El tren Panamá-David: la resurrección de una historia de geopolítica y capitalismo global

Carlos A. Gordón B.
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El tren Panamá-David: la resurrección de una historia de geopolítica y capitalismo global

La elección del nuevo gobierno en Panamá, el pasado 5 de mayo, ha revitalizado las expectativas sobre la construcción de un ferrocarril que conecte la capital con David, el tercer mayor centro urbano del país, 450 kilómetros al oeste. La historia del ferrocarril transístmico, operativo desde 1855, es una referencia que proporciona algunas claves sobre los desafíos, implicaciones e intereses de este controvertido proyecto, crucial para el futuro de la nación.

Para las élites latinoamericanas en el siglo XIX e inicios del XX, los ferrocarriles simbolizaban progreso y modernización. Estas élites veían en el ferrocarril una herramienta clave para superar el atraso, mejorar comunicaciones y transporte, e integrar territorios aislados, fomentando la unidad nacional. A mediados del siglo XIX, la construcción del ferrocarril transístmico en el Istmo, entonces parte de la Gran Colombia, ofreció renovar la función transitista, herencia de la colonia, y conectarla a los nuevos flujos comerciales, especialmente con la emergente potencia, los Estados Unidos.

Después de varios intentos fallidos por parte de inversionistas europeos y norteamericanos, el 28 de diciembre de 1848 John Stephens, William Aspinwall y Henry Chauncey firmaron un contrato con el gobierno colombiano, representado por Pedro Alcántara Herrán, para construir el ferrocarril transístmico, fundando la Panama Railroad Company. Según el historiador de la Universidad Externado de Colombia, Juan Santiago Correa, este ferrocarril fue el único construido con el expreso propósito de conectar los océanos, que no conectaba centros de producción locales con mercados internacionales, ser financiado con capital extranjero y lograr una alta rentabilidad mientras mantuvo el monopolio en trayectos intercontinentales.

El ferrocarril fue una pieza fundamental en los esfuerzos francés y norteamericano por construir el Canal de Panamá, a finales del siglo XIX e inicios del XX. Con la construcción del Canal los norteamericanos lo reconstruirían con un nuevo trazado y maquinarias. El ferrocarril operaría durante todo el período en el que existió la Zona del Canal. El ferrocarril pasaría nuevamente a manos panameñas con la entrada en vigor del Tratado Torrijos-Carter en 1979.

La privatización del ferrocarril transístmico

Con el traspaso a manos panameñas el ferrocarril entraría en un estado de abandono hasta su privatización. Una concesión fue otorgada a la Panama Canal Railway Company mediante la aprobación del Contrato-Ley 15 de 17 de febrero de 1998, la cual daba los derechos exclusivos sobre la construcción y operación del Ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales. 

La concesión fue otorgada por 25 años, prorrogables por otros 25 años más, “siempre y cuando la Compañía haya cumplido con los términos del presente contrato”. Entre otras obligaciones, la concesión establece que la compañía debe realizar el pago del 10% de la entrada bruta de todas las fuentes de ingreso de la operación del ferrocarril.

En la actualidad, la Panama Canal Railway es parte de un consorcio conformado por Mi-Jacks Products y Canadian Pacific Railway Limited, que en septiembre de 2021 adquirió la operación completa de la Kansas City Southern, una de las dos empresas que originalmente había obtenido del gobierno de Panamá la concesión del ferrocarril transístmico en 1998. Con esta adquisición, la Canadian Pacific Railway Limited se hace con la operación de ferrocarriles en Canadá, Estados Unidos, México y Panamá.

A través de los 25 primeros años de la concesión de la Panama Canal Railways —que finalizaron en febrero de 2023—, la operación resultó altamente rentable. De acuerdo con declaraciones brindadas por Thomas Kena, presidente y director general de la compañía en 2015, para esa fecha el ferrocarril había ampliado su capacidad original de 400.000 a 800.000 contenedores anuales, preparándose en aquel momento para la construcción de un nuevo puerto en la entrada Pacífico del Canal, que finalmente no llegó a realizarse.

La sequía originada por el fenómeno de El Niño ha puesto de relieve la importancia del ferrocarril transístmico para la operación del Canal de Panamá. Con las restricciones de calado impuestas por la Autoridad del Canal desde mayo de 2023 para mitigar el impacto de la sequía, los operadores navieros como Maersk decidieron movilizar parte de su carga desde las terminales portuarias en ambos extremos del Canal utilizando el ferrocarril. Martes Financiero, un diario de Panamá, reportaba en abril de este año que, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, se habrían movilizado de esta forma más de 600.000 TEU mensuales por este medio.

El nuevo tren: un cambio en la estructura regional y económica

Lo poco que se sabe sobre la construcción del ferrocarril de Panamá a David proviene de publicaciones en medios sobre los estudios de factibilidad realizados por China Railway Design Corporation, y entregados al gobierno de Panamá en 2019. En aquel momento el estudio planteaba la construcción de una línea de tren para pasajeros y carga con 21 paradas y un tramo de 391,3 kilómetros de longitud, a un costo estimado de US 4 billones de dólares y una duración de 6 años.

Existe una diversidad de preguntas aún sobre el alcance, características, visión e impacto esperado sobre la estructura económica, logística, urbana y ambiental del proyecto. Por ejemplo, solo su trazado representa un reto debido a la necesidad de negociar la adquisición de los derechos de vía necesarios y la gestión de las indemnizaciones correspondientes. 

Uno de los actores involucrados podría ser la Panama Canal Railways, que, según la concesión de 1998, tiene prioridad para construir ramales adicionales dentro de un área de 30 kilómetros del actual ferrocarril transístmico, lo que podría obligar al gobierno entrante a entablar negociaciones si la concesión con esta compañía permanece vigente o la empresa decide reclamar este derecho.

El ferrocarril fue una pieza clave del expansionismo norteamericano durante el siglo XIX, tanto para la consolidación de su territorio como para el control de la cuenca del Caribe, pieza clave en la implementación de la Doctrina Monroe. Un siglo después, la construcción del ferrocarril Panamá-David se enmarca en una situación similar en la que China busca consolidar su estrategia expansionista en Latinoamérica —bautizada como Cinturón y la Ruta de la Seda— a través de la realización de inversiones en infraestructura como el propuesto tren.

El nuevo ferrocarril este-oeste desafía también la estructura económica de Panamá, tradicionalmente centrada en la ruta transístmica (79% del PIB) y en los servicios (67% del PIB). El país enfrenta una decisión crucial: continuar con su modelo de desarrollo actual, basado en “la plataforma de servicios” radicada en las ciudades terminales de Panamá y Colón, o diversificar y fortalecer sectores como el agropecuario, industrial e inclusive el turístico, históricamente relegados. De la resolución de este dilema dependerá en gran medida el éxito del tren propuesto, y de la economía del país en general.

El modelo cepalino toma Washington  

Ottón Solís
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El modelo cepalino toma Washington  

En los años 50 la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), cuestionó, a partir de investigaciones de, entre otros, Raúl Prebisch, Hans Singer y Celso Furtado, la conveniencia de anclar la participación en el comercio internacional a partir de la teoría de la ventaja comparativa y el libre comercio. Desarrollaron la teoría del intercambio desigual para explicar el deterioro estructural de los términos de intercambio de aquellos países que de acuerdo a su ventaja comparativa se especializaran en la producción de productos agrícolas y materias primas.

De ahí surgió lo que se ha conocido como el modelo cepalino. Este consistía en promover la industrialización, dotando de rentabilidad la producción local de productos industriales previamente importados, por medio de proteccionismo arancelario y subsidios. Así, los países latinoamericanos optaron por no esperar a que en algún momento las fuerzas del mercado y el libre comercio fomentaran su industrialización. En su lugar adoptaron los fundamentos del modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI) propuesto por el modelo cepalino.

Esa distorsión de las fuerzas del mercado y esa apuesta por la mano visible del Estado no fue desaprobada por Washington y las capitales occidentales. El comunismo se nutría de la pobreza más que de argumentos técnicos sólidos. Por ello, no solo no se miraba con malos ojos la propuesta desarrollista del modelo cepalino sino que se le otorgó ayuda financiera.

