Laura Chinchilla Miranda fue la primera mujer en llegar la presidencia de Costa Rica, gobernó entre el 2010 y el 2014, y fue la quinta mujer en llegar ala presidencia de un país en la historia de América Latina.
Ernesto Samper: «Así como nos venden café sin cafeína o gaseosa sin azúcar, hoy se vende política sin políticos»
Ernesto Samper Pizano fue presidente de Colombia entre el año 1994 y 1998 y además de abogado, economista y descender de distinguidas familias que han tenido un rol protagónico a lo largo de la historia del país, ha sido el Secretario General de la UNASUR entre el 2014 y 2017.
Osvaldo Hurtado: «Los partidos son la peor forma de organización de la participación ciudadana, con excepción de todas las demás»
El 24 de mayo de 1981, Osvaldo Hurtado se convirtió, con 42 años, en presidente de Ecuador del día a la mañana, tras el accidente aéreo que causó el fallecimiento del presidente en funciones, Jaime Roldós Aguilera. Este abogado ha desarrollado también a lo largo de su vida una ferviente carrera académica.
Dos claves del crecimiento económico latinoamericano: productividad y población
En la década que va del año 2003 al 2012, el crecimiento económico de la región alcanzó el 3.8% (promedio anual del PIB). En los 10 años siguientes, este indicador cayó al 1.3%. El periodo de mayor crecimiento estuvo marcado por un notable desempeño del sector externo. En línea con su larga historia como proveedora de commodities en la división mundial del trabajo, América Latina exportó crecientes volúmenes de petróleo, carbón, oro, cobre, estaño, soja, carne de res, harina de pescado, camarones, cacao y demás bienes primarios. El papel de China en lo que se conoce como el “súper ciclo” de commodities fue determinante para mantener los precios internacionales de estos en niveles altos.
Cuando la demanda asiática se debilitó, nuestras exportaciones perdieron dinamismo y las economías nacionales en general se ralentizaron, arrojando los magros resultados de los últimos tiempos. La importancia de la demanda externa por productos originados en la afortunada dotación de recursos naturales que la región ha exhibido por siglos es innegable. Ahora, a pesar de las grandes diferencias entre las dos décadas, el factor común al desempeño de largo plazo latinoamericano no radica tanto en las dinámicas de precios y demanda externa como en nuestra propia productividad. Veamos en detalle, yendo más atrás.
Entre 1980 y 2021 el PIB latinoamericano pasó de US $ 783 billones a US $ 5,500 billones, un incremento del 600% (según datos de World Bank Database). Un guarismo muy respetable, aparentemente. En 1980 la región contaba con 362 millones de habitantes; en 2021 con casi el doble, 656 millones. El ingreso por persona en dólares en 1980 equivalía a US $2,162, mientras que en 2021 llegaba a US $8,384. El alza medida en términos per cápita se reduce al 290%. Este simple ejercicio nos confronta con una intuición que sugiere que la causa más importante detrás del crecimiento económico (o del mayor tamaño de la tarta) no es la mayor eficiencia con la que combinamos los factores de producción, a saber, tierra, capital y trabajo; sino que más bien utilizamos mayores cantidades de estos (más leche, harina, huevos y energía para hacer la tarta que técnicas y tecnología para hacer rendir sus ingredientes).
El problema fundamental de las economías latinoamericanas ha sido y sigue siendo el de la productividad, es decir: el cómo hacemos la tarta.
Los economistas distinguen las fuentes del crecimiento en dos tipos: la que viene de mayores insumos para producir bienes y servicios, y la derivada de mayores eficiencias para hacerlo. Desde los años 20 del siglo pasado el mayor aumento de insumos ha consistido en el número de personas. La explosión demográfica (un rápido y significativo crecimiento de la población en la cual las tasas de natalidad superan a las de mortalidad), acompañada de mayor esperanza de vida, significó que la población latinoamericana se multiplicó por un factor de 8 y pasó de menos de 100 millones a casi 800 actualmente (un ritmo anual de algo más del 2%).
La otra fuente, aquella relacionada con la eficiencia con la cual ese creciente número de personas también trabaja para producir esos bienes y servicios, conocido como la PMF (Productividad Multi-Factorial), durante los últimos 20 años ha sido negativa en una escala pequeña –pero negativa, igualmente–, según cálculos del Fondo Monetario Internacional.
Aunque hay diferencias importantes al interior de la región, en general la situación no es halagüeña para nadie.
¿Cuál es el reto que enfrenta la región entonces? El problema radica en la evolución de su principal fuente de crecimiento hasta ahora, la gente, pues, como ya vimos, no ha sido la productividad la que lo explica. La transición demográfica que comenzó hace más de 100 años se encuentra hoy en una etapa relativamente avanzada, una tendencia hacia el equilibrio (en niveles bajos) de las muertes y los nacimientos totales. Esto tiene dos implicaciones.
Primero, que las tasas a las cuales venía creciendo la población año tras año serán menores en el futuro inmediato. Así pues, la cantidad de ingredientes para producir la tarta se empieza a reducir. Para mantener la población de una sociedad estable (sin considerar flujos migratorios internacionales) esta debe alcanzar lo que los demógrafos denominan la tasa de fecundidad de sustitución o reemplazo, que es de 2,1 hijos por mujer en edad reproductiva (entre los 15 y 49 años aproximadamente).
