Ante las medidas de Trump, México está sopesando opciones de represalia

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13 enero, 2025

Donald Trump ha dejado en claro su intención de potenciar su enfoque de “Estados Unidos primero” en política exterior en su segundo mandato, y México parece estar en la punta de lanza.

Si bien muchos de los predecesores de Trump también han seguido una estrategia “realista” (es decir, una en la que el poder relativo está a la vanguardia de las relaciones internacionales, mientras que el éxito diplomático se ve a través de cómo beneficia a la propia nación), el presidente entrante ha mostrado una aparente falta de voluntad para considerar el dolor que sus planes infligirían a los países afectados o las respuestas que esto generará.

Las políticas propuestas por Trump amenazan a México de tres maneras clave: primero, su objetivo de deportar a millones de migrantes pondría una enorme presión sobre la economía y la sociedad de México mientras el país intenta absorber la afluencia. Esto se vería exacerbado por su segunda amenaza, un marcado aumento de los aranceles, que podría devastar el crucial sector exportador de la economía mexicana. Y en tercer lugar, Trump ha lanzado la idea de utilizar el poder militar estadounidense para enfrentar a los narcotraficantes dentro de México, lo que afectaría directamente la soberanía de México y podría generar más violencia en ambos lados de la frontera.

Pero como estudioso de la política latinoamericana y de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, veo varias opciones que México podría utilizar para contraatacar a Trump imponiendo altos costos a los intereses estadounidenses.

De hecho, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ya ha dado señales de cómo podría contrarrestar las políticas de Trump. Las herramientas más obvias son poner fin a la cooperación en materia de drogas e inmigración e imponer sus propios aranceles. También podría revocar algunos de los privilegios fiscales y laborales que han beneficiado a las empresas estadounidenses que operan en México durante décadas. Por último, podría jugar la “carta de China”, es decir, ante el empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y México, México podría recurrir al mayor rival económico de Washington en un momento en que Pekín busca ejercer más influencia en América Latina.

De la conciliación a la confrontación

Por supuesto, un empeoramiento de la relación no es inevitable.

Durante el primer mandato de Trump, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una relación constructiva con la administración estadounidense. De hecho, López Obrador fue sorprendentemente cooperativo dada la retórica a veces hostil de Trump hacia México. Por ejemplo, ayudó a facilitar el programa de “Permanecer en México” de la administración Trump para quienes buscan asilo en Estados Unidos y también aceptó las demandas de Trump de renegociar el TLCAN y darle un nombre que refleje el liderazgo estadounidense: el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o T-MEC.

Sheinbaum, que asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, comenzó con un enfoque cauteloso en su relación con Trump.

Felicitó a Trump por su victoria e instó al diálogo con el presidente entrante de Estados Unidos. “Habrá buenas relaciones con Estados Unidos. Estoy convencida de eso”, dijo a los periodistas el 7 de noviembre de 2024.

Pero Trump no ha sido conciliador. Además de hablar sobre el vertido de millones de inmigrantes al otro lado de la frontera, anunció en las redes sociales el 24 de noviembre que impondría un arancel del 25% a los productos mexicanos y canadienses, una medida que derogaría efectivamente el T-MEC.

Esa publicación aparentemente puso fin al enfoque cauteloso de Sheinbaum. En una respuesta enérgica, el presidente mexicano advirtió que respondería de la misma manera. Una guerra comercial, señaló, dañaría las economías de ambos países; el progreso en materia de inmigración y tráfico de drogas requiere cooperación, no amenazas, agregó.

El impacto de los aranceles

Sheinbaum ha dicho que quiere evitar una guerra comercial, pero las amenazas de Trump la han llevado, no obstante, a hablar sobre cómo comenzaría una guerra comercial. Esta guerra comercial, además de otros costos que Sheinbaum podría imponer a los inversores estadounidenses, probablemente también fomentaría una coalición de oposición dentro de la comunidad empresarial estadounidense, un grupo que ha sido un aliado clave de Trump.

El objetivo declarado de Trump de imponer aranceles elevados a los bienes procedentes de México es alentar a las empresas que actualmente aprovechan los menores costos laborales en México a trasladarse al lado norte de la frontera. Pero ese enfoque ignora el impacto que los aranceles de represalia y los controles de inversión tendrían sobre las empresas con sede en Estados Unidos que dependen del mercado mexicano. Tendría varios efectos negativos.

Primero, una guerra arancelaria de ojo por ojo generaría inflación para los consumidores estadounidenses y mexicanos.

En segundo lugar, perturbaría la integración de los mercados de América del Norte. Como resultado de la eliminación de los aranceles (un componente clave tanto del TLCAN como del T-MEC de la era Trump), los mercados y la producción de bienes en América del Norte se han vuelto altamente interconectados. Los tratados comerciales redujeron severamente las barreras a la inversión en México, lo que permitió una importante inversión estadounidense en sectores como la agricultura y la energía, donde antes las empresas estadounidenses estaban prohibidas. Además, los fabricantes ahora dependen de procesos en los que, por ejemplo, el automóvil promedio cruza la frontera varias veces durante la producción.

De manera similar, la agroindustria ha desarrollado prácticas simbióticas, de modo que los granos, las manzanas y las peras se cultivan predominantemente en Estados Unidos, mientras que los tomates, las fresas y los aguacates se cultivan en México. En vista de estos procesos, Estados Unidos exporta actualmente más de 300.000 millones de dólares en bienes y servicios al año a México, y el volumen de inversiones estadounidenses en México alcanzó los 144.000 millones de dólares en 2023.

Si Trump deroga los acuerdos comerciales e impone aranceles, podría convencer a los inversores de que gasten sus próximos dólares en Estados Unidos. Pero si México impone aranceles, impuestos a las empresas o restricciones a la inversión, ¿qué pasaría con las granjas y fábricas de los inversores que ya están en México?

La experiencia pasada sugiere que cualquier alteración de las cadenas de suministro o de los mercados de exportación estadounidenses despertaría una fuerte oposición empresarial, como ya han reconocido analistas y grupos empresariales.

Trump no es inmune a la presión de las empresas estadounidenses. Durante su primera administración, las empresas se opusieron con éxito al intento de Trump de cerrar la frontera, argumentando que frenar el flujo de inmigrantes también significaba frenar los camiones llenos de mercancías.

Seguridad e inmigración

En el tema de la frontera y la inmigración, mientras Trump ha lanzado amenazas, Sheinbaum ha subrayado la importancia de la cooperación. En la actualidad, el gobierno mexicano destina importantes recursos a patrullar su propia frontera sur, por no hablar de lidiar con los numerosos migrantes potenciales que se concentran en sus ciudades del norte.

México podría exigir más apoyo de Estados Unidos a cambio de este trabajo, además de los costos asociados con la recepción de los aproximadamente 4 millones de mexicanos que se encuentran actualmente en Estados Unidos sin la documentación adecuada.

La deportación de inmigrantes indocumentados que Trump ha prometido en repetidas ocasiones requerirá otros tipos de cooperación, como el procesamiento de los cruces fronterizos, y México podría retrasar este proceso. México ya ha señalado que no procesará a los no mexicanos.

Los dos países tienen un historial de colaboración en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, pero también en este ámbito ha habido tensiones. Hacia el final del primer mandato de Trump, por ejemplo, un general mexicano fue arrestado en Estados Unidos por cargos de drogas. Después de un escándalo diplomático, fue devuelto a México y liberado.

A fines de noviembre, Sheinbaum señaló que ella y Trump habían discutido la cooperación en materia de seguridad “en el marco de nuestra soberanía”. Pero la retórica de campaña de Trump parecía menos preocupada por la soberanía de México, y planteó la idea de enviar tropas a la frontera o incluso desplegarlas dentro de México para contrarrestar a los narcotraficantes. Eso claramente enfurecería a México, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de la voluntad de cooperar en las cuestiones del narcotráfico.

¿Una oportunidad para China?

Un país que se beneficiaría si las relaciones entre Estados Unidos y México se deterioran es China, un problema que México podría aprovechar.

China es ahora el primer o segundo socio comercial de casi todos los países de América Latina, incluido México. El valor del comercio entre Estados Unidos y México supera los 100 mil millones de dólares al año, pero el crecimiento de las importaciones chinas a México se ha visto limitado en cierta medida por las disposiciones sobre reglas de origen del TLCAN y el T-MEC.