El Consenso de Washington

Sin embargo, ante la crisis económica mundial de inicios de los años 80 y la llegada al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente, las fuerzas que siempre habían creído en el libre comercio y la ley de las ventajas comparativas, apoyadas por el FMI y el Banco Mundial, promovieron la idea de que la crisis en América Latina y otros países del Sur Global era culpa del modelo cepalino. Un nuevo consenso se impuso, el Consenso de Washington, con indiferencia al hecho de que la crisis afectó a países ricos y pobres mucho de los cuales nunca habían implementado las políticas del modelo cepalino.

En nuestro continente, aquellos que siempre buscan los sitios donde más les calienta el sol, muchos de los cuales habían sido proponentes y defensores del modelo cepalino cuando estaba de moda, de repente se convirtieron en asiduos defensores de la nueva moda: el neoliberalismo del Consenso de Washington. Los economistas y líderes más prominentes de los partidos social demócratas competían para ver cual defendía mejor ese consenso, evaporando de esa manera toda diferencia conceptual con los partidos de derecha.

China, en un contexto diferente al latinoamericano, ha tenido éxito económico y social desde que llegó al poder Deng Xiaoping, con políticas económicas eclécticas, donde a la par del mercado y la empresa privada, se han puesto en práctica, estrategias semejantes al intervencionismo impulsado por el modelo cepalino. Ha logrado tasas de crecimiento económico superiores a cualquier otro país y región del mundo y ha excluido de la pobreza a más de 800 millones de sus habitantes.

Su modelo, ajeno tanto a la ortodoxia socialista como a la neoliberal, es tan competitivo que se ha convertido en una amenaza a la supervivencia de amplios sectores productivos de las principales economías occidentales. Por ejemplo, hoy China se ha apropiado del 75% de la industria mundial de energías limpias. 

Ante esa situación uno hubiese esperado, dadas las predicas del neoliberalismo, que Estados Unidos y Europa Occidental hubiesen eliminado cualquier resabio de proteccionismo e intervencionismo estatal, con el fin de derrotar, con la mano invisible del mercado, a una economía China enamorada de la mano visible del Estado.

Regreso al intervencionismo estatal

Pero no ha sido así. Una vez más, las economías occidentales están apelando al intervencionismo del estado para proteger sus industrias y sus mercados. Así ha ocurrido en múltiples ocasiones. Tanto ante la crisis del 2008 como otras más recientes, en lugar de confiar en las fuerzas del mercado para que encamine la economía, se han invocado nacionalizaciones, subsidios y exoneraciones tributarias.

Desde la administración Trump Estados Unidos ha profundizado su desconfianza en la mano invisible del mercado para competir con China. El proteccionismo arancelario iniciado en su gobierno, ha sido profundizado por el presidente Biden, el cual recientemente impuso impuestos a las importaciones de un 100% a algunos productos. Hoy ambos buscan votos disputándose galones proteccionistas. Además, con la Ley para Reducir la Inflación (entre otras), Estados Unidos está transfiriendo subsidios multimillonarios a empresas, no seleccionadas por el mercado sino por la burocracia y los políticos, con el fin de fomentar la producción local de bienes considerados estratégicos para el desarrollo económico de Estados Unidos.

Las políticas no distan de las que acompañaron el modelo ISI. Pero esto no obedece a que en los corredores de poder de Estados Unidos se han infiltrado herejes cepalinos. La realidad es que las prédicas del libre comercio han sido oportunistas y no técnicas. Cuando se promovieron fue con la intención de facilitar el acceso de los exportadores de ese país a nuestros mercados, no la de promover el desarrollo de los países pobres.

Estados Unidos y Europa han ido construyendo excusas para justificar sus guerras comerciales contra China: anteayer era el supuesto dumping, ayer amenazas a la seguridad. El último alegato es que China tiene sobrecapacidad productiva lo cual, en palabras de la Secretaria del Tesoro Janet Yellen, “puede terminar en grandes volúmenes de exportaciones a precios deprimidos”. Sin embargo, cuando China aún no era tan competitiva, más bien se le abrió el acceso a la Organización Mundial del Comercio (2001) y se le dio la bienvenida a su incorporación a las cadenas globales de valor agregado. Ello a pesar de que la ideología China era la misma que la de hoy y sus apoyos a la producción local (dumping) eran aún más intensos.

No es la primera vez que el pragmatismo mercantilista dirige las políticas comerciales de Washington y las economías más desarrolladas. ¿Qué dumping, qué amenaza a la seguridad y que sobrecapacidad productiva se gestan desde algunos países del continente cuando Estados Unidos impone cuotas máximas a las exportaciones de carne y azúcar o cuando Europa protege a los agricultores de las Canarias con aranceles a nuestras exportaciones de banano? ¿Cuáles de esos factores explican los multimillonarios subsidios que esas potencias otorgan a su sector agrícola?

Entiendo las contradicciones entre las prédicas y la práctica proveniente de esos exitosos países; defender los intereses nacionales es la primera obligación de todo gobernante. Por lo demás, es del análisis de especificidades y del pragmatismo y no de los dogmas neoliberales o socialistas de donde se han nutrido las políticas tanto de los viejos países exitosos como de los nuevos (Singapur, la República de Corea, la Provincia de Taiwán, China). Lo que nunca he entendido es como en nuestra parte del mundo hay tantas personas que se han tragado el cuento, al punto de defenderlo como si fuese producto de su propia creación y la extrema facilidad con la que cambian de discurso de acuerdo a lo que predique Washington.

Pero bueno, esa interesada volatilidad hoy podría rendir frutos positivos. Ante el renacer del modelo cepalino en Washington (¿neocepalismo?), no me sorprendería que pronto escucharemos, las mismas voces locales que promovieron el Consenso de Washington y defendieron a capa y espada los TLCs redactados en Estados Unidos, lisonjeando el proteccionismo y la interferencia del Estado en las fuerzas del mercado.

Lo que sí es seguro es que hoy, cuando las economías occidentales intentan competir con China imitando su modelo distorsionador de las fuerzas de mercado, a los tecnócratas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y a los políticos de Estados Unidos se les terminó la condescendencia con la que han impulsado en el mundo políticas neoliberales y la ortodoxia del mercado. ¿Al igual que el fracaso de la Unión Soviética mostró el disparate del comunismo, el neocepalismo, afincado en Washington, muestra el disparate del neoliberalismo?

Brasil: un desastre ambiental anunciado

Manfred Steffen
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Brasil: un desastre ambiental anunciado

El cambio climático es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad. El calentamiento global y el aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos son visibles y medibles. Si bien persiste la discusión sobre la incidencia de las actividades humanas en estos fenómenos, en la última década la cuestión ambiental se instaló en la agenda política.

La gestión ambiental y la generación de energía limpia aparecen en los programas de casi todos los partidos políticos. La pregunta es si la política va a liderar la transición hacia la sostenibilidad o se limitará a correr detrás de los problemas. Porque los extremos parecen indicar que no estamos controlando los problemas en forma adecuada.

Las recientes inundaciones en el sur de Brasil pueden servir de ejemplo para analizar el problema. La explicación meteorológica sería que mientras el centro del país padecía una ola seca y caliente, en el sur se produjeron lluvias intensas. El resultado fue que el río Guaiba superó la cota de inundación de 3 metros y alcanzó, después de nueve días de lluvia, los 5,33 metros. Los meteorólogos hablan de una tempestad perfecta.

Territorio arrasado

El resultado fue el mayor desastre climático en la historia de Brasil, en términos de extensión de territorio y cantidad de personas afectadas. Más de 150 fallecidos, 108 desaparecidos y cerca de 620.000 desplazados constituyen el balance provisorio. La superficie afectada es mayor que la del Reino Unido. La reconstrucción de la infraestructura llevará décadas.

Si los partidos políticos pretenden liderar la transición hacia una economía sostenible, deben hablar de forma clara. No es posible seguir fingiendo que las catástrofes son excepciones y que tarde o temprano retornará algún tipo de confortable normalidad. Definitivamente, no alcanza con mencionar la sustentabilidad de vez en cuando o adherir a alguna noble causa ambiental para volver a la agenda habitual.

Una gestión ambiental responsable, acorde con los desafíos que enfrentarán realmente las sociedades, implica hacerse cargo de algunos temas. Estos no son necesariamente atractivos, sino por el contrario incómodos, ya que desafían las certezas del presente.

Emergencia climática

Los eventos extremos llegaron para quedarse. El ejercicio del liderazgo obliga a decir esto claramente. Si anteriormente ocurrían en un siglo, es probable que en el futuro ocurran en una década. Para enfrentar situaciones como la de Río Grande del Sur hay que prepararse. Es necesario disponer de planes para las emergencias climáticas.

