Una amenaza se cierne sobre las elecciones presidenciales de Brasil

João Roberto Lopes
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Una amenaza se cierne sobre las elecciones presidenciales de Brasil

La polarización electoral en Brasil, que ya se preveía desde la anulación de las condenas del ex presidente Lula, no sólo se confirma, sino que proyecta una elección presidencial plebiscitaria, ya en primera vuelta. No sólo la supuesta «tercera vía» se convierte en humo, sino que la polarización política tiende a profundizarse, como nunca antes en la historia de este país. Si uno lamenta lo mucho que la polarización rebaja el debate político-programático, no puede perder de vista lo inevitable que es, en la coyuntura actual.

En este escenario, una probable segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro difícilmente se desarrollará dentro de la normalidad democrática. Ya sabemos qué esperar de Bolsonaro. Además del «todo vale» de su campaña de 2018, ahora tiene el control de la maquinaria civil y militar. No por casualidad, Bolsonaro viene oscilando positivamente en las encuestas, aún sin amenazar la ventaja de Lula en la carrera electoral. Pero hay que recordar que la campaña electoral aún no ha empezado de verdad – oficialmente, sólo en agosto.

En la mente de Bolsonaro, llegar a una segunda vuelta con Lula es la oportunidad de conflagrar el país. Si llega a perder en la votación, es muy probable que opte por crear un ambiente de desestabilización política y evitar de alguna manera que su oponente asuma el cargo. Aunque hay un desfase entre la voluntad y la capacidad golpista de Bolsonaro, no hay que subestimar su atractivo popular, ni sus vínculos con el ultraconservadurismo internacional y la oligarquía financiera nacional y extranjera.

Todos aquellos que, independientemente de su afiliación partidista, consideran inaceptable e impensable la continuidad de Bolsonaro, deben tener en cuenta el enorme riesgo de llevar la elección a una segunda vuelta. Una victoria de Lula, ya en la primera vuelta, representaría un rotundo rechazo al gobierno, reduciendo las posibilidades de reacción de Bolsonaro y sus partidarios. Ciertamente, no es una tarea fácil. Ha habido segundas vueltas en las últimas cinco elecciones presidenciales.

No se trata de un argumento retórico con la intención de chantajear la conciencia de los votantes, porque ya nos hemos posicionado, en otra ocasión, de forma crítica a la candidatura Lula-Alckmin. Este es, por desgracia, un escenario muy probable, por todo lo que hemos presenciado desde el Golpe de Estado de 2016, coronado por el actual gobierno neofascista.

Tampoco se trata de cuestionar las opciones electorales legítimas en candidaturas que, como la de Lula, se presentan como oposición, como en los casos del PDT, UP, PCB y PSTU. En un entorno de «normalidad» democrática, las dos rondas de votaciones pretenden precisamente favorecer, en el caso de las posiciones mayoritarias, la disputa entre varios proyectos políticos, en la primera ronda; y la formación de una mayoría sólida, en la segunda, cuando los proyectos opuestos se disputan los votos. Sin embargo, la inevitable polarización convertirá la primera vuelta en un plebiscito, en el que se pondrá a prueba la aprobación o desaprobación del gobierno de Bolsonaro.

La candidatura de Lula es, de hecho, la única capaz de hacer frente electoralmente a la de Bolsonaro. Si Bolsonaro tiene su 20% de votantes fieles, Lula tiene su base histórica del 30%. Más que componer un frente partidario de izquierda o democrático en torno a la candidatura de Lula, la importancia de una victoria en la primera vuelta exige una campaña que movilice las calles y, principalmente, a la juventud. El reciente llamamiento hecho por los artistas para que la población joven, entre 16 y 18 años, cuyo voto es opcional, saque la tarjeta electoral es un ejemplo concreto de lo que se puede hacer en términos de movilización. La preferencia por Lula entre los jóvenes, entre 16 y 24 años, supera el 50%.

Campaña de movimiento

Es necesaria una movilización que haga resonar, desde los cuatro rincones del país, un no rotundo a todo lo que encarna Bolsonaro, como «capataz» de las oligarquías financieras. Como responsable directo de los miles de muertes evitables en la pandemia; de volver a poner a Brasil en el mapa del hambre; del desmantelamiento de la educación pública y de la investigación; del desprecio a la cultura; de la institucionalización de la mentira, vía fake news y del ocultamiento de una corrupción descarada que dice estar en contra de la «vieja política»; por la exaltación de los milicianos, la tortura y los torturadores; por la difusión de la intolerancia religiosa, la LGTBfobia y el racismo; por el aumento de las tarifas de los combustibles, los alimentos y los servicios públicos; y por el incremento del desempleo y la precariedad laboral.

Esta será una campaña que, efectivamente, tendrá que ganar las calles y no abandonarlas. En 2018, el sector progresista se echó a la calle en la segunda vuelta, en lo que se conoció como el movimiento de los «volteadores de votos». Dicho movimiento consiguió, de hecho, hacer crecer la candidatura de Haddad en la recta final. La gente salió a la calle dispuesta a escuchar a la población sobre sus preferencias y motivaciones, buscando exponer las diferencias entre las candidaturas.

Pues bien, ahora necesitamos algo parecido, ¡ya! Pero, no nos equivoquemos, la movilización no sólo se producirá por la negación, por el anti-Bolsonaro. También depende de un horizonte, de una agenda que aglutine y articule las insatisfacciones contra el ultraliberalismo del actual gobierno.

Una agenda que incluye, por ejemplo, la revisión de las privatizaciones, el techo de gastos, la reforma laboral, la autonomía del banco central; y a favor de la reforma agraria, los derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del SUS, la reducción de los precios de los combustibles, la tributación de la riqueza, la democratización del dinero a través de los bancos populares y las monedas sociales.

No se trata de esperar al calor de los acontecimientos de una segunda vuelta. Nos toca volcar este calor a nuestro favor, cerrando filas contra el bolsonarismo. Y si Lula no gana en la primera vuelta, permanezcamos, entonces, movilizados en las calles, incluso para defender, si es necesario, la legalidad de la elección, la condición más básica de una democracia.

Esta no será una campaña electoral más. Estamos viviendo un momento singular y decisivo en nuestra débil trayectoria democrática y todos somos responsables de su curso. Es más que una elección. Se trata de la posibilidad de seguir luchando para mejorar la vida de la mayoría de la población, sometida diariamente a la violencia y a los altos precios.

A pesar de la importancia de Lula y del PT para la democracia brasileña, la tarea inmediata es mayor y se impone a cualquier proyecto político-partidista. Se trata de enfrentarnos a nuestro pasado reciente y estar preparados para evitar que el tumor fascista se extienda como una metástasis en la vida nacional.

