces que con una serie de instrumentos legales y organizativos podría cambiarse el curso de aquello que había sido producto de una terrible trayectoria histórica.

Argentina y Perú, tan diferentes, en un entrampamiento similar 

Guatemala no es una excepción. Tómese el caso peruano y, para tener algún criterio comparativo, cotéjeselo con Argentina, país que no es andino, hecho por inmigrantes a partir de otro tipo de recursos. Sin haber llegado al caso sin duda extremo de Guatemala, ambos países parecen encadenados a su propia historia, incapaces de superar una huella en la que las sociedades mismas han generado estados ineficientes y corruptos. 

La elite argentina fue bastante mejor que la peruana. Los recursos naturales del Perú fueron y son bastante más variados que los argentinos. Mientras que la sociedad argentina alcanzó cierta homogeneidad —al costo de exterminar sangrientamente a la población aborigen—, la peruana mantuvo, aunque de mala manera, una gran diversidad cultural. No obstante las marcadas diferencias entre un caso y otro, dos siglos después de proclamarse su independencia de España, ambos países se hallan enfangados en una condición deplorable. 

A miradas de corto plazo, ese panorama sin salida no siempre aparece evidente. En los dos países, como en muchos, se producen momentos de auge económico que conducen a una mejora de ingresos entre los sectores de abajo y, entonces, el espejismo de un futuro diferente se proyecta en las expectativas ciudadanas. Argentina ha vivido eso en cada repunte de sus exportaciones, ayer de trigo, hoy de soja. Perú ha pasado por lo mismo en cada subida de los precios de los minerales en el mercado internacional, pero antes ya había ocurrido con el guano y no hace tanto con la harina de pescado.

De otro lado, la escena política también conoce algo así como estrellas fugaces de las cuales al cabo de pocos años no queda huella. En Argentina eso fue Raúl Alfonsín, quien luego de la última y sangrienta dictadura militar intentó la reconstrucción nacional. En el Perú fue Juan Velasco, quien siendo militar se propuso cambiar el país de arriba a abajo. Ambos intentos fueron lapidados por mezquindades, ambiciones e incomprensiones que, por supuesto, aprovecharon una crisis económica para liquidarlos.  

No para todos hay un futuro mejor

En la historia no siempre ha ocurrido así. El establecimiento del Parlamento en el siglo XIII en Inglaterra y su evolución como institución política no solo limitó el poder del monarca y redujo el papel de la nobleza; fue la vía de democratización del país. Cinco siglos después, con grandes derramamientos de sangre, la Revolución Francesa cambió el rumbo del país y del mundo. Ambos ejemplos son los más reconocidos de diversos casos en los que una sociedad determinada logró cancelar su pasado para emprender el camino hacia un ser distinto.

En América Latina se puso una gran esperanza en la Revolución Cubana, que derrocó a Fulgencio Batista en 1958 para luego entronizar otra dictadura, la de los Castro y su círculo. Similar camino ha seguido Nicaragua, donde la satrapía de Somoza también fue derrotada con las armas por el Frente Sandinista para que ahora la pareja Ortega-Murillo ejerza aún más despóticamente el poder. Y la corrupción entronizada en la Venezuela del petróleo gobernada por gobiernos democráticos ha sido sustituida por la dictadura de Chávez, primero, y Maduro después.

Pero esto no ha ocurrido solo en los países tropicales de nuestra América. En el resto de la región hemos permanecido dispuestos a glorificar a héroes que no supieron o no pudieron cambiar verdaderamente aquello que no tenemos más remedio que reconocer como nuestro destino. Que es el de un sube y baja, entre económico y político, que se presenta en ciclos en los que periódicamente a la caída sucede la desesperanza. Miles de ciudadanos abandonan entonces cada país en busca de un futuro mejor, un futuro personal, claro está, porque el de su país no parece posible. Escarmentados, pocos son los que vuelven cuando el ciclo recomienza y, de nuevo, el futuro parece prometedor.

¿Qué es lo que nos encadena a esta trayectoria al parecer insuperable? Como no solo ocurre entre nosotros, el asunto ha sido estudiado por quienes han postulado la teoría de path dependency. Esto es, en términos simplificados, que la trayectoria que sigue una sociedad condiciona, en determinada medida, el camino que en el futuro puede seguir. Es algo así como lo que se dice de las personas: cada quien construye su porvenir. De un modo equivalente, cuando se toma una decisión y se adopta una ruta, luego no puede tomarse otra porque resulta muy difícil, es muy costoso o simplemente ya no tenemos el criterio para percatarnos de lo equivocado que fue tomar este rumbo y poder cambiarlo.

