México y la ciberpolítica rumbo al 2024

Laura Georgina Ortega Luna
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México y la ciberpolítica rumbo al 2024

En momentos de grandes cambios en los procesos políticos de México y con las elecciones federales de 2024 a la vuelta de la esquina, se presenta en el escenario el uso de la tecnología para revolucionar las estrategias electorales que permitan establecer una comunicación innovadora con la ciudadanía. Entre otros objetivos, las herramientas digitales buscan cambiar la aparente apatía frente a las figuras políticas que ocupan o aspiran a ocupar cargos gubernamentales.

Según el último estudio de Hábitos de los Usuarios en Internet, realizado por la Asociación de Internet en México en 2023, más del 80% de la población usa la red a escala nacional. Asimismo, del total de esos usuarios, más de la mitad pasan siete o más horas al día navegando por el ciberespacio, principalmente a través de sus dispositivos electrónicos, y lo que más hacen es consultar redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, entre las principales), motivo por el cual estos espacios se han convertido en lugares capitalizables para llevar a cabo lo que hoy se conoce como ciberpolítica.

El parteaguas en México para hablar de esta actividad se remonta a 2012, cuando hubo un primer movimiento social que estuvo encabezado por jóvenes y que recibió el nombre de #YoSoy132. Estos afirmaban estar en contra de la elección como presidente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y se movilizaron a raíz de una manifestación organizada dentro de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México cuando Peña Nieto, quien luego se convirtió en presidente, realizó un acto de campaña dentro de la institución.

Los jóvenes fueron acusados de ser financiados por la oposición, a lo que 131 de ellos respondieron en un video de YouTube, matrícula en mano, que eran estudiantes activos y que ejercieron sus derechos ciudadanos de manifestación libre. Así, el simbólico 132 se extendió por todo el país.

Para muchos, aquel momento fue el germen del activismo político digitalizado, el nacimiento del metaverso partidario e ideológico. Debido a dicho movimiento, que tuvo reacciones en Facebook y Twitter principalmente, hubo otras actividades que estuvieron encabezadas por activistas de diferentes sectores y que han servido para visibilizar asuntos que tienen que ver con aspectos como la violencia de género, el cuidado del medio ambiente, la protección de los animales e incluso para llevar a cabo denuncias por incumplimiento de promesas de gobernantes, o como una especie de “periodismo ciudadano” para reportar hechos cuestionables o polémicos en tiempo real.

Es llamativo el contraste entre el gran número de jóvenes volcados a los lenguajes tecnomediáticos para expresar sus ideas y que tan solo una minoría de los políticos aprovechen las herramientas digitales para su labor electoral o de Gobierno. Ese contraste tendrá consecuencias, ya que esos jóvenes de entre los 15 y los 35 años de edad son los que influenciarán la política en los próximos años.

A escala internacional, en 2008 Barack Obama se volvió un referente en el mundo con su cibercampaña que se dio a conocer en el portal “mybarackobama.com”. Sin embargo, fueron pocas las sociedades y las elites políticas que se adaptaron a la comunicación digital. En México, por ejemplo, las campañas políticas usan las redes sociales o las páginas web, con el fin de compartir el día a día del proceso electoral. Pero eso ocurre exclusivamente en relación con lo que se hace en los espacios “reales”, no en los “virtuales”.

Esa hibridización le resta eficacia a la estrategia y limita la interacción con los votantes en las redes sociales. Ello ocurre porque no se entiende que el espacio digital es completamente distinto del convencional, analógico, y que, por lo tanto, requiere otras herramientas a las tradicionales como los mítines, los discursos, los recorridos por las colonias, las entrevistas en radio o TV, entre otros recursos.

De todas maneras, hay excepciones. Personajes como Gabriel Quadri de la Torre en 2012 o Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en 2018 ejecutaron estrategias de construcción de mensajes o comunicación con usuarios de Internet exclusivamente para plataformas digitales, de manera que adquirieron presencia y se dieron a conocer en el mundo online. Si bien sus respectivas campañas no estaban dirigidas hacia el triunfo en el Gobierno federal, sirvieron para posicionar su imagen y reconocimiento en el mundo virtual.

Todo cambió con la pandemia de la COVID-19

A partir del año 2020, las redes sociales se convierten en el palco donde, ante el encierro, se podía volcar una campaña política exclusivamente en los escenarios digitales. La primera campaña que logró una estrategia funcional en redes fue la del actual gobernador de Nuevo León, quien en 2021, gracias a su estrategia digital, alcanzó el triunfo electoral.

Tras el reconocimiento de estas estrategias, los presidenciables para 2024 en México comenzaron a utilizar las redes sociales para compartir otro tipo de mensajes que los ayudara a posicionarse en cuanto a la ciudadanía joven y vencer, así, la apatía de los votantes. Precandidatos como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Beatriz Paredes y Samuel García ya tienen una fuerte presencia en redes. Y, aprovechando que este espacio aún no está regulado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sin duda tendrá un papel fundamental en los próximos comicios y abre una ventana a la democracia en la era digital.

*Texto presentado en el X Congreso de WAPOR Latinoamérica:  www.waporlatinoamerica.org.

El día en que se detuvo Internet

Arthur Coelho Bezerra
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El día en que se detuvo Internet

Bastaron poco más de veinte años para que la World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee en 1989 y abierta al mundo en 1991, alcanzara a un tercio de la población del planeta y llegara a casi 2.500 millones de usuarios interconectados en 2012. El 18 de enero de ese año, sin embargo, Internet dejó de funcionar.

La interrupción de la red mundial no se debió a ningún problema técnico; fue, de hecho, un acto político, impulsado por miles de plataformas digitales que suprimieron o interrumpieron temporalmente sus contenidos en línea para protestar contra dos propuestas de ley que se estaban tramitando en el Congreso de Estados Unidos. Quienes intentaron visitar algunos de los sitios web más populares del momento, aquel 18 de enero, se encontraron con mensajes de oposición a tales proyectos de ley: la Stop Online Piracy Act (SOPA) y la Protect Intellectual Property Act (PIPA) (Detener la Piratería Online y Proteger la Propiedad Intelectual, respectivamente).

Tales propuestas legislativas representaban la bala de plata de la industria cultural estadounidense contra lo que denominaban «piratería digital», categoría que incluía el acceso no remunerado a bienes culturales en Internet, aunque fuera para consumo propio. Apoyados con puño de hierro por las asociaciones de la industria cinematográfica y fonográfica, esos proyectos de ley, de aprobarse, ampliarían la capacidad de aplicación de la legislación estadounidense sobre derechos de autor para incluir la descarga y el streaming de contenidos protegidos por derechos de autor.