Datos recientes de un trabajo conjunto de la Organización Panamericana de la Salud y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (OPS-CEPALC) indican que un total de 23 países se encuentran actualmente en ese grupo: 14 del Caribe, 3 de América Central (Costa Rica, El Salvador y México) y 4 de América del Sur (Chile, Brasil, Colombia y Uruguay). Argentina se encuentra próxima a este desde comienzos de siglo.
Segunda implicación: a medida que la tasa de crecimiento poblacional disminuye, su población también envejece. Y esto impacta en el crecimiento económico de otras dos maneras. Por un lado, a medida que la sociedad envejece, la ratio de dependencia se eleva. Esto quiere decir que el número de personas mayores de 65 años que dependen de un tercero (sea de la familia o del Estado) para mantener sus ingresos crece con relación al segmento de la población económicamente activa (entre los 15 y 64 años).
La ventaja temporal que tuvieron las sociedades en las etapas intermedias de la transición demográfica, como le ocurrió a gran parte de América Latina entre las décadas del 40 y del 80 del S. XX, exhibiendo niveles muy bajos de esta dependencia, ahora se torna en desventaja.
Por otro lado, el registro histórico tiende a indicar que son los jóvenes (y no los viejos) los agentes que dinamizan la economía a través de empresas y emprendimientos que innovan tanto en los productos como en los procesos de producción, y de la adopción temprana de prácticas y tecnologías disruptivas. Como sabemos, los jóvenes son menos reacios al cambio.
América Latina no se ha caracterizado por crecer económicamente a punta de mejoras en la productividad. Su crecimiento ha estado sostenido considerablemente por la expansión de su población.
El arribo a las etapas avanzadas de la transición demográfica empieza a estrechar el crecimiento por esta vía y hace imperativo lograrlo haciendo a sus pobladores más eficientes –tanto viejos como jóvenes–. Un reto extraordinario.
Los barones del crimen en la relación entre México y EEUU
Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación (4T), han estado marcadas entre otras cosas por la producción y distribución de fentanilo en México para los consumidores en las ciudades norteamericanas, que de acuerdo con las declaraciones de las autoridades de ese país causan cada año un promedio 100.000 muertes por sobredosis.
Un rasgo cada día más visible en las relaciones bilaterales es que antes o después de un encuentro entre los mandatarios de los dos países ocurren detenciones de líderes de los cárteles del crimen organizado o la narcopolítica que viene desde los tiempos de Donald Trump, más que como solución, como simulación en la atención del problema.
La primera de estas detenciones fue el caso de César Duarte, un exgobernador acusado de peculado y asociación delictuosa que huyó a Estados Unidos y fue detenido en Miami, días antes de que el presidente López Obrador tuviera su primer encuentro con su homólogo Donald Trump, lo que fue interpretado como un gesto de buena vecindad y distensión política luego de las tensiones provocadas por la construcción del muro fronterizo que “reforzaría” la seguridad estadounidense.
Así, en agosto de 2020, semanas después de que el presidente López Obrador había realizado una visita de Estado a Washington para encontrarse en la Casa Blanca con Donald Trump, fue detenido José Antonio Yépez, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, a quien se lo acusaba de diversos delitos, pero se inscribía en la presión que ejercía Estados Unidos sobre el presidente mexicano luego de la violencia que había alcanzado a ciudadanos norteamericanos.
En marzo de 2022, previo a un encuentro del presidente mexicano con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, elementos del ejército detuvieron a Gerardo Treviño Chávez, presunto líder del Cártel de Noreste, al que se lo acusaba de violencia criminal, tráfico de drogas y lavado de dinero, lo que provocó enfrentamientos en la frontera tamaulipeca que llevaron a suspender la movilidad entre los dos países.
Ya con el gobierno demócrata de Joe Biden, la colaboración continuó con la participación abierta de la DEA y fue detenido un histórico del narcotráfico, el legendario Rafael Caro Quintero, quien fue detenido el 15 de julio de 2022, dos días después de que el presidente mexicano regresó de Washington con el compromiso de que el gobierno estadounidense invertiría 1.500.000 dólares en infraestructura para la frontera norte.
El 5 de enero de 2023 fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuatro días después de la visita Joe Biden a México para participar en la X Cumbre de Líderes de América del Norte.
La detención de Guzmán López era en ese momento estratégica por el vínculo de este personaje con la producción y distribución de fentanilo en las ciudades norteamericanas. Los estadounidenses ofrecían 5 millones de dólares de recompensa para quien ayudara a su localización.
Su detención en los suburbios de Culiacán, Sinaloa, provocó lo que se conoce como el segundo culiacanazo, es decir, convirtieron la capital sinaloense en escenario de lucha entre esta fracción del Cártel de Sinaloa y las fuerzas de seguridad del Estado mexicano dejando un escenario de guerra y una estela de muertes de los dos bandos.
Cabe señalar que en esta operación hay un personaje que jugó un papel central, que es Néstor Isidro Pérez Salas, quien se desempeñaba como encargado de la seguridad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, pero, también, se lo identifica como productor y exportador de fentanilo.
Esta detención ocurrió cuatro días después del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en el que el presidente López Obrador se habría reunido con Joe Biden y, también, con el presidente Xi Jinping de la República Popular de China acordando combatir el tráfico ilegal de precursores químicos de drogas sintéticas.
En definitiva, la sucesión de este tipo de hechos durante el gobierno de la 4T muestra que su política exterior soberanista está pautada por las necesidades de cada una de las naciones y que esto no habrá de cambiar, sino consolidarse en la presente y la siguiente administración, lo que significa que el crimen organizado, contrariamente a lo que se afirma de que se “manda solo”, es, al final, moneda de cambio cuando suceden este tipo de encuentros entre los mandatarios de los países vecinos.
