La inflación arrasa el bolsillo de los argentinos

Sandra Choroszczucha
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La inflación arrasa el bolsillo de los argentinos

La hiperinflación que abruma a la Argentina no permite que se lleven a cabo contratos, inversiones, operaciones de compra y venta o préstamos que se mantengan en el tiempo. En un sistema capitalista, sin embargo, es condición sine qua non poder llevar adelante este tipo de operaciones a mediano o largo plazo y, si esto no ocurre, las economías y los Gobiernos colapsan con frecuencia.

Por convención de la macroeconomía, una nación se encuentra frente a un régimen de alta inflación cuando los precios alcanzan o superan los tres dígitos en un plazo promedio de un año, y, frente a un proceso hiperinflacionario, cuando los precios se incrementan en más de un 50% en un mes.

Cuando se asoma la hiperinflación en un país, según el profesor de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke, comienzan a manifestarse algunos fenómenos que, en Argentina, ya son visibles. Los comercios empiezan a cambiar los precios de bienes y servicios cada semana e incluso cada día; la población empieza a gastar su salario con la mayor rapidez posible en bienes de consumo duradero (aunque no los necesite) para no perder poder adquisitivo, y se suele calcular el valor de los bienes y servicios en una moneda extranjera estable, en lugar de calcularlo en la moneda local. A su vez, los ahorros tienden a mantenerse en una moneda extranjera y comienzan a hacerse transacciones en una moneda también extranjera.

En 2016, el país latinoamericano más cercano a la hiperinflación y que podía pasar la barrera del 50% mensual de modo permanente, de acuerdo con el profesor Hanke, era Venezuela. Para ese momento, el país ya tenía una inflación del 255% anual y la sucesión de las pésimas medidas tomadas por el régimen de Nicolás Maduro llevaron a un alza que continuó arrojando una inflación de 438% en 2017, 65.374% en 2018 y 19.906% en 2019.

El impacto de la pandemia

A escala mundial, en 2020 los bancos centrales se vieron en la obligación de emitir grandes sumas de dinero para financiar el gasto público que había aumentado por la pandemia de la COVID-19 y en un ambiente de enorme parálisis de la actividad económica.

Para marzo de 2021, las economías de los países más desarrollados presentaban procesos de inflación luego de casi tres décadas de estabilidad. Estos procesos se agravaron a partir de la guerra ofensiva de Rusia contra Ucrania, debido a que ambos países son proveedores de alimentos y energía, y la oferta de estos bienes se restringió considerablemente.

En 2022, en América Latina el índice de precios al consumidor (IPC) determinó una inflación interanual del 305% en Venezuela, del 94,8% en Argentina, del 13,1% en Colombia , del 12,8% en Chile, del 8,1% en Uruguay, del 7,8% en México, del 5,7% en Brasil y del 3,1% en Bolivia. Mientras, en naciones de otras latitudes, la inflación interanual marcó la cifra del 11,6% en Italia, 10,7% en Gran Bretaña, 9,6% en Alemania, 6,5% en Estados Unidos y 5,7% en España. El IPC en el mismo período, pero en países que estaban en conflicto, marcó una inflación del 55% en Siria, 35% en Etiopía y 26% en Ucrania.

La realidad argentina

Del total de países que conforman el globo terráqueo, Argentina, actualmente con una inflación del 102,5%, se ha ganado el cuarto lugar en el ranking de países con mayor inflación.

Al mismo tiempo, la inflación mensual de Argentina ha mantenido desde 2022 una tendencia al alza y, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que dio a conocer el IPC, en enero de 2022 hubo una inflación del 3,9%; en febrero, del 4,7%, y a partir de entonces rondó entre el 5% y el 7% mes a mes. Ya en 2023, la tasa alcanzó en enero el 6% y en febrero, el 6,6 %. Ahora se estima, con base en mediciones de numerosas consultoras privadas, que el incremento mensual para marzo alcanzará o superará el 7%.

¿Por qué esta cifra genera alarma en Argentina? Porque cuando en julio de 2022 se alcanzó el 7,4%, la entonces ministra de Economía, Silvina Batakis, quien duró menos de un mes en su cargo, se vio obligada a renunciar y a pasar la posta a Sergio Massa (uno de los fundadores del oficialista Frente de Todos), quien mantiene estrechos vínculos con el establishment nacional e internacional. El objetivo era intentar detener la corrida contra el peso y evitar una posible hiperinflación.

Actualmente, a pesar de Massa y “su capitalismo de amigos”, se prevé que el dato de la inflación, que comunicará próximamente el Indec, sea equivalente al que en el pasado llevó a que se temiera el inicio de una espiral hiperinflacionaria.

En medio de este contexto, medios de comunicación internacionales como el Financial Times han comenzado a publicar titulares como el siguiente: La Argentina, de la hiperinflación, está a punto de florecer. Por su parte, el BTG Pactual, el banco de inversiones brasileño, ha titulado: Instantánea diaria de Argentina-tema del día: bailando en el Titanic.

Asimismo, estos indicadores de inflación son, en gran medida, fuentes de la preocupante y creciente pobreza en Argentina. De acuerdo con el Indec, y con base en mediciones realizadas para el segundo semestre de 2022, el 39,2% de los argentinos ya son pobres.

Brasil y su déficit de laicedad y republicanismo

Carlos A. Gadea
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Brasil y su déficit de laicedad y republicanismo

El martes 21 de marzo, «Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial», el gobierno del presidente Lula daba un paso más en la promoción de la igualdad racial en el país, con la firma de un decreto que garantiza que al menos el 30% de los cargos de confianza del gobierno federal sean ocupados por personas negras. Según las palabras de la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, esto hará posible la presencia de «hombres y mujeres negros en la implementación de las políticas públicas en el gobierno federal».

Alineado con una política de igualdad de oportunidades y reparación de injusticias a la población negra, el decreto puede considerarse, sin duda, una importante iniciativa para dar acceso a espacios en la vida administrativa y pública del país a un amplio segmento de la población. Brasil necesita este tipo de acciones, sobre todo ese «espíritu» republicano, igualitario y democrático que las sustenta. Sin embargo, esto, paradójicamente, también evidencia un problema histórico en la vida democrática y cívica del país, de consideración primordial para comprender las implicaciones presentes y futuras para un Estado moderno y laico.

Las imágenes que se vieron en la prensa de la firma del decreto en el Palacio de Planalto, mostraban claros vínculos estéticos y culturales, no sólo con la población negra del país, sino también con una forma específica de entender la propia negritud y, especialmente, con una práctica religiosa particular. Las imágenes remiten a una estética de la religiosidad de «matriz africana», al candomblé, a los afoxés, al uso de turbantes, a toda una «moda global» en la vestimenta, que sugiere la búsqueda de afirmación de una identidad negra en el encuentro con la «ancestralidad».

