El ascenso de la familia multiespecie

A nivel social y cultural, las sociedades están enfrentando múltiples cambios que afectan los distintos órdenes de la vida. Estas transformaciones están dando lugar a nuevas maneras de concebir la planificación de la vida personal y familiar.

Un estudio global realizado por la consultora argentina Voices! indica que la mitad de las jóvenes de ese país, de entre 18 y 24, años no planea tener hijos. Por otra parte, cada vez hay más personas que viven solas.

De hecho, una de cada cuatro personas adultas padece soledad a nivel mundial. La OMS declaró a la soledad un problema de salud global, que afecta a la salud mental y, más aún, se relaciona con la mortalidad: se considera que padecer soledad impacta en la mortalidad en la misma medida que fumar 15 cigarrillos al día. Por su parte, las relaciones humanas están cada vez mediadas por la pantalla del smartphone, que a pesar de los emojis carece del fuerte aspecto físico que nos da la relación con las mascotas, acariciarlos o peinarlos.

Este escenario de cambios en la programación de la familia y de personas que viven en soledad deja espacios sin cubrir, a nivel afectivo y vincular. Estos espacios son cada vez más ocupados por los animales de compañía, los compañeros de 4 patas.

Según se desprende del censo 2022 en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires hay hoy más perros y gatos que niños menores de 14 años. Incluso si tomamos a los menores de 5 años, hay 3 perros y 2 gatos por cada niño de esta edad.

Pero las mascotas ya no son sólo animales de compañía, sino que, cada vez más, se les atribuyen cualidades antropomorfas, asignándoles características, gustos, expectativas y deseos propios de los humanos. Este fenómeno, en franco crecimiento, constituye lo que denominamos  humanización de las mascotas, las cuales pasan a tener un rol central en la vida de la persona o de la familia.

De este modo, los hábitos de las personas que consideran a estos nuevos integrantes como parte de la familia se modifican, dando lugar al desarrollo de conductas que se centran en sus compañeros peludos.

La mascota: como un hijo

Según los datos de una encuesta realizada por la misma consultora Voices!, en 2023, un 96% de las personas considera a su perro o gato como parte de su familia, y un 70% de las personas en estudio está de muy de acuerdo o algo de acuerdo con que su mascota es como un hijo para ellas.

El ingreso de este hijo a la familia se produce por diferentes razones, entre las que se encuentran el deseo de compañía personal, o para un niño, o incluso para otra mascota.

Cabe resaltar el alto porcentaje de personas que asocian el tener una mascota con la decisión de no tener hijos (o más hijos), o la tardanza del niño en llegar, o el síndrome del “nido vacío”. Al respecto, 2 de cada 10 personas con mascotas, que no tienen hijos, aceptan que incorporaron a su perro o gato para mitigar su soledad.

La mascota puede ser, incluso, la piedra fundacional de una familia, en tanto una persona sola elige a su nuevo compañero como el modo de sentir que ha formado un núcleo familiar. Este dato encuentra sustento en que el modo mayoritario de incluir a un compañero animal a la familia, o fundarla a partir de su incorporación, es la adopción. Así, el 90 % de los perros incorporados al hogar son adoptados. Y en el hecho de la adopción se manifiesta la consideración, por parte de las personas, de las necesidades afectivas que tiene el animal adoptado. En este contexto, la compra de una mascota, como objeto animal que se incorpora a la casa, cede todo su lugar al acto de acoger afectivamente a quien será el nuevo miembro de la familia o, más aún, un hijo.

La adopción cobra cada vez más importancia, hecho demostrado por la opinión de los jóvenes que fueron encuestados por Voices en el marco de la iniciativa Cultura de Dar respecto de cuáles son las acciones más efectivas para contribuir a la sociedad. Los resultados indican que, para ellos, adoptar un animal tiene más impacto que donar a ONGS. Y como correlato de esta posición, observamos que, en materia de solidaridad, los jóvenes en Argentina donan más dinero a causas relacionadas con animales que a personas en situación de calle, con discapacidades o a temas de violencia de género.

Los alcances de la humanización

Humanizar a la mascota implica atribuirles necesidades, expectativas y gustos propios de un ser humano; en consecuencia, el “perrijo” (acrónimo que junta “perro” e “hijo”, término que comienza a generalizarse) necesitará ropa, juguetes, cuidados especiales y fiestas de cumpleaños, con invitados humanos y caninos.

En el proceso de humanización, la compañía que brindan los perros o gatos es retribuida con la compañía del humano; de hecho, 9 de cada 10 cuidadores de mascotas declaran que tratan de reducir al máximo el tiempo que pasan separados de sus compañeros de 4 patas, y 4 de cada 10 no se pueden relajar pensando en su mascota, cuando salen de viaje.

Pero el vínculo humanizado no se limita al período de vida de la mascota, sino que se extiende hasta el momento de su muerte. Cada vez son más frecuentes los servicios fúnebres para animales y la posibilidad de cremación y entierro en cementerios a tal fin. Más aún, el servicio de clonación de mascotas promete la posibilidad de prolongar de manera casi indefinida la vida del compañero fallecido.

El impacto de la humanización a nivel económico y de negocios

El proceso de humanización reviste especial importancia no solo por sus implicancias en la vida personal y familiar, sino por su impacto en el mundo de los negocios. A nivel global, la industria de las mascotas mueve un volumen de 320 mil millones de dólares anuales, y se espera que para el 2030 ese monto se incremente hasta los 500

mil millones de dólares por año. El impacto, en casi todas las categorías de negocios, es cada vez más potente: alimentos gourmet, estética, indumentaria, juguetes, servicios de salud, gadgets, apps especiales, servicios de spa, psicólogos y un amplio espectro de productos y servicios direccionados a los hijos de 4 patas. Como casos más paradigmáticos de negocios basados en la humanización de las mascotas encontramos clases de yoga conjunto (Doga), guarderías de día y heladerías perrunas, denominadas “human friendly”. Incluso empresas que no desarrollan productos que tengan que ver con esta tendencia la deben tener en cuenta; por ejemplo las áreas de RRHH considerar días de licencia por enfermedad o muerte de mascota y beneficios tales como obra social y poder llevarlos al trabajo. Las oportunidades de innovación son enormes: desde aspectos arquitectónicos hasta decorativos de los hogares, pensar en pañales o toallitas femeninas, en el tratamiento de los excrementos dentro de los hogares, por nombrar algunos.

 Una tendencia que irá en crecimiento

La humanización de las mascotas no es una moda pasajera, sino una tendencia en crecimiento con raíces en los profundos cambios sociales de nuestra sociedad. Este proceso está modificando los hábitos, prioridades y el concepto de familia, haciendo que las personas vean a sus mascotas como miembros de su propia familia. Este nuevo modo de relacionarse con los animales está apenas comenzando y, sin duda, ha llegado para quedarse.

¿Qué está en juego en las elecciones mexicanas? 

Las elecciones concurrentes a las que están llamados casi cien millones de mexicanos el próximo 2 de junio no son un llamado más para renovar el poder ejecutivo y el Congreso de la Unión, sino una convocatoria sustantiva para dirimir en las urnas el dilema entre democracia y autocracia.  