Las preocupantes consecuencias de la militarización y la policización
En Latinoamérica históricamente ha habido una clara injerencia de las fuerzas militares en la seguridad interna de los países, lo cual incide en el funcionamiento del orden democrático. En el caso de las fuerzas de policía, se critica su formación y actuación militar, sin que signifique que con esto se esté asumiendo algún tipo de rol propio de las fuerzas armadas.
Tomando como referente el artículo Militarización de la Policía y Policización de las Fuerzas Militares. Revisión del fenómeno a nivel internacional y nacional, una investigación para la Policía Nacional de Colombia de los expertos William Guillermo Jímenez y Juan Pablo Turizo, esto obedece principalmente a factores internos de manejo del orden público para el caso de los militares, a la organización militar de la Policía desde sus orígenes y a cambios en la concepción acerca de la seguridad y la soberanía de los Estados.
Es prudente recordar que las fuerzas militares en el mundo están destinadas a conducir operaciones orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, mientras que los cuerpos de policía están constituidos para asegurar el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Países como Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México refuerzan la tesis planteada, mientras que Alemania ofrece un referente de éxito en el manejo de este asunto, luego de los desafortunados hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, cada caso es distinto por circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por esta razón no podemos acudir a factores de comparación, sino que tan solo podemos delimitar la investigación planteada a las consecuencias que trae cualquiera de los dos fenómenos objeto del presente escrito.
La investigación destaca mayor relevancia en la “policización de las fuerzas militares” como un asunto que trasciende lo normal, lo legalmente establecido y la lógica de la seguridad. En esto coinciden expertos en el tema, que aclaran, primero, que no es función de los militares la seguridad interior, y, segundo, que la policía debe hacer lo necesario para garantizar el cumplimiento de su deber constitucional; esto, en la práctica, implica entrenamiento y equipo especial.
Aunque no es norma general en los países democráticos, es importante considerar otros aspectos de suma trascendencia como es la protección de los derechos humanos en atención a los tratados y convenios suscritos. El informe señala que “las fuerzas armadas se rigen por una lógica de guerra; su función implica un fuerte uso de la fuerza, que es difícil de limitar y que, por tanto, es inadecuado para lidiar con conflictos internos”. Esto implica apego a la normatividad existente a riesgo de causar graves consecuencias si no se actúa dentro del marco legal.
El hecho de no tener delimitado claramente el rol de cada institución o fuerza del orden, debido a los vacíos legales que existen, puede implicar la apertura de ventanas de oportunidad para que exista de manera inconveniente la autorregulación y autodelimitación de funciones. El caso más fehaciente de ello es Brasil, donde el autoritarismo anula la democracia representativa.
Los militares han sido protagonistas en la vida política de Latinoamérica. La tradición golpista dejó huellas imborrables en la mente de la población y por supuesto en la psiquis de los militares. Esta genética golpista actúa aún sobre sus contemporáneos y es por eso que no pueden ser ajenos al protagonismo y necesidad de tener el control; en pocas palabras, a ser ruedas sueltas como “defensores de la democracia”. Pero los legisladores de una u otra manera han sido complacientes con esta situación y han propiciado buena parte de este problema. Esto se debe a varias razones. Para empezar, los gobiernos de turno han venido fomentando la participación de los militares en actividades netamente del resorte policial. Además, se ha promovido una malsana competencia entre las mismas instituciones del orden, gestando un serio problema al instaurar la medición de resultados y productividad mediante datos e indicadores diseñados para la administración de empresas privadas y no para el sistema de defensa nacional. Por todo ello, la policía y fuerzas armadas en algunos casos se han convertido en instituciones políticas al mando de gobiernos que las usan de forma represiva, como garante de supervivencia de un régimen dictatorial.
Este último es el caso de Venezuela, donde el orden constitucional fue quebrantado y las fuerzas del orden obedecen ciegamente al mandatario en turno. En este caso no cumplen su función democrática y simplemente actúan a conveniencia.
En cuanto al otro fenómeno objeto de análisis, la militarización de la policía, podemos indicar sin duda alguna que en general es un asunto que no afecta de ninguna manera al orden democrático. En este caso la policía, basada en la necesidad (exigencias del conflicto interno), opera con tácticas y equipamiento militar, pero esto no quiere decir que asuma roles que correspondan a los militares.
Como ejemplo de este caso está Colombia, donde el proceder táctico de la Policía Nacional responde al entrenamiento y la preparación adquiridos de parte de países amigos que desde su comienzo no vieron en la formación policial básica la manera de prepararlos para asumir el conflicto interno. No obstante, esto no implicó que se dejara de asumir su rol misional.
La Policía Nacional de Colombia se considera como atípica o híbrida. Esto se refiere a su formación, equipamiento, mística y estructura orgánica, pero, a pesar de las circunstancias, nunca ha pretendido actuar como ente militar, contrariamente a los militares colombianos que ocasionalmente asumen roles policiales, enfrentando serias dificultades, puesto que no están preparados para esto, ya que no es su naturaleza.
Un ejemplo del riesgo de violación a los derechos humanos de ciertas prácticas son las fuerzas policíacas de Estados Unidos, donde el uso de la fuerza se ha incrementado de forma exponencial precisamente por haber asumido un entrenamiento mucho más militar que de índole civil. La actuación militar en la intención del control urbano la hace aún más proclive a este tipo de problemas.
