Los cargos anunciados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en tres distritos federales en contra de la fracción de Los Chapitos (hijos del Chapo Guzmán), del Cártel de Sinaloa, por la producción y distribución de fentanilo en las ciudades estadounidenses, ha sido contundente. Es una política de Estado en territorio ajeno. Así lo expresó el fiscal general, Merrick Garland, desde la mismísima Casa Blanca, al señalar a 28 personas que estarían involucradas en el trasiego de esta droga sintética.
Este posicionamiento ha llevado a dos lecturas en México. Una, que está vinculada con el futuro de la política del Gobierno obradorista de “abrazos, no balazos”. Y, la otra, que es el primer paso en la ruta estadounidense en contra de la narcopolítica mexicana.
La política de “abrazos, no balazos” en materia de lucha contra el crimen organizado, más allá de la mofa que ha provocado en los círculos políticos de Washington, está cercada y no parece tener futuro. Y es que la producción y distribución de fentanilo está causando miles de muertes de consumidores de Estados Unidos y ha activado las alarmas políticas hasta convertirse en parte medular del debate público.
En Estados Unidos, los líderes del Partido Republicano se han pronunciado por que se reconozca a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, lo que ha sido rechazado por la mayoría de los representantes demócratas por lo que implicaría en materia de seguridad y soberanía nacional. Sin embargo, la postura demócrata no significa afinidad con la visión del oficialismo mexicano y menos en un año electoral en el que el juego de suma cero se impone en aquellos temas que rentabilizan votos.
Esto explica la postura del gobierno de Joe Biden en cuanto al fentanilo, un asunto socialmente muy delicado que exige decisiones duras en el combate contra su producción y distribución. Esto pone en entredicho la política sostenida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha sido interpretada en algunos círculos políticos y mediáticos norteamericanos como de complicidad con las organizaciones criminales.
La búsqueda de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán en territorio mexicano seguramente no quedará a la espera de una traición dentro del Cártel de Sinaloa a cambio de los 10 millones de dólares que se ofrecen por cada uno. Lo que probablemente habría detrás de lo que suceda sería la colaboración binacional, incluyendo operaciones encubiertas de las agencias de seguridad estadounidenses.
Por ello, llama la atención la postura del Gobierno mexicano y las palabras de López Obrador, quien, ante la infiltración norteamericana en el Cártel de Sinaloa, ha dicho que se trata de una “intromisión abusiva”, lesiva para la soberanía nacional. Esto, sin duda, afectará la cooperación binacional en materia de lucha contra el trasiego de fentanilo hacia los Estados Unidos y, de hecho, esta semana se volvió a mencionar en medios estadounidenses que México es un narco-Estado.
Aunque el canciller de México, Marcelo Ebrard, aporte cifras de logros “sin precedentes” en la lucha contra la epidemia del fentanilo, lo cierto es que a las autoridades norteamericanas estos resultados no les convencen y lo que tienen en el imaginario es la política permisiva de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador.
La tensión entre los Gobiernos no significa, al menos de momento, que se vaya a avanzar mucho más allá del intento de recortar la producción y distribución de fentanilo y, en este sentido, es una torpeza del propio Gobierno negar que en México no se produce la droga, cuando los propios datos del canciller demuestran lo contrario.
De momento, las autoridades estadounidenses han sido cuidadosas de no mezclar a los empresarios de la droga con los viejos y nuevos políticos. Esto quedó en evidencia en el juicio de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad durante el mandato de Felipe Calderón, cuando el juez Brian Cogan rechazó que se implicara a políticos mexicanos.
Por lo tanto, no hay motivos para pensar que el Gobierno estadounidense esté buscando algo más con la lucha contra Los Chapitos. Por lo tanto, aparentemente se conservaría el statu quo y se mantendría la calma de los gobernantes que recibieron favores de esta fracción criminal durante los comicios de 2021 y que podrían estar alistándose para influir en la decisión del voto en los comicios estatales de este año.
En definitiva, el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA es una sacudida para el Gobierno mexicano, pues, a su juicio, no es suficiente su capacidad para atender un problema creciente para la sociedad norteamericana. Sin embargo, de momento parece que esto no afectaría la coyuntura electoral con respecto a otoño, cuando estará en juego la nominación del candidato oficialista mexicano y el nuevo presidente de los vecinos norteamericanos.
Un video podría mostrar a un periodista a pie de calle preguntando al presidente de Chile, Gabriel Boric, por los personajes políticos que más lo han influido y este, sin dudar, respondería: “Mao y la revolución china. Punto”. Otro video podría mostrar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina diaria anunciando que, debido al éxito de la recuperación del control gubernamental del petróleo y de la luz, se expropiarán los bancos extranjeros. Y otro podría mostrar a Joe Biden sentado en su escritorio de la oficina oval de la Casa Blanca anunciando la criminalización de la migración latinoamericana como parte de su plataforma de campaña electoral.
Ninguno de estos videos existe, pero de haberse hallado y de haber sido reproducidos en los reels y las historias que se viralizan por las redes sociales, no hubiésemos desconfiado de su existencia. ¿Por qué habríamos de dudarlo? Porque si existieran, lo más probable es que fuesen deepfakes, es decir, videos creados a partir de diferentes herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que pueden hacer decir a quien sea lo que sea.
Estas herramientas tecnológicas, que nos permiten crear videos innovadores para educación o publicidad, también pueden acarrear inestabilidad política y acrecentar el clima de polarización de nuestras sociedades actuales. La complejidad de los deepfakes es tal que los dos casos más representativos son contradictorios.
Durante todo el 2018 el presidente de Gabón, Ali Bongo, no apareció en público. Los rumores sobre el padecimiento de una grave enfermedad, o incluso sobre su muerte, iban en aumento. Para detenerlos, hacia fin de año el presidente apareció en un video en el que deseó un “feliz año” a los gaboneses. El video era real, pero sus opositores asumieron que era falso e intentaron un golpe de Estado.
Este año, la televisión estatal de Venezuela difundió un video en el que un conductor de una supuesta agencia de noticias, House of News, relataba el buen estado de salud de la economía venezolana. Más tarde se demostró que los videos eran deepfakes, es decir, clips creados por el Gobierno venezolano y distribuidos con la intención de viralizar la “buena noticia”.
A pesar de sus diferencias, ambos casos nos muestran que los deepfakes abren un nuevo campo de problemas sociales porque nos llevan a cuestionar el criterio de verdad de nuestra sociedad actual: la imagen.
