Los guatemaltecos y su sistema político disfuncional se enfrentan en el balotaje

Dardo Justino Rodríguez
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Los guatemaltecos y su sistema político disfuncional se enfrentan en el balotaje

El resultado (provisorios, de momento) de las recientes elecciones generales de Guatemala fue insólito si no se tratara, precisamente, de Guatemala. Este hermoso país centroamericano viene de arrastrar una crisis tras otra, y no solo económica, sino, fundamentalmente, social y política. Esto se debe, en parte, a que en los últimos tiempos todos los Gobiernos han representado, en mayor o menor medida, los intereses de una clase privilegiada de empresarios y políticos corruptos. Este sector ha arrasado con los recursos estatales y ha sometido a la población mediante la violación sistemática de sus derechos humanos y económicos.

Bloqueos y persecuciones

Durante el proceso antes de las elecciones, este sector se encargó de bloquear todas las opciones que podrían poner en riesgo el sistema de corrupción e impunidad existente en el país. El Tribunal Electoral, por ejemplo, negó la inscripción para participar en las presidenciales a candidatos críticos con el Gobierno, entre ellos a la reconocida dirigente aborigen Thelma Cabrera, del Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP).

Además, las amenazas y acciones contra periodistas y dirigentes opositores no han cesado, como en el caso del periodista José Rubén Zamora, fundador del diario El Periódico, y quien fue un fuerte crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Por medio de su periódico, el periodista dejó al descubierto importantes casos de corrupción en la política nacional, en los que aparecieron funcionarios y empresarios de muy alto nivel.

Zamora fue condenado recientemente por un tribunal a seis años de prisión “inconmutables” por lavado de dinero. Y es que la persecución por crímenes comunes a referentes como Zamora, evitando relacionarlos con temas políticos, ha sido la estrategia preferida por los círculos del poder.

Pero las cifras de la reciente elección describen nítidamente la situación del país: un elevado índice de abstención y votos nulos con dos “ganadores” que apenas juntan, entre ambos, alrededor del 30% de los votos. Insólito, pero toda una declaración política de la ciudadanía.

La ex primera dama Sandra Torres, candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y quien obtuvo el 15% de los votos, y Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, quien alcanzó el 12%, disputarán el balotaje el próximo 20 de agosto. El segundo lugar de Arévalo, ubicado muy abajo según las encuestas previas, se explica por diferentes factores que van desde la exclusión de candidaturas antisistema hasta el desencanto que generaron algunas alianzas antes de las elecciones. Como reflejo del desinterés y, sobre todo, la desconfianza en el proceso electoral, hubo un alto número de votos nulos (17,41%), cuatro veces más que en 2019, y en blanco (6,98%).

Y es que uno de los problemas de la política guatemalteca es la ausencia de partidos fuertes. El sistema político está compuesto por un puñado de pequeños grupos que se presentan bajo nuevos lemas a cada elección, lo que confunde al electorado.

La oposición proscrita

La proscripta lideresa indígena Thelma Cabrera Pérez de Sánchez, referente a escala nacional de los Comités de Desarrollo Campesino (Codeca) y de ascendencia maya mam, fue candidata presidencial en 2019 por el MLP y obtuvo un destacado cuarto lugar con un 10,3% de los votos.

Para estas elecciones, el “sistema” vislumbró en ella un riesgo inaceptable, por lo cual, con diferentes excusas, tanto ella como su candidato a la vicepresidencia, el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, fueron desautorizados como candidatos. De esa forma, el MLP, que tiene una militancia concordante con los Codeca, no pudo ni siquiera obtener un diputado ni alcanzó el 5% de los votos emitidos, lo que lo eliminaría de los registros oficiales como partido político, de acuerdo con lo que dictamina la ley electoral.

El artículo 93 de la actual Ley Electoral dice que, si un partido político no alcanza el 5% de los votos válidos emitidos en unas elecciones presidenciales o si no consigue al menos una diputación al Congreso, debe ser cancelado como tal. Por ello, tras las recientes elecciones, 12 partidos políticos estarían encaminados a su desaparición, de los cuales, 5 están representados en la actual legislatura. Los otros nacieron para las elecciones de este año, pero es evidente que su propuesta no convenció a un número suficiente de votantes.

Además del caso del MLP, el histórico Partido de Avanzada Nacional (PAN), creado en 1989 y que hizo presidente de la república al fallecido Álvaro Arzú, también desaparecerá al no haber contado con candidato a la primera magistratura ni haber obtenido un solo diputado.

Otros de los partidos que recibirán la extremaunción son el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el Partido Popular Guatemalteco, Podemos y el Partido Humanista de Guatemala y Prosperidad Ciudadana (PC), así como otros cinco partidos políticos que fueron creados para el reciente proceso electoral: Mi Familia, Unión Republicana, Partido Republicano, Poder y el Partido de Integridad Nacional (PIN).

El analista e investigador estadounidense-guatemalteco Matthew Creelman ha descrito la situación del país en pocas palabras: “El perro mueve la cola, pero cuando las cosas están de cabeza se dice que: ‘La cola mueve al perro’. Las elecciones, en lugar de tomar el pulso de la gente, se vuelven acontecimientos que buscan convencer, comprar e incentivar voluntades”. Esto es lo que está pasando en Guatemala desde hace bastante tiempo.

La hora de la solidaridad estratégica con América Latina

Benedicte Bull  |   Andrés Rivarola Puntigliano   |   Jussi Pakkasvirta
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La hora de la solidaridad estratégica con América Latina

Durante y después de la Guerra Fría, los países nórdicos asumieron un papel como baluartes de los derechos humanos y la democracia en América Latina. A pesar de haber pertenecido a diferentes constelaciones internacionales (Noruega y Dinamarca como miembros de la OTAN y Suecia, Finlandia y Dinamarca, de la UE), crearon su propia proyección internacional, representando un “modelo nórdico, democrático, inclusivo y solidario.

Ahora que Finlandia ya es miembro de la OTAN y Suecia avanza en su proceso de ingreso, esta proyección internacional se pone a prueba. El mundo cambia hacia nuevas constelaciones geopolíticas, marcadas por la rivalidad entre EE. UU. y China, y una UE que busca reubicarse por medio de la llamada “autonomía estratégica”. Para los países nórdicos, la solución debe ser trabajar en conjunto para que la democracia, el medio ambiente y los derechos humanos sean tomados en cuenta. En este sentido, se podrían retomar los elementos de proyección del “modelo nórdico” y actualizarlo a lo que llamaríamos “solidaridad estratégica”.