Una guerra comercial entre Estados Unidos y México podría debilitar o acabar con cualquier incentivo para mantener fuera los productos chinos. Además, si las puertas de entrada a Estados Unidos se estrechan mediante aranceles y una retórica hostil, las piezas de automóviles y los servicios financieros de China se volverían claramente aún más atractivos para las empresas mexicanas. En resumen, una guerra comercial entre Estados Unidos y México aumentaría el acceso de Pekín a un mercado en la frontera estadounidense.

¿Una coalición de los interesados?

En suma, si Trump sigue adelante con sus amenazas, el resultado serán costos para los consumidores y las empresas, además de una nueva oportunidad para China. Es probable que esto fomente una coalición de industrias, inversores, consumidores y expertos en política exterior preocupados por China, muchos de los cuales apoyaron la campaña de Trump.

_{*Texto publicado originalmente en The Conversation}

América Latina y el desarrollo integral

Por

Andrés Rivarola Puntigliano

12 enero, 2025

En una reciente entrevista, el ex mandatario uruguayo, José Mujica, puso el tema del ‘desarrollo’ al centro en su visión de futuro. Según Mujica, “nuestro concepto hoy de liberación nacional es empujar el desarrollo de este país, dentro de la economía de mercado, tratando de mitigar una cantidad de cuestiones negativas del reparto”. Vale la pena ponerle atención a esta frase que puede significar un relevante direccionamiento en términos de propuesta económica y política, tanto para Uruguay como para América Latina.

La actualización del concepto ‘desarrollo’ tiene, en este momento, implicancias directas con respecto al debate sobre qué dirección dar a las sociedades latinoamericanas y el formato de inserción a la economía y geopolítica global. El concepto tiene historia en gran medida a través de instituciones emblemáticas. Una antecesora fue la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en Chile, creada en 1938. Pero la idea de ‘desarrollo’, toma popularidad después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes agencias. La más relevante para América Latina, en relación con nuestro tema, fue la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), de 1948. Aquí hubo una participación decisiva por parte de gobiernos latinoamericanos en conexión con sus agencias de desarrollo, entre las cuales encontramos al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en Brasil, creado en 1952. En Uruguay se crea, en 1960, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE).

A partir de la década de 1950, el desarrollo se hace ideología nacional, tomando en los 1960 el nombre de ‘desarrollismo’. Esta corriente mantenía ciertos principios: 1) promoción de la industrialización dando valor agregado a los sistemas de producción, 2) papel relevante al estado, estructurando la relación entre sociedad y economía con programación a largo plazo, 3) fomento a la integración regional para crear plataformas que den mayores ventajas de escala económica y control común de cadenas de valor. Agregaría incluso los aportes con respecto a temas medioambientales. Por ejemplo, la Fundación Bariloche en Argentina, financiada por el gobierno, donde se intentó elaborar un modelo de respuesta desde los países del Sur, tomando en cuenta el problema de agotamiento de recursos naturales, el impacto negativo del consumismo en países del centro, el problema del hambre y la necesidad de desarrollo de los países periféricos.

Durante la predominancia de gobiernos desarrollistas se da en varios países latinoamericanos una importante reducción de la pobreza, avances sustanciales en inclusión política y social, así como aumento de la industrialización en el marco de acuerdos de integración regional, como es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, 1961). Con respecto a la dimensión política, hubo dos tendencias en el desarrollismo. Una democrática, representada por los democratacristianos chilenos o los sectores nacionales populares en Argentina y Brasil (en presidencias de Arturo Frondizi y João Goulart). Había también una tendencia no democrática, cuyos casos más emblemáticos fueron el gobierno dictatorial de Brasil, a partir de 1964, y el de Perú en 1968.

La corriente democrática debió enfrentar a dos grandes oponentes. Por un lado, el neoliberalismo y su prédica sobre libre comercio, privatizaciones y reducción del estado. Por otro lado, la ‘teoría de la dependencia’, de inspiración marxista, donde se rechazaba la idea misma del desarrollo. Su alternativa era la desconexión al sistema global de mercado, emulando al modelo cubano, desdeñando la ‘democracia burguesa’. Esta última era la línea que entonces defendía José Mujica.

Nadie en América Latina mantiene ya la versión autoritaria del desarrollismo, pero tampoco ha habido fuerza política real tras el desarrollismo democrático. La alternativa neoliberal sí que mantiene vigencia, como muestra el caso del presidente argentino Javier Milei, bregando por la disminución (o desaparición) del estado. También mantiene influencia la teoría de la dependencia (o adaptaciones de ella) en gobiernos anticapitalistas, movimientos sociales y sectores universitarios. Ahora reconfigurada en nuevas perspectivas antisistémicas, con el mismo rechazo al ‘desarrollo’ que en épocas anteriores. Se propone la eliminación de la economía de mercado, favoreciendo agricultura de subsistencia, bregando por el ‘no-crecimiento’ económico y la limitación del consumo. Esto se vincula a argumentos sobre medioambiente y asimetrías de ingreso, género y etnicidad. Se propone también un alejamiento del estado, con llamados a autodeterminación de comunidades y descentralización. Vale decir, fragmentación del estado junto con desconexión a mercados mundiales, regionales e incluso nacionales.

Aunque no logra prosperar ni en Uruguay ni en América Latina, el modelo desarrollista se ha llevado adelante en países del sudeste asiático, donde ya se venían ensayando estrategias de este tipo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí resultó exitoso lo que se ha denominado el ‘estado desarrollista’. Ninguno de estos países está siguiendo un modelo neoclásico de ‘crecimiento’. Tampoco se han alineado a las premisas ‘dependentistas’.

Contrario a América Latina, el modelo del ‘estado desarrollista’ asiático se origina en gobiernos autoritarios, lo que continúa en algunos países como China. En otros casos se transforman después en estados desarrollistas democráticos, como los son Taiwán, Corea del Sur o Japón. La mayoría parte también de niveles de pobreza y desarrollo más bajos que el promedio de los latinoamericanos a principio de los años sesenta. Logran, sin embargo, transformarse en economías de alto nivel de valor agregado, desplazando a las potencias ‘occidentales’ en los mercados mundiales. Esto, al mismo tiempo que promueven una elevación sostenida en el nivel de vida de la población, dando a la educación un papel central. Algo que se puede describir como una matriz nacional de ‘desarrollo integral’, ligada a objetivos nacionales a largo plazo.

El camino sugerido ahora por Mujica y otros no es una novedad para América Latina. Tampoco lo es para el mundo. América Latina debería, en primer lugar, aprender de las propias experiencias. En segundo lugar, mirar al mundo para inspirarse, sin copiar. Las características propias y su experiencia histórica deben ser un punto de partida, evitando evitar recurrentes errores. En tercer lugar, se deben adaptar estrategias a las demandas de nuevos tiempos históricos. La inclusión, igualdad y eliminación de asimetrías (género, etnicidad, clase, etc.), así como el medioambiente deben ser temas prioritarios, al igual que la democracia. En cuarto lugar, hay que generar plataformas nacionales que puedan mejorar las condiciones de inserción en el sistema mundial.

La geopolítica de la integración y el desarrollo es un aspecto central en esto. Se trata de construir instituciones que busquen sinergias regionales y un manejo conjunto de recursos naturales, en conexión a políticas sociales y promoción productiva. Esto debe ir de la mano de una política cultural que genere lazos de conexión, comprensión y solidaridad entre pueblos. Se trata de conectar proyecciones territoriales a nacionales, buscando el potencial necesario para lograr autonomía geopolítica o, como dice Mujica, de ‘liberación nacional’.

Otros ya lo han hecho exitosamente. América Latina puede hacerlo también. La pregunta para los próximos gobernantes es si quieren ser meros administradores de lo que proporciona el subdesarrollo, o si pretenden ser una verdadera fuerza transformadora de estructuras que busque un desarrollo integral y sustentable, superando la posición subordinada y participando en la construcción de una casa común global que atienda los problemas fundamentales de nuestro planeta.