Mientras una noticia falsa puede reconocerse, por ejemplo, por su descuidada redacción o por la falta de referencias confiables, un deepfake se construye con base en elementos visuales que le otorgan la verosimilitud necesaria para hacernos creer que aquello que estamos viendo es real. Aspectos tan familiares como la oficina presidencial o una conferencia matutina son el vehículo adecuado para que un deepfake imponga una mentira, pues la imagen deja fuera de toda duda el contenido del mensaje.
A partir del lenguaje audiovisual, el deepfake busca posicionar en la esfera mediática un tema que sea benéfico o perjudicial para determinado individuo o grupo. Al vaciar de veracidad a la propia imagen, se producen infinidad de impactos que pueden generar divisiones y prejuicios sociales e incrementar la polarización.
A su vez, la manipulación digital permite que los dichos y hechos reales puedan ser negados por sus autores o por cualquier otra persona, ya sea porque su autor juega la carta de la manipulación, es decir, apela a que tal video o imagen es un deepfake creado para perjudicarlo o, quizá peor, porque cambia su postura frente a un hecho, esto es, acepta su autoría inicialmente y, tiempo después, argumenta que era un deepfake.
Por lo tanto, los deepfakes envuelven la comunicación digital en una duda mediática que sitúa a las audiencias en el peor escenario: cualquier video, imagen, audio debe ser puesto en tela de juicio. El régimen de verdad legitimado por la imagen supondría el fin de los dichos y hechos para imponer la duda mediática.
¿Hasta dónde podrán llegar los deepfakes? ¿Tendremos conciencia de los límites éticos para impedir su difusión? ¿Podremos limitar los efectos perversos que pueden implicar? ¿O los deepfakes son la crónica de una batalla perdida?
En el siglo XVII el filósofo francés René Descartes, buscando un conocimiento absolutamente cierto, imaginó que un genio maligno le hacía dudar de todas sus experiencias. En el siglo XXI el genio maligno son los deepfakes y están instaurando un régimen de duda mediática que nos llevará a dejar de preocuparnos por la verdad porque todo podría ser falso.
La visita del Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva a China ha suscitado gran interés en varias regiones del mundo, y no es casualidad. Desde hace algún tiempo, China es el mayor socio comercial de Brasil y de varios países latinoamericanos y, por esta razón, es natural esperar que esta asociación económica conduzca a estrechar los lazos culturales, políticos y diplomáticos entre los países y regiones en un futuro próximo.
Además, especialistas y estudios recientes señalan una marcada brecha entre la importancia de las relaciones y asociaciones económicas entre los dos países y el fortalecimiento de los lazos políticos y diplomáticos entre ellos, brecha que, en el caso brasileño, se vio acentuada por algunas iniciativas y declaraciones equivocadas de administraciones recientes.
Tal vez, aún más importante que esos lazos económicos entre ambos países, en el contexto actual, sea destacar que ambas naciones comparten una herencia común y una tradición de respeto a la soberanía nacional de los pueblos, con predominio de soluciones pacíficas y diplomáticas a los problemas internacionales, en detrimento del intervencionismo militar y de la mentalidad de «guerra fría» de algunos países que, aún hoy, y con medios de destrucción cada vez más sofisticados, insisten en estimular las tensiones y la posibilidad de enfrentamientos armados en todo el mundo.
Esta vocación por el desarrollo pacífico y el compromiso con el multilateralismo en las relaciones internacionales se vio reforzada por el reciente nombramiento de la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff al frente del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), la institución financiera de los BRICS, un acontecimiento de la mayor importancia en un momento en que la economía mundial atraviesa fuertes incertidumbres y turbulencias en el período post-pandémico.
En este contexto, la integración económica entre países, especialmente del sur global, se torna aún más relevante y estratégica, exigiendo la creación de mecanismos financieros y monetarios que hagan esta interacción aún más rápida y ventajosa para las partes interesadas, dentro de los principios de relaciones win-win que han guiado los intercambios comerciales chinos con otras regiones del globo en los últimos años.
En definitiva, parece prometedor para los intereses nacionales brasileños que se produzca una integración cada vez más acelerada con China, a través de proyectos de infraestructuras, la lucha contra las desigualdades sociales y la creación de mecanismos financieros que hagan que estos intercambios sean aún más intensos y beneficiosos para ambos países.
Además, en un mundo cada vez más multipolar, es fundamental que las negociaciones de paz predominen por sobre el estímulo de un clima de beligerancia y las iniciativas de países que, con el pretexto de «defender la democracia», sólo provocan un aumento de la inestabilidad política, con la expansión de alianzas y bases militares, así como inversiones en tecnologías de bajo retorno social y bajo potencial de creación de externalidades positivas para inversiones capaces de estimular un desarrollo económico más inclusivo y con respeto al medio ambiente.
Por esta razón, los desafíos para una mayor integración entre Brasil, China y el Sur global no deben ser subestimados en ningún momento. Las fuerzas opuestas a la consolidación de un mayor multilateralismo a escala internacional tenderán a utilizar todos los medios para obstruir dicha integración, sin excluir el aumento progresivo del clima de beligerancia y la intensificación de las inversiones en bases militares y equipos bélicos en todo el mundo.
Por lo tanto, una agenda que fortalezca el multilateralismo, debe buscar el diálogo con todas las fuerzas interesadas en la pacificación. En este sentido, fueron muy positivas las agendas tratadas en la visita del Presidente Lula, que contemplaron diversos temas de interés de la comunidad empresarial y de ambas poblaciónes, con la perspectiva de firmar diversos acuerdos comerciales que abarquen una amplia agenda, incluyendo la intensificación del comercio, inversiones en infraestructura y proyectos ambientales, proyectos de reindustrialización, energías limpias y renovables, cambio climático, entre otros temas contemplados por la amplia agenda de negociación entre los dos países
Esta agenda no será fácil de implementar, y requerirá un fuerte esfuerzo de planificación y articulación conjunta entre Brasil y China, además de la superación de los obstáculos que seguramente se interpondrán en el camino de una relación más estrecha entre ellos.
Por último, cabe señalar que, lejos de un «choque de civilizaciones», lo que presenciamos hoy en el mundo es la confrontación entre dos perspectivas distintas que se perfilan para el futuro de la humanidad, perspectivas que atraviesan las diferentes regiones y países de un mundo cada vez más globalizado e integrado económicamente.
En este contexto, la profundización del diálogo y de las relaciones entre Brasil y China puede contribuir al establecimiento de un clima de paz y a una mayor integración económica entre países y pueblos soberanos. Las dificultades a las que hay que hacer frente no deben subestimarse, sino que, por el contrario, deben servir de estímulo para los desafíos que vienen por delante.*
* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM
Bajo el liderazgo de Bolivia, en el año 2009 se estableció el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra mediante una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este proceso de búsqueda de armonía con la naturaleza, responde a las luchas históricas anticoloniales de los pueblos originarios de este país, América y el mundo.