En general no se mide el impacto negativo que genera para un país la presencia de su ejército en las ciudades, o la percepción que tiene un extranjero al ver a un militar fuertemente armado en las calles de cualquier país de América Latina. Más allá de imaginar que se trata de medidas preventivas o disuasiva, se asocia con el peligro, con la presencia de delincuencia organizada, con el terrorismo y con otros factores que afectan a la imagen de un país con incidencia hasta en su economía. Las fuerzas militares actuando fuera del contexto y concepción misional se convierten en un asunto traumático y que afecta a la tranquilidad de los ciudadanos.
En conclusión, el problema actual es el deslinde constitucional en el que están inmersas las fuerzas militares. Esto les ha permitido estar involucradas en temas de seguridad interna, aduciendo principalmente la garantía de la convivencia en paz, que es el mismo argumento que esgrimen los cuerpos de policía para hacer uso de métodos y tácticas propias de la doctrina militar adquirida a lo largo de su existencia.
Es importante considerar que, si bien es cierto que se trata de un asunto álgido y de serias implicaciones, ya es hora de revisar las diferentes opciones de solución, bien sea demarcando claramente la frontera que divide la misión y funciones de los militares y policías o bien rediseñando el modelo y la estructura del sistema de defensa y seguridad interior evitando que interfiera o afecte a la esencia de la seguridad ciudadana.
Narrativa populista, polarización y fatiga de la democracia
El populismo ha sido definido como un discurso que concibe a la política como una lucha maniquea entre la voluntad de un “pueblo” homogéneamente bueno y los intereses de una “élite” homogéneamente corrupta. El populismo es, desde la perspectiva ideacional de la ciencia política, un conjunto de ideas que piensan la política no como el desafío de representar y procesar distintos intereses, identidades y preferencias en elecciones colectivas vinculantes –como lo plantea la tradición liberal–, sino como una oposición moral irreductible entre dos entidades –el pueblo y la élite– a las que reducen su cosmogonía social.
Resulta revelador analizar la narrativa o el llamado “relato” que los líderes populistas utilizan para dirigirse a su electorado. En términos generales, la narrativa populista se constituye de historias que simplifican la complejidad inherente de la política, a través de la apropiación selectiva de personajes y eventos, que son presentados como relacionados causal y temporalmente entre sí de una manera determinada. La narrativa populista es muy eficaz para dar sentido a acontecimientos y hechos complejos, brindando certidumbre a los ciudadanos que enfrentan la realidad inherentemente ambigua y difusa de la política. El relato populista ofrece un atajo cognitivo que dota de un significado simple a la complejidad de la política.
Apelar a una narrativa no es, ciertamente, una característica exclusiva del populismo. Todos los líderes políticos recurren a historias que ofrecen una visión selectiva de la realidad política. Este es un atributo inherente a todo discurso de la política. En ese sentido, lo que es distintivo de la narración populista es que, en la simplificación de la realidad que propone, construye un orden que orienta a las audiencias a dar sentido a la política no en términos de hechos, sino en términos morales. La narración populista no se trata principalmente de eventos, sino de establecer distinciones morales. El relato populista como tipo de narrativa es, en buena medida, independiente de los acontecimientos. Aunque la narración populista se base en algunos acontecimientos fácticos, es predominantemente una historia moral, con un claro sentido del bien y del mal, y en donde los actores y hechos son ubicados en un lado o en el otro.
La perspectiva ideacional del populismo destaca la fuerza causal de las ideas y propone que estas, expresadas en la retórica de los líderes, influyen sobre las actitudes y el comportamiento de los votantes. El retrato que los dirigentes políticos dan sobre el mundo social parece activar ciertas predisposiciones entre los ciudadanos. Así, una retórica pluralista –como la de Barack Obama– tiende a despertar sentimientos de aceptación frente a las diferencias entre los ciudadanos. Contrariamente, una retórica populista –como la de Donald J. Trump– activa orientaciones intolerantes hacia lo distinto, cuya manifestación extrema es la polarización. En otras palabras, las características de la narrativa populista parecen desencadenar emociones que tienden a endurecer y radicalizar las actitudes de los ciudadanos, de manera tal que no solo los vuelven más distantes entre sí, sino también menos dispuestos a cooperar –e incluso a convivir– unos con otros. En ese sentido, la retórica populista parece alimentar la denominada polarización afectiva, definida en la literatura de la ciencia política como la existencia de una intensa afinidad o simpatía entre los miembros de un mismo grupo social, al mismo tiempo que de una intenso antagonismo y hostilidad hacia otros grupos sociales.
La polarización afectiva amenaza la convivencia social y constituye un desafío para los valores y la institucionalidad democrática. Los peligros de la polarización se acentúan en un contexto como el actual, en el que las capacidades de los regímenes democráticos para procesar la representación política experimentan un importante agotamiento en buena parte del mundo. Este fenómeno, que ha sido denominado como fatiga de la democracia, ocurre en sociedades que, contrario a lo que plantea la narrativa binaria y maniquea propia del populismo, son crecientemente plurales, diversas y complejas. En las bases mismas de la fatiga y deslegitimación de las democracias parecen ubicarse el relato populista y la polarización afectiva.
