Vicepresidentes latinoamericanos y corrupción: maneras de vivir

Es conocida la debilidad de Cristina Fernández de Kirchner por el rock nacional y, especialmente, por su canción favorita: Rasguña las piedras. Cuentan sus vecinos que últimamente se la oye cantar en casa a voz en pecho. “Lo cierto es que estoy aquí / Otros por menos se han muerto / Maneras de vivir”. Los vecinos, asombrados, se preguntaban qué llevaría a la vicepresidente a cambiar Sui Generis por los españoles Leño.

Un vecino de oído particularmente fino detectó que a veces la vice cambia la letra original por esta otra: “Lo cierto es que estoy aquí / Otros por menos renunciaron / Maneras de vivir”. Y como además del oído, tiene fino el intelecto, le tomó poco tiempo atar cabos: el diario del 12 de agosto anunciaba la renuncia del vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, y el retiro de su precandidatura a presidente en 2023. El motivo: Estados Unidos lo considera “significativamente corrupto”.

Apenas unos días antes se conocían las tres toneladas de argumentos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa “Vialidad”, en la que se acusa a Cristina Fernández de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. Pero la vice argentina, muy lejos de renunciar a su cargo, recusó a los dos fiscales de la causa y a dos jueces. Maneras de vivir.

Una de cal y una de arena

Al paraguayo Velázquez no le hizo falta que las acusaciones en su contra derivaran en causas judiciales, ni que decir en juicio oral, que es la etapa más avanzada del proceso. La denominación de “significativamente corrupto” por parte de Estados Unidos fue suficiente para que renunciara.

Al justificar su decisión, ofreció una de cal y una de arena. Por un lado, anunció la cancelación de su precandidatura a las presidenciales de 2023; según él, el siguiente era el motivo: “Para enfocarme en preparar mi defensa y proteger el buen nombre de mi familia”. Es decir, por motivos estrictamente personales, no por el daño que causaría a las instituciones que un sospechoso de corrupción fuera candidato a la primera magistratura.

Por otro lado, afirmó: “La institucionalidad del país siempre debe estar por encima de cualquier asunto personal”. En última instancia, lo que cuenta es que estas palabras coinciden con sus acciones, es decir, con su salida del Ejecutivo. Y coinciden con las palabras y las acciones de Juan Carlos Duarte, asesor jurídico de la hidroeléctrica binacional Yacyretá, implicado en el mismo caso de corrupción: “Ya renuncié a mi cargo, es un cargo público y tengo que honrar las instituciones republicanas”. Maneras de vivir.

La imitación, a gusto del consumidor

Uno de los mecanismos más habituales en política, pero también uno de los más misteriosos, es la imitación. ¿Cómo se explica que unos países copien las instituciones de otros? ¿Cómo se entiende que algunos comportamientos de líderes políticos sean replicados en cadena por los de su entorno?

Y más sorprendente aún: en tiempos de internet, en que nos enteramos al mismo tiempo de lo que pasa en nuestro país vecino y en otro situado en las antípodas, ¿cómo es que los políticos imitan mayoritariamente al país vecino y no a cualquier otro? ¿Sigue pesando tanto la cercanía geográfica, a pesar de los avances tecnológicos y los correspondientes cambios socioculturales? Al margen de especulaciones sobre los motivos, el hecho es claro: la imitación opera. Pero no lo hace en un sentido predeterminado: en gran parte de los casos, los políticos pueden elegir un modelo.

Velázquez parece haber elegido el de Raúl Sendic, en Uruguay: acusado por el Tribunal de Conducta Política de «proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos» (realizó gastos personales con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal), renunció a la vicepresidencia en septiembre de 2017. En una entrevista con Panorama Diez, el exvice afirmaría: “Cuando la situación se planteó a nivel de la justicia, yo decidí renunciar a mi cargo de Vicepresidente de la República y concurrir como un ciudadano cualquiera a la Justicia. Nunca tuve intención de ampararme en los fueros. Desde mi punto de vista, los fueros no deberían existir”.

Cristina Fernández, en cambio, parece haber buscado inspiración en Ecuador. Doblemente: por un lado, según fuentes cercanas a Rafael Correa, sería este quien maquinó la estrategia de proclamarse candidato a vicepresidente y seguidamente nominar al candidato a presidente. Fernández habría tomado la idea del ecuatoriano, aunque finalmente ella llevara la argucia a término y Correa se quedara en declaración de intenciones. La aprendiz supera al maestro.

A propósito de los fueros (a los que Sendic renunció junto con la vicepresidencia): es vox pópuli la hipótesis de que el empeño de Cristina Fernández en ejercer cargos políticos tiene precisamente que ver, más que con su ambición de poder, con el aforamiento que tales cargos le confieren.

Por otro lado, a la hora de lidiar con tribunales, Fernández vuelve a mirar a Ecuador. Primero, al propio Correa, que ha conseguido el estatus de refugiado político en Bélgica, es decir, una suerte de aforamiento que le permite evadir la condena en firme a ocho años de haber sido dictada por los tribunales de su país por cohecho. Segundo, a Jorge Glas, cuarto vicepresidente de esta serie en enfrentar acusaciones por corrupción. Mientras el ahora expresidente Lenín Moreno le retiraba todas sus funciones y el también expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, declaraba que Glas debería dar un paso al costado, el vice se aferraba al cargo: “Renunciar a la Vicepresidencia de la República sería como aceptar mi culpabilidad cuando soy inocente”, tuiteaba. En efecto, Glas ingresó en prisión sin haber renunciado. Maneras de vivir.

El mensaje implícito

La canción que se oye cantar a Cristina Fernández es de las que tienen un mensaje implícito. Pero no se trata de las clásicas psicofonías satánicas del rock oscuro ni hace falta reproducir el vinilo al revés para oírlo. Es un mensaje implícito pero muy claro.

Primero: la justicia es corrupta y domina indiscutiblemente a los otros Poderes. Esto queda demostrado por el hecho de que esos Poderes no consiguen domesticar la tiranía del lawfare. Si la justicia es corrupta y domina el sistema institucional, el sistema institucional en conjunto es corrupto. Una oda fúnebre al Estado de derecho, entonada por quienes se espera que sean los guardianes de su salud.

Segundo: si los tribunales juzgan al ciudadano y este no está de acuerdo con el veredicto, puede autorizarse a sí mismo a invertir el procedimiento: el ciudadano juzga a los tribunales. Ello implica, además, que el ciudadano está en posición de decidir quién puede juzgarlo, lo cual, a su vez, tiende a resolverse siempre del modo más obvio: el ciudadano determina que solo él puede y debe juzgarse a sí mismo. Y ¡albricias!, se declara inocente.

El mensaje recibido por la comunidad política internacional, inversores y ciudadanos tiene nefastas consecuencias en los tres ámbitos. Habrá quienes sufran esas consecuencias, quienes se inquieten sin padecerlas directamente, quienes luchen por revertirlas. Y habrá quienes se beneficien de ellas y sigan cantando a voz en cuello. Maneras de vivir.