Si bien culturas como la egipcia, mesopotámica, inca, azteca y quizás todas han aprendido maneras de modificar el ambiente y adaptarse a las condiciones en función de sus necesidades, no fue hasta el origen de las primeras ciudades modernas que se comenzó a observar el deterioro en componentes del ambiente como el suelo, el agua, o el aire debido a la generación de desechos.
La relación moderna entre humanos y ambiente
A pesar de que se tiene evidencia de conflictos relacionados con el ambiente desde épocas tempranas de la historia de la humanidad, como guerras por territorios con riquezas naturales o por la producción de desechos en las ciudades emergentes, no es hasta finales de los 60′ que tomó fuerza la preocupación por el medio ambiente. Esto debido a las fuertes evidencias que se observaban en la salud de la población y de los demás seres vivos. En aquellos años la pobreza era vista como la peor forma de contaminación y la preocupación sobre este tema tenía lugar en los países desarrollados.
Más de 50 años más tarde, esta sigue siendo la tendencia. Los países llamados “en desarrollo” no pueden darse el lujo de limitar su ritmo de crecimiento ya que aún no se han cubierto las “necesidades básicas”. Sin embargo, los países desarrollados tampoco se comprometen seriamente a reducir sus impactos negativos en el ambiente, debido a que deben mantener su estatus basados en la expansión. Esta tendencia está ligada al sistema económico que predomina en la actualidad donde la generación de utilidades es lo primordial.
Durante las primeras conversaciones internacionales sobre cuestiones ambientales en la conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano en 1972, que después se denominó “Cumbre de la Tierra”, primó la concepción de los seres vivos como “recursos”, incluyendo a los humanos, como lo mencionó en su declaración el jefe de la delegación china. “De todos los recursos la gente es el más importante”. A partir de esta Cumbre, el interés de la comunidad internacional por la contaminación y sus efectos en la biósfera no dejó de crecer.
El 15 de diciembre del mismo año, la Asamblea General aprobó una resolución en la que se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual tenía la tarea de“establecer una agenda ambiental a nivel global para promover la implementación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas”.
Posteriormente se crearon otros organismos enmarcados en el mismo objetivo de coadyuvar en la construcción de un “desarrollo sostenible”. Debe recordarse que el concepto de “desarrollo” fue propuesto por el presidente Truman de Estado Unidos en 1949 para referirse a la existencia de países pobres, a los que denominó “subdesarrollados”, los cuales tenían el único destino de volverse “desarrollados”. Es decir, de buscar alcanzar las condiciones de vida de países como el suyo.
El hecho de que se iniciaran las discusiones sobre el ambiente con el enfoque de un “Medio Humano” da cuenta de que la preocupación giró, desde su inicio, en torno al riesgo que corre el ser humano y no a las demás formas de vida. A 50 años de la Cumbre de la Tierra y de la implementación de sus instrumentos de gobernanza a nivel internacional, se observa un creciente calentamiento global que está ocasionando cambios climáticos devastadores en todas las regiones del mundo, una creciente consumismo y producción desmedida de desechos tóxicos, enfermedades y pandemias emergentes a raiz de una relación no saludable con la Tierra.
Madre Tierra, relaciones para la vida
En 2009, bajo el liderazgo de Bolivia, se iniciaron negociaciones intergubernamentales sobre los principios de Armonía con la Naturaleza en la Asamblea General de Naciones Unidas. El mismo año, se estableció el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra.
A diferencia de las visiones y relaciones que se habían generado con la Tierra en la época colonial y más tarde moderna, los pueblos originarios tenían y mantienen una relación con la tierra como de Madre e hijas(os), de ahí la visión de Madre Tierra o Pachamama. Este vínculo familiar y maternal con nuestro entorno da como resultado una relación en la que prima el deseo profundo de bienestar real de la/el otra(o). No solamente de deseo de producir y ganar a costa de la Madre, sino el deseo de su bienestar porque su vida y la vida en general son importantes.
Con la modernidad, el sentido de la vida y el vínculo con la “Madre”, se ha transformado en mero utilitarismo. Debemos usar a la “Madre” como recursos para generar ganancias y mejorar nuestro estatus de vida. No en base a necesidades, sino a ambiciones de crecimiento y expansión desmedidas.
Esta forma de percibir y pensar a la Madre Tierra se ha convertido en parte de nosotras(os) como individuos modernos. Por ello, a pesar de los efectos negativos que observamos a diario en nuestros hábitos, no tomamos medidas drásticas para recuperar nuestro vínculo con la Madre Tierra.
El calentamiento global continúa incrementándose y con él aumentan los incendios forestales de gran magnitud y los glaciares se derriten cada vez más rápido, provocando infinidad de consecuencias en los seres humanos.
Por ello, este y todos los días deberían ser el día de la Madre Tierra para que de forma constante re-pensemos, re-construyamos y re-encontremos nuestro camino y el sentido de la vida con el objetivo de mantener la vida misma en todas sus formas. No debemos olvidar que somos parte de la Madre Tierra.
Recientemente la Cámara de Diputados de México designó a cuatro nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo a su Presidencia. La Constitución mexicana establece la renovación escalonada de quienes integran el Consejo General, con la intención de que los gobiernos y actores políticos de turno no influyan en la toma de decisiones del INE. Lo mismo sucede con la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de mantener la división de poderes.
A través de un proceso de selección, cuestionado por la integración del Comité Técnico de Evaluación, que además por mandato jurisdiccional debía garantizar la paridad de género, se definió que será una mujer quien presidirá- por nueve años- al máximo Órgano de dirección del INE.
La polarización que se vive entorno a una posible reforma electoral que se encuentra en análisis por la SCJN y el abierto enfrentamiento entre el Titular del Poder Ejecutivo y el propio INE, específicamente en referencia al expresidente Lorenzo Córdova, dificultaba la generación de consensos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Los intentos de acuerdo que le garantizaran al partido oficialista (Morena) imponer a una persona afin en la Presidencia del Consejo General y una consejería y a los partidos de oposición otras dos posiciones no llegaron a buen término. Por ello, se optó utilizar el sistema de sorteo entre las personas que integraban las quinteta, algo establecido en la propia Constitución como último recurso.
La designación de los puestos a través de un sorteo genera algunas reflexiones. En primer lugar este método hace más transparente el procedimiento de elección ya que se elimina la discrecionalidad de la decisión de las cúpulas partidistas. Además, se elimina todo tipo de compromisos entre las personas designadas y los actores políticos. De esta manera, tanto la nueva Consejera Presidenta como las nuevas consejerías pueden asumir sus cargos, ganados por sus propias capacidades y a la bondad de la suerte, libres de compromisos políticos.