Nicanor Duarte: «Hoy hay casi una derrota de los principios del globalismo»

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Redacción

21 enero, 2025

Duarte, además de abogado y filósofo, fue el 47mo presidente del Paraguay entre el año 2003 y 2008. Presentó su renuncia al cargo el 23 de junio de 2008, con el objetivo de asumir una banca como senador de la República, pero dicha renuncia no fue aceptada por el Congreso de su país.

Contribuciones antirracistas a la política exterior brasileña

Por

Tadeu Morato

10 enero, 2025

Brasil tiene una sociedad profundamente marcada por el legado del sistema colonial, que perpetuó prácticas racistas desde el siglo XV. Estas relaciones racistas no se limitan al contexto interno del país, sino que se extienden también al escenario internacional. A partir de algunas reflexiones sobre la acción de Brasil en Haití, nos preguntamos cuál sería una política exterior antirracista, en un momento en que las políticas exteriores feministas son relevantes y se reanudan los debates sobre la creación de un Consejo Nacional de Política Exterior de Brasil, CONPEB.

El proceso de construcción de Brasil como nación estuvo íntimamente ligado al modelo occidental impuesto por las metrópolis coloniales, que, con el tiempo, lograron consolidarse como las principales potencias en el escenario mundial. La descolonización, en este contexto, estuvo bastante limitada a los parámetros definidos por las antiguas metrópolis. Así, el surgimiento de nuevos Estados-nación en los siglos XIX y XX siguió una lógica excluyente, ya que impuso la adhesión al sistema mundial actual marcado por estructuras racistas y eurocéntricas.

Los países considerados en desarrollo o subdesarrollados fueron incluidos con base en la división global del trabajo, que los colocó en una posición subordinada. Esto reforzó una estructura de dominación política, social y cultural que, según el sociólogo Aníbal Quijano, reflejaba la transición del colonialismo al imperialismo. Hablamos, pues, de la “colonialidad del poder”, un fenómeno basado en la expansión del capitalismo global y que se sustenta en la diferencia racial.

Además de la política entre estados, la génesis del campo de las Relaciones Internacionales está directamente relacionada con este sistema internacional capitalista y racista. La actual ola de descolonización de los estudios en el área busca romper con el canon occidental y noratlántico, cuestionando el racismo científico de los siglos XVIII y XIX y promoviendo la inclusión de sujetos, perspectivas y narrativas anteriormente marginadas y silenciadas. Según las investigadoras Arlene Tickner y Karen Smith, es necesario cuestionar la forma misma en que se produce el conocimiento, cuestionando el origen y el carácter universal de las categorías y conceptos, además de reconocer las múltiples visiones que existen fuera del eje del Atlántico Norte.

En este escenario, la política exterior brasileña (PEB) surge como un importante campo de debate. Desde un “lugar” periférico, Brasil debe proponer y promover agendas globales más inclusivas y antirracistas. La valorización de las voces históricamente subalternizadas y la crítica a un sistema internacional racista son elementos fundamentales en la articulación coherente entre políticas a nivel interno e internacional, que presten atención al papel de Brasil como representante del Sur global. De hecho, para la transformación del orden mundial y la justicia social, es esencial que la PEB se comprometa a superar el racismo estructural que aún permea la gobernanza global y sus instituciones.

Entendemos que una política antirracista es la búsqueda de la igualdad étnico-racial, con miras a la reparación histórica. En términos de políticas públicas locales y globales, esto significa garantizar que todas las personas, independientemente de su origen étnico o racial, tengan igual acceso a los derechos, beneficios y oportunidades en todos los aspectos de la vida. Por tanto, este debe ser el principal objetivo de Brasil: comprometerse con la erradicación de todas las formas de discriminación social, la inclusión étnico-racial y la garantía de que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes y servicios públicos, además de una participación activa y efectiva en la vida democrática. .

Brasil debe buscar la justicia social global, rechazando la gobernanza no representativa y las narrativas salvacionistas que ocultan prácticas imperialistas, como las observadas en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).

El análisis y la gestión de la política exterior debe priorizar la lucha contra el racismo, utilizando indicadores étnico-raciales y de género. Además, la participación social es esencial para incluir a diversos grupos en la construcción, implementación y evaluación de la política exterior brasileña (PEB), centrándose en el enfrentamiento del racismo estructural e institucional a nivel local y global.

Una propuesta importante es la creación de un Consejo Nacional de Política Exterior de Brasil (CONPEB), que sería un espacio de participación activa de la sociedad civil en la instrucción y decisiones en el ámbito de la política exterior. Este consejo jugaría un papel fundamental en la democratización de la política exterior, permitiendo que grupos sociales históricamente marginados, como las poblaciones negras, quilombolas e indígenas, influyan en las decisiones y garanticen que sus demandas sean escuchadas.

La creación del CONPEB sería esencial para garantizar la consistencia democrática frente a gobiernos antidemocráticos, como el de Jair Bolsonaro, y para fortalecer el diálogo y la acción en los gobiernos progresistas, consolidando el compromiso de Brasil con los derechos humanos en el escenario internacional.

En 2024, la propuesta del gobierno brasileño de crear una Cumbre Social en el G20 fue un ejemplo del esfuerzo por revitalizar la participación social en las discusiones de política exterior. Como señalan varios expertos, esta iniciativa, junto con la creación del Sistema de Participación Social por parte del actual gobierno de Lula (2023-), podría ayudar a diferentes grupos de la sociedad civil, como movimientos sociales, ONG, organizaciones académicas y otras entidades, a asumir un papel activo en la formulación de principios, definición de prioridades y objetivos de la política exterior de Brasil.

El CONPEB podría fortalecer, por ejemplo, la Cooperación Sur-Sur, promoviendo nuevos parámetros para la cooperación internacional y el desarrollo de los pueblos y países. En la construcción de una política exterior más estructurada, menos sensible a los cambios de gobierno y más activa en relación a los principios constitucionales brasileños, el CONPEB podría servir como un foro de diálogo, incorporando y, al mismo tiempo, influyendo en las redes transnacionales de movimientos sociales, como los movimientos negros, campesinos e indígenas, que adquieren cada vez mayor importancia en la gobernanza global en la actualidad.

Como argumentamos en nuestra investigación «Por una política exterior antirracista para Brasil: la oportunidad presentada por Haití», que será publicada próximamente, es urgente que Brasil adopte un carácter antirracista en su política exterior. Esto significa establecer vínculos más cooperativos y de apoyo con los países del Sur global, a través de un compromiso que recupere las demandas de los pueblos excluidos por una mayor justicia social en la estructura de la gobernanza global. Especialmente si el país pretende promover cambios significativos en la estructura de explotación capitalista global, es necesario abrir Itamaraty a la participación social. Aunque de carácter consultivo y limitado a actores con conocimiento y experiencia en las diferentes agendas de la gobernanza global, el CONPEB permitirá la participación de nuevos grupos sociales en la agenda externa, con atención a la diversidad étnico-racial brasileña y a las relaciones de Brasil con el mundo.

Conexiones que sanan: mascotas y plantas como protectores de la salud mental

Por

Constanza Cilley

11 enero, 2025

En una era marcada por el ritmo acelerado, el aislamiento social y los desafíos emocionales, las mascotas y las plantas han emergido como aliados indispensables en la búsqueda del bienestar. Estas formas de vida han pasado a ocupar un lugar central en los hogares, transformándolos en refugios de calma y equilibrio.

Mascotas: terapeutas de cuatro patas

Las mascotas se han convertido en auténticas terapeutas emocionales. Estudios han demostrado que acariciar a un animal puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mientras incrementa la producción de oxitocina, conocida como la hormona del amor. Perros, gatos e incluso animales más pequeños, como conejos o cobayas, brindan una compañía constante que mitiga la soledad y fomenta la estabilidad emocional.

Un estudio realizado por Voices y WIN revela que al menos 8 de cada 10 ciudadanos en América Latina consideran importante su relación con los animales y las plantas, casi tanto como los vínculos con otros humanos. Además, 7 de cada 10 adultos en la región creen que los animales deberían tener los mismos derechos que los humanos.