Un Brasil para el Tío Sam 

Coautor Bruno Nzinga Ribeiro 

El 11 de junio de 2022, la diáspora brasileña fue testigo de un acto político sin precedentes. Durante una visita a Estados Unidos, el presidente Jair Bolsonaro participó en una concentración de motos organizada por sus partidarios por las calles de Orlando, Florida. A lo largo de casi cuatro años, las caravanas en moto por las principales ciudades brasileñas se han convertido en una acción política del Gobierno federal. Aunque, en muchos casos, cuentan con una baja participación y van acompañadas de abucheos, son una forma de desafiar a los Gobiernos locales de oposición y emular en los medios un apoyo popular del que el bolsonarismo carece. 

Los videos y fotos de Orlando muestran una movilización compuesta en su mayoría por hombres blancos de mediana edad, con camisetas de la selección y montados en grandes motocicletas. Hecha por organizaciones brasileñas en Florida, la caravana formó parte de una agenda de Estado que comenzó con la participación en la Cumbre de las Américas y finalizó con Bolsonaro inaugurando el viceconsulado en Orlando. El presidente, en uno de sus tantos discursos destacó, entre otras cosas, que él y su público son «personas normales» y, más que oxígeno, necesitan libertad.  

Brasileños deportados de Estados Unidos 

El día anterior, el 10 de junio, el aeropuerto internacional de Confins, en Minas Gerais, registró el aterrizaje del avión número 64 fletado por el Gobierno estadounidense con el fin de repatriar a brasileños desde Estados Unidos. Se trata de un proceso que había sido suspendido en 2008, pero que volvió a tomar impulso durante los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro.  

El primer vuelo aterrizó en octubre de 2019 y, desde entonces, 6.441 brasileños han sido deportados, y todos ellos al aeropuerto de Confins. Existe poca información sobre la elección de este aeropuerto, pero se cree que, dada la fuerte historia de las redes migratorias entre Minas Gerais y Estados Unidos, el Gobierno estadounidense entiende que la gran mayoría de los brasileños son originarios o partieron de allí. Violando las leyes de reciprocidad y la soberanía nacional, el Gobierno de Estados Unidos viene impulsando esta medida, y el gobierno de Bolsonaro la acepta sin protestar. 

Diversos medios muestran que no existe ninguna política de acogida de estos brasileños. Los que llegan a Minas Gerais deben confiar en sus propios recursos o en las redes familiares para regresar a sus respectivos estados. Además, constantemente estos deportados presentan denuncias de violencia durante el proceso. 

Actualmente, hay 89.971 casos de brasileños pendientes de deportación. Sin embargo, el año fiscal estadounidense termina en septiembre y la expectativa es que hasta entonces se registre un ulterior aumento del número de vuelos con deportados. La gran mayoría se encuentra en los tres principales estados de residencia de la migración brasileña: Massachusetts, Nueva Jersey y Florida. Este último tiene a más de 9.000 brasileños pendientes de juicio.  

Sin embargo, las cifras adquieren mayor proporción cuando analizamos los datos del Yearbook of Immigration Statistics. Según esta fuente, entre 2019 y 2021, 81.935 brasileños fueron detenidos en las fronteras de Estados Unidos. La gran mayoría, en el estado de Texas, lo que sugiere que gran parte de los brasileños están accediendo a territorio estadounidense a través de rutas migratorias que atraviesan Centroamérica. Casi 170.000 brasileños fueron detenidos o están en prisión por haber cruzado la frontera con Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.  

¿Quiénes son estas personas? 

No faltan quienes juzgan a estas personas invisibles. Muchos dicen que avergüenzan al país; migrantes «ilegales» que están dañando la soberanía de Estados Unidos. Por lo tanto, la detención y la expulsión son medidas más que legítimas, impulsadas por los gobiernos de Trump y de Biden. Eso es asegurar su propia libertad. Cabe señalar que nuestro presidente también comparte esta premisa.  

Tenemos un Gobierno supuestamente patriótico, que permite unilateralmente la circulación de ciertas nacionalidades en Brasil, pero que acepta tranquilamente el maltrato de los brasileños indocumentados en el extranjero. La sorpresa no termina ahí. Tanto la Presidencia como ciertos diputados federales defienden con vehemencia la construcción del muro para garantizar la democracia «americana». 

¿Pero quiénes son estos brasileños deportados? ¿Qué dicen de Brasil? ¿Por qué el Gobierno federal y el de Minas Gerais guardan silencio sobre la forma en que estas personas están siendo deportadas?  

Al contrario del escenario aventurero dibujado por varios medios de comunicación, nuestros aeropuertos internacionales se han convertido en vías de escape para muchos brasileños que no soportan el aumento de nuestro costo de vida, el desempleo o el empleo informal, así como los crecientes recortes en sectores percibidos por el Gobierno como «gasto», tales como la salud y la educación.  

Los aeropuertos de Guarulhos, Santos Dumont y Confins son algunas de las puertas de salida para escapar de la miseria social y la desigualdad económica, que está siendo camuflada como una lucha del bien contra el mal. Una lucha que se extiende hasta las fronteras de Estados Unidos.  

Los emigrantes brasileños atraviesan Centroamérica a pie, se enfrentan a la violencia y a la muerte y, por último, son detenidos por las patrullas estadounidenses y su parafernalia bélica. Allí son ilegales como las drogas o los delincuentes, aquí son una vergüenza nacional. Detenidos, avergonzados y deportados, todos vuelven al aeropuerto de Confins y, una vez más, son abandonados a su suerte. El aeropuerto de Confins se ha convertido en una puerta giratoria, donde nuestra miseria va y viene.  

Mientras tanto, la carrera de motos en Orlando raya el asfalto y dibuja una república bananera de cara a los gringos. Alucinados y cómodamente sentados en sus potentes motos, los patriotas desfilan por Orlando dejando claro, una vez más, que la llamada «Patria querida, Brasil» no es para todos.

 Bruno Nzinga Ribeiro es magíster en Antropología Social, doctorando en el Programa de Posgrado en Antropología Social y estudiante de investigación en el Pagu-Núcleo de Estudios de Género de la Universidade Estadual de Campinas. 


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El calentamiento de los océanos ya afecta la vida de muchos latinoamericanos

Coautores Jeremy Pittman, Omar Defeo, Ignacio Gianelli

“Cuando cerraron la pesquería me quise morir porque eso es lo que sabía hacer. Sabía cómo trabajar las almejas. Lo sabía todo”, recuerda Arturo Agüero, un pescador de La Coronilla, un pequeño pueblo pesquero de Uruguay. Era 1994 y, ante las mortandades masivas que diezmaron a las poblaciones de la almeja amarilla (Mesodesma mactroides), las autoridades uruguayas optaron por el cierre total de esta pesquería del departamento de Rocha para evitar su extinción local. Esta disminución no era otra cosa sino una consecuencia directa del aumento sistemático de la temperatura superficial del mar que se venía registrando desde hacía varios años, particularmente después de pasar de un período frío a uno cálido durante la década de 1990.

El calentamiento de los océanos resulta, en parte, del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial dióxido de carbono, que retiene energía solar dentro de la atmósfera, lo que genera una expansión tropical que es impulsada por gradientes de temperatura que avanzan hacia los polos en latitudes medias. Este aumento de temperatura altera la intensidad y dirección de los vientos, lo cual repercute en la circulación y corrientes de agua. Estos cambios a largo plazo han reducido las capas de hielo polar, han alterado los regímenes de precipitación y han implicado un incremento en el nivel del mar.