La marea, sin embargo, soplaba a favor de los barcos piratas, con la bandera de la libre circulación de la información y la cultura enarbolada por el propio Berners-Lee, capitán de mar y guerra del movimiento. Junto al inventor de la World Wide Web, estaban la Wikipedia británica y organizaciones de derechos digitales sin ánimo de lucro como Fight for the Future y Electronic Frontier Foundation.

Sobre la ola de piratas de la cultura libre surfeaba un grupo de empresas comerciales, en su mayoría, recién fundadas por jóvenes blancos, procedentes de prestigiosas universidades estadounidenses. Los nuevos corsarios de Internet serían pronto conocidos con el sobrenombre de big tech: prometedoras corporaciones tecnológicas cuyos recursos financieros ya hacían frente, en 2012, a los doblones invertidos por las viejas industrias culturales en el mercado legalizado de los lobbies del Congreso estadounidense.

Más evidente que la disputa económica en los pasillos de Washington fue, no obstante, la batalla librada en el terreno de la ética. Frente a la maximización de los derechos de propiedad intelectual, que fue reclamada por viejas corporaciones como Warner, Disney, Universal y Sony, las nuevas empresas de Internet recurrieron al tarot de los valores humanos universales para tirar las cartas de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, pero personificando la figura de paladines guardianes del arte, la cultura y la diversidad. Tal personaje, antes de la llegada de los outsiders digitales, lo encarnaban precisamente las industrias cinematográfica y fonográfica, que gozaban de enorme prestigio y protagonismo desde la conquista del salvaje oeste norteamericano, embelesando corazones, mentes y bolsillos con sus películas y discos.

Este idilio, sin embargo, empieza a sufrir turbulencias con el desarrollo de la tecnología digital, que permite potenciar lo que Walter Benjamin denominó la reproducibilidad técnica de la obra de arte. Las nuevas posibilidades de copiar, reproducir y compartir contenidos culturales e informativos a través de Internet se han convertido, en el siglo XXI, en una amenaza para los modelos de negocio construidos en torno a la explotación de los derechos de autor.

Para los defensores del libre tránsito de información en la red, tales modelos representan el inmovilismo, la petrificación, el estrangulamiento de la circulación; en el límite, la muerte de la cultura. En el discurso de la industria cultural, en cambio, se hace hincapié en los perjuicios que supuestamente sufren millones de personas empleadas directa o indirectamente en las cadenas productivas del sector y dan el sobrenombre de piratas (categoría con gran peso moral) a todos aquellos que copian, comparten o ponen a disposición copias digitales de contenidos protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor.

Además de la ofensiva moral, las asociaciones de las industrias fonográfica y cinematográfica empezaron a emprender acciones legales contra los consumidores de música y películas por descarga, demandando a miles de personas en la década de 2000, lo que contribuyó a erosionar la imagen pública de las discográficas y los estudios de Hollywood y a minar el apoyo popular a los proyectos de ley antipiratería de 2012.

Derrotadas, aunque temporalmente (como demostraría la historia en posteriores acuerdos entre la industria cultural y plataformas de streaming como Netflix, Spotify y la pionera YouTube), las asociaciones de la industria musical y cinematográfica acusaron a las empresas de Internet de utilizar sus plataformas para incitar a la opinión pública estadounidense en contra de los proyectos de ley.

El día en que Internet se paralizó, la página de inicio de Google, por ejemplo, mostraba una gran barra de censura que tapaba su conocido logotipo; al hacer clic en ella, los visitantes accedían a otro sitio web que contenía información y la petición contra SOPA y PIPA. En aquel momento, los movimientos por la libre circulación de la información y la cultura no vieron en ello ningún problema, porque la causa era noble: se trataba de defender la libertad en Internet.  

La máscara ideológica de las grandes empresas tecnológicas cae cuando, después de 11 años de resurgimiento del discurso de odio, la desinformación y el negacionismo ambiental y científico en las redes digitales, por fin está prevista la votación de la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet (PL 2630).

En vísperas de la votación, en mayo de 2023, se repite el modus operandi de 2012: la página de inicio de Google muestra la frase «PL 2630 puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil»; Spotify emite un anuncio con la misma frase, pero en audio; YouTube difunde información errónea sobre la PL a los creadores de contenido en la plataforma, incluso promoviendo un hashtag contrario al proyecto; y Telegram envía a sus millones de usuarios brasileños un mensaje diciendo que «Brasil está a punto de probar una ley que acabará con la libertad de expresión».

La historia demuestra que, ya sea en el pasado o en el presente, la motivación de las grandes tecnológicas sigue siendo la misma: nunca ha sido la libertad, sino el liberalismo. Nunca ha sido la defensa de la libre comunicación y el intercambio de información entre individuos, sino la defensa de modelos de negocio libres de cualquier tipo de regulación o supervisión. En 2012, esto aún no estaba claro para mucha gente; en 2023, ya no se puede ocultar.

https://open.spotify.com/episode/6eQ0P1Hzn0C5wz0gZTbdog?si=58dacd7aeade4be4

La tecnología facilita el voto de los mexicanos en el exterior

Jesús Delgado Valery
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La tecnología facilita el voto de los mexicanos en el exterior

Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. En el caso de América Latina, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) indicó que casi 18 millones de personas (alrededor de la población total de Ecuador) viven fuera de sus países de nacimiento.

Los crecientes flujos migratorios han obligado a repensar lo que establecen los marcos constitucionales y legales en materia de participación política. Algunos países con una tradición migratoria más asentada, como México, República Dominicana o Ecuador, han ido adaptando las leyes para garantizar los derechos de sus ciudadanos en el exterior (incluso cuentan con diputados que representan a sus residentes fuera del país). Sin embargo, aún hay otros que no establecen (para los integrantes de sus diásporas) el ejercicio del voto o la posibilidad de postularse a cargos de elección popular.

En la actualidad, 17 países de la región garantizan el voto de sus ciudadanos en el exterior: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Por su parte, Uruguay, Surinam y Cuba no han avanzado aún en este tipo de legislación.

En el caso de Uruguay, a principios de este año se presentó una iniciativa de ley para que los cerca de 600.000 residentes en el exterior, equivalentes al 17% de la población, puedan ejercer sus derechos políticos.

En cuanto a Cuba, la Asamblea Nacional, en la que solo está representado el Partido Comunista (PCC), tampoco ha avanzado en el reconocimiento de los derechos políticos de la diáspora, entendiendo que los millones de cubanos en el exterior son opositores. De hecho, las únicas personas habilitadas para votar fuera de Cuba son los representantes diplomáticos y los integrantes de las misiones médicas, deportivas o educativas, todos dependientes del Gobierno.