Los beneficios emocionales de las mascotas se reflejan en testimonios como: “Para mí es un gran beneficio porque es una compañía fantástica, puro cariño y nunca se queja por nada” y “Mi perra me ayuda a pasar mis ataques de ansiedad y de pánico. Sabe cuándo estoy teniendo alguno y me ayuda a sobrellevarlo.”

Algunos centros de salud han comenzado a promover visitas de mascotas a pacientes internados, destacando su efecto positivo en la reducción del estrés. En un ejemplo en redes sociales, una imagen muestra a un perro descansando junto a una planta de interior mientras su dueña realiza una actividad creativa. Este tipo de representaciones ilustra perfectamente cómo las mascotas y las plantas contribuyen a la construcción de espacios de bienestar.

Plantas: refugios verdes para el alma

Si las mascotas son los nuevos hijos, las plantas son las nuevas “mascotas”? Las plantas, por su parte, han encontrado su lugar no solo como decoración, sino como símbolos de tranquilidad y mindfulness. Cuidarlas promueve la conexión con la naturaleza y enseña a valorar el presente. Actividades como regarlas, trasplantarlas o simplemente observar su crecimiento invitan a la atención plena, reducen la ansiedad y fomentan la paciencia, una habilidad poco desarrollada en un contexto de inmediatez y voragine.

Cuidar plantas no solo ofrece belleza y un espacio más habitable, sino que también satisface la necesidad de propósito y constancia. Desde rincones de meditación hasta escritorios de trabajo, las plantas embellecen el espacio y conectan a las personas con algo más grande: la naturaleza y sus ritmos.

El hogar como ecosistema vivo

La combinación de mascotas y plantas en un mismo hogar refuerza la idea de un ecosistema vivo. Esta convivencia simboliza un hogar que prioriza el bienestar integral, no solo de sus habitantes humanos, sino de todos los seres que lo conforman. Este enfoque refleja un deseo creciente por rodearse de elementos que nutran tanto el cuerpo como la mente.

El aislamiento social es un problema creciente: según un estudio de Gallup, un cuarto de las personas a nivel mundial reporta sentir soledad. Este fenómeno es más acentuado en mujeres jóvenes y personas en contextos urbanos. Esto refleja que las redes de apoyo humano podrían estar debilitándose debido a dinámicas como el trabajo remoto, el aumento de hogares unipersonales y la hiperconexión digital, que no siempre resulta en interacciones significativas. Esto lleva a muchas personas a buscar vínculos más simples y auténticos en sus mascotas y plantas.

En América Latina, los problemas de salud mental están especialmente presentes. Según Voices y WIN, Argentina y Perú son los países con peor evaluación de estrés, con 54% y 59% de evaluaciones negativas, respectivamente. Los jóvenes entre 18 y 24 años destacan como el grupo más afectado, con un 72% de menciones negativas en Argentina. Las mujeres también reportan mayores niveles de estrés que los hombres. Estos factores resaltan el papel crucial de las mascotas y plantas como soportes emocionales en momentos de incertidumbre.

Un fenómeno reflejado en las redes sociales

Las redes sociales han jugado un papel clave en visibilizar esta tendencia. Las publicaciones que muestran a las mascotas como compañeras incondicionales y a las plantas como pilares del bienestar han inspirado a miles a adoptar estos elementos en sus vidas. Estas imágenes proyectan un contenido aspiracional que invita a las personas a crear un hogar más equilibrado y emocionalmente saludable.

Este cambio cultural va más allá de la estética. Refleja un deseo profundo de encontrar estabilidad y significado en un mundo cada vez más caótico. Las mascotas son percibidas como «ángeles guardianes» o seres sabios que enseñan sobre empatía y conexión. Por otro lado, las plantas conectan con prácticas ancestrales y espirituales. Las personas están redescubriendo el poder de la naturaleza para sanar y guiar el crecimiento personal.

Este fenómeno también está relacionado con cambios demográficos significativos. La reducción de la natalidad y el aumento de hogares unipersonales han llevado a muchas personas a encontrar en las mascotas y plantas un sustituto emocional. En ausencia de hijos, estos elementos se convierten en «miembros de la familia», ofreciendo compañía y propósito. Además, los jóvenes, que suelen retrasar o evitar la crianza de hijos debido a preocupaciones económicas o ambientales, encuentran en estas relaciones una forma de conexión emocional menos exigente pero significativa.

El llamado a un hogar consciente

Ya sea adoptando una mascota o cuidando un rincón verde, estamos tomando pequeñas decisiones que, en conjunto, construyen un refugio para nuestra salud mental. Estas elecciones no solo transforman nuestros hogares, sino que también redefinen nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos. Sin embargo, en esta búsqueda de bienestar personal, no debemos olvidar la importancia de cultivar vínculos con otras personas. Los lazos humanos, aunque a veces complejos, siguen siendo esenciales para nuestra felicidad y crecimiento integral.

En un mundo que demanda tanto, las mascotas, las plantas y nuestras conexiones humanas nos recuerdan que el bienestar empieza en casa.

¿Por qué las tierras indígenas son clave para conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático?

Por

Pedro Laterra

9 enero, 2025

La conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático han adquirido un carácter prioritario en la agenda global, impulsando la creación de nuevas áreas protegidas y fuertes inversiones en proyectos ambientales. Sin embargo, el modelo actual de conservación está marcado por una profunda paradoja: a la par de esas prioridades e inversiones, no se toma suficientemente en cuenta el deterioro y la pérdida progresiva de territorios indígenas, así como la violencia, la desigualdad y la falta de reconocimiento de los derechos de quienes han convivido con la naturaleza durante siglos.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios representa soluciones “basadas en naturaleza” efectivas y justas, ya que promueven tanto la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, como el bienestar de los pueblos originarios. Debido a la integridad que generalmente caracteriza a los ecosistemas dentro de estos territorios, se mantienen sus capacidades de almacenamiento de carbono.

Pero esas contribuciones de los territorios indígenas a la salud planetaria están vinculadas a las cosmovisiones, valores y modos de vida de sus pueblos. Ese es el caso del buen vivir del pueblo quechua (Sumak Kawsay) en distintos países andinos, o del buen vivir del pueblo guaraní (Teko Porâ) en Paraguay, sur del Brasil y norte de Argentina, así como la cosmovisión Mapuche en el sur de Chile y de Argentina, y el de numerosos pueblos originarios amazónicos.

De hecho, no es casual que la desintegración social y cultural de los pueblos indígenas y de la integridad ecológica de sus territorios ocurren a la par, tanto en nombre del desarrollo como por intereses económicos (legales e ilegales), o por presiones desde poblaciones pauperizadas (indígenas o no indígenas). Más allá de los exterminios o desplazamientos forzados en tiempos coloniales, la desposesión de los pueblos indígenas de sus tierras sigue avanzando en distintos países de Latinoamérica. Los Maya en México, los Awajún y los Wampís de la amazonia peruana, los Miskitu en Nicaragua, los Mbä-Guaraní en Paraguay y en Brasil, los Mapuche de Chile y Argentina entre muchos otros, luchan por defender sus territorios ancestrales. A pesar de avances legales como la adquisición de títulos de propiedad colectiva, los medios de vida de estos pueblos siguen amenazados y cediendo paso a la expansión de industrias extractivas.

Desposesión y degradación

La desposesión de los indígenas de sus tierras también puede ocurrir en nombre de la conservación, fenómeno conocido como acaparamiento verde (green grabbing), conservación excluyente o de fortaleza (fortress conservation), o conservación colonial. En América Latina, estas tensiones pueden encontrarse en casos como el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, el Parque Nacional del Manu en Perú, la Reserva de la Biosfera Maya en México o el Parque Nacional Lanín en Argentina.

Los desplazamientos de pueblos indígenas por desposesión y la consiguiente transformación de ecosistemas naturales o seminaturales por campos de pastoreo, cultivos y forestaciones son apenas la punta del iceberg. Y es que la degradación de la integridad geográfica, ecológica, cultural y social de sus territorios son tan frecuentes como poco visibles. Esta no solo impacta la dignidad de los pueblos indígenas, sino también genera un círculo vicioso de pobreza, deterioro ambiental y bloqueo al acceso a fondos de financiación.