Esa última razón parece la que más peso tiene en nuestras sociedades, que no atinan a darse cuenta del rumbo equivocado en el que se encuentran y, entonces, dan palos de ciego al elegir a Pedro Castillo o a Javier Milei. Y esos nombres son solo ejemplos recientes. La lista de desatinos surgidos de las urnas es muy larga. Y no dudamos en afirmar con aparente convicción que la culpa es de los políticos, sin preguntarnos de dónde salieron y por qué los elegimos.

El hecho más grave es que la path dependency está conduciendo a sociedades cada vez más degradadas, en las que un futuro mejor parece casi imposible. Pero en Argentina pervivirá la ilusión de ganar el próximo Mundial de fútbol, en el que millones creerán que el país se hará grande. Y en el caso del Perú, aunque muy pocos sigan creyendo en aquello de que “Dios es peruano”, se seguirá comprando una fracción de la lotería, a ver si “la suerte” cambia.

La gran mentira del «crimen migrante» en las elecciones norteamericanas

El tema migratorio es un debate central en las elecciones estadounidenses de este año. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la zona fronteriza entre México y EUA forma el mayor corredor migratorio y es la ruta de migración terrestre más letal del mundo en la actualidad. Las cifras oficiales muestran que América Latina y el Caribe son las principales regiones de origen de los migrantes que viajan a EUA, donde se calcula que viven 47 millones de migrantes, incluidas personas en situación de refugio.

Si bien la migración ha cobrado cada vez más importancia en las campañas presidenciales estadounidenses, también existe una creciente fabricación sistemática de desinformación para confundir y dividir a la sociedad, especialmente con el objetivo de discriminar a los trabajadores migrantes indocumentados y a sus familias.

En este contexto podemos analizar la estrategia electoral promovida públicamente por sectores de los medios de comunicación y representantes políticos para construir la falsa idea de que los migrantes son los responsables del aumento de la «delincuencia».

El uso de esta estrategia electoral ha sido una pieza central en las campañas de los partidos de extrema derecha no sólo en EUA, sino también en Europa (por ejemplo, el partido de Le Pen en Francia; el partido Fratelli d’Italia que eligió a Giorgia Meloni; el partido Vox en España; el partido Chega en Portugal).

Durante las convenciones del partido republicano, Donald Trump trata repetidamente de convencer a los votantes de la falsa idea de que la entrada de inmigrantes indocumentados está relacionada con un aumento de la violencia en los principales centros urbanos del país. Como solución, Trump y su partido insisten en construir un muro «pagado por los mexicanos» y una política de tolerancia cero para prohibir, criminalizar y deportar a millones de migrantes.

La gran mentira del «crimen migrante» y sus efectos

El 18 de julio, The New York Times publicó el artículo «The myth of migrant crime», con datos e información que demuestran la falsa asociación entre el aumento de la inmigración y la delincuencia. Según el artículo, fue el actual candidato republicano quien acuñó el término «crimen migrante», repetido en los mítines de su campaña a la Casa Blanca.

La idea de la delincuencia migrante se basa en una tesis falsa y xenófoba, es decir, en una mentira que pretende construir la idea de los migrantes como «personas peligrosas», una estrategia utilizada por las élites dominantes desde el periodo colonial para reprimir y arrebatar derechos a las poblaciones no blancas marginadas y racializadas.

Una estrategia similar se empleó a principios del siglo XX durante el ascenso de los nazis y los fascistas en Europa. Mediante la propagación de mitos antisemitas, lo que Adolf Hitler describió como la «gran mentira», se convenció a la sociedad alemana de que los judíos eran responsables de la derrota en la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica, que culminó en el Holocausto, que afectó a judíos, homosexuales y personas no blancas racializadas.

A pesar de tener lugar en contextos históricos diferentes, existen importantes paralelismos en la forma en que los grupos de extrema derecha operan la desinformación de masas, ayer y hoy. Incluso minutos antes del atentado de Pensilvania del 13 de junio, Trump, que ya había acusado a los inmigrantes de «envenenar la sangre del país», pronunciaba un discurso de odio contra los inmigrantes.