Pero no basta con garantizar el derecho al voto de los migrantes. También es necesario que se establezcan mecanismos que faciliten el registro o la actualización de los electores, así como la emisión del sufragio.

Venezuela, por ejemplo, contempla el voto de los residentes en el exterior, pero impide sistemáticamente que se registren o actualicen sus domicilios. De esta manera, con más de 7 millones de venezolanos en el exterior, solo hay registrados 107.000.

En otros casos nos encontramos con que el voto en el exterior solo se puede ejercer en las sedes diplomáticas o consulares, pero estas son insuficientes para la totalidad de los potenciales electores. Un viaje de cientos de kilómetros desmotiva hasta a las personas con mayor compromiso ciudadano.

Así, los organismos electorales deben ser innovadores y crear soluciones que faciliten la participación política de la diáspora. Este es el caso de México, que para las elecciones en los Estados de México y Coahuila del pasado 4 de junio puso a disposición tres modalidades para que sus residentes en el exterior emitieran su voto.

Por primera vez, gracias a un acuerdo entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los mexicanos pudieron votar en consulados y embajadas de Estados Unidos (Dallas, Chicago y Los Ángeles) y Canadá (Montreal), enviar su voto por correo o hacerlo de manera remota por internet a través de su teléfono, computadora o tablet.

Casi 8.000 personas estaban habilitadas para votar en el exterior en estos dos distritos: 5.424 mexiquenses y 2.350 coahuilenses. Tomando en cuenta que en el referéndum de revocación del mandato del año pasado, que era de carácter nacional, se inscribieron 17.000 personas, no era un número menor.

4.804 del total de los registrados eligieron votar por internet. Muchas de estas personas encontraron en el voto remoto una oportunidad para participar en los asuntos políticos de su país de origen sin la necesidad de moverse de sus lugares de trabajo o sus domicilios. Finalmente, el 40% de las personas que se registraron en esta modalidad emitieron su voto vía internet, un buen augurio, pensando en las elecciones del próximo año, que, por la cantidad de candidatos por elegir, serán las más grandes de la historia del país.

Afortunadamente, no podemos decir que este sea un esfuerzo aislado en México. La institucionalidad democrática, tanto a escala nacional como subnacional, ha asumido el compromiso de innovar para promover la participación política. Distintos organismos electorales subnacionales, como el de Jalisco, Coahuila o la Ciudad de México, han hecho herramientas tecnológicas propias para la emisión del voto. El INE, por su parte, ha sido pionero en el uso de tecnologías para la transmisión de datos, el conteo provisional, y en este caso avanza en conjunto con los órganos locales para facilitar la participación de los residentes en el exterior.

Aún quedan muchos desafíos para que los derechos de las y los migrantes se garanticen, pero podemos decir que este esfuerzo de las autoridades electorales de México va en el sentido correcto.

Las claves geopolíticas del hidrógeno verde en América Latina

Juan Agulló
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Las claves geopolíticas del hidrógeno verde en América Latina

El hidrógeno verde (o limpio) es una energía renovable que promete. Para producirlo hay que descomponer el agua: oxígeno, por un lado, e hidrógeno, por el otro. El método más común es la electrólisis, que requiere del uso intensivo de una segunda fuente de energía y, por supuesto, de disponibilidad de agua. Para que el ciclo sostenible sea completo, desde luego, esa segunda fuente de energía también debe ser renovable (solar, eólica, etc.). Hablamos, por tanto, de procesos de producción complejos con entornos que tengan un potencial renovable e inversiones  a largo plazo que permitan innovar en la construcción de plantas de producción, así como en almacenaje y transporte.

América Latina tiene, en principio, un potencial enorme para la producción de hidrógeno verde. Aquí se concentran, según la FAO, casi un tercio de las reservas mundiales de agua potable. Además, el costo de la mano de obra sería competitivo y existe capacidad instalada suficiente para la producción de otras energías limpias complementarias (como la solar o la hidroeléctrica). Todos esos activos conjuntos, si se orientan hacia la producción del hidrógeno verde, harían la diferencia. Siguen faltando, sin embargo, una estructura productiva consistente y un mercado regulado y articulado. Para superar ambos obstáculos es necesario que haya inversores (públicos o privados) realmente decididos.

Después de la pandemia de la COVID-19, Chile se puso a la cabeza y en 2021 comenzó el H2Magallanes, un proyecto pionero en América Latina. Después vinieron 62 iniciativas parecidas en 13 países de la región. En muchos casos, aunque no en todos, se trata de inversiones foráneas. Recientemente Argentina, un país necesitado de divisas, aprovechó el boom del hidrógeno verde para organizar un foro “global” en San Carlos de Bariloche. Allí, su Gobierno, anunció que enviaría próximamente al Congreso una ley del hidrógeno. La aprobación de un instrumento así es un paso significativo que da seguridad jurídica a los inversores, una condición fundamental para empezar a operar.

Otro indicador es la reciente visita de Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a cuatro países latinoamericanos (Brasil, Argentina, Chile y México). En julio habrá una cumbre euro/latinoamericana y en el trasfondo están el nunca ejecutado Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur y una propuesta europea (la Global Gateway), que pretende competir con la iniciativa china “de la Franja y de la Ruta”. El hidrógeno verde pesa, en ese marco, más de lo que se piensa. La guerra de Ucrania ha encarecido el precio de la energía en Europa (sobre todo del gas), lo cual afecta a la competitividad de sus empresas y al poder adquisitivo de la población.

Ahí es donde los intereses de Europa y de América Latina parecieran converger. El mantra que se repite en medios e informes, casi sin espacio para visiones alternativas, es que los países latinoamericanos deberían aprovechar la coyuntura y sus “fortalezas” para producir y exportar hidrógeno verde hacia Europa. Contemplada desde una perspectiva europea, la transición al hidrógeno verde podría ser rápida. La infraestructura utilizada ahora en Europa para transportarlo y almacenarlo es cara y el contaminante gas natural licuado proveniente de Estados Unidos (que ha sustituido al gas natural ruso) podría reutilizarse para importar el hidrógeno verde producido en América Latina.

Hoy por hoy, independientemente del potencial regional, en América Latina no solo faltan regulación e inversiones, sino también certificaciones, infraestructuras, capacidad exportadora, investigación, personal cualificado y evaluaciones de impacto ambiental consistente. Las carencias por la aún escasa producción de hidrógeno verde son tales que hace un par de años, en la Bolsa de São Paulo, fue creada una cartera para atraer inversiones hacia empresas que estén desarrollando cualquiera de los ámbitos necesarios para el despegue.