El calentamiento de los océanos muestra una señal clara en el océano Atlántico Sudoccidental, particularmente sobre la plataforma continental del sur de Brasil, Uruguay, y del norte de Argentina, una de las zonas calientes marinas más grandes del mundo. La cuenca adyacente del Río de la Plata también está sujeta a un intenso calentamiento. La corriente de Brasil evidencia un desplazamiento consistente hacia el polo, y la advección de aguas cálidas hacia la vertiente nororiental uruguaya se ha visto reforzada por el aumento de la velocidad y la frecuencia de los vientos hacia la costa.

Las pesquerías artesanales en países en desarrollo son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. El calentamiento de los océanos ha sido responsable de la mortandad masiva en especies con afinidad por agua fría, la creciente ocurrencia de mareas rojas (floraciones algales nocivas) y un cambio de especies de aguas frías a especies de aguas cálidas. Así, las comunidades pesqueras que dependen de los recursos marinos se ven cada vez más amenazadas por el incremento de la temperatura del océano.

En el caso de la almeja amarilla de La Coronilla, las mortandades masivas ocasionaron la clausura pesquera, por lo cual los pescadores se vieron forzados a diversificar sus medios de vida en los sectores locales de la economía, como la construcción, la agricultura y la tala, o se vieron obligados a migrar. Esto demuestra que el sistema socioecológico de la zona en su conjunto, incluida la gobernanza, la sociedad y la economía, no estaba preparado para hacer frente a este tipo de cambios drásticos.

En verano de 2009, luego de 14 años de clausura pesquera, las familias de pescadores volvieron a extraer almejas en la playa La Coronilla, una tradición transmitida por generaciones. Pero ante el pequeño volumen de almejas, la pesquería fue reabierta con una captura de apenas tres toneladas. Se priorizó entonces la calidad del producto sobre la cantidad y se implementó un régimen de comanejo mediante el cual los pescadores formaron parte de la discusión de las medidas de manejo pesquero.

Esta vez, en un esfuerzo conjunto de los pescadores, el Gobierno y la Academia, la familia Rocha, de amplia tradición pesquera por varias generaciones, se embarcó en comercializar la almeja con base en productos de mayor valor agregado. Fue así que, gracias al empuje de esta familia y al apoyo gubernamental, surgió la primera planta de procesamiento y depuración del producto, para cumplir con los estándares para consumo humano.

Este hito permitió que el producto comenzara a venderse a un mayor precio en restaurantes de balnearios turísticos de la costa uruguaya, lo que lo ubicó como un producto gourmet. Sin embargo, pese al esfuerzo de los pescadores, y debido a las condiciones climáticas cambiantes, el suministro aún no puede ser asegurado. La oferta no solo se ve afectada por la escasez del recurso, sino que esta también se encuentra menguada por los constantes embates de mareas rojas, cuyo origen se debe, en gran parte, al calentamiento del agua, y que obligan a cerrar la pesquería por riesgo a dar pie a intoxicaciones.

El número de días de prohibición de la recolección de mariscos por mareas rojas en la costa oceánica uruguaya ha ido aumentando, particularmente desde comienzos de la década del 2000. Esto ha afectado a las pesquerías costeras y ha limitado seriamente la pesca de la almeja amarilla en La Coronilla. “Cuando ocurre una marea roja tenemos que dejar de pescar y solicitar una extensión de la temporada de pesca. Esta es una solución parcial, porque a veces terminamos trabajando en invierno, cuando solo se pueden vender 20 kilogramos de almejas. Eso no vale la pena”, afirma uno de los pescadores.

Este problema, sin embargo, no se limita a Uruguay. Pesquerías similares han sido perjudicadas en América Latina, incluyendo la almeja Mesodesma donacium en costas del Pacífico peruano y chileno. Los efectos de la variabilidad climática generada por los eventos de El Niño diezmaron a la almeja peruana, cuya pesquería ha permanecido cerrada desde 1999 y ha conllevado un colapso socioecológico. En el caso de la almeja explotada en Chile, El Niño de 2015-2016 diezmó a las poblaciones y también llevó al cierre pesquero por varios años.

Si bien el análisis de los efectos del calentamiento desigual de los océanos ha ganado atención en los últimos diez años, la falta de datos en los países en desarrollo no permite a menudo dimensionar los daños adecuadamente. No obstante, es evidente cómo el incremento del nivel del mar y de los vientos hacia la costa causa la erosión, el retroceso de playas y la pérdida de dunas. Para 2100, hasta el 70% de las playas en el sur de California se erosionarán y los eventos de El Niño ya han erosionado zonas de la costa del Pacífico y del Atlántico.

La intensificación de los cambios en el clima, actuando en concierto con otros impactos antropogénicos, incrementarán la vulnerabilidad de los sistemas costeros, por lo que reducirán su capacidad de brindar servicios y beneficios relacionados no solo con la pesca, sino también con la recreación, el turismo, el hábitat que alberga una rica biodiversidad y la protección costera ante tormentas. Esto ha tenido y tendrá consecuencias socioeconómicas cada vez más profundas en las comunidades que habitan las costas latinoamericanas.

Jeremy Pittman es profesora asociado y doctor en Sostenibilidad Social y Ecológica de la Universidad de Waterloo, Canadá.

Ignacio Gianelli es Investigador colaborador y estudiante de doctorado en Universidade de Santiago de Compostela

Omar Defeo es Profesor e investigador en el Laboratorio de Ciencias Marinas de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República (Uruguay). Doctor en Ciencias Marinas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Mérida, México).

La inflación, el programa del gobierno federal y la política monetaria en México

En julio de 2022 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo una variación anualizada de 8.15%, la mayor en México en el siglo XXI. Los incrementos de los productos presentan notables diferencias, tanto entre los precios con alta volatilidad como los que registran comportamientos estacionales o dependen de medidas administrativas por cuenta de los gobiernos, como por el resto de los bienes y servicios. El aumento de productos de diversas ramas económicas es una característica de los procesos inflacionarios. Esto, debido a que la capacidad para fijar precios entre las diversas actividades económicas es notablemente diferente.

La inflación está presente en muchas economías. En Estados Unidos el aumento anualizado fue de 8.5% al mes de julio, mientras que en la zona del euro, el INPC tuvo un incremento anual de 8.6%. Y es que los intercambios entre las economías la alimentan. El ejemplo global más notable es el comportamiento de los precios del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las gasolinas.

Los precios en estas actividades, con mercados de futuros con cuantiosas colocaciones financieras registran notables incrementos que se han acentuado debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios de los granos básicos también tienen alzas importantes, que también se vincula al conflicto bélico. Hay otros hechos que atienden a las condiciones de producción derivadas de la pandemia y que siguen influyendo en el aumento de precios como la producción y comercialización de los semiconductores (microchips). En América del Norte este es un problema que tiene mayor complejidad debido al recrudecimiento de las diferencias entre Estados Unidos y China.