Esto tiene implicaciones en la asignación de dineros públicos para enfrentar inundaciones e incendios cada vez más intensos y frecuentes.

Adaptación

Los eventos climáticos no pueden ser evitados. Es una ilusión pretender que siempre habrá una solución ingenieril para un desborde de un río, o un muro para contener la suba del nivel del mar. La adaptación a los extremos futuros implica un replanteo en la valoración de los ecosistemas.

Las dunas no son montones de arena improductiva. Por el contrario, constituyen un ecosistema dinámico y disipan la energía del mar. Son, por lo tanto, la defensa más eficiente contra la suba del mar.

Valoración del ambiente

Los humedales no son barriales con mosquitos. Son ecosistemas ricos por su biodiversidad. También cumplen con una función clave que es absorber excesos de agua durante las lluvias y tenerlos disponibles en épocas de sequía.

La sistemática destrucción de estos ecosistemas trae consecuencias a mediano plazo que ningún muro podrá amortiguar. Es necesario incluir seriamente las consecuencias ambientales en la evaluación de muchos emprendimientos inmobiliarios construidos sobre humedales desecados, indudablemente atractivos desde el punto de vista económico y en contiendas electorales.

Recursos limitados

Después de cada catástrofe surgen promesas de disponibilidad ilimitada de recursos. La respuesta a la sequía no debería ser la búsqueda de otra fuente de agua que permita seguir con el uso irresponsable. La clave de la sostenibilidad es el uso responsable, que asegure la disponibilidad del recurso en el futuro.

Finalmente, las catástrofes no son una maldición. En el caso de Brasil están asociadas a prácticas agropecuarias, concretamente a la desforestación y al aumento de los monocultivos de soja. En las últimas décadas, en Río Grande del Sur, un millón de hectáreas de bosques fueron transformadas en cultivos de soja. También se perdieron tres millones de hectáreas de pastizales. Esto cambió la capacidad de absorción y retención del agua.

Los partidos políticos tienen la legitimidad del voto y responden frente al electorado por su gestión. Si pretenden seguir liderando el quehacer social, deben actualizar tanto el discurso como la práctica. Las promesas de crecimiento ilimitado, de emprendimientos valorados solamente en función del monto de la inversión, llevarán a situaciones dramáticas. Se trata de prevenirlas y, si ocurren, de tener planes de contingencia.

Es inevitable que en el futuro se repitan las inundaciones. Podemos evitar construir en las planicies de inundación para que, cuando se produzcan, no haya gente que lo pierda todo. La mejor defensa contra la suba del nivel del mar o de los ríos no son los muros, son las dunas, los bosques ribereños y los humedales.Los partidos políticos no solo se deben a sus votantes. Como gestores de la cosa pública, son responsables también del bienestar de las generaciones futuras. La catástrofe en el sur de Brasil es un aviso claro. No deberíamos ignorarlo, ni el Día del Ambiente, ni los demás días.

China y los desafíos de la “transición energética” en América Latina

Valeria Puga Álvarez
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China y los desafíos de la “transición energética” en América Latina

La agenda china en América Latina se ha diversificado en la última década, transitando de la llamada “diplomacia de chequera” y de la alta intensidad comercial hacia una apuesta, aún pragmática, pero más anclada en una ética civilizatoria global. Como país emergente, que mide sus fuerzas en un nuevo concierto de potencias, el gigante asiático ha acumulado un capital político –máxime en el Sur en desarrollo- que le permite marcar sus propias pautas de conducta y alejarse, selectivamente, de su característica neutralidad (o indiferencia) a cuestiones más normativas como la sostenibilidad.

No sin contradicciones, el apuntalamiento chino de una “civilización ecológica” (desde 2008) se ha materializado en América Latina a través del financiamiento de proyectos de infraestructura de energías renovables. Aquello ha representado el 6% de su Inversión Extranjera Directa (IED) anunciada entre 2018 y 2023. China ha identificado en este sector un punto de equilibrio entre desarrollo y cuidado del medio ambiente, sin contradecir la demanda de justicia ecológica que con mayor o menor vehemencia ha sido defendida por varios gobiernos de la región, sobre todo, del arco progresista.

La transición energética en la región entre saltos y estancamientos

La vastedad de recursos naturales de los países latinoamericanos les permitió en 2022 superar los 310 gigavatios de producción energética renovable. La matriz principal del continente ha sido tradicionalmente hidroeléctrica, pero en los últimos años, se ha observado un crecimiento de su capacidad eólica y fotovoltaica. De acuerdo al Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial publicado en 2023, Brasil es el primero en aparecer en el ranking en el puesto 14 -incluso más arriba de China que se ubicó en la posición 17-, seguido por Uruguay (23), Costa Rica (25), Chile (30) y Paraguay (34). No obstante, más allá de estos casos, como región, el porcentaje de fuentes renovables en la matriz eléctrica se ha estancado en el 59%.

La geometría variable de la “inversión verde” china

La inversión china en la región no ha sido ni homogénea ni estática, al menos cada cinco años ha tendido a recalibrarse ya sea por cálculo estratégico o por factores externos como la pandemia, las disputas con Estados Unidos o el cambio de gobiernos en la región. En tal sentido, se observa una marcada tendencia desde 2014 – 2019 hacia la estabilización de la inversión verde, aunque después de la pandemia hubo un repliegue general de las inversiones chinas, no solo en la región, sino en el mundo, debido también, a la moderación de “su ritmo de expansión económica”.

China se ha posicionado como el líder global de inversiones en energía renovable, y en ese marco, la región se ha convertido en el destino de un tercio de sus inversiones en energía eólica y solar. De acuerdo con un estudio del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) de Brasil “la IED de empresas chinas en energía limpias se triplicó desde finales de 2018, ascendiendo de 960 millones a 3,8 billones de dólares en 2022. De ese total, es importante subrayar que el 55% fue en la modalidad de IED greenfield”, un tipo de inversión destinada a la exploración de proyectos desde cero.  Brasil, Chile, México, Colombia y Argentina han sido los mayores receptores de las inversiones chinas en proyectos de energía solar y eólica.

El problema de la fragmentación regional

A pesar de este panorama alentador, la disminuida integración regional y fragmentación política no favorece ni a América Latina, ni a China en la profundización de su alianza verde. El foro China – CELAC ha intentado orientar las relaciones inter-bloques pero carece de una institucionalidad permanente que garantice la consecución y el cumplimiento de sus objetivos. Por ello, China ha debido trabajar en sus vínculos a nivel bilateral, desde una perspectiva multidimensional, incluyendo a una diversidad de actores no estatales.

Aunque, la región no ha construido una arquitectura institucional robusta alrededor de los problemas medioambientales, lo ha hecho relativamente en lo energético. En 2023, la Olade publicó la “Estrategia para una América Latina y el Caribe más renovables”, que destaca, en efecto, las significativas diferencias entre países, sobre todo en su relación de dependencia de los combustibles fósiles y en el nivel de liderazgo estatal. No obstante, dentro de la estrategia no hay una referencia directa al rol de China en este rubro.

La reacción estadounidense

A Estados Unidos ha comenzado a preocuparle el liderazgo de China en la inversión de proyectos de energías renovables en la región. A pesar de que, en febrero del año pasado, amistosamente, el enviado para el clima del gigante asiático, Xie Zhenhua y su par norteamericano John Kerry se comprometieron a triplicar la energía renovable en el mundo para 2030. Meses después, en noviembre, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen insistió en la necesidad de implementar una estrategia de cadena de suministro resiliente que incluya áreas como las energías limpias y contenga la influencia china. El consenso de que fundamentalmente era la competencia por los recursos fósiles la que incrementaba los riesgos de seguridad y conflicto interestatales, y no aquella por los recursos renovables, parece encontrar aquí sus limitaciones.

La tendencia es que tanto China como Estados Unidos –principalmente, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- instrumentalizarán la carta de las energías limpias en la región. Por su peso geopolítico, Brasil es una pieza clave que puede alterar la balanza de poder entre ambos actores y articular una agenda común continental en tanto fuerza motriz de la CELAC y presidente del G-20.  La deriva urgente de los países latinoamericanos es crear un ecosistema institucional de transición energética que les permita, a largo plazo, superar su patrón extractivista y, en el corto y mediano alcance, reducir su tendencia a la reprimarización económica.