No todo está perdido

Los territorios indígenas aún contienen una porción sustantiva de los paisajes y ecosistemas menos modificados del planeta, y sabemos que muchos pueblos indígenas profesan un respeto por la naturaleza que va mucho más allá de nuestros mejores discursos conservacionistas. Según investigaciones como la liderada por Stephen Garnett, publicada en la revista Nature Sustainability, y otras que se fueron sumando en la misma línea, los pueblos indígenas gestionan o tienen derechos sobre más de un cuarto de la superficie terrestre del planeta, lo que representa un porcentaje significativamente mayor que el de otras tierras protegidas, y la tercera parte de los Bosques Intactos del mundo se encuentran dentro de tierras indígenas. Esto las convierte en áreas cruciales para la mitigación del cambio climático ya que las tasas de pérdida de bosques siguen siendo significativamente más bajas en tierras indígenas que en otras tierras, aunque con amplias variaciones entre países.

¿Por qué la inversión en conservación en tierras indígenas no es proporcional al rol clave que juegan en la conservación de la biodiversidad? La falta de inversión se debe a una serie de limitantes que varían caso a caso: débiles estatus legales de tenencia de las tierras; desvíos de los fondos a otros destinos; conflictos con las políticas de desarrollo; administración ineficiente de fondos; restricciones en el acceso a programas de ayuda y compensaciones; falta de mecanismos de control para evitar la explotación ilegal de recursos y la invasión de tierras indígenas; y sobre todo desconfianza, en ambas direcciones.

Hacia soluciones basadas en justicia territorial indígena

Es esencial establecer nuevas formas de colaboración entre las comunidades indígenas, y otros actores locales y globales, para que los reclamos territoriales indígenas y las inquietudes globales por las pérdidas de biodiversidad y el cambio climático converjan.

Para ser viables y sustentables, esas soluciones basadas en “justicia territorial indígena” necesitan diferenciarse de las viejas fórmulas asimétricas, donde los pueblos y territorios indígenas aparecen en los acuerdos como párrafos políticamente correctos, pero que en la práctica suelen quedar relegados al ámbito discursivo, sin materializarse en acciones concretas. La mayor parte de los esfuerzos por identificar y desarrollar oportunidades de negocios capaces de impulsar soluciones basadas en naturaleza se basan en lógicas, idiomas y cuerpos técnicos que no necesariamente atienden a estas realidades.

Alrededor del mundo, se han desarrollado experiencias valiosas que se podrían recuperar, sistematizar, mejorar y adaptar a distintos contextos. Un ejemplo es el Proyecto Kayapó en Brasil, que en asociación con ONG internacionales y el gobierno brasileño, ha permitido que el pueblo Kayapó implemente programas de monitoreo forestal y manejo sostenible de recursos naturales. Otros ejemplos son el pago por servicios ambientales que impulsa el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal en beneficio de pueblos originarios y los Planes de Vida impulsados desde el gobierno de Colombia para los U’wa y otras comunidades indígenas, e incluso se han aprendido valiosas lecciones de proyectos REDD+ (Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques) de la FAO.

Pero para incorporar estas soluciones de manera efectiva y sustentable, se requiere fortalecer los mecanismos de protección de los derechos indígenas, garantizar su participación en la toma de decisiones y asegurar una distribución equitativa de los recursos destinados a la conservación.

Aún existe una brecha significativa entre los derechos reconocidos y la realidad que viven en sus territorios. Si bien la titulación de tierras indígenas son un primer paso, no siempre garantiza la protección efectiva de sus derechos. En muchos casos, la participación de estos pueblos se limita a la consulta, a la información o a la firma de acuerdos, cuando son fundamentales para la retroalimentación de conductas y compromisos.

Para cambiar esta realidad, es necesario reducir las desigualdades de estas comunidades en el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la justicia, a tecnologías básicas y a las autoridades. Y así como las inequidades de género están ganando espacio dentro de los programas de apoyo internacional, es importante que una proporción de los fondos se destinen a financiar soluciones basadas en justicia territorial indígena.

Consideraciones finales

El reconocimiento y respeto de esos territorios, significa mucho más que una fórmula para reducir grandes transformaciones y el reemplazo de ecosistemas biodiversos. Si realmente se quiere integrar a los pueblos indígenas en las agendas de conservación, es crucial evitar caer en estereotipos reduccionistas que los limitan al rol de «guardianes de la naturaleza». Estas miradas, aunque bienintencionadas, pueden invisibilizar las complejidades de las culturas indígenas y en definitiva fracasar al separar las “soluciones basadas en naturaleza” de las soluciones “basadas en naturaleza y justicia territorial indígena”.

La verdadera inclusión implica respetar la diversidad de visiones y permitir que los pueblos indígenas sean los protagonistas de su propio desarrollo, sin imponerles modelos de conservación. La conciliación entre la justicia territorial indígena y las soluciones basadas en la naturaleza depende de la construcción de vínculos libres y virtuosas que garanticen el respeto de sus derechos y su papel fundamental en la gestión de sus territorios.

_{*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.}

Esclavitud moderna: la trata de personas en América Latina

Por

Henry M. Rodríguez

8 enero, 2025

La trata de personas es uno de los crímenes más atroces y dramáticos, con efectos devastadores para sus víctimas. Más allá de la explotación sexual y laboral, el alcance de la trata se ha extendido a la explotación infantil, el tráfico de órganos y otras formas de abuso que han cobrado mayor visibilidad en las últimas décadas, revelando la multidimensionalidad de esta problemática. Si bien es un flagelo que afecta a personas de todo el mundo, América Latina se ha mostrado particularmente vulnerable debido a una convergencia de factores sociales, económicos y políticos.

A nivel global, las estimaciones para 2022 revelan una cifra alarmante de alrededor de 50 millones de víctimas de trata, lo que representa aproximadamente a una de cada 125 personas en el mundo. Y en América Latina, la situación no resulta menos preocupante, dado el incremento constante en el número de víctimas detectadas en las últimas décadas. Y a pesar de los esfuerzos desplegados por diversos países para erradicar la trata de personas, el desafío persiste.

El problema persiste porque existen factores estructurales como la pobreza, la desigualdad socioeconómica, la inestabilidad política y la corrupción que permea a las instituciones, que han contribuido a la perpetuación de este ciclo de explotación. Además, la cooperación internacional es limitada y hay escasa voluntad política lo cual ha obstaculizado la implementación de estrategias más integrales y eficaces para abordar esta especie de “esclavitud moderna”.

Una región vulnerable

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en América Latina, la trata de personas se concentra principalmente en el trabajo forzoso y la explotación sexual. Las mujeres constituyen casi la mitad de las víctimas, de las cuales el 87% son explotadas sexualmente, siendo más de una de cada diez niñas. Por su parte, los hombres representan el 57% de las víctimas de trabajo forzoso. La mayoría de los casos de trata en la región ocurren a nivel doméstico y afectan en un 90% a personas de países sudamericanos o a víctimas dentro de sus propios países.

Varios países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, México y Colombia continúan funcionando como punto de origen, tránsito y destino para víctimas de trata, tanto para fines de explotación sexual como laboral, cuyos grupos más vulnerables siguen siendo los niños, niñas y adolescentes. La compleja situación económica y social de la región han incrementado los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a la trata, siendo los victimarios en su mayoría personas del núcleo familiar o del entorno social cercano a las víctimas.

La pobreza estructural de la región es uno de los factores determinantes, que actúa como motor principal detrás del tráfico humano. En muchas ocasiones, las familias que viven en condiciones de extrema pobreza caen fácilmente en las trampas de los tratantes, quienes les prometen empleos falsos o mejores oportunidades educativas para sus hijos. Entre los métodos de captación y sometimiento, los delincuentes incluyen el enamoramiento, las falsas promesas de mejorar la calidad de vida, la retención de documentos, las amenazas de denunciar irregularidades migratorias y la facilitación de dinero, hospedaje o comida.

Las personas más vulnerables son víctimas fáciles de las redes de tráfico. No obstante, es un delito que no discrimina fronteras, edades, ni estratos sociales, porque las situaciones de vulnerabilidad de los países latinoamericanos son transversales y convergen en una «tormenta perfecta» que reduce drásticamente las opciones de muchas personas, lo cual lleva a que sean explotados.