En México, frente a este complejo escenario, se han tomado medidas para enfrentar la inflación en dos frentes. Por un lado, desde hace meses y considerando que el aumento del INPC es resultado de incrementos de demanda que incluyen un exceso de crédito o por lo menos un nivel notablemente inadecuado de la tasa de interés, el banco central ha estado incrementando la tasa de interés interbancaria a un día (tasa de referencia).

En diciembre el Banco de México decidió incrementar un 0.5% y posteriormente se realizaron aumentos semejantes. En junio y agosto se aplicó un alza de 75 puntos base en cada caso, situando la tasa de referencia en 8.5%. La Junta de Gobierno del banco central considera que esta acción de política monetaria es imprescindible para lograr que la trayectoria de la inflación converja con la meta de 3% en el primer trimestre de 2024.

El alza en la tasa de referencia implica un aumento en las tasas de interés de títulos de deuda pública como los Certificados de la Tesorería. En noviembre de 2021 el rendimiento promedio mensual de estos a 28 días fue de 5.05%. Para marzo fue de 6.31%, en julio llegó a 7.76%, mientras los CETES a 91 días pagaron 8.53%.

Las diversas actividades económicas están siendo afectadas de forma desigual, y como resultado de estas medidas, muchas de ellas de forma negativa. Además, persiste el diferencial con la tasa de referencia en Estados Unidos que es un dato para que los no residentes mantengan su tenencia de títulos de deuda en el mercado en México.

El gobierno federal, en una dirección distinta, decidió en mayo ejecutar el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que considera la producción, distribución y comercio exterior y otras medidas, e involucra a sectores empresariales y de la sociedad. El gobierno federal estima sus aportaciones en 1.4% del PIB. Destacan los subsidios al precio de las gasolinas, a la electricidad de uso doméstico y un conjunto de acciones que buscan avanzar en la seguridad alimentaria. 

La parte medular de la acción del gobierno considera programas como Sembrando Vida o Producción para el Bienestar. Por ejemplo, el Programa de Fertilizantes implica la entrega a productores con actividad agropecuaria de pequeña escala. Las entidades federativas seleccionadas son Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala y los cultivos prioritarios: maíz, frijol, arroz y otros de alto impacto social o económico en la región.

El gobierno apoya manteniendo tarifas y peajes y ha realizado mejoras en la administración de aduanas y puertos marítimos, y eliminando temporalmente aranceles a la importación de productos básicos e insumos estratégicos. También se concertó con empresas productoras y comercializadoras un grupo de 24 productos que forman parte de la canasta básica para que tuvieran menores incrementos.

En julio, durante la presentación de la evaluación del programa, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sostuvo que su ejecución evitó una mayor inflación que según sus estimaciones hubiese estado por encima de 10%. Los resultados en incremento en la producción de granos básicos, como en la producción de gasolinas y manejo diferente de la generación de electricidad no se alcanzarán en el año en curso.

Por otro lado, los mayores incrementos se han dado en productos agropecuarios (16.05%) y en alimentos, bebidas y tabaco (12.09%). Entre los menores incrementos están los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, con 4.76%; y vivienda y educación (colegiaturas) con 4.9%.

Los precios de los energéticos han implicado un menor incremento del INPC. Sin embargo, la estrategia aplicada por el gobierno federal no ha tenido un resultado semejante en los precios de alimentos. Tampoco se observan otras acciones del gobierno federal que en lo inmediato permitan disminuir las tensiones inflacionarias. Además, la inversión continúa estancada y las medidas tomadas por el banco central no han generado condiciones para que se modifique su desempeño.

Finalmente, si bien algunos sectores seguirán recibiendo transferencias desde el gobierno, las negociaciones salariales están teniendo incrementos equivalentes o por debajo del aumento del INPC y no hay nuevos proyectos de inversión que modifiquen favorablemente las condiciones de la ocupación y de las remuneraciones.  Para la mayor parte de la población no se esperan buenas noticias en el corto plazo.

El todo o nada de Bolsonaro para seguir en la presidencia

Todo indica que Jair Bolsonaro será derrotado en las elecciones presidenciales brasileñas de 2022. Sólo queda saber si en la primera o en la segunda vuelta. El presidente, sin embargo, apuesta por intentos desesperados de revertir este panorama. Ya sea a través del gasto social extraordinario o de los intentos de reducir los precios de los combustibles, ejecutados sólo en los dos últimos meses antes de las elecciones. Sin embargo, todos estos intentos indican que ni siquiera se acercarán a revertir este escenario; después de todo, Lula es el gran favorito.

Si no tiene éxito en sus intentos con la ayuda de la maquinaria pública, lo que le quedará será un intento de golpe de Estado que se viene gestando desde su primera elección como presidente. Queda por ver, pues, cuál será la reacción de los brasileños democráticos, más allá de las «cartas en defensa de la democracia» y de decir que «esta vez, el presidente superó todos los límites«. Y cómo combatir el bolsonarismo más allá de Bolsonaro.

La derrota de Bolsonaro será un fenómeno. Será el primer presidente que no sea elegido para un segundo mandato desde que existe esta posibilidad en 1998. Y su derrota se producirá en un contexto de desmantelamiento de las instituciones democráticas, profundizado por él desde su elección en 2018, instituciones que ya venían siendo atacadas desde el cuestionamiento del resultado electoral y el auge de la Operación Lava Jato en 2014.

Esto se explica por el completo desastre de su gobierno, seguramente el peor de la historia de Brasil. En pocas palabras: aumento de la pobreza, la miseria, el hambre y el desempleo; aumento de la inflación y de los problemas económicos; ataques a las minorías, a los intelectuales, a los artistas, a los activistas sociales; reducción drástica del gasto en educación y de las inversiones sociales en general; desmantelamiento de la red de protección del medio ambiente y aumento de la devastación y persecución de los pueblos indígenas; los ataques a los derechos reproductivos de las mujeres; los discursos de odio diarios, la facilitación del armamento de sus partidarios y el apoyo a las matanzas llevadas a cabo por la policía; por último, la desastrosa gestión de la pandemia y la responsabilidad directa de más de 600.000 muertes a causa de la Covid-19, lo que, según diversas entidades, permite calificarlo de genocida.   

El gobierno, al parecer, sólo ha sido un éxito para el núcleo duro que sigue apoyando su reelección: los sectores represivos, los generales en pijama y los miles de militares empleados en el gobierno, los grupos de milicianos, el agronegocio más devastador, los clubes de armas y los sectores más fascistas y reaccionarios de la sociedad brasileña. Como se ve, ya no hay excusas para apoyar a Bolsonaro: quienes lo apoyan tienen que asumir su autoritarismo y su apoyo a la violencia.

La desesperación llama a la puerta

Con todo esto, queda un posible golpe. Si se produce, será un golpe de otra naturaleza, que Bolsonaro ya intentó sin éxito en septiembre de 2021, cuando profirió ataques directos a la democracia y dijo que sólo dejaría el cargo «preso o muerto». Intentará una vez más, primero, generar violencia y agitación para posponer las elecciones. Derrotado, alegará fraude: ya ha declarado abierta e insistentemente que el sistema electoral no es fiable, incluso ante una audiencia de embajadores extranjeros.