En efecto, estas elecciones serán diferentes porque hay dos proyectos incompatibles de país. Uno de ellos se ha venido construyendo por la vía de pactos legislativos y ha hecho posible la desaparición del sistema de partido hegemónico priista y el diseño de democracia representativa, que ha derivado en una nueva distribución del poder y alternancias de todos colores.   

Con ello, se han creado organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros, encargados, de acuerdo con la politóloga Silvia Inclán, “de funciones destinadas a desmonopolizar el poder, especializar, agilizar, independizar, vigilar y controlar funciones del Estado”.   

En tanto, el otro proyecto es su antítesis política, con todo y lo erosionado que pudiera estar el sistema institucional democrático. Lo suyo es el debilitamiento o desaparición de los organismos autónomos. Y eso se corona con la amenaza que se cierne sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Estas elecciones concurrentes federales y estatales son decisivas tanto para las instituciones de la democracia que defiende la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, que postula como candidata presidencial a la senadora con licencia Xóchilt Gálvez, como para el proyecto autocrático de la llamada Cuarta Transformación, impulsado por la coalición Juntos Hacemos Historia, de los partidos Morena, PT y PVEM, que postulan como candidata presidencial a Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.   

Y hay un tercer candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal con licencia del partido Movimiento Ciudadano (MC), que para muchos observadores por su desempeño opera como comparsa del oficialismo.   

El antecedente electoral de ambas coaliciones y el partido MC son las elecciones intermedias federales de 2021, en las que Morena y aliados obtuvieron 21.025.742 votos, con una pérdida de 9.087.741 votos respecto a los obtenidos en la elección presidencial de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador se convierte en presidente electo apabullando a la hoy oposición. Por su parte, en 2021 toda la oposición junta, incluidos los votos de MC, alcanzó 22.314.441 votos. Es decir, hay una diferencia de 1.288.699 votos a favor de esta coalición opositora.   

Estas cifras contrastan sorprendentemente con los resultados de la mayoría de las encuestas de intención de voto, que le dan una ventaja holgada a la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia.  

La pregunta es: ¿qué pudo haber ocurrido entre 2021 y 2024 para que los ciudadanos se vuelquen a apoyar ahora a la coalición oficialista y a su candidata presidencialista?   

A la vista, si bien los niveles de aprobación del presidente López Obrador rondan el 60 por ciento, gracias en mucho a los programas sociales asistencialistas, la evaluación de las principales políticas públicas (educación, seguridad, salud, empleo) lo reprueba, lo que hace inconsistentes los resultados de las encuestas, excepto una de ellas, la de la empresa Massive Caller, que hace sondeos diarios y da como resultado un empate técnico entre las dos candidatas presidenciales.   

En esa casa demoscópica ambas rondan un 40 por ciento en la intención de voto, mientras que al candidato presidencial de MC le otorgan un distante 7 por ciento de preferencia.  

Al cerrar este texto, Luis Donaldo Colosio Riojas —hijo del excandidato presidencial priista homónimo asesinado en 1994 y alcalde con licencia de Monterrey—, una de las figuras más icónicas y visibles de MC y candidato por Nuevo León al Senado de la República, llama al candidato Jorge Álvarez y a Xóchilt Gálvez para que quien vaya en tercer lugar de intención de voto se sume al segundo para “derrotar a Morena”, lo que introduce un elemento inesperado en el cierre de las campañas presidenciales.  

Si esto no ocurriera en los próximos días, es probable que una franja del electorado emecista que no ve con posibilidades de éxito a Álvarez Máynez salga a sufragar “útil”, es decir, en la lógica de: “Si a mi candidato preferente no le alcanza para ganar, mi voto lo otorgo a quien está más cerca de mi idea de país”.   

Esto ya se ha expresado precautoriamente en el estado de Jalisco, gobernado por MC, donde aparecen vistosos espectaculares llamando a votar la fórmula Xóchilt Gálvez para presidenta y Pablo Lemus para gobernador.  

En definitiva, estamos en la recta final de todas las campañas con una sociedad sacudida por la violencia criminal y la narcopolítica, con el asesinato de decenas de candidatos a cargos federales y locales, que agregan el ingrediente del miedo en regiones enteras del país. Las malas noticias pueden contribuir al abstencionismo, pero también transformarse en incentivos para salir a participar en estos comicios decisivos para el futuro del país, que no merece, ante la gravedad de la circunstancia nacional, un renovado sistema autocrático a la vieja usanza priista.  

El federalismo argentino frente a un presidente disruptivo: ¿crisis u oportunidad?

La asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación significó un cambio drástico en la política argentina. El flamante presidente no solo se diferencia por la manera en cómo se comunica con su electorado y en cómo ejerce el poder, sino también, y más importante, en su relación con los gobernadores. La fallida sanción de la Ley Bases, ley propuesta por el gobierno para modificar estructuralmente las relaciones sociales y reformar sustancialmente al Estado, y la posterior “rebelión” del gobernador recién electo de la provincia de Chubut, Ignacio Torres —de Juntos por el Cambio, partido del ex-presidente Macri e integrante de la base de apoyo a Milei— pusieron en evidencia un proceso de reconfiguración del mapa político argentino. El uso del término “mapa” no es azaroso, sino que tiene la intención de destacar la importancia de la geografía política de un país federal para pensar la relación entre los presidentes y gobernadores y, en este caso específico, de los gobernadores de las provincias argentinas con el presidente Milei.

La dinámica política del federalismo argentino de las últimas dos décadas ha mostrado una progresiva disociación entre lo que llamamos “la Nación” y “las provincias”. La elección que ungió a Milei como presidente, por un lado, y el timing y resultado de las variadas elecciones de los ejecutivos provinciales, por otro lado, fueron claros ejemplos de ese diagnóstico. Frente a una contienda nacional que se mostraba polarizada y reñida, la mayoría de los gobernadores buscó resguardar su capital político territorial usando como estrategia la modificación del calendario electoral subnacional y despegar, así, la elección en su provincia de la disputa nacional.

De las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), solo en 4 de ellas las elecciones provinciales coincidieron con las nacionales (CABA, provincia de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos). El resto de las 18 provincias estableció su propio cronograma.

En Argentina, el federalismo electoral se encuentra descentralizado, lo que quiere decir que cada gobierno provincial tiene la potestad (autonomía) para definir las fechas de las elecciones provinciales, así como sus reglas. En cambio, en Brasil o en México, por ejemplo, tanto las reglas electorales como las fechas de los comicios se encuentran fijadas por la Constitución Federal y son las mismas para todos los niveles de gobierno. Esta particularidad del federalismo argentino permite identificar con mayor claridad cómo se organizan regionalmente los intereses político-partidarios y las dimensiones de los conflictos entre dos órdenes de gobierno: nación-provincias.

En ese contexto, la derrota de los candidatos a gobernador por el partido del actual presidente (La Libertad Avanza) contrastó con la contundente victoria del propio Javier Milei en la contienda nacional. Un dato no menor es que Milei obtuvo márgenes significativos de votos, tanto en aquellas provincias en donde presentó candidato a gobernador, como en las que no, como La Pampa, Misiones, Salta, San Luis y Santa Cruz. Con ese escenario, proponemos adjetivar al nuevo jefe del ejecutivo nacional como un presidente disruptivo.

Pero, ¿qué significa un presidente disruptivo y cuáles son sus consecuencias? El concepto apunta a dos hechos: en primer lugar, nos aventuramos a decir que Milei resquebrajó el sistema partidario tradicional, al paso que los gobernadores ganaron un nuevo rol en la dinámica política nacional.