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Abriendo la matrioska de la desigualdad de género

Fabián Echegaray
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Abriendo la matrioska de la desigualdad de género

Pocas agendas de un modelo progresista generan tantas ramificaciones, mutaciones y contradicciones como las que apuntan a alcanzar la igualdad social y económica entre los sexos. Si bien algunas iniciativas se asientan en decisiones relativamente simples y directas, como establecer cupos femeninos en liderazgos corporativos y candidaturas políticas o castigos a las organizaciones que violen la isonomía salarial entre sexos por cargos con igual responsabilidad y desempeño, estos casos tienen un impacto social limitado (aunque sumamente inspiracional), ya que afectan a una minoría del universo femenino. Cabe inclusive preguntarse si esos avances de nicho no alimentan ―perversamente― una percepción de mejora generalizada, capaz de anestesiar la ambición por logros en campos más significativos de la batalla igualitaria. 

Un estudio de la consultora Market Analysis, junto con la red mundial de encuestadoras WIN, revela que para poco más del 45% de las 33 230 personas que fueron entrevistadas en 39 países, las mujeres tienen aún menos oportunidades que los hombres en su carrera y trabajo. Entre los latinoamericanos, esa percepción es más acentuada aún, llegando al 53%, solo que, si concentramos la atención en lo que piensan las mujeres del mayor mercado laboral de la región, es decir, Brasil, esa percepción de desigualdad asciende hasta el fenomenal 75%.

Algo parecido ocurre cuando nos enfocamos en los resultados de las luchas igualitarias. Con relación hasta qué punto la equidad de género se ha materializado en su sociedad, un 18% de los adultos de la encuesta mundial declaran que sí ocurrió definitivamente. Sin embargo, en Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Chile, esos porcentajes mal llegan a la mitad: 9%. Si ponemos la lupa solo en lo que piensan las mujeres, ni siquiera llegamos al 8%. ¿Podemos imaginar progresos concretos y de amplia escala, rumbo hacia la igualdad de las mayorías femeninas, cuando es tan difundida la sensación de desventaja?

Tal como decíamos, avances institucionales como los cupos o sanciones por tratamiento desigual entre géneros son buenos porque establecen un principio o regla de juego capaz de ordenar e inspirar otras esferas, pero nos hacen correr el riesgo de no ver las camadas internas de condicionamientos a gran escala de la población femenina que ―como matrioskas― esconden la verdadera substancia de origen de las inequidades.

Uno de los cuellos de botella de las luchas igualitarias que interpela normas sociales adversas a la equidad (y que ―por lo tanto― alberga una camada aún más nuclear de problemas) está relacionado con la distribución de responsabilidades entre madres y padres cuando un nuevo ser llega al hogar. Ni todas las mujeres con hijos están en el mercado de trabajo, y ―en América Latina― menos de la mitad de las que están son protegidas por las leyes laborales del empleo formal.

Estas consideraciones sobre obstáculos para la igualación entre géneros fueron potencializadas por la pandemia de la COVID-19 que no solo marginó a las mujeres del mundo del trabajo en una proporción infinitamente mayor que los hombres, sino que también las obligó a siquiera estar disponibles para el ámbito profesional al recaer sobre ellas las responsabilidades no remuneradas de cuidado, mantenimiento del hogar, gestión de las tareas, y del espacio doméstico en residencias que ―súbitamente― se convirtieron en centros multitareas: escuelas, oficinas, restaurantes, gimnasios, salón de juegos y esparcimiento, lounges de sociabilidad.

Uno de los abordajes más objetivos y también más ignorados para concretizar esa valorización ocurre a través de la implementación y ampliación efectiva de las licencias de maternidad y paternidad, la promoción y naturalización de la paternidad activa o responsable y una redefinición de los patrones sobre cómo deberían comportarse individuos y organizaciones frente a las futuras madres.

Estudios recientes confirman la manutención de la llamada penalidad materna: casi la mitad de las brasileñas que se adhirieron a la licencia por maternidad caen en el desempleo a los 24 meses de su parto. Lejos de los parámetros europeos, enmarcados en el modelo de estado de bienestar y estimulados por poblaciones declinantes y presión del sistema de seguro social, los países de América Latina adoptan licencias maternas cortas, en su mayoría de 12 a 14 semanas.

Brasil, Chile y Colombia lideran la situación con cerca de 18 semanas. Alternativas promotoras de la igualdad de género, como la licencia paterna, no están en el radar de la población general y esas licencias paternas se caracterizan por su brevedad (apenas 5 días). Más aún, estimulados a pensar en un formato de responsabilidades compartidas donde los padres puedan asumir un tiempo mayor con sus hijos o ampliar ese beneficio de más tiempo exclusivamente a las madres, los datos del estudio Market Analysis revelan una nítida brecha de intenciones, en la que los papás apoyan fuertemente el favorecimiento de licencias para las madres, de modo que aumenten su dedicación, pero ellos mismos se oponen a involucrarse mediante el apoyo a una licencia paterna más ambiciosa.

El mismo estudio muestra que no se trata tan solo de oportunismo: existe una autopercepción de impotencia paterna en la creación de los hijos mucho más acentuada entre los papás que las mamás, así como también subsiste una lectura tradicionalista del lugar de la mujer con hijos alrededor de la vida familiar y maternal antes que profesional, visión que ―cabe decir― es mucho más endosada por los hombres que las mujeres.

Esos contextos actitudinales son un verdadero desafío para cerrar las brechas de género, acentuadas por la llegada de la maternidad. Es allí donde pueden hacer la diferencia la acción conjunta de organizaciones no gubernamentales, las instituciones políticas y estatales (legislando o supervisando el cumplimiento de las licencias) y las empresas (facilitando y ampliando licencias de maternidad y paternidad) mediante la pavimentación del camino hacia la igualación de oportunidades y resultados.

Como en un ensamble de matrioskas, al final de las capas más superficiales del igualitarismo de género, relativas a equiparaciones reguladas sobre salarios, oportunidades formales y selección de liderazgos, encontramos la estatuilla de cuánto la maternidad es un capital o un obstáculo para una sociedad que busca igualar los sexos.

En la medida en que la mujer es forzada a vivir la maternidad en términos que la condicionan como una penalidad a su vida profesional, el resto del edificio de la equidad de género se construye sobre pilares flojos. La última pieza de la matrioska, rumbo a cristalizar una mayor igualdad, exige un consenso no solo entre los actores organizados de la sociedad, sino también un esfuerzo para aproximar visiones de mundo, aún tensas entre los hombres y mujeres de nuestra región.

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La crisis de Ucrania como oportunidad para al diálogo interamericano

Esteban Caballero
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La crisis de Ucrania como oportunidad para al diálogo interamericano

La invasión rusa de Ucrania ha generado un reacomodo de las relaciones internacionales y un agravamiento de las animosidades preexistentes entre los grandes bloques del Norte. El Sur global, en cambio, ha permanecido relativamente distante de la creciente polarización, y en esa línea se ha posicionado, en general, América Latina. Sin embargo y a pesar de las distancias, las reverberaciones de la crisis son tan masivas que es imposible no hacerse la pregunta respecto al impacto que tendrá la crisis en la región.

