Evo, Arce y el costo de la renovación

Fabiola Chambi
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Evo, Arce y el costo de la renovación

Cuando en 2020 Luis Arce fue elegido presidente de Bolivia, lo hizo respaldado por una sólida base social con más del 55 % de los votos, pero bajo la venia del expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Las voces opositoras y críticas anticiparon que el nuevo gobernante sería una simple extensión de su predecesor y los más moderados pusieron en duda que tuviera una agenda propia. Aunque en un principio la influencia fue evidente, desde mediados de 2022 las discordias fueron aflorando y no tardaron en convertirse en enormes grietas, a pesar de los intentos iniciales de negar la ruptura. Hoy el partido gobernante está dividido en dos facciones. El ala “arcista” o renovadora del presidente y el ala “evista” o radical del exmandatario.

La carrera electoral hacia 2025

Morales, a quien sus seguidores llaman líder indiscutible del MAS, ya cargaba con un desgaste de liderazgo tras su fracasado intento por mantenerse en el poder. Desde el exilio en Argentina, la apuesta de Morales por Arce, quien fue su ministro de Economía (desde 2006 hasta 2017 y, posteriormente, en 2019), iba más allá de elegir a un sucesor. Necesitaba bloquear a quien consideraba una amenaza real, el actual vicepresidente David Choquehuanca, que se había distanciado mucho antes.

La idea de apelar a otro representante indígena fue vista por algunos seguidores del MAS como una renovación necesaria y un indicio de que el partido trascendía a su líder histórico. Y, si bien la popularidad de Evo como líder sindical y su historia con los movimientos sociales aún le permiten aferrarse a sus ambiciones, la realidad es que no gobierna y tampoco influye en quien gobierna.

Sus vehementes pedidos para incidir en la toma de decisiones del Gobierno no son atendidos. Tampoco su círculo cercano tiene cabida en la gestión del presidente Arce. La renovación, primero como concepto y ahora en acciones tangibles, ha derribado el pedestal de Morales, quien está convencido de ser la única opción para salvar al país de la «derecha oportunista y golpista», aunque ello signifique ahondar la división de su partido.

Desde las trincheras

Evo se ha mantenido vigente en la agenda pública a través de redes sociales, medios de comunicación o directamente a través de su programa radial de los domingos, El líder de los humildes, que se emite por Radio Kawsachun Coca del Chapare, en la región central del país, donde tiene el mayor apoyo. Esta estrategia es una práctica característica de los líderes populistas. Como afirma la periodista y escritora argentina Adriana Amado, en su libro Política pop. De líderes populistas a telepresidentes, “el líder pop necesita una prensa que lo venere o lo critique, pero que jamás lo ignore, y que hable más de su imagen que de sus hechos”.

Desde allí y fiel a su estilo, el líder del MAS arremete sin reparos contra la gestión de Arce, y el escenario para sus críticas no podría ser más propicio. Narcotráfico, seguridad ciudadana, educación o economía, por todos los frentes las presiones crecen.

Sin embargo, ni arcistas ni evistas se limitan mucho en sus ataques y las incriminaciones han alcanzado a los hijos de Arce y de Morales. Y aunque el Gobierno intenta minimizar la situación, la disputa interna del partido tiene más espacio e interés que la propia gestión. Incluso, en el Parlamento, seguidores de Morales dificultan la aprobación de normativas para no favorecer a la facción de Arce.

La arremetida de Morales ha sido tal que ha acusado al Gobierno de estar involucrado directamente en actividades del narcotráfico y ha denunciado actos de espionaje. En este marco, ha planteado la necesidad de organizar ronderos, al estilo peruano, como mecanismo de autodefensa de sectores indígenas y campesinos, para controlar la presencia de extranjeros en el trópico del departamento de Cochabamba.

Arce es más cauteloso y su estrategia mediática es casi opuesta a la de Morales. El presidente evita la confrontación y se aferra al silencio, mientras que su entorno cercano ha asumido la defensa, sobre todo de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, ambas fuertemente cuestionadas por Morales, quien ha pedido (de manera directa) un cambio.

La estrategia defensiva de Arce se aferra al “exitoso” manejo económico, aunque la situación actual no es alentadora. La escasez de dólares y la sobredemanda de la divisa, el déficit comercial energético, la caída de bonos soberanos, los informes de las calificadoras de riesgo y la incertidumbre de la población ponen al mandatario en el ojo de la tormenta.

Ante este complejo contexto, el presidente ha volcado su atención a las organizaciones sociales para garantizar su apoyo y desde comienzos de 2023 se reúne semanalmente con organizaciones que desde hace poco lo han declarado, como respuesta, «líder único y presidente del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia».

¿Suicidio político?

Este distanciamiento, que se ha transformado en una pelea sin tregua, ha sido visto por parte del exvicepresidente Álvaro García Linera como un «suicido político». Estas declaraciones han generado sorpresa, ya que este ha sido un acérrimo defensor de Morales. Sin embargo, García Linera se ha mostrado crítico y cuestiona las consecuencias de esta división para el MAS.

El costo de la renovación le está pasando factura a Morales, ya que se ha puesto en juego el denominado «proceso de cambio», bandera de su política partidista desde 2006, cuando asumió por primera vez el gobierno. Pero ambos siguen inclinándose hacia la división, lo cual despierta ciertas preguntas: ¿cuál es el futuro del partido oficialista?, ¿cuál será el costo político para el país?

En medio de las disputas y ante una débil oposición que no está aprovechando el momento, es difícil predecir cómo se reconfigurará el escenario electoral boliviano con respecto a las elecciones generales de 2025.

La política del litio y el papel del Estado en Chile

Sebastián Carrasco
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La política del litio y el papel del Estado en Chile

Coautor Felipe Irarrázaval 

El 20 de abril, el presidente Gabriel Boric anunció, en cadena nacional, la nueva política del litio que —en sus palabras— guiará a Chile hacia un nuevo modelo de desarrollo. La estrategia aspirará a la creación de una empresa nacional del litio que participe en todo el proceso productivo; la colaboración con empresas privadas; el desarrollo de tecnologías e investigación para minimizar repercusiones sobre los ecosistemas y crear formas más eficientes de explotación del recurso; el fomento de la participación ciudadana con comunidades; y la elaboración de productos complejos con base en el litio.

De este modo, la nueva estrategia nacional del litio busca aprovechar la demanda global de manera estratégica, pero respetando a las comunidades locales y el medio ambiente. Buena parte de los planteamientos se solapan con la Política del Litio y Gobernanza de Salares, de la Comisión Nacional del Litio del segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), salvo la creación de la empresa nacional y el control estatal sobre las concesiones. En ese sentido, la nueva estrategia retoma esa línea, aunque profundizando en algunos aspectos, sobre todo con relación al papel del Estado.