Sin embargo, no se trata sólo de un discurso para movilizar a los supremacistas blancos y a los llamados nativistas. En el plano ideológico, la propuesta gubernamental aprobada por la campaña republicana aboga por la «mayor deportación masiva de la historia de EUA»: hasta 20 millones de indocumentados a partir de 2025, que se haría con la ayuda de las Fuerzas Armadas.

Los efectos de estos discursos y políticas de odio son ya bien conocidos y documentados. Además de rutas mortíferas, provocan detenciones arbitrarias masivas -incluso de niños separados de sus familias-, cifras récord de desapariciones y muertes en las fronteras (especialmente en rutas como el tapón de Darién en Panamá), torturas, violaciones, especialmente de mujeres y niños, y también desencadenan nuevas rutas de reclutamiento para mano de obra esclava y tráfico de personas.

La migración como chivo expiatorio en las disputas electorales estadounidenses

La fabricación de mentiras que sitúan a la migración como chivo expiatorio de los males sociales pretende tergiversar el hecho de que la mano de obra migrante en EUA contribuye decisivamente al crecimiento de la economía, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción, la sanidad, la tecnología y los servicios.

Entre las poblaciones migrantes que arriesgan sus vidas en busca de mejores condiciones socioeconómicas en EUA -procedentes no sólo de América Latina y el Caribe, sino también de países de Asia, Oriente Medio y África-, la presencia de mujeres y niños es cada vez más frecuente. El reciente documental «Lo que se queda en el camino», premiado internacionalmente, es un impactante registro de la presencia masiva de mujeres y niños en las llamadas «Caravanas de Migrantes».

Para quienes logran ingresar al país por la vía indocumentada, el destino es la absorción en los trabajos más precarios (aquellos que los locales no quieren hacer), altamente rentables para los empleadores y el Estado, ya que se trata de trabajo «sin ningún derecho».

Aunque representan una parte fundamental de la economía, no tienen derecho a voto, y EUA invierte cada vez más en la militarización y externalización de las fronteras, dificultando la regularización de la migración e incluso las solicitudes de refugio. Al mismo tiempo, las fuerzas políticas impulsan la desinformación y el discurso de odio contra los inmigrantes que tiene el potencial de causar daños catastróficos a la sociedad, como hemos podido comprobar en acontecimientos críticos de la historia y recientemente en el Reino Unido.

En este contexto, los medios de comunicación y los grupos políticos que defienden la democracia desempeñan un papel vital a la hora de combatir la desinformación y cualificar el debate sobre cuestiones sociales y políticas, especialmente las relacionadas con las causas estructurales de la migración, las guerras y las desigualdades que impulsan la mayoría de los desplazamientos, causas en las que la política estadounidense tiene una importante responsabilidad. Mientras se sigue culpando injustamente a la migración de los males sociales, la profundización del debate migratorio en la actual contienda electoral estadounidense, ahora con Kamala Harris como figura central, será crucial no sólo para los migrantes, sino también para las disputas geopolíticas en torno a las fronteras y las movilidades globales.

La crisis en Venezuela y el riesgo de una nueva ola migratoria

Las pasadas elecciones presidenciales, realizadas el domingo 28 de julio, culminaron con la proclamación del presidente Nicolás Maduro como vencedor de la elección sin haber cumplido con etapas fundamentales del proceso de escrutinio y totalización de los resultados por mesa de votación, por parte de la autoridad electoral, tal como establecen las leyes del país.

La falta de transparencia e integridad en la conducción del proceso electoral fue ratificada por misiones de observación imparciales como las misiones enviadas por el Centro Carter y el panel de expertos electorales de la ONU, quienes además coincidieron en señalar que los resultados presentados por el CNE no reflejan la realidad.