La inversión privada, de hecho, presenta en este ámbito los mismos problemas estructurales que en otros sectores: básicamente falta volumen, estrategia, institucionalidad y sobra “capital riesgo”. Los Estados latinoamericanos, mientras tanto, no invierten suficiente y sus estrategias nacionales no difieren demasiado de los diagnósticos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, la Cepal, la Agencia Internacional de Energías Renovables o algunos lobbies, todavía embrionarios. Todo ello ha facilitado el interés de inversores no europeos. Estados Unidos, por ejemplo, con una producción muy subvencionada desde 2022, comienza a mirar hacia América Latina.

Argentina ya tiene firmado, por otra parte, un memorándum de cooperación con Japón. Asia/Pacífico es en este momento la región del mundo en la que mayores volúmenes de hidrógeno verde son producidos y en la que los planes a largo plazo son más consistentes y detallados. Japón, Australia y Corea del Sur tienen proyectos orientados hacia objetivos estratégicos fijados para mediados del siglo que incluyen la creación de cadenas de suministro globales y asimétricas, al estilo de las que existen ahora mismo para los hidrocarburos. China y Singapur tienen intenciones parecidas. La India, Indonesia y Tailandia también se están abriendo a producir a gran escala. Hay un mercado internacional en gestación.

Pese a ello, en América Latina sobra prospectiva empresarial y falta reflexión estratégica. Casi nadie se pregunta, por ejemplo, si una eventual cooperación regional o subregional podría resultar preferible a insistir en iniciativas nacionales más limitadas y vulnerables a todos los niveles. Tampoco se cuestiona la exportación, que tiende a ser asumida como lógica e inevitable. Pocos se plantean que la “transición energética”, que es la que realmente nutre la creciente demanda global de hidrógeno verde, tiene su origen en las cuotas internacionales de contaminación negociadas cada año en las COP de las Naciones Unidas.

¿Podrán nuestros países seguir negociando en ese mercado si comienzan a exportar energías limpias a gran escala? ¿No podrían nuestras economías absorber el hidrógeno verde? Para países primario-exportadores, como los sudamericanos, esa posibilidad quizás resulte interesante. La energía producida tiene potencial como combustible agrícola no contaminante y de bajo coste y, además, puede ser utilizado como componente de fertilizantes ecológicos, que podrían dejar de importarse, con los consiguientes beneficios.

¿Conviene entonces seguir reproduciendo, incluso bajo una matriz energética sostenible, inercias rentistas que, históricamente, han tendido a retroalimentar la dependencia económica y la desigualdad social en América Latina? Sería bueno empezar a discutirlo.

Juan Agulló es profesor del Instituto Latino-Americano de Economía, Sociedade e Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana-Unila (Brasil). Doctor en Sociología, por la École des Hautes Études en Sciences Sociales-Ehess (París).

Lula, Venezuela y los derechos humanos

Rodrigo Diamanti
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Lula, Venezuela y los derechos humanos

Coautores Génesis Dávila y Alonso Domínguez

El pasado 29 de mayo, durante una rueda de prensa, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que Venezuela es «víctima de una narrativa de antidemocracia y autoritarismo». La declaración fue hecha junto a Nicolás Maduro, quien visitó Brasil después de ocho años, dada la cumbre de jefes de Estado de América del Sur.

La declaración, por supuesto, generó indignación y tiene varias aristas. Una, es que convierte al victimario en víctima: dado el contexto, le otorga al Estado venezolano y a su Gobierno la condición de víctima de una operación de su adversario, quien le ha construido, en una versión parcializada de los hechos, la imagen de un régimen no democrático. Esta no sería la primera vez en la que un victimario asume el papel de víctima; más bien, ocurre con frecuencia que quien agrede intenta ser reivindicado, justificado y hasta “entendido”. La agresión pasa a un segundo plano y a la verdadera víctima se le quiere acusar por haber manchado la reputación de su agresor. Así lo hemos visto en el caso de Rusia y la anexión de Crimea en el 2014 y en China con la represión a la población musulmana uigur.

Una segunda arista surge del uso del término “narrativa”. Asumimos que el presidente Lula se refirió en la rueda de prensa a una narrativa política, esto es, una explicación sobre el pasado y el presente, que tiene por objetivo movilizar un curso de acción. En este sentido, una narrativa no sería una explicación académica, sino una interpretación que tiene una intención, es decir, un propósito diferente del de hallar la verdad sobre unos hechos. Su objetivo, más bien, es lograr que las personas, a partir de una explicación, orienten su comportamiento, actúen y juzguen políticamente en una dirección.

Sin embargo, para que una narrativa sea exitosa, no puede estar completamente divorciada de la realidad. Por ejemplo, si alguien dijera hoy que Hitler no ordenó el Holocausto y que su legado debiera ser, más bien, reivindicado, difícilmente esa interpretación lograría sumar muchos seguidores. De este modo, si la narrativa compartida por la mayoría de los venezolanos es que el gobierno de Maduro ha violado los derechos humanos y muchos de sus funcionarios son responsables de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, es necesario obtener justicia y reparación, no es precisamente por una operación eficaz de propaganda, sino porque ella se enraíza en la experiencia dolorosa de muchos, de los miles de venezolanos que han sido perseguidos, torturados y asesinados por disentir de las políticas del Gobierno, así como de los millones que se vieron obligados a emigrar. También debemos recordar que Maduro y su régimen están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.

Solo en Brasil, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (RV4) estima que hay 426.000 venezolanos que huyeron del hambre y de la destrucción de oportunidades. La situación, sin embargo, va más allá de una crisis humanitaria, y sus efectos se proyectan en la región más allá de la emigración. Según la ONG SOS Orinoco, el régimen de Maduro ha promovido un enfoque extractivista sobre la Amazonia venezolana, con consecuencias trágicas y duraderas (tal vez irreversibles) en Venezuela y más allá de sus fronteras.

Al presentar la situación venezolana como el resultado de una narrativa, el presidente Lula le recomienda a Maduro que ofrezca la suya, una que se le contraponga a su adversario. Esto podría ser interpretado como una recomendación de buena fe, para que el pupilo enmiende su actuación y corrija lo que haya que corregir: ¡Si te están diciendo que no eres demócrata, pues, haz una elección democrática! Sin embargo, valdría la pena cuestionarse: ¿quién es el adversario de Maduro? ¿A quién defiende Lula: a un dictador o a sus víctimas?