El procedimiento de designación, permitió que los mejores 20 perfiles llegaran a la fase final, donde se pudo destacar la capacidad y experiencia en la mayoría de los candidatos. De hecho, tres de las personas designadas cuentan con experiencia en el ejercicio del cargo en cuerpos colegiados. Y es que una de las principales necesidades en los órganos colegiados es la apertura y el carácter para la generación de consensos entre pares y en la necesaria y cuidadosa interlocución con los partidos políticos.
En México hemos estado acostumbrados a los acuerdos entre fuerzas políticas y el sistema democrático ha funcionado a partir de los equilibrios y las diferentes opiniones. Pero el sistema de insaculación le proporciona al INE una oportunidad para innovar y cuidar los procesos en donde se han dado fallas y en el pasado.
De las cuatro personas que llegan al Consejo General, dos cuentan con experiencia en órganos jurisdiccionales, la tercera se ha especializado en materia de género y elecciones por sistemas normativos indígenas (este último, tema que no se ha explorado en el INE) y la Consejera Presidenta ha presidido un organismo local electoral, lo cual le inyecta a la institución la necesaria visión local de los procesos comiciales.
Además, la llegada de una mujer al Consejo General y la composición paritaria del mismo sirven para equilibrar discursos y acciones en la materia, evaluar avances, insertar nuevas temáticas en la agenda y eventualmente, innovar en las tareas de educación cívica, tan necesaria en México y donde el INE requiere de alianzas estratégicas para incidir en la formación de ciudadanía. Otra temática importante que debería ser considerada es la de tecnificar los procesos electorales a través de la urna electrónica y el voto por internet, área en la cual el INE ha avanzado con dificultad.
Además, es importante sumar esfuerzos para que los procesos internos del INE puedan realizarse de manera más ágil lo cual le ahorarría costos a la institución. Es posible hacer más con menos, siempre y cuando no se vulneren los derechos de las personas y las obligaciones constitucionales del Órgano electoral.
En esta nueva etapa, el INE ya ha mostrado solidez al no detener ninguna etapa de los procesos electorales locales en dos entidades federativas. Además, la visión de la Consejera Presidenta le ha llevado a mantener los perfiles valiosos que garanticen estabilidad a la institución. Ello demuestra que se vislumbran habilidades directivas para hacer frente a la institución.
Nadie cuenta con un cheque en blanco. Pero el nuevo INE sí cuenta con un voto de confianza para seguir su camino institucional y poder garantizar elecciones libres, periódicas, auténticas y en paz. La elección presidencial de 2024, con un padrón electoral que podría rozar las 100 millones de personas, será la prueba de fuego. El reto no es sencillo, pero hay una institución fuerte y con gran confianza ciudadana.
Conoce el programa completo del evento transdisciplinario que reúne a los mayores expertos mundiales en sostenibilidad y cambio climático y que por primera vez se llevará a cabo en América Latina y el Caribe.
20 de abril de 2023 – Más de 1.500 personas, entre líderes mundiales en el campo de la investigación medioambiental y sobre sostenibilidad, expertos gubernamentales, representantes de la sociedad civil, emprendedores e innovadores, participarán del 26 al 30 de junio de 2023 en Ciudad de Panamá en la tercera edición del Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad (Sustainability Research & Innovation Congress – SRI2023, por sus siglas en inglés).
Este evento anual mundial tiene tres objetivos principales: abordar el conocimiento sobre la sostenibilidad desde perspectivas distintas, es decir, de forma transdisciplinaria; constituir una plataforma para compartir ideas innovadoras e inspiradoras; y crear un espacio inclusivo para la acción y la colaboración entre los distintos actores sociales implicados.
UN EVENTO TRANSDISCIPLINARIO
“El SRI nació de la necesidad de unir a las diferentes comunidades que son necesarias para hacer posible la sostenibilidad”, afirma la Dra.Erica Key, Directora de Future Earth US Global Hub. “Comprende no solo a los expertos científicos, sino también a los innovadores que están creando nuevos productos, nuevas aplicaciones, nuevos sistemas financieros, y los une con los tomadores de decisiones que formularán políticas y nuevas prácticas, y los artistas y comunicadores que lo traducirán en una realidad compartida”.
Presentación del Congreso SRI2023 en Panamá, 12 de abril de 2023. De izquierda a derecha, Dra. Veera Mitzner, Directora Asociada de Future Earth; Dra. Nicole Arbour, Directora Ejecutiva del Belmont Forum; Lic. Anabella Vásquez, jefa de la Oficina de Cooperación Internacional de la Senacyt; Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt; Dr. Marcos Regis da Silva, director ejecutivo del IAI.
“Queremos que todos estos actores diferentes se reúnan en un mismo espacio”, agrega Key, “con un solo objetivo: un futuro sostenible para todos”.
“Gran parte de la sociedad y de la academia solo se comunican con personas que utilizan el mismo lenguaje y hablan de los mismos temas, como si vivieran en silos”, explica Arbour. “La transdisciplinariedad, en cambio, significa pensar el mundo como un solo sistema: se trata de grupos de personas diferentes que piensan de diferentes maneras para resolver un mismo problema. Esta es la manera adecuada de abordar el cambio climático global”.
“La investigación sobre cambio climático global es un tema muy complejo”, añade la Dr. Arbour. “Pero reuniendo a todas estas personas, esperamos crear un espacio en el que podamos fomentar este debate desde distintos puntos de vista para construir redes y confianza”.
“Por eso necesitamos una nueva visión de la ciencia, nuevas metodologías y también nuevas tecnologías, para que podamos entender la complejidad de estos desafíos y al mismo tiempo desarrollar soluciones basadas en el punto de vista de distintas disciplinas”.
“Una metodología transdisciplinaria”, añade Regis da Silva, “implica la participación de varias comunidades diferentes: locales, indígenas, científicas, pero también las comunidades de tomadores de decisiones y de los políticos. Nosotros podemos ofrecer este evento como la oportunidad para una mayor colaboración entre estas comunidades diversas, para lograr una cooperación más efectiva”.
LA IMPORTANCIA DE CELEBRAR EL SRI2023 EN PANAMÁ
Después de su primera edición (2021) en Brisbane, Australia, y de la segunda (2022) en Pretoria, Sudáfrica, el Congreso SRI se realizará por primera vez en América Latina y el Caribe, una región profundamente afectada por las consecuencias del cambio climático.