La polarización afectiva tiene implicancias importantes en términos de orden social y conflicto. En palabras de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, las identidades fuertes de pertenencia a un grupo pueden alimentar la discordia hacia grupos diferentes. En un contexto de polarización afectiva, tales sentimientos identitarios –ya sea que estén basados en clivajes políticos, sociales o culturales– pueden volverse excluyentes, expulsando de la legitimidad de la arena política democrática a otros grupos. Como consecuencia, la polarización afectiva puede conducir a conflictos entre estos grupos. En consonancia con este argumento teórico, la investigación empírica en ciencia política y economía indica que la polarización afectiva ciertamente aumenta la probabilidad de conflictos, incluso violentos.
El fenómeno de la polarización afectiva, atizado por la narrativa populista, podría ser más adecuado que la desigualdad socioeconómica misma para explicar ciertos conflictos en América Latina. Un argumento a favor de esta idea es la observación de que la desigualdad se ha mantenido constante e incluso ha disminuido de modo significativo en varios países de América Latina, naciones en las que, sin embargo, han irrumpido distintas formas de conflictividad política y social. Como lo señala el informe del PNUD Seguridad ciudadana con rostro humano, nuestra región ha tenido un crecimiento económico del 4,2% anual en los últimos diez años. Setenta millones de personas salieron de la pobreza, la desigualdad disminuyó en la mayoría de los países y el desempleo ha descendido desde 2002. No obstante, la conflictividad política y social se ha incrementado. La polarización afectiva generada “desde arriba” –es decir, en el nivel de las élites políticas– podría ser un factor explicativo de distintos episodios de conflictividad en Latinoamérica, tales como lo ocurrido con las violentas manifestaciones y protestas en Chile, Perú, Ecuador y Brasil.
En conclusión, la narrativa populista a nivel de las élites políticas podría ser la causante de la polarización afectiva a nivel de los ciudadanos. Hay evidencia reciente de ello en varios países de la región, tales como Argentina y México. Sin embargo, existe poco trabajo empírico al respecto. La agenda de los estudios de psicología política en América Latina requiere abordar de modo más sistemático los nexos entre relato populista y polarización afectiva. Es fundamental que la ciencia política contribuya a detener el proceso de deslegitimación de la democracia. De lo contrario, la fatiga democrática podría llevarnos a regresiones autoritarias, ya no “desde afuera” (como con los clásicos golpes de Estado de pasado), sino “desde adentro”, esto es, a través de procesos de des-democratización encabezados por líderes electos en las urnas. La supervivencia de la democracia está en riesgo.
El surglobalismo y la política latinoamericana
En el ámbito de las relaciones internacionales, las agendas y acciones de los gobiernos no solo persiguen objetivos pragmáticos. Suelen, además, expresar ciertos principios y valores. En la política doméstica y global, las ideas importan, en tanto configuran agendas para transformar las realidades prexistentes. Ese es el caso de aquella narrativa surglobalista —diferente a la geopolítica del Sur Global— que justifica el distanciamiento, cuando no la hostilidad, respecto a los vínculos con las naciones comúnmente identificadas como Occidente. Recuperamos algunas ideas avanzadas previamente —en formato académico— para abonar a nuestro diálogo político sobre el presente global.
¿Sur Global?
Desde un punto de vista ideológico y normativo, el Sur Global no identifica de modo natural la diversidad de naciones del otrora llamado Tercer Mundo. Se trata de una lectura sobre el desarrollo socioeconómico, el orden político y las relaciones internacionales. Mirada asociada a enfoques intelectuales —marxistas, decoloniales, alterglobalistas, etcétera— y propuestas políticas de ciertas izquierdas. Todas convergen en el cuestionamiento del modelo liberal democrático, a escala social, nacional y global.
Hablar surglobalistamente no alude simplemente a países con fronteras delimitadas. Supone celebrar a sujetos y programas que comparten un repudio al orden geopolítico y geoeconómico del capitalismo. Desde esta lectura, que va cosechando críticas certeras, el Sur Global contrahegemónico se opone a un «globalismo nortecéntrico, imperialista y explotador». Estamos pues ante un enfoque ideológico que confluye con el fortalecimiento de aquella narrativa civilizacional que legitima el desafío de potencias como Rusia, China, Irán o Turquía al orden internacional liberal.
La postura surglobalista degrada el concepto y procesos democráticos y equipara el comportamiento de autocracias y poliarquías bajo el argumento de la «diversidad democrática». Descalifica, tourt court, la aplicación de sanciones a regímenes autoritarios del Sur Global —como los de Vladimir Putin y Nicolás Maduro— responsables de violaciones a los derechos humanos, rechazándolas bajo argumentos de «respeto a la soberanía».
Narrativa surglobalista
El surglobalismo invoca el pasado imperial de las potencias occidentales —las que, a diferencia del Kremlin, no han anexado territorios extranjeros en las últimas décadas— para relativizar la gravedad de eventos como la actual invasión a Ucrania. Bajo los mantras del multilateralismo y de la diversidad civilizacional, la narrativa surglobalista acaba sustentando un soberanismo estatista con tendencia autoritaria. Este niega la soberanía múltiple, gubernamental y popular de las comunidades humanas. Para lo cual impulsa una crítica al orden liberal —cuyos principios e instituciones son fundantes de tradición latinoamericana—. En ese sentido, como señala la investigadora y activista Kavita Krishnan «la defensa de la multipolaridad, sin valores democráticos añadidos, se transforma en una coartada para diversos regímenes despóticos en diferentes partes del mundo».