Con todo, las narrativas sí pueden crear realidades, más allá de si están basadas en hechos reales o no. En este sentido, las narrativas deben ser evaluadas no solo por su apego a los hechos o su simetría con los datos de la realidad, sino también por sus efectos sociales. Hoy Venezuela es un país pobre, que por mucho tiempo se creyó rico pero expoliado por una clase política corrupta, y sobre esa narrativa Hugo Chávez llegó al poder. La interpretación que le ofreció al país sobre su pasado y su presente enajenó nuestro futuro, porque arruinó las capacidades productivas y destruyó la libertad. Maduro profundizó al máximo el desatino de una lectura empobrecedora de nuestra realidad, y no ha dudado nunca en violar los derechos humanos para compensar por la fuerza lo que no tiene en carisma ni dispone en recursos económicos.

¿Cuál es la narrativa, entonces, que les conviene a los pueblos de América Latina? ¿Una que legitima y acepta las violaciones de los derechos humanos u otra que los defiende y hace de ellos el centro de la política? Una narrativa no debe ocultar la realidad si ella es dolorosa o injusta; debe, más bien, liberarnos de esquemas que nos oprimen o limitan y hacernos capaces para superar la pobreza y la injusticia. Es crucial que los líderes políticos se comprometan con narrativas honestas y responsables. Lula, creemos, puede escoger mejor a sus aliados y las narrativas que quiere promover para la región.

Alonso Domínguez es abogado de la Universidad Central de Venezuela. Coordinador de la Red Anticrímenes de Lesa Humanidad.

Rodrigo Diamanti es economista, especialista en políticas públicas. Presidente de Un Mundo Sin Mordaza, organización dedicada a la promoción de los derechos humanos a través de las artes.

Los guatemaltecos y su sistema político disfuncional se enfrentan en el balotaje

Dardo Justino Rodríguez
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Los guatemaltecos y su sistema político disfuncional se enfrentan en el balotaje

El resultado (provisorios, de momento) de las recientes elecciones generales de Guatemala fue insólito si no se tratara, precisamente, de Guatemala. Este hermoso país centroamericano viene de arrastrar una crisis tras otra, y no solo económica, sino, fundamentalmente, social y política. Esto se debe, en parte, a que en los últimos tiempos todos los Gobiernos han representado, en mayor o menor medida, los intereses de una clase privilegiada de empresarios y políticos corruptos. Este sector ha arrasado con los recursos estatales y ha sometido a la población mediante la violación sistemática de sus derechos humanos y económicos.

Bloqueos y persecuciones

Durante el proceso antes de las elecciones, este sector se encargó de bloquear todas las opciones que podrían poner en riesgo el sistema de corrupción e impunidad existente en el país. El Tribunal Electoral, por ejemplo, negó la inscripción para participar en las presidenciales a candidatos críticos con el Gobierno, entre ellos a la reconocida dirigente aborigen Thelma Cabrera, del Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP).

Además, las amenazas y acciones contra periodistas y dirigentes opositores no han cesado, como en el caso del periodista José Rubén Zamora, fundador del diario El Periódico, y quien fue un fuerte crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Por medio de su periódico, el periodista dejó al descubierto importantes casos de corrupción en la política nacional, en los que aparecieron funcionarios y empresarios de muy alto nivel.

Zamora fue condenado recientemente por un tribunal a seis años de prisión “inconmutables” por lavado de dinero. Y es que la persecución por crímenes comunes a referentes como Zamora, evitando relacionarlos con temas políticos, ha sido la estrategia preferida por los círculos del poder.

Pero las cifras de la reciente elección describen nítidamente la situación del país: un elevado índice de abstención y votos nulos con dos “ganadores” que apenas juntan, entre ambos, alrededor del 30% de los votos. Insólito, pero toda una declaración política de la ciudadanía.

La ex primera dama Sandra Torres, candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y quien obtuvo el 15% de los votos, y Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, quien alcanzó el 12%, disputarán el balotaje el próximo 20 de agosto. El segundo lugar de Arévalo, ubicado muy abajo según las encuestas previas, se explica por diferentes factores que van desde la exclusión de candidaturas antisistema hasta el desencanto que generaron algunas alianzas antes de las elecciones. Como reflejo del desinterés y, sobre todo, la desconfianza en el proceso electoral, hubo un alto número de votos nulos (17,41%), cuatro veces más que en 2019, y en blanco (6,98%).

Y es que uno de los problemas de la política guatemalteca es la ausencia de partidos fuertes. El sistema político está compuesto por un puñado de pequeños grupos que se presentan bajo nuevos lemas a cada elección, lo que confunde al electorado.

La oposición proscrita

La proscripta lideresa indígena Thelma Cabrera Pérez de Sánchez, referente a escala nacional de los Comités de Desarrollo Campesino (Codeca) y de ascendencia maya mam, fue candidata presidencial en 2019 por el MLP y obtuvo un destacado cuarto lugar con un 10,3% de los votos.

Para estas elecciones, el “sistema” vislumbró en ella un riesgo inaceptable, por lo cual, con diferentes excusas, tanto ella como su candidato a la vicepresidencia, el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, fueron desautorizados como candidatos. De esa forma, el MLP, que tiene una militancia concordante con los Codeca, no pudo ni siquiera obtener un diputado ni alcanzó el 5% de los votos emitidos, lo que lo eliminaría de los registros oficiales como partido político, de acuerdo con lo que dictamina la ley electoral.

El artículo 93 de la actual Ley Electoral dice que, si un partido político no alcanza el 5% de los votos válidos emitidos en unas elecciones presidenciales o si no consigue al menos una diputación al Congreso, debe ser cancelado como tal. Por ello, tras las recientes elecciones, 12 partidos políticos estarían encaminados a su desaparición, de los cuales, 5 están representados en la actual legislatura. Los otros nacieron para las elecciones de este año, pero es evidente que su propuesta no convenció a un número suficiente de votantes.

Además del caso del MLP, el histórico Partido de Avanzada Nacional (PAN), creado en 1989 y que hizo presidente de la república al fallecido Álvaro Arzú, también desaparecerá al no haber contado con candidato a la primera magistratura ni haber obtenido un solo diputado.

Otros de los partidos que recibirán la extremaunción son el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el Partido Popular Guatemalteco, Podemos y el Partido Humanista de Guatemala y Prosperidad Ciudadana (PC), así como otros cinco partidos políticos que fueron creados para el reciente proceso electoral: Mi Familia, Unión Republicana, Partido Republicano, Poder y el Partido de Integridad Nacional (PIN).