El rechazo a los resultados por parte de la oposición y diversos sectores de la ciudadanía dio lugar a un preocupando ciclo de represión estatal, arrojando cifras alarmantes de violaciones a los derechos fundamentales de la población civil venezolana. En consecuencia, 25 personas han sido asesinadas en el contexto de protestas pacíficas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado o grupos armados irregulares bajo amparo del Estado. De acuerdo con reportes de la organización Foro Penal, hasta el 22 de agosto había 1,503 personas detenidas, de las cuales 129 son adolescentes, 14 son indígenas, 18 corresponden a personas con discapacidad, enfermedades crónicas o necesidades especiales y 200 son mujeres. En la mayoría de los casos, estas detenciones han ocurrido de manera arbitraria y sin ofrecer garantías de debido proceso como acceso a un abogado de confianza o conocer los cargos que se les imputa.

A la represión directa se suman los intentos por cerrar aún más el espacio cívico en el país. La promulgación durante la última semana de la llamada “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro” amenaza la existencia de miles de organizaciones que brindan asistencia humanitaria y defienden los derechos humanos en Venezuela.

La posibilidad de una nueva ola de desplazamiento forzado

Desde hace más de una década, Venezuela enfrenta una compleja crisis política, económica, social y humanitaria que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 7.7 millones de personas, de las cuales 6.5 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe.

Las elecciones venían siendo acompañadas con atención por la comunidad internacional debido a la posibilidad de sentar las bases para una transición pacífica a la democracia y, con ello, atender las causas que ya han llevado a más del 20% de la población venezolana a abandonar su país durante los últimos años.

Durante la campaña electoral, un estudio realizado por la encuestadora Poder y Estrategia el 20 de julio de este año reveló que el 18% de los encuestados expresaron un deseo de emigrar, aunque no contaban con planes concretos para hacerlo. Por otro lado, el 6% de los participantes afirmaron tener ya planes establecidos para abandonar el país.

Como consecuencia de la agudización de la crisis política, los datos de los flujos migratorios en los países con los que Venezuela comparte frontera terrestre evidencian un aumento en los cruces fronterizos, especialmente en Brasil, un leve incremento en comparación con los promedios diarios en Colombia, y un notable crecimiento en la proporción de personas que huyen de Venezuela debido a violaciones de derechos humanos y represión política.

La posibilidad de una nueva ola migratoria acontece en un momento de retroceso en las decisiones de política migratoria de los países del hemisferio. En este sentido, la creciente militarización de las fronteras en algunos países de la región, la falta de mecanismos para garantizar la regularización migratoria, la poca disposición para la aplicación de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, la creciente exigencia de visados para permitir la entrada de migrantes, y los planes de deportación generan gran preocupación, pues solo contribuyen en la creación de mayores riesgos para las personas desplazadas.

Como agravante, los fondos de cooperación internacional destinados a apoyar la respuesta humanitaria ante el flujo migratorio venezolano en la región están muy por debajo de lo necesario. Según cifras de la Plataforma R4V, al 12 de agosto de este año, solo el 12,5% de los recursos requeridos para financiar el plan de respuesta para refugiados y migrantes en 2024, estimado en poco más de 1.500 millones de dólares, habían sido efectivamente cubiertos.

Urge proteger a las personas desplazadas

Ante esta situación, es fundamental que los países del hemisferio tomen medidas para garantizar que las personas desplazadas por la crisis en Venezuela tengan garantías de protección internacional, o mecanismos expeditos para su regularización migratoria.

La crisis venezolana es un recordatorio de la necesidad de actualizar los marcos de protección a las personas desplazadas en el hemisferio y garantizar respuestas adecuadas a los desafíos que enfrenta el continente en los tiempos actuales. En este contexto, la definición de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena proporciona un marco normativo claro para proteger a los desplazados venezolanos como refugiados de manera automática.

Dada la evidencia documentada por organismos internacionales imparciales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, reconocer la condición de refugiados de los ciudadanos venezolanos es una postura coherente y alineada con el derecho internacional de los derechos humanos. Esta medida no debe interpretarse en ningún momento como una acción inamistosa hacia el Estado de origen de las personas desplazadas.

En este sentido, ya existen casos ejemplares como la decisión del Estado brasileño de adherir a la definición de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena, permitiendo otorgar protección internacional a más de 130.000 ciudadanos venezolanos en el país.

Por otra parte, resulta crucial alertar a los países de la comunidad internacional sobre la necesidad de reactivar los programas de asistencia a sus pares latinoamericanos en los esfuerzos de recepción, protección e integración de migrantes venezolanos. Es imperativo renovar los compromisos de cooperación y financiamiento para los planes de respuesta ante esta crisis migratoria en la región.