La historia del litio en Chile ha sido de claroscuros. El Estado, dueño de las pertenencias mineras y, en algún momento, socio estratégico de las empresas, fue dando pasos al costado desde la década de los noventa con la venta de sus acciones, en primer lugar, y el establecimiento de escasos mecanismos de control e información sobre la explotación del mineral en Atacama, en segundo lugar.

Durante años, el Estado desempeñó un papel pasivo en el juego económico. La política de Bachelet en su segundo mandato (2014-2018) estableció lineamientos para dar un nuevo impulso al Estado, imponiendo nuevas reglas para las empresas, y mediante la negociación de contratos. Ello mejoró la posición del Estado frente al sector privado y logró un aumento importante en la recaudación de rentas.

No obstante, donde no se pudo avanzar de forma contundente fue en la industrialización y los distintos instrumentos de política pública que apuntaban en esta dirección, debido a la disputa entre distintos sectores (locales, nacionales e internacionales) con intereses en el llamado “oro blanco”.

En esta situación de disputa, el anuncio del gobierno de Boric fue criticado. Numerosas voces, particularmente de la oposición, han criticado la estrategia por considerarla “estatista”. Incluso, han señalado que esta estrategia nacionaliza el recurso, a pesar de que siempre ha sido de propiedad estatal y no es concesionable desde 1979.

Sin duda, la estrategia procura impulsar el papel del Estado y el control corporativo en la renegociación con las concesiones existentes. Por un lado, esto le traerá al Estado mayores rentas al participar en las utilidades derivadas de los proyectos. Y, por otro lado, posibilitará que participe en las decisiones de los proyectos, los cuales han tenido un controvertido historial de disputas en materia tributaria y ambiental.

Más allá del cuestionamiento ideológico sobre el papel del Estado, las críticas también instan a apurar el tranco en términos de explotación y exportación del litio, aprovechando las “ventajas comparativas” que tiene el país, dada la cantidad y calidad del litio en los salares y la demanda existente. Para eso, diferentes actores sugieren que no se debe perder tiempo en construir capacidades estatales, ya que desincentivaría la inversión y crearía instituciones ineficientes para hacer frente a la alta demanda global del mineral. En cambio, plantean que se debe priorizar el rol de los privados con capacidades instaladas, que podrían aumentar rápidamente las cuotas de explotación.

Si bien este argumento es discutible, cabe recordar que buena parte del rezago de Chile se debe a decisiones erráticas que tuvo la actual oposición cuando fue gobierno. Por ejemplo, a pesar de que durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se tenían antecedentes que instaban a construir una política sobre el litio, solamente se optó por licitar un nuevo contrato de operación, el cual fue revocado rápidamente, pero en medio de irregularidades escandalosas.

Posteriormente, durante el segundo gobierno de Piñera no se avanzó con los puntos definidos en la política del segundo gobierno de Bachelet y todo lo que se trató de licitar y adjudicar, como el Instituto de Tecnologías Limpias y los nuevos contratos con las empresas, tuvo (nuevamente) deficiencias procedimentales reconocidas por tribunales, lo cual generó conflictos entre los distintos actores vinculados.

Por lo tanto, durante los mandatos de Piñera no solo no intentaron construir capacidades para un sector que evidentemente se perfilaba como estratégico, sino que también mostraron serias deficiencias en cuanto a la autonomía para tomar decisiones respecto a grupos de interés.  En ese contexto, las voces que tratan de moldear la política por la premura de la demanda y acusan lentitud del Gobierno deberían tener autocrítica.

A diferencia de lo que muchos miembros del país plantean actualmente, los avances que se han logrado en cuanto a la agregación de valor (como el reciente acuerdo con BYD para la elaboración de cátodos) y los beneficios económicos (como las celebradas rentas del presente año) para Chile, se han realizado con una intervención decidida del Estado.

Pero esta intervención ha sido y será resistida. Cabe recordar que SQM, la principal empresa que explota litio en el país, durante años también fue una de las principales empresas que financiaba de manera irregular las campañas políticas. Por su parte, Albemarle tuvo distintos conflictos con el Estado por la ejecución de una cláusula del contrato para vender litio a precio preferencial, con el que se pretendía avanzar en I+D. Estas son solo algunas viñetas de lo que ha sido la dinámica de los sectores vinculados al litio.

Por lo tanto, las empresas privadas, que están volcadas al aumento de la explotación y a la acumulación de capital, por sí mismas no van a producir cambios relevantes en el modelo de producción actual del litio. El anuncio del presidente Boric, si bien aún es general, pone sobre la mesa una discusión necesaria respecto al modelo de desarrollo que necesita Chile no solo en términos económicos, sino también en relación con el papel del Estado, sus capacidades y las consideraciones socioambientales en lo económico.

Después de todo, el Estado no necesariamente tiene un peor desempeño económico que las empresas, pero sí cualquier transformación significativa del modelo de desarrollo imperante requiere un Estado con capacidades fuertes para llevarlas a cabo.

Felipe Irarrázaval es Investigador Postdoctoral y Profesor Adjunto del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la PUC e Investigador Adjunto COES. Es Geógrafo, Magíster en Ciencia Política y PhD en Geografía Humana.

El militarismo presidencial en América Latina

Fernando Barrientos
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El militarismo presidencial en América Latina

¿Por qué presidentes democráticamente electos, una vez en el poder, se apoyan en los militares para gobernar? A diferencia de lo que sucedía en el siglo XX, cuando en varios países de América Latina los militares tomaban el poder e instauraban dictaduras de diverso signo político- muchas veces apoyadas por Estados Unidos-, en el siglo XXI los militares han regresado a la escena política de la mano de presidentes democráticamente electos. En las últimas dos décadas se ha visto una militarización de diversos sectores de la administración pública en países como Bolivia, Brasil, México, Nicaragua, El Salvador y Venezuela.

Si bien constitucionalmente los militares se encargan de la seguridad del Estado, históricamente en Latinoamérica también han llevado a cabo labores sociales e intervienen ante desastres naturales. Una de las características de los procesos de democratización en la región fue establecer claramente sus funciones y alejarlos de la política. Esto, sin embargo, se ha cumplido parcialmente o directamente no se ha cumplido, sobre todo, en temas relacionados con la seguridad pública y la lucha contra el tráfico de drogas.

Pero en la actualidad, preocupa la expansión de la presencia de militares, impulsada por presidentes democráticamente electos, en tareas ajenas a sus funciones y capacidades institucionales. Esto ha provocado una mayor opacidad en la toma de decisiones de los Gobiernos, un aumento de las violaciones a los derechos humanos y una lenta politización de las nuevas generaciones de militares.