Sin conseguir producir una exitosa «invasión del Capitolio» como fue la del presidente de EEUU, Donald Trump, en 2021, aún tendrá sus últimas cartas. Él, los generales de pijama y el llamado «Centrão» han tomado como rehenes a las instituciones, y seguirán intentando salidas golpistas a través del Congreso.

Entre las cartas sobre la mesa: alguna amnistía general para evitar el encarcelamiento de Bolsonaro y su familia en 2023; la creación de un mandato de senador vitalicio para los expresidentes, que garantice la inmunidad parlamentaria de Bolsonaro; finalmente, el semiparlamentarismo o el aumento del control del presupuesto por parte del Congreso («presupuesto impositivo»), para bloquear el gobierno de Lula.

 Por supuesto, aún queda la improbable posibilidad de que se anule la candidatura de Bolsonaro, por sus ataques diarios a la democracia, por poner en duda el proceso electoral, y el abuso de poder, así como por su uso del Estado brasileño para realizar una campaña electoral meses antes de las elecciones, lo cual está prohibido para todos los demás candidatos. Correspondería al Tribunal Superior Electoral (diariamente atacado por Bolsonaro) reaccionar finalmente. Y todo indica que Bolsonaro prefiere que se anule su candidatura a perder las elecciones.

Las interminables notas de repudio

Ante toda esta inestabilidad y violencia prevista para los próximos meses, ya es hora de que todos los demócratas se movilicen eficazmente. Ya es hora de dejar de hacer solamente peticiones, notas de repudio, manifiestos y solicitudes de impugnación. Ya hemos firmado docenas de ellos. A los demócratas les corresponde ahora el valor y la atención diaria, la movilización permanente en defensa de lo que queda de las instituciones democráticas.

Además, debemos volver a proyectar un futuro para Brasil. Este período de oscuridad no durará para siempre, y la unión de todos los brasileños razonables será necesaria en este momento de transición. La crisis de la democracia brasileña no terminará con la derrota electoral de Bolsonaro, que es nuestra tarea inmediata. El bolsonarismo seguirá vivo en la sociedad y en las instituciones, al igual que los diversos factores que lo originaron.

La tarea a largo plazo será reconstruir el país y generar democráticamente un proyecto innovador y generoso para el futuro de Brasil. Menos armas y más escuelas y libros será un hermoso lema para esto, entre muchos otros.


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Se agrava la tortura en las cárceles de México

El general retirado Sergio Alberto Martínez Castuera asumió, a principios de 2019, el cargo de coordinador operativo de todas las cárceles federales de México. Este, junto con el entonces comisionado del sistema penitenciario, eran la carta fuerte de Andrés Manuel López Obrador para reconducir la política penitenciaria. Con el respaldo de una brillante carrera militar, su nombramiento generó grandes expectativas e inclusive, en los inicios de su mandato, se habló de “reconciliación”, “derechos humanos” y se emitió un decreto para que los torturados en prisión fueran liberados. Pero a dos años y medio de aquello, la Secretaría de Gobernación ni siquiera ha instalado la mesa de preliberación y en diferentes partes del país empiezan a organizarse colectivos que señalan que el Gobierno no ha hecho nada para cambiar la situación.

En los últimos meses, familiares y presos han denunciado la continuidad e incluso el endurecimiento de situaciones inhumanas en prácticamente todos los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). En especial, los gestionados de forma privada, llamados Centros Penitenciarios Concesionados (CPS).

La escasa y deficiente alimentación, la falta de médicos, dentistas, psiquiatras y medicinas, así como la ausencia de medidas de reinserción, de posibilidades de hacer deporte, de estudiar o de desarrollar una actividad laboral son las denuncias más corrientes. Pero también se ha denunciado el abuso de autoridad, la tortura y la sistemática utilización de amenazas tanto a los reclusos como a sus familiares.

En el último año, aproximadamente mil quinientas personas, que fueron privadas de libertad por presuntamente haber violado la ley, han presentado más de doce amparos frente a la justicia federal, de la mano de la asociación civil Dignidad y Derechos Humanos, para mejorar sus condiciones de vida en los Ceferesos de Michoacán, Chiapas, Durango, Oaxaca y Guanajuato. Además, la periodista Guadalupe Lizárraga ha hecho visible (a través del medio Los Ángeles Press) una serie de abusos de los derechos humanos tanto en el sistema penitenciario federal como local.

El pasado 19 de julio, este colectivo se manifestó frente al Palacio Nacional y posteriormente denunció al Estado mexicano ante el alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas en la Ciudad de México para exigir una intervención del organismo internacional.

Inicialmente, los amparos tuvieron efectos positivos y se atendieron algunos de los reclamos. Sin embargo, las demandas se han empezado a incumplir recientemente y las autoridades del sistema penitenciario han desatado una campaña de represión en contra de los presos y sus familiares. Esto se ha traducido en golpes, negación de alimentos, agua, medicinas y tiempo fuera de la celda, así como en traslados arbitrarios y en abuso de poder y tortura.

El 14 de mayo del año pasado, los internos del Cefereso número 4, en el estado de Nayarit, se rebelaron y señalaron a la directora, Jazmín Borbón Ochoa, de abuso de poder y tortura y, a continuación, estalló una huelga de hambre. El 14 de marzo de este año, en el Cefereso número 17 de Michoacán, los presos se declararon en huelga de hambre y denunciaron al director, Alfredo Reyes Vázquez, y al comandante de seguridad, Roberto Lázaro Chavarría, por abusos de autoridad. Esto llevó al ingreso de la Guardia Nacional al penal y al traslado de un grupo de internos a un nuevo centro penitenciario en Guanajuato donde fueron torturados.

Días después, tras la concesión de un amparo a favor de los internos del Cefereso número 15 de Chiapas, la directora del penal, Erika Adriana Tenopala Chussee, decidió incumplir con las medidas ordenadas por los jueces y endureció las medidas de represión en contra de las 235 personas amparadas. A partir del 4 de julio los reclusos iniciaron una huelga de hambre y la rebelión continúa hasta estos días.

El caso del periodista Héctor Valdez, quien fue desplazado por razones de seguridad de Tulum a Ciudad de México, evidencia la falta de control de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Desde la prisión, el periodista ha denunciado golpizas e incluso amenazas directas del subsecretario del sistema penitenciario, Enrique Serrano.

Esta larga lista de abusos, sin embargo, no suceden únicamente en el sistema federal, ni específicamente en los CPS. El sistema penitenciario local es mucho más difícil de controlar y los abusos y los casos de tortura están a la orden del día.

La falta de condiciones mínimas para una vida digna, los abusos de poder en los penales y los traslados sin notificación son algunos de los agravios que se han diseminado en los últimos meses en el sistema penitenciario federal. Ante esta situación, las autoridades enfrentan un gran reto para romper con esta cultura penitenciaria autoritaria y represora que tiene que ver con la impunidad y la corrupción.