Una prioridad de la “autonomía estratégica” es retomar cuanto antes la reconexión entre Europa y América Latina. Para hacerlo, la UE ha hecho una nueva estrategia para América Latina y recientemente, tanto Josep Borell como Ursula von der Leyen, han visitado la región, a fin de impulsar esta línea, y en julio habrá una cumbre birregional en Bruselas. No hay duda de que la región es crucial para el equilibrio ecológico del planeta. Con más del 50% de la biodiversidad, representa el 14% de la producción mundial de alimentos, el 45% del comercio internacional neto de productos agrícolas y alimentarios y tiene la mayor proporción de energía renovable del mundo (61% en 2021).

América Latina también tiene recursos claves para la transformación de la UE en su proyección denominada Green New Deal. Por medio de este ambicioso plan, se reducirán las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030. La región latinoamericana tiene alrededor del 60% de las reservas mundiales de litio, el 70% de las de cobre y reservas de níquel y cobalto. Todo esto es fundamental para el cambio de la matriz energética, donde un punto clave es la producción de baterías para vehículos eléctricos.

En lo más alto de la agenda de la visita de Von der Leyen a América Latina estaba la consolidación de la relación con Chile, con un papel clave en la exportación de litio y cobre, así como la promoción del proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Aunque el acuerdo ha estado en negociación desde 2002 y se firmó un acuerdo en 2019, todavía hace falta que sea aprobado en los Parlamentos de países de la UE y del Mercosur. La Comisión Europea ve esto como una prioridad, dada la pérdida de espacio económico y político que ha tenido la UE en América Latina, donde EE. UU., China y otros países avanzan rápidamente y adoptan nuevas políticas para vincularse más estrechamente con la región.

Mientras se construyen alianzas más cercanas en torno a las grandes potencias del mundo, los principales políticos de América Latina han defendido, por su lado, lo que se denomina «no alineamiento activo». En realidad, esto no es tan diferente de la “autonomía estratégica” de la UE. Vale decir, un intento de cumplir con los intereses nacionales sin depender de otros Estados ni ser manipulados por ellos.

Entre los problemas que tiene la UE para avanzar en las negociaciones con el Mercosur están las críticas de organizaciones ambientalistas que temen un aumento en la deforestación de la selva amazónica. Lo mismo pasa con respecto a la extracción de minerales y sus consecuencias con relación al medioambiente y los derechos humanos, algo que ya ha creado importantes conflictos en gran parte de América Latina. El término «colonialismo verde» con respecto a las inversiones “renovables” se escucha cada vez más tanto en el extranjero como en la región.

A la vez, hay quienes llaman a los estándares socioambientales de la UE para acceder a su mercado como “proteccionismo encubierto”. Estos resquemores deben ser tomados en cuenta, sin bajar los estándares ambientales. Una manera de hacerlo sería considerando dimensiones “solidarias” que tomen en cuenta la necesidad de los latinoamericanos para asegurar el acceso a tecnología y capital para construir su propia industria e integrarse a cadenas de valor más avanzadas. Las empresas de la UE tienen en Latinoamérica un socio ideal para cumplir los criterios ESG (por sus siglas en inglés, environmental, social and corporate governance), al mismo tiempo que pueden desempeñar un papel clave en el apoyo a América Latina en cuanto al proceso de transformación en productor de materia prima a proveedor de alta tecnología.

Los países nórdicos pueden desempeñar un papel clave en el acercamiento entre Europa y América Latina. El contacto con la región nórdica se remonta a los orígenes de los Estados nacionales latinoamericanos. Los nórdicos no tienen una “carga colonial” directa y el “modelo nórdico” es bien visto por amplios sectores de la sociedad latinoamericana. Aún se mantiene en la región el recuerdo de la solidaridad nórdica durante la Guerra Fría, cuando estos países ejercieron un papel importante como mediadores de la paz y receptores de miles de refugiados políticos latinoamericanos.

América Latina es, para la UE y los nórdicos, una de las regiones más cercanas en términos de valores y sistema político, algo que potencia lo que hoy se denomina friendshoring. Los nórdicos deberían actuar en conjunto, a fin de promocionar a Europa como socio atractivo para América Latina no solo para los inversores, sino también en lo que respecta a temas medioambientales y sociales.

Por ello, proponemos reemplazar la “autonomía estratégica” por el concepto de “solidaridad estratégica”, con el fin de promover la construcción de una política birregional que funcione como plataforma para ambas regiones para lograr una proyección autonómica conjunta en el nuevo contexto geopolítico global.

Los límites del poder

Manuel Alcántara
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Los límites del poder

Uno de los avances más trascendentales habidos en el desarrollo de la humanidad tiene que ver con la limitación del uso del poder. Ungido durante siglos por un carácter mágico que justificaba su práctica, bien fuera por el irrestricto uso de la fuerza, por cosmovisiones religiosas, astrales o simplemente basadas en relatos fantásticos, se mantenía, además, dentro de estrechos círculos consanguíneos o de grupos sociales específicos configurados por patrones raciales, de tenencia de la tierra o del ejercicio de algún arte específico en tareas tan diversas como la caza, la agricultura o el comercio.

La evolución de la especie humana fue estableciendo usos que terminaron en normas que fueron reglamentando paulatinamente el ejercicio del poder. Cada grupo social tuvo experiencias propias que se experimentaron en los fértiles valles de la Mesopotamia, del Nilo o del Indo, así como más tarde en las alturas del Machu Picchu o en las selvas mesoamericanas. No hubo una sola comunidad humana que no dejara de enfrentarse al sentido del poder y también a su justificación.

La Ilustración y la denominada Revolución liberal, tan estrechamente vinculada a ella, si bien tuvo un epicentro en Europa Occidental, no dejó de afectar en sus hipótesis y en sus consecuencias al resto del orbe, y notablemente a las Américas. Las consecuencias tuvieron efectos inmediatos en al menos tres asuntos relativos a la política: la construcción, definición y desarrollo de los Estados nacionales; el imperio de la ley; y la idea de que todo poder emana del pueblo. El poder, por consiguiente, quedaba restringido a un espacio, sujeto a unas normas que contrabalanceaban su ejercicio, y requería el refrendo de la gente.

En América Latina, a pesar de la enorme heterogeneidad de sus países, el constitucionalismo liberal, instalado desde hace ya dos siglos de manera generalizada, lidió con el asunto del ordenamiento del poder desde los presupuestos teóricos del presidencialismo. Si en las primeras décadas se tuvo que enfrentar la preeminencia de caudillos, poco a poco se fue aceptando que debía ser preeminente la idea de la no reelección. La Revolución mexicana, alzada en 1910, bajo ese supuesto, fue un caso ejemplarizante muy notable.