Una caracterización del militarismo

Este “militarismo presidencial” se caracteriza por sustituir a civiles por militares en el control de tareas estratégicas de la administración pública, para lo cual no tienen necesidad de mediar ni consultar formalmente a otros poderes. Además, estos regímenes favorecen a las Fuerzas Armadas con mayores presupuestos y reformas a su estructura para ampliar y fortalecer su presencia.

En estos regímenes hay, también, una instrumentalización política de las capacidades técnicas de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública en detrimento de las policías civiles. Y una última característica es que se va ampliando paulatinamente la presencia militar en la toma de decisiones de Estado que esencialmente sólo son de naturaleza civil como el control de la migración e incluso la educación y el manejo de sectores económicos estratégicos.

Los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Jair Bolsonaro en Brasil y López Obrador en México son tres ejemplos donde los militares han tenido un rol determinante en la implementación de políticas públicas. En México se les asignó la construcción de un aeropuerto, un tren y una refinería, el control de la Guardia Nacional y la operación de las aduanas entre otras tareas.

En Bolivia las Fuerzas Armadas se convirtieron en una pieza clave del proyecto del presidente Evo Morales desde su llegada al poder y sus funciones se ampliaron cuando se promulgó la Constitución de 2009 y se les asignó la tarea de “participar en el desarrollo integral del país”. Si bien nunca se alejaron de la política boliviana, su presencia fue clave para mantener el orden interno, no sin graves consecuencias, durante la crisis que derivó en el exilio momentáneo de Evo Morales.

El caso de Brasil es sui generis. En el periodo de Jair Bolsonaro, a los militares se les otorgó el control de ocho de los 22 ministerios y, si bien la mayoría eran personas retiradas de las fuerzas armadas, su incorporación fue parte de una estrategia de campaña para reforzar su discurso antipolítico ante la falta de un partido fuerte que lo apoyara. Muy diferente es el rol de las Fuerzas Armadas en El Salvador, donde los militares son la columna vertebral de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, y en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez y con Nicolás Maduro.

Los cambios de índole populista prometidos por estos “presidentes militaristas” se ven limitados por dos condiciones. En primer lugar, los déficits institucionales de los Estados enlentece los procesos de implementación de las políticas. Y, en segundo lugar, las democracias requieren que la implementación de políticas públicas se someta a procesos de evaluación y sigan procedimientos previamente establecidos que son vigilados por entes ajenos a los poderes ejecutivos.

A pesar de estas limitaciones, los militares responden constitucionalmente al mando del presidente y cuentan con recursos humanos y económicos que se pueden movilizar rápidamente.

Efectos y perspectivas

Las consecuencias de la expansión de la presencia militar en tareas civiles son graves para las sociedades ya que pone en riesgo las ya de por sí débiles democracias de la región. En Bolivia, por ejemplo, no se entendería la relativa “calma” posterior a la salida de Morales del poder sin la tutela de los militares sobre los actores políticos y en Nicaragua y Venezuela su presencia es necesaria para el sostenimiento de los regímenes.

En países como Brasil y México, las consecuencias de la presencia de las Fuerzas Armadas en ámbitos civiles son aún inciertas. La nueva presidencia de Lula implicó su pérdida de influencia en las grandes decisiones del país. Mientras que, en México, es cada vez más claro que los militares tienen un rol importante en sostener la llamada “Cuarta transformación” y empiezan a mostrar una preocupante postura con respecto a instituciones como el Congreso y el Poder Judicial.

Las Fuerzas Armadas son instituciones que pueden prescindir de los controles democráticos. No se sujetan a la justicia civil, no están obligados a rendir cuentas a los congresos y pueden ocultar información bajo la lógica de la “seguridad nacional”. Teniendo en cuenta la relativa autonomía de dicha institución, hay que prestar especial atención a estos procesos de militarización de los ámbitos civiles ya que puede llegar a condicionar el buen desarrollo de los procesos democráticos.

El Banco Mundial debe centrarse en la transición energética

Pedro Morazán
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El Banco Mundial debe centrarse en la transición energética

El Banco Mundial es uno de los cuatro pilares fundamentales del Orden Liberal Internacional surgido bajo la hegemonía de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Los otros tres son el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (WTO) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). Este último surgido como consecuencia de la crisis financiera internacional de 2008, en el marco del Grupo de las 20 economías más fuertes del mundo (G20).

Desde sus inicios, Estados Unidos ha aportado el mayor capital al Banco Mundial y tienen por ello, la voz cantante, con una proporción desmesurada de votos en el directorio de dicha institución. Esto significa que, como es común en tales casos, es el Gobierno estadounidense quien propone a la persona que habrá de dirigir el organismo multilateral. En el caso del FMI, el acuerdo de las principales potencias económicas agrupadas en el G7, era reservar a Francia el derecho escoger al director de dicha institución. Esto cambió en 2019 con la elección Kristalina Georgieva, quien se convirtió en la primera persona proveniente de una economía emergente (Bulgaria) en dirigir el FMI desde su creación en 1944.

Las cuotas de poder siempre han dependido de las cuotas de capital. Esto tuvo sentido tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la situación ha cambiado y actualmente China cuestiona, junto con otras economías emergentes, las estructuras de poder vigentes en las instituciones de Bretton Woods. Dichos cuestionamientos ya han provocado cambios que reflejan de mejor manera la nueva correlación de fuerzas en la economía global.

El Banco Mundial ya no es el actor más relevante en la dinámica de financiamiento global. Lejos están los tiempos en los que las instituciones gemelas levantaban el bastón de mando para dirigir la sinfonía de la globalización con los programas de ajuste estructural de las economías en los países de menores ingresos. Todo lo contrario, en los últimos veinte años el Banco Mundial ha tenido el combate a la pobreza como mandato central, mientras que el FMI ha asumido las tareas promover la estabilidad macroeconómica y financiera mundial con el objetivo de garantizar el crecimiento económico y no a estrangularlo, como en el pasado.

En este marco, el candidato propuesto por Joe Biden para asumir la presidencia del Banco Mundial, a partir de junio de 2023, es Ajay Banga. Banga nació en 1959 en el seno de una familia sij, en Khadki, una pequeña ciudad al suroeste de India. Es economista del St. Stephen’s College de la Universidad de Delhi y tiene un máster del Instituto Indio de Administración de Ahmedabad. Con Ajay Banga como nuevo presidente, el énfasis del Banco ya no será solamente el combate a la pobreza, los vientos vienen acompañados ahora de una brisa más sostenible.

Banga quiere combatir el cambio climático sin descuidar el combate a la pobreza. Esas son buenas noticias. Una mejor partitura, especialmente si lo comparamos con la desastrosa política de su predecesor David Malpass, quien compartía el negacionismo climático de su padrino Donald Trump, entre muchos otros disturbios ideológicos.