Una de las preguntas más relevantes es aquella que indaga sobre el modo en el que el “retorno de la geopolítica” y el “fin de la globalización” podrían impactar en las relaciones interamericanas. Más específicamente, si  la actual afectación de las  cadenas de suministros compuestas de nodos de producción y distribución desperdigadas por el mundo, llevará a un reacomodo del dialogo interamericano.

Esta pregunta no es nueva. Ya con la pandemia había resurgido la idea de que la autosuficiencia podría no ser tan descabellada dadas las dificultades para conseguir insumos sanitarios. Y hoy, esa preocupación reaparece bajo la fórmula de la desconfianza en las cadenas de suministros cuyos nodos de producción y distribución se ubican en “países enemigos”.

El resurgimiento de los “espacios regionales”

Es a raíz de esta problemática que en el escenario internacional se ha visto reflotar la importancia de los “espacios regionales” basados en una mancomunidad de ideas, postulados políticos y hasta cierto punto rasgos culturales comunes. Todo ello como condición para una mayor y mejor integración económica. Una manifestación de esta inquietud salió a relucir en la reciente visita de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, a Argentina, donde ambos mandatarios se pronunciaron en favor de una reconstrucción del espacio regional latinoamericano, aludiendo a sus diferencias políticas específicas, pero sobre todo enfatizando los puntos comunes.

Lastimosamente, en el caso latinoamericano ese “espacio regional” se encuentra muy deteriorado, y se requerirá un gran esfuerzo para reconstruir la narrativa de la integración. Más aún si a dichos propósitos se le agrega la ambición de reavivar el diálogo interamericano, tomando en consideración que está en plena marcha el proceso de convocatoria a la IX Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles, EE. UU. en junio 2022.  

La Cumbre ya tiene una agenda bien definida, propicia para repensar las relaciones con el Norte, pues se convoca para “construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. La cuestión es que el contexto político en el que se produzca el encuentro se dé un cambio de tono. Para ello, nos parece, hay algunos deberes a ser cumplidos por  parte y parte.

En el caso de la administración Biden ha llegado el momento de reinterpretar el significado de aquel   “estar de vuelta” después del caos trumpiano que proclamó la administración al asumir las riendas del gobierno. Hasta ahora, ese retorno ha estado dirigido fundamentalmente a reparar las relaciones con los socios del eje atlántico norte y el pacífico. Basado en una noción del orden internacional liberal tradicional, que otorga primacía a los países desarrollados. Su visión de cómo articular el Sur, y sobre todo el eje hemisférico occidental, no ha tenido las mismas luces.

La idea sería que esta visión de la administración Biden cambie e incluya una mirada distinta al Sur. Una en la que el espacio hemisférico occidental se fortalezca y reconsidere el tema de la integración, dada la crisis en la cadena de suministros y el retorno de la geopolítica. Un cambio que implique un enfoque diferente en las relaciones interamericanas con una aproximación más empática con respecto a las prioridades de los países de la región.

Historicamente, los temas de la agenda interamericana se basan en un listado pergeñado por el Norte, en base al análisis que sus órganos de gobierno hacen de la realidad latinoamericana. Sin embargo, esta nueva visión debería integrar los intereses de los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, mediante una nueva forma de escucha activa.

De parte de América Latina y el Caribe, evidentemente no se puede esperar una voz unívoca, pues al diálogo interamericano concurre una gran diversidad de países, incluyendo a los caribeños de habla inglesa, holandesa y francesa. Sin embargo, hay dos puntos que convendría resaltar. Uno es que se ponga en perspectiva la gran influencia de China, resguardando las relaciones con la potencia asiático, de manera que se valore en su justa medida las relaciones comerciales y las inversiones, pero, por otro lado, la región debería pronunciarse con claridad y en bloque en referencia a los principios democráticos, los derechos humanos y el respeto a las libertades.

Sobre este último punto convendría cambiar la manera en que la región se aproxima a la idea del orden internacional liberal, viéndolo menos como una suerte de pseudónimo de la globalización neoliberal y más como el tipo de orden multilateral que mejores condiciones ofrece para resguardar la democracia, siendo éste, un activo más deseable que las alternativas ofrecidas por la realpolitik de las potencias con rasgos autoritarios.

Por mucho tiempo, en el diálogo interamericano se ha dado como una suerte de “autoexclusión” de los propios países de la región. Como si los voceros del orden liberal internacional fuese solamente las democracias liberales del Norte, cuando, comparativamente hablando, y a partir de la tercera ola de democratización de fines del siglo pasado, la región tiene, de hecho, buenas credenciales para abogar por unas relaciones internacionales basadas en dichos principios y desde la perspectiva del Sur global.

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Volver a Bretton Woods

Juan E. Notaro
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Volver a Bretton Woods

Los acuerdos de Bretton Woods, que rigieron el funcionamiento del sistema financiero mundial durante más de tres décadas y sentaron las bases para el nacimiento y expansión de los bancos de desarrollo ocurrió en un momento crítico para la humanidad.

Era 1944 y el planeta estaba aún en plena Segunda Guerra Mundial, la cual derivó de los grandes temas que no se resolvieron durante la primera, y los coletazos de la Gran Depresión aún se hacían sentir casi tres lustros más tarde.

Además, comenzaban a configurarse los polos de poder y las dinámicas geopolíticas que determinarían el rumbo de la humanidad durante los siguientes 45 años. Se necesitaba un sistema que estuviera por encima de esas diferencias.

Por eso, representantes de 44 países se reunieron entre el primero y el 22 de julio de ese año en la localidad de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU) con el propósito de sentar las bases de una cooperación internacional que garantizara el crecimiento y la cooperación entre las naciones participantes.

El sistema tuvo sus fallas y fue objeto de severas y muy fundamentadas críticas por parte de académicos y gobiernos. Sin embargo, más de 190 naciones siguen formando parte de las dos principales instituciones derivadas del acuerdo: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El mundo vive hoy un nuevo “momento Bretton Woods”. El desafío del cambio climático, la pandemia de Covid-19 y su severo impacto económico, y el reajuste del tablero político global que ya comenzó con la guerra en Ucrania nos ponen en un lugar parecido, pero con algunas ventajas.

La necesidad de redefinir las reglas del sistema financiero mundial para hacerlo más justo, sostenible y transparente, se manifestó con fuerza durante la crisis de 2008 y el posterior rescate de las instituciones afectadas. Y aunque a raíz de esa crisis hubo algunos avances en el marco regulatorio y en ciertas leyes, los desafíos que enfrentamos de cara al futuro requieren de mucho más.

De aquella conferencia surgió el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (que después pasó a formar parte del Banco Mundial). El objetivo de la institución, claramente establecido en el nombre, no dejaba lugar a dudas sobre su propósito.

El resto de la banca de desarrollo global tal como la conocemos tuvo su germen en ese cónclave y las instituciones que nacieron en él. Algunos bancos de desarrollo surgieron como satélites de esa influencia, y otros por la razón opuesta: para distanciarse de Estados Unidos.

