México: sistema de partidos al borde del precipicio

Alejandro García Magos
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México: sistema de partidos al borde del precipicio

El sistema de partidos en México está en riesgo de colapso. Los signos son claros: alianzas oportunistas entre partidos de diferente signo, polarización social en torno a una figura caudillista, un oficialismo que no termina de institucionalizarse, crisis de representación entre partidos y ciudadanía, aparición de partidos negocio, dinero negro en las campañas, etc. Si el sistema llega a colapsar, el país entrará en terra incognita puesto que en México los partidos han sido históricamente fuertes. Ironías de la vida: bajo el autoritarismo del siglo veinte los partidos vivían mejor que en la democracia de nuestros días.

La degradación del sistema de partidos lleva ya tiempo observándose pero se aceleró en las elecciones de 2018 con la irrupción de MORENA, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fundado en 2014. En las elecciones de ese año, MORENA se alzó con el cincuenta y tres por ciento de los votos, reduciendo a los partidos tradicionales a una mínima expresión. Ello ha dado pie a dos fenómenos que ponen en jaque la viabilidad de cualquier sistema de partidos. Primeramente, tenues alianzas opositoras entre partidos de signo opuesto, todos juntos y revueltos contra el oficialismo. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la polarización social en torno a la figura de AMLO.

En efecto, y esta es la prueba más patente de la degradación del sistema de partidos, es que el debate político en el país de cara a las presidenciales de 2024 se ha reducido a la persona del presidente. Por un lado está MORENA y sus aliados, cuyo único activo real es la aprobación de AMLO en las encuestas que, si bien ha bajado diez puntos desde el inicio de su administración, se ha estabilizado en torno al sesenta por ciento. Por el lado de la oposición, su única apuesta es movilizar el voto anti-AMLO que, como se vio en las elecciones intermedias de 2021, tiene músculo en la Ciudad de México.

En cualquier caso, lo cierto es que a día de hoy las divisiones sociales y el posicionamiento de los partidos son en torno a un individuo que está impedido de buscar la reelección. Tenemos pues un sistema donde los partidos carecen de figuras, perfil propio, temas de agenda pública, y no están articulando las divisiones sociales y regionales del país.

Y aquí mucho ojo: cada día que pasa MORENA se aleja de la posibilidad de convertirse en un gran partido nacional en donde una diversidad de expresiones políticas pudiera encontrar acomodo. El partido del presidente no termina de institucionalizarse y, por el contrario, son notables sus fracturas internas. Ello no es casualidad: AMLO no le presta atención y le ha dejado en manos de subalternos, cuya única misión es solventar los pleitos internos por las candidaturas. Su desapego se debe a la sencilla razón de que en México no se permite la reelección. Hoy queda claro que MORENA fue simplemente el vehículo de AMLO para llegar a la presidencia, y nunca un proyecto político a largo plazo para nuevas generaciones. 

La degradación del sistema de partidos mexicano es sorprendente, habida cuenta de que los partidos en México han sido históricamente fuertes y jugado un papel fundamental en la vida pública del país desde hace casi un siglo. Ni qué decir del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fundado en 1929, el cual dominó todos los ámbitos del país durante el siglo pasado. Fundado originalmente como una coalición de caudillos revolucionarios, en los años treintas el PRI cambió su perfil para convertirse en un partido de masas obreras y campesinas. Para entonces ya se había establecido como un partido hegemónico, es decir, uno que no permite a los otros partidos competir en igualdad de condiciones. Mucho se ha escrito del enorme poder que gozaron los presidentes mexicanos emanados del PRI. Lo que hay que saber es que ese enorme poder no era sino reflejo de la centralidad del partido en la vida política, cultural, económica, y social del país.

Respecto a los partidos de oposición, ciertamente no tenían la posibilidad de competir en el sistema hegemónico del PRI. Pero ello no fue obstáculo para que también desarrollaran fuerte raigambre entre sus miembros y una rica vida institucional. En 1939 se fundó el Partido Acción Nacional (PAN), convirtiéndose en una verdadera escuela de ciudadanía para generaciones de mexicanos que anhelaban vivir en democracia. Nombres como Manuel Gómez Morín, Luis H. Álvarez, y Carlos Castillo Peraza son gigantes que dieron alma a un partido de clases medias urbanas. Por el lado de la izquierda, el Partido Popular Socialista (PPS) fundado en 1948 por el sindicalista y filósofo Vicente Lombardo Toledano atrajo en su momento a personalidades del mundo cultural de orientación marxista.

Estos tres actores: PRI, PAN, y las subsecuentes encarnaciones de la izquierda partidista llevaron a cabo la transición democrática mexicana (1977-1996). No es casualidad que la transición haya iniciado en 1977 con la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Esta ley elevó a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como “entidades de interés público”, y les garantizó acceso a medios de comunicación y recursos hacendarios. Sin temor a exagerar, los partidos mexicanos estuvieron al centro mismo de la transición democrática del país.

Para el año 1996 en que la transición terminó, el sistema de partidos inauguró una época de estabilidad en que las tres fuerzas citadas se equilibraron en un ordenado sistema tripartito: el PAN a la derecha, el PRI en el centro, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, heredero del PPS) a la izquierda. Este sistema articuló exitosamente las divisiones sociales y regionales del país por más de veinticinco años. Todo ello mientras en el resto de Latinoamérica los sistemas de partidos se venían abajo como castillos de naipes.

Aquí la paradoja es que pareciera que los partidos mexicanos gozaban de mejor salud bajo el autoritarismo. El PRI sin lugar a dudas como partido hegemónico, pero también las oposiciones de derecha e izquierda que, si bien eran expresiones políticas limitadas, se organizaron como instituciones de un claro perfil ideológico.

Puede haber partidos sin que haya democracia. Lo vimos en México en el siglo veinte. Pero lo que no puede haber es democracia sin partidos. Todo parece indicar que la demolición de las instituciones públicas que hemos visto en estos años en México también afectará al sistema partidista. Mal vamos.

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Los anuncios de Xiomara Castro arrancan con una polémica amnistía

Dardo Justino Rodríguez
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Los anuncios de Xiomara Castro arrancan con una polémica amnistía

En medio de una enfervorizada multitud que copó las tribunas del Estadio Nacional de Tegucigalpa, con las calles de los alrededores repletas de seguidores del Partido Libre y sus aliados, Xiomara Castro dio su primer discurso como mandataria. Lo hizo en medio de una crisis política marcada por la rebelión de un sector de la bancada de su propio partido en el Congreso Nacional, motorizada desde el entorno del ahora ya ex presidente, Juan Orlando Hernández, para dilatar las esperadas ofensivas en su contra por corrupción y supuesta relación con el narcotráfico.

La nueva presidenta no dijo nada inesperado, pues todo había sido anunciado previamente en el plan para los primeros cien días de gobierno y en documentos partidarios. La mandataria indicó que tras 12 años de gobiernos que dispusieron de los dineros públicos sin rendir cuentas, recibe un Estado en bancarrota. “Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura, tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje”, señaló.

La catástrofe económica que recibe su gobierno—indicó—no tiene antecedentes en la historia de Honduras. Con un aumento del 700 % de la deuda externa y un incremento de la pobreza de un 74 % de la población, Honduras se ha convertido “en el país más pobre de América Latina”. Estas condiciones, según Xiomara Castro, son las causales de la masiva emigración irregular.