En estos casi 6 meses de gobierno, este nuevo escenario queda evidenciado en los —cada vez más frecuentes— choques entre los gobernadores y el presidente. En segundo lugar, es la primera vez que el enfrentamiento intergubernamental es tan directo, consensuado y partidariamente transversal entre casi la mayoría de los gobernadores —inclusive aquellos electos recientemente— y el presidente.

El disparador de este escenario no fue, sin embargo, un clivaje nuevo, sino que tiene lugar en el ámbito de la disputa entre recursos fiscales discrecionales y la aprobación de la agenda presidencial. El no envío de fondos a una provincia deudora, en represalia por la falta de apoyo del gobernador a la agenda legislativa del presidente, desató la reacción colectiva de la mayoría de los gobernadores, preocupados por la posibilidad de futuros cortes en sus arcas por parte del presidente Milei.

Los gobernadores —inclusive aquellos alineados con el gobierno nacional— salieron coordinados a defender sus intereses. Esta acción colectiva, incentivada por un interés común y para nada irrelevante, fortaleció los lazos de solidaridad entre los gobiernos subnacionales e impulsó una mayor regionalización del mapa político nacional.

Con regionalización queremos hacer hincapié en el carácter colectivo y coordinado de la reacción de los gobiernos provinciales, en contraposición a la idea de provincialización, más cercana a una postura individualista y de efectos atomizantes.

Fue así como la Liga de los Gobernadores Patagónicos recobró fuerza y visibilidad nacional. Los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y La Pampa, levantaron la bandera regional y defendieron una agenda común, principalmente en torno a sus sectores productivos como la pesca, el petróleo, el gas y otros hidrocarburos. Es importante mencionar que La Liga de los Gobernadores Patagónicos está compuesta por gobernadores de diferentes partidos: PJ, Juntos por el Cambio y partidos provinciales.

Además, el envío de fuerzas de seguridad desde la provincia de Buenos Aires hacia la provincia de Santa Fe, gobiernos con signos políticos opuestos, así como la respuesta del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apoyando el reclamo de la provincia de Buenos Aires por el —también— recorte de recursos fiscales por parte del gobierno nacional, son dos ejemplos más de la reacción cooperativa entre gobiernos subnacionales.

Como en épocas de crisis suelen surgir oportunidades de cambio, quizás el carácter disruptivo de Javier Milei sea el elemento disparador necesario para la emergencia de un nuevo contrato federal originado a partir de la construcción de consensos horizontales. Es decir, puede representar una oportunidad para la refundación del federalismo argentino, desde abajo, y a partir del fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre las provincias.

China y Ecuador: Influencia mediática del nuevo TLC

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Ecuador y China entran a un nuevo ciclo de relaciones comerciales. Desde el 1° de mayo de 2024, el gigante asiático y la pequeña nación sudamericana empiezan con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), con un enfoque en la “cooperación económica y la cooperación bilateral”. La esperanza de implementar la liberalización del comercio y fomentar la inversión, además de facilitar el desarrollo económico y social, es una de las esperanzas de un Ecuador golpeado por una crisis en sus arcas fiscales y con altos índices de violencia. En este marco de evidente inestabilidad política, el acuerdo fue recibido con críticas por parte de varios sectores de la sociedad ecuatoriana, con evidentes implicaciones en el ámbito mediático.

En efecto, los medios de comunicación han tenido una influencia significativa en la formación de la opinión pública en torno a este acuerdo comercial. De 89 artículos publicados en portales digitales de medios locales e internacionales entre el 15 de febrero de 2024 (cuando la Asamblea Nacional ratificó el acuerdo) y el 30 de abril de 2024 (un día antes de la entrada en vigor del mismo), al menos el 32% de estos incluyeron los términos “temor”, “desigualdad” y “preocupación” al momento de referirse al TLC Ecuador-China. Las acciones de protección de las economías locales ecuatorianas y el cuidado del ambiente han sido dos de los temas más recurrentes entre los expertos invitados a participar en los diálogos periodísticos en español.

Es innegable que la apertura del acuerdo comercial chino con una nación latinoamericana refleja su intención de buscar aliados no occidentales para diversificar su economía en respuesta a la globalización y la creciente multipolaridad. En los últimos años, China ha mostrado un creciente interés en América Latina, especialmente en el comercio y las inversiones, con iniciativas enfocadas en financiamiento a los gobiernos de esta región y el intercambio tecnológico, entre otros ámbitos.

Esto, a su vez, es la muestra del aumento general de la presencia de China en un sistema internacional que reclama mayor financiamiento poscovid y rutas comerciales para paliar los efectos de las crisis económico-sanitarias. En esta línea, tan solo en el caso Ecuador-China se estima que habrá la eliminación gradual de aranceles para el 99,6% de las exportaciones del país sudamericano en un decenio.

Los medios y la opinión pública

Resulta incuestionable que la interpretación mediática de la política internacional moldea la opinión pública. En el caso de este acuerdo, hay dos sectores sobre los cuales está girando la producción de contenido periodístico: automotriz y plásticos. Por una parte, los medios han hecho eco del impacto que tendrá este TLC en la reducción en los costos de venta de los autos chinos, que en marzo de 2024 lideraron el mercado ecuatoriano con 4760 vehículos vendidos (el 36% del total de ventas en este mes).

Pero del otro lado, el plástico es otra de las cuestiones abordadas en este proceso comercial. Un mes antes de la ratificación del acuerdo, varios medios ecuatorianos resaltaron el hecho de que este instrumento podría ser la excusa para la importación de desechos. A pesar de ello, desde la fecha de ratificación de este hasta el 30 de abril, el tema pasó a un segundo plano, poniendo énfasis en la disminución de los precios de autos y las posibles ventajas para el sector agropecuario ecuatoriano.

Uno de los temas pendientes en la cobertura de este acuerdo es el intercambio cultural entre ambas naciones. China no solamente es un mercado de 1,4 mil millones de habitantes donde es posible comercializar nuevos productos ecuatorianos. El gigante asiático también tiene un soft power que ha quedado claramente expuesto en su libro blanco titulado ‘Una comunidad global de futuro compartido: Propuestas y acciones de China’ (septiembre de 2023). En este se especifica la necesidad de aumentar los intercambios entre las distintas naciones para fomentar la inclusión y el respeto a las diferencias. En otras palabras, en su modelo de integración es imposible pensar que lo comercial no vaya de la mano de lo cultural.

En este preciso momento, sostener si hay una imagen positiva o negativa del Acuerdo China-Ecuador en los medios de comunicación resulta complejo por los detalles técnico-económicos en los cuales se ha centrado la discusión periodística. Por ahora, el gobierno ha desarrollado una intensa agenda para dar a conocer los puntos clave para la primera fase de implementación de este instrumento. Aquí surge la pregunta sobre hasta qué punto los periodistas pueden dejar de lado sus valores y creencias a la hora de informar sobre el tema, considerando aspectos como, por ejemplo, si los intereses ecuatorianos pueden equilibrarse con los intereses chinos.