Lo que nos cuenta Putin: medios rusos en América Latina

Coautora Johanna Cilano

En las últimas semanas, a raíz del conflicto entre Rusia y Occidente desatado a partir de la invasión a Ucrania, el alcance de los medios rusos como fuente de desinformación de la población latinoamericana ha tenido nuevos hitos y elementos probatorios. La presencia de estos medios masivos de comunicación y desinformación permite al Kremlin cuestionar el modelo democrático vigente en la mayor parte de América Latina y defender la postura oficial del gobierno ruso en varios temas, incluido el de la invasión de Ucrania.

América Latina en la mira

Países como México, Argentina y Colombia forman parte de los objetivos estratégicos mediático-políticos de Rusia de acuerdo a un estudio de Ipsos encargado por RT. Es significativo, de acuerdo con los hallazgos del DFR Lab, que un 50 % del tráfico en el sitio web de RT en Español se haya registrado en los países mencionados. Este comportamiento refleja la influencia que tienen los medios rusos en un mercado donde compiten con CNN, Voz de América y BBC, entre otros medios internacionales.

También es importante considerar el impacto que tienen en las distintas redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y Youtube, así como en sus canales de Telegram y WhatsApp y sus páginas web.

En pleno desarrollo

La penetración por medios como RT o Sputnik del espacio informativo latinoamericano ha derivado en un despliegue del sharp power ruso, cuya narrativa tiene sinergia con las de gobiernos aliados (Cuba, Nicaragua, Venezuela) y aquellas voces y redes intelectuales (como las que existen en CLACSO) que se conciben como la «alternativa multipolar frente al unipolarismo de Occidente», cuyas dinámicas están orientadas en realidad por la consolidación de una nueva hegemonía geopolítica opuesta a la democracia liberal.

Rusia y varios países de Latinoamérica han vivido procesos de autocratización paralelos en el siglo XXI. Regímenes iliberales personalistas, como los de Rusia, Venezuela y Nicaragua, han estrechado el diálogo, colaboración y apoyo mutuo. Sus prácticas convergen en la eliminación progresiva de instituciones y actores democráticos (partidos de oposición, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil). Un caso paradigmático es el nexo entre Rusia y Venezuela. Esta se posiciona como puerta de entrada rusa al mercado y espacio regional latinoamericano, no solamente económico sino académico, cultural y mediático. Por su parte, Rusia ofrece un contrapeso diplomático como aliado global contra Estados Unidos, contra otros aliados democráticos y contra las interrogantes y desaprobaciones de la comunidad internacional.

Venezuela, puerta de entrada

Las relaciones ruso-venezolanas no solamente se han diversificado sino que se han profundizado, como hemos visto tras el análisis de las distintas dimensiones donde operan las sinergias iliberales —ideológicas, geopolíticas, de seguridad, mediáticas, etc.—.

Para explicar cómo se proyecta la influencia rusa en Latinoamérica, es posible identificar las sinergias del Kremlin con aliados autocráticos de la región en las posturas (diplomáticas y mediáticas) sobre democracia, derechos humanos y relaciones internacionales. En un análisis reciente de la cobertura y editoriales de varios medios rusos y venezolanos, destacan elementos como soberanía, lealtad y resistencia, interpretados desde un prisma iliberal soberanista, que delega en el Estado —y sus máximos titulares— la encarnación de la nación, por encima de cualquier otra consideración.

Los medios de desinformación rusos son máquinas de difusión de propaganda, que promueven la agenda del Kremlin y buscan alimentar la desconfianza en las instituciones dentro de las sociedades democráticas. Para estos medios, los ratings o la mera penetración en el público no es lo más importante, sino la posibilidad de que sus narrativas se vuelvan referentes y sus contenidos puedan ser transferidos a otras plataformas más confiables. Todo ello representa un campo de lucha adicional que requiere de mayor atención, debido a que es efectivo en su propósito de generar desconfianza en la democracia. Esto representa un verdadero desafío para las fuerzas democráticas de la región, justamente cuando la democracia liberal se encuentra atravesando su peor momento.

Avance sin oposición

El avance de la comunicación estratégica de Rusia en América Latina ha tenido relativamente poca oposición. Uno de los factores detrás del éxito de estos medios en América Latina es la falta de comprensión del público acerca de la naturaleza del interés de Moscú en el espacio informacional regional. Muchos latinoamericanos perciben la presencia de medios como RT o Sputnik como una simple expresión del pluralismo informativo.En el contexto latinoamericano hay pocos debates públicos sobre el rol de los medios rusos, aunque tal vez la guerra en Ucrania modifique algo tal situación. Rusia intentará sostener su comunicación estratégica en el vecindario como una herramienta eficaz —por su alto e inmediato impacto y relativamente bajos costos— de su política exterior, encontrando sintonía con los públicos y discursos iliberales de las sociedades, élites y campo intelectual latinoamericanos.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político


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¿El orden de los factores altera el producto? Las primarias de la oposición venezolana

Coautores Stefania Vitale

La oposición venezolana ha anunciado que las primarias están en puertas. ¿Lograrán con ellas la validación de un liderazgo capaz de disputarle el poder al chavismo en 2024? Para abordar esta interrogante debemos entender la fragmentación actual de la oposición venezolana y sus antecedentes.

El crecimiento electoral de la oposición entre 2009 y 2016 estuvo vinculado a la creación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), un mecanismo de coordinación creado por diferentes partidos de oposición para aumentar su competitividad. Sin embargo, debido al proceso de autocratización que ha supuesto el uso selectivo de diferentes mecanismos de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la irresoluble lucha por la hegemonía de la dirigencia de la oposición y una miope administración de su éxito en las parlamentarias de 2015, la MUD fue desmantelada.

Desde entonces, los grupos de oposición no han logrado coordinarse de manera efectiva. El diagnóstico de una oposición debilitada puede mirarse a través de las elecciones regionales de 2021, en las cuales el bloque opositor tuvo la oportunidad de apalancarse en su propio potencial competitivo, aun cuando se medía con el PSUV.

Si bien la oposición venezolana contaba entonces con potencial electoral a escala subnacional, como lo señalamos en una reciente publicación, esta fue incapaz de aprovecharlo. En 2021 el voto no oficialista superó en más del 50% al bloque del Gobierno en 19 de los 23 estados que conforman el mapa regional venezolano. No obstante, ese margen se tradujo tan solo en cuatro gobernaciones a favor. Visto de otro modo, el votante que depositó su boleta a favor de un candidato diferente al PSUV lo hizo seleccionando a uno entre varias opciones antigubernamentales. Ello hizo que la proporción de votos recibidas en su totalidad por todos estos candidatos superara la proporción de votos registrados por el candidato de gobierno.

Esta fotografía contrasta con la tendencia de los comicios subnacionales anteriores. En elecciones previas, la MUD concentraba casi la totalidad de los votos distintos a los candidatos del partido de gobierno, aunque su techo electoral no fue suficientemente alto para hacerse con mayores gobernaciones a favor.

Tras el fracaso de producir un cambio de régimen político desde 2019, pareciera asomarse una suerte de rectificación de la ruta institucional. Varios partidos han retomado el trabajo de organización y movilización de su militancia y de la sociedad, y han anunciado su participación en las primarias en 2023 con miras a las presidenciales de 2024. ¿Abre esto una posibilidad para la recomposición de la oposición? Depende.