Los grupos que acompañaron al presidente en el evento actúan en el espacio público a partir de una identidad sociocultural configurada en el discurso de la «memoria africana», de la esclavitud y de un «cuerpo negro» marcado por lo que se entiende como «racismo estructural». Es posible que Lula, el gobierno e incluso el propio PT no advirtieran el efecto secundario de aquel acontecimiento: el de religión y política en estrecha relación.

Durante el gobierno Bolsonaro, pastores y líderes de iglesias evangélicas, Biblia en mano, ocuparon hasta el cansancio sectores fundamentales de la vida ciudadana, afectando áreas como educación, salud y asistencia social. Recordemos los discursos de la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, la abogada y pastora evangélica Damares Alves, que conspiraban contra el sentido común y la vida cívica, y su desatención hacia los indígenas guiada por preceptos supuestamente bíblicos. Será recordada por personificar una alianza entre la concepción religiosa y la vida política e institucional. Nunca se había visto a tantos pastores en un gobierno.

Pero la tradición republicana en Brasil, por frágil que parezca, sumada al fuerte respeto a la laicidad del Estado, se manifestó repetidamente para condenar esa práctica política durante la gestión del ex presidente Bolsonaro. Se percibía una «colonización» intolerable de la estructura del Estado por parte de grupos religiosos conservadores muy activos y militantes, que llevaban adelante agendas sociales y culturales afines a sus creencias.

Hay diferencias, de hecho, entre ambos casos. Durante el gobierno de Bolsonaro, la presencia evangélica fue el resultado de una acción política efectiva, materializando un proyecto de poder anclado en la esfera religiosa, en la acción de las iglesias que participaban institucionalmente del gobierno. Junto con los militares, los evangélicos ejercieron un poder efectivo, dando apoyo y legitimidad al bolsonarismo.

Con la firma del nuevo decreto, la presencia de la religiosidad de «matriz africana» no adquiere un peso tan significativo. Sin embargo, ese día se percibió una ‘estética política’ que expuso una cultura política particular sobre las políticas antirracistas y la propia definición de ‘cultura negra’ en Brasil.

Hay que tener en cuenta que en Brasil la «cultura negra» y la lucha antirracista han definido la negritud a partir de una narrativa histórica anclada en la esclavitud colonial. Se toma como referencia ese momento de la historia, asumiendo que los ciclos históricos posteriores son la simple confirmación de una estructura de exclusión que no habría alterado la condición social y cultural de la población negra.

Así, alimentar la «memoria de África» fue una estrategia de grupo con fuerte atractivo en la religiosidad, un discurso de resistencia histórica que iría de la mano de implicaciones políticas antirracistas. Como resultado, religión y política se aliaron en la particular caracterización de una cultura negra, presumiblemente hegemónica en el espacio público.

Pero, ¿es esta referencia representativa de la población negra? ¿Ser negro en Brasil se limita a una estética particular y a valores sociales próximos a prácticas religiosas de «matriz africana»? Encuestas del año 2020 indican que más del 30% de la población de Brasil se declara ‘evangélica’, siendo el 59% de ellos negros y el 55% pardos. Si añadimos la población negra católica y los que declaran no practicar ninguna religión, podemos entender que la ‘cultura negra’ es mucho más compleja y diversa.

El espíritu igualitario y de justicia social del decreto puede no materializarse en la inclusión de la heterogénea población negra en la administración pública si la proximidad a la ‘moda global’ de la africanida se convierte en un factor importante para ocupar los puestos de confianza reservados a personas negras. Por otro lado, ¿qué efecto secundario puede tener en la estructura del Estado la presencia relevante en la administración pública de un nuevo grupo de personas vinculadas a una determinada práctica religiosa?

Las injusticias contra la población negra exigen un Estado laico. Una definición cosmopolita y universalista de la ciudadanía y la negritud que separe lo privado de lo público, y, fundamentalmente, la religión de la política. La «cultura negra» es heterogénea y no está atada al dominio estético y a los valores o prácticas religiosas. Por ello, la sociedad y el Estado deben permanecer vigilantes como lo hicieron con los evangélicos en el gobierno pasado, protegiendo el laicismo y el republicanismo, valores necesarios en un país tan desigual.

Un nuevo pacto busca proteger a la Amazonía de delitos ambientales

Carolina Andrade
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Un nuevo pacto busca proteger a la Amazonía de delitos ambientales

Deforestación ilegal, minería ilegal, tráfico de drogas y violencia letal: nombre su flagelo y la cuenca del Amazonas rara vez decepciona. Pero como muestra un pacto inusual entre policías, fiscales, autoridades ambientales y expertos en lavado de dinero reunidos recientemente en Manaus, es posible responder activamente a este desafío.

Si bien es demasiado pronto para decir que la cuenca del Amazonas se está derrumbando, el evento organizado por el Instituto Igarapé, con apoyo de Interpol y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos fue un paso significativo para revertir la situación. El evento reunió a expertos de Brasil, Colombia y Perú para reflexionar sobre la situación desesperada que enfrenta el icónico bioma tropical, sus pueblos y el clima global.

Los delitos ambientales como el acaparamiento ilegal de baldíos, el tráfico de tierras, la tala ilegal y la extracción de oro están arrasando la cuenca del Amazonas a un ritmo vertiginoso, como lo advierten diversas investigaciones. Esto no es una tragedia ambiental; cada uno de estos actos es un delito, típicamente agrupado con otros delitos.

A esto se suma la creciente participación de facciones narcotraficantes sofisticadas, especialmente en Brasil, Colombia, Perú y también en Ecuador. Debido al aumento de la producción y el transbordo de cocaína, grupos armados como el Primer Comando de la Capital (PCC) y exguerrilleros de las FARC están abriendo un camino de depredación de recursos, inseguridad y violencia en espiral en los municipios de la cuenca del río. Los buscadores de oro, financiados por los capos de la droga y la mafia local, son una amenaza creciente para los bosques y la biodiversidad, especialmente en las áreas fronterizas frágiles.

El estado de derecho se deteriora rápidamente en áreas donde se trafican drogas y productos ilícitos y está desencadenando nuevos ciclos de destrucción ambiental. A raíz del tráfico de drogas sin precedentes en 2021 y 2022, las primeras semanas de 2023 fueron testigos de niveles récord de deforestación. Los analistas se refieren a esto como “narcodeforestación”, ya que las redes criminales lavan sus ganancias a través de la especulación de tierras, la tala de árboles, la agricultura y la producción ganadera.