*Este texto fue publicado originalmente en la web de  REDCAEM

La preocupante presencia de EE.UU. en la política migratoria de Brasil

Alexandre Branco-Pereira   |   Henrique Galhano Balieiro
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La preocupante presencia de EE.UU. en la política migratoria de Brasil

El gobierno de los Estados Unidos (EUA) tiene una larga lista de participaciones en golpes de Estado, desestabilización de gobiernos democráticamente elegidos y sabotaje activo de políticas públicas emancipadoras en América Latina. A menudo, los acuerdos de cooperación y desarrollo firmados por agencias gubernamentales internacionales se utilizan como instrumento para socavar los procesos democráticos y dirigir las acciones de los gobiernos de estos países de forma que beneficien a los intereses estadounidenses y al gran capital internacional.

El principal ejemplo, entre muchos, es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que desempeñó un reconocido papel en la estructuración de los aparatos represivos que sostuvieron las dictaduras en todo el continente. En Brasil, los controvertidos acuerdos entre el Ministerio de Educación y Cultura y la USAID, firmados en los años 60 durante la dictadura militar, preveían la cooperación entre la Agencia y el gobierno brasileño para reformar la enseñanza superior en el país. Denunciados en la época como símbolos del aumento de la presencia norteamericana en Brasil, los acuerdos representaban, por un lado, un retroceso educativo, eliminando del currículo asignaturas como Filosofía, además de reducir la carga lectiva de materias como Historia.

Por otro lado, en los corredores del Estado brasileño, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se implementó una asesoría para formar y modernizar técnicamente a las fuerzas policiales, con asesores policiales estadounidenses que entrenaban a las fuerzas represivas brasileñas, un programa seminal de la Operación Cóndor.

Los asesores policiales estadounidenses habían estado presentes en Brasil desde el gobierno de João Goulart, y Frank Jessup, jefe del equipo asesor del programa de USAID en el momento del golpe militar de 1964, celebró en un telegrama a Washington que las autoridades policiales de los ocho estados en los que estaban presentes las fuerzas estadounidenses se hubieran unido al golpe. Jessup también celebró entonces que la presencia de los asesores policiales del país no fuera cuestionada en ningún momento por el gobierno de Goulart ni por la izquierda brasileña.

Migración venezolana

A partir de 2019, la presencia de USAID volvió a ser una constante en Sudamérica, especialmente centrada en la cuestión venezolana. Primero, la agencia participó en la operación de envío de «ayuda humanitaria» a Venezuela en apoyo a Juan Guaidó, quien en ese momento era reconocido por EE. UU. como presidente de ese país. Un informe posterior demostró que la operación «no siguió los principios humanitarios», y que se ordenó a los funcionarios que alinearan las decisiones de la operación «para reforzar la credibilidad del gobierno provisional».

El gobierno paralelo de Guaidó recibió 158 millones de dólares de USAID como financiación para el «gobierno venezolano» en virtud de un acuerdo firmado en octubre de 2019 para establecer «proyectos de desarrollo». Desde 2017, el gobierno estadounidense ha asignado 656 millones de dólares para ayudar a los venezolanos desplazados o para proyectos de desarrollo que involucran a venezolanos – de los cuales 437 millones de dólares han sido comprometidos por USAID.

En Brasil, la presencia reciente de USAID ha estado fundamentalmente vinculada al apoyo a proyectos con migrantes venezolanos desarrollados por organizaciones de la sociedad civil, bajo el amparo de la razón humanitaria.

El proyecto Oportunidades, con un presupuesto de 4 millones de dólares, tiene el objetivo declarado de facilitar el acceso de los migrantes venezolanos al empleo formal y a oportunidades de generación de ingresos. Se puso en marcha en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en enero de 2020, poco después de que el Gobierno de Jair Bolsonaro adoptara el lema «El socialismo excluye, Brasil acoge» para la Operación Acolhida (Bienvenida), creada para gestionar el flujo de venezolanos en la frontera norte de Brasil y ejecutada por las Fuerzas Armadas.

Este fenómeno coincide también con el creciente interés de los militares brasileños y de los líderes de la extrema derecha brasileña por el tema migratorio. En Brasil, el Frente Parlamentario Mixto de Apoyo y Acogida a los Migrantes y Refugiados Transnacionales acoge a líderes de la extrema derecha, como el general Eduardo Pazuello y la diputada Carla Zambelli.

Incluso después del fin del gobierno Bolsonaro, sigue llamando la atención la presencia de una amplia gama de entidades vinculadas al gobierno estadounidense en la financiación, implementación y ejecución de acciones vinculadas a la política migratoria brasileña. Durante el gobierno de Lula, procesos de participación popular en la elaboración de políticas migratorias han sido financiados con el apoyo no solo de la USAID, como en el caso de las Conferencias Libres sobre Juventud y Migración, sino también de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, vinculada al Departamento de Estado norteamericano. Este fue el caso de la Conferencia Estatal sobre Migración, Refugiados y Apátridas en el estado de Bahía.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), también estuvo entre los apoyadores de la Conferencia Libre sobre Inserción Socioeconómica y Promoción del Trabajo Decente para Migrantes, Refugiados y Apátridas. Recientemente, la OEA estuvo implicada en la desestabilización política de Bolivia, al divulgar un informe fraudulento que cuestionaba el proceso electoral de ese país, lo que llevó al gobierno de Jeanine Áñez, condenada por la justicia boliviana por haber organizado un golpe de Estado en 2019. Por último, la Embajada de Estados Unidos en Brasil también ha figurado entre los financiadores de servicios destinados a los migrantes.

 Presencia preocupante

La presencia de un gobierno extranjero en la organización de procesos de consulta, elaboración y ejecución de políticas públicas es preocupante en varios sentidos, especialmente si las relaciones se han estructurado históricamente de forma abusiva y asimétrica.

En primer lugar, indica la presencia de una creciente política de externalización fronteriza, cuyo objetivo es diseñar e implementar la política migratoria estadounidense en los países sudamericanos, a pesar de las necesidades locales. La reciente migración masiva venezolana es también el efecto de anteriores injerencias estadounidenses en países soberanos, como Haití, sin que los haitianos merezcan la misma atención y presupuesto.

También refuerza la instrumentalización de la migración con fines geopolíticos -e ideológicos-, que implica un enfoque anticomunista extemporáneo de la región y de la cuestión migratoria. En Brasil, este proceso tiene lugar a expensas de una posible cooptación de la producción de la política migratoria en un momento especialmente fructífero, en el que se están elaborando dos Políticas Nacionales para los migrantes, una integral y otra sanitaria.

Por último, el gobierno estadounidense participa en la aplicación de políticas públicas en Brasil financiando y estructurando los servicios de asistencia a esta población, restringiendo el acceso a la asistencia a determinadas nacionalidades y segmentando el acceso a los derechos y, por último, recopilando y gestionando los datos de los inmigrantes. Se trata de un movimiento que hay que seguir de cerca y de forma crítica.

¿Por qué Maduro no quiere que la Unión Europea observe las elecciones?

Jesús Delgado Valery
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¿Por qué Maduro no quiere que la Unión Europea observe las elecciones?

En Venezuela existe un “deterioro del estado de derecho en un contexto de graves violaciones a derechos humanos”, lo que ha tenido como resultado un proceso electoral con “insuficientes condiciones democráticas”. Estas frases fueron pronunciadas por Jordi Cañas, jefe de la observación del Parlamento Europeo en las elecciones regionales de Venezuela del año 2021, al momento de presentar el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE).

Los hallazgos del reporte fueron tan contundentes con el gobierno de Maduro que no pudo ser presentado en Caracas, aunque el acuerdo entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la UE así lo estipulaba.

La MOE de la UE de 2021 fue el último despliegue intensivo en Venezuela de una organización profesional y técnica que aplica una metodología rigurosa para dar cuenta de cómo se celebra un proceso electoral. Antes de esto, tenemos que remontarnos a las elecciones presidenciales del 2006, en las que participaron distintas organizaciones especializadas, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta MOE permitió hacer un análisis exhaustivo de las condiciones en las que se celebran los procesos electorales en Venezuela. Si bien se trataba de una elección regional, de manera que el poder del gobierno nacional no estaba directamente amenazado, se pudieron constatar las sistemáticas irregularidades y malas prácticas promovidas por el oficialismo para impedir la competencia justa en detrimento de las fuerzas opositoras.