Banga es, evidentemente, ciudadano estadounidense. Sin embargo, su origen indio lo acerca mucho a los dilemas del Sur Global. Quizá por ello, su candidatura obtuvo el apoyo casi inmediato de India, Kenia, Ghana y Bangladesh. Y por su decidida iniciativa de hacer mucho más contra el cambio climático recibió igualmente la aceptación de Francia y Alemania en la reunión de los funcionarios financieros del Grupo de los 20, en marzo del 2023.

Desde la perspectiva de los países de menores ingresos, el objetivo es que el nuevo director logre que el Banco Mundial pueda servir como un catalizador que vincule la acción entre los gobiernos, el sector privado, los bancos multilaterales de desarrollo y la sociedad civil. No es tarea fácil, definitivamente.

Menos deudas, más financiamiento climático

Los llamados a reformar el Banco Mundial, otorgándole una mayor presencia en el financiamiento climático, no han hecho más que multiplicarse. Muchos países de ingresos bajos y medianos se están endeudando cada vez más y enfrentando costos crecientes a medida que aumentan las consecuencias del cambio climático. El reciente informe del G20, instando al Banco Mundial y a otros bancos multilaterales de desarrollo a relajar sus restricciones crediticias para que fluya más dinero a los países que lo necesitan, no es más que una muestra de ello.

Una comisión, dirigida por los economistas Nicholas Stern, Amar Bhattacharya y Vera Songwe, pidió que se impulse la inversión de forma rápida y sostenida y que se priorice la transición hacia una energía más limpia. El informe concluyó que la inversión anual de estos países en acción climática debe aumentar de inmediato y alcanzar $ 1 billón para 2025 y $ 2,4 billones para 2030. Según los autores del estudio, las inversiones anuales en acción climática del Banco Mundial y los demás bancos multilaterales de desarrollo deberán triplicarse a $ 180 mil millones para 2025.

Tanto Estados Unidos como sus socios europeos y Japón están abiertos a una reforma del Banco Mundial para adecuarlo a los nuevos tiempos. Sin embargo, la propuesta formulada por el Banco Mundial hace unos meses parece insuficiente para hacer frente a los retos que enfrenta la humanidad y el planeta.

Ya no es posible ignorar las exigencias de muchos países del Sur Global para que se alivien las deudas. Pero hasta ahora ha habido poco movimiento hacia la creación de un marco global para la reestructuración de la deuda y los procedimientos de manejo de insolvencia soberana. Los retrasos actuales son el resultado de la negativa de China a aceptar el mismo corte de deuda («haircut») que otros acreedores.

Sin embargo, hay un mínimo consenso internacional en torno a las exigencias. Una de las más importantes se refiere a que el Banco Mundial debería proporcionar más dinero para la protección del clima. Dicha exigencia adquirió mayor relevancia en la COP27 en Egipto donde se solicitó que el Banco Mundial se posicione con más fuerza para abordar los “desafíos globales”.

Para ello, es necesario renovar el modelo vigente de financiación y habrá que formular condiciones crediticias más favorables, entre otras medidas, que fomenten las inversiones en bienes públicos.

Elecciones en Paraguay: setenta años de hegemonía del Partido Colorado

Christopher Mendonça
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Elecciones en Paraguay: setenta años de hegemonía del Partido Colorado

Destacados analistas políticos sostenían que las elecciones de Paraguay en 2023 serían muy reñidas. Las encuestas de varios institutos de sondeo ponían en duda si el Partido Colorado se mantendría en el poder por otros cinco años, manteniendo una hegemonía de siete décadas, o si dejaría una ventana de oportunidad para otro grupo político. Con casi todos los votos escrutados por la autoridad electoral del país, el resultado final está definido: con una holgada victoria de más de 15 puntos porcentuales, el representante del Partido Colorado, Santiago Peña, será el gobernante de todos los paraguayos por un nuevo período presidencial.

Peña derrotó a un grupo muy heterogéneo (la Concertación Nacional), cuyo candidato era el exdiputado Efraín Alegre. Al conquistar el derecho a ocupar el Palacio López (sede de la Presidencia del país), el conservador, exministro de Economía, sella la gran capacidad de victorias nacionales de su partido. 

Uno de los principales exponentes del Partido Colorado fue el dictador Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay durante casi 35 años, lo que lo convierte en uno de los gobernantes más longevos de América Latina. A partir de 1989, cuando la democracia volvió a la vida cotidiana de Paraguay, el mismo partido ganó todas las elecciones, con excepción de la victoria del presidente Fernando Lugo, que gobernó el país entre 2008 y 2012, y fue impedido de continuar su mandato por decisión de la Legislatura Nacional.

Aunque el nuevo presidente es considerado un político sin mucha experiencia administrativa, es conocida su fuerte vinculación con el expresidente Horacio Cartes, quien gobernó el país entre 2013 y 2018, y es un nombre polémico, debido a varios escándalos políticos y económicos que empañaron su actuación. 

Ante las críticas de las últimas semanas, que podrían favorecer a sus adversarios, Peña buscó presentarse como un candidato independiente de su principal valedor. Dueño de un discurso muy conservador, el nuevo presidente enfrentará un contexto muy difícil. En los últimos años, la economía paraguaya ha presentado resultados que han generado gran preocupación en las autoridades del país. 

Por otra parte, el dirigente de derecha Payo Cubas (Cruzada Nacional) fue el candidato que superó todas las expectativas. Presentándose como un representante antisistema, fue, en algunas circunstancias, comparado con Donald Trump y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Con el 23% de los votos válidos, el candidato dio la voz de alarma de que la derecha no está asfixiada en América Latina y de que hay posibilidades de que este impulse la polarización política en el país en los próximos años.

Además, hay dos puntos muy relevantes en la política exterior de Paraguay que serán claves para el nuevo presidente. El primero se refiere a la reconfiguración del tratado, que fue firmado en 1973 entre Brasil y Paraguay sobre la Central de Itaipú. Peña tendrá que negociar nuevos términos del acuerdo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue uno de los primeros en felicitar al candidato electo por su victoria.

El segundo punto es que Paraguay es el único país de Suramérica que legitima las demandas de Taiwán, lo que lo ubica en contra de la dominación de China en la isla. Con Peña, esta decisión debería mantenerse, pero dificultaría potencialmente los flujos comerciales de China con los paraguayos y otros socios comerciales.

Paraguay es signatario del Tratado Constitutivo del Mercosur (el Tratado de Asunción) y negocia colectivamente una serie de acuerdos comerciales extrabloque con Brasil, Uruguay y Argentina. Aunque Peña no es un crítico de la asociación que dura más de 30 años, las proyecciones del bloque pueden variar dependiendo de los lineamientos que establezca el nuevo gobierno.