La crisis en Venezuela y sus impactos en las Américas demandan la solidaridad de todos. Es urgente implementar acciones coordinadas que coloquen a las víctimas en el centro de las medidas.

Los congresistas “mochasueldos” que infectan Perú

Un nuevo término se ha acuñado en Perú para denominar a un importante grupo de congresistas. Aunque pertenecen a distintos partidos políticos, desde la izquierda hasta la derecha, y bien podría interpretarse que están en polos diametralmente opuestos, tienen un factor en común: exigen una tajada del sueldo de sus trabajadores para mantenerlos en sus cargos. Ellos son los legisladores “mochasueldo”.

“Me dijo que el partido Perú Libre tiene muchos gastos, que son perseguidos por la justicia, tienen que pagar abogados, local, logística para los viajes de fines de semana y que, por lo tanto, vamos a tener que dar una colaboración del 10%. Me dijo: «Tú sabes, hija, el carro no se mueve solo, se tiene que poner gasolina»”.

El párrafo anterior es un extracto del testimonio de una de las trabajadoras del despacho de la congresista María Agüero, de Perú Libre, que tiene como líder al exgobernador de la región andina de Junín, Vladimir Cerrón, el mismo que lleva 11 largos meses prófugo de la justicia tras ser condenado por actos de corrupción, y de quien se presume es protegido subrepticiamente por el gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Agüero, férrea defensora de las dictaduras en Venezuela y Cuba y protagonista de varios escándalos mediáticos, ha negado las imputaciones que la vinculan con un recorte de remuneraciones superior a los 38.000 soles (10.000 dólares), mientras la Comisión de Ética del Congreso, que ve inconductas de los parlamentarios y puede recomendar al Pleno, conformado por los 130 legisladores, una amonestación, suspensión de funciones o hasta el desafuero, todavía no se pronuncia.

En la acera de enfrente está María Cordero Jon Tay, quien ingresó al Parlamento con Fuerza Popular, el partido fujimorista que lidera la derecha en el Perú, y fue expulsada del Congreso en marzo de 2024 por un caso muy similar: haber recortado hasta el 70% del sueldo mensual de uno de sus trabajadores. A diferencia de Agüero, Cordero Jon Tay no tuvo el respaldo de su partido, que la expectoró de sus filas.

Luego de muchas idas y venidas en las que el Congreso en un principio la blindó, la presión ciudadana hizo que rectifiquen su decisión, retirándole la inmunidad para que pueda ser procesada judicialmente, pero sin inhabilitarla para ejercer cargos públicos. El Ministerio Público la investiga por el delito de concusión.

En la actualidad, el Congreso peruano lleva en sus filas trece legisladores “mochasueldos”, pero la única sancionada ha sido María Cordejo Jon Tay.

El primer caso data de inicios de marzo de 2023 y la protagonista es la congresista Magaly Ruíz, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP). Según la denuncia periodística que destapó los hechos, un extrabajador suyo aseguró que Ruíz le pedía un aporte mensual de 1.500 soles (400 dólares) para que continúe trabajando. Aunque la Comisión de Ética la blindó, el Ministerio Público sí tomó cartas en el asunto y en julio de 2024 presentó una denuncia constitucional en su contra, con la cual espera que los parlamentarios le levanten el antejuicio para que sea procesada. 

Como Ruíz, tres congresistas más de APP han sido objeto de denuncias de recorte de sueldos: Alejandro Soto, Rosio Torres y María Acuña.

En el caso del primero, quien fue presidente del Congreso hasta julio de 2024, una investigación periodística reveló que sus trabajadores pagaban mensualmente con sus sueldos la publicidad en redes sociales a favor del legislador. Estos trabajadores también habrían creado cuentas falsas en Facebook para limpiar su imagen política, mellada por escándalos vinculados a delitos de estafa y falsedad genérica. La denuncia en la Comisión de Ética también fue archivada, pero la Fiscalía lo investiga.

Contra Torres, por su parte, ya hay una denuncia constitucional del Ministerio Público ante el Congreso, la cual ha sido tramitada y debe ser revisada por el Pleno. Se la acusa de recortar el sueldo de diez de sus trabajadores. Inicialmente, la Comisión de Ética solo la sancionó con 30 días de multa.