El analista e investigador estadounidense-guatemalteco Matthew Creelman ha descrito la situación del país en pocas palabras: “El perro mueve la cola, pero cuando las cosas están de cabeza se dice que: ‘La cola mueve al perro’. Las elecciones, en lugar de tomar el pulso de la gente, se vuelven acontecimientos que buscan convencer, comprar e incentivar voluntades”. Esto es lo que está pasando en Guatemala desde hace bastante tiempo.

La hora de la solidaridad estratégica con América Latina

Benedicte Bull  |   Andrés Rivarola Puntigliano   |   Jussi Pakkasvirta
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La hora de la solidaridad estratégica con América Latina

Durante y después de la Guerra Fría, los países nórdicos asumieron un papel como baluartes de los derechos humanos y la democracia en América Latina. A pesar de haber pertenecido a diferentes constelaciones internacionales (Noruega y Dinamarca como miembros de la OTAN y Suecia, Finlandia y Dinamarca, de la UE), crearon su propia proyección internacional, representando un “modelo nórdico, democrático, inclusivo y solidario.

Ahora que Finlandia ya es miembro de la OTAN y Suecia avanza en su proceso de ingreso, esta proyección internacional se pone a prueba. El mundo cambia hacia nuevas constelaciones geopolíticas, marcadas por la rivalidad entre EE. UU. y China, y una UE que busca reubicarse por medio de la llamada “autonomía estratégica”. Para los países nórdicos, la solución debe ser trabajar en conjunto para que la democracia, el medio ambiente y los derechos humanos sean tomados en cuenta. En este sentido, se podrían retomar los elementos de proyección del “modelo nórdico” y actualizarlo a lo que llamaríamos “solidaridad estratégica”.

Una prioridad de la “autonomía estratégica” es retomar cuanto antes la reconexión entre Europa y América Latina. Para hacerlo, la UE ha hecho una nueva estrategia para América Latina y recientemente, tanto Josep Borell como Ursula von der Leyen, han visitado la región, a fin de impulsar esta línea, y en julio habrá una cumbre birregional en Bruselas. No hay duda de que la región es crucial para el equilibrio ecológico del planeta. Con más del 50% de la biodiversidad, representa el 14% de la producción mundial de alimentos, el 45% del comercio internacional neto de productos agrícolas y alimentarios y tiene la mayor proporción de energía renovable del mundo (61% en 2021).

América Latina también tiene recursos claves para la transformación de la UE en su proyección denominada Green New Deal. Por medio de este ambicioso plan, se reducirán las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030. La región latinoamericana tiene alrededor del 60% de las reservas mundiales de litio, el 70% de las de cobre y reservas de níquel y cobalto. Todo esto es fundamental para el cambio de la matriz energética, donde un punto clave es la producción de baterías para vehículos eléctricos.

En lo más alto de la agenda de la visita de Von der Leyen a América Latina estaba la consolidación de la relación con Chile, con un papel clave en la exportación de litio y cobre, así como la promoción del proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Aunque el acuerdo ha estado en negociación desde 2002 y se firmó un acuerdo en 2019, todavía hace falta que sea aprobado en los Parlamentos de países de la UE y del Mercosur. La Comisión Europea ve esto como una prioridad, dada la pérdida de espacio económico y político que ha tenido la UE en América Latina, donde EE. UU., China y otros países avanzan rápidamente y adoptan nuevas políticas para vincularse más estrechamente con la región.

Mientras se construyen alianzas más cercanas en torno a las grandes potencias del mundo, los principales políticos de América Latina han defendido, por su lado, lo que se denomina «no alineamiento activo». En realidad, esto no es tan diferente de la “autonomía estratégica” de la UE. Vale decir, un intento de cumplir con los intereses nacionales sin depender de otros Estados ni ser manipulados por ellos.

Entre los problemas que tiene la UE para avanzar en las negociaciones con el Mercosur están las críticas de organizaciones ambientalistas que temen un aumento en la deforestación de la selva amazónica. Lo mismo pasa con respecto a la extracción de minerales y sus consecuencias con relación al medioambiente y los derechos humanos, algo que ya ha creado importantes conflictos en gran parte de América Latina. El término «colonialismo verde» con respecto a las inversiones “renovables” se escucha cada vez más tanto en el extranjero como en la región.

A la vez, hay quienes llaman a los estándares socioambientales de la UE para acceder a su mercado como “proteccionismo encubierto”. Estos resquemores deben ser tomados en cuenta, sin bajar los estándares ambientales. Una manera de hacerlo sería considerando dimensiones “solidarias” que tomen en cuenta la necesidad de los latinoamericanos para asegurar el acceso a tecnología y capital para construir su propia industria e integrarse a cadenas de valor más avanzadas. Las empresas de la UE tienen en Latinoamérica un socio ideal para cumplir los criterios ESG (por sus siglas en inglés, environmental, social and corporate governance), al mismo tiempo que pueden desempeñar un papel clave en el apoyo a América Latina en cuanto al proceso de transformación en productor de materia prima a proveedor de alta tecnología.

Los países nórdicos pueden desempeñar un papel clave en el acercamiento entre Europa y América Latina. El contacto con la región nórdica se remonta a los orígenes de los Estados nacionales latinoamericanos. Los nórdicos no tienen una “carga colonial” directa y el “modelo nórdico” es bien visto por amplios sectores de la sociedad latinoamericana. Aún se mantiene en la región el recuerdo de la solidaridad nórdica durante la Guerra Fría, cuando estos países ejercieron un papel importante como mediadores de la paz y receptores de miles de refugiados políticos latinoamericanos.

América Latina es, para la UE y los nórdicos, una de las regiones más cercanas en términos de valores y sistema político, algo que potencia lo que hoy se denomina friendshoring. Los nórdicos deberían actuar en conjunto, a fin de promocionar a Europa como socio atractivo para América Latina no solo para los inversores, sino también en lo que respecta a temas medioambientales y sociales.

Por ello, proponemos reemplazar la “autonomía estratégica” por el concepto de “solidaridad estratégica”, con el fin de promover la construcción de una política birregional que funcione como plataforma para ambas regiones para lograr una proyección autonómica conjunta en el nuevo contexto geopolítico global.

Los límites del poder

Manuel Alcántara
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Los límites del poder

Uno de los avances más trascendentales habidos en el desarrollo de la humanidad tiene que ver con la limitación del uso del poder. Ungido durante siglos por un carácter mágico que justificaba su práctica, bien fuera por el irrestricto uso de la fuerza, por cosmovisiones religiosas, astrales o simplemente basadas en relatos fantásticos, se mantenía, además, dentro de estrechos círculos consanguíneos o de grupos sociales específicos configurados por patrones raciales, de tenencia de la tierra o del ejercicio de algún arte específico en tareas tan diversas como la caza, la agricultura o el comercio.