Argentina baila al borde del abismo

Santiago Leiras
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Argentina baila al borde del abismo

Entendemos como antipolítica todo relato ideológico y herramienta interpretativa articulada que apunta a argumentar, por una parte, la prescindibilidad de estructuras como los partidos políticos y el Parlamento y, por otra parte, la centralidad de la racionalidad técnica en detrimento de la racionalidad política tanto desde el punto de vista simbólico como desde las prácticas de gestión pública.

El surgimiento de la figura de Javier Milei en la Argentina, como expresión de un fenómeno de rechazo de la política tradicional, no es cosa nueva en el país. Si en el año 2001 la protesta contra el sistema político tuvo expresión a través de la introducción de objetos como rodajas de jamón o boletas con la figura de populares personajes como el de Clemente (“un muñeco sin manos no va a robar”, era la frase más escuchada en 2001), el equivalente en 2023 parece ser Milei, el candidato por la agrupación La Libertad Avanza. La diferencia es que el dirigente libertario aparece hoy como una opción competitiva con respecto a los comicios presidenciales de octubre.

¿Qué explica el ascenso de Javier Milei?

El ascenso del dirigente de La Libertad Avanza podría explicarse por tres factores fundamentales. El primero está relacionado con el contexto regional; el segundo, con la crisis de mediana edad que atraviesa la democracia argentina y, el tercero, con el carácter frecuentemente sorpresivo que ha caracterizado a la política argentina desde 1983.

Con respecto al primer factor, la región ha sido un verdadero campo de prueba para el surgimiento de líderes antipolíticos con diferentes niveles de éxito electoral. Desde los que llegaron al poder como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o Pedro Castillo en Perú, hasta candidatos muy competitivos que quedaron fuera por escasa diferencia en la segunda vuelta como Rodolfo Hernández en Colombia o José Antonio Kast en Chile.

En relación con el segundo factor, el largo ciclo de 40 años de democracia nos enfrenta a un muy modesto balance en materia de satisfacción de las expectativas sociales. Este ha sido un proceso de escasos logros (una democracia resiliente y un crecimiento de la agenda en materia de derechos civiles de diferente generación) y muchas frustraciones en relación con el incumplimiento de múltiples demandas. No se han cumplido las esperanzas que despertaba aquel lema tan presente en la campaña de Raúl Alfonsín de 1983: “Con la democracia se come, se cura y se educa”.

El resultado, tras estas cuatro décadas, es un Estado con fuertes limitaciones a la hora de proveer toda clase de bienes públicos esenciales como la salud, la seguridad pública, la educación o la justicia tanto en el ámbito nacional como en el subnacional y municipal. A pesar de esto, el discurso oficial intenta destacar la idea de un Estado presente, lo cual demuestra un claro desfase entre el relato oficial y la realidad cotidiana de los ciudadanos.

El tercer factor que explica el ascenso de Milei es la amplia experiencia que tiene el país en cuanto al surgimiento de actores políticos, no detectados por el radar de la política tradicional, que rápidamente lograron convertirse en referentes políticos nacionales.

A principios de la transición democrática, a partir de la debacle de Malvinas en 1982, Raúl Alfonsín era un desconocido líder de la Unión Cívica Radical y, apenas un año más tarde, se convirtió en el nuevo presidente de los argentinos. Luego, en 1988, un dirigente periférico del Partido Justicialista, Carlos Menem, derrotó al “candidato natural” de la agrupación, Antonio Cafiero, y empezó su ascendente camino hacia la Presidencia entre 1989 y 1999. Lo mismo podríamos decir de Néstor Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández como ejemplo de la rica tradición de “tapados” de la política argentina. Las excepciones han sido Fernando de la Rúa y Cristina Fernández.

¿Quién será el próximo tapado? ¿Argentina está ante el futuro Lionel Scaloni de la política nacional o frente a una nueva frustración colectiva?

¿Se viene el lobo?

Argentina se encuentra frente a un dilema de difícil resolución. Por un lado, el de una clase política que, incapaz de resolver los múltiples problemas de la agenda pública, termina formando parte o, al menos, es percibida como parte del problema. Por otro lado, el de una política amateur de solución rápida y eslogan fácil que, conectando con la ira y el desencanto de buena parte de la población, se convierte en un problema potencialmente mayor.

El 5 de marzo pasado se cumplieron diez años de la muerte de Hugo Chávez. Esto debe servirnos para recordar lo que sucede cuando la política baila al borde del abismo. En Argentina, el líder disruptivo puede estar a la vuelta de la esquina.

El domingo, Paraguay decide

Camilo Filártiga
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El domingo, Paraguay decide

El próximo domingo 30 de abril se celebran las octavas elecciones generales de Paraguay desde que en 1989 se pusiera fin al régimen autoritario de Alfredo Stroessner. Si bien se presentan 13 duplas a la Presidencia y vicepresidencia, la oficialista, del Partido Colorado, que está conformada por Santiago Peña y Pedro Alliana, y la de la Concertación Nacional para un nuevo Paraguay, liderada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, son las que tienen mayores probabilidades.

Las encuestas locales, sobre las cuales reina un manto de duda y desconfianza por su falta de rigor metodológico, indican en su mayoría una victoria clara a favor del candidato colorado Peña de entre el 10% y el 13%. Solo una de estas da como triunfador al líder de la Concertación Nacional por un margen estrecho que ronda el 4%. Por otro lado, la encuesta internacional Atlas Latinoamérica indica un triunfo del candidato de la Concertación por un escaso margen del 2%. En lo que sí coinciden todas, las locales y Atlas, es en los niveles favorables de intención de voto hacia el candidato antisistema Paraguayo “Payo” Cubas.

Las encuestas de las últimas semanas posicionan a Payo Cubas, del Partido Cruzada Nacional, en niveles de ascenso sorprendentes que rondan el 23% de intención de voto. Este ex congresista de perfil disruptivo, expulsado del Senado en este período por inconducta, se define a sí mismo como “anarquista romántico” y ha atraído con ideas populistas y autoritarias a un sector del electorado que está harto de la política (y los políticos) tradicionales. Le juega en contra el hecho de no contar con estructura política a escala nacional y tampoco con equipo suficiente como para cubrir las mesas de votación.

Otras candidaturas como las encabezadas por Euclides Acevedo, del Movimiento Nueva República, y el exfutbolista y ultraderechista José Luis Chilavert, tienen poco protagonismo y escasas chances, según todas las encuestas.

Estas nuevas elecciones serán atípicas, debido a los siguientes factores. El primero es el señalamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos a Hugo Velázquez y a Horacio Cartes (vicepresidente actual, y expresidente de la república y presidente actual del Partido Colorado, respectivamente) por corrupción y la imposición de sanciones económicas.

El segundo aspecto es la reforma electoral que ha implicado la incorporación del voto preferencial y el uso de máquinas electrónicas de votación que serán empleadas por primera vez en unas elecciones generales en el país.