Las acusaciones de que el acuerdo es una venta masiva de recursos naturales e intereses políticos y económicos estratégicos han sido especialmente comunes en los meses previos a la entrada en vigencia del tratado, pero también crece el interés por la reducción de precios en ámbitos como el transporte y la tecnología, dos sectores de suma importancia al momento de medir el crecimiento de los pueblos.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

Latinoamérica21 se despide de X (ex Twitter)

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Elecciones en Panamá: ¿Realineamiento del espectro político?

Para los jóvenes que abarrotaron en noviembre pasado las calles de la Ciudad de Panamá protestando contra la minería, y que también inundaron las urnas hace dos semanas; hoy día resulta impensable las restricciones a los derechos civiles como la libertad de prensa y la libertad de asociación, y la prohibición de los partidos políticos durante la dictadura militar entre 1968-1979.  Sólo como secuela del plebiscito de 1977 para la aprobación de los nuevos tratados del Canal de Panamá, el régimen militar permitió el resurgimiento de los partidos políticos, incluyendo aquellos que habían dominado la escena política en los años sesenta (liberales, panameñista y demócrata cristiano, entre otros); y a la vez lanzó su propio instrumento político para el afianzamiento de su proceso revolucionario denominado Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Desde aquel entonces, y por lo menos hasta el 2004, la división entre los llamados partidos civilistas que abogaban por el regreso a la democracia, y aquellos otros partidos afines al proceso, orientó el devenir de la política panameña atravesando episodios electorales transcendentales como los de 1984 y 1989. En la primera elección presidencial directa después del golpe militar de 1968, los partidos que apoyaban el proceso revolucionario lograron la elección a la presidencia de Nicolas Ardito Barletta de la Unión Nacional Democrática (UNADE) en medio de acusaciones de fraude por parte de la principal fuerza opositora, Alianza Democrática de Oposición (ADO).  La ADO estaba conformada por el Partido Panameñista Auténtico, Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), y había postulado a la presidencia al histórico líder del panameñismo, Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Cinco años más tarde, y a escasos meses de la invasión militar estadounidense, los comicios de mayo de 1989 fueron suspendidos por la inestabilidad generada por la crisis del régimen del General Manual Antonio Noriega. Sorprendentemente, luego de la invasión de diciembre, se volvieron a contar las actas proclamando el triunfo de la ADO civilista liderada por el presidente Guillermo Endara Galimany del Partido Liberal Auténtico (PLA), y sus vicepresidentes Ricardo Arias Calderón (PDC) y Guillermo Ford (MOLIRENA).  El clivaje forjado durante la dictadura militar se extendió durante las elecciones de 1994, 1999 y 2004; en 1999 enfrentando a Mireya Elisa Moscoso, viuda del caudillo Arnulfo Arias Madrid, contra Martín Torrijos Espino, hijo del fundador del PRD y jefe supremo de gobierno entre 1969-1981, General Omar Torrijos Herrera.

En este mismo periodo empezó a vislumbrarse un posible realineamiento de las fuerzas políticas con la aparición de una nueva generación de partidos con aspiraciones a constituirse en terceras fuerzas como el Partido Solidaridad y el Movimiento Papa Egoro; así como el desalineamiento de fuerzas civilistas históricas como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que en 2000 decidió forjar una alianza parlamentaria inédita con el PRD. Igualmente, Solidaridad lanzó la candidatura del expresidente Guillermo Endara Galimany como tercera fuerza en 2004 atenuando de esta manera la profundad escisión que había prevalecido entre civilistas y partidarios del proceso durante los años ochenta y noventa.

En 2009, la inesperada elección como presidente de Ricardo Martinelli Berrocal, candidato del partido Cambio Democrático (CD); quien se refería abiertamente a Panameñistas y PRDs como huesos viejos de la política, presagiaba el final de la división entre civilistas y partidarios del proceso adoptando por primera vez la lucha contra la corrupción como bandera para ganar el voto de la población.  En aquel momento tanto el MOLIRENA como el Partido Panameñista se unieron a la propuesta de renovación de la política de Martinelli incorporando eventualmente a los partidos Solidaridad y Liberal Nacional que se habían fusionado en el nuevo colectivo Unión Patriótica (UP).

Posiblemente la elección de Martinelli representó el principio del fin del sistema de partidos consolidado con el retorno a la democracia, y que se alternaba la máxima magistratura de manera periódica: Guillermo Endara Galimany (Partido Arnulfista) entre 1990-1994, Ernesto Pérez Balladares (PRD) entre 1994-1999; Mireya Elisa Moscoso (Partido Arnulfista) entre 1999-2004; y Martín Torrijos Espino (PRD) entre 2004-2009.  Los ataques contra los expresidentes y personas allegadas de los mismos acusándolos abiertamente de corrupción reforzaban la imagen de Martinelli como reformador cristalizando la aspiración de constituir una tercera fuerza en Panamá.

Las presidencias consecutivas de Juan Carlos Varela (Partido Panameñista) entre 2014-2019 y Laurentino Cortizo Cohen (PRD) entre 2019 y el presente, parecían respaldar la continuidad del clivaje histórico, y hacían ver la candidatura de Martinelli como un episodio aislado.  A pesar de ello, tras bastidores nuevas fuerzas políticas empezaban a avizorar a través del pujante movimiento por las candidaturas de libre postulación, en Panamá mejor conocidos como candidaturas independientes.  En 2009, el mismo año de la elección de Martinelli, el economista de izquierda, Juan Jované De Puy, había intentado lanzar su candidatura a la presidencia por libre postulación; y aunque la misma había sido considerada improcedente por el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia la declaró posteriormente viable a escasas horas de los comicios de ese año.

En los años venideros, un sector de la izquierda siguió propugnando por la candidatura del Profesor Jované, así como por otras igualmente desvinculadas de los partidos políticos tradicionales a través del Movimiento Independiente para la Renovación Nacional (MIREN), logrando la simpatía y el respaldo de un sector de la población en las elecciones de 2014.  En esas mismas elecciones la ex procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, fue escogida como diputada independiente siendo la más votada a nivel nacional. El éxito de esta candidatura independiente abrió las puertas para su postulación a la presidencia por esta misma vía así como para la elección de cinco diputados independientes en 2019 incluyendo los fundadores del Movimiento Vamos, Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez.

La elección de 2019 también vio la irrupción de Ricardo Lombana en la política panameña obteniendo la tercera posición en la carrera presidencial con 19% de la votación después de Laurentino Cortizo del PRD 33% y Romulo Roux del Cambio Democrático (CD) 31%, y adelante del candidato oficialista, José Isabel Blandón del Partido Panameñista.  Por primera vez se percibía como viable la posibilidad de ganar la presidencia y forjar una fuerza parlamentaria significativa por medio de la libre postulación lo que levantaba las expectativas de cara a los comicios de 2024.

Las reciente elecciones

En la reciente elección, Ricardo Lombana obtuvo el segundo lugar con 24.8% del voto a nivel nacional siendo superado únicamente por el candidato del partido Realizando Metas (RM), José Raúl Mulino 34.34%, y seguido del candidato del Partido Popular (PP) – antigua democracia cristiana, el expresidente Martín Torrijos Espino 16%. Si bien se pueden encontrar claras conexiones entre los miembros de RM y en especial el presidente electo Mulino con el movimiento civilista de los años ochenta; y entre Martín Torrijos y el proceso revolucionario enarbolado por su padre en los setentas; en las pasadas elecciones tres partidos que jamás habían ganado la presidencia obtuvieron la mayor cantidad de votos indicando la posibilidad de cambios transcendentales en los resultados de esta contienda electoral que hasta ese momento en democracia había sido dominada por los partidos PRD, Panameñista y CD.