El informe de la MOE brinda 23 recomendaciones, aunque considera que 7 son fundamentales o prioritarias si se quiere avanzar hacia elecciones libres y competitivas: 1) separación de poderes; 2) suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de la República de despojar a los ciudadanos de sus derechos políticos; 3) campaña de educación al votante para promover la confianza en el voto; 4) reforzar las facultades sancionadoras del CNE; 5) equilibrar la cobertura de la campaña de los medios de comunicación del estado; 6) derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y 7) mejorar la campaña de información a los ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa.

Evidentemente, a la luz del proceso de 2024 queda claro que el gobierno venezolano no ha tomado en serio estas recomendaciones. Pero no solo eso, sino que ha profundizado de tal manera en las arbitrariedades que el extitular de la Contraloría General de la República que se encargó de inhabilitar a líderes como María Corina Machado o Henrique Capriles ahora es el máximo representante del Poder Electoral. 

Por otro lado, no se han hecho esfuerzos por reforzar el estado de derecho; la cobertura de los medios de comunicación públicos beneficia al oficialismo y cubre a la oposición solo para desprestigiarla, y si de la ley contra el odio se trata, no solo no se derogó sino que actualmente la Asamblea Nacional amenaza con la aprobación de la ley contra el fascismo y la ley para regular a la sociedad civil, ambos instrumentos diseñados para criminalizar y censurar a los sectores democráticos. 

Aunado a esto, se ha obturado de manera vulgar la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, dejando fuera del padrón a más de 5 millones de venezolanos residentes en el exterior, y a millones en Venezuela. 

Otras cuestiones que preocupaban a la MOE de la UE, como el uso extorsivo de la Plataforma Patria, los obstáculos a la participación política de la mujer (la única mujer que pretendió ser candidata y ganó las primarias opositoras fue ilegalmente inhabilitada), el uso indiscriminado de los recursos del estado a favor del oficialismo o las limitaciones a la observación electoral, fueron desoídas.

A todo este contexto que afecta gravemente (y veremos si definitivamente) a la integridad del proceso electoral debemos sumarle la persecución que ha sufrido el equipo de María Corina Machado, que ha dejado el lamentable saldo de varios presos políticos, seis asilados en la embajada de Argentina en Caracas y decenas de pequeños comerciantes sancionados por colaborar con las actividades de Machado y la oposición en el interior del país.

La Unión Europea incluso levantó sanciones individuales contra funcionarios del CNE, entre ellos su titular, Elvis Amoroso, como ofrenda para que se recibiera una MOE. Sin embargo, la respuesta la hemos tenido este martes 28 de mayo, a escasos dos meses de las elecciones, cuando el propio Amoroso anunciaba la revocación de la invitación. 

¿Por qué Maduro no quiere una misión de la UE? No es, como explicó Amoroso, por su “posición histórica colonialista” y la imposición de sanciones. Recordemos que el titular del CNE fue sancionado en 2020, y sin embargo en 2021 Venezuela recibió a la delegación europea.

La verdadera razón es que las condiciones electorales son incluso peores que en 2021, y el apoyo popular a la oposición es mucho más contundente. Distintas encuestas aseguran que Edmundo González cuenta con una intención de voto 30 puntos mayor que la de Maduro.

Unas elecciones con arbitrariedades, malas prácticas, ventajismo, persecución y todo el catálogo autocrático que se espera, pero observadas por la comunidad internacional y controladas por los partidos opositores, son imposibles de ganar para Maduro.

Populistas populares

Ernesto Montaño
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Populistas populares

Hablar de democracia, en estos tiempos, es hablar de sus crisis. Y, cuando nos referimos a estas, rápidamente salta al debate la palabra tan en boga en los años recientes: populismo. Sí, el populismo se ha vuelto popular. Los populistas son populares. Representan con profunda convicción —en ocasiones con una preocupante radicalidad— los malestares de una sociedad que no encuentra solución ante las opciones “sensatas” o “razonables”, y deposita su fe —porque el populista exige, sobre todo, fe— en líderes con discursos mesiánicos. No obstante, nos detenemos mucho en esa fotografía del líder con los brazos abiertos, dejando de pertenecer a sí mismo, y no tanto en esos seres que lo rodean y lo siguen fielmente —porque el populista exige, también, fidelidad—.

Identificarse con el líder no es solo una cuestión ideológica o clientelar, sino de trayectoria. Líderes como el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, proveniente de zonas humildes, con aspecto humilde y con lenguaje humilde, representan la historia de tantos en México. Porque su biografía es la de muchos: hombres y mujeres inconformes con un sistema que les ha fallado; enemigos, imaginarios y reales, a los cuales combatir; victorias y derrotas que han dejado huella. En una sociedad carente de entusiasmo, la necesidad de un líder populista —una biografía, una autobiografía que represente— se convierte en la única esperanza de trascender, se convierte en La esperanza de México, como fue el eslogan de campaña de AMLO en 2018.

El populismo, señala la politóloga ítalo-estadounidense Nadia Urbinati, es un “mayoritarismo extremo”. Su pueblo, no porque le pertenezca sino porque lo limita a su visión, no es solo el único, sino el auténtico. Si el estado tiene el monopolio de la fuerza, también busca el monopolio de la narración. La única biografía que importa es la del líder —es decir, la del “pueblo” —; por ende, cualquiera que dispute esa narrativa es catalogado como enemigo. Pero, a diferencia del fascismo, el populismo no elimina a sus adversarios, al contrario: los alimenta, los necesita. Por un lado, se encuentra la legitimidad que el líder populista recibe de sus seguidores —de sus votantes, porque el populismo sostiene esta legitimidad democráticamente—, y, por el otro, la de los enemigos: sin estos, el populismo se queda sin responsables ante sus fracasos, y un populista que acepta sus errores no es un populista.

Entre los enemigos habituales del populismo están los medios de comunicación, los organismos autónomos y cualquier contrapeso que surja. Lo preocupante no es solo que el líder populista en el poder ataque y cuestione, en muchas ocasiones a través de señalamientos falsos, a críticos a su gobierno, sino que lo anterior se traslada a los seguidores. Trabajos recientes sobre los seguidores de López Obrador demuestran que son más proclives a censurar a medios de comunicación. Identificarse como parte del pueblo responde, de igual manera, a la simpatía que se sienta, o no, por el presidente tabasqueño. Porque para López Obrador la única realidad legítima es la que él nombra: los medios de comunicación que lo cuestionan quieren dañarlo; las instituciones y organismos autónomos atentan contra su llamada Cuarta Transformación; los grupos ambientalistas, feministas, intelectuales, etc., son producto del neoliberalismo y las élites que tanto buscan afectar a su gobierno. La disputa narrativa es, como siempre lo ha sido, una disputa de ficciones; una disputa por pertenecer a una ficción; una lucha, entonces, de lenguajes: hablamos pejeñol, ha escrito el periodista y escritor mexicano Jesús Silva Herzog.

A pesar del mal manejo de la pandemia, la violencia y el deterioro del sistema de salud, entre otros problemas a los que se ha enfrentado el gobierno de López Obrador, el mandatario conserva una elevada popularidad. Si bien se han implementado diversos programas sociales que sugieren el porqué de la estima al presidente, se podría pensar que, ante los diversos fracasos de su gestión, su popularidad estaría en vilo a estas alturas. Sin embargo, hasta principios de mayo de este año, alrededor del 60% aprueba al presidente, y esto con resultados cuestionables.

¿Qué sucede cuando un populista logra resultados en materias fundamentales para la sociedad? Es decir, ¿qué sucede cuando el populista no solo acierta en el diagnóstico, sino que es eficaz en resolverlo? O, más complicado aún, ¿qué sucede con un populista, con fuertes tendencias autoritarias, es eficaz? Tal es el caso de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el cual, a través de un perfil populista y severamente autoritario, ha construido una narrativa basada en la eficacia, como lo ha demostrado en su combate a la violencia por parte de las maras que tanto daño ha hecho al país centroamericano. Pese a los múltiples cuestionamientos, nacionales e internacionales, por las medidas que el presidente salvadoreño ha llevado a cabo, es indudable su enorme popularidad. En una sociedad a la que un discurso que represente no es suficiente, la eficacia se convierte en el único camino posible de representar. Que el presidente Bukele haya pasado por encima de la Constitución de su país para reelegirse, que haya asaltado el Congreso acompañado de militares o que hostigue a cualquier crítico a su gobierno no alcanza para contrarrestar los resultados y la eficacia que ha demostrado. “Eficracia”, la llama el escritor argentino Martín Caparrós. El qué por encima del cómo. ¿Cómo hablarle de democracia a una sociedad devastada por la violencia como la salvadoreña? ¿Cómo señalar que el camino populista no es el idóneo si el camino que lo antecede fue, precisamente, el que lo provocó? Y estas preguntas apuntan, más que a respuestas, a más cuestionamientos: ¿a quién le habla la academia? ¿No cae en una especie de monólogo colectivo? A su vez, distintos medios de comunicación, más que advertir, catalogan de populistas a cualquier actor político que les desagrade.