Cabe recordar que las elecciones primarias constituyen un mecanismo de selección de candidaturas posibles entre otros tantos. Por lo tanto, estas no consisten en una estrategia política o un medio para escoger una “visión de país” o un “liderazgo nacional”, sino una herramienta de coordinación tan solo para decidir quién va a competir contra Maduro en 2024. Más aún, las primarias requieren una coordinación previa en cuanto a financiamiento, conformación del equipo organizador, reglamentos y acuerdos pre- y postelectorales, capacitación de testigos, movilización de votantes y, fundamentalmente, el consenso de un objetivo y estrategia anteriores para ser eficaz en adelante. 

En este sentido, la ausencia de acuerdos institucionalizados antes de unas primarias y, en un contexto particular de partidos débiles, podría implicar la profundización de los problemas de acción colectiva como baja alineación de incentivos para trabajar en torno a objetivos colectivos a largo plazo, incapacidad de neutralizar a los oportunistas y poca credibilidad mutua. 

Las primarias podrían motivar una mentalidad del “winner-takes-all”, que implicaría que tras las elecciones internas se superpongan los incentivos individuales a los colectivos por parte del ganador y su partido, sobre todo, a partir del momento en que estos accedan a más recursos financieros, y dominen, por lo tanto, la toma de decisiones en nombre del resto y de la sociedad venezolana. Por otro lado, podría poner en jaque el factor de la representatividad, puesto que podría ser seleccionada una candidatura que represente a una minoría movilizada, pero no a la mayoría que aspira al cambio político en Venezuela.

Sin un mecanismo anterior de coordinación formal, las primarias podrían exacerbar la fragmentación y polarización entre partidos y grupos opositores. Esta posibilidad, en un contexto autoritario, podría ser explotado por el Gobierno para maximizar las contradicciones y apelar aún más a la cooptación y a la represión selectiva para reforzar la división. Lo anterior profundizaría los incentivos de optar por una estrategia maximalista o “spoiler” del proceso electoral por parte de algunos sectores.

El reto de la oposición venezolana por delante es enorme y no se resuelve (del todo) con la celebración de primarias. Por el contrario, dada la fragmentación actual es importante anteponer el trabajo de construir una nueva coalición prodemocracia entre jóvenes políticos y experimentados dirigentes que crean y asuman posiciones más realistas, prestos a la negociación y comprometidos con una transición a la democracia.

Un movimiento amplio, inclusivo e innovador que estreche lazos con la sociedad civil, y empatice con las necesidades de la población, podría generar esperanza, y con ello motivar la movilización masiva requerida para un posible cambio en el futuro. 

Stefania Vitale, economista (Universidad Católica Andrés Bello, UCAB), magíster en Gerencia Pública (IESA) y candidata a doctora en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), @svitalem

Juan Manuel Trak, investigador independiente, México. Doctor en procesos políticos contemporáneos y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, @juanchotrak


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Perú: ¿a izquierda o a derecha?

Los actores políticos latinoamericanos se han resistido a ser catalogados en las categorías de izquierda y derecha, tan viejas como la Revolución Francesa. ¿Qué ha sido el peronismo si no un desafío a los politólogos? En estos días, el caso peruano ofrece un ejemplo también poco comprensible a una mirada internacional, que ha puesto a los peruanos en la situación de vivir en la incertidumbre ocasionada por un gobierno sin rumbo.

Pedro Castillo fue elegido en 2021 y se instaló en el sillón presidencial hace un año. Era considerado como una figura de izquierda, que contaba –y aún hoy parece contar– con el respaldo de los partidos de izquierda. Entre ellos, el de Perú Libre, partido que lo llevó como candidato presidencial y que responde al timón de Vladimir Cerrón, el neurocirujano que vivió más de una década en Cuba y trasladó al Perú no solo el culto al “socialismo” sino un programa de gobierno acorde. Una sentencia judicial por corrupción le impidió ser candidato en 2021.

El año pasado Castillo escribió en su cuenta de Twitter: “Seguiremos bregando sin descanso por los cambios que el pueblo necesita. Somos el Gobierno que impulsa la gesta de la reivindicación social y que apuesta por el desarrollo de nuestras regiones. Con unidad y consensos, lo haremos”. Pues bien, ¿qué ha hecho este gobierno durante este año que, en beneficio del pueblo, traduzca una orientación izquierdista? Poco o nada.

Hoy en día el principal objetivo de Castillo es sobrevivir, difícil tarea en la que, con seis investigaciones abiertas en su contra por el Ministerio Público, el día a día parece lo único importante. Entretanto, el gobierno se mueve como un ave sin cabeza: acaba de juramentar el quinto gabinete ministerial en lo que va del periodo y ha colocado como ministro de Relaciones Exteriores a un internacionalista de conocidas posiciones reaccionarias.

Tal vez, el nombramiento intenta aplacar a los sectores neoconservadores –que controlan algo más de un tercio del parlamento– que han incomodado a Castillo su empeño por la sobrevivencia. Estos han intentado vacarlo del cargo dos veces sin que le alcanzaran los votos constitucionalmente requeridos. Incluso, antes de que Castillo tomara posesión del cargo y durante su presidencia ciertos actores y grupos de oposición se han empeñado en levantar el fantasma de un fraude electoral para el que no han podido mostrar prueba alguna.

Un “izquierdismo” vacío de contenidos

Aparte de invocar rutinariamente al “pueblo” en sus discursos, Castillo no ha beneficiado con medidas concretas a las mayorías del país. Lo que en cambio ha sido noticia en estos doce meses son las diversas revelaciones de irregularidades en asuntos manejados desde Palacio de Gobierno, algunos de los cuales han dado lugar a las investigaciones emprendidas por los fiscales. Las notas sobre la corrupción en el manejo público vienen llenando la prensa escrita y televisiva.

El aparente izquierdismo de origen ha quedado, pues, en el vacío. Y las encuestas revelan que el pueblo de carne y hueso así lo percibe ya que según las encuestas el presidente cuenta con el respaldo de alrededor de uno de cada cinco peruanos. En un año Castillo ha perdido, pues, más de la mitad de las preferencias que lo eligieron presidente.

El otro terreno donde el izquierdismo se pone a prueba es el parlamento. Ahí, Perú Libre, el partido que era considerado oficialista y se instaló en el Congreso con 37 escaños, ha perdido 21 de ellos debido a que se partió en dos. Una parte se ha quedado con Cerrón y otra ha conformado el llamado Bloque Magisterial, más cercano al presidente. Pero lo llamativo es que en varias decisiones de calado ambos grupos han coincidido con el sector parlamentario identificado como de derecha. A este bloque corresponden el fujimorismo de Fuerza Popular, un camaleónico Avanza País y Renovación Popular cuyo líder, Rafael López Aliaga, es un conocido militante del Opus Dei que se precia de llevar puesto el cilicio.

De las varias votaciones en las que han coincidido izquierdas y derechas en el Congreso peruano pueden destacarse dos. Una fue la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, que este año fue negociada mediante el viejo sistema de cuoteo: “tu pones al tuyo y yo pongo al mío”, sin prestar atención a méritos y capacidades de los candidatos.