En tanto, el caso de María Acuña está archivado en el Congreso y hasta se presume que será designada como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual justamente analiza las denuncias constitucionales contra los parlamentarios.

En la lista negra también hay tres legisladores de Acción Popular (AP). Ellos son Marleny Portero (habría donado sillas de ruedas con dinero de sus trabajadores), Jorge Flores Ancachi (habría recortado el 10% del sueldo de sus trabajadores y el 50% de sus bonos) y Raúl Doroteo (habría quitado más de 7.000 soles a una trabajadora). 

Le siguen los congresistas Heydi Juárez (recorte de sueldo de 4 trabajadores para pagar el salario de su primo), Edgar Tello (expulsó a una trabajadora embarazada que se negó al recorte de su sueldo) y José Arriola (recorte de sueldo de siete trabajadores), de la bancada de Podemos Perú, y Katy Ugarte, del grupo político Unidad y Diálogo Parlamentario.

Aunque el término “mochasueldo” se ha popularizado durante el presente Congreso peruano, el primer caso de esta perversa práctica se remonta a 1995, cuando el entonces legislador Manuel Lajo fue señalado de quitarle 200 soles al mes a su personal. El suceso más emblemático es el de Michael Urtecho, quien en agosto de 2023 se convirtió en el primer legislador sentenciado por este delito. Estará 22 años en prisión. 

En la gran mayoría de casos, el Congreso ha archivado las denuncias o ha impuesto sanciones muy blandas, siendo el Ministerio Público el que verdaderamente se ha comprado el pleito para sancionar estos ilícitos. 

El “mochasueldo” se lava las manos, pero el Congreso les lava la cara.

Deportación de brasileños: una tragedia silenciosa

0

Desde 2019, con los gobiernos de Jair Bolsonaro y Donald Trump, existe un tema recurrente en los medios brasileños: la presencia de aviones fletados por el gobierno estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Confins trayendo brasileños deportados. Entre octubre de 2019 y julio de este año, alcanzamos la marca de 9.885 brasileños en más de 100 vuelos fletados. En este período de 4 años y 10 meses, el estado de Minas Gerais (MG) recibió un promedio mensual de 170 deportados.

Este tema ganó visibilidad durante los años de la pandemia y durante las últimas elecciones presidenciales en ambos países. Sin embargo, lo que vemos es una fuerte tendencia a reducir el debate sólo al número de deportados que llegan a Minas Gerais cada mes, y un intento de señalar si las deportaciones aumentarán o no en un futuro próximo.

La deportación por vía aérea a Minas Gerais es sólo uno de los tipos de deportaciones que sufren los emigrantes brasileños. A esto se añade el hecho de que es sólo una etapa de un largo proceso de violencia sufrido por muchos de estos compatriotas que buscan mejores sus condiciones de vida en EE. UU.

¿Por qué no denunciamos otras deportaciones en vigor?

El primer punto es que las cifras del aeropuerto de Confins no revelan el número total de brasileños deportados. Se trata sólo de los que fueron deportados en vuelos fletados de EE. UU a Minas Gerais. Hay al menos otros dos tipos de deportación que desconocemos numéricamente. La más antigua y continua es la de los brasileños que son deportados a través de asientos vacíos en vuelos comerciales y que no llegan necesariamente a Brasil a través de Minas Gerais.

La otra, la más crítica y muy poco conocida, es la deportación de brasileños a países distintos de Brasil. Establecida por el gobierno estadounidense en 2019, la política migratoria «Quédate en México», por ejemplo, ha sido responsable de detener o devolver a territorio mexicano a solicitantes de asilo brasileños. Además de violar el Estatuto del Refugiado de las Naciones Unidas al negar la protección a personas que huyen de la persecución y la tortura, esta política migratoria deja a estos solicitantes de asilo expuestos en México, sin acceso a ayuda humanitaria. En estos casos de deportados, no tenemos información sobre el número de brasileños ni qué tipo de violencia sufren cuando son detenidos o devueltos a México.

Sin embargo, los controles migratorios estadounidenses no parecen limitarse a suelo mexicano. Recientemente, han ampliado su presencia en Panamá. El gobierno de Biden estableció 6 millones de dólares en «ayuda» para que el gobierno panameño compre equipo, transporte y logística para deportar a los migrantes que no tienen motivos legales para permanecer en el país y que podrían dirigirse a los propios EE. UU. La idea parece ser cercar los dos extremos de Centroamérica.