Queda por definirse si los resultados de este mes de mayo van a significar la desaparición del sistema de partidos que ha prevalecido en Panamá durante medio siglo, siguiendo la tendencia regional manifestadas en otros países como Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala; o si el clivaje histórico entre civilistas y defensores del proceso revolucionario va a encontrar en los próximo años nuevas avenidas de expresión a través de estructura partidarias más fluidas y cambiantes como los partidos RM y MOCA inscritos apenas en 2021 y 2022, respectivamente. Ciertamente, RM tiene un gran desafío por delante considerando que ningún partido de gobierno ha logrado ganar la elección siguiente desde el inicio de la transición democrática en 1989; y los partidos históricos PRD y Partido Panameñista deberán hacer esfuerzos extraordinarios por recuperar la confianza del electorado considerando que en la reciente contienda solo lograron acumular 5.56% y 5.29% del voto popular, respectivamente.

Queda por definirse igualmente en qué consistiría un nuevo clivaje en este Siglo XXI; o si Panamá más bien flotará a la deriva con elecciones sin contenido programático, y basadas principalmente en simpatías personales y en la agitación de emociones.  La dicotomía entre votantes pro-Martinelli y votantes anticorrupción que subyace en la contienda entre José Raúl Mulino y Ricardo Lombana da visos que va a ser solo coyuntural, y posiblemente terminará en los comicios de 2029.  Alternativamente, podría haber una diferenciación entre partidos políticos formalmente constituidos, y candidatos por libre postulación como pareciera estar delineándose en la Asamblea Nacional; en donde el Movimiento Vamos estrenará 20 nuevos diputados por libre postulación en la sesión legislativa que inicia el 1 de julio de 2024.  O quizás en Panamá pudieran estar manifestándose clivajes prevalentes en otros países de la región como la diferencia entre control estatal de la economía vs. libre mercado, o igualdad de género y defensa de la familia; o incluso nuevas escisiones entre quienes favorecen el crecimiento económico ilimitado, y quienes prefieren sacrificar ganancias por una ecología humana integral.

Sea cual sea el rumbo que tome la política panameña, las elecciones de 2029 se vislumbran como determinantes para el devenir histórico del país con la posibilidad de que aparezcan nuevas fuerzas políticas o se reconstituyan los partidos históricos que han dominado al país durante los últimos cincuenta años.  En este panorama queda claro que una nueva generación de candidatos y votantes terminará barriendo las estructuras del pasado, o construyendo un nuevo futuro desde las bases de la lucha por la soberanía, la democracia y la justicia social.

Narcotráfico en Bolivia: dudas y deudas pendientes

Incautaciones históricas, redadas exitosas, decomisos diarios. El gobierno boliviano es elocuente en su discurso y sus datos sobre la lucha contra las drogas. Pero la reconfiguración del narcotráfico y el avance transnacional pesan más que el optimismo retórico y los récords.

Como tercer país productor de coca en el mundo, luego de Colombia y Perú, Bolivia ha estado en permanente escrutinio internacional, y en el último año además, afrontando una disputa interna del partido oficialista que está tomando como bandera al narcotráfico. Los ataques del expresidente Evo Morales a su sucesor Luis Arce no son simples comentarios a una deficiente gestión, son acusaciones directas sobre supuestos proteccionismos a narcotraficantes que estarían operando en el país.

Expansión del crimen organizado

Según datos oficiales las incautaciones de cocaína en 2023 se incrementaron en un 62% respecto a 2022, lo que puede sugerir eficiencia en los controles, pero también el fortalecimiento de la producción, la corrupción y la violencia. Aunque en Bolivia la tasa de homicidios es menor respecto a los demás países de Latinoamérica, hay algunos hechos concretos que han generado preocupación y mayor debate sobre la política antidrogas en el país.

Las extorsiones y secuestros vinculados a delitos del narcotráfico son más frecuentes y violentos, también la presencia de integrantes de organizaciones criminales de alta peligrosidad como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), confirmados por autoridades policiales.

A esto se suma uno de los sucesos más polémicos del 2023 con el narcotraficante uruguayo, Sebastian Marset, que vivió casi un año en Bolivia operando libremente y luego huyó del país, tras un fallido operativo policial. En un caso más reciente, en febrero de este año, la captura del brasileño Máximo da Fonseca, quien desde hace 10 años traficaba droga hacia Perú, Paraguay y Brasil. El gobierno lo calificó como una “ballena del narcotráfico”.

La realidad es que Bolivia se ha convertido no solo como un país de tránsito, sino también productor y exportador de droga. Su ubicación estratégica, la vulnerabilidad del espacio aéreo, los deficientes controles terrestres, y la demanda de los mercados de Europa y ahora también Asia, la convierten en un corredor atractivo y hasta obligatorio en la región. Por Perú y Bolivia transita la droga, a través de pistas clandestinas,  que luego sale desde Brasil y Paraguay hacia otros mercados.

Luego de la desaceleración por la pandemia del Covid-19, la producción mundial de la cocaína se disparó en un 35% entre 2020 a 2021, una cifra récord y el aumento interanual más importante desde 2016, según el Informe Mundial de la Cocaína 2023, emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Hoy el narcotráfico está sustentado por traficantes hábiles que saben de las viejas mañas y del poder de los vínculos políticos para reforzar el control territorial y las cadenas de suministro. Es innegable que este lucrativo negocio se ha modernizado con una estructura transnacional más efectiva en rutas y tecnología y también porque hay grupos pequeños y medianos con la capacidad de moverse sin necesidad de pertenecer a los grandes cárteles. Mientras la ilegalidad avanza a un paso acelerado, la institucionalidad salpicada por la corrupción, queda en entredicho.

En el Informe de Riesgo Político América Latina 2024, el ranking de los principales riesgos para este año está liderado por la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. En Bolivia la falta de institucionalidad, independencia de poderes e impunidad se han puesto de manifiesto. Una prueba de esto es que al menos una treintena de  policías se han visto implicados en narcotráfico entre el 2022 y 2023, muchos de ellos con procesos penales que no terminan en sanciones e incluso posibilitando su retorno a las filas de la institución. Aun ante los hechos, se mantiene el discurso gubernamental negacionista: el narcotráfico no ha penetrado al Estado.

¿Una lucha conjunta?

El uso tradicional y medicinal de la hoja de coca está contemplado en la Constitución boliviana desde 2009 y actualmente la superficie legal de cultivos es de 22.000 hectáreas. Pero el debate siempre ha estado abierto respecto a la cantidad de producción que se desvía al narcotráfico.

La cifras que valida el gobierno son las que maneja con su propia metodología y contradicen a las presentadas por la Unodc que observa un incremento del 4%, de 29.400 hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.

La lucha antidrogas en Bolivia se asumió bajo el concepto de soberanía y no intervencionismo en los 18 años de gestión que lleva el Movimiento Al Socialismo (MAS) y con la consigna de que ha sido exitosa. En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó a la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) acusándola de financiar un “golpe de Estado fallido” y no se volvió a considerar la posibilidad de este acompañamiento.