La otra fue el desmantelamiento del sistema de control de calidad de las universidades (SUNEDU) que en pocos años logró poner fuera de circulación a una serie de instituciones que se llamaban “universidades” pero tenían como único propósito el lucro y funcionaban sin otro objetivo que el de otorgar títulos profesionales carentes de respaldo. Esas falsas universidades cuentan con su representación parlamentaria, que se ha encargado de destruir el sistema de control de calidad con el concurso de izquierdas y derechas. Las decisiones parlamentarias revelan, pues, que las preferencias ideológicas no parecen contar en ellas o son distintas a las que se han adjudicado a la izquierda.

Una izquierda reaccionaria

En rigor, los parlamentarios “izquierdistas” adhieren a lo que se ha dado en llamar izquierda iliberal y que en el caso peruano es, más bien, reaccionaria. Cubriéndose con el manto de izquierda, se sirven de los escaños del Congreso para defender intereses particulares a los que no son ajenos diversas actividades irregulares. Es en esa definición de su tarea donde no se encuentra diferencia alguna entre ellos y la mayoría de sus colegas de los demás partidos. Unos y otros mayoritariamente militantes de un conservadurismo retrógrado que se opone a la educación sexual en los colegios, abomina del matrimonio de personas del mismo sexo y rebaja la importancia de la violencia de género, en un país con cifras crecientes.

Complementariamente, izquierdas y derechas coinciden en oponerse al reclamado adelanto de elecciones generales –planteado bajo la consigna de “Que se vayan todos”–, que privaría a los actuales congresistas, no solo de sus emolumentos durante los siguientes cuatro años, sino también de los negocios bajo la mesa que realizan desde sus cargos.

El Perú de hoy atraviesa por una situación crítica cuyas próximas etapas son inimaginables. Pero, para tratar de entender esta situación, resulta poco útil etiquetar a los actores como de izquierda o de derecha. Falta de preparación, cortedad de miras, afán de obtener beneficios personales o de grupo, desinterés por aquello que en otra época se conocía como el interés general… caracterizan a quienes, con una camiseta partidaria u otra, concuerdan en llevar al país en dirección desconocida.


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Pelosi en Taiwán: un gesto político y una respuesta desproporcionada

La visita de la influyente congresista estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán tuvo repercusión global y por eso su gesto no pasó desapercibido en redes sociales, medios de comunicación y, obviamente, tampoco en el ámbito político y diplomático. Mucho menos para los chinos. Aunque sucedió hace poco, ya se habló y escribió bastante sobre su significado. Y se remarcó, exageradamente (sobre todo en las burocracias diplomáticas y en la prensa occidental) la «imprudencia» que habría cometido la speaker de la Cámara de Representantes norteamericana.

Esta supuesta falta de mesura se vinculó directamente con la posible reacción del gigante asiático y el consiguiente aumento de la conflictividad global. Pero ese argumento recuerda a las infructuosas recetas contra el bullyng, basadas en «no hacer enojar al grandote» para evitar la agresión, a sabiendas de que, al final del día, eso sucederá igual, sin importar que lo provoquen o no.

La respuesta china buscó reforzar la posición victimista que sostiene parte de su relato nacional: «somos un país emergente, integrante del sur global que responde siempre pacíficamente a las agresiones de la superpotencia imperialista». De hecho, este discurso —ciertamente anacrónico— ha permeado gran parte de la prensa, los círculos académicos y políticos del mundo, en especial, en América Latina.

Por eso, antes de seguir con este análisis, hay que definir el contexto en que se producen los hechos: estamos frente a dos superpotencias, las más poderosas del mundo, enfrentadas por un conflicto puntual en el marco de una disputa mayor por el poder global. Acá no hay víctimas ni asimetrías, excepto en lo que toca a la propia Taiwán, escenario coyuntural del drama.

Arqueología de un gesto político

Con el viaje de Pelosi, EEUU realizó un gesto político y, viendo las reacciones que produjo, muy eficiente. Y remarco lo de político porque eso contrasta con la reacción china, que estuvo ligada primordialmente a la acción militar. No fue la única posibilidad de la que disponían las autoridades chinas; sin embargo, fue la que eligieron.

De hecho, las constantes y poco diplomáticas advertencias previas del gobierno chino para que el viaje de la speaker no se concretara («quien juegue con fuego se quemará», entre otras) pusieron al gobierno estadounidense en un dilema, ya que suspender la visita, entonces, sería visto como un gesto de gran debilidad y temor.

Al mismo tiempo, la decisión china de frenar la cooperación en temas de interés global —por ejemplo, en el cambio climático— también fue una acción equivocada. Más que castigar a EEUU, esta decisión muestra ante los ojos de la opinión pública internacional el desapego y el carácter meramente táctico que otorga el gobierno de Xi a las agendas posmateriales que, además, sustentan una parte de sus apoyos políticos en otras partes del mundo.

Si miramos con mayor detalle aún, podemos seguir encontrando los matices que contenía el gesto político norteamericano, a saber: la visita la realizó una parlamentaria, al final de su carrera política y en un país donde el Congreso no recibe órdenes del presidente. Además, no aumentó el rango histórico de las visitas, ya que en los años noventa Taiwán también había recibido al entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Newt Gingrich.

El carácter político del gesto se refuerza al punto que, al mismo tiempo, la Casa Blanca (a través de John Kirby, coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional) reafirmó la política de «una sola China». Incluso, el propio presidente Biden montó una suerte de «despegue» de la acción de la veterana representante demócrata.

Hipótesis de una reacción equivocada

El impacto que produjo la visita de Pelosi en las autoridades chinas impidió responder al gesto norteamericano con proporcionalidad e inteligencia. Y esto fue así, posiblemente, por la presión del próximo congreso del Partido Comunista Chino y la necesidad de mostrar un liderazgo sólido. O por la excesiva difusión de un ideario nacionalista en la población, alimentado por el gobierno de Xi. Y también podría explicarse porque no esperaban que el arribo de Pelosi a Taipéi, finalmente, se concretara.

Posiblemente, lo que más nervioso puso al gigante asiático fue observar que la política de EEUU comienza a mostrar una continuidad desde el plano interno y cierta inteligencia estratégica. Pocos meses atrás se reunió el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (popularmente conocido como Quad) que incluye, además de Japón y Australia, a otro grande de la región y potencial rival chino: la India.

Casi al mismo tiempo, y como preludio al viaje de Pelosi, EEUU recompuso pragmáticamente el vínculo con Arabia Saudita, incluyendo la discutida foto de Biden con Mohammed bin Salman (acusado del asesinato del periodista Jamal Khashoggi). Simultáneamente, un dron norteamericano mató en Afganistán al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri (sugiriendo algo así como «nos fuimos, pero aún estamos ahí»).

La movida en Taiwán fue quirúrgica y poderosa a la vez, por eso provocó que su rival perdiera la línea. Durante años Xi mantuvo un discurso sobre cooperación pacífica, comunidad de intereses, progreso común y la ruta de la seda, como marco de una expansión no imperialista ni violenta. La llegada de Pelosi al estrecho descolocó al gobierno chino, que mostró un rostro que había trabajado arduamente en maquillar.

La moraleja es que, para pretender el trono de las superpotencias, no basta solo con el músculo. ¿Habrá aprendido China la lección?

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político