Por ello, la mandataria anunció que más de un millón de familias que consumen menos de 150 kilovatios mensuales, no pagarán su factura de energía eléctrica. Ese consumo será aplicado a las facturas de los altos consumidores, para lo cual será necesario hacer cambios en la ley el reglamento interno de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Entre otros anuncios, Castro señaló el envío de un proyecto al Congreso Nacional para subsidiar los combustibles y reducir sus precios actuales y ordenó al Banco Central y a la Secretaría de Finanzas la creación de los mecanismos legales para disminuir los intereses bancarios para la producción nacional. Además, la Secretaría de Educación deberá restablecer la matrícula gratis y asegurar la merienda escolar, el calendario de vacunación y la provisión de mascarillas para volver a las clases presenciales.

Entre los principales esfuerzos de su administración, agregó, estará el desarrollo agropecuario para lograr la soberanía alimentaria, para lo cual se buscará renegociar las cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA). Asimismo, indicó que las Fuerzas Armadas trabajarán en la protección del medio ambiente.

Sobre la minería, uno de los temas más conflictivos del país, prometió “no más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados”. Su administración pondrá especial atención en el desarrollo agroforestal e industrial, la promoción del turismo y el establecimiento de una estricta política fiscal monetaria.

La multitud estalló cuando la presidenta llamó a la libertad de los presos políticos de Guapinol y a perseguir a los responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. En estos dos casos, su administración deberá confrontarse a intereses poderosos, acostumbrados a ejercer su voluntad. Por ello, afirmó que se deben desmontar de inmedianto las reformas constitucionales “ilegales, con contratos del Poder Ejecutivo avalados por el Congreso Nacional, que violentan la soberanía popular, como las ZEDEs”, como se conoce a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, promocionadas por el gobierno anterior y que podrían convertirse en refugio para ex funcionarios perseguidos por la justicia.

La novel mandataria indicó, también, que debe sancionarse una Ley de Condena al Golpe de Estado “que destruyó el hilo constitucional, además de la Ley de Condena a la sentencia de la reelección que es un delito de traición a la patria, así como la Ley de Amnistía para los presos políticos”. Se refirió también a la eliminación de las leyes dirigidas a destruir la protección social y a criminalizar las protestas. En este marco, Castro indicó que este mismo año deberá realizarse la primera consulta popular sobre reformas constitucionales.

Otro tema relevante de su discurso fue la instalación de una Comisión Nacional e Internacional para el combate a la corrupción y la impunidad, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, semejante al que tuvo Guatemala en el pasado.

Una controvertida Ley de Amnistía

A pocos días del discurso inaugural, quedó claro que la presidenta deberá enfrentar enormes desafíos para poder llevar adelante estas propuestas. El Congreso aprobó rápidamente una ley de amnistía para los presos políticos, exiliados y otros perseguidos por sus actividades contra las ilegalidades de los pasados gobiernos nacionalistas. Empero, un articulado no lo suficientemente claro, podría incluir en la amnistía a quienes han cometido actos de corrupción. Por ello, desde diferentes sectores de la sociedad civil, ya se ha criticado lo que consideran un “pacto de impunidad”.

A raíz de las quejas, incluyendo las de la segunda designada presidencial Doris Gutiérrez, los defensores de la ley indicaron de inmediato que no serán incluidos los casos de corrupción u otros delitos conexos. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), será el ente encargado de evaluar los casos. Ello también derivó en quejas, pues se asigna la labor a un solo organismo, cuando en el país hay muchos sectores que han luchado en favor de los derechos humanos y no son tenidos en cuenta. 

En paralelo y para angustia de los cachurecos, -como se conoce a los nacionalistas-, especialmente de los más allegados al régimen saliente, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, Robert Menéndez, envió recientemente una carta al secretario de Estado de su país, Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para que la Casa Blanca anule la visa a Juan Orlando Hernández (JOH) y lo califique como “traficante de narcóticos extranjero”. Hace pocos días, EEUU anuló la visa de JOH y el Departamento de Estado los calificó de “corrupto y narcotraficante”, en tanto la congresista Norma Torres auguraba un pronto pedido de extradición para el ex mandataro.

Estas decisiones endurecerán las acciones del entorno del ex presidente hondureño para evitar que un Congreso unido o una Corte Suprema desleal a quien hasta ahora fue su “amo y señor” ceda a eventuales presiones desde el norte y deje a JOH expuesto a la Justicia estadounidense.

¿En qué se diferencia la nueva «ola progresista» latinoamericana?

Ángel Arellano
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¿En qué se diferencia la nueva «ola progresista» latinoamericana?

Latinoamérica ha tenido un nuevo repunte de gobiernos de izquierda y centroizquierda, una segunda ola progresista, aunque menos bulliciosa que la primera. En este ciclo, los gobiernos, sus fuerzas políticas y apuestas programáticas son más heterogéneas. Difieren en las estrategias y tácticas de su ola predecesora. En todo caso, ¿en qué se parecen y en qué no?

Como primera ola progresista, llamamos al bloque de gobiernos de centroizquierda e izquierda que debutaron durante los primeros tres lustros de este siglo. Inició con la irrupción del chavismo y el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, e incluyó a Brasil y Argentina en 2003, República Dominicana y Panamá en 2004, Bolivia y Uruguay en 2005, Chile y Honduras en 2006, Ecuador y Nicaragua en 2007, Paraguay y Guatemala en 2008, El Salvador en 2009 y Perú en 2011.

Esta ola dio lugar a líderes políticos como Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa, que llegaron al poder por primera vez, obteniendo mayorías parlamentarias, lo que les permitió introducir reformas y articular sus proyectos nacionales. Hubo mucha diversidad entre los gobiernos y la ola finalizó en 2015.

La segunda ola se abrió paso con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador en México en 2018, al que se le sumaron Argentina y Panamá en 2019, Bolivia en 2020, Perú y Chile en 2021 y Honduras en 2022. Aparece en el horizonte el posible regreso de Lula en Brasil y Gustavo Petro entre los favoritos de las presidenciales en Colombia para 2022. Las principales figuras son el propio AMLO, Alberto Fernández y el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric.

La reconfiguración del mapa político permite establecer algunos puntos para contrastar las características de ambas olas.

Las trayectorias históricas

La primera ola se caracterizó por una confluencia de actores de la izquierda tradicional que iba desde partidos y coaliciones de base popular, con la participación de los históricos partidos comunista y socialista, hasta el protagonismo de nuevos partidos y movimientos sociales consolidados al calor de las luchas sociales de finales del siglo XX y una fuerte impronta de la tradición populista latinoamericana. En la nueva ola, si bien estos elementos están presentes, la heterogeneidad de la base de apoyo es mayor.

En el primer ciclo, la izquierda latinoamericana coincidía en el discurso de condena a las administraciones de derecha y centroderecha de finales de los noventa, la urgencia de políticas sociales y reformas estructurales y en algunos casos refundacionales. Este nuevo ciclo cuenta con una batería de demandas más moderadas que apelan al perfeccionamiento de la acción estatal en algunos ámbitos, la inversión en políticas sociales y el reflote de la economía. Ambas olas tienen en común la consolidación de liderazgos de larga trayectoria junto con figuras outsiders.

La relación con Estados Unidos

Si por algo destacó la primera ola fue por su retórica hostil hacia la potencia norteamericana. Proliferaron iniciativas para condenar los tratados de libre comercio, la ayuda humanitaria y la actividad de organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial. Igualmente, algunos países mantuvieron una convivencia cordial con la potencia, desde grandes como Brasil hasta pequeños como Uruguay.

A la primera ola le tocó vivir la nueva reconfiguración geopolítica en que China se posicionó como contrapeso de Estados Unidos. Rusia también permeó intensamente la región en este tiempo. Sin embargo, los gobiernos progresistas de la nueva ola parecen tener menos interés en apostar por una confrontación geopolítica contra Estados Unidos.