Decía antes que, a pesar de la complicada situación que enfrentamos hoy, la coyuntura actual tiene algunas ventajas. Una de ellas es, precisamente una amplia red global de bancos de desarrollo conformada por más de 500 instituciones de todo tipo. Otra de las ventajas, es que prácticamente todas las naciones del mundo siguen integrando las instituciones que surgieron de Bretton Woods y participan de distintos organismos multilaterales.

Los bancos de desarrollo han pasado a ser, además de instituciones financieras, verdaderos repositorios de conocimiento y experiencias para hacer frente a los desafíos de desarrollo a toda escala. También se han alineado con otras prioridades mundiales: cambio climático, derechos humanos e igualdad de género, por poner algunos ejemplos.

Y conscientes de su capacidad, y sobre todo de su papel en el complejo panorama actual, han comenzado a dar respuesta coordinada a algunos de estos problemas. El evento Finance in Common, la primera cumbre mundial de bancos públicos de desarrollo que se llevó a cabo en París en 2020, es un ejemplo de ello.

En la circunstancia actual, al igual que hace 78 años, el mundo está en una encrucijada que requiere acciones coordinadas, instituciones ágiles y fuertes, mecanismos de cooperación que estén por encima de las ideologías y las coyunturas políticas. Mi llamado no es a revivir aquel sistema, sino a invocar el espíritu de aquella conferencia, en la que se intentaron forjar mecanismos de colaboración entre los países y de enfrentar de forma organizada los desafíos de la época.

Ese es el desafío. Y estoy convencido de que los bancos de desarrollo tienen un papel vital en financiar y proveer el conocimiento que necesitamos para salir de las crisis actuales. Es hora de volver a convocar el espíritu de Bretton Woods.

Un balance del Acuerdo de Paz de cara a la primera vuelta electoral en Colombia

Porfirio Cardona-Restrepo
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Un balance del Acuerdo de Paz de cara a la primera vuelta electoral en Colombia

El 29 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales donde el tema de “la paz”, que ha ocupado la atención durante los últimos 24 años en el debate político electoral desde el gobierno de Andrés Pastrana, ya no es el protagonista. La campaña actual está centrada en temas como la corrupción, la reforma tributaria, la migración, la seguridad, el desempleo o la reforma del sistema de pensiones. A esto se suman los estragos ocasionados por la pandemia, el aumento de la inflación en marzo (8,53%) como consecuencia de la Guerra de Ucrania y los más de 21 millones de colombianos en situación de pobreza. Este escenario vaticina que el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de mediano plazo (2020-2022) será un desafío para el gobierno que asuma el 7 de agosto, independientemente de su ideología política.

Mayor protagonismo de la paz a pesar de la pandemia y la protesta social

Desde la llegada de la pandemia se ha ralentizado la implementación del Acuerdo de Paz porque el Gobierno Nacional y los gobiernos locales han dedicado mayor atención institucional y esfuerzo fiscal para atender las demandas sanitarias. A su vez, las medidas restrictivas, especialmente a la movilidad y distanciamiento social, han dificultado el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -CEV-.

Durante la implementación de los acuerdos el país ha vivido, además, movilizaciones en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque que han tenido como punto central las manifestaciones del denominado Paro Nacional. Si bien estas tuvieron como principal reclamo el retiro del proyecto de reforma tributaria, incluyeron igualmente reclamos como la gratuidad en la educación superior pública, la protección efectiva a los líderes y lideresas sociales, la implementación del acuerdo de paz o las reformas a la salud y al sistema pensional.

A su vez, la pandemia ha sido un contexto propicio para el fortalecimiento de grupos armados fuera de la ley debido a una menor presencia de la Fuerza Pública en los territorios para atender la pandemia y por la desmovilización de las FARC-EP. Esto permitió que las agrupaciones criminales aceleraran los procesos de apropiación de la tierra, producción de narcóticos, generación de renta ilícita, reclutamiento de menores e inseguridad de excombatientes, entre otros crímenes.

Los avances del Acuerdo de Paz

El Instituto Kroc es el responsable de monitorear y verificar en tiempo real las 578 disposiciones del Acuerdo mediante la Iniciativa Barómetro de la Matriz del Acuerdo de Paz (PAM), con base en el Plan Marco de Implementación -PMI- donde el Gobierno establece tres periodos para la medición: corto (2017-2019), mediano (2020-2022) y largo plazo (2023-2031).

El periodo de corto plazo, enfatizó sobre el cese al fuego definitivo, la dejación de armas, la preparación del diseño institucional de la paz, la creación de planes y programas, entre otros temas. Fue relativamente ágil, pero con bajos porcentajes en el desarrollo rural ya que la presión ejercida por la escalada de grupos ilegales marcaría un escenario complejo para el cumplimiento de los indicadores. Por otro lado, el periodo de mediano plazo coincidió con la llegada de la pandemia, el inicio de periodo de los gobiernos locales y cuando los planes de desarrollo estaban en su etapa de diseño.

En estos cinco años, el Gobierno de Duque se ha centrado particularmente en la reincorporación de excombatientes, mientras las cuestiones trascendentales como la reforma rural, las oportunidades de desarrollo en las comunidades vulnerables, la justicia transicional, la participación política y sustitución de cultivos ilícitos, se siguen posponiendo. En este marco, los aspectos más preocupantes son el aumento de la fuerza de los grupos al margen de la ley con su expansión en el control territorial y la violencia contra los excombatientes y líderes sociales que ha dejado 299 y 1270 muertos respectivamente.

Por otro lado, se destaca el abandono de las armas, la creación del partido Comunes y los escaños en el Congreso en representación de las víctimas. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), tras la firma del Acuerdo de Paz ha habido una disminución del 95% de los indicadores de desaparición forzada, ejecuciones sumarias, falsos positivos, secuestro y tortura. Los12.350 desmovilizados que están cumpliendo con el proceso, son muestra de las bondades de resolver los conflictos por la vía del diálogo.

Sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo para cumplir con las solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el cual además cuenta con un subregistro en la consolidación del universo total debido a deficiencias y de acceso a la información. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- reporta un dato provisional de 98.820 registros con corte a junio de 2021.

En conclusión, un paso relevante en materia de reconciliación es conocer la verdad de los hechos. Al 1 de abril de 2022, se han sometido según la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- un total de 13.381 personas, de las cuales 9.825 son de las FARC-EP, 3.393 miembros de la Fuerza Pública y 151 agentes del Estado. Además,12 manifestantes de la protesta social han sido incluidos en esta lista. Esta es una cifra significativa y cada vez más personas se comprometen para aportar al esclarecimiento de hechos victimizantes.

Simultáneamente con la JEP, el informe final que entregará en junio de este año la Comisión de la Verdad (CEV), como mecanismo extrajudicial y de solidaridad con las víctimas, permitirá cerrar un capítulo de los hechos atroces ocurridos en la historia y allanar el camino hacia la necesaria reconciliación.