El encuentro regional coincidió con el inicio de las audiencias del juicio por asesinato del indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, asesinados y emboscados en 2022, mientras trabajaban en el Valle de Javari, en el estado brasileño de Amazonas. Los brutales asesinatos provocaron una protesta internacional y llamaron la atención sobre la emergencia en la Amazonía, donde los crímenes sin sentido alimentan tres crisis interconectadas de proporciones planetarias: contaminación masiva, pérdida de biodiversidad y cambio climático.

Varias organizaciones criminales transnacionales están detrás del creciente ecosistema de delitos ambientales en la Amazonía, muchas de las cuales operan casi con impunidad. De hecho, el oro ilegal es la nueva cocaína , según Oscar Mojica, jefe de protección ambiental de la Policía Nacional de Colombia, quien señaló que un kilo de polvo de cocaína en Cartagena cuesta $2.000, mientras que un kilo de oro cuesta $20.000. Mientras que los productos químicos tóxicos como el cianuro y el mercurio, utilizados para extraer oro, están contaminando los ríos y los sistemas ecológicos de la región con consecuencias devastadoras para la salud de la población.

Una métrica sombría para estas economías criminales es la tasa de homicidios, que en muchos departamentos y municipios de la cuenca del Amazonas duplica los promedios nacionales. Y a medida que aumenta la violencia criminal, los esfuerzos para proteger la biodiversidad y reducir la tala de bosques también fallan. Las provincias amazónicas están marcando el ritmo de la violencia letal en el Perú. La historia es muy similar en Colombia y en Brasil, donde 13 de las 30 ciudades más violentas se encuentran dentro de la cuenca del río.

Los expertos reunidos en Manaus coincidieron en que los dos facilitadores más importantes para los delitos ambientales son el lavado de dinero y la corrupción. El crimen que se extiende por la cuenca del Amazonas, así como por América y Europa, cubre sus huellas filtrando las ganancias de su saqueo a través de bancos legítimos y el mercado legal. De ahí el renovado enfoque transnacional, enfatizado por representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (GAFILAT) y la iniciativa El Paccto de la Unión Europea para rastrear, investigar e interrumpir los flujos de dinero sucio a través de mejora de la inteligencia financiera y la cooperación regional.

Los cambios políticos sísmicos en varios países que se extienden a ambos lados de la cuenca del Amazonas han elevado la importancia de proteger y conservar colectivamente las selvas tropicales y promover alternativas sostenibles para los residentes locales. El pivote es evidente en Brasil, donde el presidente Lula da Silva ha restaurado la protección de la selva tropical y su gente como una prioridad en la agenda nacional y busca poner fin a la minería ilegal a raíz del desastre humanitario en la región yanomami.

En Colombia, Gustavo Petro se comprometió a tomar medidas enérgicas contra los impulsores legales e ilegales de la deforestación. Petro tiene la intención de aprovechar la iniciativa de su predecesor, la Ley de Delitos Ambientales de 2021, pero enfrenta una fuerte oposición de los ganaderos y la industria del aceite de palma, así como una economía criminal floreciente. Y a pesar de la inestabilidad política crónica de los últimos años, hay una sensación de avances también en Perú.

Es evidente el compromiso creciente para enfrentar los delitos ambientales, incluidos los llamados para revitalizar la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Lula anunció recientemente que Brasil organizará una cumbre de líderes de las ocho naciones amazónicas en agosto de 2023 en Belém, donde la organización del tratado asumirá un papel de liderazgo. La Unión Europea también se comprometió con otra ronda de financiamiento para su Red Jaguar, que se enfoca en la madera ilegal, el oro y los delitos contra la vida silvestre, incluida una llamada para expandir las operaciones en la cuenca del Amazonas.

A pesar de los desafíos que se avecinan, los participantes de la reunión en Manaus se mostraron discretamente optimistas, reconociendo que ofrecer una respuesta global y regional ante la devastación de la Amazonía es urgente y que el saqueo del bosque tropical más grande del mundo se está convirtiendo rápidamente en un problema de dimensiones globales, con efectos colaterales para el clima y la seguridad humana.

Melina Risso es directora de investigación del Instituto Igarapé.

Robert Muggah es cofundador del Instituto Igarapé.

Macri renuncia a postularse a presidente en las elecciones de octubre

Diego M. Raus
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Macri renuncia a postularse a presidente en las elecciones de octubre

Mediante un video grabado el viernes 24 de Marzo y difundido a la sociedad argentina el domingo 26 de Marzo, el ex presidente Mauricio Macro (2015-2019)  ponía fin a semanas de especulaciones y anunciaba públicamente que no iba a ser candidato a presidente, ni a ningún otro cargo, en las elecciones de octubre de 2023. Como es obvio imaginar, esta decisión modifica, el escenario electoral del país.

Los últimos dos grandes referentes de la política argentina son el mismo Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, a su vez enemigos acérrimos y representantes de gran parte del electorado de dos programas políticos antagónicos. Sin embargo, por los resultados de las políticas implementadas en los últimos años, no parecen ser tan diferentes.

Resuelto el cronograma electoral que lleva a las presidenciales de octubre, la discusión política en el país giraba en torno a las posiciones de ambos referentes. Por el lado de Macri, si bien se aceptaba en voz baja la crisis final de su presidencia, este es el fundador del partido que, en alianza con la Unión Cívica Radical (Juntos por el Cambio), habían derrotado al kirchnerismo en 2015 tras tres presidencias seguidas. Por el otro lado, por el simple hecho de ser el faro del Frente de Todos como gobierno, y del kirchnerismo como movimiento político heredero del peronismo, Cristina era el centro.

Ambos referentes políticos venían observando en las encuestas de los últimos meses una coincidencia fatal: el rechazo del electorado a sus figuras rondaban entre el 60 y el 70% de la población. Si bien Juntos por el Cambio, debido a la crisis que vive la Argentina, observa una intención de voto entre el 40 y el 50%, la figura de Macri conlleva el mencionado nivel de rechazo. Por su parte, el Frente de Todos, con un “piso duro” de entre 25 y 30% de intención de voto, su lideresa natural e indiscutible reproduce la ya también mencionada intención de voto.

Los análisis políticos y las impresiones que resultan del acontecer político, confluían, con más o menos convicción, que la ex presidenta retaceaba su candidatura debido a una probabilidad alta de derrota electoral. Ella misma, y sus partidarios, contribuían a ese retaceo señalando que Cristina esta proscripta a partir de la condena judicial que pesa sobre ella, si bien la causa no está confirmada y por lo tanto está habilitada a presentarse a elecciones.

Por este mismo sendero, se planteaba la hipótesis que si Cristina tenía alguna chance electoral, ésta residía en tener de contrincante directo a Mauricio Macri. De ese modo se activaba comunicacional, política y discursivamente la confrontación entre dos programas políticos que implicaban dos modelos de país: el país neoliberal vs el país de la justicia social. La renuncia de Macri supone, por ahora, dos escenarios inmediatos.