Este asunto no ha quedado cerrado y reaparece en la medida en que se quieren imponer proyectos hegemónicos. La cantidad de ejemplos al respecto es numerosa. Baste recordar la relación incómoda que Juan Domingo Perón tuvo con el principio no reeleccionista, y más tarde Alberto Fujimori, Carlos S. Menem, Hugo Chávez o Álvaro Uribe. Por otra parte, regímenes claramente dictatoriales como los de los Somoza en Nicaragua, el de Alfredo Stroessner en Paraguay y el de Rafael L. Trujillo en República Dominicana violaron la no reelección.

El otro freno al poder se situó en su mismo seno bajo la doble idea de división y de equilibrio. Regímenes políticos con tres poderes clásicos definieron arreglos institucionales que en teoría estipulaban que no habría ningún poder por encima del otro y que en su devenir cotidiano deberían ejercer un juego de pesos y contrapesos. Este escenario supuso la apertura de una ingente cantidad de conflictos en los que el concepto de gobernabilidad se aposentó para definir el estado de cosas. A guisa de hacerse una idea del impacto en la vida real que ellos tuvieron, en las últimas cuatro décadas en América Latina hubo una treintena de interrupciones presidenciales, de las cuales ocho tuvieron que ver con juicios políticos al presidente por parte del Congreso; seis, por renuncias presidenciales, seguidas de elecciones anticipadas, y dos, por declaración parlamentaria de incapacidad presidencial. Por su parte, tres Congresos han sido disueltos por decisión presidencial.

En la actualidad y dentro de poco, de lo que es el calendario electoral más inmediato, hay tres casos preocupantes en América Latina en los que está en cuestionamiento la restricción al poder por razones de estricta aplicación de su limitación temporal.

En 2024 en Venezuela, Nicolás Maduro volverá a presentarse por tercera vez consecutiva a la Presidencia, gracias a un marco regulatorio permisivo, pero en donde el árbitro de la contienda, el Consejo Nacional Electoral, desempeñará un papel parcial, ya que la totalidad de sus miembros va a ser sustituida, mas teniendo una actuación muy destacada en la configuración del nuevo, la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Por otra parte, y también en 2024, Nayib Bukele prosigue en El Salvador su camino hacia la reelección presidencial, saltándose el impedimento constitucional existente al respecto, y siguiendo el modelo de interpretación constitucional espuria de su vecino, Daniel Ortega.

Por último, Dina Boluarte acaba de proclamar en una rueda de prensa que la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales de Perú estaba cerrada y que seguirá trabajando hasta julio de 2026. Si bien es cierto que ese es el plazo en el que finaliza el periodo para el que fue electa, junto con Pedro Castillo en 2021, no lo es menos que, cuando tomó posesión después de la caída de este en diciembre pasado, afirmó que convocaría elecciones en el plazo de seis meses. Hoy se aferra al poder con una aprobación de su gestión de apenas del 15% y sin una bancada que la respalde en el Congreso, y dependiendo de una mayoría circunstancial que podría deshacerse enseguida.

Poner límites temporales al ejercicio de la autoridad es un punto que se vincula a la calidad democrática de un sistema político. Se trata de un asunto normativo, pero también vinculado con las convicciones democráticas de quien detenta el poder. Por otra parte, es una medida que aleja del ruedo político a las pulsiones personalistas que contribuyen a la patrimonialización del poder, a la desinstitucionalización y, en definitiva, a la inclinación hacia el abuso que alimenta la corrupción.

Debemos detener la pérdida de la biodiversidad

Tiffany Troxler
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Debemos detener la pérdida de la biodiversidad

En diciembre de 2022, en la 15.ª Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, presidida por China y organizada por Canadá, se adoptó el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés). El GBF incluye cuatro ambiciosos objetivos globales y 23 metas para 2030.

¿Por qué la biodiversidad? 

“La biodiversidad es fundamental para el bienestar humano y la salud del planeta, así como para la prosperidad económica de todos los pueblos. La biodiversidad nos permite vivir en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, ya que dependemos de ella para obtener alimentos, medicinas, energía, aire y agua limpios, seguridad frente a las catástrofes naturales, así como recreo e inspiración cultural, y sustenta todos los sistemas de vida en la Tierra”.

El GBF pretende responder al Informe de evaluación global de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, que fue publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes) en 2019, el cual determinó que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, la biodiversidad ha mostrado recientemente un rápido declive.

Por ejemplo, el informe estableció que el 25% de las especies de los grupos evaluados estaban amenazados, lo que sugiere que alrededor de un millón de especies ya enfrentan la extinción, muchas de ellas, dentro de décadas, a menos que se tomen medidas rápidas.

Entre los principales causantes de estas amenazas con mayor impacto mundial figuran la conversión, debido al uso de la tierra y el mar, la explotación directa de plantas y animales, el cambio climático, la contaminación y la alteración de los ecosistemas naturales por especies exóticas. Sin embargo, las medidas rápidas, urgentes y concertadas a través de la conservación, restauración y el uso sostenible de la naturaleza a gran escala pueden fomentar un cambio transformador y ayudar a apoyar otros objetivos sociales de tipo global, incluyendo la seguridad alimentaria e hídrica.

El propósito del GBF es catalizar y posibilitar estas acciones transformadoras para detener la pérdida de biodiversidad y asegurar los beneficios que proporciona como alimentos, medicinas, energía, aire y agua limpios, seguridad frente a los desastres naturales, así como recreo e inspiración cultural, y sustenta todos los sistemas de vida en la Tierra.

La visión del GBF para 2050 es un mundo en el que se viva en armonía con la naturaleza y en el que «la biodiversidad sea valorada, conservada, restaurada y utilizada sabiamente, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y proporcionando beneficios esenciales para todas las personas».

La misión 2030 del GBF con respecto a la visión 2050 es tomar medidas urgentes para detener e invertir la pérdida de biodiversidad, a fin de poner a la naturaleza en la senda de la recuperación para el beneficio de las personas y del planeta, conservando y utilizando de forma sostenible la biodiversidad; garantizar el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos y proporcionar al mismo tiempo los medios necesarios para su aplicación.

Los 23 objetivos para 2030 se centran en las siguientes áreas: reducción de las amenazas a la biodiversidad; satisfacción de las necesidades de las personas mediante el uso sostenible y la distribución de beneficios; y herramientas y soluciones para la aplicación y la integración.

El Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal constituye un nuevo y audaz reto para las economías en vías de desarrollo y para cumplir el plan histórico de la COP15 de conservar al menos el 30% de toda la tierra y su agua para 2030. Las soluciones que partan de la naturaleza y que sean usadas para restaurar los ecosistemas y frenar los efectos climáticos en las zonas en vías de desarrollo y gestionar el desarrollo de forma sostenible para las personas y la naturaleza son dos formas clave en las que los países pretenden aplicar este plan 30*30 y alcanzar sus objetivos.