Aunque a muchos no les guste, los populistas son populares y, sin caer en la misma dinámica populista, es necesario, más que nunca, escucharlos, tomarlos con seriedad, antes de que este tipo de liderazgos sean más apreciados y populares que la propia democracia.  

Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México

Dhayana Fernández Matos
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Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México

Luego de transcurridos 214 años desde que el 16 de septiembre de 1810 México comenzará su proceso de independencia para constituirse en una República, por primera vez una mujer es electa presidenta.

Se trata de Claudia Sheinbaum Pardo, de 61 años, la presidenta número 66, quien el 1 de octubre de 2024 asumirá el cargo como jefa de Estado y de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, la segunda economía de América Latina y como señala la experta Jenifer M. Piscopo, del Royal Holloway University of London, el primer aliado comercial de Estados Unidos.

Según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral mexicano, Sheinbaum Pardo representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, superó en votación a su principal rival, la candidata Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Claudia Sheinbaum Pardo será la presidenta de un país que, según el Censo de Población y Vivienda de 2020, tiene 126.014.024 habitantes, de los cuales 64.540.634 son mujeres y 61.473.390 son hombres. Aunque parezca claro que será la presidenta de todos y todas, es importante reiterarlo cuando comiencen las exigencias (que las habrá) sobre sus resultados, sus desaciertos y su falta de acción por la causa de las mujeres.

Hay que tener presente que las mujeres en estos puestos son evaluadas más duramente que los hombres y en materia de igualdad, cuando la incorporan a sus agendas, hacen lo que pueden teniendo en cuenta las barreras –institucionales, culturales, incluso de sus propios aliados de los partidos políticos– que se les presentan y que limitan sus objetivos.

Se espera que las mujeres que asumen la presidencia de un país establezcan medidas a favor de la igualdad en mayor proporción de lo que se les exige a los presidentes, como si estos últimos no tuvieran el mismo compromiso con la ciudadanía y no estuvieran tan obligados como las primeras a establecer mecanismos para el avance de las mujeres.

Cabe destacar que, si bien es cierto que una mujer en este puesto es un referente para las otras, su llegada no implica necesariamente que se establecerán medidas a favor de la igualdad o se implementará una agenda pro-mujer. Durante la campaña presidencial mexicana, distintas voces de los movimientos de mujeres y feministas expresaron que únicamente con la presencia de una mujer en la presidencia no se aseguraba la implementación de la agenda feminista.

Se pueden reseñar experiencias de mujeres que han liderado los Ejecutivos de sus países y cuya presencia no ha implicado cambios sustantivos a favor de sus pares. En la mayoría de los casos, son conservadoras e integrantes de partidos de derecha, de centro derecha o demócratas cristianos. Sirva de ejemplo, Margaret Thatcher, del Partido Conservador en Reino Unido, quien en reiteradas ocasiones entró en disputas y denigró a los movimientos feministas británicos. En nuestra región está el caso de Laura Chinchilla, primera –hasta la fecha única– presidenta de Costa Rica durante el periodo 2010-2014 por el Partido Liberación Nacional. Sus disputas con los movimientos de mujeres y feministas comenzaron durante su campaña presidencial, incluso varias organizaciones emitieron un comunicado en el que señalaban que la candidata no las representaba como mujeres. Durante su mandato los cuestionamientos arreciaron.

De esta manera, hay que reconocer que la llegada de una mujer a la presidencia es una buena noticia, pero no es suficiente.

¿Quién es Claudia Sheinbaum Pardo?

Claudia Sheinbaum Pardo presenta unas credenciales académicas de alto nivel y una amplia experticia en temas medioambientales. Posee una licenciatura en Física, maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); investigadora del Instituto de Ingeniería de esta misma institución (actualmente con licencia para ocupar cargos públicos); integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); con decenas de publicaciones científicas en materia de energía, medio ambiente y desarrollo económico, y un índice h 23 en Scopus. A ello se le suma que ha sido consultora de Naciones Unidas para Energía y Desarrollo Sustentable e integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2007 por sus esfuerzos para que se conocieran los efectos del cambio climático. Esto constituye, siguiendo a Pierre Bourdieu, parte de su capital cultural.

La nueva presidenta nació en Ciudad de México, es madre, de ascendencia judía, nieta de emigrantes provenientes de Lituania y Bulgaria. Hija del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo Cemo, esta última profesora emérita en el departamento de Biología Celular de la UNAM, institución que ha ocupado siempre un papel importante en la vida de Claudia.

El hecho de que su padre y su madre fueran científicos, sin duda tuvo influencia en lo que Bourdieu llama el habitus de la presidenta. Su socialización se dio en el contexto de una crianza por científicos, universitarios, que mostraban un compromiso por las luchas sociales y la necesidad de actuar en política para lograr los cambios sociales. La presidenta se refiere a esta influencia:

“Soy hija del 68. Mis padres participaron en el movimiento estudiantil, yo tenía 6 años cuando fue la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre y en ese movimiento mi madre participó ya como maestra (…) Entonces, esa dualidad digamos entre la política, en hacer política para transformar el mundo, y particularmente nuestra realidad, nuestro país, nuestra ciudad y al mismo tiempo este sentido académico científico fue donde yo crecí”.

Esta influencia la llevó a ser líder estudiantil en la UNAM y participar activamente en las protestas estudiantiles durante la presidencia de Miguel de la Madrid. Su actuación en la política comienza en el 2000 como secretaria de Medio Ambiente, en 2000, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Desde ese momento ha formado parte del equipo del saliente presidente mexicano. En 2012 fue parte del equipo de campaña presidencial de AMLO y es parte de quienes fundaron el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En 2015, con el apoyo de Morena, fue electa jefa de la Delegación de Tlalpan. En 2018, gana las elecciones y se convierte en la primera mujer en ser electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, cargo del que se separó en junio de 2023 para poder presentarse en las elecciones presidenciales. Esto demuestra que Sheinbaum Pardo no es una recién llegada en la vida política. Sus más de 20 años de actividad política, ocupando cargos públicos y de elección popular así lo demuestran.

La capacidad de gobernar de las mujeres y la persistencia de los estereotipos de género

La trayectoria de Claudia Sheinbaum Pardo muestra que no sólo tiene competencias académicas sino experiencia política; ha ganado dos elecciones, incluida la alcaldía de la ciudad más importante del territorio mexicano. No obstante, al igual que a su contrincante, Xóchitl Gálvez, quien fue jefa de la Delegación de Miguel Hidalgo y electa senadora de la República en 2018, su capacidad para gobernar ha sido cuestionada en innumerables ocasiones, lo que demuestra la persistencia de los estereotipos de género.

Durante el proceso electoral una pregunta se repitió y fue titular de no pocos medios de comunicación social: ¿está México preparado para ser gobernado por una mujer presidenta? Esto refleja la persistencia y la resistencia al cambio en cuanto a los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres.

Preguntarse sobre las capacidades de las mujeres o abiertamente hablar de su incapacidad para gobernar, de su inexperiencia política, muestra, en pleno siglo XXI, que los cambios normativos –no hay que olvidar que en México, en 2019, se dio una reforma constitucional que estableció la paridad entre hombres y mujeres en todos los cargos públicos, en todos los niveles y en todos los poderes– seguirán siendo insuficientes sino se transforman los imaginarios sociales y se interioriza que los espacios políticos son espacios de las mujeres.

Que esto es sexista queda demostrado al observarse que, cuando se trata de los hombres, se puede estar en desacuerdo con sus planteamientos, pero no se cuestiona su capacidad para gobernar por ser hombre. Lo mismo pasa cuando se indica que las mujeres seguirán las “órdenes” de algún hombre que está detrás de su triunfo electoral.