El primero, un freno directo a la especulación del kirchnerismo antes descripta. Sin Macri, Cristina como candidata pierde a su adversario predilecto, con el cual podía llevar la discusión de campaña al terreno ideológico. Sin Macri, Cristina solo podría hacer campaña en función de los resultados del gobierno actual, gobierno que ella constituyó y del cual es vicepresidenta. Y en ese terreno hay más para callar disimuladamente que para mostrar ostentosamente.

El segundo escenario, más fáctico, empieza a mostrar una definición al interior de Juntos por el Cambio por la cual, ya sin Macri, la cuestión es definir candidaturas (no hay más de tres candidaturas posibles y no son demasiado controversiales entre sí) y comenzar la campaña electoral. Para el oficialismo, muy dividido entre el kirchnerismo, el presidente y el Ministro de Economía Sergio Massa, esto implica un retraso peligroso del inicio de una campaña electoral donde ni siquiera está consensuado un programa electoral mínimo, a pesar de que el país está hundido en una crisis económica y social que, por esa misma división del gobierno, no tiene posibilidades de encontrar una salida.

Macri movió fichas primero. No será el candidato, como esperaba, pero tiene una estrategia que le permitirá ser el gran ordenador de la oposición.

Entre los principios y el “no” alineamiento

Esteban Caballero
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Entre los principios y el “no” alineamiento

En la mañana de la inauguración de la presidencia de Joe Biden, el flamante presidente espetó la famosa frase que guiaría la nueva política exterior de los Estados Unidos: “Estamos de regreso”. Es decir, de regreso después de la larga y caótica presidencia del mandatario Donald Trump; de regreso al orden internacional liberal; de regreso a la Convención sobre el Cambio Climático, a la Organización Mundial de la Salud y al Consejo de Derechos Humanos, a la diplomacia, al diálogo y al uso de la argumentación racional, pausada y pensada. De regreso al foro multilateral.

Desde entonces, esa idea se ha mantenido, lo cual no significa que haya habido necesariamente una ruptura total con las iniciativas de su predecesor. Se mantuvo, por ejemplo, la idea de retirarse de Afganistán y, sobre todo, se siguió elevando el tono de confrontación con la gran potencia emergente: China. De hecho, esos dos elementos estaban, de algún modo, correlacionados, pues una de las razones del retiro en Afganistán fue que su presencia allí consumía recursos que deberían ser usados para enfrentar las verdaderas amenazas estratégicas. Entre ellas, la gran potencia asiática.

Pero donde más se sintió el “retorno” fue en el eje del Atlántico Norte. El diálogo entre europeos y estadounidenses fue rápidamente recuperando fuerza y los viejos aliados volvieron a confiar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la mancomunidad que unía a las democracias liberales de los países occidentales. También se recuperó la alianza con los socios estratégicos del Pacífico. Japón, Corea del Sur, Australia, e inclusive la India, acudieron al llamado de Estados Unidos para fortalecer su propia mancomunidad en el este y mantener un frente más combativo contra las ambiciones geopolíticas de China.

La guerra en Ucrania y las relaciones internacionales

Cuando estalló la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia fue condenada por un gran número de Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La administración Biden pensó que la noción de salvaguardar el orden internacional liberal, basado en reglas establecidas, comprendería a un número mucho mayor de naciones. Sin embargo, el éxito fue parcial. Los países condenaron la acción unilateral de Rusia, claramente violatoria del derecho internacional, pero no estaban dispuestos a seguir la senda propuesta por el Gobierno estadounidense.

El exitoso rencuentro del eje del Atlántico Norte y el restablecimiento de las alianzas en el Pacífico no hallaron parangón en el sur global. Los países en vías de desarrollo han sido reticentes a enlistarse en una postura más agresiva con respecto a la invasión rusa, en parte porque entendieron que, de hacerlo, se distanciarían de la nueva potencia mundial, China. Muchos Gobiernos perciben la nueva confrontación de las potencias como una reedición de la Guerra Fría y se rehúsan a formar parte de esa lógica. Por ello, han tomado distancia, tratando de mantener buenas relaciones con todos y evitando enemistarse con cualquiera de las partes.

Ese fue el mensaje en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y en el encuentro de alto nivel con jefes de Estado africanos en Washington D. C. Esto también se dejó entrever en la reunión del G20 y en los diálogos con la India. En todos estos eventos se coincidió en clamar por la paz, de forma genérica y, así, librar a los países en vías de desarrollo de las calamidades por la suba de precios.

La posición de América Latina

América Latina, en general, se acopló al posicionamiento del sur global. Inclusive ha surgido la reflexión sobre el no alineamiento activo y se ha intentado recuperar algunos de los postulados del movimiento de los no alineados de la época de la Guerra Fría. Esa posición tiene pros y contras. Los pros son que la región no puede emular a Estados Unidos en su fuerte competencia con China ni romper vínculos con Rusia. Los países argumentan que tienen autonomía y soberanía para tomar decisiones, y priorizan la neutralidad para poder seguir manteniendo relaciones comerciales, inversiones directas y alternativas financieras, sobre todo con China. Hay que tener en cuenta que muchos países suramericanos tienen como principal socio comercial a China.

Los aspectos negativos de ese “no alineamiento” tienen que ver con el reducido espacio que esta estrategia deja para la conducción de una política exterior desde posiciones más principistas. Es cierto que el no alineamiento valora la soberanía y autonomía de los países del sur, pero, al mismo tiempo, establece una equivalencia entre las potencias mundiales que invisibiliza diferencias que están relacionadas con principios democráticos, libertades y derechos fundamentales. Desde esa perspectiva no es lo mismo Estados Unidos y China, ni Rusia y la Unión Europea. Entre estas potencias, hay diferencias en términos de la posibilidad de elegir a los gobernantes, exigir rendiciones de cuentas, manifestarse y protestar de manera pacífica, libertad de prensa, de expresión o de reivindicación de derechos.

Estos son principios que en la región han sido ganados con el sufrimiento de generaciones de latinoamericanos. Por ello, la ausencia de estos no debería ser pasada por alto en pos de un realismo político basado en la conveniencia. Los Gobiernos de la región deben hacer un esfuerzo por encontrar el equilibrio entre mantener la autonomía sin dejar de expresar de forma clara la defensa de la libertad y el derecho ante la comunidad internacional.

AMLO, a la caza de universidades públicas

Ernesto Hernández Norzagaray
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AMLO, a la caza de universidades públicas

El diputado federal de Morena, Armando Contreras Castillo, presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica para que la próxima elección de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se celebre como ha venido sucediendo desde 1945. Desde entonces, la elección se ha realizado a través de una junta de gobierno que le ha garantizado estabilidad a la máxima casa de estudios de los mexicanos.