Pero ¿disponemos de los objetivos de desarrollo sostenible y los marcos de seguimiento necesarios para alcanzar estas metas? Los enfoques que tienen que ver con las cuencas hidrográficas para la planificación y el desarrollo sostenibles y el seguimiento y la evaluación en América Latina y el Caribe permiten innovaciones en materia de sostenibilidad en cuanto al impacto transformador.

Esta semana, en el Congreso de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad (SRI2023), que se celebra en Ciudad de Panamá (Panamá), el principal encuentro transdisciplinar del mundo para la comunidad mundial de la sostenibilidad, se harán varias sesiones para abordar los retos que el GBF se propone superar.

Elecciones anticipadas versus Gobiernos promisorios en Ecuador

David Córdova
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Elecciones anticipadas versus Gobiernos promisorios en Ecuador

Luego de la aplicación de la denominada “muerte cruzada” en el Ecuador en mayo, el país vive una gran presión política con respecto a las elecciones anticipadas que se llevarán a cabo este agosto. No solo la clase política está en trance, debido a la ventana de oportunidades que se abrió inesperadamente, sino que también la ciudadanía se enfrenta a un nuevo reto: elegir a las autoridades (en tiempo récord) que armarán el tablero para la próxima partida en 2025. No es tarea menor.

Ocho candidaturas, dos posibilidades

Como primera posibilidad, si el Gobierno de transición que se inaugurará en agosto no gozara, por su naturaleza, de un respaldo mayoritario, lo cual es previsible por la ausencia de un liderazgo reconocible en los últimos meses y la fragmentación que dejó la iniciativa de impeachment contra el presidente Guillermo Lasso, no debería ni podría formular grandes cambios. Este debería enfocarse en homogeneizar la competencia política para que en 2025 la decisión sea más beneficiosa para el país y no decante en la ya conocida disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La otra posibilidad, la más posible y contraproducente a la vez, es que el Gobierno de transición ofrezca cambios y reestructuraciones (hasta constitucionales) como puente entre la inestabilidad actual y el futuro Gobierno que se elegirá en 2025. Esta opción supondría la instrumentalización de la grave crisis política que atraviesa el país para armar el andamiaje institucional y acondicionar una candidatura presidencial en 2025 mientras dura el Gobierno de transición.

El riesgo latente de esta última opción es que, mientras dure el Gobierno de transición, la etapa se convierta en una prolongada e intensa campaña electoral, lo cual significaría una evidente transgresión a la competencia justa y en igualdad de condiciones frente al resto de las opciones del espectro político. Además, el Gobierno encaminaría esfuerzos con miras al posicionamiento político, a la par que se dejan de lado las profundas fracturas sociales que requieren de acciones concretas y a largo plazo, sin mencionar la urgencia de las tareas pendientes que deja el Gobierno saliente en materia económica, productiva y laboral.

Las ocho candidaturas presidenciales que se han oficializado no dejan de ser un indicio del desacuerdo y el personalismo político que ha caracterizado al Ecuador, incluso mediante la dinámica de gobierno que en estos meses se desarrolla, donde el presidente Lasso gobierna con decretos leyes de urgencia y no existe un Poder Legislativo que haga de contrapeso. Paradójicamente, una clase política comprometida con los valores democráticos enfocaría sus esfuerzos en el consenso y en mecanismos ciudadanos de veeduría y respeto de los derechos humanos.

Retomando la idea inicial, ¿cuál es el reto ciudadano al que se enfrentan ecuatorianos y ecuatorianas? Independientemente de las preferencias políticas, en los próximos meses el papel ciudadano es reconocer propuestas viables y sensatas por sobre grandes proyectos a largo plazo y las implicaciones aquí descritas. La captura del voto en estos meses tendrá una dinámica novedosa, pues se intentará mostrar un interés cívico y de compromiso con la democracia mientras se participa en unas elecciones que nacieron del disenso. Los extremos ideológicos se atenuarán para acercarse al votante medio mediante un discurso conciliador, al tiempo que cada candidatura se considera la única capaz de canalizar la fragmentación.

Los siguientes meses nos enfrentaremos a una fuerte campaña electoral con ofrecimientos y promesas: los que no están, prometerán volver, y los que están, dirán que nunca se fueron. Ahora más que nunca el electorado debe exigir y reconocer respuestas sensatas y cívicas, de modo que en los dos próximos años podamos promover nuevos y frescos liderazgos sin tener que mirar al pasado.

Instagram y la cultura de la celebridad en las campañas políticas

Sergio Alvarado Vivas
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Instagram y la cultura de la celebridad en las campañas políticas

Que las redes sociales han revolucionado la forma en que los políticos se comunican con los ciudadanos durante las campañas electorales no es sorpresa. De hecho, se asume que plataformas como Instagram, en la que la imagen y el contenido visual adquieren una relevancia sin precedentes, compiten y empequeñecen la influencia de la comunicación mediática monopolizada hasta hace poco por la televisión. Esa proyección, sin embargo, tiene mucho menos que ver con la conexión y movilización de electores a partir de afinidades programáticas, el carácter individual o los debates. Investigaciones recientes sobre el uso de Instagram en las campañas como la de Colombia en 2022 han revelado una creciente tendencia: políticos de distintas ideologías como Gustavo Petro (izquierda) y Rodolfo Hernández (derecha) adoptan actitudes que los acercan más a la cultura de la celebridad que a la de los embates ideológicos, persuasiones de ideas o moralidades particulares que estén vinculadas a los políticos tradicionales.

Esta tendencia no se limita a Colombia. Líderes como Jair Bolsonaro en Brasil, Gabriel Boric en Chile y Nicolás Maduro en Venezuela también han utilizado Instagram para construir su imagen pública, priorizando, así, la espectacularidad y una estética artística provocativa o de fama y glamour inmediatista.

Bolsonaro, conocido por su estilo polémico y confrontativo, ha usado la plataforma para compartir mensajes incendiarios, a fin de alimentar su base de seguidores. Boric, el joven candidato progresista, ha empleado la red para mostrar su cercanía con los movimientos sociales y destacar su compromiso con la justicia social. Mientras Nicolás Maduro ha utilizado Instagram para difundir mensajes populistas y símbolos entre místicos y seductores de culto a la fuerza, al sacrificio armado y militante, pero apeando a una estética militar que glamouriza su régimen autoritario.

Esta instrumentalización de las redes sociales para ganar seguidores (particularmente en Instagram) tiene el paradójico efecto de estar sacrificando la construcción de una agenda mediática clara. En lugar de presentar propuestas y debatir sobre temas de relevancia política, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández son el ejemplo de las transformaciones contemporáneas del marketing político, en el que se prioriza la exposición de su intimidad, como si fueran influencers en busca de likes y popularidad.