Hay un debate pendiente. Es sobre la necesidad de que Latinoamérica enfrente los desafíos de su inserción internacional a partir de su legado histórico, sus dinámicas regionales y locales. Pero ello, supone impulsar un orden político nacional y global en el que la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos sean respetados. Pero en el caso latinoamericano, la narrativa surglobalista asoma detrás de la agenda de varios liderazgos. Igualmente, justifica la ambigüedad calculada de varios gobiernos latinoamericanos ante, por ejemplo, la agresión del Kremlin a Ucrania. Desestimando, además, el impacto no democrático de una cooperación consistente, sostenida y ampliada de varios gobiernos con Rusia.
El mantra surglobalista atenta contra la posibilidad de consolidar una región en la cual la democracia y desarrollo vayan de la mano. Por ende, limita los chances de impactar de modo virtuoso las dinámicas endógenas y exógenas de cada país.
Autoritarismo y orden liberal
Los regímenes autocráticos que cuestionan y proscriben la incidencia de los actores no gubernamentales y los pequeños países en la política doméstica e internacional son un freno a la aspiración democrática de nuestras sociedades. También los gobiernos populistas. Estos, llegando al poder dentro de reglas de juego democráticas, relativizan en sus narrativas de política exterior el respeto a los principios republicanos y a los derechos humanos. Las narrativas surglobalistas, en temas como la invasión a Ucrania, la reticencia al relanzamiento de los vínculos con la Unión Europea, el reforzamiento de los nexos políticos —no meramente económicos— con China, son un cuestionamiento de los principios e instituciones del orden liberal.
Un segmento de la academia regional tiene gran responsabilidad en los posicionamientos vertidos para abonar a semejante debate. Véanse a modo de ejemplo obras recientes como El tangram de China (2023), la cual invita a la «relativización de la democracia» (p. 129). El incrementalismo dialéctico: un caso de in-novación en Hengqin (China) (2020), la cual utiliza el concepto «democracia pluralista» para definir el régimen chino y contraponerlo a las democracias occidentales (p. 323).
O también, Una mirada desde América Latina, sobre la organización política en la República Popular China (2022), la cual desde el resumen declara que busca «comprender el modelo democrático chino» para luego argumentar que «los derechos humanos en China son los colectivos y no los individuales liberales» (p. 240). Otros autores latinoamericanos arguyen que en China existe otro tipo de democracia diferente a la liberal, que incluso podría implementarse en nuestra región. Igual sucede con otros posicionamientos sobre Rusia, Irán o Cuba, escritos en una pespectiva que cuestiona —sin ánimo de perfeccionamiento— los fundamentos mismos del orden democrático liberal.
Pluralismo
La mirada surglobalista parece olvidarse que solo en democracia es posible cuestionar una decisión del gobierno. Solo en democracia se puede perfeccionar la agenda del Estado y defender los principios del régimen. Y que, en contrapartida, bajo la autocracia, el gobierno, el Estado y el régimen, se fusionan en pocas manos. La contraposición entre el pluralismo de las narrativas que habilita la libertad del pensar académico versus el control vertical e inapelable de los autoritarismos debería estar en el centro de las discusiones sobre el Sur Global y el surglobalismo. En especial, en un contexto internacional tan volátil como en el que nos desenvolvemos hoy.
*Texto publicado originalmente en Diálogo Político
La hipocresía y el proteccionismo frenan el acuerdo UE-Mercosur
Ya nos hemos acostumbrado a que el acuerdo UE-Mercosur sea como una montaña rusa, con altibajos, como lo han demostrado las dos últimas semanas. En negociaciones diplomáticas estancadas, a veces hay ventanas de oportunidad para lograr avances. Pero también es importante aprovechar el momento. Con la presidencia española del Consejo de la UE y la presidencia pro tempore de Brasil del Mercosur en la segunda mitad del año, se ha abierto una ventana y ambos gobiernos se han comprometido a lograr la firma del acuerdo en 2023.
La participación de Lula en la COP28 en Dubái, donde se reunió, entre otros, con el primer ministro español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, así como las consultas gubernamentales con Alemania en Berlín en el vuelo de regreso a Brasil, alimentaron las esperanzas de que el acuerdo pudiera firmarse en la cumbre del Mercosur en Río el 7 de diciembre. Pero los gobiernos de Francia y Argentina se apresuraron a frenar la euforia emergente.
El acuerdo UE-Mercosur nos enseña mucho sobre los problemas de las relaciones comerciales de la UE con América Latina, pero también con otras regiones y países. Hay mucha hipocresía en el lado europeo. Cuando se practica el proteccionismo agrícola, no hay que fingir que se quiere proteger el clima y la biodiversidad, como hizo recientemente el presidente francés Emmanuel Macron. De lo contrario, la UE perderá su credibilidad en materia de protección del clima y será acusada, con razón, de imponer barreras no arancelarias al comercio si introduce medidas de protección del clima que afectan al comercio con terceros países.
Conviene recordar que el acuerdo UE-Mercosur no es el único acuerdo bloqueado actualmente por el proteccionismo agrícola europeo. Por la misma razón, Australia interrumpió en octubre las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con la UE.
Brasil ha hecho grandes progresos este año en la protección de la selva amazónica contra la deforestación. Pero creo que incluso con deforestación cero y reforestación extensiva el presidente francés todavía encontraría razones por las que no se puede firmar el acuerdo UE-Mercosur. Ahora que el villano Bolsonaro ha desaparecido, el presidente Macron espera que el nuevo presidente argentino Milei pueda convertirse en el nuevo villano del drama UE-Mercosur para desviar la atención de sus propios esfuerzos por impedir la adopción del acuerdo.