La iniciativa de marras señala lo siguiente: “La persona titular de la Rectoría será elegida por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible, conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca el Consejo Universitario, que deberán garantizar el principio de paridad de género”.

Además, la iniciativa, que no se discutió ni se publicó en la Gaceta Parlamentaria, ni mucho menos se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que al menos momentáneamente no podrá aplicarse en el siguiente proceso de renovación del rector que dirigirá la institución entre 2023 y 2027.

El argumento esgrimido por el diputado para impulsar la iniciativa, que inmediatamente provocó reacciones sociales y políticas en contra, fue que “la junta de gobierno se ha constituido en una instancia impermeable a la renovación generacional de las instituciones sociales y de gobierno, consolidándose como un factor de inmovilismo político”. Sin embargo, lo que no se señala es que el ente está integrado por 15 distinguidos universitarios de la comunidad académica que son elegidos por el pleno del consejo universitario y, solo en ocasiones específicas, por la propia junta, y tiene entre sus principales facultades nombrar al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos.

Así mismo, hay que recordar que los electos tanto de la junta como los rectores y directores deben cumplir los mismos requisitos: ser “mayor de 35 y menor de 70 años, poseer grado universitario superior al de bachiller, haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber prestado servicios docentes o de investigación a la UNAM o haber mostrado en otra forma interés en los asuntos universitarios y gozar de estimación general como persona honorable y prudente”.

Grosso modo, la UNAM tiene actualmente alrededor de 360.000 estudiantes, 43.000 académicos y 33.000 empleados administrativos, por lo que para celebrar elecciones directas como lo propone el planteamiento haría falta una gran movilización logística y de recursos. Además, de aprobarse dicha idea, esta desplazaría este voto indirecto por uno directo, sustituyendo, así, un voto sustantivo por otro marcado por el de la popularidad. Bien reza un mensaje de Facebook: “La elección de un rector debe partir de criterios académicos y no de popularidad. Una universidad no es una república”.

Morena tiene la mirada puesta en la UNAM, y en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador la ha vapuleado mediáticamente mediante el argumento ideológico de que es una institución conservadora y neoliberal, lo que podría explicar el porqué de la propuesta del diputado federal.

Ante las dificultades de Morena para imponer su voluntad política por las vías institucionales, lo está intentando a través de una “elección directa y del sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible” para, de esta forma, impulsar candidatos afines en la máxima casa de estudios y también en el resto de las universidades públicas del país.

Actualmente, por ejemplo, en las universidades públicas del estado de Sinaloa, el Gobierno y el Parlamento local, dominados por Morena, están haciendo un ensayo para no solo imponer ese tipo de voto “democrático”, sino para que también el Congreso del Estado cumpla tareas de auditoría financiera, consultas universitarias y presentaciones de altos funcionarios universitarias ante el pleno de diputados locales. Esto ha hecho que la Universidad Autónoma de Sinaloa se haya amparado a través de consejeros universitarios, lo que llevó a que un juez otorgara una suspensión provisional en la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado.

Es evidente que el interés de Morena, tanto en la UNAM como en las universidades de provincia, es eminentemente político. No hay un interés académico: el objetivo es el control de las instituciones, y con el voto universal de los estudiantes y académicos se busca capturar estas instituciones, lo que terminaría por lesionar fuertemente la autonomía universitaria.

Por fortuna, el asunto sinaloense va camino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los once ministros que han refrendado el cumplimiento y el hacer cumplir la Constitución deberán interpretar y resolver las reformas sinaloenses. Lo que resulte tendrá aplicación para el resto de las universidades públicas.

El estado de la democracia en América Latina

Manuel Alcántara
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El estado de la democracia en América Latina

Los días 29 y 30 de marzo se está celebrando de manera virtual la Cumbre de la Democracia 2023. Se trata de su segunda edición tras la iniciativa de Joe Biden en su campaña electoral en 2020. Además de Estados Unidos son copatrocinadores los gobiernos de Costa Rica, Países Bajos, Corea del Sur y Zambia. Ello supone una excelente excusa para reflexionar sobre la situación de la democracia en América Latina máxime cuando durante las últimas semanas han sido publicados diferentes informes acerca del estado de la democracia en el mundo con datos recabados a lo largo de 2022. Constituyen esfuerzos consolidados que buscan mediciones gracias a las cuales poder constatar avances o retrocesos en el seno de cada país a la vez que establecer comparaciones entre estados. Gracias a los informes las sociedades y las elites políticas pueden tener constancia de su situación y, en su caso, obrar en consecuencia, y por las mediciones es posible avanzar en el conocimiento de la política.

Cuantificar a través de mediciones el estado de esta es un indudable progreso del saber, una práctica que es un lugar común desde hace un siglo en diferentes disciplinas del ámbito de las ciencias sociales. En la economía hoy no existe duda alguna de la validez y utilidad de los índices que miden la riqueza de una nación a través del término “producto interior bruto” o del que calcula la subida de los precios y evalúa la carestía de la vida. En la sociología, los índices de desigualdad, de natalidad o de mortandad son moneda corriente como lo es en psicología el coeficiente de inteligencia. Son aproximaciones necesarias para un mejor conocimiento de la realidad que se ven acompañadas en el campo de la ciencia política con esfuerzos similares desplegados en las dos últimas décadas.

Freedom House, The Economist Intelligence Unit (EIU), la Fundación Bertelsmann (BTI), el Proyecto V-DEM, entre otras instancias, son instituciones que han venido especializándose en la evaluación del desempeño democrático de los países. Partiendo de un marco conceptual sólidamente arraigado en la academia en torno a la siempre compleja noción de democracia los estudios llevados a cabo la operacionalizan mediante indicadores que son factibles de valorar en escalas. Así, los trabajos de Norberto Bobbio, Hanna Arendt, Robert Dahl, Giovanni Sartori o Juan J. Linz, entre un amplio grupo de intelectuales, son usados por expertos para calibrar periódicamente el nivel alcanzado por las distintas variables. Al mismo tiempo también se utilizan diferentes tipos de escalas de procedencia variada como son los porcentajes de participación electoral, las tasas oficiales de escolarización y desempleo, los datos de encuestas que miden hábitos y valores, entre otros.

Todo ello hace factibles aproximaciones bastante sofisticadas a la democracia concebida entonces como un tipo de régimen basado en el estado de derecho y en el que los cargos públicos acceden al poder como consecuencia de procesos electorales periódicos, libres y limpios. Pero el análisis no queda ahí puesto que se puede ver complementado por una visión que valora, a su vez, el nivel de igualdad existente en el país abordado, la participación real de la gente en las decisiones que afectan su vida y la posibilidad de alcanzarlas a través de la deliberación, así como la eficiencia y la eficacia en sus resultados de las políticas implementadas.