Petro, por ejemplo, se ha exhibido jugando fútbol, disfrutando de comidas en cocinas populares, portando atuendos típicos y compartiendo momentos familiares. Por su parte, Hernández centró su campaña en aparecer con figuras reconocidas como cantantes o presentadores de televisión y también buscó relacionar su imagen con la de su madre, e incluso con la afectividad o empatía que genera la vinculación con mascotas como un pato, para  acentuar su figura de político coloquial.

Estas actitudes de políticos plantean serios interrogantes sobre las implicaciones de esta transformación en las campañas políticas. En primer lugar, banalizan la noción de representatividad democrática anclada en la decisión electoral, pues nutre la construcción de una imagen superficial muy por encima de la presentación de propuestas sólidas y la discusión de temas trascendentales. Si bien es cierto que las redes sociales permiten una mayor cercanía entre los políticos y los ciudadanos, estos líderes deben ser capaces de crear un impacto real en la sociedad a través de sus acciones y políticas.

La estrategia de Petro y Hernández busca generar empatía con los votantes, desviándose de los puntos programáticos que también pueden resultar los que acarreen mayor confrontación, polarización y antagonismos, con el consiguiente riesgo para su popularidad. La preocupación de los máximos referentes políticos en mostrar su lado más humano y cotidiano, dejando en un segundo lugar el abordaje público y polémico de los desafíos y problemas reales que enfrenta la sociedad, puede terminar alimentando un vínculo superficial no solo con sus candidaturas, sino  con el orden político que buscan liderar, pero propulsando el escepticismo con la democracia.

¿Puede el ciudadano latinoamericano promedio, con sus limitaciones cognitivas e interpretativas, pensar que la imagen de un político jugando fútbol o posando con un pato brindará soluciones a sus déficits cotidianos y los problemas colectivos de educación, seguridad o economía?

La adopción de actitudes de celebridad por parte de los políticos genera una mayor identificación emocional entre los candidatos y los ciudadanos. Pero, por otro lado, existe un riesgo latente de que esta conexión emocional prevalezca sobre la evaluación crítica de las ideas y propuestas concretas de los políticos, banalizando el propio ritual electoral.

En lugar de analizar en profundidad las plataformas políticas y las posiciones ideológicas, los votantes podrían verse seducidos por la imagen de estos candidatos-celebridades. Cuando ello ocurre, a lo ancho del espectro ideológico, esos abordajes pasan a ser percibidos como una característica intrínseca del sistema u orden político imperante. En Colombia, Petro y Hernández representan distintas corrientes ideológicas, pero, a pesar de sus diferencias políticas, ambos terminan sucumbiendo a la tentación de la cultura celebrity. La búsqueda de popularidad y el afán de convertirse en figuras reconocidas parecen ser una constante en la política contemporánea, sin importar las creencias políticas.

Existe, pues, una necesidad de reflexionar sobre las implicaciones de Instagram y las redes sociales en las campañas políticas en Latinoamérica. Los votantes deben ser conscientes de los riesgos por la superficialización de la política y la sobrevaloración de su imagen sobre las propuestas concretas. La autenticidad y la responsabilidad política deben ser los pilares fundamentales en la comunicación política en cualquier plataforma.

Es fundamental encontrar un equilibrio que permita mostrar la humanidad de los políticos sin descuidar la importancia de su papel como dirigentes. Los ciudadanos deben exigir que los candidatos presenten propuestas sólidas y claras, más aún en tiempos de contienda electoral, que aborden los desafíos de la sociedad y que estén dispuestos a debatir con transparencia y apertura. ¿La política debería escenificar un concurso de popularidad o convertirse en un espacio para el análisis crítico, el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones?

En última instancia, la transformación de los políticos en celebridades puede tener consecuencias negativas para la calidad del debate político y la toma de decisiones fundamentadas. Es responsabilidad de los votantes y de la sociedad en su conjunto reflexionar sobre estas implicaciones y exigir una política basada en ideas y propuestas, más allá de la imagen. Solo de esta manera podremos fortalecer la democracia y fomentar un futuro político más comprometido con el bienestar colectivo en Latinoamérica.

*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org.

El oficialismo se posiciona en el Estado de México de cara a las elecciones de 2024

Igor Vivero Ávila
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El oficialismo se posiciona en el Estado de México de cara a las elecciones de 2024

Con los datos preliminares de las elecciones estatales del domingo 4 de junio, la candidatura común, encabezada por el partido Morena, ganó la gubernatura del Estado de México y derrotó a la alianza electoral PRI-PAN-PRD-NA por más de ocho puntos. Triunfar en el Estado de México, la entidad con la mayor cantidad de electores (12.7 millones) y donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gobernado por más de 90 años, refuerza los éxitos de Morena, que ya cuenta con 23 entidades federativas. De esta manera, el oficialismo se posiciona como favorito para la elección del año que viene, cuando se renovará el poder Ejecutivo, el Legislativo federal, diferentes gubernaturas, Congresos locales y las presidencias municipales.

La elección del Estado de México fue una demostración de cómo los partidos políticos se saltan las normas y compiten por el poder dentro y fuera de los plazos legales. La competencia por la candidatura del Estado de México se inició abiertamente hace más de un año, fuera de cualquier plazo legal. Los candidatos que aspiraban a la gubernatura, profesionales de la política, se promocionaron con pintas de bardas, propagandas con sus imágenes y entrevistas en medios de comunicación, entre otros recursos.

Al no llamar al voto ni hablar de su verdadera aspiración, no hubo sanción de las autoridades electorales. Tampoco se tiene conocimiento de dónde salieron los recursos, ni hay un estimado de la cantidad de dinero utilizado para dichas promociones. Lo paradójico es que la legislación define los límites para las precampañas, en las que pueden participar los aspirantes a la candidatura, el límite del dinero que se puede gastar y el acceso a los medios de comunicación.

Para la elección, solo se habían registrado dos precandidaturas únicas, la que encabezaron, por un lado, Morena, junto con el PT y PVEM, y la opción del PRI y sus aliados. Los partidos dejaron la etapa de precampaña sin competencia interna; en cambio, toleraron las promociones de algunos de sus militantes fuera de los plazos legales.

Desde el inicio de las campañas, las diferentes mediciones de intención del voto marcaron una ventaja para la candidata de Morena, Delfina Gómez, sobre la candidata del PRI, Alejandra del Moral. El margen entre las encuestadoras varió desde un supuesto empate técnico con una diferencia del 3% hasta una ventaja de Morena de 30 puntos.