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Guillermo Lasso, un año de incertidumbre política

César Ulloa
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Guillermo Lasso, un año de incertidumbre política

En mayo se cumplirá un año del gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador y el primer escollo del Ejecutivo ha sido gobernar sin el respaldo de la Asamblea. Su agrupación política CREO, ha debido acomodarse ante una mayoría de congresistas que van del centro a la izquierda y con una presencia relevante del correísmo con 48 de los 137 legisladores. Mientras tanto, en las calles se vive un aumento desenfrenado del crimen y la violencia..

El principal problema del estancamiento que vive el país es que el partido oficialista, CREO, apostó por una estrategia que personaliza la política sin ubicar en su contexto la relación inevitable entre el Ejecutivo y el Legislativo. Antes de que se posesionen las autoridades de la Asamblea, el presidente ensayó un acuerdo político con sus dos rivales: el expresidente Rafael Correa y el líder histórico de la derecha del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot.

El rechazo en redes sociales, así como en diversos sectores, fue tan alarmante que Lasso reculó y más bien tendió puentes con el partido Pachakutik, los independientes y la Izquierda Democrática (ID) con la finalidad de asegurarse el control en la Asamblea mediante el nombramiento de las autoridades. Sin embargo, ninguna de las movidas en el tablero resultó eficiente. Un año después, el Gobierno no ha sabido establecer vínculos efectivos con la oposición ni con los aliados naturales de la derecha, y persiste la vieja práctica de mayorías móviles.

Sin mayores posibilidades de maniobra, el presidente envió a la Asamblea su megaley económica que incluía la reforma tributaria, la Ley de Inversiones y la reforma laboral. El proyecto fue rechazado porque la normativa ecuatoriana impide el tratamiento y aprobación de tres materias de manera simultánea cuando son urgentes.

El Gobierno replanteó su estrategia y envió un cuerpo a la vez sin contar ―en primera instancia― con los votos suficientes, es decir, 70. La Ley de Reforma Tributaria podía entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley si no había acuerdo entre los diferentes bloques; sin embargo, con los votos del correísmo pasó. Esta misma maniobra no se repitió con la Ley de Inversiones, que fue rechazada, lo que prevé el fracaso de la reforma laboral. Frente a este traspié, el presidente fustigó contra asambleístas de Pachakutik y el líder de la ID, Xavier Hervas, a quienes acusó de intercambio de favores.

La complejidad para que el Gobierno saque adelante su Plan Nacional de Gobierno, debido al bloqueo de la Asamblea, se agudizó cuando su exministra de Gobierno, Alexandra Vela, dimitió del cargo por estar a favor de la Muerte Cruzada o el cese de funciones de la Asamblea por obstrucción al Ejecutivo. Frente a este escenario, Guillermo Lasso enfatizó en “gobernar sin la Asamblea a futuro”, como si eso fuera posible, y peor aún cuando descartó la Muerte Cruzada.

Ahora el Ejecutivo apuesta por una consulta popular de la cual nadie conoce su contenido, en un contexto donde ha bajado su aceptación y donde enfrenta un escenario de elucubraciones que reiteran la alianza con su rival Rafael Correa, debido al habeas corpus otorgado al exvicepresidente Jorge Glas, pese a que recaen sobre él dos sentencias por corrupción en el caso de Odebrecht. Pérdida para el Gobierno, triunfo para la Revolución Ciudadana.

Ante este panorama, el país vive, además de las manifestaciones, una ola de masacres en las cárceles, reiterados encautamientos de toneladas de droga y muertes violentas bajo la figura de sicariato en la costa, en los cantones de Durán, Guayaquil y Samborondón.

En lo que va del año ha habido más de 200 muertes violentas, y la inseguridad se ha convertido en la primera preocupación de la población. El clima se tensiona aún más por el asesinato de Don Naza, un militar que estaba dedicado al negocio de las pirámides financieras, donde además se investiga a otros elementos de las Fuerzas Armadas.

Ante este contexto, la sociedad civil toma fuerza, en el sentido de que la aceptación y la credibilidad de las Funciones del Estado están en los peores niveles desde la transición a la democracia en 1979. Las insinuaciones de que “se vayan todos” son recurrentes y las propuestas para mejorar la gobernabilidad están a la orden del día.

En esa línea, varios colectivos están impulsando una consulta popular ciudadana para preguntar a la población si está de acuerdo con quitar las atribuciones de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reformar el Capítulo V del Código de la Democracia, referente al sistema de partidos, usar el excedente del petróleo para la salud y la seguridad social, y la evaluación de los operadores de justicia. Hay varias propuestas que serán presentadas a la Corte Constitucional.    

Entre las complejidades e incertidumbres, el mayor logro del Gobierno ha sido la vacunación, lo que convierte a esta administración en una de las pocas que ha cumplido con su oferta de campaña de manera rápida, eficiente y con reconocimiento internacional. Esto dinamizó la economía y restauró un importante margen de confianza en el futuro, pese a que la situación económica sigue siendo dramática, puesto que siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo.

Otro aspecto positivo es el retorno a clases en todos los niveles educativos y la voluntad de implementar una política pública para combatir la desnutrición crónica infantil. No se puede perder de vista que el Gobierno no ha enfrentado casos de corrupción y eso es un mérito entre tanta impunidad. A ello, se suma la gestión en la búsqueda de inversiones extranjeras.

La expansión de los medios de pago digitales se consolida en América Latina

Juan Pablo D'Antiochia
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La expansión de los medios de pago digitales se consolida en América Latina

Las nuevas tecnologías están cada vez más impregnadas en la sociedad. El uso de herramientas innovadoras influye, mueve y transforma la economía mundial. El mercado del comercio electrónico en América Latina, por ejemplo, avanza a un fuerte ritmo de crecimiento anual. Entre 2017 y 2021, ha habido una expansión anual del 22% en los mercados de la región. ¿Y el futuro? Se prevé que el comercio electrónico aumente, con una tasa media anual del 19% para 2025. Esto se debe en parte a la amplia gama de métodos de pago como las tarjetas de crédito y débito, carteras digitales, BNPL (Buy Now Pay Later) y transferencias en tiempo real, entre otros.    

Los hábitos de los consumidores en cuanto al uso de la tecnología se reflejan en la forma en que realizan sus pagos. Según The Global Payments Report 2022, el comercio electrónico en los mercados latinoamericanos tendrá un crecimiento anual de dos dígitos para 2025, incluyendo los mayores de la región, es decir, Brasil (18%) y México (17%).

Sin embargo, las tarjetas de crédito siguen siendo el principal método de pago en el comercio electrónico de la región. En 2021 representaron casi el 40% del valor de las transacciones y destacaron como la mayor presencia del sector en todos los mercados latinoamericanos. En Brasil se registró la mayor adherencia, con un 44,7% de uso. Las tarjetas de débito representaron otro 18,2% del valor de las transacciones en la región durante el año.

Perú y Chile, donde se observa el aumento de su población bancarizada, deberían contribuir a las tasas de uso de tarjetas previstas para 2025. Pero incluso con una reducción del 3% en su cuota, las tarjetas de crédito deberían seguir siendo el líder de los pagos de comercio electrónico en la región, excepto en México debido a que la creciente popularidad de las carteras digitales tomará la delantera en 2024 como principal método de pago en el comercio electrónico por cuota en el valor de las transacciones.