Estos instrumentos alcanzan a los países latinoamericanos que son así observados con una mirada desapasionada alejada de la militancia ideológica de cada quién. Su análisis minucioso comparado, de acuerdo con las instituciones que publicaron sus trabajos para 2022, permite llevar a cabo tres tipos de acercamientos que facilitan sendos titulares del estado de la cuestión.

En primer lugar, se constata una vez más la enorme heterogeneidad de la región. Combinando los informes publicados, que tienen un notable grado de congruencia, los países pueden encuadrarse en cinco grupos en función de su grado de democracia (otras fuentes hablan de calidad de su democracia). Uruguay, Costa Rica y Chile se encuentran en el lugar más alto; Panamá, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana están en el grado medio-alto; en una posición intermedia están Ecuador, México, Paraguay y Perú; mientras que Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras aparecen en el grado medio-bajo; y en el menor nivel se sitúan Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En segundo término, 2022 resulta ser el peor año en la serie de mediciones efectuadas en la mayoría de los países. Por ejemplo, el índice BTI que se realiza desde 2008 indica que así fue excepto para Colombia, Cuba, Uruguay, Ecuador y Paraguay, -sus mejores años en la serie fueron 2008 para los tres primeros y 2012 y 2014, respectivamente-. Para el índice EIU los años 2021 y 2022 fueron los peores desde 2004 para la mayoría de los países excepto Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, R. Dominicana y Uruguay. El análisis comparado longitudinal entre 2004 y 2022 muestra la suave evolución positiva de Colombia y la paulatina involución de México (para en este último índice de 6,67 a 5,25), El Salvador (de 6,22 a 5,06), Guatemala (6,07 a 4,68), Honduras (6,25 a 5,15) y Bolivia (5,98 a 4,51). Por su parte, Nicaragua y Venezuela se desploman al pasar de 5,68 a 2,50 y de 5,42 a 2,23 respectivamente. Uruguay (8,91), Costa Rica (8,29) y Chile (8,22) alcanzaron sus valores más altos en 2022.

Por último, debe subrayarse que los estudios muestran un marcado descenso de los índices medios a nivel mundial, pero también por regiones, algo que no hace sino reforzar la idea de la fatiga que acosa a la democracia en el mundo y que sin duda deberá afrontar la referida cumbre virtual. Ahora bien, la región en la que más descendió el promedio del índice de democracia entre 1998 y 2022 fue América Latina y el Caribe disminuyendo casi diez puntos porcentuales frente a los tres puntos en que decreció en Europa occidental, Estados Unidos y Canadá y los cinco puntos en que también disminuyó en Europa oriental.

Haití, rehén de organizaciones criminales

Camilo González Vides
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Haití, rehén de organizaciones criminales

Haití sigue hundiéndose en el abismo de la inseguridad y la ingobernabilidad. Recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que en los tres primeros meses del 2023 han sido asesinadas 530 personas, y secuestradas 281, como consecuencia de la violencia pandillera. Las autoridades haitianas ya han dado muestras de impotencia ante el poderío militar de estas organizaciones criminales, y portavoces del Gobierno interino han llamado a los ciudadanos a defenderse a sí mismos, a la vez que han invitado a las recién reconstituidas fuerzas militares a sumarse a la cruzada para derrotarlas.

Desmantelamiento criminal de la democracia

El ahuecamiento del Estado es consecuencia de la tolerancia que las élites políticas han tenido al dominio territorial de las pandillas después de la intervención humanitaria de 2004 y el terremoto de 2010. En los ciclos electorales posteriores, las pandillas capitalizaron su dominio territorial. No solo tuvieron un papel clientelar, sino que también utilizaron la violencia para favorecer a sus patrocinadores políticos en sus respectivos distritos.

Sin embargo, durante el gobierno de Jovenel Möise, del neoduvalierista Parti Haïtien Tèt Kale, la democracia terminaría de hundirse con la invitación a las pandillas a participar en el proceso de autocratización. De forma encubierta, el Gobierno las fortaleció, pero en detrimento del frágil cuerpo de policía después del final del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití  (Minustah).

Las pandillas se convirtieron, así, en las fuerzas de choque del Gobierno que entre 2018 y 2022 causaron la muerte de 947 personas, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), muchas de ellas en suburbios considerados como bastiones opositores a Möise.

Las pandillas (especialmente el G-9) se fortalecieron ante la erosión democrática en el país caribeño. El Gobierno se benefició del ambiente de control social, y las pandillas, de acceder a los recursos del Estado. Sin embargo, el sorpresivo magnicidio de Möise abrió una nueva situación. La debilidad del G-9 fue aprovechada por otras pandillas que competían por el control territorial. Esto conllevó la proliferación de nuevas pandillas que han hecho que la democracia fuera secuestrada rápidamente por el terror de las pandillas. El fuerte número de secuestros, la toma de la terminal de Varreux y los ataques a estaciones policiales han creado un ambiente que hace imposible la celebración de elecciones.

Autoridad y acuerdos de papel

En ese clima de incertidumbre, en junio de 2021 asumió Ariel Henry como primer ministro interino. Desde entonces, su papel ha sido nominal ante los constantes ataques armados, y la competencia exitosa de las pandillas dominan actualmente cerca del 60% de la capital. La autoridad del primer ministro ha sido, a su vez, contestada porque políticamente la oposición resurgió bajo la figura del Acuerdo de Montana, que exige su renuncia y la celebración pronta de elecciones. Incluso, la oposición se ha agrupado alrededor del rechazo al despliegue de una fuerza internacional solicitada por el primer ministro en octubre pasado.

No obstante, el Acuerdo de Montana se ha ido debilitando con la deserción de varios de sus miembros, debido a la mejor posición política del primer ministro y gracias al Acuerdo de Musseau. Este acuerdo entre fuerzas políticas ha designado un Alto Consejo de Transición que apoyará al primer ministro haitiano en la organización de las elecciones pospuestas desde 2021.

Sin embargo, en la situación actual, la iniciativa cae en saco roto, ya que el país no cuenta con condiciones de seguridad mínimas como para poder celebrar unas elecciones imparciales y pacíficas. Paradójicamente, celebrar elecciones en estos momentos podría avivar aún más la conflictividad en un país donde su institución electoral es provisional y el apoyo a la democracia es el más bajo del continente, según el último estudio de Latin America Public Opinion (Lapop).