Países como Venezuela han experimentado crisis económicas y políticas que han obligado a millones de personas a huir en busca de un futuro mejor. Sin embargo, muchos de estos migrantes, al carecer de estatus legal o protección adecuada en los países receptores, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema que facilita su explotación. Según la UNODC, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, muchos de los cuales han caído en manos de traficantes que aprovechan su precariedad.

Desafíos para la respuesta institucional

Conscientes de la magnitud del problema, algunos países latinoamericanos han adoptado legislaciones que cumplen con los estándares internacionales establecidos por el Protocolo de Palermo, principal tratado internacional para combatir la trata de personas. A su vez, se han conformado iniciativas como la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), una instancia de colaboración informal entre Ministerios Públicos Fiscales en investigaciones transfronterizas. O, incuso, el proyecto Track4Tip, que ha intentado unir a varios países de la región en torno a esta problemática. Sin embargo, la lucha frontal contra la trata parece ser insuficiente.

En México, por ejemplo, aunque la legislación es sólida, son enormes los desafíos en términos de coordinación institucional y recolección de datos sobre las modalidades del delito. La situación es similar en otros países como Ecuador y Colombia, que han desarrollado programas ambiciosos, pero cuyo impacto real aún está por demostrarse.

La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales es otro de los obstáculos para la lucha contra la trata de personas. En varios países de la región, funcionarios públicos suelen ser cómplices de las redes de trata. En otros casos, la falta de recursos, la escasa capacitación de las fuerzas del orden y la ausencia de una estrategia institucional coherente, han contribuido a la perpetuación del delito.

La cooperación internacional, mecanismo esencial para combatir eficazmente la trata de personas, es otro de los retos apremiantes, al tratarse de un delito que trasciende fronteras. Ante este panorama, es prioritario establecer una estrategia integral, que no solo atienda la creación y el fortalecimiento de unidades especializadas policiales y fiscales para la prevención, investigación y atención a víctimas, sino que también tenga un enfoque centrado en la víctima, así como en la cooperación interinstitucional efectiva, tanto a nivel nacional como transnacional, siguiendo las recomendaciones del Quinto Diálogo Técnico de Trata de Personas.

La trata: un problema de todos

Se requiere de voluntad política y un compromiso firme para que la trata de personas sea considerada como prioridad en la agenda pública. Se requiere de una mayor asignación de recursos, de una intensificación de políticas públicas preventivas y de un enfoque integral para abordar el desconocimiento generalizado sobre la magnitud y las dimensiones de este delito.

No solo se trata de un desafío legal o policial. Se trata de una crisis humanitaria que interpela a toda la sociedad y que demanda un cambio cultural, en virtud de la dignidad humana por encima del lucro económico. Para ello, es clave promover una conciencia colectiva sobre la importancia de erradicar este flagelo. Solo con un compromiso decidido y una acción coordinada será posible evitar que los esfuerzos sigan siendo fragmentados e insuficientes.

Acerca del acuerdo Mercosur-Unión Europea: el peso de las asimetrías

Por

Marcelo Halperín

7 enero, 2025

Ante la reciente declaración sobre la exitosa conclusión de las negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), ya circulan apreciaciones sobre los costos y beneficios atribuidos a las concesiones que se acordaron. Los analistas suelen seguir los criterios de evaluación aplicados a compromisos similares entre países de distinto nivel de desarrollo y bajo el formato de los acuerdos de libre comercio denominados “de última generación” (TLC).

Sin desmerecer dichos enfoques, quizás resulte útil también una aproximación preliminar pero diferente, de tipo sistemático. En tal sentido, habría que priorizar la importancia o el peso de los diversos ordenamientos regulatorios adoptados unilateralmente por unos y otros países con anterioridad al acuerdo de que se trate para proteger sus mercados a título de sanidad, seguridad, calidad y exigencias de rendimientos o desempeño. Estas distinciones sobre las modalidades y grados de protección suelen denominarse genéricamente “asimetrías” y se suman a las disparidades e insuficiencias estructurales que señalan una inclinación predeterminada del campo de juego.

Pero aun advirtiendo esas disparidades y asimetrías, debería reconocerse que los países en desarrollo –como los integrantes del Mercosur–se benefician cuando formalizan sus TLC con países de mayor desarrollo económico relativo. El beneficio consiste en disponer de numerosas alternativas para obtener compensaciones frente a una vulneración o erosión de concesiones. En efecto, dada la extensión y minuciosidad de la materia negociada en estos tratados, se van forjando lazos de interdependencia que, para las partes de menor desarrollo relativo, facilitan la búsqueda de propuestas destinadas a contrarrestar prácticas restrictivas o intrusivas adoptadas en su perjuicio.

En contraposición a este beneficio, hay potenciales riesgos derivados de la escasa transparencia de la última fase de la negociación entre la UE y el Mercosur, cuando las presiones políticas apuraron la culminación del proceso. En este sentido, la fórmula single-undertaking implica que, una vez concluida la negociación, el TLC pasa a constituir un compromiso único e indivisible, de modo que ya no puede dar lugar a segmentaciones para justificar el desconocimiento de algunas de sus reglas. Este criterio resulta difícil de sobrellevar para los cuerpos legislativos que deben aprobar el tratado, cuando sus integrantes o bien los representantes de actividades económicas o miembros de la sociedad civil no han tenido la oportunidad de intervenir o ser informados oportunamente en el “cuarto adjunto” sobre las tratativas en curso. Si en este marco de falta de transparencia finalmente se convienen determinadas reglas susceptibles de ocasionar daño, entonces aquella fórmula del single undertaking puede tener derivaciones insalvables, pues los cuerpos legislativos deben aprobar o rechazar el TLC in totum, sin margen alguno para segmentar o parcializar su pronunciamiento.

Asimetrías interregionales en nombre de bienes públicos globales

Es sabido que los TLC entre países con diferente nivel de desarrollo relativo tienden a consolidar las relaciones comerciales y económicas preexistentes, en principio debido a las prioridades asignadas por cada una las partes para expandir sus exportaciones “tradicionales” y resguardar sectores y productos “sensibles”.

Pero en los últimos años se agregan otros motivos por los cuales los países de mayor desarrollo relativo –y la UE es un ejemplo paradigmático de ello– procuran, a través de compromisos internacionales, convalidar asimetrías preexistentes a su favor.

El fundamento de rigor es el imperativo de la época: combatir los agudos procesos de degradación ambiental y de la biodiversidad. Con tal motivo se han ido superponiendo a las disciplinas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) otras reglas emanadas de distintos acuerdos y que remiten a la necesidad de proteger “bienes públicos globales”. Sin embargo, la extraordinaria significación atribuida a estos valores contrasta con la incapacidad o desinterés de los países de mayor desarrollo cuando se ha intentado concertar vías institucionales adecuadas para su resguardo. En consecuencia, invocando tales “bienes públicos globales” la UE se arroga el derecho de fijar unilateralmente estándares de protección ambiental que, bajo el principio de trato nacional, aplican tanto a la producción interna como a sus importaciones.

Asimetrías interregionales propias de la dependencia tecnológica

Las disrupciones tecnológicas van ensanchando la brecha entre los reglamentos técnicos vigentes en países con distinto nivel de desarrollo. Esta brecha facilitaría la penetración en el Mercosur de materiales, insumos y bienes terminados que ya están desvalorizados por su rezago tecnológico en la UE.

Por similares motivos, hasta tanto los países del Mercosur logren regular adecuadamente los mercados y servicios digitales, sus sociedades seguirán expuestas ante productos digitales emitidos en la UE aunque su oferta en territorio de la UE ya haya sido prohibida o restringida. Sin embargo, en una cuestión hoy día tan sensible como es la inteligencia artificial generativa (IA), debe tenerse en cuenta que la propia legislación interna de la UE prevé, para el caso de adoptarse en el extranjero reglas similares a ella (cláusulas espejo), la posible concertación de acuerdos de reconocimiento mutuo sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad a las respectivas reglas. De ese modo se evitaría la intromisión, en el Mercosur, de sistemas y contenidos digitales ya prohibidos o catalogados como de alto riesgo en la UE por sus aplicaciones de manipulación y control discriminatorio sobre las personas en ámbitos donde puede comprometerse su seguridad, la inserción laboral y educativa y el acceso a prestaciones de asistencia social.