Una mayor honestidad sería buena para ambas partes. Se puede especular que el presidente argentino Alberto Fernández no habría tenido ningún problema en firmar un acuerdo UE-Mercosur en la cumbre del Mercosur si el ganador de las elecciones presidenciales hubiera sido Sergio Massa y no Javier Milei. Ahora el acuerdo UE-Mercosur, que los peronistas nunca apoyaron plenamente, pasa a su sucesor para que los peronistas desde la oposición puedan movilizarse contra el acuerdo si les parece oportuno.
Al posponer una vez más la firma del acuerdo, el Gobierno francés está jugando a un juego peligroso. Tras las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, la aprobación por parte de la Eurocámara podría resultar más difícil.
A veces se especula en Europa con que, si fracasa el acuerdo UE-Mercosur, en el futuro podrían celebrarse acuerdos comerciales bilaterales con cada uno de los países miembros del Mercosur. Sin embargo, según la experiencia del pasado, éstos se enfrentarían al mismo obstáculo del proteccionismo agrícola europeo.
En el lado europeo, no sólo el presidente francés se opone al acuerdo, sino también un amplio frente de ONG. A veces da la impresión de que el acuerdo UE-Mercosur empeorará todos los problemas del mundo y que no firmarlo salvará el clima y conducirá a una sociedad más justa y a un desarrollo sostenible en América Latina. Esto demuestra una visión nostálgica y sesgada de las ONG que sobrevalora la influencia de Europa en el mundo y la dependencia de América Latina de Europa.
Gran parte de las ONG europeas viven en una burbuja e ignoran las realidades geoeconómicas y geopolíticas de América Latina y del mundo. Por poner un ejemplo. En 2022, el 54,7% de las exportaciones brasileñas de carne de res (en volumen) se destinaron a China y sólo el 3,8% a la UE. Y en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023, sólo el 13,2% de todas las exportaciones agrícolas brasileñas (valor) se destinaron a la UE, frente al 53,5% a Asia.
Existe una gran contradicción en el lado europeo. Por un lado, la UE tiene un discurso geopolítico y geoestratégico que afirma querer defender la autonomía estratégica de Europa. Por otro lado, la política comercial de la UE es a menudo mezquina y parroquial cuando se trata del proteccionismo agrícola. Un fracaso del acuerdo UE-Mercosur debido a la resistencia de Francia y algunos gobiernos más debilitará la posición geopolítica y geoeconómica de Europa en toda América Latina y también tendrá un impacto negativo en las futuras negociaciones de acuerdos comerciales en otras regiones del mundo.
Con este tipo de política comercial, la UE no puede competir con China. En el Mercosur, cada vez hay más voces que abogan por negociar paralelamente un acuerdo de libre comercio con China. Esto podría debilitar la posición negociadora de la UE si China impone menos condiciones al Mercosur. En la cumbre del Mercosur también se firmó un acuerdo de libre comercio con Singapur (tras sólo cinco años de negociaciones), una clara señal de que el Mercosur se está abriendo cada vez más a Asia.
Parece que Francia, a la que le gustaría ser capitana del equipo de Europa, está a punto de marcar un autogol para la UE. Eso no sería bueno para Europa ni para las relaciones entre la UE y América Latina. Pero siempre hay lugar para las sorpresas. Quizá Francia se dé cuenta de su responsabilidad geopolítica en la política exterior europea y actúe en consecuencia. O que una mayoría de gobiernos europeos haga caso omiso de las objeciones de Francia en la parte comercial del acuerdo. Y quizá la influencia del expresidente Macri consiga que el nuevo gobierno argentino quiera firmar el acuerdo rápidamente. A menudo el acuerdo UE-Mercosur se ha declarado muerto, pero parafraseando a Mark Twain, se podría decir que los informes de la muerte del acuerdo han sido muy exagerados.
¿La cultura de los derechos humanos ganará al odio?
Coautora André Bakker da Silveira
A 75 años del nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, es asombroso constatar que el clima de odio, opresión y violencia que instigó la elaboración de este importante documento está muy vivo e influye en todo nuestro campo político, incluida la elaboración de nuestras políticas públicas. En particular, los jóvenes de hoy son un blanco fácil para los discursos extremistas que buscan desestabilizar las instituciones, especialmente aquellas destinadas a construir y difundir una cultura de ciudadanía, democracia y respeto a los derechos humanos: las escuelas.
Como muestran los datos de la encuesta Radiografía de 20 años de atentados contra escuelas en Brasil, realizada por el Instituto Sou da Paz, los atentados, por desgracia, se han vuelto frecuentes en Brasil y, por ello, han acaparado una gran atención. Detrás de estos sucesos hay una serie de situaciones, como la cooptación por parte del extremismo, problemas de salud emocional y la creciente difusión de discursos de odio por parte de agentes políticos influyentes.
Frente a estos factores, que en última instancia implican la implementación de políticas públicas (educación, seguridad, salud, etc.), es inevitable señalar que el Estado brasileño viene fallando en los últimos 20 años en la implementación de una política fundamental: la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Una política que debe tener a los jóvenes en el centro.
Según una encuesta de la Open Society Foundations, en 2023, el 26% de los jóvenes brasileños de entre 18 y 35 años no creen que la democracia sea la mejor forma de gobierno. En la media de los 30 países en los que se realizó la encuesta, esta cifra asciende al 43%.
Esta cultura del odio, que opera en espacios públicos y privados y se basa intencionalmente en valores contrarios a la pluralidad y a los derechos humanos, toma a las personas por los caminos de los afectos, pero se vende como estrictamente técnica y racional.