Mutación de la violencia y el tráfico de armas

La violencia en Haití mantiene una lógica propia. Muchos analistas han vinculado el panorama de seguridad a lo que sucede en varios conflictos en África.  No obstante, en Haití la violencia no se debe a conflictos entre etnias que compiten por el poder político. Por el contrario, se trata de grupos criminales instrumentalizados por grupos empresariales y políticos para mantener los feudos donde ejercer su dominio territorial. El problema es que este carácter parece estar mutando ante la mayor autonomía de las pandillas para actuar sin la anuencia de sus antiguos patrocinadores.

Esa peligrosa transición criminal está siendo alimentada por el incremento del comercio de armas desde Estados Unidos y República Dominicana. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), la crítica situación del país lo ha convertido en un mercado atractivo para el comercio ilícito de armas. A esto se suma el hecho de que la porosidad de las fronteras dificulta la labor de las autoridades para detener el flujo de armas hacia las pandillas, lo que ensancha aún más la desventaja numérica y cualitativa frente al poder de fuego de estas últimas.

Una complicada misión

En octubre de 2022, el primer ministro pidió el despliegue de una fuerza internacional, a fin de recuperar el orden público en su país. La petición sigue sin aprobarse por las divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU y la resistencia de países caribeños a las presiones de Estados Unidos para que un país del sur global asuma el liderazgo de esta responsabilidad internacional.

Si finalmente es aprobada, la misión para estabilizar a Haití será más difícil que las del pasado. Esta misión seguramente no tendrá como objetivo derrocar un Gobierno autoritario, pero tampoco será similar a la Minustah que se limitó a reducir los homicidios y los secuestros durante su mandato. Aquí la tarea sería más complicada: se trataría de desarticular un sistema de gobierno criminal, lo cual implicará el que se quiebre la alianza entre políticos, empresarios y criminales que mantienen atado el poder político al uso de pandillas como mecanismo de poder político y se deberían ejecutar medidas para evitar que este y nuevos fenómenos de colusión afecten el funcionamiento de las instituciones.

Sin Estado limpio no hay democracia funcional. Esto nos deja como alternativa un argumento impopular: la intervención es necesaria si se quiere que en un futuro democrático las elecciones no terminen por avalar las prácticas autoritarias y criminales que han secuestrado al Estado y a millones de haitianos.

Moneda sur: ¿una nueva quimera?

Héctor A. Ríos Maury
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Moneda sur: ¿una nueva quimera?

¿Es viable la reciente propuesta de los presidentes de Brasil y Argentina de desarrollar, sur, una moneda común que, en primer lugar, les serviría como recurso de intercambio bilateral y, más adelante, como divisa suramericana y hasta latinoamericana? Esta nueva moneda, según se ha dicho, estaría a cargo del Mercado Común del Sur (Mercosur), compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela (este último fue suspendido desde 2019), y está pensada para trascender el patrón dólar y disminuir costos en el manejo de flujos financieros y comerciales, aunque no sustituiría al real brasileño ni al peso argentino. ¿Sur es una quimera o una retórica ideológica o populista? ¿Cuáles han sido los intentos previos para tener una moneda común en Latinoamérica?

Los fracasos anteriores

En América Latina, durante décadas se han concebido y propuesto diferentes proyectos de moneda común. Todos, fallidos. En 1964 los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua establecieron el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA). En su origen, en el artículo 4 de su convenio fundacional, se habló de una moneda común y un sistema de bancos centrales. En 1974 intentaron fortalecer el proyecto con la creación del Acuerdo Monetario Centroamericano (AMCA) y en 2002 se amplió la iniciativa y se añadió a la República Dominicana. Transcurridos 59 años, las instituciones aún existen y son parte de las estructuras de coordinación regional centroamericana y caribeña. Sin embargo, no se ha concretado el proyecto de la moneda común.

El 31 de marzo de 2009, Hugo Chávez, quien partió de la retórica del socialismo del siglo XXI y en el contexto de la Segunda Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA), que se celebró en Catar, propuso la creación de una moneda internacional liderada por Venezuela: el petro. «Será una propuesta para los grandes productores de petróleo y los países que tenemos mayores reservas; Venezuela, el primero del mundo. Le llegó el final a la dictadura del dólar», afirmó. Pero la petromoneda nunca se fraguó.

En octubre de ese mismo año, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), es decir, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, anunciaron el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), un sistema de pagos utilizado para intercambios comerciales. Desde su creación, los presidentes de los países de la ALBA (Hugo Chávez, Raúl Castro, Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales) señalaron que, debido a su evolución, el Sistema Sucre consumaría una moneda común que quebraría la hegemonía del dólar. Eso nunca ocurrió.

En 2017 y 2018 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resucitó la idea del petro para proponer una criptomoneda de su gobierno. Sería garantizada por riquezas futuras, algo, cuando menos, muy imaginativo y excesivamente optimista. Esto tampoco se llevó a cabo.

En 2019 los gobiernos de Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, adversarios y predecesores de Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Fernández, respectivamente, expusieron de manera pública su propósito de crear el peso real para las relaciones comerciales entre sus países y con miras a desarrollarlo en la región. De forma arriesgada, esa moneda habría estado garantizada por nuevos impuestos a las exportaciones, pero Bolsonaro y Macri fueron derrotados electoralmente en sus países y el proyecto no avanzó.

Algunos criterios para la viabilidad

Para que cualquier conjunto de países pueda considerar con seriedad el desarrollo de una moneda común eficaz, antes deben consolidarse ciertos esfuerzos de integración comercial, económica y política. Además, estos países deberían mantener niveles de crecimiento continuos, estabilidad fiscal, control inflacionario, capacidad financiera, solidez de reservas y de valor monetario, y políticas públicas armoniosas.

Ese no es precisamente el cuadro macroeconómico que ha caracterizado a Latinoamérica por décadas. Baste recordar, por ejemplo, que Argentina, históricamente anclada en el estatismo, tiene indicadores económicos inferiores y lejanos de los de Brasil. Además, Argentina enfrenta una inflación de alrededor del 100%, su moneda presenta una fuerte devaluación, no tiene acceso competitivo a mercados internacionales de capital y sus reservas monetarias han mermado notablemente.   

El sur y sus pocas probabilidades de  prosperar

Por ser un proyecto incipiente, aún no están claras las precisiones técnicas de esta moneda. No obstante, su proyección inicial  y los antecedentes históricos que la enmarcan permiten formular algunas derivaciones.

De momento, no hay a la vista una perspectiva en la que los Gobiernos latinoamericanos deseen trascender unánimemente el uso del dólar. De hecho, ante la propuesta del sur, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su país, con la segunda economía más grande de la región, permanecerá en las coordenadas del patrón dólar. Es una exclusión muy significativa. Hay que recordar, a su vez, que México es miembro de la Alianza del Pacífico (AP) junto a Perú, Chile y Colombia. Según el Informe Anual de Libertad Económica 2022 de la Fundación Heritage, la Alianza del Pacífico tiene una apertura, actividad económica e integración más grande que el Mercosur.