Los resultados de las encuestas fueron parte de la narrativa de la campaña. Sin embargo, hay tres datos que fueron consistentes en las mediciones. El deseo de cambio (alternancia), el rechazo a votar por el PRI, la valoración hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y la baja valoración del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Con esta información, las campañas fueron poco disruptivas, aun cuando se presentaron campañas negativas en las redes sociales. La candidata puntera, Delfina Gómez, se dedicó a administrar su ventaja, mientras que la candidata que ocupaba el segundo lugar, Alejandra del Moral, intentó sin éxito presentarse como un cambio al Gobierno y al partido al que pertenece. En los dos únicos debates realizados no hubo confrontaciones mayores, ni de sus propuestas ni de sus trayectorias políticas. Los partidos políticos y la autoridad electoral habían decidido que los debates fueran en formatos rígidos, en los que las candidatas se dedicaron a leer la mayoría de sus mensajes.

El resultado de la elección deja retos importantes para los partidos políticos. El PRI no ha llevado adelante, de momento, una autocrítica que le permita un diagnóstico de sus derrotas recientes. Tampoco se visualiza una ruta que le permita ser competitivo a corto y a mediano plazo. Los líderes prefieren llenar auditorios y culparse unos a otros antes que refundarse como partido político.

La alianza con sus anteriores adversarios políticos, el PAN y el PRD, no deja de ser coyuntural y electoral. Para Morena, el reto inmediato es conciliar el comienzo de un Gobierno diferente al PRI, a la par de la efervescencia política por las candidaturas de la elección del próximo año. Morena tiene una herencia de la izquierda política mexicana, el faccionalismo, que se traduce en una intensa lucha interna entre las diferentes corrientes que muchas veces prefieren perder la elección a apelar a la unión con facciones opuestas.

En política, es complicado ganar elecciones, pero, sobre todo, si se tiene adversarios dentro del propio partido.

La política exterior cubana en la “nueva Guerra Fría”

José Gabriel Barrenechea
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La política exterior cubana en la “nueva Guerra Fría”

En el actual contexto internacional, ante la dirección del Estado cubano se abren tres posibles alternativas para la política exterior cubana: el alineamiento con Rusia y China; el no alineamiento y el alineamiento con Estados Unidos. Sin embargo, la tercera es la única realista.

Alineamiento con Rusia y China

Hay una diferencia entre los actuales poderes globales enfrentados a los Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética: el pragmatismo en la defensa del interés nacional tuvo su importancia en la política exterior soviética, pero no fue lo determinante. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía una concepción política universalista, según la cual todos los humanos y todos los países, por las leyes históricas del desarrollo socioeconómico, avanzaban hacia un único destino común. Al pensarse a sí mismos como los más adelantados en ese camino, se sentían éticamente obligados con cualquiera que les pidiera ayuda para avanzar por él. No importa si el solicitante se encontraba dentro de su área de influencia o no.

Por el contrario, la China de hoy no antepone su supuesta visión ideológica universalista a sus intereses nacionales, interpretados desde estrictos criterios de rentabilidad económico-financiera. En cuanto a Rusia, su ideología es abiertamente el imperialismo. Las élites dirigentes de ambas superpotencias no le proponen ningún proyecto o destino común al resto de los seres humanos; solo buscan posicionarse a sí mismas en una jerarquía imperialista de poderes globales. En lo inmediato, lo que persiguen es un área de influencia que les sea respetada por los demás superpoderes; a la espera, por lo menos en el caso de China, de que en un futuro algo más distante pueda soñarse con la hegemonía planetaria.

Esperar, partiendo de Cuba, que Rusia o China mantengan una relación semejante a la que en su momento tuvo con la desaparecida Unión Soviética, es no entender la profunda diferencia entre esta multipolaridad y la que la precedió. No solo no se puede esperar lo mismo en cuanto a ayuda material, de know how o financiera, sino incluso en cuanto al apoyo político y militar.

Con mucha imaginación, Cuba solo podría esperar un apoyo semejante, de cualquiera de los dos superpoderes globales que desafían el poder hegemónico estadounidense durante el tiempo en el que este continúe negándose a aceptar la división del mundo en esferas de influencia. Una vez que Estados Unidos acepte esa división, se respetarán con religiosidad las áreas de influencia ajenas… y, sin duda, Cuba pertenece a la estadounidense.

Alinearse a Rusia o China no le garantiza nada a Cuba, ni siquiera a las élites poscastristas. Tarde o temprano las potencias negociarán con Washington para avanzar hacia un mundo dividido en tres áreas de influencia. De ese modo, a Cuba solo le queda ser el “patio trasero” de Estados Unidos.

El no alineamiento

La Guerra Fría se hizo en un contexto muy ideologizado, en el que los dos grandes centros de poder admitían los principios de convivencia internacional de Woodrow Wilson: la inviolabilidad de las fronteras y, al menos en teoría, la soberanía e independencia de los Estados dentro de ellas. En un final, eran, más que dos Estados en lucha por el poder mundial, dos concepciones de la sociedad y la economía que se disputaban entre sí el corazón y la voluntad de todos los humanos, a quienes, por lo tanto, se les debía permitir cierta capacidad de decisión.

El nuevo contexto de relaciones internacionales que propone abiertamente Moscú, pero también Pekín, es muy diferente. Es improbable que los superpoderes actuales vayan más allá en lo inmediato, hasta la eliminación de la independencia o a un masivo corrimiento de las fronteras. En primer lugar, por el peso de las tradiciones de respeto a la soberanía nacional heredadas del siglo XX, pero, sobre todo, porque tanto Rusia como China son unidades étnicamente muy homogéneas y con un gran interés en mantenerse así.

Sin embargo, dentro de sus áreas de influencia, o de lo que consideren como tal, ni esos superpoderes ni Estados Unidos serán tan permisivos como lo fueron las superpotencias de la anterior Guerra Fría. Estados como Brasil o la India mantendrán, sin duda, un fuerte grado de independencia, política y económica, pero ese no será el caso de los pequeños, como Cuba, Bielorrusia o Birmania, ubicados junto a las actuales superpotencias.

Hablamos del abandono del idealismo y de la vuelta al realismo político en las relaciones internacionales. Del retorno de la vieja política decimonónica en la que simplemente se intervenía de manera directa con base en un interés nacional que no se disfrazaba mediante declaraciones idealistas. Del regreso del derecho de la fuerza, sin fingimientos. Porque lo que proponen los actuales retadores de la hegemonía de los Estados Unidos, o incluso un sector importante dentro de la propia política americana, no es otra cosa que un acuerdo de división del mundo entre los fuertes, en el cual la opinión de los débiles no importa.

Y, en ese contexto, pensar que se pueda echar mano del no alineamiento, al menos para aquellos Estados que de manera evidente hacen parte del área estratégica de las grandes potencias, no es más que una ilusión.