Panamá cuenta con un número relevante de centros de investigación científica, de organismos intergubernamentales, globales y regionales, y en los últimos años se ha posicionado entre los países más innovadores en el ámbito de la economía verde y la economía azul.
Además, por su posición geográfica, Panamá ha sido históricamente un cruce de culturas y continentes y actualmente, además de ser un hub logístico y de transporte marítimo global, se está posicionando como un polo de atracción de primer nivel para la búsqueda de soluciones a problemas regionales y globales a través de múltiples actores.
“Estamos muy ilusionados con que este año el SRI se celebre en Panamá”, afirma el Dr. Eduardo Ortega Barría, Secretario Nacional de SENACYT. “Es importante traer este tipo de eventos a América Latina y el Caribe, una región que tiene muchas necesidades en tema de sostenibilidad y que requiere un cambio de respuesta a sus problemas. Panamá se va a convertir en un espacio propicio para abordar los retos de nuestra región y proponer acciones basadas en la ciencia para avanzar en la solución de estos retos”.
El Dr. Marcos Regis da Silva, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), identifica cuatro razones principales por las que es muy importante que este evento se celebre en Panamá. La primera es que América Central será la región del mundo más afectada por el cambio climático y por la desaparición de biodiversidad.
La segunda, según el Dr. Regis da Silva, es “la excelente comunidad científica” que se ha ido desarrollando en LAC, aun a falta de recursos económicos. “Hay centros de investigación en Argentina, en Brasil y en otros países que están a un nivel mundial muy alto. Sin embargo,”, sigue el Dr. Regis da Silva, “carecemos de un marco para facilitar y promover nuevas metodologías científicas. Este evento, precisamente, es una gran oportunidad para crear nuevas colaboraciones entre científicos americanos y representantes de distintos sectores de la comunidad global”.
Y, finalmente, el tercer motivo será la posibilidad para América Latina de desarrollar un tipo de proyectos científicos que podrían ayudar a los exponentes políticos a tomar mejores decisiones.
“Este evento fortalecerá las redes de colaboración regional, generará alianzas estratégicas y generará sinergias que impactarán positivamente a todos los países de América Latina y el Caribe”, añade el Dr. Eduardo Ortega Barría.
SRI2023: UN PROGRAMA AMBICIOSO Y LLENO DE INICIATIVAS
1) Cambiar el Rumbo del Cambio Climático: Acción Colaborativa para la Transformación Institucional, en el que se explorarán nuevos caminos hacia cambios informados y justos en sistemas críticos como los modelos de gobernanza, financieros, legales, impositivos, energéticos y de producción, transporte, investigación, educación y valores.
2) Comunidades Saludables e Inclusivas, en el que el SRI2023 explorará diversas formas de mejorar la salud y el bienestar en todo el mundo.
3) Una Mente Planetaria Pacífica, en el que se buscará respuesta al desafío de cómo lograr una solidaridad global y aceptar la administración conjunta del planeta Tierra.
4) América Latina y el Caribe, Ciencia e Innovación para la Sostenibilidad, para mostrar la riqueza de la ciencia y la innovación en sostenibilidad de LAC. Desde soluciones locales exitosas hasta investigación académica avanzada, la región tiene una gran cantidad de conocimientos e innovación para ofrecer al resto del mundo. Además, el SRI2023 espera fortalecer el diálogo y las redes regionales al ofrecer una plataforma inclusiva para una mayor visibilidad y colaboración. Entre los enfoques que se abordarán están: Estrategias de cogestión de la biodiversidad/agua; Prácticas agrícolas y mineras sostenibles; Turismo sostenible en regiones vulnerables; La diáspora latinoamericana y caribeña como recurso para la transformación innovadora.
Además de las conferencias y encuentros, el 28 de junio será el día del Idea Market, una oportunidad para que estudiantes, jóvenes profesionales e innovadores muestren sus investigaciones, avances, conceptos, diseños, prototipos y productos de sostenibilidad con la audiencia global del SRI y un panel de expertos.
El mismo día el Congreso abrirá sus puertas a la audiencia local y ofrecerá a los participantes la oportunidad de interactuar con las partes interesadas en el lugar. La Jornada de Puertas Abiertas se organiza en colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Se trata de una oportunidad única para grupos y organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones educativas de mostrar su trabajo a la audiencia global del SRI2023 de profesionales de la sostenibilidad reunidos en Panamá.
Sigue las noticias del evento también en las redes sociales del SRI:
SENACYT: La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) de Panamá es una institución cuya misión es convertir la ciencia y la tecnología en herramientas para el desarrollo sostenible de Panamá. Sus proyectos y programas están enfocados a potenciar el desarrollo científico y tecnológico del país centroamericano y cerrar la brecha de la desigualdad y fomentar un desarrollo equitativo que mejore la calidad de vida de los panameños.
Inter-American Institute for Global Change Research (IAI): El IAI es una organización intergubernamental financiada por 19 países de las Américas, dedicada a perseguir los principios de excelencia científica, cooperación internacional y el intercambio completo y abierto de información científica para aumentar la comprensión de los cambios globales (cambios a escala planetaria en el sistema terrestre) y sus implicaciones socioeconómicas.
Future Earth: Future Earth es una red global de científicos, investigadores e innovadores que colaboran para un planeta más sostenible. Su misión es promover la investigación en apoyo de las transformaciones hacia la sostenibilidad global. Su visión es la de un mundo sostenible y equitativo para todos, donde las decisiones sociales estén informadas por conocimientos compartidos y de libre acceso.
The Belmont Forum: The Belmont Forum es una asociación internacional que moviliza fondos para la investigación sobre cambio climático y medioambiental y acelera su entrega para eliminar las barreras críticas para la sostenibilidad. Establecido en 2009, el Belmont Forum es una asociación de organizaciones de financiación, consejos científicos internacionales y consorcios regionales comprometidos con el avance de la ciencia transdisciplinaria.
La política latinoamericana incluye un número crecientemente variado de procesos electorales, desde primarias y referendos, hasta comicios legislativos e incluso para elegir a los máximos órganos judiciales. Sin embargo, las elecciones presidenciales permanecen como el momento cumbre para la ciudadanía, los partidos, los medios, así como en el interés de la comunidad internacional.
En 2023 están programadas tres elecciones presidenciales: en Paraguay (abril), Guatemala (junio) y Argentina (octubre). A esas, previstas en los calendarios constitucionales correspondientes, podría sumarse el adelanto de la cita presidencial en tres países andinos. En efecto, con distintos grados de probabilidad, podrían acudir a las urnas, Perú, como un intento de salida de la precaria gobernabilidad; Ecuador, si prosperan la destitución del presidente y la disolución del Congreso; incluso Venezuela, como nuevo episodio en el tire y afloje entre el régimen y la oposición. La sola consideración de esos escenarios ratifica la turbulencia que atraviesa la política regional.