La adopción de los monederos digitales no es casual ya que estos permiten a los consumidores almacenar de forma segura sus credenciales de pago y transferencia para las compras en prácticamente todos los canales en los que se realiza el comercio, ya sea en línea, en apps o en tiendas físicas. Y, en el caso de México, esta tendencia es un reflejo de la adhesión de la población al medio de pago, que en 2021 representó el 27% de las transacciones. Y en los próximos tres años debería alcanzar cerca del 36% de participación. Colombia y Perú también están abiertos al uso de carteras digitales, con una tendencia creciente para 2025.  En el contexto regional, la participación de este medio de pago será del 25% en los próximos tres años.

También se han visto transformaciones significativas en las transferencias bancarias que representaron casi la décima parte del gasto regional en comercio electrónico en 2021, con una proyección similar para 2025. Sin embargo, su uso adopta trayectorias variadas. Se estima una caída en Perú, del 8,8% en 2021 al 3,8% en 2025, y en Colombia del 16,5% a menos del 10% en los mismos períodos. En Brasil, con la introducción del pago instantáneo de Pix, se prevé que las transferencias en tiempo real pasen del 10,9% a casi el 18% en 2025.

Los pagos en tiempo real contribuyen a reforzar el comercio electrónico en la región. Argentina y Colombia, que ya contaban con soluciones establecidas, presentaron evoluciones en sus productos. Chile se situó a la cabeza, con un aumento del 140% en el volumen de transacciones (casi dos millones al día), y México y Brasil crecieron sensiblemente. De hecho, en Brasil se está exigiendo a todas las entidades, incluidas las fintech, que participen en Pix si tienen más de 500.000 cuentas de clientes activas para promover su difusión. América Latina está siguiendo la tendencia mundial de apoyar los pagos de las empresas, corporaciones y agencias gubernamentales a través de esquemas en tiempo real.

Dentro de esta amplia oferta de servicios y productos digitales, el BNPL -pagos que permiten a los consumidores abonar bienes y servicios, ya sea a través de una única factura o en cuotas finitas- está empezando a ganar adeptos en el comercio electrónico. El valor de las transacciones sigue siendo bajo -por debajo del 1%-, pero el ritmo de crecimiento será uno de los más rápidos del mundo. 

Este movimiento del comercio electrónico, asociado al cambio de los hábitos de consumo, tendrá sin duda repercusiones en la economía, desde la global hasta la local. Cada país percibirá los efectos de esta transformación en función de su perfil cultural, la cartera de productos tecnológicos disponibles en el mercado y, por supuesto, las orientaciones económicas actuales. Más allá de las especificidades de cada nación, lo cierto es que estamos abriendo el camino a nuevos tiempos en los que la innovación y la tecnología impregnan diferentes aspectos de la vida social y económica de toda la sociedad.

Con esta revolución tecnológica en el sistema financiero que repercute en el comercio electrónico, ¿podemos decir que el dinero en efectivo va a desaparecer? La sociedad evoluciona, se renueva y tiene un increíble poder de transformación. Se prevé que las operaciones de pago realizadas con dinero en efectivo se reduzcan a la mitad para 2025, frente al 3,8% del gasto en comercio electrónico en la región en 2021. Otoño, sí. Extinción, no. Necesitamos el papel moneda para completar esta mezcla de medios de pago contemporáneos, que siempre se renovará.

“Operación especial en Ucrania” desinformación y censura en América Latina

Gustavo A. Rivero
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“Operación especial en Ucrania” desinformación y censura en América Latina

Los canales de YouTube y los perfiles de Facebook de los medios de comunicación financiados por Rusia como SputnikNews y Russia Today (RT) han sido bloqueados en Europa y Estados Unidos por diseminar información considerada falsa sobre la actual guerra contra Ucrania. Esto también ha sucedido en Latinoamérica con todos los canales Sputnik Mundo y RT en Español, incluido Ahí les va, el más popular en la región, liderado por la periodista/youtuber, Inna Afinogenova. Las razones que han aducido estas plataformas para cerrar las cuentas fue el incremento de contenido manipulado como montajes, imágenes y videos falsos que favorecen a Rusia y difaman a Ucrania y a sus aliados. 

Ya desde épocas de la Guerra Fría, Rusia ha sido acusada en repetidas ocasiones de ejecutar operaciones de información con el objetivo de manipular a la opinión pública. Con la revolución de la información, la naturaleza y difusión del poder de los Estados ha cambiado, convirtiendo al ciberespacio en un nuevo dominio operacional no convencional para las guerras, pues su accesibilidad facilita la existencia de una multiplicidad de actores y acciones.

En este nuevo terreno de combate, es usual encontrar interferencias electorales, desinformación y noticias falsas, ciberataques, ataques con drones e influencia financiera como modalidades de ataque, todas ellas acuñadas bajo el nombre de amenaza o guerra híbrida, de la información o doctrina Gerasimov. 

Respecto a la modalidad de desinformación y noticias falsas, las narrativas existentes en la región hispanohablante tienen su principal origen en las traducciones de contenidos originales en ucraniano, ruso e inglés. El fact-checker español Newtral y el latinoamericano AFP Factual han verificado hasta el momento en conjunto más de 80 bulos —contenido falso diseminado de forma coordinada y masiva con el objetivo de convertirlo en verdad— en redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y TikTok sobre el conflicto.

Dichas verificaciones van desde retransmisiones falsas de CNN en vivo hasta fotografías de protestas descontextualizadas o inexistentes que buscan particularmente desacreditar las acciones políticas y militares ucranianas.   

Las redes sociales y los medios rusos en español

La cuenta de TikTok del medio de comunicación Sputnik Mundo tiene alrededor de 62.6 k de seguidores. Desde el inicio de “la operación especial de Rusia en Ucrania”, la cuenta fue bloqueada durante seis días y le fueron eliminados 24 videos por incumplir las normas de la comunidad, de acuerdo con el presentador del medio.

Una de las causas fue la publicación de un video el 27 de febrero que sugería que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski había escapado de la capital Kiev a Lviv. Esto fue originalmente mencionado por el presidente de la Duma Estatal rusa (Cámara Baja de la Asamblea), Vyacheslav Volodin, y difundido por otros medios de comunicación respaldados por el Estado ruso como Tass (Russian News Agency). Sin embargo, dicho contenido era falso y Sputnik jamás rectificó esta información, según una investigación del centro de pensamiento Institute for Strategic Dialogue (ISD). 

De acuerdo con la organización estadounidense DFRLab, en la red social Twitter, además de las cuentas oficiales de RT en Español y Sputnik Mundo, las cuentas de las embajadas rusas en Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay han sido las que más han compartido publicaciones creadas originalmente por estos medios. Este tipo de contenido tiende a justificar la operación en Ucrania y afirman la necesidad de desnazificar y desmilitarizar a este país para proteger al pueblo ruso, así como para desenmascarar las verdaderas intenciones de la OTAN y los Estados Unidos.  