Asimetrías intrarregionales

Durante largos años fue minimizada la importancia de no haberse afrontado la tarea de armonizar las políticas macroeconómicas entre los estados parte del Mercosur. En este aspecto, dicha insuficiencia no tuvo un impacto sistémico sino que solo generó crisis ocasionales. Ello se debió a las limitadas aspiraciones exhibidas por los sucesivos gobiernos con respecto a la conformación de un mercado común, así como la escasa predisposición para concertar TLC con países de mayor desarrollo relativo.

Pero el TLC con la UE obliga a focalizar el análisis sobre tan delicada cuestión, en especial atendiendo a las ostensibles diferencias en el tamaño de las economías y los sistemas productivos del Mercosur. Si bien los distintos estados parte han presentado nóminas particulares para diferentes concesiones otorgadas a la UE, ha de tenerse en cuenta que en principio el régimen vigente entre los Estados parte del Mercosur garantiza la libre circulación de bienes. Por lo tanto gravitará la elección del punto de ingreso al Mercosur de bienes originarios de la UE, ya sea como estrategia comercial o bien como asentamiento de inversiones directas para la producción o ensamblaje de mercaderías destinadas al mercado ampliado.

Es así que por el solo hecho de no haber avanzado en la armonización de políticas macroeconómicas, las asimetrías intra-Mercosur tenderían a potenciarse ante un caudal significativo de importaciones originarias de terceros países de mayor desarrollo relativo. Y en este sentido la conclusión de las negociaciones Mercosur-UE constituye un llamado de atención.

Trump y el nuevo desafío feminista: lecciones para América Latina

Por

Susana Reina

6 enero, 2025

La reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha generado preocupación en el movimiento feminista, anticipando posibles retrocesos en los derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Razones para temer hay y muchas.

Durante su primer mandato (2017-2021) Trump promovió acciones que fueron percibidas como perjudiciales para el avance de la igualdad de género. Entre algunas de las políticas más representativas de su corte antifeminista durante su primer mandato reactivó la Global Gag Rule, que prohíbe a las organizaciones internacionales que reciben financiamiento de EE. UU. realizar, promover o informar sobre abortos como derecho sexual y reproductivo. Esto afectó significativamente el acceso a servicios de salud para mujeres en países en desarrollo.

También nombró jueces conservadores, como Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, consolidando una mayoría ideológica que posteriormente permitió la anulación de Roe v. Wade (protección constitucional a la mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales). Aunque esto ocurrió en 2022 después de su mandato, la base fue sentada durante su administración.

Durante su mandato hubo recortes presupuestarios y cambios en las prioridades afectando programas de protección y apoyo a víctimas de violencia machista y agresión sexual. La administración Trump también detuvo una regla de la era Obama que requería a las grandes empresas recopilar datos salariales desglosados por género y raza, dificultando así los esfuerzos para abordar la brecha salarial.

Además, se eliminaron regulaciones que protegían a las empleadas de empresas federales contra el acoso sexual y la discriminación. La administración no promovió leyes para licencias pagadas por maternidad o paternidad, a pesar de las promesas iniciales en su campaña.

Durante su mandato, Trump hizo múltiples comentarios misóginos y despectivos hacia mujeres, tanto en público como en privado. Esto contribuyó a crear una atmósfera de hostilidad hacia los movimientos feministas y derechos de las mujeres. Hubo Recortes al acceso a Medicaid y Planned Parenthood que dificultaron que mujeres de bajos ingresos accedieran a servicios esenciales de salud, incluidos chequeos médicos, anticoncepción y servicios relacionados con el embarazo.

Y finalmente, las políticas migratorias de «tolerancia cero» separaron a familias migrantes, afectando principalmente a madres e hijos que huían de la violencia en sus países de origen.

El primer mandato de Trump, en general, estuvo marcado por una retórica divisiva y políticas que intensificaron las tensiones raciales, de género y de clase. Su reelección, a pesar de haber sido declarado culpable por abuso sexual y otros comportamientos delictivos contra mujeres, representa un aval de su base de apoyo más conservadora, que ve en él a un líder capaz de contrarrestar los avances progresistas en los derechos de las mujeres y la justicia social.

Este respaldo evidencia una creciente fractura en la sociedad estadounidense donde grandes sectores perciben las conquistas feministas como una amenaza a los valores tradicionales. De hecho, los influencers de derecha o la “manósfera” como se le conoce, aprovecharon la victoria presidencial de Donald Trump en noviembre 2024 para incrementar las amenazas misóginas en internet: “Vuelvan a la cocina” , “Derogar la 19ª” (en referencia a la enmienda constitucional que otorgó a las mujeres el derecho al voto), “Tu cuerpo, mi elección” y otras consignas contra las luchas feministas que se viralizaron en muy corto tiempo.

El simbolismo de su regreso en la Región.

La reelección de Donald Trump, tras un interludio de gobierno demócrata, marca un punto crítico no solo para la política de Estados Unidos, sino también para el panorama global de los derechos humanos y las luchas por la igualdad en toda Latinoamérica.

Este regreso al poder representa el fortalecimiento de las fuerzas conservadoras y populistas en un contexto de creciente polarización política y refleja una clara resistencia a los cambios sociales progresistas ya que muchas de sus políticas están orientadas a revertir avances recientes en derechos reproductivos y laborales.

Más aun, su victoria refuerza a líderes y movimientos conservadores en todo el mundo, especialmente en América Latina, donde se han adoptado posturas similares en contra de los derechos de las mujeres y donde el movimiento feminista ha enfrentado una reacción muy conservadora, desde restricciones al aborto hasta la persecución de activistas en algunos países.

La figura de Trump, con su conocida retórica populista, sirve como modelo e inspiración para líderes de la Región que comparten agendas similares, como Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Eduardo Bolsonaro, diputado federal brasileño y para los representantes de sectores conservadores en México y Colombia.

Trump ha establecido vínculos con movimientos religiosos conservadores internacionales, algunos de los cuales tienen presencia significativa en América Latina. La celebración de conferencias como la Cumbre Conservadora de las Américas, que reúne líderes de derecha para coordinar agendas contra el aborto y los derechos LGBT, son una muestra de que el discurso y las políticas de Trump no operan en el vacío; su influencia en América Latina podría consolidar las posturas anti derechos y debilitar los avances logrados por los movimientos feministas a la fecha.

Este clima político global refleja una lucha entre dos fuerzas: los avances hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el resurgimiento de ideologías tradicionales que buscan mantener el statu quo.

Resistiendo al retroceso

Este nuevo, pero ya conocido escenario, subraya la necesidad de un feminismo más articulado y global que sea capaz de anticipar y enfrentar estas amenazas mediante solidaridad, estrategias inteligentes y narrativas poderosas para defender los derechos conquistados y avanzar hacia la igualdad sustantiva en el menor tiempo posible.

Trump representa una prueba crucial para demostrar la capacidad de adaptación y resistencia feminista frente a este entorno político hostil. En efecto, su reelección ha generado una respuesta significativa por parte del movimiento feminista estadounidense, caracterizada por la movilización y la adopción de nuevas estrategias de resistencia. Se han organizado protestas, campañas de sensibilización y acciones comunitarias para defender los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género en un entorno político cada vez más adverso.

Como ejemplo, diversas organizaciones feministas han instado al Congreso de Estados Unidos a blindar la igualdad de género en la Constitución antes de que Trump asuma el cargo, promoviendo la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) para garantizar la protección contra la discriminación por razón de género, sin resultados positivos a la fecha.

El feminismo latinoamericano y el estadounidense, aunque enfrentan contextos distintos, comparten luchas esenciales en torno a los derechos humanos de las mujeres y la resistencia al retroceso de esos derechos. Las luchas feministas, aunque locales, están interconectadas y esa solidaridad transnacional puede traducirse en apoyo moral, financiero y estratégico. El feminismo estadounidense ha demostrado resiliencia y su capacidad para resistir y adaptarse es una fuente de aprendizaje para América Latina, donde muchas veces los contextos políticos son aún más adversos.