Tanto en el caso de Claudia Sheinbaum como en el de Xóchitl Gálvez, durante la campaña presidencial se planteó que seguían las “instrucciones” de algún hombre político. En el caso de la primera, de AMLO, quien, para algunos, la “ungió” como la elegida, su favorita y la llamada a sucederle. A ello se le suma que la presidenta electa ha señalado en reiteradas oportunidades que continuará con las políticas de la llamada “Cuarta Transformación” implementadas por el presidente saliente.

En el caso Xóchitl Gálvez se habló de que recibía instrucciones de los barones que lideran los partidos políticos que conforman la coalición que la apoyó. En ambos casos, se coloca a las dos políticas en una situación de subordinación y se desconoce su capacidad de agencia para tomar decisiones propias. Esto sin que se niegue que ambas debieron actuar en un sistema dominado por hombres y tuvieron que contar con el visto bueno de los líderes de las organizaciones que las apoyaron para presentar sus candidaturas.

El doble rasero al evaluar a hombres y mujeres queda nuevamente en evidencia cuando se cree que la nueva presidenta seguirá las órdenes de AMLO, sin tomar en cuenta que generalmente los presidentes salientes tienen algún “delfín” o candidato de su preferencia, pero esto no significa que, de ganar, obedecerá ciegamente las órdenes del que deja el cargo. Además, como señala Yanina Welp, del Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, en América Latina rara vez un ex presidente puede controlar a un presidente (en este caso presidenta) en el poder.

Los retos

En una sociedad compleja como la mexicana, son muchos los retos a los que se deberá enfrentar la presidenta, sin embargo, no se puede negar que entre todos destaca la problemática vinculada con la violencia, o con las violencias en plural, debido a sus múltiples manifestaciones, incluida la dirigida a las mujeres por razones de género.

Sobre este último punto, las feministas consideran que en las propuestas de la nueva mandataria no se observan medidas contundentes para hacerle frente a este flagelo que convierte a México en uno de los países más peligrosos para ser mujer y donde cada día 10 mujeres son asesinadas.

Es muy pronto para hablar de estrategias y de la dirección que se seguirá. Existe la certeza de que la nueva presidenta, además de los problemas que deberá enfrentar como cualquier presidente que es jefe de gobierno y de Estado, deberá superar obstáculos adicionales por el hecho de ser mujer. Tampoco hay duda de que comienza una nueva página en la historia política de México.

Las mujeres presidentas y primeras ministras ¿Continúa la excepcionalidad?

Dhayana Fernández Matos
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Las mujeres presidentas y primeras ministras ¿Continúa la excepcionalidad?

Varias décadas han transcurrido desde que una mujer ocupara, por primera vez, la jerarquía más alta en el Ejecutivo de un país. Fue en 1960, en Sri Lanka, donde Sirimavo Ratwatte Bandaranaike (1916-2000) llegó a ser designada como primera ministra, luego que su partido obtuviera la mayoría de los votos en el Parlamento. Esa misma década, dos mujeres más ocuparían este cargo: Indira Gandhi (1917-1984), en India, en 1966, y Golda Meir (1898-1978), en Israel, en 1969.

Cabe destacar que, las mujeres que han ocupado estos puestos, lo han logrado pese a la persistencia de los roles de género y a los prejuicios basados en la idea de que los espacios públicos, de toma de decisiones y ejercicio del poder político, no les pertenecen. Además, la ruptura del techo de cristal muestra que los obstáculos no son absolutos y que se va dando una transformación en el imaginario social, en la opinión pública, sobre las capacidades de las mujeres que, aunque parece que va a un ritmo muy lento, resulta imparable.

La llegada de las mujeres a los niveles más altos del Ejecutivo tiene efecto en la representación simbólica, incluso más que el de las mujeres parlamentarias debido a la visibilidad del cargo que ocupan. Así lo ha reconocido Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), y la mujer política latinoamericana más reconocida en el escenario mundial: “si antes las niñas me decían que querían ser doctoras, ahora me dicen que quieren ser presidentas. Eso le hace bien al país”.

Pero la ruptura del techo de cristal no implica que las mujeres en el Ejecutivo no se enfrenten a otras barreras en el ejercicio de su liderazgo político, entre las que destaca el laberinto de cristal, que se vincula con los giros, vueltas, encuentros y desencuentros por los que transitan en su mandato. Supone superar una mayor cantidad de obstáculos que los que se les presentan a los hombres políticos, algunos específicos, vinculados con el hecho de ser mujer.

Aunque quizás el mayor obstáculo que deben enfrentar las mujeres políticas es el acantilado o precipicio de cristal. Consiste, por un lado, en que se presente a mujeres a cargos de elección popular en circunscripciones donde sus partidos tienen pocas posibilidades de ganar un escaño (en no pocas ocasiones para cumplir con la cuota de género) y, por el otro, que se designen mujeres en el Ejecutivo en momentos de crisis políticas muy graves, donde se deben tomar decisiones impopulares que ponen en riesgo su liderazgo y pueden llevar a caídas abruptas.

La primera ministra británica Margaret Thatcher (1925-2013) tuvo experiencias vinculadas con el primer caso: el Partido Conservador la presentó dos veces como candidata en una circunscripción dominada por el Partido Laborista y en ambos casos perdió. Todo esto antes de ocupar el cargo de primera ministra. En relación con el segundo caso, a varias presidentas latinoamericanas designadas y no electas popularmente, les ha tocado enfrentarse a momentos particularmente convulsos desde el punto de vista político; sus actuaciones han generado rechazo del electorado y un fuerte cuestionamiento, donde se entremezclan las malas decisiones políticas (o incluso las denuncias por corrupción) y el hecho de ser mujer (Jeanine Áñez en Bolivia, Dina Boluarte en Perú por nombrar dos casos recientes).

Lo indicado en los párrafos precedentes lleva a señalar que el camino de las mujeres políticas al Ejecutivo está lleno de espinas, piedras, baches y trochas que no impiden que cada vez haya más lideresas dispuestas a superar las barreras que deben enfrentar.

¿Qué dicen las cifras?

Desde la lejana década del sesenta hasta la actualidad, poco más de 70 países (de un total de 193) han tenido a una mujer como presidenta, primera ministra, jefa de estado o de gobierno, de acuerdo con los distintos diseños institucionales existentes. En definitiva, a una mujer en los niveles más altos de toma de decisiones del Ejecutivo.

En la década de los setenta, seis mujeres lideraron los Ejecutivos en el mundo. En la década de los ochenta fueron siete. En la de los noventa se dio un salto significativo cuando veintiséis mujeres ocuparon estos cargos. La entrada del siglo XXI trajo un aumento en esta cifra que llegó a ser de treinta y siete mujeres entre 2000 y 2009, según datos de Farida Jalalzai y Mona Lena Krook de 2010. Para el año 2023, se contabilizaron un total de treinta y seis mujeres entre presidentas, primeras ministras, jefas de estado o de gobierno.

Según el mapa “Mujeres en la política: 2023” realizado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, para el 1 de enero de 2023, solo 17 países, de un total de 151, tenían a una mujer como jefa de estado, lo que representa un 11,3%. En el caso de las jefas de gobierno, el mismo informe indica que hay 19 mujeres de un total de 193, lo que supone un 9,8%. Estos datos muestran que las mujeres en estos cargos constituyen un grupo minoritario y que llegar a estos niveles para las mujeres sigue siendo un hecho excepcional.

También es importante destacar que algunas de las democracias occidentales más consolidadas, como Estados Unidos y Francia, nunca han tenido a una mujer presidenta. Mientras que, en Reino Unido, con dos mujeres que han sido primeras ministras, Margaret Thatcher (1979-1990) y Theresa May (2016-2019), el techo de cristal apenas se ha resquebrajado, lo que demuestran investigaciones que han concluido que, durante el mandato de May, los estereotipos de género se profundizaron si se comparan con los existentes durante el gobierno de Thatcher.

Ante esta realidad, los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) se muestran como una rara avis. En estos, las mujeres en los parlamentos representan el 45,7% del total, porcentaje que está por encima del resto de los promedios de otras regiones del mundo. A ello se le suma que, todos han tenido –por lo menos una vez– una primera ministra y en el caso de Finlandia ha tenido tres, incluida la mujer más joven en ocupar este cargo a nivel mundial, Sanna Marin, quien lo hizo a los 34 años y destacó por su buena gestión del COVID-19, principalmente por el buen uso de las redes sociales para que su mensaje llegara a la población joven.