Todos los proyectos latinoamericanos anteriores para crear monedas fracasaron porque los Gobiernos que los dirigieron pretendieron forzar la moneda común como vehículo para adelantar sus agendas ideológicas y políticas, en lugar de optimizar el desarrollo integrador. La propuesta de los presidentes Lula y Fernández es un nuevo esfuerzo en el mismo sentido.

Sur, como moneda común, verdaderamente competitiva, no luce viable a corto ni a mediano plazo. Por lo tanto, de momento, al menos, parece ser una nueva quimera. Un episodio más de populismo y retórica ideológica en la historia latinoamericana.

La ceguera argentina ante el cambio climático

Leonardo Stanley
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La ceguera argentina ante el cambio climático

En su reciente discurso ante la reunión anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, planteó la obsesión del banco multilateral por el asunto climático. Reconvertido en vocero del sur global, Massa destacó la responsabilidad de los países desarrollados en la actual emergencia climática, pues considera que deberían dejar de emitir y, así, permitir a los países en vías de desarrollo empezar su sendero hacia el progreso.

La responsabilidad de países como Gran Bretaña (cuna de la revolución industrial) o Estados Unidos (preeminencia económica a lo largo del siglo XX) es evidente, ya que han sido uno de los principales emisores. El stock se asocia, de ese modo, con un “puñado de países desarrollados”.

Este patrón de acumulación dio lugar al reconocimiento de las responsabilidades, comunes pero diferentes, que surgieron en la cumbre climática de Río (1992). En dicho año la acumulación de carbono en la atmósfera ascendió a 359 partículas por millón (ppm), al tiempo que la temperatura promedio global mostró un incremento de 0,12 °C respecto al patrón observado en la era preindustrial.

En dicho año también se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entidad cuyos informes irían ganando respeto año tras año. Cinco años después se adoptó el Protocolo de Kyoto, del cual surgieron metas vinculantes de reducción de las emisiones y afectó a un conjunto de economías desarrolladas, aunque luego muchos países trataron de no cumplir con sus compromisos cuando el esquema de permisos comenzó a despegar. Pero dicho tratado también instauró el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que intentaba reducir las emisiones de los países en vías de desarrollo. China resultó ser uno de los más activos y concentró casi el 60% de los proyectos.

Al momento de la firma del Acuerdo de París (2015), las partículas ascendían a 399,4 ppm, la emergencia climática ya comenzaba a mostrar signos de emergencia y una porción significativa de las emisiones incrementales se vinculaba ahora con China, país que en ese poco tiempo había sido la factoría del mundo. Pese a que seguían muchas de las condiciones comúnmente relacionadas con el subdesarrollo, el Gobierno chino se comprometió a reducir sus emisiones, acto que constituyó uno de los hechos políticos más destacados de la citada cumbre. China dejó atrás su papel de vocero del sur global y priorizó su función como proveedor de tecnologías limpias. 

La emergencia climática implica tornados, lluvias o sequías de mayor intensidad. Todo evento climático extremo causa muerte y destrucción a su paso. Así las cosas, en mayo del 2022, las emisiones eran de 421 ppm, un valor 50% por encima de lo observado en la era preindustrial.

Los cambios en el clima serán cada vez más recurrentes, lo cual traerá aparejados problemas económicos más agudos. Pese a todo, se sigue pensando en la macroeconomía como algo disociado de la naturaleza y se profundiza un modelo de desarrollo extractivista, para lo que se espera que derrame beneficios sociales, al tiempo que desestima las consecuencias ambientales. 

En este contexto, debería ponerse de relieve el papel que les corresponde a las principales economías de la región, pues, analizando las emisiones acumuladas desde la revolución industrial hasta nuestros días (1850-2021), Brasil, Argentina y México califican entre los principales veinte emisores. Aunque ciertos países se perciban a sí mismos como “acreedores ambientales”, dicho relato no resulta creíble frente a varios países de Centroamérica y el Caribe.

El efecto nocivo que genera la combustión de fósiles ha sido reconocido desde hace años, aunque la industria petrolera lo desconociera durante mucho tiempo, para luego tratar de desdramatizar la magnitud del problema o plantear lo irreversible del calentamiento. Hoy los principales productores usan tecnologías de secuestro de carbono, aun cuando estas, ciertamente, no resultan una alternativa viable. De hecho, las empresas petroleras ambicionan dejar de lado lo fijado en París, pues saben que su cumplimiento implica abandonar la mayoría de los proyectos que hoy están  en discusión.

El afán neodesarrollista del Gobierno argentino realiza una apuesta similar, pero su interés por avanzar con la exploración offshore no solo desconoce los efectos nocivos que genera este tipo de actividad, sino que también olvida sus riesgos financieros.

Sin embargo, el sector financiero ha tomado nota del fenómeno y, ciertamente, también lo ha hecho la banca multilateral. Este último segmento ha hecho una serie de informes en los que alerta sobre los efectos macroeconómicos del cambio climático, a la vez que habla de los riesgos financieros que tal fenómeno acarrea. El departamento de investigación del BID es uno de los más activos en la materia y en sus informes se refiere al problema de activos varados que puede enfrentar la región si continúa con las inversiones en energías no renovables. 

Tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad producen amplios costos económicos, lo cual afecta las arcas públicas y la balanza comercial. Todo ello aumenta el riesgo y amplía los costos ambientales. Desde hace más de 30 años el panel de científicos del IPCC viene destacando los peligros del calentamiento global y ha señalado lo irreversible, incierto y trágico del cambio que se viviría si atravesamos la barrera de los 1.5 °C. El último informe del IPCC, recientemente publicado, indicó que ya se observan daños generalizados e irreversibles. Ello plantea la necesidad de avanzar con la transición hacia las energías renovables de manera acelerada.

En lugar de victimizarse, el Gobierno de Argentina podría aprovechar el entusiasmo de la banca multilateral por el asunto para negociar líneas de financiamiento blandas y, así, financiar las inversiones necesarias en mitigación y adaptación. Sin embargo, no es solo eso. Tal como indicó el jefe de la División del Cambio Climático y Sostenibilidad del BID, Graham Watkins: “El impacto de los países de no avanzar con esta agencia es quedarse atrás mundialmente. No se tendrá acceso a mercados. Los países que no consideren estos cambios no serán parte de cadenas de valor”.

La magnitud del desafío que impone el cambio climático y la transición energética excede la dimensión económica y escapa al cortoplacismo que atrapa a la discusión política argentina. Se necesita una mirada amplia que considere las consecuencias geopolíticas de quedar atrapados en un modelo del pasado.

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