A diferencia de lo sucedido en la cuenta de Twitter en inglés, en donde se dio una tendencia regional con el numeral #IStandWithPutin o #IStandWithRussia al inicio de la guerra (dicha tendencia estuvo encabezada por cuentas automatizadas o bots), en los países hispanohablantes no se ha identificado ninguna que haya sido similar. En Twitter en español, los hashtags #YoEstoyConPutin o similares son, en su mayoría, trinos empleados en el año 2015 para apoyar a Rusia y sus acciones militares en la guerra en Siria, y muy pocos relacionados con el actual conflicto bélico. Además, cuentas que produjeron este contenido parecen ser reales y afirman localizarse en países como Venezuela, Nicaragua y, en menor medida, Bolivia. 

La red social Telegram, por otro lado, ha sido un gran aliado para la reproducción de los medios rusos en la región, ya que es de las pocas plataformas que no los ha censurado.

¿Censura selectiva?

La censura que han recibido estos medios está siendo muy cuestionada, pues las agencias de comunicación rusas no son las únicas que han diseminado contenido desinformativo en la región y que no lo han rectificado. El canal mexicano Televisa, por ejemplo, publicó ―de manera descuidada― imágenes y videos de ataques militares afirmando que correspondían a la guerra en Ucrania, cuando, en realidad, eran del conflicto árabe-israelí. Esto fue denunciado por Roberto de la Madrid a quien, sin embargo, le fue cerrado el canal de YouTube por unos días debido a la denuncia.

Esto pone sobre la mesa que estas plataformas globales se están convirtiendo en jueces de la verdad. En algunos casos aciertan, y en otros no, puesto que sus criterios y algoritmos son selectivos, ya que en última instancia buscan más la monetización que la verdad.

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Revocación de mandato de AMLO: dato duro vence narrativa (y “otros datos”)

Alejandro García Magos
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Revocación de mandato de AMLO: dato duro vence narrativa (y “otros datos”)

El dato más importante que arrojó el ejercicio de revocación de mandato fueron los quince millones de votos que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a favor de su continuidad. Dado que el ejercicio fue promovido por y desde el gobierno, la cifra puede ser interpretada como el voto duro de AMLO o, si se prefiere, una medida de la capacidad del oficialismo de movilizar a sus votantes. ¿Quince millones son pocos o muchos?, se preguntará usted. Según se vea. Algunos pensamos que no son tantos, ya que equivalen al 16 por ciento del electorado. Una cifra nada despreciable ni mucho menos, pero que pone en duda la supuesta enorme popularidad del presidente. Este dato hace pensar que quizá estamos aquí frente a un fenómeno bien conocido en México: la discrepancia entre popularidad y apoyo electoral al presidente. La lección de la consulta sería pues que si bien AMLO y su partido parecen imbatibles en medios de comunicación y redes sociales, electoralmente es perfectamente posible vencerles.

Empecemos diciendo que esta revocación, oficialmente denominada como Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, fue una gran pantomima. La historia se remonta a agosto de 2021 cuando se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta ley fue pensada para darle a la ciudadanía una herramienta para inconformarse con el ejecutivo y, en última instancia, removerlo del cargo de forma pacífica y legal. Pero ya se sabe que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y lo que se pensó como una herramienta de democracia directa para empoderar a la ciudadanía fue capturada por el gobierno para movilizar a sus bases. En efecto, y contra toda lógica, la revocación de mandato del presidente fue promovida desde un inicio por el mismo gobierno de AMLO. El mundo al revés.

Es claro entonces que este ejercicio no califica realmente como una consulta de revocación, puesto que no responde a una genuina demanda ciudadana. Se trató más bien de un ejercicio de movilización gobiernista como los que vemos en países semi-autoritarios. Dicho lo anterior, sin embargo, desde el análisis político el ejercicio fue de gran valor pues permitió observar con nitidez el verdadero músculo electoral del presidente. Digo músculo electoral y no popularidad porque si algo quedó patente en la jornada del 10 de abril es que la una y la otra cosa no son iguales. La diferencia es clave puesto que una de las estrategias que AMLO utiliza para dividir y paralizar a la oposición es señalar que tiene niveles récord de popularidad.

Y aquí ojo: esta afirmación se ha demostrado claramente como un mito. En efecto, a estas alturas de sus sexenios, los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón tenían similares niveles de aprobación rondando el sesenta por ciento (la abrupta caída en popularidad de Peña Nieto es la excepción, no la regla). A pesar de ello, los voceros del oficialismo repiten todos los días que este presidente es el más popular en la historia de México. El mismo AMLO incluso gusta de compartir encuestas en sus conferencias matutinas que lo ubican como uno de los líderes mundiales con niveles más altos de aprobación. No es ningún accidente, por el contrario se trata de una deliberada estrategia para crear una narrativa favorable a su gobierno.

El otro aspecto clave que la consulta demostró, fue constatar que AMLO sigue siendo un político muy capaz de torcer la ley para salirse con la suya. Ejemplos sobran. Empecemos por decir que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que una de cada cuatro firmas de petición para llevar a cabo la consulta eran falsas. Sigamos por el hecho de que el presidente le recortó al INE el presupuesto para llevar a cabo la consulta bajo el argumento de la austeridad. Y terminemos por decir que ni él ni su partido respetaron la veda electoral (la ley establece que los partidos no podrán inmiscuirse en la campaña de revocación).

Repito: nada de esto es accidental. El politólogo Alberto Simpser en su libro “Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications”, señala que los actores políticos en el poder pueden violan las reglas de forma abierta y sin tapujos para mandar un poderoso mensaje: tengo el poder y la audacia de brincarme la ley, y háganle como quieran. De acuerdo a Simpser, “la manipulación electoral puede potencialmente producir mucho más que simplemente ganar la elección en cuestión. Específicamente, la manipulación excesiva y descarada tiene una serie de efectos previstos que incluyen, entre otros: desalentar a los partidarios de la oposición de acudir a votar o protestar; […] disuadir a las élites políticas de oponerse al partido gobernante o incluso de entrar en la contienda política.”

Todo lo anterior arroja datos clave. Primeramente, que el voto duro de AMLO es hasta cierto punto relativamente pequeño, nada despreciable claro está pero tampoco imbatible. Segundo, es muy probable que estemos asistiendo a un caso de magnificación deliberada de la imagen de AMLO como un presidente popular en base a dos estrategias. La primera sería la construcción de una narrativa en torno a su persona como un presidente excepcionalmente popular —hemos visto ya que los datos señalan que se trata de un mito. Segundo, su forma de actuar como un político muy dispuesto a saltarse las reglas del juego electoral a la vista de todos, lo que le daría una ventaja psicológica.

Narrativa y psicología son importantísimas en las refriegas políticas, nadie lo niega. Pero los números mandan. Y lo que nos dicen es que a este presidente se le puede vencer electoralmente. ¿Es AMLO pues una especie de Mago de Oz de la política mexicana?