En todo caso, que Cuba consiga o no llevar adelante una política de no alineamiento dependerá de la buena voluntad de Estados Unidos y de su determinación a mantenerse comprometido con los principios internacionales de Woodrow Wilson. Si Estados Unidos aceptara finalmente la idea de las zonas de influencia, la independencia de Cuba no sería más que una fantasía. Pero incluso si Estados Unidos se resistiera ante las tendencias de la época, la cercanía geográfica, pero también demográfica a Cuba, no le permitiría aceptar una Cuba no aliada.

Alineamiento con Estados Unidos

La realidad es que a Cuba solo le queda alinearse a Estados Unidos, e incluso no quedarse en un simple alineamiento diplomático, sino buscar acercarse económica o políticamente todo lo que sea posible.

La economía, la cultura, la demografía, su devenir histórico, todo empuja a Cuba a alinearse a Estados Unidos. Dicha tendencia es tan fuerte como para que exista la posibilidad de que el mismo régimen castrista, tras la desaparición de los últimos remanentes de la generación histórica, se deje arrastrar por ella.

El falso consenso: ¿cómo imponer el relato de la victoria electoral en Ecuador?

Gabriel Hidalgo Andrade
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El falso consenso: ¿cómo imponer el relato de la victoria electoral en Ecuador?

En una polémica entrevista ofrecida al diario El País de España, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, insistió en que volverá al país para expedir una nueva Constitución, reorganizar el Estado y anular sus juicios. Afirmó que tiene el capital electoral para regresar y ser presidente. Pocos días después, el martes 13 de junio, la presidenciable por el correísmo, Luisa González, inscribió su candidatura política en medio de arengas de “una sola vuelta”, en referencia a que ganará la elección sin pasar por el balotaje.

Todas las encuestadoras coinciden en que el correísmo goza de un apoyo que bordea el 25%, lo que algunos llaman “el voto duro del correísmo”. Paradójicamente, las mismas encuestadoras coinciden en que los márgenes de indecisión, a escasas dos semanas de las elecciones en Ecuador, tras la disolución del Congreso por parte del presidente Lasso, constantemente se mantienen en un 70%. ¿Cómo puede haber un voto disciplinado con un margen tan pequeño de electores decididos?

En este juego electoral, hay múltiples maniobras de persuasión que, puestas en blanco y negro, no son lo que dicen ser. Según estudios, a muchos electores les gusta ganar y, muy a menudo, apuestan por el ganador de las encuestas, por lo que generan un efecto de falso consenso. Pero ¿qué pasa cuando estas encuestas no reflejan la realidad?

Para Christopher J. Anderson, de la London School of Economics, y Andrew J. Lotempio, de la Universidad de Binghamton, en su estudio sobre la relación entre ganadores y confianza política, “Winning, Losing and Political Trust in America”, una votación no es solamente un acto de confianza, sino la intención de confiar en que ese alguien ganará la competencia.

Se ha demostrado que votar por el ganador tiene una influencia positiva en otras actitudes políticas, como en los sentimientos de receptividad hacia el Gobierno, la satisfacción con la democracia y la disposición de las personas a participar en el activismo político. Los votantes favorecen a cualquiera de las opciones posibles, con la intención de vincularse material o afectivamente con la oferta política que esperan ver ganar.

Anderson y Lotempio afirman que la experiencia de ganar o perder influye en cómo los votantes perciben el sistema político. Ganar o perder, y estar en la mayoría o en la minoría, son conceptos que la gente utiliza para comprender el entorno político y que afectan sus actitudes posteriores. Incluso, los votantes cambian de candidato cuando este no muestra posibilidades de ganar, y a este fenómeno se ha llamado “voto estratégico”.

La directora del Centro del Estudio de la Votación, las Elecciones y la Democracia, de la Universidad de Nuevo México, Lonna Rae Atkeson, dijo en su estudio “Sure, ¡I voted for the winner! Overreport of the Primary Vote for the Party Nominee in the National Election Studies” que es más probable que las personas voten por su segunda preferencia cuando perciben que su primera opción tiene pocas posibilidades de ganar. Este efecto está especialmente asociado a la categoría de “voto desperdiciado” o al deseo del elector de no malgastar su voto.

Según Rae Atkeson, los electores tienen tres opciones frente a una elección: un favorito, una segunda opción o la anulación/abstención. El elector siempre espera que su favorito sea el ganador. En la certeza de que el favorito no ganará, el elector cambia su decisión por el que cree ganador, a quien convierte en su segunda opción. Si no suceden las dos primeras posibilidades, el elector se abstiene de votar o anula su voto.

Para los expertos Vicki G. Morwitz y Carol Pluzinski, de la Universidad de Nueva York, la exposición de los votantes a las encuestas modifica las preferencias para los candidatos. Algunos estudios incluso denominan a este efecto de influencia de la opinión mayoritaria como el “efecto bandwagon” o “efecto de arrastre”.

Un sistema individual de ideas encuentra un estado de consistencia cognitiva cuando el votante promedio y el votante de las encuestas están de acuerdo. Esta coincidencia se llama error de falso consenso. Las encuestas brindan a los votantes información sobre cómo se siente el electorado acerca de quién debería ser presidente y, por lo tanto, funcionan como una restricción de la realidad en las expectativas de los votantes sobre el resultado de las elecciones. Entonces, cuando un elector se expone a esta información y se convence de que su candidato no ganará, podría cambiar de opinión para apostar por “el caballo ganador” en la competencia.  

Sin embargo, muchos votantes sobreestiman la probabilidad de victoria de su candidato preferido. Por ejemplo, según Morwitz y Pluzinski, durante la semana previa a las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992, el 68,9% de los partidarios de George Bush tenían la falsa creencia de que otros votantes compartían su apoyo a su candidato, lo que generaba un patrón de falso consenso que era lo que reflejaban las encuestas. Pero Bill Clinton ganó la elección.

Cuando los votantes están en un estado disonante o de indecisión antes de la exposición a las encuestas y cuando las encuestas confirman las expectativas sobre el resultado de la elección, muchos votantes cambian sus preferencias para ser coherentes tanto con sus expectativas como con la información de la encuesta. Es ahí donde se puede producir la manipulación.   

Cuando las encuestas se proporcionan a los votantes cuyas actitudes hacia los candidatos son cambiantes, pueden alterar sus actitudes y modificar el comportamiento de la votación. Dependiendo de la preferencia y las expectativas, Morwitz y Pluzinski aseguran que las encuestas pueden servir para reforzar las expectativas y actitudes existentes, alterar las expectativas de los votantes sobre quién ganará la elección o causar cambios en las actitudes hacia los candidatos.