Sean tres o más, las presidenciales se desarrollarán en el “ciclo de la pandemia”, abierto en 2020 y signado por la convergencia de crisis, sociopolítica, económica, sanitaria, derivadas de la pandemia de coronavirus y que han acentuado el malestar ciudadano con las instituciones y las autoridades.
En el ámbito electoral, esta fase se caracteríza por una participación disminuida; las dificultades del oficialismo para conservar el poder y el buen viento para la oposición, sea tradicional o encarnado por un outsider. Además, estas elecciones se han caracterizado por el auge de una retórica defensiva de valores morales tradicionales y el crecimiento de las redes sociales como cancha de la política y las campañas. Lo más probable es la continuidad de esas tendencias, aunque, en cada país, se conjuguen de manera distinta y puedan producirse excepciones.
El escenario más definido se halla en Paraguay, tierra de uno de los últimos bipartidismos históricos que subsisten en América Latina. En una contienda que se anuncia ajustada, tal como ocurrió hace un lustro, rivalizarán Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado, ganador de seis de las siete elecciones desde el retorno a la democracia, y Efraín Alegre, líder de la Concertación, coalición que reúne organizaciones de derecha e izquierda, articulada alrededor del Partido Liberal. Su enfrentamiento se anticipaba desde hace casi un año y se ratificó tras las primarias respectivas. El margen de sorpresa de terceras candidaturas parece reducido. Está en juego la permanencia colorada en el gobierno o su segunda salida del poder en más de tres décadas.
En una ola poco propicia para los oficialismos, el Partido Colorado tiene bazas por jugar, incluyendo una estructura con alta capacidad de movilización territorial, recursos y lealtad con los colores de la organización. Peña confía en que su pertenencia al ala opositora del partido le permita retener a los insatisfechos con la promesa de la alternancia dentro del mismo espectro. Al frente, Alegre procura canalizar la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y el Estado, agravada por la percepción de una extendida corrupción, con la promesa de la alternancia. Empero, la campaña giró menos alrededor del debate de políticas públicas que de las sanciones de Estados Unidos contra el expresidente y jefe del Partido Colorado Horacio Cartes, así como a otros dirigentes de ese partido, por “corrupción significativa”.
En Guatemala, hay menos certezas. En uno de los sistemas políticos más volátiles y fragmentados del mundo, ningún partido ha conseguido reelegirse, ni siquiera regresar al poder: todos y cada uno de los partidos gobernantes han sido distintos. El deterioro democrático, con cierres para la libertad de expresión y reducción de la independencia judicial forma el telón de fondo. Las chances del oficialismo parecen exiguas.
Por ahora, despuntan en las encuestas dos mujeres con trayectoria política. Zuri Ríos, hija de un presidente militar, y la exprimera dama Sandra Torres, más progresista. Ellas y los otros aspirantes todavía deben completar la validación de la candidatura, una etapa que ha probado no ser un mero formalismo, como ilustró la inhabilitación de Thelma Cabrera, una voz crítica contra el statu quo y próxima a los movimientos indígenas. La valla a su postulación ha desteñido las credenciales de los comicios. Como ha ocurrido invariablemente desde la instauración democrática, todo apunta a una resolución en segunda vuelta.
De las tres elecciones, la de Argentina se celebra con el padrón más grande. Pese a ser una de las principales economías regionales, arrastra una inflación y devaluación altas y endémicas, que lastran el crecimiento, generan frustración, obligan a continuas y contrapuestas negociaciones con los organismos internacionales y los sectores de trabajadores.
Numerosas incógnitas persisten en la ecuación electoral. Si Paraguay y Guatemala prohíben la reelección, Argentina la autoriza, pero las opciones de Alberto Fernández, si decidiera presentarse, parecen modestas. Esto no significa que el oficialismo esté descartado de la lucha pues la abigarrada galaxia del peronismo posee la habilidad de promover una candidatura que reivindique el balance gubernamental -si se concretan evoluciones positivas, cada vez más improbables- como otra que enfatice las críticas -en la situación opuesta-.
La oposición liberal tendrá que conciliar sus propias disputas, cuyo tono se endurece, en tanto que la que surge en las fronteras del sistema político, con un mensaje frontal, aguarda recolectar los frutos del hastío. Todavía reina el suspenso sobre quiénes figurarán en las boletas. De a poco, se destapan los candidatos que deberán pasar por el tamiz de unas primarias con gusto de presidencial anticipada por su carácter simultáneo para los partidos y obligatorio para la ciudadanía.
La política latinoamericana continuará rediseñándose a partir de los resultados de estas presidenciales, pero seguirá bajo el tenso signo de la incertidumbre de gobiernos entrantes a los cuales las sociedades les dan créditos de corto plazo y condiciones severas.
Vladimir Putin tiene en América Latina cuatro aliados fundamentales, pero las relaciones de Rusia con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, no están basadas, como se suele creer, en “lo ideológico”, sino en cuestiones económicas. No hay afinidad ideológica entre estos cuatro países y Putin. Lo que hay son intereses económicos y objetivos geopolíticos comunes, especialmente en sus posiciones frente a Estados Unidos.
En ciertos ámbitos periodísticos latinoamericanos se califica a Putin y su gobierno de izquierdista. Nada más ajeno a la verdad. El presidente ruso es un nacionalista y conservador que añora el poderío de la extinta Unión Soviética. No añora el comunismo ni el socialismo, sino el poder que la URSS ostentaba. Desde que es presidente, incluyendo el período en el cual colocó a Medvedev en su nombre, su objetivo ha sido siempre transformar a la Madre Patria rusa en la primera potencia mundial.
Desde los socios latinoamericanos…
Quienes sí siguen siendo fieles custodios de la ideología que los llevó al poder, aun con contradicciones, que, en definitiva, suelen ser la esencia de todo proceso político revolucionario, son los gobiernos de Bolivia y Cuba.
Por su parte, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega no conserva ni una pizca de los viejos ideales del sandinismo. Este gobierno, que en los úlimos años se ha centrado en encarcelar a los antiguos compañeros de armas y a cualquiera que se le oponga, mal puede considerarse heredero político-ideológico de quienes concretaron la revolución en los años 80.
En Venezuela, en tanto, el chavismo murió incluso antes del fallecimiento de su líder y creador. De aquello, hoy sólo queda una administración que sobrevive gracias a que sus enemigos son más incoherentes y tan corruptos como ellos. A Maduro y su régimen sólo le queda un discurso incoherente, luego de haber sepultado el Socialismo del Siglo XXI sin el más mínimo decoro.