Por último, el surgimiento de la figura de la Concertación como espacio político novedoso, distinto a las tradicionales alianzas electorales. Este espacio nuclea a 23 partidos y a 2 movimientos políticos de oposición, por lo que tiene un carácter plural y heterogéneo.

¿Qué está en juego?

Alternancia o continuidad son las opciones que se presentan al electorado paraguayo. La Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado ejerce el poder desde 1948, con una breve interrupción de 5 años entre el 2008 y el 2013, cuando el exobispo Fernando Lugo lideró una alianza de partidos de oposición que derrotó al Partido Colorado. El mandato de Lugo fue interrumpido a escasos meses de que concluyera y terminó el ciclo su vicepresidente, el liberal  Federico Franco.

A partir del 2013, la ANR retomó el poder con Horacio Cartes y luego con Mario Abdo Benítez. En ambos casos hay un denominador común: tanto Cartes como Benítez derrotaron a Efraín Alegre, hoy candidato, por tercera vez, de la oposición paraguaya. En esta oportunidad, Alegre ha logrado nuclear a, prácticamente, toda la oposición paraguaya, y su partido, el Liberal Radical Auténtico (PLRA), es el socio principal y organización mayoritaria de la oposición.

Alegre es un histórico político del PLRA que cuenta con una vasta trayectoria política. Ha sido diputado, senador, exministro de Obras Públicas, presidente partidario y candidato a la Presidencia de la república en dos oportunidades. Lo acompaña como vicepresidenta Soledad Núñez, ingeniera civil, exministra de la Vivienda, del gobierno de Cartes, y reconocida por su trayectoria en organizaciones de la sociedad civil y como emprendedora.

El Partido Colorado, por su parte, buscará la continuidad en el poder mediante la candidatura de Santiago Peña. Peña fue ministro de Hacienda del gobierno de Cartes, dejó el PLRA en 2016, al cual estaba afiliado, para poder continuar como ministro ante una exigencia de la junta de gobierno del Partido Colorado de que todos los ministros fuesen colorados. Pedro Alliana, expresidente del partido y de la Cámara de Diputados, es quien acompaña a Peña como vicepresidente.

En este marco, la campaña electoral se ha caracterizado por un entusiasmo moderado de la ciudadanía y las limitaciones del Partido Colorado para gastos de campaña, producto de las sanciones económicas impuestas por el Departamento de Estado. Esto no ha evitado la violencia política de los discursos, sobre todo en redes sociales, y la proliferación de informaciones falsas, denuncias de todo tipo y campañas que pretendieron distraer la atención de la ciudadanía para confundirla.

Sin embargo, la Concertación ganó protagonismo con la presentación pública de un paquete de propuestas de contenido social en materia energética, de salud, empleo y seguridad, entre otras, que llamaron la atención de la opinión pública. Peña enfatizó en cuanto al empleo, y prometió la generación de 500.000 puestos de trabajo.

A diferencia de otros casos en la región, el clivaje de estas elecciones no ha sido ideológico, sino más bien de oposición de modelos de país y apelaciones simbólicas al cambio o la continuidad. “La patria o la mafia” ha sido el eslogan escogido por Alegre para marcar diferencia con sus oponentes políticos del Partido Colorado y, más específicamente, del movimiento Honor Colorado, al que pertenece Peña y que lidera Cartes.

La gobernabilidad, la necesidad de convocar a un acuerdo político amplio para impulsar las  reformas de fondo que el país necesita y el fortalecimiento de la institucionalidad exigen, de quien resulte electo, una gran habilidad política para dirigir este proceso histórico.

El domingo 30 de abril el electorado paraguayo tomará la decisión.

Incompetencia para ejercer política

Manuel Alcántara
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Incompetencia para ejercer política

Ecuador y Perú son posiblemente los dos países latinoamericanos que atraviesan hoy el momento más delicado en cuanto a democracia se refiere. Mientras el primero se encuentra inmerso en un proceso de juicio político en contra del presidente, el segundo languidece tras la crisis política de diciembre de 2022, que llevó al mandatario al encarcelamiento. Dos países, por otra parte, que desde 1985 acumulan, de manera respectiva, siete y cuatro interrupciones en el mandato presidencial, y cuyo índice de democracia, que fue elaborado hace poco por The Economist Intelligence Unit, presenta el peor valor de la serie que empezó en 2006.

La academia centra las explicaciones del éxito o, en estos casos, del fracaso de la política, en hechos que ocurren en tres tipos de ámbitos. El primero se relaciona con asuntos que están vinculados con el diseño institucional. Aquí la forma de gobierno, presidencialista o parlamentaria, con sus diferentes matices, tiene mucho que ver, sin olvidar aspectos que están relacionados con los niveles de descentralización o con la legislación electoral y partidista existente. El segundo se refiere a la capacidad que la política tiene de afrontar (y de resolver) problemas que la gente considera perentorios. Por último, existen condicionantes de naturaleza estructural en el marco societal y cultural que pueden dificultar el ejercicio de la política por la profunda carga de desigualdad que acarrean históricamente.

Sin embargo, hay cierta negligencia al tener presente el carácter explicativo que las personas, que ejercen puestos de responsabilidad en la conducción de la política, tienen sobre la calidad del quehacer de esta. La dimensión que supone la competencia como pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo queda ignorada por el carácter todopoderoso, legitimador, que tienen las elecciones. La persona elegida recibe, sin más, el mandato irrestricto de las urnas para llevar a cabo la propuesta que hizo al electorado.

Los presidentes electos en Ecuador y Perú en 2021, Guillermo Lasso y Pedro Castillo, respectivamente, constituyen dos buenos casos de estudio, si se sigue la senda esbozada por Plutarco en Vidas paralelas. Castillo perdió el poder y sumió al país en una seria crisis política, y Lasso puede perderlo en las próximas semanas, bien porque avance el juicio político en su contra, bien porque convoque elecciones anticipadas. Pero también ha conducido al país a un indudable escenario de descomposición.

Ambos parten de una condición política opuesta. Asimismo, su perfil individual es muy diferente en cuanto a su trayectoria personal y al contexto en el que iniciaron su andadura. No obstante, un factor no siempre recogido en el análisis político, aunque sí en ambos casos por la crónica periodística, los une: la incompetencia.

Resulta chocante que al tratar de entender las razones de un fracaso se ponga el acento exclusivamente en factores de orden organizacional o procedimental, con lo que se dejan de lado los que están relacionados con los que atañen a la persona que lideró la acción. La experiencia, el conocimiento, las habilidades comunicacionales, la empatía, el carácter, la integridad, la salud suponen un hilo de elementos que configuran a quienes van a asumir la responsabilidad del mando en la esfera pública.