Sin embargo la reconfiguración del narcotráfico obliga a que la lucha contra las drogas tenga un carácter más integracionista y transnacional, es decir, con acuerdos multidisciplinarios y acciones coordinadas entre países. Si bien el gobierno boliviano ha mostrado su apertura a la cooperación, resulta hasta cierto punto contradictorio cuando aún prevalece el negacionismo sobre la capacidad de producción y exportación de droga desde el país y el rechazo a los cuestionamientos de organismos internacionales que piden mayores esfuerzos en la estrategia antinarcóticos.

Se plantean entonces interrogantes sobre el verdadero compromiso de Bolivia. ¿Es prioridad del gobierno la lucha contra las drogas?¿Tiene la capacidad de enfrentar al crimen organizado? ¿Puede mostrarse fiable ante la comunidad internacional?

Narcotráfico y poder

Las disputas internas cada vez más radicales del MAS, dividido en dos facciones, la del presidente Luis Arce y la de su predecesor Evo Morales buscan deslegitimar las acciones contra el narcotráfico realizadas en cada gestión, en un juego de poder que tiene en la mira las elecciones generales de 2025.

Las partes conocen bien los puntos débiles, pero también la forma de evadir o minimizar las acusaciones, al final es el mismo oficialismo en un ambiente que ensombrece lo que podría ser una verdadera política antidroga.  En medio de la confrontación, queda un país cada vez más envuelto en la violencia y la expansión del narcotráfico. ¿Cómo puede un Estado, con democracia debilitada, hacer frente a este flagelo?

El desmantelamiento de las políticas es responsable de la mayor crisis climática de Brasil

Hay que decirlo claramente: la crisis climática que vive Rio Grande do Sul (RS) ya es la mayor de la historia de Brasil. Ya se sabe que más de 460 municipios están afectados, lo que representa cerca del 95% de las ciudades del estado, y algunos de estos municipios tienen más del 70% de su población afectada. En total, según la Defensa Civil de RS, hoy son más de dos millones de personas afectadas, de las cuales más de 600 mil tuvieron que abandonar sus hogares. Cuando hablamos de municipios y personas afectadas, hablamos de ciudades inundadas, destruidas y con muchas zonas ya desocupadas. Todo esto es lo que ya sabemos hoy, pero hay muchas cosas que aún no sabemos. Sólo cuando el agua retroceda tendremos una mejor visión de la infraestructura destruida, la pérdida de las condiciones de subsistencia, las pérdidas económicas y, lo más importante, el número de muertes. 

También existen preocupaciones sobre los escenarios posteriores al fenómeno: en el corto plazo, necesitaremos evaluar cuestiones sanitarias como la contabilización de infecciones y enfermedades, cuyos síntomas y diagnósticos pueden ser inmediatos o no. En el mediano plazo comenzaremos a ver problemas económicos para personas y familias que lo han perdido todo: desde sus hogares hasta sus condiciones de producción y reproducción de vida. El largo plazo es difícil de analizar, pero ya se sabe que la reconstrucción infraestructural, financiera y emocional después de los desastres es difícil, costosa y dolorosa. En otras palabras, ésta ya es la mayor crisis climática del país y aún ni siquiera hemos podido medir su tamaño.

Crisis climática y ambiental en Brasil

La crisis climática en Rio Grande do Sul puede insertarse en un contexto general de la crisis climática y ambiental en Brasil. Al fin y al cabo, ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático en todo el país: sequías, desertificación, cambios en el caudal de lluvias, inundaciones, incendios y pérdidas de cultivos y de condiciones de producción agrícola y alimentaria, además de fenómenos extremos que matan, desplazan y afectan a miles de personas año tras año.

En 2023, por ejemplo, más de 70 mil personas quedaron sin hogar debido al impacto de eventos de origen hidrogeoclimático. El dato es alarmante: en ese mismo año, el 93% de los municipios brasileños registraron algún tipo de desastre natural que llevó al registro de emergencia o estado de calamidad pública. 

Brasil es hoy el séptimo mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero (GEI) y, simultáneamente, vive las consecuencias del desmantelamiento de sus instrumentos ambientales tras la administración de Jair Bolsonaro. Desde que asumió el poder, el gobierno de Lula ya ha impulsado importantes iniciativas para combatir la crisis ecológica, con notable énfasis en la reducción de la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, estas medidas siguen siendo insuficientes y excesivamente lentas en vista del colapso que estamos viviendo.

El desmantelamiento de garantías socioambientales del Estado

En Rio Grande do Sul la situación es especialmente grave. El estado es hoy el sexto mayor emisor nacional de GEI del país, principalmente debido al modelo agrícola. Sin embargo, el problema es mucho mayor que la contabilidad de emisiones. La actual administración estatal es responsable de un verdadero desmantelamiento de las –ya escasas– garantías socioambientales del Estado. 

En 2019 se aprobó el nuevo Código Ambiental Estatal, que cambió casi 500 puntos respecto a la versión anterior, lo que llevó al desmantelamiento del texto original, aprobado en 2000. La nueva versión del código redujo la protección a áreas adyacentes a unidades de conservación, eliminó incentivos para la protección ambiental, permitió la subcontratación que ayudó a consolidar el desmantelamiento estatal, debilitó los instrumentos vinculados a la lucha contra los incendios forestales y liquidó el código forestal. 

También se produjo la promulgación de la Licencia Ambiental por Adhesión y Compromiso (LAC), que, en la práctica, flexibilizó la inspección ambiental; la ampliación de la construcción de represas en áreas de preservación ambiental; además de la aceleración de la minería predatoria y la contratación de termoeléctricas a carbón. Todo esto demuestra que en los últimos años se ha producido un desmantelamiento de la estructura de protección ambiental a nivel estatal.

En la capital, Porto Alegre, la situación también es desalentadora. La ciudad, que alguna vez fue conocida mundialmente por sus políticas progresistas, por su profunda participación social y por ser la sede del Foro Social Mundial, hoy se encuentra abandonada, desestructurada y aquejada de falta de inversión. En 2023, la inversión en prevención de inundaciones, que ya venía cayendo, fue de cero reales. En los últimos cuatro años, se puede comprobar que el recorte de fondos ha tenido un impacto importante en el sistema de protección del agua de la ciudad, implementado en los años 1970. 

El mantenimiento precario causó gran parte de los daños, especialmente en los diques y las casas de bombeo. A pesar de los notables esfuerzos, el Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado (DMAE), que ha sufrido recortes de gastos y reducciones de personal, se encuentra actualmente en malas condiciones para afrontar la crisis que vive la ciudad. Es decir, el sistema antiinundaciones falló y las casas de bombas no operaron por falta de mantenimiento e inversión. 

En Rio Grande do Sul y su capital, el colapso climático y medioambiental es efectivamente el resultado de un fenómeno global y nacional, pero también es –y sobre todo– una consecuencia del desmantelamiento de los instrumentos medioambientales, de una reducción del presupuesto de los servicios públicos autoridades y desinversión en políticas medidas serias para abordar el colapso climático y ecológico. En otras palabras, lo que hoy viven el Estado y el capital es producto directo de un proyecto político de reducción del poder público.

Se deben fortalecer las políticas para afrontar el cambio climático 

Hay posibles respuestas, pero necesitamos mucho más. En primer lugar, es necesario fortalecer las políticas vinculadas a la mitigación de emisiones de GEI y la reparación a los afectados; sin embargo, la palabra más importante en este momento es adaptación, es decir, políticas para reducir las vulnerabilidades de los sistemas naturales y humanos al cambio climático. Sin embargo, la agenda vinculada a la adaptación aún es escasa. 