Por lo tanto, no podemos decir que exista afinidad ideológica entre estos cuatro países latinoamericanos y el gobierno de Putin. Pero, entonces, ¿por qué estos países apoyan decididamente a Rusia en el conflicto con Ucrania?
Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia priorizan, ante todo, su posición ante el enemigo común. Y queda claro que Estados Unidos está a la cabeza. Su historia intervencionista sigue pesando para estos gobernantes, por lo cual, ahí sí, terminan por coincidir en el apoyo a Putin.
Además, estos países latinoamericanos consideran a Rusia y China como aliados que podrían permitirles evadir las políticas estadounidenses de control económico y político. Ambos gigantes han desarrollado una política de alianzas, generalmente económico-financieras, que les han permitido consolidarse en los países de la región. Por ello, el apoyo político a las acciones rusas en Ucrania, se relaciona más con los intereses económicos y las necesidades financieras, que con afinidades supuestamente ideológicas.
Las relaciones con Rusia
Venezuela recibe apoyo económico de Rusia, pero, sobre todo, cuenta con un Putin que, explícitamente, ha manifestado su disposición a brindar ayuda militar, algo que Maduro y los suyos ven con muy buenos ojos, para mantener a Estados Unidos a raya.
Con respecto a Nicaragua, el régimen de Ortega está entrampado en el cerco estadounidense, que, sin embargo, no ha hecho ningún esfuerzo por quitar del medio al matrimonio Ortega-Murillo, quizás para evitar una nueva oleada migrante. Por lo pronto, para no irritar más a la Casa Blanca, hace poco más de un año Daniel Ortega le negó asilo al hondureño Juan Orlando Hernández. Y es que no es lo mismo dar refugio a un ex presidente acusado por corrupción, que a un ex mandatario catalogado como narcotraficante por Washington.
Sin embargo, la ayuda rusa le viene muy bien al matrimonio Ortega-Murillo, tanto en lo económico-financiero como en lo político. Rusia tiene variadas inversiones en Nicaragua que son verdaderas tablas de salvación para el régimen. De hecho, la única embajada rusa en Centroamérica está en Managua.
En cuanto a Cuba, es sabido que hace un culto del secreto. No es fácil saber a ciencia cierta qué inversiones tiene Rusia en la isla, pero que son muchas y variadas nadie lo duda. Es que, para Rusia, el régimen cubano, ubicado a tan solo 90 millas de las costas de Florida, es una carta de presión importante, tal como lo fuera para la URSS durante la guerra fría.
Por último, si bien el gobierno boliviano no tiene afinidad ideológica con la Rusia de Putin, su alianza con Moscú le ha traido ventajas en el campo económico-financiero, pero, especialmente, en el campo de las relaciones internacionales, donde Rusia se ha mostrado solidario con las demandas bolivianas.
Como conclusión, podemos ver que no hay una identificación ideológica entre estos cuatro países y Putin. Lo que sí hay es una concordancia política que los une sin dubitaciones.
Los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro dieron la falsa impresión (a buena parte de la opinión pública nacional e internacional) de que los males de Brasil se debían a su gestión y que su elección solo fue posible, gracias a la operación Lava Jato que «criminalizó la política». Nada más lejos de la realidad.
Se tiene que reconocer que la «criminalización de la política» es un viejo tema en nuestro país y no comenzó con la operación Lava Jato. La participación política fuera del marco de las élites gobernantes nunca formó parte de nuestra vida cotidiana en Brasil como nación. Basta ver cómo, desde la independencia del país hasta 1964, la aparición de nuevos actores condujo a menudo a revoluciones y contrarrevoluciones, debido a la fragilidad de los canales de participación política.
Aunque, finalmente, en 1930 abrimos espacios para el protagonismo institucional de trabajadores y mujeres, el proceso de acomodación de los nuevos protagonistas se vio interrumpido por experiencias autoritarias —Estado Novo (1937-1945) y régimen militar (1964-1985)— que refundaron el sistema político en sentido contrario y reformaron la Constitución de tal manera que la democratización solo se alcanzó en 1985.
El régimen de amplia libertad y participación política surgió sin la consolidación previa de un sistema de competición política que hubiera educado a los ciudadanos para las disputas en la arena pública (cultura cívica), y sin el establecimiento de cauces virtuosos de participación accesibles a todos, por no hablar del marco legal cercenado por intereses coyunturales. Así, los nuevos protagonistas, muchos de ellos emigrantes del interior del país, engrosaron las periferias de las ciudades (metropolización) sin transformar la cultura del amiguismo con los detentadores del poder, la cual es oriunda de las zonas rurales (coronelismo).
El resultado de esa «ruralización de las ciudades» no pudo ser bueno. No obstante, sus implicaciones negativas para el proceso de democratización fueron ignoradas por el «optimismo de la voluntad» en nombre de la lucha por la redemocratización (1970-1980) y, por supuesto, por lo que implicaba como perspectiva de poder. La negativa a afrontar el asunto dura hasta hoy y las señales del problema se han vuelto ineludibles.
El “chaguismo” es un marcador importante para entender este fenómeno, ya que fue una especie de avant première de la peculiar forma de funcionamiento de la democracia brasileña, que se consolidaría posteriormente en el seno del PMDB (el principal partido de la transición democrática) luego de la implementación del Plan Cruzado (1986), cuando este partido eligió a 22 de los 23 gobernadores, a 38 de los 49 senadores en liza, y obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados Federal con 260 diputados, cifras nunca igualadas por ningún otro partido.
Antonio Chagas Freitas fue un periodista y político que dominó, con un marcado estilo clientelista, la política del estado de Río de Janeiro entre 1970 y 1982, y llegó a ser gobernador de esta relevante entidad. Chagas Freitas consolidó su poder local en la antigua capital del país, pero sin oponerse efectivamente al régimen militar, y basó su acción política en el uso contundente de la máquina pública como máquina electoral y redujo el partido a un mero instrumento para la práctica de una política de favores. A pesar de la corta duración de su poder (12 años), sus prácticas se extendieron al PMDB y a los nuevos partidos surgidos después de 1979. El único que se distinguió en este panorama fue el Partido de los Trabajadores (PT).
El PT creció no solo favoreciendo el compromiso militante, sino también oponiéndose explícitamente a las prácticas “chaguistas” mediante la bandera de la «ética en la política», atrayendo votos de desafectos del PMDB, al tiempo que catalogaba al PSDB (partido que surgió de una división dentro del PMDB por disentir de su estilo “chaguista” de hacer política) como el «nuevo envoltorio del viejo sistema político» en descrédito.