Símbolo de ello es la firma del tratado de libre comercio entre AMLO y Donald Trump, y las acciones para controlar el flujo migratorio. Gabriel Boric anunció contactos con Joe Biden. También la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que aspira a una relación pragmática con la potencia y Lula ha hablado de tener una amistad con Estados Unidos.

El asunto de Venezuela, Cuba y Nicaragua

La primera ola tuvo en su epicentro el impulso de la Revolución bolivariana de Venezuela, apoyada por una profusión de recursos económicos que le permitieron exportador su proyecto político y de la integración bolivariana. Este financiamiento estrechó el vínculo con Cuba, Estado mentor del régimen venezolano, y en menor medida Nicaragua. Sin embargo, con la consolidación de los autoritarismos hegemónicos en Venezuela y Nicaragua, comenzaron a presentarse matices en la convalidación del modelo.

La nueva ola es más moderada y pragmática en su relación con Cuba y los otros regímenes. Existe una posición mediada por el escepticismo de lo que ha sido el socialismo del siglo XXI para Venezuela y su vínculo se ha resumido a la prédica del principio de no intervención. Sin embargo, salvo algunas diferenciaciones puntuales que se mostraron a priori como distantes del autoritarismo, como la de Boric en Chile con su crítica a esstos regímenes o el llamado a consulta de los embajadores de México y Argentina, de momento no se evidencia pista de una condena general hacia estos gobiernos por lo atropellos a la democracia y los derechos humanos.

Asociación internacional

La convicción latinoamericanista y anti-Estados Unidos de los gobiernos de la ola anterior generó espacios alternativos de coordinación regional. Se creó el ALBA y la Unasur, configurados como clubes de presidentes con afinidad ideológica que luego quedaron en desuso. En la nueva ola, de momento no se ha evidenciado interés por revitalizar estos espacios o por la creación de otros nuevos.

En la OEA, escenario históricamente criticado desde la izquierda por su influjo estadounidense, curiosamente la primera ola actuó con eficacia como un bloque de voto mayoritario durante la secretaría general de José Miguel Insulza (2005-2015). Con la llegada de Luis Almagro (2016) la crítica gravitó más hacia el secretario y no la organización, tendencia que se ha mantenido en esta nueva ola.

En conclusión, la nueva ola se diferencia sustantivamente de la anterior. Esta se proyecta más moderada y parece apostar más por el pragmatismo que por la afinidad puramente ideológica. Y hay señales de que apuesta más por el diálogo con las grandes potencias que por las narrativas anti-imperialistas.

Los nuevos gobiernos de izquierda no debutan en el poder, pero además no son tiempos de vacas gordas y en muchos casos no cuentan con abrumadoras mayorías. A tono con esto, no se han anunciado planes refundacionales sino reformas bajo las normas del juego democrático. La segunda ola arrastra los escombros de la primera: dos autoritarismos hegemónicos que junto a Cuba hacen el trío de las dictaduras en la región.

¿Podrá esta nueva ola formular una condena explícita a las dictaduras? ¿Podrá impulsar un clima de diálogo con el resto del sistema político? ¿Tendrá dentro de sus objetivos disminuir la polarización y no caer en la deriva populista? Ejemplos en México y Argentina indican que es difícil que suceda. Sin embargo, nuevos liderazgos se han sumado, y en 2022 las presidenciales en Brasil y Colombia pueden colocar más actores en el mapa.

*La versión original de este texto fue publicada en Dialogo Político

How is the new Latin American «progressive wave» different?

Ángel Arellano
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How is the new Latin American «progressive wave» different?

Latin America has seen a recent upsurge of left and center-left governments, a second progressive wave, albeit less boisterous than the first. In this cycle, the governments, their political forces, and programmatic wagers are more heterogeneous. They differ in strategies and tactics from the preceding wave. In any case, it’s important to ask- in what ways are they similar and dissimilar?

 The bloc of center-left and left governments that debuted during the first three decades of this century is commonly referred to as the “first wave.” It began with the emergence of Chavismo and the rise of Hugo Chavez in Venezuela in 1999. It later included Brazil and Argentina in 2003, the Dominican Republic and Panama in 2004, Bolivia and Uruguay in 2005, Chile and Honduras in 2006, Ecuador and Nicaragua in 2007, Paraguay and Guatemala in 2008, El Salvador in 2009 and Peru in 2011.

This wave gave rise to political leaders such as Chávez, Néstor and Cristina Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales and Rafael Correa, all of whom came to power for the first time. They obtained parliamentary majorities, which allowed them to introduce reforms and articulate their national projects. There was much diversity among governments, but the wave ended in 2015.

The second wave broke through with the rise of Andrés Manuel López Obrador in Mexico in 2018, and he was joined by Argentina and Panama in 2019, Bolivia in 2020, Peru and Chile in 2021, and Honduras in 2022. On the horizon is the possible return of Lula in Brazil along with Gustavo Petro being among the presidential favorites in Colombia for 2022. The main figures are AMLO himself, Alberto Fernández, and the new president of Chile, Gabriel Boric.

The reconfiguration of the political map allows for the establishment of some points to use to, in turn, contrast the characteristics of both waves.

Historical trajectories

The first wave was characterized by a confluence of actors from the traditional left, ranging from popular-based parties and coalitions, the participation of the historic communist and socialist parties, to the emerging prominence of new parties and social movements consolidated in the heat of the social struggles of the late 20th century and a strong imprint of the Latin American populist tradition. In the new wave, while these elements are present, the heterogeneity of the support base is greater.

In the first cycle, the discourse of Latin American left coincided with one another in condemning  the right and center-right administrations of the late 1990s, stressing the urgency of social policies and structural reforms and, in some cases, advocating for foundational reforms. This new cycle has a battery of more moderate demands that appeal to the improvement of state action in some areas, investment in social policies, and the revival of the economy. Both waves have the consolidation of long-standing leaderships together with outsider figures in common.

Relations with the United States

If the first wave stood out for anything, it was for its hostile rhetoric towards American power. Initiatives to condemn free trade agreements, humanitarian aid, and the activity of multilateral organizations such as the IMF and the World Bank were widespread. At the same time, some countries maintained a cordial coexistence with the U.S., ranging from large ones such as Brazil to small ones such as Uruguay.

The first wave experienced a new geopolitical reconfiguration in which China positioned itself as a counterweight to the United States. Russia also permeated the region intensely during this time. However, the progressive governments of the new wave seem to have less of an interest in being part of a geopolitical confrontation against the United States.

Symbolic of this is the signing of the free trade agreement between AMLO and Donald Trump, and his actions to control the migratory flow. Gabriel Boric announced contacts with Joe Biden. Also, the new president of Honduras, Xiomara Castro, said she aspires to a pragmatic relationship with the U.S., and Lula has spoken of having a friendship with the United States.

The Venezuela, Cuba, and Nicaragua affair

The first wave had at its epicenter the momentum of the Bolivarian Revolution in Venezuela, which was supported by a profusion of economic resources that allowed it to export its political project and Bolivarian integration. This financing strengthened its ties with Cuba, the mentor state of the Venezuelan regime, and to a lesser extent with Nicaragua. However, with the consolidation of hegemonic authoritarianism in Venezuela and Nicaragua, nuances began to appear in the validation of the model.

The new wave is more moderate and pragmatic in its relationship with Cuba and the other regimes. There is a position mediated by skepticism of what 21st century socialism has been for Venezuela, and its link has been summarized in the preaching of the principle of non-intervention. However, except for some specific differentiations that were shown a priori as distant from authoritarianism, such as that of Boric in Chile with his criticism of these regimes or the call for consultation of the ambassadors of Mexico and Argentina, for the moment there is no evidence of a general condemnation of these governments for their violations of democracy and human rights.