La buena noticia es que el feminismo latinoamericano tiene una larga tradición de lucha y resistencia. Para prevenir los retrocesos en los derechos de las mujeres y fortalecer los logros alcanzados, es esencial seguir construyendo alianzas, presionar por el avance de la legislación en la materia y utilizar estrategias innovadoras que permitan resistir las amenazas de los movimientos conservadores. La clave está en la unidad, la vigilancia constante y la educación a la población para contrarrestar los discursos y políticas regresivas que intenten frenar la igualdad.

El regreso de Trump es un recordatorio de la fragilidad de los derechos conquistados y de la necesidad de una vigilancia constante. Para el movimiento feminista es una oportunidad de reforzar alianzas y desarrollar estrategias legales y políticas bien estructuradas, que no solo respondan a los retrocesos en la Región, sino también a las tendencias globales que los facilitan.

Balance electoral 2024: más desinformación y menos capacidad de combatirla

Por

Jesús Delgado Valery

5 enero, 2025

El año 2024 estuvo marcado por la gran cantidad de contiendas electorales que se celebraron. Más de la mitad de los habitantes del planeta estaban convocados a participar en algún proceso electoral debido a que muchos de los países con mayor población, como Brasil, México, Estados Unidos, Rusia o India celebraron sus comicios. Esto evidenció el deterioro de la integridad informativa en el contexto electoral. La narrativa del fraude no es un fenómeno nuevo, lo que sí resulta novedoso son las herramientas que se usan para tal fin.

Los actores interesados en afectar las elecciones cuentan con un abanico de opciones que ahora son mucho más accesibles, económicas y masivas, de manera que las autoridades se enfrentan con una suerte de hidra de mil cabezas; a medida que se discute legislación para combatir la desinformación, surgen nuevas formas que vuelven el tema inabarcable.

Aunque se ha avanzado notablemente en mecanismos para enfrentar la desinformación, ya sea a nivel de medidas preventivas o de mecanismos judiciales para identificar y castigar a los responsables, estos esfuerzos son aún insuficientes. Y más allá de las penalidades impuestas luego de largos procesos judiciales, lo cierto es que la confianza en las instituciones y los actores que han sido desprestigiados difícilmente se recupera.

Las elecciones de Paraguay de abril de 2024, por ejemplo, estuvieron marcadas por las denuncias de fraude de un sector significativo del electorado, lideradas por Paraguayo Cubas, ( Cruzada Nacional) quien obtuvo el 22% de los votos. A través de las redes sociales, Cubas aseguraba que debido a la implementación de un mecanismo de votación electrónico (Boleta Única Electrónica) se había incurrido en un fraude que favorecía al oficialista Partido Colorado. Cientos de personas salieron a las calles y causaron daños a la infraestructura pública.

En la India, casi mil millones de personas estaban habilitadas para votar en las elecciones al Parlamento, que comenzaron el 19 de abril y culminaron el 1 de junio. Estos comicios estuvieron marcados por el uso de tecnologías sofisticadas de deepfake, con las que, por ejemplo, se falsificaron mensajes de personas famosas apoyando a ciertos partidos o candidatos. También se manipularon videos reales, incluso del propio Primer Ministro, atribuyéndole declaraciones falsas con el propósito de perjudicarlo.

Las elecciones del Parlamento Europeo, en el contexto de la agresión rusa a Ucrania, revestían una especial importancia. De acuerdo al Observatorio Europeo de Medios Digitales, mayo fue el mes en el que se registró el récord de desinformación contra la Unión Europea en plataformas online. Ya en febrero de 2024 el Parlamento aprobaba una resolución en la que condenaba los esfuerzos continuos de Rusia para erosionar la democracia. El documento señala que el Kremlin reclutó a algunos parlamentarios y financió a partidos europeos para influenciar la agenda parlamentaria y exacerbar la polarización. Finalmente, el Parlamento Europeo exigió la profundización de las sanciones a los medios rusos que difunden desinformación (RT y Sputnik).

Otro caso de desinformación a través de la interferencia rusa se ha registrado en las elecciones de Georgia. El partido oficialista “Sueño Georgiano”, que tiene afinidad con Putin, promueve una teoría de conspiración que sostiene que occidente está controlado por el “partido de la guerra”, una élite que controla las instituciones y que busca abrir un nuevo frente bélico en territorio georgiano. Esta, por su parte, ha sido acusada de falsificar posters de Sueño Georgiano con mensajes de sumisión hacia Rusia. Atlantic Council informó que Meta debió eliminar una campaña impulsada desde Rusia que criticaba las protestas de los grupos proeuropeos y daba apoyo a “Sueño Georgiano” a través de distintas webs de “noticias” y otras plataformas.

Las elecciones de los Estados Unidos, quizá las más importantes del mundo por su relevancia e impacto, tampoco decepcionaron. El candidato que resultó electo, Donald Trump, ya había hecho denuncias injustificadas de fraude electoral en el año 2020, y sometió al sistema electoral y de justicia a un estrés institucional nunca visto en el país.

La contienda se definiría en unos pocos Estados, entre los que Pensilvania tenía una importancia especial. No es casual que precisamente en Filadelfia, su ciudad más poblada, se hayan difundido rumores sobre fallas en las máquinas de votación. Trump publicó el día de las elecciones en su cuenta en TruthSocial: “Se habla mucho de que hay TRAMPAS masivas en Filadelfia. Las fuerzas del orden están en camino”. Luego del cierre de las mesas de votación y la publicación de los resultados en los Estados bisagra que confirmaban la victoria republicana estos rumores fueron disminuyendo hasta casi desaparecer.

El Washington Post analizó el comportamiento de las publicaciones de una comunidad de X llamada “integridad electoral” que fue creada por Elon Musk, ferviente promotor de la candidatura de Trump. El análisis arroja que a medida que se confirmaba la victoria de Trump, las denuncias de fraude electoral fueron mermando.

Aunque en esta ocasión la situación no alcanzó la gravedad de la elección anterior, los procesos judiciales contra medios de comunicación que difamaron a algunas empresas desarrolladoras de tecnología electoral en 2020 siguieron avanzando.

El año pasado, y luego de las denuncias infundadas del equipo de Trump en 2020 que aseguraban que habían sufrido un fraude masivo a través de la manipulación de las máquinas de votación, se conoció que Foxnews llegó a un acuerdo con la empresa Voting Dominion System por US $800 millones para evitar ir a juicio por difamación.

En el caso de los Estados Unidos, algunos de los actores que han difundido desinformación en materia electoral han sido llevados a la justicia y se han visto obligados a llegar a acuerdos con las víctimas de sus bulos y aceptar públicamente su mal obrar.

Finalmente, cerramos el 2024 con el caso de Rumanía. Así como en Georgia, se denunció la interferencia rusa, en este caso burlando los controles de la campaña electoral a través del uso de TikTok. El candidato Georgescu, que en las encuestas no aparecía entre los favoritos, terminaría ganando la elección del 24 de noviembre. Abiertamente proruso y presentándose como garante de la paz (por no enfrentar las pretensiones de Putin), aseguraba que no contaba con fondos para hacer campaña. Sin embargo, después del sorpresivo resultado las autoridades rumanas detectaron un apoyo articulado a su campaña de más de 25 mil cuentas de TikTok cuyas publicaciones fueron coordinadas a través de un canal de Telegram que indicaba cómo evadir el sistema de verificación de contenidos.

En una polémica decisión, el Tribunal Supremo anuló los resultados de estas elecciones y se inició una investigación al círculo más cercano de Georgescu, lo que terminaría en detenciones de personas vinculadas al crimen organizado. Algunos de los influencers que apoyaron su candidatura huyeron del país, y se pudo comprobar los vínculos prorrusos de algunos de ellos.

Queda claro que el escenario no es alentador. Cada vez las herramientas para atacar la integridad informativa en el contexto electoral son más accesibles, económicas, dañinas y muchas veces no dejan rastros, lo que dificulta identificar y penalizar a los responsables.

Aunque desde hace años distintas instituciones académicas, gubernamentales, think tanks y especialistas se han abocado a diseñar medidas para combatir la desinformación, los mecanismos para influir en las elecciones son cada vez más sofisticados y se apoyan en una predisposición natural de las personas a confirmar sus convicciones (sesgo de confirmación), independientemente de qué tan ciertas sean estas.

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