¿El correísmo tiene el 25% de voto duro frente al 70% de indecisión? No lo tiene. Si se compara el 25% de preferencia con un margen de decisión de un 30%, el proporcional sería un 7,5% de “voto fiel”. Por el contrario, el 20% o el 25% que se le atribuye podría ser realmente su techo electoral si se compara esta cifra con los resultados de las más recientes elecciones municipales en Ecuador.

Los números son más categóricos que los relatos en la política. Insistir en el falso consenso de un voto duro es la estrategia de quien quiere mostrarse como ganador. ¿Funcionará esta maniobra narrativa?

El (anti)democrático Poder Judicial

Fernando Barrientos
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El (anti)democrático Poder Judicial

¿Es el Poder Judicial el antídoto contra la tiranía de las mayorías o un obstáculo de la democracia? En los últimos años en América Latina se ha asistido a un lento y a veces inadvertido proceso de control ilegítimo de las cortes supremas por parte de los presidentes, como sucedió en Venezuela, El Salvador y en Nicaragua, o reformas institucionales que facilitan la designación de jueces leales al presidente en turno como sucedió en Bolivia y en Ecuador. Lo más preocupante es que las estrategias para deslegitimar y someter al Poder Judicial se hacen en nombre de la democracia.

En México están sucediendo una serie de episodios en los cuales poco a poco se ha tratado de disminuir el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tribunal constitucional y poder de control del Legislativo y el Ejecutivo. El argumento más socorrido para atacar al Poder Judicial es que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena y sus partidos aliados fueron elegidos por una mayoría contundente, por lo cual no deberían existir obstáculos de ninguna clase para aplicar sus proyectos de gobierno independientemente de su constitucionalidad.

Los episodios de confrontación con el Poder Judicial han sobrepasado las arenas de la política institucional, han llegado a las calles y han generado virulentas reacciones en las redes sociales.

El Poder Judicial como poder contramayoritario en acción

La SCJN ha declarado inconstitucionales varias reformas legales impulsadas por López Obrador, Morena y sus partidos aliados, y es probable que lo haga con otras. En abril revocó el decreto que transfería la Guardia Nacional al Ejército, y en mayo, el que clasificaba las grandes obras del Gobierno como parte de la seguridad nacional por vulnerar el derecho de acceso a la información.

Frente a esta última, López Obrador emitió inmediatamente otro decreto con las mismas características como un desafío y desacato a la resolución de la SCJN. En mayo también intervino el conjunto de reformas, conocido como Plan B electoral, declarando inconstitucionales las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, y ha dejado en suspenso otras cuatro reformas a las leyes electorales vigentes y  ha impedido su aplicación.

Todas fueron aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados por la vía rápida, sin deliberación y violando los procedimientos parlamentarios. Dichas reformas limitaban las facultades de las autoridades electorales y reducían su estructura mediante el argumento de ahorrar recursos (y poniendo en riesgo la organización de las elecciones). Días después, el gobernador del estado de Veracruz y funcionarios de su gobierno movilizaron a cientos de personas frente al edificio de la SCJN que llevaban ataúdes con nombres de algunos ministros, incluyendo su actual presidenta, Norma Piña, como una amenaza velada de muerte.

Si bien estas resoluciones de la SCJN han estado en el centro de la atención pública en la primera mitad del 2023, otras reformas impulsadas por Morena también fueron declaradas inconstitucionales en el año 2022, como la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) o que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuviera la facultad de disponer de datos biométricos de los usuarios y darlo a conocer sin el consentimiento de los titulares, solo por mencionar.

Es probable que también se declare como inconstitucionales la votación de 18 leyes, a razón de una cada 15 minutos, que se hizo el 28 de abril de este año, por parte de senadores de Morena y sus aliados en una sede alterna, y excluyendo deliberadamente a la oposición. Ante las acciones de la SCJN, el partido de gobierno, en lugar de reponer los procedimientos de forma democrática, con deliberación y con apego a las normas, ha replicado las descalificaciones del presidente y ha propuesto iniciativas de ley para que los miembros de la SCJN sean electos de manera directa por la ciudadanía, con el objetivo de controlarla y neutralizarla.

Dentro de la misma SCJN se ha creado un bloque de tres ministros que casi siempre votan a favor de las iniciativas presidenciales y del partido en el poder con argumentos absurdos como asegurar que el Ejército es una institución civil porque “su jefe es el presidente de la república” o que una decisión del Congreso no puede ser revocada por el Poder Judicial, salvo violaciones graves a la Constitución porque este no es electo por la vía del voto directo de la ciudadanía. Cuando miembros del Poder Judicial se pliegan convenientemente a la política del gobierno, entonces deslegitiman la función del mismo órgano.

La fragilidad del republicanismo democrático

Pocas veces se cuestiona la función del Poder Judicial y se ponen en duda sus facultades y legitimidad. Por ello, es necesario entender que el Poder Judicial desempeña un papel político dentro del Estado y no solo es intérprete de la ley. A diferencia de los legisladores u otras figuras políticas que deben justificar frente a la ciudadanía sus acciones y sus propuestas para ser votados, los miembros de los Poderes Judiciales trabajan en la opacidad. No se accede a las instituciones de justicia, salvo procedimientos que, por lo general, la ciudadanía desconoce; mantienen un sistema de acceso a la carrera judicial sumamente discrecional y sus miembros gozan de privilegios salariales; su lenguaje es criptográfico e ininteligible; sus acciones son difíciles de observar porque carecen de la fuerza del poder político.

Si a estas consideraciones les sumamos que en América Latina en general, y en México en particular, una de las principales demandas sociales es la justa impartición de justicia, pronta y expedita, y que precisamente se carece de ello en grandes proporciones, se entiende por qué tiende a ser fácil deslegitimar a este poder con cualquier argumento por muy inverosímil que suene. Pero estas consideraciones sobre el desconocimiento de su funcionamiento o la corrupción que pueden existir en su interior no deben ser la bandera para deslegitimar su función, porque esta misma tara aplicaría a cualquier institución política.

Hace casi dos siglos, Alexis de Tocqueville señalaba que el problema de las democracias era que podían caer en la tiranía de las mayorías, una fuerza incontrolable que puede ir en contra de sus propios derechos. De allí, la necesidad del poder judicial independiente y autónomo que obtiene su legitimidad del prestigio de sus miembros y de sus decisiones fundadas en razonamientos apegados a principios, reglas y leyes.

Las democracias requieren que sus élites políticas y ciudadanía tengan comportamientos que reflejen su compromiso con la democracia. Ante los procesos de erosión democrática, las supremas cortes de justicia y sus facultades como el control constitucional de las leyes son un medio para evitar este deterioro, por lo cual, más allá de las personas, deben ser defendidas de los embates autoritarios.

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