International association

The Latin Americanist and anti-US conviction of the governments of the previous wave generated alternative spaces for regional coordination. ALBA and Unasur were created. They were configured as clubs of presidents with an ideological affinity that later fell into disuse. In the new wave, for the time being, there has been no interest in revitalizing these spaces or creating new ones.

In the OAS, a setting historically criticized from the left for the presence of U.S. influence, the first wave curiously acted effectively as a majority voting bloc during the general secretariat of José Miguel Insulza (2005-2015). With the arrival of Luis Almagro (2016) criticism gravitated more towards the secretary and not the organization, a trend that has been maintained in this new wave.

In conclusion, the new wave differs substantially from the previous one. This one is projected to be more moderate and seems to bet more on pragmatism than on purely ideological affinity. And there are signs that it is betting more on dialogue with the great powers than on anti-imperialist narratives.

The new leftist governments are not making their debut in power, but also these are not times of surpluses, and in many cases, they do not have overwhelming majorities. In line with this, they have not announced any foundational reforms, but rather reforms under the rules of the democratic game. The second wave is also dragging the debris of the first: two hegemonic authoritarianisms that together with Cuba make up the trio of dictatorships in the region.

Will this new wave be able to formulate an explicit condemnation of dictatorships? Will it be able to promote a climate of dialogue with the rest of the political system? Will its objectives include reducing polarization and not falling into a populist drift? Examples in Mexico and Argentina indicate that this is unlikely to happen. However, new leaderships have joined, and in 2022 the presidential elections in Brazil and Colombia may put even more actors on the map.

*The original version of this text was published in Dialogo Político.

Translated from Spanish by Alek Langford 

Costa Rica a segunda vuelta y con sorpresas

Enrique Gomáriz Moraga
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Costa Rica a segunda vuelta y con sorpresas

Como habían previsto las encuestas, ninguno de los 25 candidatos que se presentaron a la primera vuelta electoral consiguió el 40% de los sufragios, por lo que Costa Rica irá a una segunda ronda el próximo 3 de abril entre los dos candidatos más votados. Si bien las encuestas acertaron en que José María Figueres, del socialdemócrata Liberación Nacional, obtendría el mayor apoyo (obtuvo el 27,4%), ninguno de los sondeos previó que Rodrigo Chaves sería el segundo candidato más votado. Chaves, quien ocupaba la cuarta  posición con apenas el 9% en intención de voto superó a Lineth Saborío del partido socialcristiano que contaba con una intención del 15% y a Fabricio Alvarado, del partido confesional evangélico, que contaba con el 13%. Luego de los primeros conteos y una estrecha diferencia entre Alvarado y Chaves, finalmente ha sido este último quien deberá competir con Figueres en la segunda vuelta.

Dos datos no menos sorprendentes han surgido de esta cita electoral. El primero, referido al incremento del abstencionismo, que ha pasado del 30% promedio al 41%. Existe coincidencia acerca del peso que ha tenido la delicada situación sanitaria que ha provocado la pandemia en Costa Rica. De hecho, el líder liberacionista, Oscar Arias, anunciaba la víspera que, por consejo médico, no iría a votar en su colegio electoral. Todo indica que una proporción importante de las personas adultas mayores han adoptado esa misma decisión. La abstención entre los jóvenes guarda relación con el segundo gran fenómeno de la jornada: la estrepitosa derrota del partido de gobierno, de Acción Ciudadana, que no ha obtenido ni un 1% en esta elección.

Este ínfimo apoyo electoral sí había sido previsto por las encuestas. Pero dado el nivel de indecisos que se ha mantenido hasta el final de la campaña, en torno al 40%, el cual incluía una alta proporción de voto oculto, muchos observadores preveían un apoyo final al PAC más elevado. Sin embargo, este partido ha protagonizado algo que sucede por primera vez en la historia de Costa Rica: el partido oficialista saliente no sólo pierde rotundamente las elecciones, sino que queda fuera del parlamento nacional.

Este fenómeno es insólito también porque su candidato se adhirió públicamente al progresismo que tan buenos resultados obtuvo al sur del continente. Es probable que una parte del abstencionismo joven proceda de quienes no repitiendo su voto al PAC hayan preferido la abstención.

La otra gran derrotada de la jornada ha sido la candidata socialcristiana, Lineth Saborío. Desde el comienzo de la campaña las encuestas pronosticaron que sería quien acompañara a Figueres en la segunda vuelta. Pero pronto aparecieron las falencias de la aspirante, una política experimentada en las administraciones de su partido, caracterizada por el discurso sin concreción, que todo lo apuesta a una negociación ulterior, sin lineamientos de partida.

Por ello, en los debates, los contendientes insistieron en solicitarle propuestas concretas pero no obtuvieron más que promesas de negociaciones. En los últimos encuentros televisados, la candidata quiso refugiarse en una imagen de mujer políticamente acosada, que parece haber sido contraproducente. Algunos dirigentes históricos de su partido, como Luis Fishman, advirtieron del error de haber propuesto su candidatura, algo que se ha confirmado con la diferencia entre el apoyo en diputados, donde el PUSC logra mantener su caudal, y la caída de Saborío, que al final queda cuarta en la carrera electoral.

Rodrigo Chaves, del nuevo partido Progreso Social Democrático, ha dado la sorpresa pasando a la segunda ronda, al pasar de una intención de voto de 4% al inicio de la campaña a obtener el 16,65% de los votos. El economista del Banco Mundial, ex ministro de Hacienda del actual gobierno del PAC hasta que renunció por desacuerdos con el Presidente Carlos Alvarado, presenta un diagnóstico descarnado de los factores que han llevado a la crisis económica y política de la coyuntura actual y también propone soluciones contundentes para encararlos. Su discurso es percibido de forma controversial: por unos, como autoritario y soberbio, que se plantea únicamente desde la suficiencia técnica, mientras que para otros es la propuesta robusta y firme que el país necesita para salir del estancamiento económico y la crisis de confianza política.

Este candidato ha logrado, además, pasar a la segunda ronda superando las acusaciones de acoso sexual que recibió durante su función en el Banco Mundial, las cuales, si bien no quedaron probadas en el proceso del Banco, han sido utilizadas insistentemente por sus contrincantes. De hecho, tras el último debate, las redes sociales daban por muerta la candidatura de Chaves, por cuanto sufrió un bombardeo sistemático. Varios observadores apuntan que es difícil dilucidar si estos señalamientos han restado apoyo a Chaves (quien habría obtenido aún más votos de no haberse producido), o, todo lo contrario, fueron entendidos como ataques personales al candidato, que inclinaron la votación a su favor.

Las sorpresas surgidas en esta primera vuelta aumentan la dificultad de vislumbrar cuál será el resultado de la segunda. Ambos candidatos coinciden en que el país se encuentra en lo que califican como una emergencia nacional, pero difieren en cómo enfrentarla. Para Figueres, la crisis se superará abriendo el país al mundo y dando un salto tecnológico, sobre todo en materia energética y de conectividad, lo que requiere cambios en la educación, mientras sólo plantea reformas moderadas en la institucionalidad existente.

Chaves, por el contrario, pretende armonizar la inducción en Costa Rica de programas internacionales exitosos con modificaciones sustanciales en la institucionalidad pública y privada del país. Otra diferencia refiere al hecho de que Figueres cuenta con un amplio equipo de cuadros y Chaves apenas está constituyendo los suyos.