También se sabe que se han producido decisiones arbitrarias contra brasileños en territorio estadounidense. Es el caso de 47 niños brasileños, hijos de haitianos, que fueron deportados sumariamente a Haití.

Minas Gerais y la respuesta del gobierno brasileño

El segundo punto que vale destacar es la elección por parte de EE. UU. del aeropuerto internacional de Confins como destino único y final de los vuelos fletados. El propio gobierno estadounidense argumenta que la gran mayoría de los brasileños deportados proceden de Minas Gerais, un estado históricamente conocido por sus redes migratorias establecidas. Sin embargo, informes periodísticos muestran que muchos de los brasileños que llegan a Confins proceden de otros estados brasileños.

El tercer punto es la decisión unilateral que está detrás de estas deportaciones. Desde 2006, durante el segundo mandato del actual presidente, Lula, Brasil había abolido esta práctica de deportación a través de vuelos fletados. En 2019, esta práctica se reactivó justo antes de la pandemia. En una decisión unilateral adoptada por la administración Trump, Bolsonaro la acató inmediatamente. Desde octubre de 2019 hasta el final de su gobierno, 7.639 brasileños fueron deportados en vuelos fletados desde EE. UU.

Después de estos turbulentos gobiernos de extrema derecha, tanto en Brasil como en EE. UU., los actuales gobiernos no han llegado a un acuerdo para poner fin a estas deportaciones. A pesar de que Biden había señalado el fin de las deportaciones aceleradas, el proceso continuó. Además, pese a que el gobierno de Lula había dado señales claras de que podría anular las medidas diplomáticas tomadas por la administración de Jair Bolsonaro, las deportaciones continuaron. El compromiso de ambas partes se ha enfriado. Desde el inicio del tercer mandato de Lula, poco más de 2.000 brasileños han aterrizado en Minas Gerais.

¿De qué compañías aéreas se trata?

El cuarto punto detrás de estas deportaciones tiene que ver con las denuncias de violencia causadas por las compañías aéreas. Informes elaborados por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington revelan que las operaciones aéreas del ICE desatienden una serie de actos violentos llevados a cabo por aerolíneas que ha contratado mediante contratos secretos. Entre ellas se encuentran iAero Airways, responsable de casi el 80% de los poco más de 100 vuelos a Brasil, y Omni Air International, responsable de 9 vuelos.

Los informes de los propios brasileños deportados muestran que hombres adultos fueron tratados como criminales en estos vuelos. Embarcaron en el mismo vuelo en espacios separados de sus familias, incluidos menores de edad, les encadenaron las piernas y las manos en EE. UU. y sólo se los quitaron horas antes de que el avión aterrizara en Minas Gerais.

En otros términos, los deportados sobrevolaron el territorio brasileño siendo encadenados por las autoridades estadounidenses, en violación de la legislación brasileña.

La migración es un derecho humano

El último punto, no menos importante, es cómo tratamos a estos brasileños. Aunque hay evidencia de que había personas buscadas por la Policía Federal entre estos casi 10.000 deportados, no podemos generalizar. Es común encontrar en los artículos adjetivos como «ilegales», «clandestinos» o «alimañas» capaces de «infestar» o «empobrecer» a la autoproclamada «América». La emigración no es un delito, sino un derecho humano a unas mejores condiciones de vida.

En noviembre de este año habrá nuevas elecciones presidenciales en EE. UU. En un país que está perdiendo gradualmente su hegemonía económica y militar, que apoya desesperadamente a gobiernos abusivos y antidemocráticos en todo el mundo y que ve cómo su clase media se aleja cada vez más del «American Way of Life», la migración vuelve a convertirse en un tema de campaña. Kamala Harris y Donald Trump han prometido, cada uno a su manera, mantener una política ofensiva contra los migrantes.

Por otro lado, contrariamente a lo indicado por el gobierno brasileño, las medidas que van en contra de los ciudadanos brasileños y ponen en peligro su protección no han sido revocadas por el Estado a partir de 2022. Mientras tanto, la deportación de brasileños a través de vuelos chárter de EE. UU. a Minas Gerais, con todos sus abusos, continúa mensualmente. No sabemos nada de los devueltos a otros países.