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Siempre hemos sido racistas en Brasil

Sofía Cavalcanti Zanforlin
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Siempre hemos sido racistas en Brasil

Recientemente, el debate sobre el racismo en Brasil se retomó en la prensa, con textos publicados en algunos de los principales periódicos del país, como Folha de S. Paulo. El 24 de enero fue asesinado el refugiado congoleño Moïse Kabagambe, víctima de una agresión tras exigir el pago de dos días de trabajo en un quiosco de Barra da Tijuca, uno de los barrios turísticos de la ciudad de Río de Janeiro. A pesar de ello, es sorprendente que todavía se dude del principio racista en la fundación del proyecto de nación brasileño.

El racismo como elemento estructural

Desde la llegada de los primeros inmigrantes, existe una relación entre política migratoria, etnicidad y racismo, como señalan Carlos Vainer, Giralda Seyferth y Jeffrey Lesser, tres de los principales estudiosos del tema. Ya en el Imperio, una decisión gubernamental hablaba de la concepción de la colonia alemana de São Leopoldo por las ventajas de «emplear blancos libres e industriosos, tanto en las artes como en la agricultura».

La República retoma el objetivo de una política de colonización a la manera de las primeras experiencias de institución de colonias, y dio pasos significativos en el sentido de que la apertura de Brasil a la inmigración debía conciliarse con una política eugenista. Es en este periodo cuando se dictan decretos, a través del Servicio de Introducción y Localización de Inmigrantes, para regular quiénes eran los inmigrantes deseados, es decir, europeos blancos y considerados «civilizados».

La relación entre la eugenesia, la política de blanqueamiento y la inmigración durante la República también se convirtió en una cuestión sobre cómo pensar y construir un proyecto de nación para Brasil, y qué tipo de personas formarían parte de esta nación. Según Carlos Vainer, el Estado brasileño se asignó la tarea de constituir un pueblo y una nacionalidad con el objetivo de responder a tres órdenes de cuestiones: «1- la necesidad económica, de brazos entrenados y disciplinados; 2- la necesidad eugenésica, de aumentar las dosis de sangre blanca; 3- la necesidad nacional, de construir un pueblo nacionalmente unificado e integrado sobre estándares culturales homogéneos».

Con el objetivo de homogeneizar el tejido social brasileño, para crear un ambiente de cohesión de la nacionalidad, aunque sea a partir de un delirio imaginario, se intensificaron las acciones estatales que se venían realizando desde la década de 1920, y que se intensificaron durante el gobierno de Getúlio Vargas. Además de esto, hubo preocupación por la llamada amenaza amarilla, en referencia a los inmigrantes asiáticos.

Entre el atraso mestizo y la fantasía del progreso europeizado

Durante la campaña de nacionalización del Estado Novo (1937-1945), el europeo blanco seguía figurando como el inmigrante deseado. Sin embargo, el llamado «enquistamiento», es decir, el cierre comunitario de los inmigrantes europeos, especialmente los alemanes, era un factor a combatir, según Giralda Seyferth. Por lo tanto, de alguna manera, todas las comunidades de inmigrantes, incluso las de origen europeo, sufrieron la presión y lidiaron con el endurecimiento de las políticas asimilacionistas practicadas por el Estado brasileño.

En este sentido, el Estado brasileño pasó a actuar a través de decretos y leyes en el proceso de selección de los inmigrantes deseados y en la interferencia con las costumbres de las colonias o comunidades existentes, como forma de impedir la formación de espacios segregados, y poniendo en práctica una política de asimilación forzada. 

Sin embargo, hay que señalar que, aunque la visión del inmigrante estaba marcada por la tensión y el racismo, el inmigrante siempre gozó de un mejor estatus que el nativo o el mestizo brasileño que lleva las marcas de las etnias no deseadas: el indígena y, sobre todo, el negro. El inmigrante supera ampliamente al nacional desde el punto de vista racial y económico (eugenesia y productividad), señala Carlos Vainer.

El caso de la inmigración japonesa es ilustrativo de esta tensión y alternancia de construcción de significados en torno a un grupo étnico, a veces caracterizada por un profundo racismo, que llegó a asemejarse al africano, a veces por el deseo y la admiración por sus cualidades de buen trabajador: «los japoneses fueron vistos, simultáneamente, como el mejor trabajador y el más inasimilable de todos los extranjeros -el más extranjero de los extranjeros», según Vainer.

Sin embargo, para Jeffrey Lesser, el caso japonés sería ilustrativo del choque entre «la razón racial/nacional y la razón económica». Los japoneses en Brasil, al igual que en otros países del hemisferio, eran vistos como una «minoría modelo».

El final del siglo XIX y el principio del XX estuvieron bajo la influencia de las teorías eugenésicas y naturalistas de mejora racial, la búsqueda del «blanqueamiento» de la población mestiza brasileña y la adopción de modelos urbanos y nuevos parámetros económicos.

Tanto Vainer como Seyferth destacan la permanencia de la concepción eugenista en el contexto posterior a 1945 para el proyecto de nación y la construcción de significados en torno a la identidad nacional. Podemos señalar, de forma sintética, que dos sesgos fueron constantes en este proyecto: el económico, que tiene como telón de fondo el deseo de transformar el país en una nación desarrollada; y, implicado a este deseo, el segundo sesgo, la noción de etnicidad, con el proyecto eugenista, de blanquear el componente étnico local.

En el plano histórico concreto, esta ecuación socio-cultural-étnica se tradujo en la institución de un proyecto modernizador que, teóricamente, dejaría atrás las huellas de una estructura rural inadecuada a las aspiraciones industriales de la nueva élite nacional. En su génesis, nuestra élite está fundada por la «cultura señorial», el mantenimiento del privilegio, el consumo de lujo utilizado como demarcador de las fronteras sociales y de clase, y una polarización entre los intereses políticos regionales.

Las políticas de modernización consistieron en el fin de la mano de obra esclava y una apertura para atraer y recibir inmigrantes europeos destinados a ejercer el trabajo asalariado y apoyar el proceso de mecanización de las plantaciones. Así, el objetivo era promover el desarrollo económico y la «reformulación» étnica nacional. 

Este movimiento se ratificó y recibió nuevos injertos imaginarios con el tiempo. El perfil actual de la migración en Brasil revela un cambio de panorama en los nuevos flujos de extranjeros que llegan al país, con un aumento de la inmigración latinoamericana y africana, con una importante presencia de asiáticos, especialmente los chinos.

Este nuevo escenario renueva las preguntas sobre la migración en el país e impone nuevas miradas, sin embargo, mantiene la etnicidad como una cuestión latente, ya que actualmente recibimos un contingente de personas cuya visibilidad e interés deben ser constantemente negociados. En este sentido, recordamos que la lucha por la etnicidad revela un pasado racista en profunda sintonía con el discurso eugenésico eurocéntrico y que nos ciega ante una multiplicidad de minorías activas y creativas en el territorio local, tanto en el pasado como en el presente.

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