El hecho de que Figueres haya superado a Chaves por diez puntos en esta primera ronda, hace pensar que el cálculo de probabilidades favorece al candidato liberacionista. Sin embargo, las encuestas muestran un alto voto de rechazo para José María Figueres, que se ha mantenido en torno al 40% (personas que declaran que nunca le votarían) durante toda la campaña.

Dado que Chaves también presenta un voto de rechazo apreciable, todo parece indicar que la elección del próximo presidente seguirá el método del descarte (elección del menos malo), que se ha manifestado en elecciones anteriores. Esto probablemente eliminará el periodo de gracia del próximo mandatario que deberá enfrentar una agenda nutrida de problemas y un legislativo repartido, donde Liberación solo tiene un tercio de las bancadas y el partido de Chaves un 17% de los curules. Un horizonte que anticipa considerables turbulencias.

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La explotación offshore no es la solución para Argentina

Leonardo Stanley
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La explotación offshore no es la solución para Argentina

La autorización otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente argentino a la empresa Equinor en sociedad con YPF y Shell para la exploración de hidrocarburos en alta mar implica numerosos riesgos para el país. Y aunque esta iniciativa ha sido rechazada por amplios sectores de la ciudadanía, ha recibido apoyos desde ambos lados de la “grieta”, como se conoce a la división de la sociedad argentina entre kirchneristas y antikirchneristas.

Quienes están a favor de la iniciativa destacan que la actividad se desarrolla a más de 300 kilómetros de las costas bonaerenses, descalificando a quienes temen por el turismo. El planteo resulta erróneo. Basta consultar a la comunidad científica y el efecto nocivo que generan las tareas de prospección sobre la biodiversidad que habita en el mar argentino. Como ejemplo, las ondas sonoras afectan las poblaciones de ballena franca austral, lo cual podría tener un efecto económico devastador en la turística ciudad de Puerto Madryn. 

Pero la mirada, a ambos lados de la grieta, sigue siendo cortoplacista. Aún cuando algunos reconozcan los reclamos ambientales, la necesidad de generar empleos, recursos fiscales y divisas es más fuerte. Si el proyecto genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, ello debe soslayarse: la urgencia (económica) deja los lujos (ambientales) para más adelante.

Más allá de los puntos de vista, dichos planteos no condicen con los objetivos buscados. Se desconoce el problema de los activos varados, asociado al ritmo de la transición energética global y la consiguiente pérdida de valor de los activos de la industria y la infraestructura asociada. Si la resolución de tal disyuntiva fuese local, habría inconvenientes, aunque podría resolverse. El problema resulta global, donde las decisiones de algunos por mitigar el riesgo físico, podría incrementar el riesgo financiero en otros. Esto es lo que deberían ver aquellos que se aferran al desarrollo offshore en el Mar Argentino.

Por otro lado, no se está teniendo en consideración la probabilidad de una caída abrupta en la demanda fruto de la mayor conciencia ambiental, del cambio tecnológico o bien por la irrupción de nuevas normativas ambientales. La primera se asocia con la respuesta de los gobiernos ante la irrupción de fenómenos climáticos extremos: inundaciones, fuegos, tornados, sequías. La profusión de tales fenómenos acelera la transición ya que quienes antes dudaban de la urgencia del cambio hoy presionan a sus gobiernos para que inicien la transición.

En lo tecnológico, los avances observados en la última década indujeron una baja en el costo de la generación de electricidad “limpia” de más del 85% para la energía solar y un 56% para la eólica. Más determinante resulta la reducción de costos de los parques eólicos offshore, que podrían volverse competitivos en nuestra región a lo largo de la década, lo cual implicaría una verdadera transformación de la industria energética.

General Electric, una de las principales proveedoras del mercado, ha construido, conjuntamente con Siemens – Gamesa y Vestas Wind Systems, un prototipo gigante en Francia, llamado Haliade-X, que genera casi tres veces más energía que los molinos actuales. En comparación con los primeros equipos offshore instalados en Dinamarca 30 años atrás, el prototipo de GE genera 30 veces más electricidad.

Finalmente, cabe destacar los distintos cambios que tienen lugar a nivel institucional. La promulgación de nuevas leyes, normas y reglamentaciones ambientales ponen límites a las centrales térmicas. Cada día nuevas ciudades en el mundo imponen restricciones a la circulación de vehículos diésel (gasoil). Para el año 2024, ningún automóvil de estas características podrá circular en París o Madrid. Además, en muchos países también se está avanzando en la prohibición de la venta de automóviles de combustión interna.

Todos estos cambios pueden implicar que el fin del petróleo se vincule a un pico de demanda, y no de oferta como muchos plantean. Según un informe reciente, el pico podría llegar en cuatro o cinco años y los proyectos analizados comenzarían su etapa operativa al momento que la demanda comenzara a declinar.

Más allá de cómo se de el declive, lo importante para la región es el carácter exógeno y el consecuente problema de los activos varados. En este marco, insertar el riesgo de transición implica reconocer el carácter dinámico del problema, con un complejo petrolero que termina demandando más divisas que las que promete generar.

Menos acertado resulta el planteo de asociar la explotación offshore con desarrollo tecnológico. Si la ambición es reducir la frontera tecnológica, la apuesta debería ir tras las energías renovables. Carlota Perez, renombrada académica destaca el carácter estratégico de invertir en tecnologías verdes, pues ello posibilita sumarse a una nueva “oleada tecnológica”. Una temprana detección y adopción permite apropiarse de rentas extraordinarias, reducir la brecha tecnológica, así como generar puestos de trabajo de calidad.

Para que ello suceda, el Estado debe adoptar un rol activo en regulación, financiamiento, fomento de investigación y desarrollo, y debe tener una visión estratégica que vislumbre los sectores potenciales, pero también aproveche las capacidades industriales y tecnológicas actualmente presentes. Lamentablemente, Argentina dilapida recursos y deja escapar oportunidades.

Relaciones África-América Latina: el legado de Desmond Tutu

Fabricio Pereira da Silva
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Relaciones África-América Latina: el legado de Desmond Tutu

La muerte del arzobispo anglicano sudafricano Desmond Tutu, el 26 de diciembre de 2021, nos recuerda el escaso interés latinoamericano por los temas africanos. El hecho tuvo poco espacio en los periódicos y los informativos de televisión de la región. La muerte de un «símbolo de la lucha contra el apartheid junto a Nelson Mandela y ganador del Premio Nobel de la Paz» fue informada vagamente. Al día siguiente, la vida continúa. No parecía que habíamos perdido a uno de los mayores luchadores, pensadores y líderes religiosos de nuestro tiempo.

Estamos lejos de comprender e interesarnos por África. Esto es cierto incluso en Brasil, un país con una población mayoritariamente negra y la mayor población con raíces negro-africanas fuera del continente. Las relaciones entre Brasil y África han disminuido en los últimos años, mientras que los contactos de los demás países latinoamericanos con ese continente nunca se han profundizado, con la notable excepción de Cuba.

Celebrar el legado de Tutu sería una forma sencilla de informar e ir más allá de temas como el apartheid, la guerra civil, el hambre, las nuevas variantes del coronavirus y los golpes militares, básicamente lo que se informa sobre el continente en la prensa latinoamericana. En particular, sería una forma de destacar la importancia del pensamiento africano y su impacto global.