Con la llegada de las nórdicas se cayó uno de los supuestos más frecuentes en el estudio de las mujeres en el Ejecutivo que se fundamentaba en que llegaban a ocupar estos puestos porque tenían vínculos de parentesco con un hombre político, en países que salían de periodos políticos inestables, en democracias nuevas o en períodos posteriores a una transición. También en América Latina estas hipótesis comienzan a desmoronarse.

Las mujeres presidentas y primeras ministras en América Latina y el Caribe

En nuestra región y también en el mundo, la primera mujer que ocupó el cargo de presidenta fue María Estela Martínez de Perón, en 1974, en Argentina, después de la muerte de su esposo Juan Domingo Perón. Pero fue Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua, la primera mujer del continente en ser electa presidenta en una votación popular.

En su momento, la candidatura de Violeta estuvo cargada de mucho simbolismo, no sólo por ser la viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado por la dictadura de Somoza, sino por representar la figura de la madre que viene a unir a esos hermanos –sandinistas y contras– enfrascados en una lucha fratricida.

Hasta la fecha, ha habido catorce mujeres presidentas y tres primeras ministras (estas tres de países caribeños). De las catorce, ocho han llegado por votación popular: Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Sandra Mason (Barbados), Dilma Rousseff (Brasil), Michelle Bachelet (Chile), Laura Chinchilla (Costa Rica), Xiomara Castro de Zelaya (Honduras), Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua) y Mireya Moscoso (Panamá). Las otras seis han sido presidentas provisionales, interinas o les ha correspondido constitucionalmente ocupar el puesto ante la ausencia del hombre quien ejercía la presidencia.

No se puede negar que algunas de las mandatarias tienen vínculos de parentesco con hombres políticos, en la mayoría de los casos como esposas, pero algunas han consolidado liderazgos sin la presencia de estos vínculos, como es el caso de Michelle Bachelet. Otras, como Cristina Fernández de Kirchner, con un liderazgo propio y más antiguo que el desarrollado por su esposo quien también ocupó la presidencia. 

México: la excepcionalidad en medio de la excepcionalidad

Ante este panorama donde ocupar el cargo de presidenta o primera ministra sigue siendo excepcional, y está muy lejos aún el día donde ser mujer política no implique notas periodísticas que resalten este hecho, se llega a las elecciones presidenciales de México, que se celebrarán hoy domingo y en las cuales hay pocas dudas que serán ganadas por una mujer.

Esto convierte al país azteca en una excepción en medio de la excepción. Por primera vez en un país de América Latina, las dos primeras candidaturas, aquellas con posibilidades reales de triunfo, están representadas por mujeres: Claudia Sheinbaum (Morena) y Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón).

La próxima presidenta de México impulsará la representación simbólica de las mujeres, lo que resulta una buena noticia. Ya se verá cuáles son los avances en la representación sustantiva, aquella vinculada con los intereses de las mujeres y los avances en el ejercicio de sus derechos humanos, incluido el derecho a una vida libre de violencias.

Las particularidades de las elecciones para vacantes en Cuba 

Raudiel F. Peña Barrios
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Las particularidades de las elecciones para vacantes en Cuba 

En un hecho sin precedentes por su magnitud desde la creación de los órganos del Poder Popular, el Consejo Electoral Nacional (CEN) desarrolla elecciones para cubrir puestos vacantes. Estos procesos electorales se efectúan desde febrero de 2024 y su objetivo es elegir delegados a las asambleas municipales del Poder Popular (AMPP), debido a la renuncia de quienes ocupan esos cargos. La última noticia al respecto se publicó el 5 de mayo en la cuenta oficial del CEN en la red social X.

El procedimiento para cubrir las vacancias en las AMPP es muy sencillo y se establece en la Ley Electoral de 2019. Cuando se queda vacante un cargo de delegado a las asambleas municipales del Poder Popular, salvo que se produzca en los últimos seis meses de su mandato, es cubierto para el resto de este mediante elección. Los delegados a las AMPP actuales se eligieron en 2022 hasta 2027, por lo que aún resta más de un semestre de su mandato. Las asambleas del Poder Popular de cada municipio cubano se renuevan cada cinco años.

Estas o sus presidentes convocan a los electores de la correspondiente circunscripción para que elijan un nuevo delegado. Es responsabilidad del presidente de la AMPP informar al Consejo Electoral Municipal de su decisión, y éste designa a los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción (CEC) para que realice la elección. Además, dicho consejo debe solicitar a los responsables del registro electoral la lista de los electores que deben participar en la elección. Luego de efectuarse la actualización de la mencionada lista, la CEC procede a su publicación junto con las biografías y fotos de los candidatos.

A pesar de estas previsiones, los procedimientos de cobertura de los puestos vacantes ocurridos desde enero se caracterizan por su opacidad. En primer lugar, no existen, al menos no en formato digital y abierto al público, reportes de las asambleas que debieron efectuarse para nominar a los candidatos a delegados a las AMPP. Los miembros de la CEC actuantes en la asamblea de nominación de candidatos deben confeccionar un acta en un plazo de veinticuatro horas.

En este documento se debe informar sobre el lugar, fecha y hora en que se celebró la asamblea de nominación; los nombres y apellidos de los miembros de la CEC que participaron en ella; la cuantía de electores que integran el área de nominación y la cantidad de asistentes a la asamblea; y los candidatos propuestos. También se deben exponer en el acta los nombres y apellidos del candidato nominado, la constancia de que aceptó la nominación y las firmas de los miembros de la CEC. La opacidad de estos y otros datos vulnera el derecho de todas las personas a solicitar y recibir información veraz, objetiva y oportuna del Estado.

En segundo lugar, la organización de las votaciones ha sido aún más oscura. Casi no se han realizado campañas de prensa para solicitar la participación de los electores. Tampoco se dispone de información fidedigna y verificable sobre el cumplimiento del requisito legal de publicar las biografías de los candidatos con antelación. Por último, los reportes sobre el desarrollo de las elecciones para cubrir cargos vacantes en las AMPP se concentran en las redes sociales del CNE, pero no se aportan datos sobre sus resultados.

La organización Transparencia Electoral le envió una solicitud de información al CEN el pasado 29 de febrero. Su objetivo es que este órgano publique los datos relativos a la cantidad de cargos de delegados a las AMPP vacantes, en qué municipios y provincias se registraron estas vacancias, así como los motivos que alegaron los delegados salientes para renunciar a sus puestos. De igual forma, se solicitaron los datos relativos a la ejecución del procedimiento legal para cubrir los cargos vacantes.

Si bien es cierto que las irregularidades comentadas y la falta de información son dos problemas fundamentales de la cobertura de los cargos vacantes de las AMPP, la cuestión política principal es otra. El hecho de que estos procedimientos se expandan durante cuatro meses y la posibilidad real de que se prolonguen más, denota que las autoridades cubanas tienen que enfrentar la constante salida de los delegados municipales del Poder Popular. Es posible que esto ocurra por dos causas estrechamente relacionadas entre sí.

La primera es la migración de dichos delegados. El cargo de delegado municipal del Poder Popular no es asalariado y no suele generar beneficios económicos o de otro tipo, por lo que no existen muchos incentivos para desempeñar esa responsabilidad. Más bien representa una ocupación extra que afecta la gestión del tiempo personal y la solución de los problemas individuales. De ahí que salir del país es una opción para librarse de esa realidad.

La segunda es que los delegados a las AMPP tienen muy poca capacidad de solución de los problemas cotidianos de sus electores. No es atractivo funcionar como un mero gestor de las problemáticas locales ante las instancias administrativas y empresariales encargadas de su solución, cuando es notable la incapacidad estatal para proveer servicios básicos como la recogida de basura o el suministro de agua y electricidad.

El mejor ejemplo de esto es la suspensión por segunda vez de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados municipales ante sus electores en enero de 2024. Estas asambleas se suspendieron en octubre de 2023. Por ello, es muy posible que veamos más noticias sobre la cobertura de cargos vacantes en las AMPP en los próximos meses. No parece que las autoridades sean capaces de solucionar el motivo fundamental que favorece el abandono de los cargos locales del Poder Popular: la crisis estructural del régimen político.

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