Son los memes y chistes sexistas, racistas y fascistas; las ideas que priorizan la economía sobre la vida; y los arrebatos autoritarios que abogan por invadir espacios como escuelas y universidades para controlar lo que se dice y se enseña. Todos estos hechos se han convertido en política pública en los últimos años, razón por la cual también han pasado a formar parte del actual crisol cultural.
Esta estrategia de pánico moral sólo es fructífera porque encuentra terreno fértil en problemas reales de nuestra sociedad. En el caso de las escuelas, es importante destacar que conviven diariamente con episodios de violencia, que a menudo pasan desapercibidos o se naturalizan indebidamente. La discriminación, el acoso escolar, los conflictos interpersonales y las agresiones físicas son sólo algunos ejemplos de lo que viven los alumnos y los profesionales de la educación. Enfrentar la violencia que afecta a las escuelas requiere de acciones a distintos niveles e involucra a diferentes actores.
Entre las políticas públicas que deben ser reforzadas para hacer frente al extremismo violento contra las escuelas, destacamos la Educación en Derechos Humanos. Como muestra una investigación del Instituto Aurora, esta área fue debilitada durante el gobierno de Jair Bolsonaro, con estructuras vitales descontinuadas – como es el caso del extinto Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos.
No sorprende que la Educación en Derechos Humanos sea mencionada en los informes de los dos grupos de trabajo creados por el Gobierno Federal para estudiar y proponer acciones sobre el fenómeno de la violencia contra las escuelas y el discurso de odio, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, respectivamente.
Según los documentos, es necesario fortalecer y ampliar la presencia de la Educación en Derechos Humanos en los espacios de educación y formación; capacitar a los agentes públicos; revisar los documentos; y ampliar los espacios de escucha y diálogo participativo sobre el tema.
Una política pública de Educación en Derechos Humanos revisada y actualizada debe ser capaz de fortalecer iniciativas que promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos.
Además de la educación, hay un gran énfasis en la seguridad pública, que es un deber del Estado y un derecho que debe ser ofrecido a todos y, a partir de ahí, necesita ser entendida como una política pública que necesita articular los diferentes niveles de gobierno y realizar acciones multidisciplinares, posibilitando la prevención de los crímenes y de la violencia y no sólo su represión.
En Brasil, la acción represiva es comúnmente utilizada. No es de extrañar el elevado número de jóvenes asesinados, la mayoría negros, por agentes del Estado. Esta acción institucionalizada se llama necropolítica. Está claro que la dimensión del control del crimen y la represión es importante, pero requiere planificación, inteligencia e inversión. Invertir en políticas de prevención de la violencia debe ser una prioridad, es decir, los recursos deben centrarse en las causas del problema y en promover soluciones más eficaces, no sólo en combatirlas.
Teniendo en cuenta que los ataques a escuelas cometidos con armas de fuego han provocado tres veces más víctimas mortales que con armas blancas y que en el 60% de los casos cometidos con armas de fuego, el agresor adquirió el arma en su propia casa (resultado de las políticas del gobierno de Bolsonaro para facilitar el acceso a las armas), un primer paso es implementar medidas de control e inspección para la compra y posesión de armas de fuego. Restringir el acceso a las armas para los agresores es fundamental, así como reforzar la exigencia de una caja fuerte para el arma, reduciendo las posibilidades de acceso al arma por parte de niños o adolescentes.
Otra medida importante es la formación de la policía civil estatal en el reconocimiento de ideologías extremistas y grupos que promueven delitos de odio, así como metodologías de investigación en el entorno digital (donde tradicionalmente se planifican, fomentan y celebran estos delitos). Es urgente centrarse en el mapeo y desmantelamiento de grupos que cooptan a adolescentes y jóvenes. A través de la monitorización de las redes sociales, numerosas personas han sido detenidas este año, otras siguen siendo investigadas y se han desmantelado posibles acciones motivadas por el extremismo, el racismo y la misoginia, lo que demuestra la eficacia de esta acción de investigación e inteligencia.
Al mismo tiempo, es posible hacer un seguimiento de los incidentes escolares y los informes de la policía civil que muestran signos de escalada de violencia, con el fin de tomar medidas más urgentes en estas unidades, guiados por la Educación en Derechos Humanos. Para tener una sociedad sin agresiones extremas en las escuelas, es necesario pensar en la prevención de la violencia en todos los niveles, comenzando por las prácticas escolares cotidianas e involucrando todas las políticas públicas, como salud, cultura y asistencia social.
Esa desigualdad social y la falta de inversión pública en el acceso a servicios públicos de calidad contribuyen al descreimiento en las instituciones y a la descomposición de la vida en sociedad. Las políticas públicas que garantizan el acceso a los derechos básicos son estratégicas para contener las políticas públicas basadas en la cultura del odio, y sólo así podremos promover una cultura de respeto a los derechos humanos.
*Este texto forma parte del proyecto (Re)conectar: unir a las personas para superar la violencia en las escuelas, realizado por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://bit.ly/projeto-reconectar
Danielle Tsuchida es Coordinadora de Proyectos del Instituto Sou da Paz. Psicóloga graduada por la PUC/SP, con experiencia en medidas socioeducativas y prevención de la violencia.
André Bakker da Silveira es Responsable de investigación y proyectos en el Instituto Aurora de Educación en Derechos Humanos. Tiene un Máster en Filosofía por la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y es miembro titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Curitiba.