Fundador de la Teología Negra Africana

Tutu fue mucho más que el compañero de Mandela en la lucha contra el apartheid. Es uno de los fundadores de la Teología Negra Africana, inspirada en la Teología Negra Norteamericana, cuyo principal exponente fue el reverendo Martin Luther King Jr. También fue uno de los fundadores de la Teología de la Liberación Latinoamericana, iniciada en 1968 en la Conferencia Episcopal de Medellín y desarrollada por Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, entre otros. El arzobispo sudafricano fue uno más que demostró que es posible construir una iglesia hombro con hombro con los oprimidos.

Sobre estas afiliaciones, Tutu dijo que la iglesia en África debe comprometerse con la causa de la liberación. Para él, Dios era el gran Libertador, el Dios del Éxodo que sacó del cautiverio a una multitud de esclavos y los liberó. De ahí derivó su defensa de la liberación total de los «hijos de Dios» en el plano político, social y económico. Destacando su inspiración en las fuentes latinoamericanas, señaló que la teología negra es la teología del oprimido, una teología de la liberación. Y fue en base a su teología que el arzobispo se posicionó en contra del apartheid. Según él, «la Biblia resultó ser el libro más subversivo imaginable en una situación de injusticia y opresión».

Inspirador de la identidad sudafricana moderna

Para bien o para mal, Tutu fue uno de los fundadores de la identidad sudafricana posterior al apartheid, con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que presidió y su idea de una «nación arcoíris».

Lo que denominó «justicia reparadora» fue la base de la comisión de la verdad sudafricana, considerada un elemento central de la pacificación, reconstrucción y unificación del país. En funcionamiento desde 1995 hasta 1998, fue uno de los principales experimentos del mundo en materia de comisiones de la verdad, al condicionar la amnistía a una declaración pública del solicitante, en la que el principal requisito era «decir la verdad» sobre los delitos por los que se solicitaba la amnistía.

El elemento más alabado de ese proceso fue su condicionalidad, evitando la oferta indiscriminada de amnistía (y el olvido) característica de casos como el brasileño. El punto más discutido fue la escasa reparación de los crímenes (a diferencia de lo que ocurrió en casos como el argentino), en la medida en que se hizo hincapié en la exposición pública de los violadores de los derechos humanos y en el registro y la construcción de una memoria colectiva.

En este contexto, Tutu insistió en la necesidad de «perdonar, pero no olvidar». Para justificarlo, utilizó dos argumentos. Primero se basó en su ya mencionada lectura izquierdista del cristianismo: la necesidad de liberación tanto del opresor como del oprimido. Otro argumento fue presentar la justicia restaurativa como una «jurisprudencia africana tradicional». Su preocupación no sería la retribución o el castigo, sino la curación de las violaciones, la reparación de los desequilibrios, el restablecimiento de las relaciones rotas. Se trataría de rehabilitar tanto a la víctima como al agresor, que debería tener la oportunidad de reintegrarse en la comunidad a la que ha perjudicado con su delito.

A esta necesidad de reconciliación, Tutu unió su idea de Sudáfrica como «Nación Arcoíris», una propuesta asociada al multiculturalismo tan en boga en la época. Esta idea de una nación que englobara todos los colores sin necesidad de diluirlos asumió un papel importante en la nueva identidad nacional, calando hondo en la autoimagen de la Sudáfrica de los primeros años post-apartheid. El pluralismo social y étnico heredado por el país no sería un obstáculo para su desarrollo, sino su mayor activo. Tutu argumentó que este estado podría ser viable como nación.

Formulador de Ubuntu

Otra propuesta defendida por Tutu fue el Ubuntu, del que se convirtió en el principal difusor mundial, conectándolo con otros valores que ha defendido en las últimas décadas junto a personalidades como el Dalai Lama, como el ecumenismo y la cultura de la paz. El Ubuntu sería una forma de garantizar la cohesión de una sociedad profundamente dividida y desigual, marcada por la violencia y la opresión, constituyendo la posibilidad de convivencia de los antiguos opresores y los oprimidos.

Como se ha dicho, si uno de los pilares de Tutu era el cristianismo de la liberación, el otro era la herencia africana en la que se inserta el Ubuntu. Para el arzobispo, el Ubuntu es un elemento central de la cosmovisión africana. En esta concepción, las vidas de todas las personas están interconectadas, ya que la humanidad está integrada con la naturaleza y cada generación está integrada con las anteriores y las que vendrán.

Tutu definió el concepto a través del proverbio «una persona es una persona a través de otras personas». Para él, «una persona con Ubuntu se afirma a través de los demás, no se siente amenazada si los demás son capaces y buenos; tiene una seguridad que proviene de saber que pertenece a un todo mayor y se ve disminuida cuando los demás son humillados o disminuidos, cuando los demás son torturados u oprimidos, o tratados como si fueran menos de lo que son». Lo que te deshumaniza a ti me deshumaniza a mí inexorablemente».

Tutu llevó el Ubuntu al mundo, contribuyendo a su transformación en un concepto de moda. El Ubuntu ha inspirado el sistema informático, la literatura de autoayuda, la práctica del coaching y las lecciones empresariales. De hecho, en esto se acerca a otro concepto original del Sur Global, el «buen vivir» latinoamericano. Pero más allá de extrañas reapropiaciones, el éxito global del Ubuntu es una muestra más de la importancia del pensamiento de Tutu para el mundo contemporáneo.

Foto de Oxfam International em Foter

Orden Internacional, China y América Latina

Luis Valenzuela-Vermehren
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Orden Internacional, China y América Latina

Un artículo publicado recientemente en el Washington Examiner, “China unveils plan to ‘take over’ Latin America”, nos asegura que el partido comunista chino ha dado a conocer un plan de acción y cooperación abocado a ejercer mayor influencia dentro de la región y, de este modo, amenazar los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica.

Premunido de un tono algo alarmista, el autor de la columna de opinión, Joel Gehrke, recoge los dichos del académico del U.S. Army War College, Evan Ellis, quien establece que “Los chinos no dicen: ‘Queremos apoderarnos de América Latina’, pero establecen claramente una estrategia de compromiso multidimensional que, de tener éxito, expandiría significativamente su influencia y generaría enormes preocupaciones de inteligencia para Estados Unidos”.

Asimismo, y en este mismo sentido, el senador estadounidense, Marco Rubio, afirma que el partido comunista chino busca profundizar vínculos entre China y América Latina particularmente con ‘elementos anti-norteamericanos’. «Beijing está tratando de superar a Estados Unidos en todos los sectores,” establece el senador, “y debemos tomar esta amenaza en serio».

Dicho ’plan de acción’ se habría revelado el 3 de diciembre del año último en una cumbre China-CELAC. El referido plan presumiblemente busca no sólo estrechar los lazos económicos entre Beijing y la región, sino además profundizar la cooperación política y de seguridad. Mateo Haydar, investigador de la Heritage Foundation, concluye “Hay ambiciones absolutas de que China se convierta en la influencia dominante en América Latina. El desafío es integral, y hay absolutamente un interés militar y de seguridad allí. … Esa amenaza está creciendo, y es un tipo de amenaza diferente a la que vimos con la amenaza soviética”.

Lógicamente, la postura china en esta materia posee un enfoque distinto. Wang Ping, del Global Times, en su artículo, “China-LatAm cooperation continues momentum despite changes in regional countries’ politics”, toma nota de los cambios ideológicos registrados en América Latina en los últimos tiempos. Ciertamente, y a propósito de las elecciones presidenciales chilenas en las que emergió Gabriel Boric como un nuevo rostro de la izquierda chilena en La Moneda, Ping da cuenta de una tendencia ideológica, una suerte de pink tide, o ‘marea rosada’, que cruza la región y que incluye a países tales y como México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Cuba, Nicaragua, Venezuela, y tal vez Brasil si es que Lula da Silva emerge próximamente como vencedor en las elecciones de ese país.