A nivel internacional, se trata de una agenda con fondos insuficientes en comparación con las agendas de mitigación, que ya cuentan con un ecosistema de financiación a su alrededor. Además, la gobernanza climática internacional va por detrás de definiciones fundamentales como el Objetivo de Adaptación Global y la recaudación de fondos para la agenda, lo que también dificulta el desembolso y la presentación de proyectos a grandes fondos globales. 

A nivel federal, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático ya ha logrado avances importantes, pero pocos y definitivamente tardíos, como el Plan Climático – Adaptación. Además, si bien ya se sabe que es necesario pensar en infraestructuras resilientes y adaptadas al cambio climático, esto aún no se refleja, por ejemplo, en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) ni en la planificación federal en su conjunto. 

El estado de Rio Grande do Sul está aún más rezagado en este aspecto: el Plan de Estrategias de Acción Climática ProClima 2050 no se aprobó hasta octubre de 2023, y la mayoría de sus medidas aún no han llegado a buen término. A nivel municipal, en Porto Alegre esto ni siquiera es una discusión, lo que ya muestra la magnitud del problema.

Hoy somos testigos de la mayor crisis climática en Brasil. Es el resultado, simultáneamente, del desmantelamiento de los instrumentos ambientales estatales, la falta de inversión en prevención municipal en la capital y, más ampliamente, el retraso en la reflexión estratégica sobre la adaptación climática en todo el país. Sin una planificación seria, que abarque todos los niveles federales, no habrá salida: Rio Grande do Sul puede incluso reconstruirse, pero la próxima inundación llegará y destruirá una vez más las infraestructuras, la economía y la vida de la población que vive ahí. 

Dado que el cambio climático ya es una realidad, la única alternativa es pensar en un mundo en el que se mitiguen las emisiones, pero que también se adapte para proteger a las personas más vulnerables.

Somos la región que más migra

Según Naciones Unidas, a finales de 2020 había aproximadamente 281 millones de migrantes en el mundo, lo que equivale al 3,6% de la población global. El 26% de la población migrante mundial vivía en las Américas, lo que significa que los migrantes constituían el 7% de la población total de la región ese año. Al mismo tiempo, 117 millones de personas habían sido desplazadas por la fuerza en todo el mundo, lo que representa un aumento del 950% en los últimos 10 años. De estas personas, 9,2 millones fueron desplazadas en las Américas, es decir, el 28% de la población desplazada global se encuentra en América Latina y el Caribe. 

¿Qué nos dicen estos datos? 

Que somos la región que más migra. No sólo los datos lo confirman sino también la prioridad que se le está dando a este tema a nivel regional. En efecto, la migración y el desplazamiento forzado fueron los principales puntos discutidos en el marco de la III Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2024 en la Ciudad de Guatemala con la participación de 20 de los 22 países que aprobó el documento en 2022 al margen de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles.

Considerando la prioridad de esta agenda a nivel regional, es válido resaltar tres temas claves que surgieron de la discusión en Guatemala. Además de discutir el carácter verdaderamente hemisférico del fenómeno migratorio que está impactando a prácticamente todos los países de la región como países de origen, tránsito, destino e incluso retorno, y revisar los datos, desafíos y oportunidades, los países participantes en el encuentro también discutieron (a) los desafíos de financiar la recepción e integración de personas en situaciones de movilidad humana, (b) la necesidad urgente de garantizar una membresía más inclusiva en el proceso de seguimiento de la Declaración, y (c) la necesidad de vincular las cuestiones del cambio climático y migración. Un elemento adicional a destacar fue la “desvenezolización” de la discusión del tema, y ​​la mención de foros como los que ofrece la Declaración de Palenque como alternativas para discutir temas migratorios a nivel regional.

En cuanto a la cuestión del costo de la migración para los países de tránsito y de acogida, una cuestión que surgió con mucha fuerza fue la necesidad de una mayor financiación tanto de las instituciones financieras como del sector privado. En esencia, los países de origen deben resolver las causas estructurales de la migración y los países receptores deben invertir en la integración de migrantes y refugiados, pero esto tiene un costo financiero difícil de soportar para los países de América Latina y el Caribe que continúan enfrentando dificultades económicas, especialmente post-COVID, y con cada vez menos acceso a fondos internacionales que se están invirtiendo en otras crisis en el mundo. 

A modo de ejemplo, en 2023, en el marco del Foro Mundial sobre los Refugiados, se hicieron más de 1.600 anuncios de cooperación financiera y técnica destinados a la atención de los refugiados y sus comunidades de acogida, incluidos 250 millones de dólares prometidos por el sector privado. Estas contribuciones del sector privado se centraron principalmente en apoyar iniciativas para la educación, la protección de las personas en movilidad humana, el empleo y los medios de vida de los refugiados. 

Sin embargo, al observar la asignación de estos fondos por región, las Américas no fueron priorizadas como región por los donantes internacionales a pesar de que albergamos las mayores dinámicas de migración y desplazamiento forzado en la historia reciente de la región, incluida la situación en Centroamérica y México, donde más de 1,8 millones de personas han sido desplazadas y, desde octubre de 2022, el mayor éxodo del mundo, el de venezolanos.

Migración infantil 

Un aspecto importante de por qué es estratégico invertir más en la gestión de la migración y el desplazamiento forzado tiene que ver con la migración infantil. Los niños y adolescentes representan menos del 15% de la población migrante a nivel global, sin embargo, en América Latina y el Caribe representan el 25% de las personas en situación de movilidad humana. Y por cierto, las niñas y adolescentes representan alrededor del 20% del flujo migratorio femenino en la región. De hecho, en 2022, 3,7 millones de niños, niñas y adolescentes de la región se encontraban en procesos de migración y desplazamiento, lo que representa un aumento del 47% respecto a 2021.

En segundo lugar, y con base en el espíritu interamericano de cooperación e inclusión, se enfatizó la importancia de garantizar una membresía más inclusiva en el proceso, incluyendo la participación de otros actores clave que contribuyan y participen activamente en el ecosistema de respuesta a la migración y desplazamientos forzados. Para 2024, sólo 22 de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) participan en el proceso de seguimiento de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección con una notable ausencia, por ejemplo, de los países anglocaribeños. También se hizo evidente la necesidad de incluir a la sociedad civil y la academia, y aunque su participación no fue parte del foro como tal, sus aportes y propuestas fueron recibidos con la expectativa de poder generar procesos institucionalizados para su participación en el futuro.

Un tercer tema importante tratado fue la conexión entre la migración y el cambio climático de dos maneras. Por un lado, se hizo evidente que el cambio climático, combinado con otros factores, puede ser un factor que impulse la migración. Un ejemplo clave y cercano a la realidad guatemalteca es la realidad que se presenta en el Corredor Seco de Centroamérica, y el impacto que las sequías pueden tener en la seguridad alimentaria de estas poblaciones. De hecho, datos de Naciones Unidas estiman que 17 millones de personas serán desplazadas por el cambio climático y la degradación ambiental en los próximos años, y es una realidad que afecta también a América Latina y el Caribe, especialmente. 