Todo ello establece un conjunto de habilidades y de conocimiento. Son componentes que se requieren en cualquier profesión, entendida como una tarea a la que se dedica tiempo y esfuerzo con una remuneración como contrapartida y que en el ámbito de la política supone, además, el manejo del poder con una determinada finalidad.

Nikki Haley, nacida en 1972, exgobernadora republicana de Carolina del Sur y embajadora ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Donald Trump, ha propuesto recientemente que los políticos deberían someterse a pruebas de competencia mental y cognitiva desde que cumplan los 75 años. Si bien su idea tiene un claro componente militante en contra del presidente Joe Biden, así como por el hecho de que ella misma está compitiendo en este momento con Trump para la nominación presidencial republicana de 2024, no deja de constituir un mecanismo notable, aunque muy limitado y paradójico.

La relevancia reside en entender que existe la necesidad de que los políticos se sometan a cierto tipo de exámenes que evalúen su nivel de capacitación para el cargo, pero ¿por qué ligarlos a la edad? ¿Solo esta influye en la competencia mental y cognitiva? El despropósito permanente en la acción de Gobierno al faltar cualquier plan al respecto, la incapacidad de argumentar de modo coherente en público durante un breve lapso, el desconocimiento de asuntos notorios, esenciales, del día a día, la falta de sensibilidad ante el sufrimiento y la ausencia de valores permean manifiestamente el comportamiento de parte de la clase política sin que nadie pareciera objetar nada, y suponiendo únicamente argumentos para justificar la desconfianza y el descrédito.

El credo democrático auspicia que cualquiera, con la sola limitación de la mayoría de edad y la no interdicción por decisión judicial, puede presentarse a una elección. Sin embargo, pareciera que la satisfacción de la responsabilidad inherente al ejercicio del poder requiriese de un freno ante la incompetencia.

El problema, no obstante, radica al constituir tanto los parámetros que la definen, en la línea de los elementos antes enunciados, como la agencia independiente que pudiera determinarla. Ello no debe ser impedimento para que la incompetencia de Pedro Castillo y de Guillermo Lasso, así como de otras personas que integran la clase política, sea un asunto que la sociedad abierta tenga que abordar sin demora.

La amenaza del autoritarismo pasajero

Sebastián Godínez Rivera
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La amenaza del autoritarismo pasajero

En los últimos años se han publicado libros como El ocaso de la democracia, de Anne Applebaum; Cómo mueren las democracias, de Ziblatt y Levitsky; Yo, el pueblo, de Urbinati, o Vida y muerte de la democracia, de Keane. Sin duda, el subcontinente y el mundo viven un momento de erosión democrática, y mucho se ha escrito sobre estos regímenes y sus líderes populistas. Pero, a diferencia del siglo pasado, estos líderes ya no llegan al poder por las armas, sino a través de elecciones y desde ahí comienzan a moldear la institucionalidad y debilitar la estructura del Estado.

La seducción electoral

El ascenso de los nuevos autoritarismos por la vía electoral implica que amplios sectores de la sociedad se sienten atraídos por sus posturas, discursos o, incluso, se identifican con estos personajes. La pregunta entonces es: ¿por qué después de 25 años de democracia, muchas sociedades latinoamericanas han optado por candidaturas antidemocráticas?

Las personas que simpatizan con un proyecto lo hacen porque se sienten parte de él e incluso el populista les hace sentir que él mismo proviene de ese pueblo lastimado. Por lo tanto, hay un sentimiento de empatía entre ambos. La seducción de cierta parte de la población ante una retórica que promete acabar con sus problemas y hacerlos partícipes de las decisiones tiene un efecto atractivo, a diferencia de la contraposición de propuestas característico de la democracia.

La nostalgia y el autoritarismo

En las sociedades modernas se están presentando crisis institucionales y sociales, que son el caldo de cultivo perfecto para que amplios sectores de la población se sientan atraídos por los liderazgos populistas. La especialista Anne Applebaum afirma que esta atracción surge porque grandes sectores de la población anhelan el pasado de sus naciones o por un resentimiento contra la clase política que no logra combatir sus problemas de seguridad, pobreza y desigualdad. Por lo tanto, estos sectores son más propensos a votar por propuestas populistas.

Pero el populismo no actúa por sí solo, sino que utiliza un arma poderosa: la desinformación. Ejemplo de esto hay muchos, pero uno de los más recientes fue la toma del Capitolio de Estados Unidos, producto del fanatismo hacia Donald Trump. A ello hay que sumar la retórica sobre el fraude electoral, que fue difundido por diferentes canales de comunicación, y que se materializó en imágenes violentas nunca antes vistas en ese país.

El resultado es una población con vastos sectores atraídos por perfiles populistas y autoritarios novedosos para la ciencia política. No obstante, este fenómeno existe desde la democracia romana, el populismo tiene varias expresiones y ejemplos en la Historia, desde el nazismo y el fascismo en Europa, hasta el primer peronismo en Argentina, el nacionalismo revolucionario en México o el varguismo en Brasil. La similitud es que todos se sostenían en un líder carismático y en un discurso antisistema.

El populismo en América

En estos últimos años hay dos países que han brindado imágenes al mundo de lo que el populismo y el fanatismo pueden causar. Uno es la ya mencionada toma del Capitolio de Estados Unidos en 2021. El segundo caso fue la toma de los edificios de los tres poderes de Brasil por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro. El hecho ocurrió a cinco días de que Luiz Inácio da Silva asumiera como presidente.

La experiencia de Brasil tiene raíces en la posición del expresidente Bolsonaro, que, si bien no llamó a una insurrección, la alentó con su silencio tras la derrota en la segunda vuelta del 30 de octubre de 2022. Sus seguidores pedían la entrada de las Fuerzas Armadas para evitar lo que llaman el socialismo del siglo XXI y por medio del argumento de que hubo un fraude durante la jornada electoral. Estos actos se extendieron a través de la toma de carreteras y marchas por parte de los fanáticos que se sentían en la obligación de defender a su líder.

¿La fe mueve países?

Por momentos, la política y las instituciones se desgastan y erosionan, y esto es parte de las transiciones que viven los países. Y ante el descrédito de los partidos, candidatos y Gobiernos, los candidatos outsiders surgen como un rayo de esperanza para dilatados sectores de la población que se siente comprendida.

Sin embargo, cuando estos líderes alcanzan el poder muestran un perfil religioso que se basa en la confianza ciega hacia su persona para poder, así, justificar la concentración de poder, el debilitamiento de la ley y la erosión democrática. Por suerte, la política no responde a patrones establecidos, sino a los inputs y outputs de los contextos nacionales y los fenómenos que se presentan. Por eso, si bien el populismo puede debilitar la institucionalidad de la democracia, no prevalecerá sobre esta.