Sea como fuera, desde la época de la posguerra, asegura Ping, se ha dado un patrón histórico de un movimiento, o ‘péndulo’ político, entre gobiernos de izquierda y de derecha, marcado por una constante lucha política entre ambas tendencias ideológicas al interior de los gobiernos de la región. Cuando se da un cuadro regional en el que predominan gobiernos de derecha surgen preocupaciones de una merma en las relaciones entre China y América Latina. Y cuando se da el cuadro opuesto “los medios occidentales [especulan] con incendios en el «patio trasero» de EE.UU. o [afirman] que China [está] aprovechando la oportunidad para aumentar su influencia en América Latina.” Precisamente es lo que aseguran los argumentos de Gehrke.

Empero, Ping establece que el factor ideológico, en último término, no resulta decisivo en lo que se refiere a las relaciones entre América Latina y China. Tanto los gobiernos de derecha, así como también los de izquierda, han sistemáticamente fortalecido sus lazos con China. Gozando de un acelerado crecimiento económico, y ya establecido como la segunda economía de mayor importancia en el plano mundial, muchos países latinoamericanos han podido beneficiarse de una economía que aún se encuentra en pleno desarrollo.

China se ha constituido, así, como el segundo socio comercial de Latinoamérica y, para algunos países de la región, como el primer socio comercial. A mayor abundamiento, China se presenta como fuente destacada de inversiones particularmente para aquellos países que buscan fortalecer sus economías. “Tanto para los gobiernos de izquierda como para los de derecha en América Latina,” establece Ping, “si quieren consolidar sus bases gobernantes, necesitan hacer un buen trabajo en términos económicos, y si quieren rejuvenecer la economía, es imposible para ellos ignorar a China.” Finalmente, y sin importar el color político de los gobiernos de América Latina, la cooperación entre ambas partes en pos del desarrollo constituye, a juicio de los chinos, un proyecto de largo plazo

En suma, somos testigos de dos posturas fundamentales. La primera arguye que China es una amenaza para la seguridad en la región. La segunda, establece que China sólo busca fomentar la cooperación sin importar el color político de los gobiernos de la región.

Una Perspectiva Realista del Orden Internacional

Nuestro propósito no es evaluar la veracidad de los acontecimientos históricos recientes descritos anteriormente. Más bien buscamos explorar la naturaleza de las posturas detalladas en el artículo de Gehrke en tanto un eximio ejemplo de cómo operan las grandes potencias en defensa de sus intereses nacionales y de lo que clásicamente se establecen como sus ‘zonas de influencia’. Dicho de otro modo, la postura estadounidense guarda relación con la naturaleza básica de la rivalidad entre grandes potencias y, además, con las actitudes doctrinales desarrolladas específicamente por EEUU en el tiempo.

Como principio esencial, toda gran potencia busca al menos consolidar su posición en el sistema internacional y, desde luego, preservar los intereses y recursos tanto políticos como materiales dentro de los ámbitos en los que ya ejerce influencia históricamente. Lo anterior se da en función del principio básico realista en el sentido de que la supervivencia del estado constituye la principal meta de toda potencia. Logrado esto, clásicamente las operaciones del equilibrio del poder entre los estados, se encarga luego de establecer un orden mínimo de paz en el sistema internacional.

Las actitudes detalladas en el artículo de Gehrke encapsulan una actitud doctrinal de larga data. Podemos citar brevemente, así, la Doctrina Monroe (1823) que buscó repulsar la injerencia europea en los asuntos de la región. O bien la doctrina Olney (1895) que se delineó en una nota diplomática enviada a Londres y que establecía: 1) El derecho de repeler la presencia de cualquier potencia no-hemisférica en la región; y 2) El derecho de ejercer una presencia hegemónica en la región misma.

Asimismo, con posterioridad, George F. Kennan, embajador de EEUU en la Unión Soviética, en una carta de 1950, publicada en Foreign Relations, y dirigida al Secretario de Estado en la que describe la importancia del fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y América Latina como respuesta “al desafío ruso a nuestro derecho a existir como potencia mundial”. El contexto es la guerra fría y Kennan resume el temor a un posible efecto dominó ideológico que pudiese darse en América Latina y que debilitara los intereses nacionales estadounidenses.

Significativamente, Zbigniew Brzezinski, en Strategic Vision (2012), atribuye el declive de EEUU a un “giro dinámico del centro de gravedad mundial desde el oeste al este.” Dicho lo anterior, el escrito de Gehrke, y muchos otros, de corte alarmista, y que circulan en la prensa internacional, debe tomarse no como un aviso de una literal amenaza inminente, sino como una natural reacción a la emergencia de una potencia rival frente a otra cuya preponderancia se ve debilitada al interior del gran tablero de ajedrez que es el sistema internacional.

Foto del Palacio de Planalto

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Elecciones en el horizonte: ¿propuestas o combates?

Alberto Ruiz Méndez
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Elecciones en el horizonte: ¿propuestas o combates?

América Latina está en medio de lo que se ha llamado un súper ciclo electoral. Desde el año pasado y hasta 2024, procesos electorales presidenciales y legislativos han marcado y seguirán marcando la agenda política y noticiosa en la mayor parte de los países de la región. Y sus resultados, dictan la tendencia y las estrategias que los ciudadanos están escogiendo para la segunda mitad de una década que corre el riesgo de llegar a ser considerada como “perdida”.

En su forma ideal, las elecciones deberían ser plataformas para las propuestas que los partidos políticos ofrecen a la ciudadanía como solución a los problemas. Pero en su forma real, las campañas electorales son, en gran medida, un concierto de descalificaciones, espectáculos y polarización. Actualmente, también pueden verse como una guerra de relatos donde, sobre todo, se busca afianzar una narrativa de poder.

Contexto Mediático

Los medios de comunicación digitales juegan un papel ambivalente en el ámbito de la comunicación política y pueden ser un factor clave para la difusión y crítica de aquellas plataformas. Pero también pueden contribuir a su tergiversación a través de la difusión de fake news y la instauración de la posverdad.

Las tecnologías digitales de la comunicación permitieron que las audiencias dejaran de ser meros consumidores de información para convertirse en creadores de contenido e información. De ahí que sea accesible, para cualquier persona, distribuir deliberada, algorítimica y mavisamente información falsa.

En este contexto, como escribió Cristian Salmon, todos los enunciados se encuentran en un estado de incertidumbre permanente pues, ante la facilidad para manipular la información, es casi imposible verificar su veracidad o falsedad. El único criterio que tenemos a la mano es un “régimen de veridicción” definido por la cantidad de reproducciónes, “likes”, “shares” o “replys” y ante esta situación el poder de las palabras de debilita y los hechos dan paso a un estado de incertidumbre donde quien tenga una fuerza de alcance mayor tendrá el poder de crear una verdad, de oponerla a otras y salir triunfante.

Contexto Político

En ese contexto, se desarrollarán los siguientes procesos electorales, ¿pero en qué situación se encuentran sus protagonistas? Por las diferentes encuestas e informes sobre la democracia en América Latina sabemos que la confianza en los partidos políticos y los políticos se encuentra en su nivel más bajo desde que hay mediciones.

Pero este declive no obedece sólo al errático manejo de la pandemia. A partir de la crisis mundial del 2008 los relatos políticos se perciben cada vez más alejados de la vida cotidiana de los gobernados. Esta distancia supone su profundo descrédito al constatar que ningún gobierno de ninguna orientación ha logrado paliar nuestra hiriente desigualdad.