Por otro lado, y desde la perspectiva de lo que sucede actualmente en el Darién, también se discutió el impacto ambiental del paso de personas por esta ruta migratoria. Para ilustrar esto último, datos de la autoridad migratoria fronteriza de Panamá documentan que, en 2023, al menos 520.085 personas cruzaron el Darién, lo que representó un aumento del 109% respecto a lo registrado en 2022, que fue de alrededor de 248.000 personas, y 133.000 en 2021. Entre enero y abril de este año (2024), 139.000 personas ya cruzaron de Colombia a Panamá por el Darién, siendo el 20% del total menores de edad. 

Al mismo tiempo, también se están produciendo importantes daños ambientales, como la pérdida de bosques primarios, pérdida de suelo por erosión, contaminación de ríos y playas por basura en el Parque Nacional, entre otros, por el paso constante de personas. Sin duda, este es un tema poco abordado y que debería incluirse cada vez más entre las prioridades de la discusión regional.

La migración venezolana

Finalmente, más de 7,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos han abandonado su país de origen desde 2018, de los cuales unos 6,5 millones (84%) están siendo recibidos en países de América Latina y el Caribe. Por otro lado, de las 139.000 personas que han cruzado el Darién entre enero y abril de 2024, el 63% eran venezolanos. Sin embargo, el éxodo venezolano no estuvo en el centro de la discusión como en reuniones anteriores, ni tampoco los desafíos que representa esta migración dado el volumen y velocidad de los movimientos del pueblo venezolano y dadas las precarias condiciones de su tránsito migratorio. 

Al mismo tiempo, también entró en el radar de la discusión la posibilidad de abordar estos temas en el marco de otros foros, en particular, el que ha surgido del Encuentro de Palenque que tuvo lugar en México en 2023, y en el que Cuba y Venezuela participan.

Sin duda, los países de la región dieron un paso positivo al adoptar la Declaración de Los Ángeles sobre Protección y Migración al margen de la Cumbre de las Américas 2022 celebrada en Los Ángeles. Sin embargo, casi dos años después de su aprobación, persiste la expectativa de que este nuevo mecanismo de cooperación regional en materia migratoria pueda ofrecer nuevos y mejores resultados y agregar valor a lo logrado anteriormente. Esto es algo que podremos evaluar con el tiempo y a medida que el proceso se siga institucionalizando y que será una prioridad clave para los países de la región.

*Las opiniones son personales. No representan a los de la Organización de Estados Americanos (OEA).

México 2024: la elección y la furia 

El 2 de junio de 2024, México celebrará la elección más grande y más violenta en su historia. Por diferentes razones, esta fecha podría ser considerada un parteaguas en la historia del país; sin embargo, tres dimensiones reducen las opciones que los ciudadanos tenemos para elegir.

1-La falacia del modelo social

La primera es lo que llamaría la falacia del modelo social. Esta falacia ha sido alimentada por cada una de las tres principales plataformas políticas que están compitiendo por el voto popular. Las candidatas y el candidato presidenciales son la cara más visible de un discurso, pero ¿en qué consiste?

La candidata Claudia Sheinbaum ha basado su campaña en la celebración y continuidad del modelo social implementado por el actual presidente mexicano. Un modelo que se vende como progresista y humanista, pero que en la práctica favorece lo que tanto crítica: la concentración de los recursos en el individuo, en este caso, el destinatario de los programas sociales.

Por su parte, la candidata Xóchilt Gálvez no ha logrado articular una narrativa con una clara posición crítica hacia los programas sociales, pero tampoco defiende una propuesta económica para los diversos sectores de la sociedad que se han sentido desplazados por aquellos programas. Esta falencia la identifica con un modelo que ya ha mostrado su fracaso.

Si bien es cierto que el candidato Jorge Álvarez Máynez ha aprovechado las plataformas mediáticas, como los debates, para presentar propuestas concretas, también es verdad que estas o bien siguen el modelo actual, con el mismo resultado individualista, o bien son propuestas que no por sonar bien son viables a corto plazo.

De tal suerte que, aunque los tres candidatos quieran presentarse como los paladines de un modelo social que llevará a México a niveles mayores de prosperidad y progreso, lo cierto es que en la actualidad no hay modelo que haga realidad la justicia social. En consecuencia, el electorado se queda sin opciones reales para decidir.

2-El aumento de la violencia políticoelectoral

La segunda dimensión es el contexto de violencia: más de 180.000 personas han sido asesinadas en el sexenio de López Obrador. Con relación a procesos electorales, el proyecto Votar entre Balas de la organización Data Cívica reporta estos datos sobre violencia políticoelectoral en todo México.

En lo que va del 2024, al momento que se escribe este texto, un total de 59 candidatos o candidatas han sido víctimas de algún tipo de violencia políticoelectoral: 22 de ellas han sido asesinadas, 14 han recibido algún tipo de amenaza, 10 han sido secuestradas, 8 han sufrido algún atentado, 4 han sido atacadas con arma de fuego y 1 se encuentra desaparecida.

Si a este conteo se le añade funcionarios, autoridades de elección popular, miembros de partidos e incluso instalaciones políticas, el número de casos de violencia política electoral va aumentando año con año: en 2020 tuvimos 78, en 2021 fueron 178, en 2022 aumentó a 486, en 2023 tenemos la cifra más alta con 575 y en lo que va del 2024 se suman un total 224 casos de violencia políticoelectoral.

Quienes se encuentran más expuestos a esta violencia son las autoridades municipales: 76,5% del total. Una posible explicación es que, a nivel municipal, el crimen organizado puede tener más control del territorio al “decidir” quién gobierna a través de esta violencia.

La violencia políticoelectoral, sobre todo a nivel municipal, se está convirtiendo en una tendencia cuyo resultado es que la elección está resuelta antes de llegar a las urnas. Por lo tanto, el electorado se queda sin libertad para decidir.

3-La polarización política

La tercera dimensión es la polarización. Otra característica de las campañas en curso ha sido la constante descalificación principalmente entre las candidatas. Incluso en varios de sus spots de radio y televisión, han preferido darle espacio a la candidata opositora para señalar sus “mentiras”. El cruce de adjetivos como mentirosa, corrupta, narcocandidata y otros motes que han acuñado muestra que el actual discurso electoral se basa en la estigmatización.

No es casual que la candidata Claudia Sheinbaum no voltee a mirar a ninguno de sus competidores durante los debates presidenciales. Dicha actitud es muestra de que la polarización contemporánea se basa y se practica a través de la estigmatización, que convierte en enemigos a quienes piensan diferente y con quienes no es necesario dialogar ni consensuar.

El contenido discursivo con el que se construye la actual polarización ha derivado en acciones que van desde la descalificación moral a través de adjetivos “ingeniosos” hasta el retiro o la obstrucción en derechos y libertades por parte de quienes son considerados adversarios por los gobiernos con tendencias autoritarias.

La estigmatización que implica la actual polarización provoca ver al otro actor político como alguien que no merece derechos o libertades. Por lo tanto, el electorado reduce sus opciones a una polarización u otra.

La paradoja del proceso electoral más grande en la historia de México es que la furia de la violencia, la furia del discurso, la furia por la injusticia social, la furia derivada de la polarización, nos dejan a los electores sin alternativas reales para tomar una decisión o, algo peor, al momento de votar solo nos dejan la elección de la furia. Veremos.