La evolución de la especie humana fue estableciendo usos que terminaron en normas que fueron reglamentando paulatinamente el ejercicio del poder. Cada grupo social tuvo experiencias propias que se experimentaron en los fértiles valles de la Mesopotamia, del Nilo o del Indo, así como más tarde en las alturas del Machu Picchu o en las selvas mesoamericanas. No hubo una sola comunidad humana que no dejara de enfrentarse al sentido del poder y también a su justificación.

La Ilustración y la denominada Revolución liberal, tan estrechamente vinculada a ella, si bien tuvo un epicentro en Europa Occidental, no dejó de afectar en sus hipótesis y en sus consecuencias al resto del orbe, y notablemente a las Américas. Las consecuencias tuvieron efectos inmediatos en al menos tres asuntos relativos a la política: la construcción, definición y desarrollo de los Estados nacionales; el imperio de la ley; y la idea de que todo poder emana del pueblo. El poder, por consiguiente, quedaba restringido a un espacio, sujeto a unas normas que contrabalanceaban su ejercicio, y requería el refrendo de la gente.

En América Latina, a pesar de la enorme heterogeneidad de sus países, el constitucionalismo liberal, instalado desde hace ya dos siglos de manera generalizada, lidió con el asunto del ordenamiento del poder desde los presupuestos teóricos del presidencialismo. Si en las primeras décadas se tuvo que enfrentar la preeminencia de caudillos, poco a poco se fue aceptando que debía ser preeminente la idea de la no reelección. La Revolución mexicana, alzada en 1910, bajo ese supuesto, fue un caso ejemplarizante muy notable.

Este asunto no ha quedado cerrado y reaparece en la medida en que se quieren imponer proyectos hegemónicos. La cantidad de ejemplos al respecto es numerosa. Baste recordar la relación incómoda que Juan Domingo Perón tuvo con el principio no reeleccionista, y más tarde Alberto Fujimori, Carlos S. Menem, Hugo Chávez o Álvaro Uribe. Por otra parte, regímenes claramente dictatoriales como los de los Somoza en Nicaragua, el de Alfredo Stroessner en Paraguay y el de Rafael L. Trujillo en República Dominicana violaron la no reelección.

El otro freno al poder se situó en su mismo seno bajo la doble idea de división y de equilibrio. Regímenes políticos con tres poderes clásicos definieron arreglos institucionales que en teoría estipulaban que no habría ningún poder por encima del otro y que en su devenir cotidiano deberían ejercer un juego de pesos y contrapesos. Este escenario supuso la apertura de una ingente cantidad de conflictos en los que el concepto de gobernabilidad se aposentó para definir el estado de cosas. A guisa de hacerse una idea del impacto en la vida real que ellos tuvieron, en las últimas cuatro décadas en América Latina hubo una treintena de interrupciones presidenciales, de las cuales ocho tuvieron que ver con juicios políticos al presidente por parte del Congreso; seis, por renuncias presidenciales, seguidas de elecciones anticipadas, y dos, por declaración parlamentaria de incapacidad presidencial. Por su parte, tres Congresos han sido disueltos por decisión presidencial.

En la actualidad y dentro de poco, de lo que es el calendario electoral más inmediato, hay tres casos preocupantes en América Latina en los que está en cuestionamiento la restricción al poder por razones de estricta aplicación de su limitación temporal.

En 2024 en Venezuela, Nicolás Maduro volverá a presentarse por tercera vez consecutiva a la Presidencia, gracias a un marco regulatorio permisivo, pero en donde el árbitro de la contienda, el Consejo Nacional Electoral, desempeñará un papel parcial, ya que la totalidad de sus miembros va a ser sustituida, mas teniendo una actuación muy destacada en la configuración del nuevo, la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Por otra parte, y también en 2024, Nayib Bukele prosigue en El Salvador su camino hacia la reelección presidencial, saltándose el impedimento constitucional existente al respecto, y siguiendo el modelo de interpretación constitucional espuria de su vecino, Daniel Ortega.

Por último, Dina Boluarte acaba de proclamar en una rueda de prensa que la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales de Perú estaba cerrada y que seguirá trabajando hasta julio de 2026. Si bien es cierto que ese es el plazo en el que finaliza el periodo para el que fue electa, junto con Pedro Castillo en 2021, no lo es menos que, cuando tomó posesión después de la caída de este en diciembre pasado, afirmó que convocaría elecciones en el plazo de seis meses. Hoy se aferra al poder con una aprobación de su gestión de apenas del 15% y sin una bancada que la respalde en el Congreso, y dependiendo de una mayoría circunstancial que podría deshacerse enseguida.

Poner límites temporales al ejercicio de la autoridad es un punto que se vincula a la calidad democrática de un sistema político. Se trata de un asunto normativo, pero también vinculado con las convicciones democráticas de quien detenta el poder. Por otra parte, es una medida que aleja del ruedo político a las pulsiones personalistas que contribuyen a la patrimonialización del poder, a la desinstitucionalización y, en definitiva, a la inclinación hacia el abuso que alimenta la corrupción.

Debemos detener la pérdida de la biodiversidad

Tiffany Troxler
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Debemos detener la pérdida de la biodiversidad

En diciembre de 2022, en la 15.ª Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, presidida por China y organizada por Canadá, se adoptó el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés). El GBF incluye cuatro ambiciosos objetivos globales y 23 metas para 2030.

¿Por qué la biodiversidad? 

“La biodiversidad es fundamental para el bienestar humano y la salud del planeta, así como para la prosperidad económica de todos los pueblos. La biodiversidad nos permite vivir en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, ya que dependemos de ella para obtener alimentos, medicinas, energía, aire y agua limpios, seguridad frente a las catástrofes naturales, así como recreo e inspiración cultural, y sustenta todos los sistemas de vida en la Tierra”.

El GBF pretende responder al Informe de evaluación global de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, que fue publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes) en 2019, el cual determinó que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, la biodiversidad ha mostrado recientemente un rápido declive.

Por ejemplo, el informe estableció que el 25% de las especies de los grupos evaluados estaban amenazados, lo que sugiere que alrededor de un millón de especies ya enfrentan la extinción, muchas de ellas, dentro de décadas, a menos que se tomen medidas rápidas.