Unasur: segundas partes nunca fueron buenas

Fernando Pedrosa
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Unasur: segundas partes nunca fueron buenas

Hay una máxima muy difundida entre periodistas y entrenadores deportivos: «equipo que gana, no se toca». La idea detrás de la frase es muy básica: ¿para qué modificar un mismo grupo de jugadores o una táctica si con ella se han obtenido buenos resultados? La idea suena tan razonable que el mundo de la política también quiere aplicarla.

En su tercera experiencia presidencial, Lula ha adoptado este lema como un mantra. Y, por lo menos en lo referido a la política exterior, ha comenzado a reconstruir el camino de sus anteriores mandatos. Si bien el cuerpo técnico ha cambiado (porque ya no está Marco Aurelio García), la estrategia sigue siendo la misma que impulsó el excanciller Celso Amorim. Los resultados de esa continuidad no tardaron en verse, y ahí está Brasil reviviendo su posicionamiento geopolítico en torno al bloque conocido como BRICS, que integra junto a Rusia, India, China y Sudáfrica.

¿Nueva estrategia?

Lo llamativo de la estrategia brasileña es que vuelve a confirmar jugadores que no trajeron muy buenos resultados en la temporada anterior. De hecho, Lula ha designado a Dilma Rousseff al mando del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, con sede en Shanghái, China, a donde el líder del Partido de los Trabajadores viajó presuroso antes de cumplir sus 100 días como primer mandatario.

Lula repite el esquema de juego. Por lo pronto, el legado de autoritarismo que la izquierda del siglo XXI regó en América Latina no parece motivo suficiente para que el político brasileño ofrezca algún tipo de autocrítica al respecto. El mensaje es claro: si Lula no cambia, es porque evalúa que su estrategia pasada no salió tan mal. Y en esto, posiblemente, no se equivoque, ya que aquellos fueron los años dorados de su liderazgo y prestigio regional.

La nueva temporada de Unasur

Mientras refuerza los vínculos con China, y en el contexto de las desafortunadas declaraciones sobre Rusia y la guerra con Ucrania, Lula recuperó otra pieza del viejo equipo con el que gestionó su política exterior entre 2003 y 2010: la Unión de Naciones Suramericanas, mejor conocida por sus siglas Unasur.

Esta organización tuvo un rol clave en la política petista (PT) de entonces, que se puede graficar en la metáfora del «bombero pirómano». Es decir, mientras alentaba y protegía a Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, se presentaba a nivel global como quien podía contenerlos en las líneas rojas que preocupaban a las grandes ligas internacionales. Para Estados Unidos eso fue suficiente en una región que hace tiempo no aparece en los primeros puestos de su interés geopolítico. En cambio, para los ciudadanos latinoamericanos que sufrieron el esplendor de los líderes bolivarianos, los resultados fueron desastrosos en el deterioro democrático, la calidad de vida y la vigencia de los derechos humanos.

A pesar de esto, uno de los puntos fuertes que legitimó la existencia de la Unasur fue la batería de conferencias, artículos y libros elaborados por especialistas, internacionalistas y demás académicos. El soft power intelectual legitimó a la Unasur adjudicándole un éxito que nunca se materializó ni se observó en la realidad. Esto no es de extrañar, ya que la izquierda autoritaria ha mostrado más habilidad en mejorar la calidad de vida de sus intelectuales y organizaciones de expertos que en mejorar la del resto de la población.

Unasur: ¿éxito o fracaso?

La vuelta de la Unasur fue recibida con algarabía por los viejos accionistas que continuaban integrándola: Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela. Pero, además, fue aclamada por los nuevos líderes de la izquierda regional: Gustavo Petro y Gabriel Boric. También por el peronista Alberto Fernández, quien además ve con interés la oportunidad laboral que se abre en la secretaría general, reservada para un expresidente, ya que a fines de 2023 perderá su actual trabajo.

A diferencia de otros espacios latinoamericanos, la Unasur no pretende funcionar como un organismo de integración regional clásico, sino que privilegia la cooperación política, donde las coincidencias ideológicas cumplen un rol clave. La Unasur es parte central de una estrategia que se sostiene en un entramado de redes de organizaciones internacionales y trasnacionales que toman la forma de constantes reuniones, encuentros y cumbres.

Estos eventos son de diferentes niveles: gubernamentales y no gubernamentales, presidenciales, ministeriales, de expresidentes, partidarios, de especialistas, ideológicos, bilaterales o multilaterales. Desde la Unesco hasta el Foro de San Pablo, pasando por la Celac o las asambleas de Clacso. De hecho, el anuncio de la vuelta de Argentina a la Unasur se realizó en el marco de una reunión del Grupo de Puebla y del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia.

Estos espacios colectivos —y sus reuniones permanentes— aportan a la difusión de un activo nacionalismo patriagrandista, muy afecto al autoritarismo iliberal latinoamericano. Además, muestra a los líderes en permanente actividad y ayuda a consolidar sus discursos y proyectos nacionales. Sobre todo, permite mantener bajo control, incluso aislar, a quienes en esos niveles no integran el colectivo de la izquierda populista o se atreven a impugnarlo.

El papel de la Unasur 2.0

La Unasur adquiere un lugar importante entre las redes trasnacionales de cooperación por otros dos motivos poco resaltados hasta el momento. Primero, porque tiene un pasado de intervención directa en los asuntos nacionales para socorrer a sus integrantes en problemas. Esto se vio en la legitimación de las fraudulentas elecciones venezolanas de 2013, la amplificación de crisis menores en Ecuador para beneficiar al proyecto autoritario de Rafael Correa, la participación en la disputa del Gobierno de Santa Cruz de la Sierra con Evo Morales, o en el conflicto de Colombia con las FARC, entre otros.

En segundo lugar, porque es el primero de los espacios internacionales latinoamericanos que realza la cuestión de la defensa y la seguridad regional a través de su Consejo de Defensa Sudamericano. Ninguna otra organización ha puesto al mismo tiempo énfasis en la condición ideológica de sus presidentes y en la coordinación de las fuerzas armadas que ellos dirigen.

Lula mantiene la formación de su equipo y las estrategias implementadas a partir de 2003, pero el mundo de hoy cambió radicalmente respecto al de inicios del siglo XXI. La posibilidad de abrirle las puertas de la Unasur —como ya pasó con la Celac— a China y a Rusia los habilitará a jugar en un campo hasta ahora vedado. Así, podrían intervenir en la política nacional de los países sudamericanos con inédita legitimidad.

A pesar de tanto entusiasmo construido artificialmente, la Unasur dejó de existir sin pena ni gloria cuando un par de países que la integraban decidieron suspender su financiamiento. Finalmente, no había mucho más que un relato bien elaborado, pero eso es, justamente, lo que hoy le permite resurgir y convertirse en una potencial amenaza para la libertad de la región. La Unasur es un gigante con pies de barro.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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