No es casual que las recientes protestas sociales en Colombia o Chile tengan como detonador, no tanto a los políticos, sino las políticas que implican esas decisiones. Las personas sabemos que el poder político está menguado y, más que promesas, le exigimos acciones concretas. Y en el contexto de un estado de incertidumbre, todo parece indicar que aquella exigencia sólo será satisfecha si en la batalla por la verdad el relato político es digno de nuestra atención y aprecio para obtener la aprobación y su reflejo en el voto.

Relatos enfrentados

La desconfianza hacia los relatos políticos sumada al estado de incertidumbre comunicativo en que nos encontramos, de acuerdo con Salmon, tiene como consecuencia el establecimiento de una era del enfrentamiento donde la comunicación política se entiende como un proceso de descalificación y desestabilización de otros actores políticos para anularlos como adversarios e imponer una narrativa como la única legítima.

Si bien es cierto que la descalificación o la fabricación de delitos es una práctica común entre los políticos que aumenta en tiempos de elecciones, no debemos perder de vista que en nuestro estado de incertidumbre comunicativo no importan las pruebas o las investigaciones judiciales. Lo que importa es la construcción de una narrativa que posicione al atacado, no como un adversario político sino como un “enemigo” para la sociedad y su bienestar.

No importa probar el delito, lo que importa es narrarlo a través de memes, noticias falsas, imágenes, cadenas de mensajes o bots para que sea visto por la mayor cantidad de personas e imponer así una nueva narrativa. En este sentido, las campañas políticas que se avecinan en nuestra región, entrarán en una guerra de relatos si echan mano de las fake news y la posverdad como estrategias para ganar credibilidad,

La disputa por el poder que suponen las elecciones ya no se juega en los mítines o en los debates televisivos, la red digital es la arena de esa contienda y la ventaja que el relato tiene sobre el mensaje formal es que, con las herramientas de esa red digital, es posible la creación de un “enemigo”, un rostro “culpable” de las crisis, de las injusticias, de las desigualdades.

Ante las sucesión de elecciones que se viene es importante, por el bien de la democracia, que las propuestas superen a las descalificaciones, sobre todo en el marco de la crisis sanitaria, económica y política que vive América Latina. Pero en la era del enfrentamiento, donde la verdad se construye a partir de su viralidad, probablemente sólo veremos la creación de un relato de descalificación moral que opacará las propuestas políticas que tanto nos hacen falta. Saber criticar el relato y exigir las propuestas es nuestro reto. Habrá que estar atentos.

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Foto de Globovisión en Foter

A un año de la asunción de Joe Biden

José María Ramos
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A un año de la asunción de Joe Biden

La elección del presidente Joe Biden en el 2020 se dio en medio de una extrema polarización de la sociedad estadounidense y la elección es considerada como una de las más competidas en la historia de Estados Unidos. Una de las consecuencias de esta polarización fue el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021 por parte de un grupo de seguidores del presidente Trump. Tras este sacudón a la estabilidad de la democracia estadounidense, finalmente Biden asumió su cargo el 20 de enero.

A un año de su asunción, el país ha retomado la estabilidad y la coyuntura actual se ha apoderado de la agenda del gobierno de Biden. Pero si bien la polarización extrema ha quedado relegada, la gestión de la nueva administración de la crisis sanitaria y la economía se han convertido en objeto de críticas del trumpismo.

El desarrollo y los efectos de la pandemia están cuestionando el primer año de la gestión de Biden. En especial por la contradicción de que la creciente disponibilidad de vacunas no se se ha traducido en una mayor vacunación de la sociedad. Al 19 de enero Estados Unidos tiene apenas un 63.5 % de población totalmente vacunada y un promedio de decesos mayor a dos mil en los últimos siete días al 20 de enero.

Si bien la prioridad del gobierno es atender el aumento de los contagios por efectos de Ómicron, a dos meses de la aparición de esta variante Estados Unidos experimenta un creciente aumento de contagios con un promedio de 720 mil diarios en las últimas dos semanas, según Our World in Data. Esto, sin embargo, no ha detenido la diplomacia de las vacunas del gobierno de Biden que hasta el momento ha donado cerca de 55 millones de vacunas a América Latina y el Caribe y ha proporcionado más de 614 millones de dólares para fortalecer las políticas hacia la pandemia en la región.

Otro tema que ha sido centro de críticas por parte de la oposición en el primer año del gobierno ha sido el creciente flujo migratorio irregular. El numero de migrantes procedentes del Triángulo Norte centroamericano ha aumentado un 44%  y el de mexicanos en un 28%. En el año fiscal con cierre al 30 septiembre del 2021 se registró un total de 1,72 millones de aprehensiones de migrantes y solicitantes de asilo, la mayor cifra registrada hasta la fecha, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Este crecimiento histórico en el flujo migratorio irregular es consecuencia de la flexibilidad de la política migratoria de la nueva administración. En este sentido, otra de las estrategia del nuevo gobierno ha sido promover una política de desarrollo en los países que componen el Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Con esta propuesta, se pretende atender las causas de la emigración, lo cual es un proceso de mediano y largo plazo.

El tema de la política antidroga ha tenido cierta atención en América Latina, considerando que en abril del 2021 se dio a conocer el plan nacional antidroga del gobierno de Biden, que plantea un nuevo enfoque de salud pública hacia los principales países productores de cocaína. En este sentido, la retórica de Biden ha retomado la cooperación hacia América Latina marcando un cambio de rumbo con la pasada administración de Trump. Además, el gobierno ha impuesto sanciones selectivas a personas y entidades implicadas en corrupción y de violación a derechos humanos y ha concedió la extensión del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protection Status – TPS) a las personas inmigrantes elegibles.

Finalmente, la agenda de cambio climático, ausente en la agenda de Trump, ha sido una prioridad de la agenda interna, bilateral e internacional del presidente Biden. En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada el pasado noviembre, los dirigentes se comprometieron a acelerar el despliegue de energías renovables en América del Norte. Esto incluye la asistencia técnica y el intercambio de mejores prácticas. Una estrategia prioritaria para el gobierno estadounidense es acelerar la transición al transporte sostenible, lo que incluye la fabricación de vehículos eléctricos.

A pesar de las rispideces entre los demócratas y los republicanos, a principios de noviembre del 2021, bajo un acuerdo bipartidista donde 13 republicanos votaron a favor, se aprobó un presupuesto de 1.2 billones de dólares para infraestructuras. Este proyecto de ley financiaría carreteras, puentes, aeropuertos, puertos marítimos, sistemas ferroviarios y la expansión del servicio de Internet de banda ancha entre otras infraestructuras. Está pendiente de aprobación del Congreso la propuesta de infraestructura en materia de red de seguridad social y programas para combatir el cambio climático

Resientemente, uno de los aspectos más sencibles para el gobierno y la oposición es el aumento de la inflación que en noviembre se elevó a 6,8%, la mayor cifra registrada en el país en 39 años, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. Esta escalada de los precios se debe a las limitaciones en las cadenas de suministro y a la crisis energética. Sin embargo, la gestión del gobierno fue el centro de las críticas del expresidente Trump en un mítin en Arizona en el marco del inicio de su campaña de apoyo a los candidatos republicanos al Congreso en noviembre de este año.

Conforme avancen las campaña intermedias de noviembre de 2022 se irán profundizando las divergencias entre el gobierno democráta y el partido republicano en temas como la vacunación y la gestión de la pandemia en general, la reactivación de la economía, la inflación, la migración irregular y el aborto. Estos temas serán determinantes en la próxima elección intermedia del 8 de noviembre y probablemente favorecerán en las urnas al partido republicano.

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