Entre los principales causantes de estas amenazas con mayor impacto mundial figuran la conversión, debido al uso de la tierra y el mar, la explotación directa de plantas y animales, el cambio climático, la contaminación y la alteración de los ecosistemas naturales por especies exóticas. Sin embargo, las medidas rápidas, urgentes y concertadas a través de la conservación, restauración y el uso sostenible de la naturaleza a gran escala pueden fomentar un cambio transformador y ayudar a apoyar otros objetivos sociales de tipo global, incluyendo la seguridad alimentaria e hídrica.

El propósito del GBF es catalizar y posibilitar estas acciones transformadoras para detener la pérdida de biodiversidad y asegurar los beneficios que proporciona como alimentos, medicinas, energía, aire y agua limpios, seguridad frente a los desastres naturales, así como recreo e inspiración cultural, y sustenta todos los sistemas de vida en la Tierra.

La visión del GBF para 2050 es un mundo en el que se viva en armonía con la naturaleza y en el que «la biodiversidad sea valorada, conservada, restaurada y utilizada sabiamente, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y proporcionando beneficios esenciales para todas las personas».

La misión 2030 del GBF con respecto a la visión 2050 es tomar medidas urgentes para detener e invertir la pérdida de biodiversidad, a fin de poner a la naturaleza en la senda de la recuperación para el beneficio de las personas y del planeta, conservando y utilizando de forma sostenible la biodiversidad; garantizar el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos y proporcionar al mismo tiempo los medios necesarios para su aplicación.

Los 23 objetivos para 2030 se centran en las siguientes áreas: reducción de las amenazas a la biodiversidad; satisfacción de las necesidades de las personas mediante el uso sostenible y la distribución de beneficios; y herramientas y soluciones para la aplicación y la integración.

El Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal constituye un nuevo y audaz reto para las economías en vías de desarrollo y para cumplir el plan histórico de la COP15 de conservar al menos el 30% de toda la tierra y su agua para 2030. Las soluciones que partan de la naturaleza y que sean usadas para restaurar los ecosistemas y frenar los efectos climáticos en las zonas en vías de desarrollo y gestionar el desarrollo de forma sostenible para las personas y la naturaleza son dos formas clave en las que los países pretenden aplicar este plan 30*30 y alcanzar sus objetivos.

Pero ¿disponemos de los objetivos de desarrollo sostenible y los marcos de seguimiento necesarios para alcanzar estas metas? Los enfoques que tienen que ver con las cuencas hidrográficas para la planificación y el desarrollo sostenibles y el seguimiento y la evaluación en América Latina y el Caribe permiten innovaciones en materia de sostenibilidad en cuanto al impacto transformador.

Esta semana, en el Congreso de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad (SRI2023), que se celebra en Ciudad de Panamá (Panamá), el principal encuentro transdisciplinar del mundo para la comunidad mundial de la sostenibilidad, se harán varias sesiones para abordar los retos que el GBF se propone superar.

Elecciones anticipadas versus Gobiernos promisorios en Ecuador

David Córdova
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Elecciones anticipadas versus Gobiernos promisorios en Ecuador

Luego de la aplicación de la denominada “muerte cruzada” en el Ecuador en mayo, el país vive una gran presión política con respecto a las elecciones anticipadas que se llevarán a cabo este agosto. No solo la clase política está en trance, debido a la ventana de oportunidades que se abrió inesperadamente, sino que también la ciudadanía se enfrenta a un nuevo reto: elegir a las autoridades (en tiempo récord) que armarán el tablero para la próxima partida en 2025. No es tarea menor.

Ocho candidaturas, dos posibilidades

Como primera posibilidad, si el Gobierno de transición que se inaugurará en agosto no gozara, por su naturaleza, de un respaldo mayoritario, lo cual es previsible por la ausencia de un liderazgo reconocible en los últimos meses y la fragmentación que dejó la iniciativa de impeachment contra el presidente Guillermo Lasso, no debería ni podría formular grandes cambios. Este debería enfocarse en homogeneizar la competencia política para que en 2025 la decisión sea más beneficiosa para el país y no decante en la ya conocida disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La otra posibilidad, la más posible y contraproducente a la vez, es que el Gobierno de transición ofrezca cambios y reestructuraciones (hasta constitucionales) como puente entre la inestabilidad actual y el futuro Gobierno que se elegirá en 2025. Esta opción supondría la instrumentalización de la grave crisis política que atraviesa el país para armar el andamiaje institucional y acondicionar una candidatura presidencial en 2025 mientras dura el Gobierno de transición.

El riesgo latente de esta última opción es que, mientras dure el Gobierno de transición, la etapa se convierta en una prolongada e intensa campaña electoral, lo cual significaría una evidente transgresión a la competencia justa y en igualdad de condiciones frente al resto de las opciones del espectro político. Además, el Gobierno encaminaría esfuerzos con miras al posicionamiento político, a la par que se dejan de lado las profundas fracturas sociales que requieren de acciones concretas y a largo plazo, sin mencionar la urgencia de las tareas pendientes que deja el Gobierno saliente en materia económica, productiva y laboral.

Las ocho candidaturas presidenciales que se han oficializado no dejan de ser un indicio del desacuerdo y el personalismo político que ha caracterizado al Ecuador, incluso mediante la dinámica de gobierno que en estos meses se desarrolla, donde el presidente Lasso gobierna con decretos leyes de urgencia y no existe un Poder Legislativo que haga de contrapeso. Paradójicamente, una clase política comprometida con los valores democráticos enfocaría sus esfuerzos en el consenso y en mecanismos ciudadanos de veeduría y respeto de los derechos humanos.

Retomando la idea inicial, ¿cuál es el reto ciudadano al que se enfrentan ecuatorianos y ecuatorianas? Independientemente de las preferencias políticas, en los próximos meses el papel ciudadano es reconocer propuestas viables y sensatas por sobre grandes proyectos a largo plazo y las implicaciones aquí descritas. La captura del voto en estos meses tendrá una dinámica novedosa, pues se intentará mostrar un interés cívico y de compromiso con la democracia mientras se participa en unas elecciones que nacieron del disenso. Los extremos ideológicos se atenuarán para acercarse al votante medio mediante un discurso conciliador, al tiempo que cada candidatura se considera la única capaz de canalizar la fragmentación.

Los siguientes meses nos enfrentaremos a una fuerte campaña electoral con ofrecimientos y promesas: los que no están, prometerán volver, y los que están, dirán que nunca se fueron. Ahora más que nunca el electorado debe exigir y reconocer respuestas sensatas y cívicas, de modo que en los dos próximos años podamos promover nuevos y frescos liderazgos sin tener que mirar al pasado.

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