Sin embargo, una vez en el poder (2002), el PT no tardó en darse cuenta de que la «ética en la política» tenía un alcance limitado en la opinión pública. De ser un poderoso trampolín para la conquista del poder, esta bandera pasaría a ser vista como un factor limitante para el pleno ejercicio del poder, lo que llevó a su sustitución por las banderas inclusivas del identitarismo y la lucha contra el hambre y la pobreza.
La nueva fórmula fue el éxito conocido hasta que la población comenzó a sentir el peso de la factura por pagar, debido al pacto de inclusión que fue puesto en práctica por un Estado despilfarrador e ineficiente. Sin una economía capaz de sostener los ingresos de los grupos de nivel superior, el repliegue a los servicios estatales en sectores delicados como la educación básica, la salud y la seguridad, también reveló a los nuevos sectores emergentes otro aspecto de la naturaleza del modelo de inclusión petista: igualar a la sociedad mediante la ampliación de la oferta de servicios públicos, pero sin mejorar la calidad. Pronto esta conciencia explotaría en las calles (2013), llevaría a la caída del PT (2016) y abriría espacio para una oposición de derecha radical en las elecciones de 2018.
El fracaso de Bolsonaro y el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder nos lleva inevitablemente a la pregunta: ¿seremos capaces de superar los tremendos desafíos que tenemos por delante con el sistema político empantanado en el limbo “chaguista”, que fue instalado en el corazón de los poderes centrales?
Por quinto año consecutivo Brasil batió el récord de remesas provenientes del exterior por concepto de transferencias personales. La cifra de R$ 4,7 billones calculada por el Banco Central (BC) en 2022 representó un aumento de 22,5% en relación al año anterior (R$ 3,8 billones), que ya había establecido un nuevo record para la serie histórica, iniciada en 1995. El año pasado, los mayores valores fueron enviados por Estados Unidos (R$ 2,23 mil millones); Reino Unido (R$ 462 millones); y Portugal (R$ 375 millones).
El Banco Central también calculó el monto de remesas personales de flujo inverso a estos ingresos. En 2022, se enviaron R$ 2,1 mil millones desde Brasil al exterior, especialmente a Estados Unidos (R$ 435 millones), Portugal (R$ 375 millones) y Canadá (R$ 136 millones). En ambos escenarios, Estados Unidos y Portugal aparecen entre los tres primeros países del ranking en transacciones financieras con Brasil, registrando este último «saldo cero» (exactamente la misma cantidad) en los intercambios establecidos entre residentes de territorios brasileños y portugueses.
Si nos detenemos a pensar, vemos que, especialmente en el caso de las remesas personales de países extranjeros a Brasil, el monto récord de R$ 4,7 mil millones en 2022 equivale al 0,47% del Producto Interno Bruto (PIB) registrado en el país en el mismo año (de R$ 9,9 billones). Es un crecimiento que involucra, incluso, datos de América Latina y el Caribe.
Un informe del centro de análisis Diálogo Interamericano apunta a un aumento del 26% en el valor de las remesas personales de extranjeros enviadas al continente, que superaron los 134.400 millones de dólares en 2021 en comparación con el año anterior. La cifra representa el 5% del PIB de toda la región y más del 20% del de muchos países más pequeños, según el estudio.
Volviendo a Brasil, vale la pena recordar, como informó ampliamente la prensa no hace mucho, que, en términos de población, la cantidad estimada de brasileños que viven en otros países aumentó de 4,2 millones en 2020 a 4,4 millones en 2021, un máximo registrado incluso durante el período de la pandemia, responsable del cierre de las fronteras internacionales. En comparación con los estados brasileños, esto significa que el número es equivalente a la población de Espírito Santo (4,1 millones) o Paraíba (4 millones), según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), ya con base en los datos del Censo de 2020.
Evidentemente, hay numerosos aspectos relacionados con estos números Desde la desaceleración económica de los últimos tiempos y las inestabilidades políticas en Brasil, hasta factores transnacionales, como políticas migratorias internacionales cada vez más rígidas, o lazos históricos y culturales, siempre muy relevantes cuando el tema es la salida de brasileños no sólo para Portugal, como se imagina inicialmente, sino también para Estados Unidos y Japón, países que ya cuentan con nuevas generaciones de brasileños compuestas por hijos y/o nietos de los primeros emigrantes. A esto se suma la pandemia del Covid-19 que ha alterado los flujos humanos y financieros del planeta.
Sin embargo, lo que más llama la atención es el desprecio del Estado brasileño por estas cifras. En términos de cifras o datos demográficos, podríamos estar ante un estado virtual, el 28º, más allá de las 26 unidades de la federación, más el Distrito Federal. Organizado a partir de políticas públicas que no sólo reconocen la importancia de estas personas, sino que también consideran el impacto potencial de esta diáspora en el desarrollo sostenible de Brasil. No sólo las remesas financieras que los brasileños envían desde el exterior para apoyar a familiares o inversiones aquí en Brasil – que, sin duda, mueven la economía – que son importantes, pero hay aspectos de la educación, el trabajo, la innovación tecnológica, así como la transformación social, las interculturalidades y la imagen de Brasil en el exterior que necesitan ser enfrentados con atención, profesionalismo y acción.
Por supuesto, la Ley de Migración de 2017 (nº 13.445) – que, de forma inédita, trae principios y directrices a ser observados por el Estado brasileño hacia sus nacionales residentes en otros países – y el reciente retorno de Brasil al Pacto Mundial para la Migración de la ONU – que trabaja por procesos de desplazamiento seguros, ordenados y regulares – no dejan de representar avances. Pero insuficientes. Para tener una idea, ni siquiera el cálculo del número de brasileños presentes en otros países es exacto – siempre hemos trabajado con estimaciones del MRE, basadas en el servicio prestado por la rígida estructura consular.
Invertir en la formulación, implementación, desarrollo y mantenimiento de políticas públicas de carácter transnacional que sean de Estado (y no de gobierno) y que consideren las interacciones socio-estatales – se reconoce el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para los brasileños en el exterior, altamente cualificadas desde el punto de vista técnico-jurídico, asistencial y cultural – parece ser la única forma no sólo de incluir a estas personas en Brasil y combatir problemas como el tráfico de personas, la deportación de personas en situación irregular, la fuga de cerebros, entre otros. Sino, para la garantía del derecho humano a migrar y la comprensión de que los procesos migratorios no son anomalías o rupturas sociales; al contrario, pueden significar transformación y renovación social.
Otávio Ávila es Doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Investigador asistente en el proyecto de la plataforma de datos Brazilians Abroad.
